Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el Defensor Oficial, Dr. Carlos Alberto Fortini.
II. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 24/30 en favor de M. I. G. F., casar la resolución atacada, y consecuentemente, absolver a la nombrada del hecho objeto del presente proceso que fuera calificado como homicidio agravado por el vínculo; sin costas, atento al resultado favorable.
III. Tener presente la reserva del caso federal formulada 29vta./30.
Rigen los arts. 1, 18 y 75 inc. 22, CN; 8.2.h, CADH;
14.5, PIDCP; 14, ley 48; 45 y 80 inc. 1º a contrario sensu, CP; 1, 20 inc. 1, 106, 209, 210, 395 y ss., 421, 448 inc. 1, 450, 460, 530, 531, cits. y c.c. del CPP; 4, ley 22.278; 61, ley 13.634.
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. Ac. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 17 de mayo de dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo R. Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal) bajo la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa nro. 77.925, caratulada “G. F., M. I. S/ Recurso de Casación”, conforme al siguiente orden de votación:
MAIDANA – CARRAL.
El 10 de mayo de 2016, el Juez Doctor Eduardo Adrián Campo Campos, como integrante unipersonal del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Dolores, previo acordar en forma conjunta el Fiscal, la imputada y su Defensor el trámite de juicio abreviado en los términos del artículo 395 c.c. y s.s. del C.P.P., impuso a M. I. G. F. un (1) año de tratamiento penal reeducativo con cumplimiento de pautas de conducta, por resultar co-autora del delito de homicidio agravado por el vínculo (arts. 80 inc. 1 del CP.; 372, 375 inc. 1º y 2º, 398, 399 y ccdtes. del CPP., y 4 de la ley 22.278).
Contra dicho pronunciamiento, el Defensor Oficial, Dr. Carlos Alberto Fortini, interpuso el recurso de casación obrante a fojas 24/30.
Ingresado el legajo a la Sala I de este Tribunal con fecha 30 de diciembre de 2016 y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se dispuso plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Es admisible el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor MAIDANA, dijo:
Tratándose la impugnada de una sentencia definitiva y ajustándose la vía utilizada a la competencia asignada a este cuerpo por los artículos 20 inc. 1, 401, 450 primer párrafo, 451, 454 inc. 1 y c.c. del C.P.P., el recurso resulta admisible por lo que resta establecer la amplitud que corresponde otorgarle.
Al respecto, cabe destacar que al haberse escogido en autos el procedimiento de juicio abreviado (art. 395 c.c. y s.s. del C.P.P.), la posibilidad fáctica de evaluar la prueba es idéntica a la que tuvo el A Quo, por existir par conditio en éste y el Ad Quem, siendo que las actas sobre las que falló el primero, y que constan instrumentalmente en el expediente, son las mismas que ahora se someten a examen de este Tribunal.
Por tal razón, la posibilidad de conocimiento es la misma que tuvo el sentenciante con la sola restricción de los puntos de la resolución que refieren a los motivos de agravio (434 c.c. y s.s. del C.P.P.). No ocurre lo mismo cuando la decisión se dicta luego de un juicio oral y público, pues lo que surja directa y únicamente de la inmediación no será revisable.
Este es el caso, por ejemplo, de la impresión de los testigos, de lo que los magistrados deben dar cuenta circunstanciada para que pueda ser tenido como elemento fundante válido, conforme a la teoría del agotamiento de la capacidad de revisión o “máximo esfuerzo revisor,” consagrada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Casal (Fallos, 328:3399).
No puede dejar de advertirse que subsiste en nuestro ordenamiento procesal el sistema bilateral de recursos por lo que, de accederse a un reclamo formulado por el Ministerio Público contra una absolución, se trataría de la primera condena para el imputado y habrá de plantearse la cuestión de la idoneidad del remedio impugnatorio a la luz de las exigencias impuestas por nuestra Constitución y los instrumentos internacionales que la integran (arts. 75 inc. 22 CN, 8.2.h CADH y 14.5 PIDCyP).
El temperamento propiciado, además, es reclamado por el derecho internacional de los derechos humanos y el sistema interamericano que considera que el derecho a recurrir la sentencia condenatoria es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que ésta sea revisada por un tribunal distinto y de jerarquía orgánica superior, sin que puedan establecerse válidamente restricciones que infrinjan su esencia (art. 14.5 P.I.D.C.P.; en lo pertinente, Corte IDH, Herrera Ulloa vs. Costa Rica, sent. del 2 de julio de 2004 y Maurach Reinhart, “Derecho Penal. Parte General,” Act. de Gössel y Zipf, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1995, II, pp. 793 y sigs.). Lo propio ocurre con la Suprema Corte de Justicia de la Provincia que, en reiteradas oportunidades, ha afirmado que el derecho a la revisión judicial de la sentencia de condena y de la pena, que ha ido adquiriendo a través de la doctrina emergente de los organismos internacionales -particularmente de los diversos dictámenes de la CIDH y los pronunciamiento de la Corte IDH-, inhibe cualquier posibilidad de limitar ab initio el control de la sentencia dictada a través del procedimiento abreviado establecido en el art. 395 del C.P.P. (v. causas P. 90.327, Ac. 1-III-2006, 91.826, Ac. 18-II-2009 y P. 101.451, Ac. 1-VI-2011).
En función de lo expuesto, el recurso es admisible (arts. 18 CN, 8.2.h CADH; 14.5 del PIDCyP; 20 inc. 1, 401, 421, 450, 451, y 454 inc. 1 del C.P.P.; 61, ley 13634).
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL, dijo:
Adhiero al voto del Dr. Maidana en igual sentido y por los mismos fundamentos.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor MAIDANA, dijo:
Expresa el impugnante que el A Quo ha incurrido en inobservancia de los artículos 210 y 373 del Código Procesal Penal, lo que se traduce en arbitrariedad y absurdo jurídico en la valoración y apreciación de la prueba acerca de la participación de la imputada. Asimismo, invoca la inobservancia del art. 1 del CPP desconociendo el estado de duda insuperable en relación a la autoría del hecho. Considera que se imputa el homicidio a su representada de manera forzada, absurda y arbitraria, obviando el estado de duda que existió durante todo el proceso, especialmente acerca de la autoría, la mecánica de la muerte, el horario del deceso y la intención homicida, tiñendo de interrogantes la sentencia. Por estas razones, entiende que se impone la absolución de M. I. G. F. bajo el fundamento de favor rei. Subsidiariamente y frente al supuesto en el que se sostenga la autoría de su representada, explica que debe aplicarse la figura del art. 81.1.b del CP, pues en el contexto de la mecánica familiar y su desempeño como madre, es impensado imaginarla queriendo matar a su hija ya que todas sus acciones estaban dirigidas al cuidado de su familia. Afirma que no puede hablarse de un patrón de conducta violento de la imputada hacia sus hijos y menos hacia la menor víctima, tal como lo plasman las pericias psiquiátrica y psicológica. Sostiene que para acreditar la intención de muerte, deben considerarse los comportamientos previos, los concomitantes y los posteriores al hecho en cuestión, los que en este caso no reflejan ese dolo de matar, por el contrario demuestran el cuidado y dispensa de atención de la imputada hacia su hija menor. Explica que las lesiones en el cráneo y cuerpo de la menor víctima estaban todas del mismo lado y dentro de un mismo período de evolución, por lo que se condicen con un accidente doméstico, por ejemplo, una caída. Solicita se case la sentencia y se absuelva a M. I. G. F.. Subsidiariamente, requiere se recalifique la conducta, tipificándola como homicidio preterintencional en los términos del art. 81.1.b del CP. Hace reserva del caso federal.
La Defensora Adjunta de Casación, Dra. Susana Edith De Seta, mantiene en su totalidad los motivos de agravio introducidos por su colega de la instancia, en los términos expuestos en su presentación de fojas 52/vta.
La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Daniela Bersi, postula la revisión y control de la prueba colectada en autos para determinar si el cuadro probatorio permite acreditar la autoría de la imputada con la certeza que exige una sentencia condenatoria, de acuerdo a los argumentos que desarrolla en su dictamen de fojas 70/76.
Limitados de tal modo los motivos de agravio consignados por el impugnante, el conocimiento del proceso se circunscribirá a los que fueran expuestos (art. 434 y ccs. del CPP; v. TCPBA, Sala I, c. 77.456, “Silva, Sergio Daniel s/ Recurso de Casación”, sent. del 08 de noviembre de 2016, reg. 949/16; entre muchas otras).
El A Quo tuvo acreditado: “Que entre las 13.00 y las 17.45 horas del día 17 de julio de 2014, al menos M. I. G. F., con la intención de causarle la muerte a su hija L. T. Al., en circunstancias en que la menor se encontraba en el interior de la habitación de la vivienda sita en calle … y …, la golpeó y/o sacudió produciéndole hematomas en la región premalar izquierda, fronto parietal izquierda, pabellón auricular izquierdo y paraorbicular izquierdo, como así un traumatismo cerebral multifocal” (fs.7). Previo a ingresar en el análisis de los motivos de agravio expuestos, no puede soslayarse a esta altura que, como fuera mencionado, el impugnante acordó el trámite de juicio abreviado en los términos del artículo 395 c.c. y s.s. del CPP., limitándose el letrado a prestar conformidad con la calificación legal y la pena solicitadas, consintiendo así en el empleo de la evidencia colectada y renunciando al ejercicio de las facultades propias del debate (v. TCP, Sala I, c. 78.705, "Acevedo Vélez y otro s/ Recurso de Casación", sent. del 1 de diciembre de 2016, reg. 1033/16, entre otras).
No obstante ello, procederé al análisis de lo sentenciado por el órgano actuante para dilucidar acerca de las contradicciones señaladas por la defensa en relación a la autoría atribuida a su asistida, dando origen a una serie de dudas que resultan insoslayables a esta altura.
Pues bien, como primera medida el A Quo consideró que los dichos de la propia imputada acreditaron su autoría (fs.7vta.). El sentenciante hizo un recuento de la declaración de M. I. G. F., quien expusiera sobre las distintas actividades y ocupaciones que tuvo aquel día dentro y fuera de su casa, entre las que se encontraba cuidar de su hija L., la menor víctima en autos (fs. 8/vta). Como desarrollaré, la parte de interés a la luz del hecho en cuestión, resulta ser aquella en la que M. I. rememora que salió de su casa, previo avisar a N. –amigo de G. A.- para que le dijera a su marido, aproximadamente a las 16:45 para ir a lo de su abuelo y finalmente regresar alrededor de las 17:30 horas, momento en el que encuentra a su hija sobre la cama donde la había dejado, con “un color distinto, muy blanco,” con una manchita en la cara y el cuerpo frío (fs. 8vta. y fs. 158 de la causa principal). Mencionó, asimismo, la imputada que inmediatamente avisó a su marido, G. A., quien también la tocó y de ahí la llevaron al hospital donde finalmente les dijeron que la niña había ingresado ya muerta (fs. 8vta. y 158/vta. de la causa principal).
Con lo expuesto, resulta fácil concluir que la imputada estuvo ausente de su domicilio por al menos 45 minutos, circunstancia que no sólo no se encuentra controvertida, sino corroborada por lo declarado por F. R. B., amigo de G. A..
El testimonio de este último confirmó la versión dada por la imputada. B. dijo que por la tarde, después de haber ido a comprar nafta, volvió a la casa de su amigo donde momentos después N. le informó al padre de L., que su pareja M. se iba a la casa de su abuelo (fs. 9 vta. y 127 de la causa principal). Posteriormente, B. cuenta otros detalles de aquella tarde y confirma que, luego de continuar con sus tareas, observó que M. sale corriendo de la casa con la niña en brazos diciéndole a su marido que estaba fría, por lo que ambos se dirigieron al hospital (fs. 9 vta. y 127vta. de la causa principal).
Ahora bien, el A Quo afirma que M. I. estuvo presente en el domicilio durante la franja horaria en la que, conforme al acta de necropsia, ocurrió el hecho, es decir entre las 13:00 y las 17:45 horas, y que dicha circunstancia queda confirmada por los testimonios brindados por M.
L. y F. R. B. (fs. 9).
Como hemos visto, el testimonio del mencionado Blanco acredita lo contrario a lo afirmado por el Juez de la instancia, es decir, que M. I. G. F. se ausentó por un tiempo aproximado de 45 minutos, o incluso aún más como se verá, después de las 16:30 horas.
Con respecto a la declaración de M. L., el sentenciante obvió analizar gran parte de sus dichos y destacó como relevante que la nombrada dijo que M. I. estuvo desde el mediodía hasta aproximadamente las 17:30 cortando leña y lavando ropa (fs. 9). Por el contrario, en la declaración de M. L. figura que ésta vio a G. F. por primera vez alrededor del mediodía, momento en el que se encontraba realizando las actividades mencionadas de lavar y cortar leña (fs. 52vta. de la causa principal). También surge que durante la tarde, hasta aproximadamente las 17:30 horas, observó que G. F. salía y entraba continuamente de la casa y que por la distancia creyó que iba a la cocina y volvía a salir (fs. 52vta). Posteriormente explicó que antes de las 18hs. escuchó los gritos de M. I., quien inmediatamente salió con la bebé en brazos para llevarla al hospital (fs. 52vta.).
Ahora bien, frente a lo expuesto, puede afirmarse que dicho testimonio, contrario a lo afirmado por el A Quo, también es conteste con lo expresado por la imputada, a pesar de que no tuvo la misma precisión horaria que aportó B.. Sin embargo, esta imprecisión resulta entendible ya que este último fue testigo presencial de lo dicho por N. a A. en referencia a que la imputada iba a salir de la casa, mientras que L. es una vecina que solamente pudo observar parte de lo ocurrido a cierta distancia y, seguramente, con la intermitencia propia de estar ella ocupada en sus actividades diarias.
Considero que el Órgano jurisdiccional de grado tampoco analizó detalladamente lo dicho por J. G. A., padre de la víctima. En referencia a su testimonio solamente destacó que A. dijo que estuvo en la casa pero vio a la niña solamente al mediodía, momento en el que no tenía ninguna mancha en la cara, y que su mujer permaneció en la vivienda junto a la niña desde el mediodía hasta que lo anotició de la muerte, es decir, aproximadamente las 17:30 hs, a excepción del breve lapso en que ella se retiró del domicilio (fs. 9vta.). Sin embargo, resulta que lo expuesto por A. varía considerablemente de lo mencionado por el sentenciante. De la declaración de A., que también es conteste con todas aquellas expuestas previamente, surge que M. I. se ausentó de la casa por un período aproximado de entre 30 y 70 minutos, porque en última instancia dijo que su esposa se retiró a las 16:20 y regresó a las 17:30 horas, momento en el que él sabía que la menor había quedado sola (fs. 161vta./162 de la causa principal). Mencionó también que durante el tiempo en el que se ausentó M. I., él estuvo a unos cincuenta metros de la casa, acompañado por su amigo F. y su abuelo (fs. 162vta.).
Lo expuesto hasta ahora en las distintas declaraciones analizadas, da lugar a la posibilidad de que el fallecimiento de la menor L. se produjera durante ese período de tiempo en el que su madre estaba ausente y que fuera, incluso, el resultado de algún accidente doméstico –como una caída de la cama- ya que todas las lesiones se originaron en un mismo lado de su cuerpo, el izquierdo (fs. 5vta.).
En el mismo sentido, tampoco puede descartarse que alguna otra persona haya ingresado a la casa, pues si bien A. afirmó que no entró nadie durante el tiempo en el que se ausentó M. I., también es cierto que éste se encontraba a unos cincuenta metros de allí y estaba ocupado arreglando un caño en la casa de su abuelo (fs. 162).
Por otra parte, considero también pertinente analizar la causa de la muerte porque, aunque el hecho no esté controvertido, el A Quo también afirma la autoría de la imputada en el escaso lapso de tiempo transcurrido entre las lesiones y el óbito (fs. 11).
El Juez sentenciante consideró que el informe del Dr. Jorge Abait, médico encargado de efectuar la autopsia, estableció que las lesiones que produjeron la muerte de L. T. A. fueron de carácter traumático, agregando “que por la fragilidad de los bebés, con un golpe no muy fuerte puede sucederse la hemorragia, la hipertensión endocraniana y la muerte posterior” (fs. 6vta.).
Ello se complementó con la pericia anátomo patológica efectuada por la Dra. María Cecilia Villordo, quien concluyó que el tiempo transcurrido entre las lesiones y la muerte fue de aproximadamente 30 minutos (fs. 7). Explicó además la especialista que las lesiones en la piel fueron resultado de una compresión, mientras que no pudo precisar el mecanismo de producción de la lesión orbicular izquierda y la premalar izquierda, como así tampoco la causa exacta del traumatismo cerebral multifocal, pudiendo ser el resultado de solo sacudimiento, solo de golpes o de ambos (fs. 7vta.).
Pues bien, tales circunstancias concuerdan con todo lo expuesto anteriormente, porque no hay certeza acerca de la causa u origen de las lesiones, tiñendo aún más de dudas lo acontecido y confirmando el supuesto de que pueden haber ocurrido en el momento en que M. I. estaba fuera de su hogar, conjetura razonable frente al lapso transcurrido entre las lesiones y la muerte y la mencionada ausencia de la imputada.
Sin embargo, a pesar de las distintas posibilidades e innumerables dudas que surgen a la luz de las constancias de la causa para explicar lo ocurrido, el sentenciante concluye que al no haber ingresado personas ajenas a la casa, “al menos ella o su marido fueron los que golpearon y/o sacudieron a la niña con la intención de causarle la muerte” (fs. 11).
Resulta evidente que con tal afirmación no puede concluirse irrefutablemente sobre la autoría de M. I. G. F. y mucho menos acerca de su intención de darle muerte a su hija.
Aduno a lo expuesto que el plexo probatorio demuestra que M. I. era la única persona que permanentemente atendía a L. -afirmado ello también por el padre de la menor víctima (fs. 162 de la causa principal)-, tanto ése como el resto de los días, alimentándola, cambiándole los pañales, yendo a buscar la leche al hospital y haciendo las compras para cubrir las necesidades de ésta como de su otro hijo G. (fs. 8, 10, y 158 y 162 de la causa principal). Por lo que la lógica permite afirmar que M. I. tenía un vínculo de cuidado y protección con la menor, y descartar cualquier intención de querer quitarle la vida. En conclusión, la dinámica familiar, tal como se presenta en autos, evidencia que ella era la única que se hacía cargo de la pequeña, aunque esto no fuera de su exclusiva responsabilidad.
No resulta ocioso destacar aquí lo informado en la pericia psiquiátrica efectuada por el Dr. Juan José Beltrami, quien mencionó los aspectos relevantes de la vida de M. I. como la precariedad económica, las pérdidas a temprana edad, un episodio traumático de intento de ahogamiento por parte de su padre biológico, la maternidad a corta edad, y su pareja violenta y manipuladora según los dichos de su madre, concluyendo que no presentó, al momento del examen, indicios de conducta violenta hacia sí misma o tercera personas, ni constató síntomas psicóticos ni ansiosos, pero sí una timia triste (fs. 384/389 del legajo principal). En igual sentido puede leerse el informe psicológico realizado por la Licenciada María Paula Sachella, que también destaca sobre los aspectos relevantes de su historia de vida y los rasgos esenciales de su personalidad, caracterizada por la falta de autoestima, la inseguridad y una historia de vida atravesada por las pérdidas y el sufrimiento, entre otras cosas (fs. 394/401vta.).
En conclusión, del análisis de las pruebas producidas en la causa e invocadas por el A Quo se desprenden contradicciones profundas e interpretaciones parciales que no permiten fundamentar la certeza requerida.
En efecto, pese a la afirmación efectuada por el sentenciante al respecto, el fundamento que utiliza no permite, en realidad, sustentar la atribución del hecho a la acusada.
La posición respecto de la verdad que asumiera el A Quo, pone de manifiesto la falta de certeza acerca de que M. I. G. F. fuera quien ocasionara la muerte de su hija L. T. A., que su muerte haya sido por un acto intencional y no por algún accidente doméstico, y que nadie haya ingresado a la casa y/o a la habitación donde la menor estaba durmiendo cuando quedara sola, cuestiones reflejadas incluso en el razonamiento del juez sentenciante, pero que no se ven plasmadas en la conclusión a la que arriba.
Por lo que, a esta altura, no existe otra opción que descalificar la resolución, por falta de fundamentos.
En efecto, no se encuentra ajustada a derecho la valoración probatoria en los términos del artículo 210 c.c. y s.s del C.P.P. y se advierte insuficiencia en la fundamentación utilizada para tener por comprobados lo extremos en cuestión.
Por ello propongo hacer lugar a la impugnación efectuada por el Defensor Oficial a fs. 24/30, al advertirse que, pese a su afirmación, existe fundamentación insuficiente en la certeza enunciada por el A Quo sobre los extremos de la imputación, habiendo efectuado una evaluación parcial y lineal de la prueba.
En contra de lo enunciado en la decisión impugnada, la duda, en tanto repercusión de la garantía de inocencia, como posición del Juez respecto de la verdad, surge a partir de la insuficiencia en los fundamentos empleados por el sentenciante, que, a esta altura, sólo se sustentan en su afirmación (v. Sala VI, causa 55.295 “EL BUENO, Humberto Gabino o DEL BUENO, Humberto Gabino s/ Recurso de Casación,” sent. del 30 de mayo de 2013, reg. 186/13, entre otras).
En consecuencia, propongo hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 24/30 en favor de M. I. G. F., casar la resolución atacada, y consecuentemente, absolver a la nombrada del hecho objeto del presente proceso que fuera calificado como homicidio agravado por el vínculo; sin costas, atento al resultado favorable (arts. 1, 20 inc. 1, 106, 209, 210, 395 y ss., 421, 448 inc. 1, 450, 460, 530, 531, cits. y ccs. del C.P.P.). Asimismo, corresponderá tener presente la reserva del caso federal formulada a fs. 29vta./30 (art. 14, ley 48).
ASÍ LO VOTO.
A la misma segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor CARRAL, dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante en igual sentido y por los mismos fundamentos.
ES MI VOTO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I. Declarar admisible la impugnación deducida por el Defensor Oficial, Dr. Carlos Alberto Fortini.
II. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 24/30 en favor de M. I. G. F., casar la resolución atacada, y consecuentemente, absolver a la nombrada del hecho objeto del presente proceso que fuera calificado como homicidio agravado por el vínculo; sin costas, atento al resultado favorable.
III. Tener presente la reserva del caso federal formulada 29vta./30.
Rigen los arts. 1, 18 y 75 inc. 22, CN; 8.2.h, CADH;
14.5, PIDCP; 14, ley 48; 45 y 80 inc. 1º a contrario sensu, CP; 1, 20 inc. 1, 106, 209, 210, 395 y ss., 421, 448 inc. 1, 450, 460, 530, 531, cits. y c.c. del CPP; 4, ley 22.278; 61, ley 13.634.
Regístrese, comuníquese, notifíquese a las partes y oportunamente devuélvase al Tribunal de origen.
FDO.: RICARDO RAMON MAIDANA – DANIEL CARRAL
ANTE MÍ: Jorge Andrés Alvarez
Fin de la sentencia