Abriendo la norma
TOMO CLXIII - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO N° 10.219 FOLIO N°098/102 PROT. ELECT. JR101 366I.261
Río Gallegos, 02 de septiembre de 2026.-
La presente causa caratulada "G.G.A. S/ Atentado y Resistencia a la Autoridad" - Expte. N° 30579/24 - Apelación/Causa JR N° 10311/26, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 68/72, obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° Tres con asiento en Río Gallegos, que en su punto l) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado A.G.G., en orden al delito de “Resistencia a la Autoridad en concurso real con lesiones leves en concurso real con daño agravado” (art. 45, 239, 55, 89, 55, 184 inc. 1 Código Penal y arts. 289, 290, 291, 293 del C.P.P.).
Que a fs. 77/79, la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 90, no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P.
Que, previo a todo trámite, y en atención a los argumentos expuestos por la parte recurrente, a fs. 88 se corrió en vista las presentes actuaciones a la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial, y a fs. 89 se adunó su dictamen.
Que de esta forma, quedan los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó que el auto dictado no se ajusta a derecho, resultando –a su criterio- tendencioso y arbitrario, atentando de dicha manera el debido proceso y la defensa en juicio, causando a su defendido un perjuicio procesal irreparable.
Seguidamente, se tratará el agravio introducido por la parte recurrente.
II. Del agravio referido al análisis arbitrario de los hechos – falta de materialidad y autoría- orfandad probatoriaexistencia de duda razonable:
La defensa se agravió al sostener que la resolución recurrida efectuó una valoración arbitraria y fragmentada de la prueba incorporada a la investigación, ponderando únicamente aquellos elementos de cargo y omitiendo considerar las circunstancias que, a su criterio, resultarían favorables al causante G.
En particular, cuestionó la materialidad y autoría de los hechos atribuidos a su asistido respecto de los delitos de resistencia a la autoridad, lesiones leves y daño agravado. Así, en relación con el delito de resistencia a la autoridad, sostuvo que no habría existido un acto legítimo de la autoridad en ejecución que pudiera haber sido resistido por el imputado. En ese sentido, señaló que del informe policial de fs. 1 surge que, al arribar el personal al lugar, no se corroboró la situación de violencia que había motivado la intervención, y destacó que las dos personas involucradas se negaron a efectuar denuncia. Agregó que la intervención policial se habría producido posteriormente, a raíz de la presencia de un perro en el lugar, por lo que entendió que no se encontrarían acreditados los elementos típicos del delito.
Respecto de las lesiones leves, cuestionó en primer término, la falta de fundamentación de la resolución recurrida en cuanto a la atribución de dichas lesiones a su asistido, señalando que el interlocutorio no contendría argumento alguno que permita establecer, de manera fundada y lógica, cómo se habría determinado su autoría.
Asimismo, sostuvo que las lesiones habrían sido ocasionadas por un perro y no por una conducta desplegada por su representado, por lo que entendió que no existiría prueba que permita vincularlo causalmente con el resultado lesivo investigado. Finalmente, en cuanto al delito de daño agravado, la defensa cuestionó la suficiencia de la prueba reunida para acreditar tanto la existencia del perjuicio como la intervención de su asistido. En particular, señaló que las imágenes incorporadas a fs. 22 no permitirían constatar de manera concluyente el daño y que el acta de inspección de fs. 3 y vta. únicamente consignó la existencia de “abolladuras”.
Por otro lado, objetó el valor probatorio de las declaraciones de fs. 6 y 7, por considerar que resultarían coincidentes entre sí y contradictorias con los informes policiales iniciales.
Por tales motivos, sostuvo que no se encontraría alcanzado el grado de probabilidad requerido para esta etapa procesal respecto de la materialidad y autoría de los hechos atribuidos, solicitando, en consecuencia, el sobreseimiento del imputado.
Que iniciado el abordaje del presente agravio, adelantamos, no habrá de prosperar, con la salvedad que seguidamente haremos respecto del delito de “lesiones leves” bajo el considerando III).
Ello así, por cuanto del análisis integral del sumario, de la resolución recurrida y de los argumentos esbozados por la defensa, se advierte que en autos obran suficientes elementos de convicción que hacen presumir, con el grado de probabilidad propio de esta instancia procesal, la responsabilidad penal endilgada al Sr. G.A.G., por los ilícitos oportunamente imputados de “resistencia a la autoridad y daño agravado, en concurso real”.
En tal sentido, el auto recurrido describe cada una de las piezas probatorias concordantes que fortalecen la imputación. Entre ellas, los informes de la autoridad de prevención (fs. 01/20); el acta de inspección ocular y croquis ilustrativo (fs. 03/04); las declaraciones testimoniales de los oficiales intervinientes (fs. 06/vta., 07/vta); el acta de constatación sobre el domicilio del causante (fs. 29); secuencia fotográfica del daño ocasionado (fs. 22); informe de registro de antecedentes (fs. 33 y 47); entre otras constancias incorporadas.
Dichos elementos, valorados de manera armónica y conjunta, conforme las reglas de la sana crítica racional, conforman un conglomerado indiciario suficiente para sustentar, con el estándar que caracteriza a esta instancia, la imputación formulada respecto del encartado por los delitos endilgados. Pues bien, en relación con el primer ilícito endilgado, de las constancias incorporadas surge que, si bien del informe preventivo de fs. 01 consta que el personal policial no corroboró lo vertido en la comunicación vía radial -esto es, la existencia de un masculino agrediendo a su pareja- y que las personas involucradas decidieron no efectuar denuncia, de las declaraciones de los oficiales intervinientes surge que, al arribar al lugar, observaron a una femenina con lesiones visibles en el rostro -cara enrojecida e hinchada-, quien les manifestó que sujetaran al masculino -quien intentaba retirarse del lugar-, pues ella los había llamado porque éste último le estaba pegando.
Seguidamente, y conforme surge de los elementos aunados, los efectivos intentaron comunicarse con el masculino, quien, según manifestaron, se encontraba ofuscado y disconforme con el proceder policial, abalanzándose sobre uno de los efectivos, siendo que, en dicho momento, el encartado habría llamado a uno de sus canes, el cual procedió a morder a uno de los funcionarios policiales.
Aquí entonces, siendo el bien jurídico protegido por el delito la libre acción del funcionario público en el legítimo ejercicio de su función (NÚÑEZ, RICARDO C., "Derecho Penal Argentino", Lerner, Bs.As., 1974, T. VII, págs. 26/27; LAJE ANAYA, JUSTO - GAVIER, ENRIQUE, "Notas al Código Penal Argentino", Lerner, Córdoba, 1996, T. III, pág. 98), es que ésta se habría visto impedida por el presunto accionar del imputado G.A.
Pues, presupuesto de la figura de resistencia -y a la vez elemento diferenciador de la misma respecto del atentado-, es la existencia de una orden: una "disposición ejecutable contra alguien" (SOLER, SEBASTIÁN, "Derecho Penal Argentino", T.E.A., Bs.As., 1970, T. V, pág. 99), " el mandato emitido por una autoridad a una o varias personas determinadas, de cumplir una disposición de la autoridad pública" (Núñez, ob.cit., pág. 27) o más abarcativo, se ha dicho que debe preexistir "una decisión funcional que haya originado una orden ejecutable contra alguien" (Cfr., Creus- Buompadre, trabajo mencionado, p. 235).
En el caso bajo investigación, emanaba una orden por parte del personal del Centro de Despacho, mediante la cual se solicitó presencia policial en el lugar de los hechos. Allí se encontraban los efectivos policiales ejecutando una orden emanada de un órgano administrativo y operativo de carácter público, pues “el delito comienza cuando el órgano inicia el ejercicio de su función ejecutiva, esto es, del acto mismo encomendado” (Soler, ob. cit., pág. 100).
Por otra parte, respecto del delito de daño agravado, consideramos que existe suficiencia probatoria, al menos con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal y, a fin de evitar reiteraciones innecesarias vinculadas a la materialidad y posible autoría del hecho que se investiga en torno a este delito, corresponde remitirnos a lo ya expuesto en los considerandos I) y III), en sus séptimos párrafos y siguientes, del resolutorio cuestionado.
En efecto, y contestando puntualmente el agravio defensista, tanto el acta de inspección ocular y el croquis ilustrativo, como las secuencias fotográficas incorporadas a la causa constituyen elementos objetivos que permiten, prima facie, tener por acreditada la existencia de daños sobre un bien público – esto es, el móvil policial-, sin que la circunstancia de que el acta haya consignado la existencia de “abolladuras” resulte suficiente, por sí sola, para desvirtuar la entidad del perjuicio constatado, máxime cuando dicha constancia se encuentra respaldada por el restante material probatorio incorporado.
Por otra parte, en relación con las declaraciones testimoniales de fs. 06 y 07, es dable considerar que ambos efectivos de policía se encontraban presentes en el lugar, en cumplimiento de la orden recibida y ejecutando su función, por lo que resulta lógico y razonable que sus declaraciones coincidan respecto de aquellas circunstancias de tiempo, modo y lugar que pudieron percibir de manera directa.
En consecuencia, la coincidencia entre ambos relatos no constituye, por sí misma, un elemento que permita restarles valor convictivo, máxime cuando sus dichos encuentran respaldo en las restantes constancias objetivas incorporadas a la investigación.
En definitiva, los cuestionamientos formulados por la defensa respecto de este tramo del decisorio no logran evidenciar una insuficiencia probatoria, sino que traducen, en lo sustancial, una mera disconformidad con la valoración efectuada por el Sr. Juez de Instrucción, pretendiendo imponer una interpretación diversa de los elementos reunidos, sin demostrar la existencia de un razonamiento contrario a las reglas de la sana crítica.
III. Ahora bien, acápite aparte merece el cuestionamiento referido a las lesiones leves imputadas a G. pues, si bien consta en autos el certificado médico correspondiente al efectivo policial D.N., del cual surge que sufrió lesiones leves como consecuencia de una mordedura de perro, lo cierto es que dicha circunstancia no se encuentra debidamente motivada en el resolutorio recurrido.
En efecto, del auto impugnado surgen, al momento de acreditar la materialidad y autoría, consideraciones respecto de dicho suceso, tales como: “(…) soltó a un perro de raza pitbull el cual muerde y provoca lesiones en la rodilla al agente de policia D. (…)”; “(…) en tanto el Agente D. resultó con lesiones de carácter leve por las cuales instó la acción penal (…)”; y “(…) al detener al masculino (…) éste le ordenó al can atacar al personal policial, mordiendo al Agente D. en su pierna derecha (…)”.
Sin embargo, no se advierte, ni en el considerando I), ni en el III), en el que se aborda el encuadre legal de las conductas atribuidas al imputado, fundamento alguno que permita comprender por qué la conducta allí descripta -esto es, haber ordenado presuntamente al animal atacar al personal policialresulta susceptible de ser subsumida en la figura penal de lesiones leves.
Es decir, la resolución efectivamente menciona el resultado lesivo y la conducta que se atribuye al encartado, pero omite exteriorizar el razonamiento lógico-jurídico que permita vincular ambos extremos y explicar de qué manera aquella conducta habría determinado la responsabilidad penal del imputado por el delito de lesiones leves.
Al respecto, consideramos que tal omisión no puede ser suplida por esta Alzada, pues no se trata aquí de sustituir la valoración efectuada por el Magistrado interviniente por otra que se considere más adecuada, sino de advertir que, respecto de este concreto aspecto de la imputación, no existe en el pronunciamiento recurrido, una fundamentación suficiente que permita conocer las razones por las cuales el hecho fue subsumido en la figura penal atribuida.
En consecuencia, aun cuando de las constancias de la causa surja prima facie la existencia de un resultado lesivo y determinados elementos que vincularían al imputado con el episodio investigado, ello no exime al órgano jurisdiccional de exteriorizar las razones por las cuales considera configurados los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal aplicado, máxime cuando se trata de un aspecto expresamente controvertido por la defensa.
Por consiguiente, al no encontrarse debidamente motivado dicho extremo del pronunciamiento, se configura una deficiencia de fundamentación que contraría lo dispuesto por el art. 123 del Código Procesal Penal de la Nación y los arts. 116 y 291 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Cruz, al cual nuestra provincia adhirió mediante Ley Nº 2424, correspondiendo, en este punto, dejar sin efecto lo decidido respecto del delito de lesiones leves, a fin de que la cuestión sea nuevamente examinada y resuelta con la debida fundamentación. Sin perjuicio de lo decidido, y pese a la facultad de esta Alzada de disponer el apartamiento del Juez de la causa, entendemos que, en el presente caso, no corresponde aplicar dicha sanción, pues se trata de una medida de extrema gravedad institucional, máxime cuando son taxativas las causales de excusación y recusación previstas en nuestro digesto procesal y, más aún, teniendo en consideración la prevalencia que deben esgrimir las garantías constitucionales del juez natural y el principio de especialidad en la Magistratura, en este caso, la Justicia de Instrucción.
En efecto, la deficiencia advertida se circunscribe a la fundamentación de un aspecto concreto del resolutorio y no permite, por sí sola, inferir la existencia de un motivo que comprometa la imparcialidad del Magistrado ni que justifique su apartamiento de la causa. Se trata, en definitiva, de una omisión susceptible de ser subsanada dentro del trámite de la instrucción, sin que ello implique desconocer la validez del resto de los fundamentos desarrollados en el pronunciamiento recurrido.
Por ello, la observación efectuada respecto de la fundamentación de las lesiones leves no acarrea la nulidad integral del resolutorio ni habilita el apartamiento del Sr. Juez de grado, sino que determina –exclusivamente- la necesidad de dejar sin efecto dicho aspecto de la decisión y disponer su adecuado tratamiento y fundamentación por parte del juez natural de la causa, conforme las constancias incorporadas al expediente y las exigencias derivadas del deber de motivación de las resoluciones judiciales. (Criterio asentado en Apelaciones Nº 8878/24, 9598/25, 10234/26, 10245/26, entre otras).-
Por todo lo expuesto, corresponde confirmar parcialmente el auto recurrido, en relación a los delitos “Resistencia a la Autoridad” y “Daño Agravado”, y revorcar parcialmente respecto al delito de “Lesiones Leves”.
IV. Señalamiento al Juzgado interviniente:
En otro orden de ideas, y atento a las facultades de superintendencia atribuidas a este Juez de Recursos, se exhorta a la instrucción a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el art. 197 del C.P.P. de la Provincia de Santa Cruz, específicamente a las disposiciones procesales referentes al tiempo de la tramitación en la investigación y a las pautas contenidas para solicitar una extensión en el plazo de instrucción.
Es que, sin perjuicio de no ser una causal que opere en detrimento de la consistencia respecto de los fundamentos de la resolución recurrida, advertimos que no se han respetado los tiempos que establece nuestro código de procedimiento en materia penal, lo que impone efectuar el presente señalamiento.
Ello, a fin de evitar que en lo sucesivo, transcurran meses enteros sin registrar actividad procesal en los expedientes, con la consecuente restricción de acceso a la justicia. En efecto, se advierte que desde el 25 de agosto de 2025 al 18 de diciembre del mismo año –fecha en la que se registro la resolución apelada-, el expediente permaneció sin impulso procesal, evidenciando una prolongada e injustificada dilación en la tramitación de la causa. En efecto, la falta de apego a los plazos procesales del juzgado interviniente no puede conculcar las garantías constitucionales, siendo que se atenta contra la prestación del debido servicio de justicia, por cuanto diluye las posibilidades de éxito en la investigación atento el tiempo transcurrido, razón por la cual se exhorta al Sr. Juez titular, extreme los recaudos a fin de erradicar procederes de tal naturaleza, imprimiendo celeridad a las investigaciones.-
V. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
VI. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, oído que fuera el Ministerio Público Fiscal, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR PARCIALMENTE el auto de fs. 68/72, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos II).-
2. REVOCAR PARCIALMENTE el auto glosado a fs. 68/72, respecto del delito de “Lesiones Leves” por los motivos expuestos en los considerandos III).-
3. HACER SABER al Juzgado que interviene, lo señalado en el punto IV) de los considerandos que anteceden. 4°)- REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
5. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected] 6º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia