Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto, declararemos mal concedido el recurso interpuesto por la defensa técnica, por tratarse de meros juicios discrepantes respecto de lo resuelto.
II. Perspectiva de derechos:
Firmado digitalmente por SANCHEZ Nelson Andres DN: SERIALNUMBER=CUIL 20219452781 , C=AR, CN=SANCHEZ Nelson Andres Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.06.23 11:01:20-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 Firmado digitalmente por GEYER Adriana Inés DN: SERIALNUMBER=CUIL 23275532754, C =AR, CN=GEYER Adriana Inés TOMO CLXI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.- Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.06.23 11:01:31-03'00' REGISTRO Nº 10.085 Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 FOLIO Nº 042/044 PROT. ELECT. JR101 232I.261 Río Gallegos, 23 de junio de 2026.
La presente causa caratulada: “G.G.F. S/ HURTO”
Expte. Nº 27187/25, Apelación Nº 10216/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 33/36, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de El Calafate, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de G.F.G., en orden al delito de “hurto simple” (art. 162 del Código Penal), y en el punto 2) trabó embargo sobre los bienes del imputado por la suma de pesos doscientos cincuenta mil ($ 250.000).
Que a fs. 37/41 vta. la defensa técnica apeló dicho auto y, a fs. 57 el Juzgado de Instrucción concedió el recurso.
Que, receptadas las presentes actuaciones, a fs. 61 se dispuso sin más el pase a resolver.
Que, inicialmente, la defensa señala que el auto de procesamiento vulnera el principio de inocencia y entiende que su asistido fue erróneamente procesado, pues –a su juicio- las pruebas en las que se funda el resolutorio no configuran elementos de convicción suficientes o indicios vehementes para sostener que su pupilo pueda ser considerado autor o participe del hecho atribuido.
Seguidamente, critica la calificación jurídica endilgada, pues –según dice- el delito de hurto simple requiere la comunión de requisitos típicos objetivos y subjetivos, que –a su criterio- no se encuentran aquí reunidos.
Refiere que, al haber sido sorprendido por personal policial con la res furtiva en su poder, las cosas se habrían obtenido inmediatamente, sin alterar su estado o destino. Asegura que no hubo posibilidad de que los objetos se desprendieran de su legítimo dueño, ni siquiera posibilidad de uso. Cita jurisprudencia en sostén de su planteo. Entiende que se incurre en un dispendio jurisdiccional innecesario, pues “a veces” simplemente es suficiente con devolver los elementos.
Finalmente, cuestiona el monto de embargo fijado, pues señala que es abultado, y el delito de hurto no prevé en sus sanciones penales pena pecuniaria, por lo que pide su reducción.
I. Que, analizados estos planteos, y en función de las razones que seguidamente exponemos, declararemos mal concedido el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del imputado. En efecto, para así decidir, consideramos que los cuestionamientos dirigidos a los elementos valorados para disponer el procesamiento, así como los apuntados al embargo, no constituyen una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que pudieran causar agravio al imputado, toda vez que lo señalado acerca de la insuficiencia de la prueba ponderada, simplemente constituye un mero juicio discrepante, dado que se trata de simples afirmaciones sin fundamento.
Del mismo tenor resultan las críticas referidas al embargo dictado, pues simplemente menciona que el monto es abultado, y que el delito de hurto no prevé entre sus sanciones pena pecuniaria, por lo que pide su reducción.
En el caso del agravio referido a la calificación legal atribuida al hecho, desde esta alzada ya se ha dicho en reiteradas ocasiones que este agravio no es susceptible de tratamiento, en razón de su carácter provisorio, mutable y por no causar estado. (véase apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23 y 8488/23, entre otras). Asimismo, este criterio resulta ser imperante a nivel nacional, pues lo han adoptado tribunales de la Patagonia (Río Grande), al señalar: “Las cuestiones de calificación legal son revisables cuando la decisión de la Cámara puede repercutir en la libertad del imputado o en la pretendida aplicación de otros institutos (v. gr. declinación de competencia; suspensión del juicio a prueba), o cuando se advierte una selección manifiestamente arbitraria de las normas penales provisionalmente aplicadas por el juez de grado, que debiera ser ineludiblemente subsanada en esta etapa procesal; y, que la razón de tal límite a la competencia revisora del tribunal, se debe a que la calificación legal del hecho efectuada en el auto de procesamiento es provisoria, mutable y, por tanto, no causa estado.” (Cám. Apel. Sala CCT, Río Grande, Tierra del Fuego; 28/02/2018; Rubinzal; Online; 661/2017 RC J 2642/18).
De la provincia de Buenos Aires, sosteniendo: “No corresponde expedirse, en la etapa intermedia del proceso, sobre solicitudes de cambio de calificación típica de los ilícitos, a menos que estuviere en juego la libertad del imputado.” (Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, en pleno; 19/06/2007; O.,A.O.; LLBA2007 (julio), 686 - LLBA 2007 (agosto) , 764, Cita: TR LA LEY AR/JUR/2216/2007).
Y de destacados tribunales nacionales que, al respecto, tienen dicho: “El recurso de apelación deducido por la defensa contra la calificación legal decidida debe declararse mal concedido, pues dicho extremo solo puede ser cuestionado en los casos en que tenga incidencia en otros institutos – tales como las cuestiones relativas a la coerción personal, la prescripción o la competencia-, lo cual no ocurre en la causa.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala VII; fecha 07/10/2014; B.,M.T. DJ11/03/2015, 75; TR LALEY AR/JUR/57343/2014).
Razón por la cual este agravio, al igual que los otros dos enunciados al comienzo no serán tratados.
Así las cosas, advertimos que, al interponer el recurso, el apelante no indicó los motivos en que se basa (art. 421 del CPP), limitándose a efectuar meras apreciaciones genéricas en relación al auto que intenta poner en crisis, dirigiendo sus principales críticas a la calificación legal atribuida al hecho.
Al respecto, la doctrina señala que el código de forma ha adoptado una formula sumamente estricta, que requiere que el impugnante deje en claro las razones determinantes de su recurso al momento de introducirlo. (Navarro – Daray; Código Procesal Penal de la Nación –análisis doctrinal y jurisprudencial-; Ed. Hammurabi; pág. 330).
Por su parte, la jurisprudencia, al establecer el alcance que se debe dar a nuestro art. 421 del CPP (de idéntica redacción que el art. 438 del CPPN), precisó aún más el precepto, al sostener: “Si bien el art. 450 y ss., CPPN. no prevé requisitos de admisibilidad propios para la interposición del recurso de apelación, es de aplicación la regla general del art. 438 CPPN. que establece que los recursos deberán ser interpuestos, bajo pena de inadmisibilidad, "con específica indicación de los motivos en que se basen". Por tanto, el impugnante debe expresar los "motivos", la causa o móvil que en el caso concreto llevan a la parte a ejercer su facultad recursiva; de ahí que lo que se requiere es que anticipe los motivos de sus agravios o indique los razonamientos en que el juzgador ha apoyado su decisión que se reputan desacertados o aquellos elementos conducentes que ha omitido considerar, señalándolos mínimamente.” (Cámara Nacional de Casación Penal, sala 3ª, 21/12/2004, "T., H.O.", reg. n. 832.04.3). En idéntico sentido, hace ya varios años, se resolvió: “Las censuras constituyen la médula de la motivación, pero deben estar determinadas, por cuanto el ordenamiento procesal no se limita a exigir del recurrente una indicación de los puntos de la decisión que fueron cuestionados, sino que se refiere a la específica mención de los motivos que le dan sustento.” (C. Fed. San Martín, sala 1ª, 19/12/2000, "Recurso de reposición en la causa `F. S.R.L.'", JA 2002-I-797, LNOL 1/55087). Así las cosas, considerando que ningún escrito está eximido del requisito de la motivación, y que la expresión de los motivos de apelación es tan importante a tal punto que influyen en la competencia de este tribunal de alzada, en la medida en que no podrá abocarse a otras cuestiones más que a las indicadas al interponerse el recurso conforme a lo establecido por el art. 428 del CPP, el a quo debió denegar el recurso sobre la base de lo dispuesto por el art. 427 del CPP, por faltar tal requisito de admisibilidad.
Por lo expuesto, declararemos mal concedido el recurso interpuesto por la defensa técnica, por tratarse de meros juicios discrepantes respecto de lo resuelto.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de G.F.G. a fs. 37/41 vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia