Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
TOMO CXL – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8923 FOLIO Nº 108/109 PROT. ELECT. JR101601I.242
Río Gallegos, 03 de septiembre de 2024.
La presente causa caratulada: “G.F.F. S/ LESIONES AGRAVADAS” Expte. Nº G-74664/22, Apelación Nº 9092/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 36/39 vta., obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Dos de Río Gallegos, quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de F.F.G., en orden al delito de “lesiones leves doblemente agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género” (arts. 89 y 92 en función del art. 80 incs. 1º y 11º del Código Penal); y en el punto II) trabó embargo sobre los bienes del imputado por la suma de pesos cien mil ($ 100.000). Que a fs. 47/48 vta., la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 52 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, a continuación, trataremos los agravios expresados, en el orden propuesto por la defensa en su presentación.
I. Insuficiencia de la prueba valorada para el dictado del auto de procesamiento: que, casi la totalidad de los agravios impetrados por la defensa, se encuentran dirigidos a sostener que el certificado agregado en autos y los dichos de la damnificada, resultan insuficientes para acreditar la autoría del hecho. En tal sentido, el recurrente criticó que se considere veraz el testimonio de la víctima, sin realizarle una pericia psicológica. Aseguró que el relato de la denunciante no tiene la robustez asignada por la magistrada, siendo a su criterio inconsistente.
Finalmente, en dicho carril argumentativo, criticó la ausencia de prueba objetiva independiente.
Pues bien, contrariamente a lo pretendido por el recurrente, debe homologarse el procesamiento dictado en la anterior instancia, en tanto se cuenta en autos con la denuncia de la damnificada (fs. 14/15 vta.), quien describió las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló el episodio que la afectara, el pasado 23 de octubre 2023, en el inmueble sito en calle G.V. nro. XXX de la ciudad de Río Gallegos. Dicha versión encuentra correlato en el certificado médico adunado al legajo (fs. 16). Así, respecto de la pretensa víctima, se constató en la “…contusión en región frontal que compromete tabique nasal, región infra y supra orbitaria de ambos ojos con edema y hematoma…”. La lesión descripta, reconoce como mecanismo de producción aquel que fuera denunciado por la damnificada, es decir, un traumatismo provocado por un elemento (botella) que el imputado le habría arrojado impactando en su rostro.
Por su parte, el magistrado ponderó la relación conflictiva que mantendrían las partes, toda vez que ya se habría procesado al aquí imputado, en actuaciones por amenazas, en una causa que tramita en el Juzgado de Instrucción Nº Tres, local.
Que, hemos de concordar con el magistrado en cuanto al análisis efectuado de la prueba glosada al legajo, a la luz de la sana crítica racional y la normativa nacional e internacional suscripta por nuestro país, de aplicación obligatoria para el juez en casos como el que ocupa. En este punto, cabe destacar que el art. 16 de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres en su inciso i) dispone: “los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial o administrativo, además de todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la Nación Argentina, la presente ley y las leyes que en consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías: A la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos.”. En tal sentido, la jurisprudencia ha dicho que: “El imputado debe ser procesado por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, pues los dichos de la damnificada se encuentran avalados por los informes médicos que dan cuenta de sus heridas; a lo que puede agregarse que el día en que ocurrió el hecho acudió a un hospital público a recibir atención médica …” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Sala IV; 08/07/2014; “M., P. E. s/ procesamiento” La Ley Online; Cita Online: AR/JUR/32234/2014). En el caso que nos ocupa, los elementos valorados por el magistrado, resultan suficientes para atravesar la barrera del art. 289 del CPP. Así lo ha sostenido invariablemente esta alzada en apelaciones nros. 7516/22, 7746/22, 7799/22 y 8759/24, por citar algunos ejemplos.
II. Del embargo: en este último apartado, el apelante calificó del excesivo el monto establecido, pues –según dijo- a su defendido le resulta imposible afrontar el pago de su cuantía del embargo, motivo por el cual pidió su revocación.
En relación a este último planteo, y al efectuar una atenta lectura de la resolución que se intenta poner en crisis, surge que el magistrado en el punto III) del considerando, dio las pautas por las que consideraba adecuado establecer el monto del embargo en la suma de pesos cien mil ($ 100.000). Dicha cifra, no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado (ello en función de que el art. 499 del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento el magistrado debe ordenar, también, el embargo de bienes del imputado). Por otro lado, la parte recurrente no dio ningún argumento o parámetro en apoyo a su postura que permitan apartarnos del criterio seguido por el Sr. Juez interviniente, limitándose genéricamente a calificarlo como `excesivo´, razón por la cual rechazaremos este infundado cuestionamiento.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 36/39 vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia