Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXXVIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8828 FOLIO Nº 145/147 PROT. ELECT. JR101506I.242
Río Gallegos, 29 de julio de 2024.-
La presente causa caratulada "A.G. S/ Denuncia" - Expte. A-14.779/22 - Apelación/Causa JR Nº 8908/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 83 del presente incidente obra glosada la providencia dictada por el Sr. Juez a cargo del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno, con asiento en la localidad de Puerto San Julián, quien reguló los honorarios profesionales del Dr. JSV en la cantidad de 22 Jus., por haberse desempeñado en el cargo de defensor Ad hoc. Que a fs. 86/88 vta., el Señor Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz, apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 96, habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P. a fs.98/101, quedando de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Agravia al recurrente que la providencia por la cual se regulan los honorarios carece de fundamentos, limitándose a señalar que el Dr. JSV es monotributista y cita un antecedente de manera genérica, sin que se individualicen los actos realizados por éste ni se haga mérito de ellos de manera concreta, concluyendo en una regulación de 22 jus y apartándose de los mínimos establecidos por la ley. Tampoco se especifica en qué carácter actuó el letrado, razón por la cual no se puede determinar si fue convocado por el poder judicial y si encuadra en los casos en que corresponde al referido organismo afrontar el pago de los honorarios.
Explica que no se ha detallado la labor efectiva del letrado en el expediente, sus presentaciones o intervenciones, ni se han indicado las etapas en las que ha actuado, refiriéndose sólo a la aparente importancia y mérito de la labor desarrollada.
Plantea que la simple referencia a su carácter de monotributista incumple lo ordenado por el art. 15 de la Ley 3330 al omitirse indicar el procedimiento aplicado para arribar a la infundada regulación de 22 JUS, lo que determina la nulidad de la resolución apelada por resultar infundada. Así solicita que se declare. Que la correcta determinación de los honorarios requiere en primer lugar que se indique en que carácter actuó el letrado y además supone el examen de una pluralidad de circunstancias, cuya armonización debe procurarse a fin de determinar una retribución proporcionada y teniendo en cuenta los límites establecidos por la ley. Señala que la Ley de Aranceles y Honorarios de los Abogados N° 3330 prevé específicamente los mínimos legales a los que deben ajustarse las regulaciones para casos de subrogancias y actuaciones ad hoc de los abogados de la matrícula, y cita el art. 82 de la mencionada ley: “...4) En los casos no previstos: 8 “Jus”. En todos los casos mencionados precedentemente, cada periodo posterior, y menor a un (1) mes, los honorarios profesionales serán regulados en la mitad de los “Jus" mencionados en el artículo anterior, según corresponda…". Explica que la falta de indicación del carácter en que actuó el letrado impide determinar que inciso del artículo corresponde aplicar de manera residual al art. 82 inc. 4 de la Ley 3330 para las actuaciones de los abogados ad hoc -caso no previsto- ante los juzgados de primera instancia, que establece un mínimo de 8 jus. De tal manera, la aplicación mecánica e irreflexiva de las pautas de la ley 3330 en el caso, conducen a una carga desmedida e injustificada para el erario público provincial. Remarca la causa la Nº 7617/22 perteneciente a esta dependencia mediante la cual se hace lugar a un planteo por no detallarse las pautas que se tuvieron en cuenta para su fijación.
Así, se agravia el recurrente por encontrarnos frente una resolución que carece de los elementos que debe contener toda regulación de honorarios, que no es derivación razonada del derecho vigente, que ha sido dictada con absoluto desapego al espíritu de la ley y que afecta gravemente el patrimonio de su representado. Agrega, al momento de presentar el memorial, que las consecuencias negativas de las falencias en la decisión por la cual se regularon los honorarios del Dr. JSV y que acarrean su nulidad, es que impide a esta parte controlar por un lado si corresponde al erario público abonar los honorarios regulados; y por otro lado, para hipotético supuesto que así sea, desconoce esta parte si la regulación fijada se encuentra acorde a los parámetros fijados por la ley de acuerdo a la labor desarrollada, impidiendo ejercer de manera eficiente la defensa del erario público. De esta manera solicita se disponga la nulidad de la regulación y/o se disponga la disminución de los honorarios regulados a favor del letrado al mínimo establecido por la ley de aranceles esto es 8 Jus.
Daré inicio al presente agravio indicando que he de concordar con la parte recurrente en cuanto a que la providencia atacada es escueta en su fundamento, sin embargo advertimos que los datos referidos por el recurrente surgen fácilmente de los presentes actuados -expte. principal-.
En este sentido, no podemos afirmar que el Dr. JSV haya solicitado la regulación de honorarios atento a su carácter de monotributista, claramente el a quo, atento a un error involuntario, paso por alto señalar que el letrado se desempeñó como defensor ad hoc del menor LOA, víctima en los presentes actuados, surgiendo a fs. 35 el decreto de su designación como la aceptación del cargo, ergo, entendemos corresponde al erario público afrontar el pago de los honorarios. Respecto a la labor efectiva del letrado se puede observar que ésta se resume en dos actos procesales: la aceptación del cargo (el 19/04/2023) y la presentación de un escrito de apelación (22/08/2023), habiendo ocupado el cargo por el lapso de cuatro meses aproximadamente.
En consecuencia, entendemos que el monto que solicita la parte recurrente no parece acertado, pues el mencionado art. 82 de la ley 3330, inc. 4 no parecería adecuarse al caso de marras pues, a nuestro criterio la actuación del abogado resultaría equiparable al cargo de defensor dispuesto por el art. 12, inc. 14 “defensas penales” a) y a su vez, al cargo de querellante “actuación de querellante”, correspondiendo en ambos casos 22 Jus, suma idéntica a la determinada por el a quo. Es dable resaltar que, pese a que la parte no se constituye con tal carácter, habría actuado en sentido similar a las actuaciones desarrolladas por la Oficina de Asistencia Letrada para las víctimas, dependiente del poder judicial.
Asimismo, esta Alzada se ha expedido en anteriores pronunciamientos indicando que “...la Ley Nº 3330, en su Art. 13, le otorga al Juez un margen de discrecionalidad basado en la complejidad de la causa, el resultado obtenido, y el tiempo empleado en la solución del litigio…”.
Siguiendo esta dirección, no haré lugar al recurso de apelación interpuesto, pues lo omitido por el a quo no logra nulificar la providencia cuestionada, recordándose que la nulidad es una sanción de carácter excepcional.
Atento ello, confirmaré el monto de los honorarios fijados a fs. 83, en la cantidad de 22 (veintidós) Jus por considerarla una suma ecuánime a la actividad llevada adelante por el letrado.
II. Se recuerda al Magistrado, para futuras providencias, que debe fundamentar en qué artículo -de la Ley 3330- enmarca su decisión pues, si bien en el presente caso los detalles de la causa se evidencian fácilmente del expediente, a saber, el tiempo de actuación y el rol desempeñado por el letrado, omite referenciarlo, debiendo señalarse que los pronunciamientos deben ser autosuficientes. Asimismo debemos acentuar la excesiva demora sin justificación en la notificación al Sr. Fiscal de Estado (fs. 84) debiendo reforzarse la celeridad en el proceso.
III. Formula reserva del caso federal: La parte recurrente hace expresa reserva de ocurrir ante la CSJN mediante el recurso extraordinario por encontrarse afectados derechos de raigambre constitucional, tales como el debido proceso, derecho de propiedad y el principio de razonabilidad (arts. 17, 18 y 28 de la CN).
IV. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
V. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR la providencia de fs. 83 del presente incidente, en cuanto ha sido motivo expreso y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. TENER PRESENTE la reserva de Caso Federal.
3. HACER SABER al Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Pto. San Julián lo dispuesto en el punto II) de los considerandos que anteceden.
4º)-Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
sm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia