Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 13.241
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia apelada.
2Dejar sin efecto la Inhibición General de Bienes decretada contra la Sra. G. E. S. , debiendo por la instancia instrumentarse el urgente levantamiento de la medida cautelar decretada el 04/08/2023.
3Imponer las costas al apelante vencido (art. 68 del CPCC).
4Confirmar los honorarios del Dr. Juan Manuel Iovine y elevar los de la Dra. Analí Marina Mendiberri y fijarlos en la suma de 30 jus. (arts. 9 inc. n) 14, 15, 16, 22, 24 y 57 Ley 14.967. Ac. 4200 ap. 1) SCBA).
5Fijar los honorarios de Alzada al Dr. Juan Manuel Iovine en la suma de 3,25 jus; los de la Dra. Analí Marina Mendiberri en la suma de 8,75 jus y los del Dr. Huberto Francisco Santillán García en la suma de 8,5 jus (arts.14, 15, 16, 24, 26, 31 ley 14967 Ac. 4200 ap. 1) SCBA).
Sin perjuicio del plazo del art. 279 del ritual, devuélvase sin más las actuaciones a la instancia a fin de instrumentar lo dispuesto en el punto 2) del fallo.
(RGE:Identificacion en Receptoría )
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial-Necochea En la ciudad de Necochea, a los 28 días del mes de octubre de 2025, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "S. G. E. S/ DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA", Expte. 13.241, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente: Sra. Jueza Dra. Laura Alicia Bulesevich, Sra. Jueza Dra. Ana Clara Issin y Sr. Juez Dr. Fabián Marcelo Loiza, magistrado este último en período de licencia.
El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia dictada el 14/05/2025?.
2ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
I. Mediante sentencia dictada el 14 de mayo de 2025 el magistrado a cargo del Juzgado de Familia N° 2 resolvió rechazar la demanda de determinación de la capacidad jurídica contra la Sra. G. E. S. promovida por su hija B. G. M. , imponiéndole las costas a la peticionante. Asimismo reguló los honorarios de los abogados intervinientes Dr. Juan Manuel Iovine y Dra. Analí Marina Mendiberri, como letrados patrocinantes de la Sra. S. en la suma equivalente a veinte (20) Jus para cada uno; y los honorarios del Dr. Santillán García, abogado de la Sra. M. en la suma de treinta (30) Jus.
Para proceder al rechazo de la demanda el juez de manera preliminar realizó consideraciones respecto a la normativa convencional. Referenció la capacidad de la persona como regla y la mínima afectación a la autonomía personal que impera conforme el nuevo modelo de la discapacidad. En tal senda, destacando el valor central de la pericia interdisciplinaria con anclaje normativo en los arts. 42 de la Ley 26.657 y 31 inc c) del CCyC, valoró el informe realizado por el equipo interdisciplinario el 18/02/2025: “Los expertos informan que, S. G. E. , DNI ... , argentina, divorciada, 86 años, nacida en Necochea (Pcia.Bs.As) el 28/2/1938, con actual domicilio en calle ... N°... Dto ... de Necochea padece Deterioro Cognitivo Leve, (acorde a su edad.) Se infiere en últimos tiempos un mínimo de deterioro, lo que puede definirse como: Envejecimiento saludable, (Senectud).
Persona lúcida. Actitud psíquica activa. Buen aspecto personal. Orientada auto y alopsíquicamente. Conciente de situación ,y motivo de las entrevistas. Colabora con los interlocutores. Pensamiento de curso y contenido normales. Sin trastorno sensoperceptivo, al momento actual. Esfera cognitiva: dentro de parámetros normales en general, acordes a su edad. Alfabetizada. Esfera volitiva: activa. Esfera afectiva: eutímica. Refiere angustia y estados de ansiedad en respuesta a la actual situación que implica esta evaluación. Manifiesta como factor estresógeno la disfunción vincular con su hija. Refiere no estar en tratamiento psicológico o psiquiátrico. Si en tratamiento clinico. Condiciones materiales y sociales de existencia: G. vive sola en un departamento de su propiedad.
Su familia ampliada se refiere a una hija (con la que no mantiene vínculo),un hijo fallecido, dos nietos (uno reside en España) y una sobrina que la asiste cuando lo requiere. Refirió que la situación de conflicto con su hija ha derivado en el inicio por parte de la misma del presente juicio. Se ha prestado a realizarse todas las evaluaciones indicadas, manifestando "estar cansada y ansiosa por que se resuelva prontamente esta situación". Al momento se encuentra jubilada, relató su trayectoria laboral, en el rubro peluquería de damas. Mantiene vínculo con amigas y con el nieto que vive en Mar del Plata, quien la visita cuando viene a nuestra ciudad. Maneja su dinero, cobra la jubilación, realiza pagos y cuenta con una persona que le ayuda en lo doméstico.
En cuanto a las capacidades funcionales: No se advierten al momento limitantes en su autonomía. Pronóstico: reservado. Necesidad de Internación: No ,al momento actual. Régimen Aconsejado: Cumplir con el tratamiento médico clinico y los controles pertinentes.” Seguidamente el colega de la instancia señaló que la evaluación interdisciplinaria merituada fue efectuada por peritos en la materia, reuniendo los recaudos del art. 625 del CPCC, por lo que no habiendo sido objeto de impugnaciones cabía tenerla por conducente a los fines probatorios (arts. 375, 384 del CPCC). Sin perjuicio de ello, y en orden a lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y según lo normado por el art. 627 del ritual, indicó que había procedido a mantener la entrevista personal con S.
G. E. , lo cual le permitió tomar un conocimiento más acabado de la situación de la causante conforme surgía del acta de audiencia del 10/04/2025.
En función de todo ello concluyó que la Sra. G. E. S. es plenamente capaz, no encontrando sus capacidades limitadas o restringidas conforme los supuestos previstos por los arts. 31, 32 y ccdtes. del CCyC.
II. Tal decisión fue apelada por la peticionante del presente proceso el día 22/05/2025, expresando sus agravios el 18/08/2025. Por su parte, los letrados de la Sra. S. apelaron sus honorarios por bajos (v. apelaciones del 14/05/2025).
En la impugnación la Sra. M. desarrolló seis agravios. En primer término, sostuvo: “Me agravia que la sentencia no haya procedido a abrir la causa a prueba, en atención a que esta parte ofreció la misma oportunamente, con el inicio de la demanda”. Agregó así que: “La sentencia se basa en los informes médicos realizados y no permitió realizar el resto de la prueba ofrecida por esta parte”.
En forma concatenada y con enumeración de la prueba ofrecida expuso como segundo agravio que la sentencia afectaba su derecho de defensa en juicio, imposibilitando la continuidad de la causa.
Seguidamente, por los agravios desarrollados enarboló como tercer agravio la nulidad de la sentencia, por haber “omitido el desarrollo del proceso y de los debidos pasos previos, de acuerdo con las normas procesales pertinentes”.
En su cuarto agravio apeló los honorarios de los letrados de la parte demandada por altos, lo que no será atendido, en función de no haber sido impugnada la regulación en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la ley 14967.
En quinto término se agravió porque -según su entender- la sentencia omitió la resolución de la Cámara del 30/06/2022 dictada por un recurso de apelación que tenía similares fundamentos al que aquí se interpone, adunando que: “Una vez más se ha omitido proveer la prueba de esta parte, por lo cual sus fundamentos son plenamente extensibles a este recurso”. Sumó a su embate que las resoluciones no le fueron notificadas, impidiéndole efectuar las impugnaciones o pedidos de aclaraciones de las intervenciones del equipo técnico, reeditando tal extremo en su sexto agravio.
III. Sustanciada la expresión de agravios, la parte actora los replica mediante presentación del 28/08/2025, solicitando la aplicación de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en especial, el tratamiento urgente y expedito del recurso como forma de garantizar el acceso a la justicia de esta adulta mayor.
A tales fines resalta que la Sra. S. tiene 87 años y ha debido afrontar en forma duplicada los estudios médicos, audiencias y plazos en un proceso que primero fue de internación y luego reencauzado como determinación de la capacidad, explicando: “Lo cierto es que su angustia y desazón a lo largo de estos años han aumentado de forma significativa. Ha bajado de peso de una manera insalubre. Ha llorado desconsoladamente cada vez que debió asistir a un turno médico o una audiencia. Ha concurrido a las mismas temblando por no comprender la razón por la cual su hija la expone a semejantes situaciones”.
Enfatiza que cada día que transcurre implica para ella una incertidumbre eterna sobre su posición judicial, culminando su réplica con la contundencia de la siguiente afirmación: “Siendo clara y concreta, G. no aguanta más”.
IV. Corrido el traslado a la Curadora Provisoria y a la Asesora, ambas propugnaron la confirmación de la sentencia que rechazó la demanda (v. presentaciones del 08/09/2025 y del 15/09/2025 respectivamente).
V. Recibidas las actuaciones en esta sede, mediante resolución del 30/09/2025 se fijó audiencia para el día 7 de octubre de 2025, llevándose a cabo en tal fecha la escucha de la Sra. S. por los miembros de este Tribunal (v. acta de audiencia del 07/10/2025).
Ese mismo día, al culminar la audiencia, por Presidencia se dispuso el pase de las actuaciones al acuerdo para resolver (art. 270 del CPCC). Firme ello, se procedió al sorteo el día 22/10/2025, y sobre el particular señalo, a los fines establecidos en el artículo 34 inc. 2 del C.P.C.C., que en este supuesto -tal como consideraré seguidamente- se advierten circunstancias que ameritan ser resueltas sin demora (SCBA Guía de Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia de las Personas Mayores, punto III. V).
VI. Por las particularidades del caso valoro imprescindible realizar algunas consideraciones previas al análisis del recurso, bajo los lineamientos que proyecta toda interpretación constitucional-convencional (arts. 1, 2 y 3 del CCyC).
Desde tal eje no puedo dejar de señalar que el enfoque de derechos humanos -que imponen las distintas perspectivas como herramientas metodológicas de análisis en los procesos judiciales- ubican a la persona en el centro del proceso (arts. 14, 14 bis, 16, 18, 19, 75 incs. 22 y 23 CN, art. 51 CCyC).
En el caso en revisión, se trata de G. , quien con sus 87 años se encuentra transitando un proceso judicial desde el mes de junio del año 2021, que inicialmente fue de internación y luego reencauzado como determinación de la capacidad.
En función de ello y a partir de esa especial circunstancia de persona mayor, como operadores judiciales estamos obligados constitucional y convencionalmente a adoptar una mirada específica y contextualizada (arts. 1, 2 y 3 CCyC; art. 75 incs. 22 y 23 CN, Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, SCBA Guía de Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia de las Personas Mayores, caso CIDH “Poblete Vilches y otros vs. Chile”, sent. del 8/03/2018).
Esa perspectiva particular implica adoptar una suerte de “prisma o lente” que asegure el reconocimiento y pleno goce del ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona involucrada en el proceso, debiendo garantizarse para ello el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva mediante un deber que para el estado adquiere las características de "reforzado y diligente" y para la persona se resignifica como "trato preferente".
La oportunidad de esa tutela judicial resulta consustancial en pos de evitar que el proceso se convierta en un “peregrinaje” y forma parte de la obligación a la que nos compromete el servicio público de justicia. Por tal razón, en esa consideración, la celeridad resulta central porque el paso del tiempo no tiene la misma significancia tratándose de una persona mayor. Cuando la brecha con el margen de la existencia se reduce, el transcurso del tiempo resulta vital; y garantizar en tiempo la resolución forma parte de la calidad de la respuesta y hace al trato preferente que garantiza su equidad (arts. 4 y 5 de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores; SCBA Guía de Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia de las Personas Mayores, punto III. V). Bajo los lineamientos de esa interpretación, en un caso de daños y perjuicios promovido por una mujer que tenía 80 años, este Tribunal sostuvo -y es aplicable aquí- que el acceso a la justicia nos imponía atender el impacto del transcurso del tiempo por constituirse en característica esencial del pronunciamiento judicial, en orden a su razonabilidad y oportunidad; y que ello resultaba inescindible del trato diferenciado y preferencial que debe dispensarse a las personas mayores (arts. 75 incs. 22 y 23 CC; arts. 3, 4 y 31 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; Const. Prov. art. 15 y 36; Reglas de Brasilia -Cap. 1° Sección 2a. puntos 1, 2 y 8) (Expte. 14.270, reg. elect. 66 (S), del 21/03/2024)
Allí destacamos que “Este enfoque se encuentra en clara concordancia con la reciente Guía de Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia de Personas Mayores (Resolución SC N° 216/24 de la SCBA), que en orden a los principios de celeridad reforzada, economía procesal y concentración de los actos procesales, expresamente establece: "Los procesos en los que intervenga una persona mayor como parte o tercero gozan de la aplicación reforzada y preferente de los principios de celeridad y economía procesal para su tramitación, resolución y ejecución. Los operadores judiciales deben establecer las medidas conducentes para evitar retrasos en la tramitación de tales procesos y procedimientos, garantizando su pronta resolución, así como la ejecución rápida de lo decidido. Esta guía de buenas prácticas resalta el trato preferente y prioritario, señalando que "la edad y la concreta situación que pueda atravesar una persona mayor en su vinculación con el sistema de justicia imponen un estándar específico y más exigente de la garantía de plazo razonable en que deben ser resueltos los asuntos judiciales que directa o indirectamente le conciernen, lo que conlleva a un tratamiento preferencial de tales casos y el cumplimiento del deber reforzado de celeridad en favor de la persona mayor".
Todo ello procura la materialización del derecho de defensa en juicio y debido proceso justo constitucional. (art. 8 y 25 de la C.A.D.H., 18 de la C.N., 15 C.Pcial)”.
Me he permitido esta introducción preliminar a efectos de contextualizar el caso, en el que no puedo dejar de advertir que se encuentra inscripta y vigente una medida cautelar respecto del justiciable, atento haberse decretado su inhibición general de bienes el 04/08/2023 (v. oficio al Reg. de la Prop. Inmueble cursado el 04/08/2023 y sus anotaciones del 11/08/2023 y del 07/06/2024), sumándose a ello el pedido urgente de levantamiento de la medida (v. presentación del 13/11/2024) y la reiteración de tal requerimiento el 28/08/2025 (arts. 17 Constitución Nacional, 21 Convención Americana sobre Derechos Humanos; Fallo CIDH "Mémoli vs. Argentina", sent. del 22/08/2013, párr. 168)
VII. Abocándome a la pregunta efectuada como primera cuestión, anticipo que propiciaré al acuerdo la confirmación de la sentencia. Veamos. En primer lugar, de la atenta lectura del escrito recursivo de la apelante valoro que los agravios resultan una reedición de los expuestos en el recurso del 01/04/2022.
En su oportunidad tal recurso motivó la resolución de este Tribunal para reencauzar el proceso como determinación de la capacidad (v. resolución del 30/06/2022).
A tales fines del proceso se llevó a cabo la prueba pertinente para determinar si correspondía la restricción de la capacidad jurídica, siendo tales limitaciones a la capacidad de carácter excepcional y siempre dispuestas en beneficio de la persona (art. 31 inc. b y c del CCyC). Consecuentemente se dispusieron las medidas probatorias que imponen procesos como el presente (v. res. del 4/8/2023), lo que fue consentido por todas las partes. Y en ese marco se efectuó la pericia del equipo interdisciplinario y se procedió a la escucha de G. dispuesta por el magistrado (v. pericia del 18/02/2025 y acta de audiencia del 10/04/2025). Estas consideraciones dirimentes y concluyentes para el rechazo de la demanda no fueron asumidas o mencionadas de modo alguno por la parte apelante.
El art. 260 del CPCC es prístino cuando establece las exigencias legales que deben observarse al fundar el recurso de apelación. A fin de cumplir adecuadamente con esa suficiencia técnica se debe "...refutar y poner de manifiesto los errores de hecho y de derecho que contenga la sentencia debiendo la impugnación que contra ella se intente hacerse cargo y rebatir todos y cada uno de los fundamentos esenciales que le sirvan de apoyo" (conf. este Tribunal, expte. 13312, reg. elec. 230 (RR) sent. del 9/6/2022, expte. 13313 reg. elec. 229 (RR) sent. del 9/6/2022, expte. 13846, reg. bajo el número RS-157-2024, sent. del 5/12/2024, entre otros). Es que la exigencia de una suficiencia mínima del agravio se impone para poder llevar a cabo un proceso intelectivo que permita identificar razonamientos con coherencia lógica expuestos en la impugnación. De lo contrario, no hay crítica para el análisis (en el mismo sentido expte. 14.393, reg. elect. 112 (S) del 10/09/2024)
VII. 1. En efecto, los argumentos dirimentes que fundaron el rechazo de la determinación de la capacidad, entre ellos, el informe realizado por el equipo interdisciplinario del juzgado, no fue impugnado ni cuestionado por la peticionante, que inicialmente pidió la innecesaria internación de su madre en un Hospital Neuropsiquiátrico mediante demanda del 29/06/2021, reiterando tal internación con carácter de urgente y con habilitación de días y horas inhábiles con fechas 25/08/2021 y 21/09/2021.
Aduce la apelante que se vió imposibilitada de producir prueba que hace a su derecho de defensa, soslayando que el proceso de determinación de la capacidad no es un litigio adversarial, sino un proceso instaurado en beneficio de la persona, auténtica protagonista.
La doctrina más autorizada así nos lo enseña: “El CCyC diseña como regla general la restricción al ejercicio de la capacidad y, solo excepcional y subsidiariamente, y al único fin de protección de los derechos de la persona, su eventual declaración de incapacidad”. Y aclara que: “Es así que la persona cuya capacidad está siendo juzgada —quien resulta, indudablemente, la protagonista del proceso— debe gozar del derecho a ejercer en él las garantías propias del debido proceso legal: comparecer, acceder a la justicia, proponer defensas y pruebas, participar en verdadero carácter de parte (Código Civil y Comercial de la Nación comentado; dirigido por Marisa Herrera; Gustavo D. Caramelo Diaz; Sebastian Picasso. - 2a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones SAIJ, 2022. Libro digital, Tomo I PDF, pp. 84 y 95).
VII. 2. Por otra parte, el agravio relativo a la imposibilidad de producir la prueba ofrecida no asume ni considera que la que surge del expediente es por demás sobreabundante y es la que precisamente abona la improcedencia de su agravio y la confirmación de la sentencia. Basta reseñar la siguiente prueba:
- En su presentación del 19/10/2021 la Sra. S. acompañó informe de un médico psiquiatra fechado el 21/07/2021 del cual surge que: “No se detectan síntomas psicóticos activos de estructura paranoide”.
- Obra informe fechado el 26/11/2021 realizado por dos médicos (uno de ellos especialista en Psiquiatría y Psicología Médica) del Hospital Privado José Ingenieros en el que se concluye que la Sra. S. : “se encuentra euproséxica, eutímica, eumnésica, eubúbila, orientada alo y autopsíquicamente, sin ideaciones delusivas, ni auto o heteroagresivas, no se encuentra psicótica y presenta el juicio conservado .
- Con fecha 20/08/2024 obra informe de médico psiquiatra integrado con informes de estudios complementarios del 08/10/2024, rezando en este último: “cumplo en informarle que, de los registros obrantes en la pertinente Historia Clínica, la Sra. S. ha concurrido a este Nosocomio en fecha 26/09/2024 a los efectos de realizarse la evaluación neurocognitiva requerida por quien suscribe la presente. Del informe efectuado por la Licenciada Cappai, surge, textualmente, que, a saber: "La Sra. S. asistió en forma independiente a la evaluación. Lúcida y colaboradora con las pruebas administradas. Orientada en tiempo y espacio. Orientación autobiográfica. Relató su historia personal y su nivel de autonomía en el desempeño cotidiano. G. es independiente en las AVD y AIVD (Actividades Básicas de la Vida Cotidiana) como así también en lo que se refiere a: salidas, pago de servicios, administración de su dinero, preparación de alimentos y cuidado de su salud integral". En cuanto al resultado de la Resonancia Magnética del Cerebro, estudio también solicitado por quién suscribe, el mismo se encuentra agregado a la correspondiente Historia Clínica. Por todo lo expuesto, la conclusión a la que arriba quien suscribe, en relación al estado mental de la Sra. S. , es la siguiente: Diagnóstico: Deterioro cognitivo leve, acorde a su estadio etario; Inicio: No se puede precisar; Pronóstico: Incierto; Independiente para realizar las actividades del diario vivir. Al momento del exámen, no necesita apoyos para administrar sus bienes ni para su cuidado personal”.
- Obra informe del equipo interdisciplinario del Juzgado realizado el 17/02/2025, y que forma parte integrante de la sentencia apelada. Asimismo, los días 23/11/2021 y 10/04/2025 se llevaron a cabo audiencias por parte del Juez de la instancia con la Sra. S. . Por su parte, el día 07/10/2025 este Tribunal realizó audiencia de contacto en la cual mantuvo un diálogo fluido con G. respecto a las rutinas de su vida diaria. No quedan dudas que, en función de la prueba producida y la contundencia de los informes técnicos, en el caso ha quedado acreditada la plena capacidad de la Sra. G. E. S. quien con sus 87 años vive sola, con toda la autonomía que ello conlleva desde el plano material y emocional. Este largo camino que debió afrontar G. -ante los embates constantes de su hija- para llegar al rechazo de la demanda, me conducen a advertir que el tránsito del proceso de determinación de la capacidad no puede convertirse en un padecimiento para quien resulta su beneficiario/a y, mucho menos, en un medio de "encarnizamiento" procesal que le signifique a la persona destinataria un permanente estado de incertidumbre sobre su capacidad (arts. 3, 5, 6 y 13 de la CIDPM).
Lo expuesto y valorado me llevan a confirmar la sentencia dictada.
VIII. En atención al resultado del presente recurso, corresponde dejar sin efecto la Inhibición General de Bienes decretada contra la Sra. G. E. S. , debiendo por la instancia instrumentarse el urgente levantamiento de la medida cautelar decretada el 04/08/2023.
IX. Ahora bien, ingresando al tratamiento de los honorarios regulados, teniendo en cuenta las características del presente proceso, evaluando los trabajos presentados por los letrados intervinientes, en mérito de sus presentaciones y resultado obtenido se confirman los honorarios del Dr. Juan Manuel Iovine y se elevan los honorarios de la Dra. Analí Marina Mendiberri, los que se fijan en la suma de 30 jus (arts. 9 inc. n) 14, 15, 16, 22, 24 y 57 Ley 14.967. Ac. 4200 ap. 1) SCBA).
Finalmente, por lo decidido en la sentencia dictada por este Tribunal el 30/06/2022 y en la presente sentencia, el interés perseguido y el resultado obtenido, se fijan los estipendios del Dr. Juan Manuel Iovine en la suma de 3,25 jus; los de la Dra. Analí Marina Mendiberri en la suma de 8,75 jus y los del Dr. Huberto Francisco Santillán García en la suma de 8,5 jus (arts.14, 15, 16, 24, 26, 31 ley 14967 Ac. 4200 ap. 1) SCBA), lo que así se decide. Todos los honorarios con más el aporte de ley y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los aludidos profesionales frente al impuesto del valor agregado (Arts. 1, 9, 15, 16, 21, 24, 28 y concordantes de la Ley Provincial 14.967; arts., Acuerdo SCBA 4200, ap.- 1; art. 12 ley 6716, Resol. AFIP2616/09).
A la primer cuestión planteada voto por la AFIRMATIVA.
La Sra. Jueza Doctora Issin votó en el mismo sentido por análogos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
Corresponde: 1) Confirmar la sentencia apelada (conf. normas, jurisprudencia y doctrina primera cuestión) 2) Dejar sin efecto la Inhibición General de Bienes decretada contra la Sra. G. E. S. , debiendo por la instancia instrumentarse el urgente levantamiento de la medida cautelar decretada el 04/08/2023. 3) Imponer las costas al apelante vencido (art. 68 del CPCCC). 4) Confirmar los honorarios del Dr. Juan Manuel Iovine y elevar los de la Dra. Analí Marina Mendiberri y fijarlos en la suma de 30 jus (arts. 9 inc. n) 14, 15, 16, 22, 24 y 57 Ley 14.967. Ac. 4200 ap. 1) SCBA). 5) Fijar los honorarios de Alzada al Dr. Juan Manuel Iovine en la suma de 3,25 jus; los de la Dra. Analí Marina Mendiberri en la suma de 8,75 jus y los del Dr. Huberto Francisco Santillán García en la suma de 8,5 jus (arts.14, 15, 16, 24, 26, 31 ley 14967 Ac. 4200 ap. 1) SCBA).
ASI LO VOTO.
La Sra. Jueza Doctora Issin votó en igual sentido por análogos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
Necochea, 28 de octubre de 2025 VISTOS Y
Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo se resuelve: 1) Confirmar la sentencia apelada. 2) Dejar sin efecto la Inhibición General de Bienes decretada contra la Sra. G. E. S. , debiendo por la instancia instrumentarse el urgente levantamiento de la medida cautelar decretada el 04/08/2023. 3) Imponer las costas al apelante vencido (art. 68 del CPCC). 4) Confirmar los honorarios del Dr. Juan Manuel Iovine y elevar los de la Dra. Analí Marina Mendiberri y fijarlos en la suma de 30 jus. (arts. 9 inc. n) 14, 15, 16, 22, 24 y 57 Ley 14.967. Ac. 4200 ap. 1) SCBA). 5) Fijar los honorarios de Alzada al Dr. Juan Manuel Iovine en la suma de 3,25 jus; los de la Dra. Analí Marina Mendiberri en la suma de 8,75 jus y los del Dr. Huberto Francisco Santillán García en la suma de 8,5 jus (arts.14, 15, 16, 24, 26, 31 ley 14967 Ac. 4200 ap. 1) SCBA).
Sin perjuicio del plazo del art. 279 del ritual, devuélvase sin más las actuaciones a la instancia a fin de instrumentar lo dispuesto en el punto 2) del fallo.
Notifíquese con la modalidad URGENTE mediante el depósito del 4013 t. o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA). Arts. 47/8 Ley 5827.
Fin de la sentencia