Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala III · Causa 186587
Lo que resolvió el tribunal
I. Admitir con otros argumentos el recurso de apelación deducido el 11/03/2026 y dejar sin efecto la base regulatoria fijada en la resolución del 02/03/2026, debiendo el magistrado de origen determinarla nuevamente conforme a las pautas establecidas en el considerando III.2;
II. Imponer las costas de Alzada por su orden (arts. 68, 69 y 71 del CPCC) ; y
( 2 ) Juzg. 8
" GALLINAR FERNANDO CESAR C/ TECSOLPAR S.A. S/ MEDIDAS CAUTELARES (TRABA/LEVANTAMIENTO) "
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Los presentes autos, traídos a despacho a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto el 11/03/2026 contra la resolución del 02/03/2026; y
CONSIDERANDO que:
I. En dicha resolución, el magistrado hizo lugar a la oposición formulada por la parte actora respecto de la base regulatoria pretendida por la doctora María Florencia Canal, ex patrocinante del actor, y dispuso que, a los fines regulatorios, debía tomarse la suma de $1.965.000 correspondiente al monto garantizado mediante el embargo de fondos ordenado en autos.
Para resolver así, señaló que la profesional pretendía incorporar un acuerdo transaccional celebrado entre el actor y el demandado en el marco de otro proceso con pretensiones distintas a las aquí involucradas. En consecuencia, entendió que, tratándose el presente de un proceso tendiente al dictado de una medida cautelar, correspondía tomar como base regulatoria únicamente la suma asegurada mediante la cautelar decretada.
II. Contra lo decidido, la doctora Canal, patrocinada por el doctor Gustavo Ezequiel González, apeló y fundó el 11/03/2026, con argumentos que merecieron respuesta de la parte actora el 30/03/2026.
La recurrente se agravió de la base regulatoria fijada por considerarla reducida e incongruente con la verdadera entidad económica del asunto. Sostuvo que la resolución omitió ponderar que, al disponer la medida cautelar, esta Alzada había ordenado asegurar la suma de $1.965.000 más intereses, gastos, costas y un plus destinado a cubrir la equivalencia en moneda extranjera al momento de su justiprecio.
Afirmó que el acuerdo transaccional acompañado no resulta ajeno a la presente controversia, sino que refleja el alcance real del crédito que se procuró resguardar mediante la cautelar, el cual quedó establecido en la suma de U$S 440.000. En esa línea, entendió que fijar la base sobre el importe nominal de los mutuos celebrados en el año 2010 conduce a una retribución irrisoria y desproporcionada respecto de la labor desarrollada y de la magnitud económica del litigio.
Asimismo, invocó el carácter alimentario de los honorarios profesionales y solicitó que se revoque la resolución apelada, fijándose la base regulatoria en la suma de U$S 440.000 convertidos a pesos al tipo de cambio vigente al momento de la regulación
III. El recurso prospera pero por argumentos distintos a los esbozados.
1. En los incidentes donde se debaten cuestiones vinculadas con medidas cautelares -ya sea que se susciten durante el trámite del proceso principal o en aquellos supuestos en que las medidas hubiesen sido ordenadas y efectivizadas con anterioridad a su promoción- la base regulatoria debe determinarse conforme al interés económico efectivamente resguardado mediante la tutela precautoria decretada (arts. 201, 202, 203, 205, 207 y ccdtes. del CPCC; RIBERA, Carlos Enrique, Honorarios de abogados en la provincia de Buenos Aires: comentario analítico de la Ley 14.967, edit. Thomson Reuters La Ley, versión eBook ; www.thomsonreuters.com) .
2. En el caso, la medida cautelar fue decretada por la suma total de $1.965.000, más un "plus", conforme surge de la resolución interlocutoria dictada por esta Alzada el 14/09/2022 en el expedientillo de apelación causa N° 175233. En consecuencia, esa constituye la entidad económica concretamente asegurada mediante la tutela jurisdiccional otorgada y, por ende, la pauta que corresponde considerar a los fines regulatorios.
Ahora bien, en dicha resolución interlocutoria se estableció que "... deberá el a-quo disponer la medida por $1.965.000, con más una suma que estime prudente para responder a intereses, gastos, costas y eventualmente un 'plus' para cubrir la equivalencia con la moneda extranjera al momento de su justipreciación. Ello, sin perjuicio del derecho que le asiste al beneficiario de la medida a practicar su propia liquidación a los fines cautelares" .
Desde esa perspectiva, no asiste razón a la apelante en cuanto pretende incorporar a la base regulatoria el importe de U$S 440.000 correspondiente al acuerdo transaccional celebrado posteriormente entre las partes en el marco de otra controversia. Dicho convenio no constituyó el objeto cautelar asegurado en estas actuaciones y su posterior celebración no resulta suficiente para trasladar aquel importe a la base destinada a mensurar la actividad profesional desarrollada en este trámite específico.
Sin embargo, tampoco resulta correcta la base fijada en la instancia de origen, pues la suma de $1.965.000 no agotaba la entidad económica de la tutela precautoria dispuesta. Por el contrario, este Tribunal ordenó expresamente adicionar a ese importe una suma estimada prudencialmente para responder a intereses, gastos, costas y, eventualmente, un "plus" destinado a cubrir la equivalencia con la moneda extranjera al momento de su justipreciación.
La circunstancia de que la acción principal no hubiera sido promovida no autoriza a prescindir de esa directiva ni a reducir la base regulatoria al importe nominal indicado. A los fines de determinarla, el magistrado debió efectuar una estimación hipotética de la suma que habría correspondido adicionar por aquellos conceptos, de conformidad con los términos y el alcance de la resolución dictada por esta Alzada.
En consecuencia, si bien corresponde desestimar la pretensión de adoptar como base regulatoria el importe del acuerdo transaccional, el agravio relativo a la insuficiencia de la suma fijada debe ser admitido con el alcance señalado. La determinación de la base exige computar, además de los $1.965.000, la suma que se estime prudente para responder a intereses, gastos, costas y, eventualmente, el referido "plus", explicitando las pautas utilizadas para su cuantificación.
Por ello, corresponde admitir con otros argumentos el recurso deducido el 11/03/2026 y dejar sin efecto la base regulatoria fijada en la resolución del 02/03/2026, debiendo el magistrado de origen determinarla nuevamente conforme a las pautas precedentemente expuestas.
IV. Por ello, citas legales y doctrinarias efectuadas,
RESOLVEMOS:
I. Admitir con otros argumentos el recurso de apelación deducido el 11/03/2026 y dejar sin efecto la base regulatoria fijada en la resolución del 02/03/2026, debiendo el magistrado de origen determinarla nuevamente conforme a las pautas establecidas en el considerando III.2;
II. Imponer las costas de Alzada por su orden (arts. 68, 69 y 71 del CPCC) ; y
III. Registrar el presente, notificar de manera automatizada (conf. arts. 10, 13 y ccds. del anexo único del Ac. 4039 de la SCBA.) y una vez transcurrido el plazo previsto en el art. 267 in fine del C.P.C., devolver las actuaciones al Juzgado de origen.
Firmas
Funcionario firmante: MENDEZ Alfredo Eduardo - JUEZ
Funcionario firmante: CATALDO Rodrigo Hernán - JUEZ
Funcionario firmante: ANTONINI Pablo Daniel - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 673-2026
Fin de la sentencia