Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal Sala I · Causa 128.503
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto, sin costas, y casar la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Pergamino del 19 de septiembre de 2023, en cuanto convalidó la continuidad del proceso bajo la modalidad de “juicio por la verdad” y la elevación a juicio.
II. Dejar sin efecto la habilitación del procedimiento de “juicio por la verdad” en la IPP N° 12-01-000163-22/00 y la consecuente remisión de las actuaciones al Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil.
Rigen los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 8.1, 8.2.h y 25.1 de la CADH; 14.1 del PIDCyP; 3, 19, 40 y 40.3.b de la Convención sobre los Derechos del Niño; 1 de la ley 22.278; 1, 6, 23, 322, 323 inciso 1, 335, 433, 448, 450, 451, 454, 460, 461, 530 y 531 del Código Procesal Penal; y 4 y 5 de la ley 13.634.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 128503 (IPP 1201-163-22) caratulada “G. G., N. A. S/ RECURSO DE QUEJA (RPJ)”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL.
El 29 de febrero del año 2024 la Sala declaró bien denegado el recurso de casación interpuesto por el Defensor Penal Juvenil, Dr. Luis Urbano Vidal, contra la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Pergamino del 19 de septiembre de 2023, que había confirmado la decisión del Juzgado de Garantías del Joven nº 1 en cuanto desestimó los planteos de nulidad y la oposición a la requisitoria fiscal, y dispuso la elevación a juicio a desarrollarse bajo la modalidad de “juicio por la verdad” respecto de N. A. G. G..
Contra esa decisión el Defensor Adjunto de Casación, Dr. José María Hernández, interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que fue declarado inadmisible por este Tribunal el 28 de mayo de 2024, lo que motivó la presentación directa de la queja ante la Suprema Corte.
El Superior Tribunal de esta provincia, en la causa P. 141.300-Q caratulada “G.G., N.A. s/ queja en causa n° 128.503 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”, declaró procedente la queja, hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, dejó sin efecto el pronunciamiento de esta Sala del 29 de febrero de 2024 y comunicó lo resuelto a fin de que, con la urgencia que el caso reclama, se dicte un nuevo fallo que admita el recurso y se expida acerca de las cuestiones federales implicadas (arts. 31 bis de la ley 5827; 496 y cc. del CPP; mutatis mutandis, P. 109.270, resol. de 18-VIII-2010; entre otras).
La causa se encuentra en estado de dictar sentencia, por lo que se dispone a plantear y resolver la siguiente:
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada, el señor juez, doctor MAIDANA, dijo:
El Defensor Penal Juvenil, Dr. Luis Urbano Vidal, sostiene en el recurso de casación, en primer lugar, que se habilitó de forma pretoriana un proceso por la verdad que no está previsto ni regulado normativamente, y que se inviste al Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil de competencias ajenas a las que el legislador provincial le asignó. Añade que ello ocurrió después del sobreseimiento, con lo que se vulnera el artículo 322 del CPP, la cosa juzgada, la seguridad jurídica y el principio de legalidad del artículo 18 de la Constitución Nacional. Cuestiona también que no se explicara cómo podría llevarse adelante un juicio respecto de quien perdió la condición de imputado, ni asegurarse su comparecencia o una defensa material y técnica eficaz a más de veinticuatro años de los sucesos.
Plantea también la afectación de la garantía de imparcialidad, del principio acusatorio y de la bilateralidad, pues el Ministerio Público Fiscal se había limitado a requerir la prescripción, que la damnificada nunca formuló petición expresa en los términos del artículo 1 de la ley 15.232, y fue el propio juez de garantías quien, nueve meses después y sin pedido de parte ni notificación a la defensa, la convocó para ofrecerle el procedimiento. Por otra parte, objeta la aplicación al caso de los precedentes jurisprudenciales invocados, atento a que ninguno fue dictado en el ámbito de la justicia penal juvenil, que “R., M.” de la Sala III se resolvió en votos divididos y respecto de un imputado adulto que era tío de la víctima, que “Funicelli” trataba de un mayor de edad encargado de la guarda, que en “Ruvituso” no hubo pronunciamiento expreso sino una consideración fuera de los límites del recurso, y que en “Funes” concurrían agentes estatales, investigación deficiente y posibles imputaciones pendientes.
Agrega que la resolución impugnada omitió todo análisis sobre la compatibilidad del instituto con el fuero especial, lo que la torna arbitraria por falta de fundamentación, y que el examen de convencionalidad practicado fue parcial por desatender los derechos del imputado menor de edad. Finalmente, expresa que se ha soslayado la especialidad del fuero, con vulneración de los principios de subsidiariedad y mínima intervención, la tergiversación de la finalidad resocializadora que legitima la intervención de esta justicia (art. 40.1 de la CIDN) y la afectación de la reserva de las actuaciones (arts. 4, 5, 36 inc. 6, 39, 53 y 54 de la ley 13.634), incompatible con la reparación moral y pública que el propio juez de garantías asignó al procedimiento, y que la Convención sobre los Derechos del Niño fue invocada en amparo de la denunciante con olvido de que el imputado también era menor de edad, y en parte del lapso no punible en razón de ella.
Subsidiariamente cuestiona la validez de la requisitoria de elevación a juicio, que considera nula por no contener una relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos (art. 335 del C.P.P.). Solicita, en definitiva, que se case el pronunciamiento, se deje sin efecto la elevación de las actuaciones al Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil y, atento al sobreseimiento firme, se ordene el cese de toda intervención respecto de su asistido. Hace reserva del caso federal. La Fiscal Adjunta de Casación, Dra. Alejandra Marcela Moretti, propició el rechazo del recurso.
Las cuestiones federales implicadas cuyo tratamiento la Suprema Corte encomendó, convergen sobre la aplicación en el caso del denominado “juicio por la verdad”.
En la resolución que ordenó el reenvío se estableció que el procedimiento dispuesto en la instancia carece de reglamentación, que se sigue sin competencia del juez penal para la determinación de una responsabilidad que escapa al ámbito propio de su incumbencia, y que ello vulnera el principio de legalidad que rige también en materia procesal penal por ser reglamentario del artículo 18 de la Constitución Nacional. También, que como la decisión proviene de un acto que sobreseyó definitivamente al joven G. G., se requiere un plus de justificación para sostener la continuación de un proceso con las reglas del enjuiciamiento criminal cuando la acción, que es su presupuesto, se declaró extinta y ese extremo está firme. Y "la propia impertinencia para el caso" del "juicio por la verdad".
Esta Sala, en la causa 97.344 “Ruvituso” del 26/12/2019, en un proceso seguido por abuso sexual respecto de hechos anteriores a las leyes 26.705 y 27.206, definió el alcance del principio de legalidad frente a la invocación de normas convencionales, y sostuvo que éstas no pueden operar en abstracto para excepcionar la garantía que de aquél deriva, sin explicar más allá de invocaciones generales las razones que validarían el apartamiento. Sobre esa base casó la resolución de la Cámara que había revocado la extinción de la acción penal y mantuvo la del Juzgado de Garantías que la había declarado. Y fue en ese pronunciamiento donde, a través del voto del doctor Carral -al que adherí-, se expresó que podía resultar necesario evaluar si las circunstancias del caso eran en algún punto asimilables a los antecedentes en que la Corte Federal sostuvo la prescripción y a la vez que no cabía desatender la obligación estatal de asegurar el derecho a conocer la verdad. Se aclaró que ese cauce, en su caso, “debería tramitar por acción independiente”.
El criterio se mantuvo invariable en los pronunciamientos posteriores (causas 107.320 “Roldán” 17/5/2021; “Litz” 31/8/2022; 119.425 “Piccirillo” 13/10/2022; 121.224 “Arizaga” 16/12/2022; 127.843 “Lezcano” 7/11/2023; 137.963 “Espíndola” 30/12/2025; 145.943 “Aguirre” 28/4/2026; 147.705, “Torres” 4/8/2026, entre muchas otras). Cabe mencionar que en “Litz” se dio la particularidad de que el caso llega a Casación con el juicio ya realizado, de modo tal que se procedió a controlar la imputación, la prueba del hecho y de la autoría y, con relación a la sanción, se reenvió al órgano de origen para que, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal de Casación, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (P. 134.019) y de la citada de la Corte Federal, recientemente reafirmada en "Ilarraz" (Fallos 348:611) del 1/7/2025, resuelva lo que por derecho corresponda.
El señalamiento sobre la acción independiente fue especialmente tenido en cuenta por la Suprema Corte al resolver en la referida causa P. 134.019, “Altuve, Carlos Arturo -fiscal- y R., M. S. - particular damnificada- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 97.244 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”, el 30 de diciembre de 2021, en la que rechazó por insuficientes los recursos extraordinarios de la particular damnificada y del Ministerio Público Fiscal, y mencionó que no habían justificado la actualidad del gravamen frente a la propuesta de esta Sala de analizar si resultaba posible extender lo resuelto en “Funes”, “con miras a garantizar el derecho a conocer la verdad de los hechos en el marco de una acción independiente por fuera de la declaración de prescripción de la acción”.
La orientación sigue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fijó el marco en “Funes” (causa F.294.XLVII, del 14 de octubre de 2014), donde se investigaba la muerte de un niño embestido por un móvil policial cuyos tripulantes evitaron que el hecho se conociera y enterraron el cuerpo, y en el que la demora de la investigación condujo a la prescripción. Desestimó el recurso extraordinario de la querellante y remitió al dictamen del señor Procurador Fiscal adjunto, con lo que la prescripción quedó firme. Se sostuvo allí que la extinción de la pretensión penal no implica desentenderse de la obligación del Estado de asegurar el derecho de los padres de la víctima a conocer la verdad de los hechos, con prescindencia de que las conductas puedan calificarse como delito de lesa humanidad, y ello en aplicación de las garantías y protección judiciales que les aseguran los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y también al amparo de los derechos del niño y las medidas de protección que impone el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
En ese dictamen se postuló que pesaba sobre las autoridades judiciales provinciales el deber de profundizar la investigación ya iniciada, con el objeto de lograr el pleno esclarecimiento de lo ocurrido, con prescindencia de que por el tiempo transcurrido fuera posible aplicar sanciones penales, y sin descartar que de ese avance surgieran nuevas imputaciones penalmente relevantes respecto de los hasta entonces imputados o de terceros.
En los precedentes de la Sala no se plantea la identidad de circunstancias con el de la Corte Federal, sino que se manda evaluar si las del caso son en algún punto asimilables, juicio que debe practicarse sobre el supuesto concreto y que no se practicó en autos. Quien invoca el derecho, carga con la demostración de que se corresponde con el caso.
Es menester identificar la norma convencional que se considera afectada, explicar de qué modo ocurre, y en qué reside la asimilabilidad con los antecedentes que reconocieron el derecho, además de proponer un cauce procesal viable.
Nada de ello se observa cumplido en el presente.
La situación concreta de E. R. es la que el análisis convencional exigía atender, y las instancias anteriores no la examinaron. Denunció en febrero de 2022 hechos que habría sufrido cuando era niña, más de dos décadas antes. A partir de esa denuncia identificó al responsable, obtuvo la intervención del titular de la acción pública, fue convocada por el órgano jurisdiccional, ejerció el derecho a ser oída y su relato quedó documentado en la causa.
La utilización del denominado juicio por la verdad, no fue pretendida por parte legitimada alguna, ni identificadas las normas en juego, ni fundada su afectación.
La resolución impugnada no determinó en qué punto el caso resultaba asimilable a los antecedentes que invocó, ni identificó déficit alguno en la respuesta estatal. No se ha planteado responsabilidad de sus agentes en los hechos denunciados, ni hubo inactividad ni demora, pues la Fiscalía dio curso a la denuncia, verificó la inexistencia de actos interruptivos e informó a la damnificada el alcance del instituto de la prescripción.
El artículo 25.1 de la Convención Americana asegura un recurso efectivo frente a actos violatorios de derechos fundamentales, de modo que se activa ante la ausencia o la ineficacia de la respuesta estatal. En autos esa respuesta existió y fue diligente, y el hecho de que no haya podido concluir en un juicio penal con una eventual condena a prisión no obedece a una falla del Estado sino al tiempo transcurrido con anterioridad a la denuncia.
Cabe añadir que el bloque convencional se invocó en favor de la denunciante, sin ponderar normas que amparan al denunciado, esto es, el principio de legalidad y el debido proceso del artículo 18 de la Constitución Nacional, la cosa juzgada que resguarda el artículo 322 del CPP, y el plus de derechos que corresponde a quien era menor de edad al tiempo de los hechos.
Además, la implementación del procedimiento debió estar precedida por el requerimiento del acusador.
La Suprema Corte ya advirtió que a quien cuenta con un sobreseimiento definitivo y firme se lo pretende someter a un juicio sui generis, no penal, denominado juicio por la verdad, en el que se objetan todos sus presupuestos, desde el principio acusatorio, porque no fue impulsado por el Ministerio Público Fiscal, hasta la competencia del juez o tribunal para llevar adelante este procedimiento ad-hoc y el principio de legalidad, porque no está habilitado por norma alguna del sistema de enjuiciamiento penal ni de otro (arts. 1, 6 y 23 a contrario sensu del CPP, y 18 de la Constitución Nacional), tal como se desprende de los actos procesales llevados a cabo.
El 7 de febrero de 2022 E. R. formuló denuncia contra G. G. El 18 de febrero el instructor judicial de la Fiscalía Penal Juvenil dejó constancia de haberle explicado el alcance del artículo 62 del Código Penal y de haber puesto a su disposición las herramientas del organismo, oportunidad en la que refirió que ya tenía conocimiento de esas circunstancias. Ese mismo día el Agente Fiscal solicitó que se decretara la extinción de la acción penal por prescripción. Nueve meses después, el 11 de noviembre de 2022, sin petición de parte y sin notificación a la defensa, el Juzgado de Garantías del Joven nº 2 dispuso citar nuevamente a la damnificada, y en la audiencia del 18 de noviembre se le hizo saber que, en caso de hacerse lugar al pedido fiscal, se encontraba habilitado el procedimiento conocido como juicio por la verdad. Recién entonces manifestó que, si bien pretendía otra resolución en relación con lo sucedido, entendía que el proceso debía continuar del modo en que la ley lo permitiera, y dejó constancia de encontrarse consternada por la citación, que significaba para ella volver a vivir lo denunciado. Lo que hubo, entonces, fue el ofrecimiento previo de esa alternativa por el órgano llamado a resolver. Sobre esa base sostuve que, siendo elemental que “el juez no procede de oficio” y que “allí donde no existe actor no existe juez”, se busca impedir que un mismo órgano absorba las funciones de requerir y decidir, y que ello implica que “quien ejerce la acción mediante pretensiones concretas habilita la jurisdicción y al mismo tiempo la limita en cuanto no puede fallar ultra o extra petita, con lo cual queda claro que los jueces no pueden imponer una pena más grave que la requerida por la acusación (causas 76.781, “Pérez”, del 3 de noviembre de 2016; 78.485, “Rodríguez”, del 7 de junio de 2016; y 145.181, “Portillo”, del 31 de marzo de 2026, entre muchas otras).
Si la jurisdicción no puede exceder la pretensión del acusador cuando existe acción penal vigente y el debate se ha celebrado, menos aún puede el órgano jurisdiccional poner en marcha, por sí, un procedimiento no reglado, respecto de quien ya ha sido sobreseído y cuando la acción se encuentra extinguida por decisión firme.
Por todo lo expresado, propongo al acuerdo:
hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Defensor Penal Juvenil, doctor Luis Urbano Vidal, sin costas; casar la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Pergamino del 19 de septiembre de 2023, en cuanto convalidó la continuidad del proceso bajo la modalidad de “juicio por la verdad” y la elevación a juicio; dejar sin efecto la habilitación de ese procedimiento en la IPP N° 12-01-000163-22/00 y la consecuente remisión de las actuaciones al Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil; y declarar concluido el proceso respecto de N. A. G. G., cuya situación se encuentra definida por el sobreseimiento firme dictado el 22 de diciembre de 2022 (artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 8.1, 8.2.h, 19 y 25.1 de la CADH; 14.1 del PIDCyP; 3, 19, 40 y 40.3.b de la Convención sobre los Derechos del Niño; 1 de la ley 22.278; 1, 6, 23, 322, 323 inciso 1, 335, 433, 448, 450, 451, 454, 460, 461, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 4 y 5 de la ley 13.634; 1 de la ley 22.278).
ASÍ LO VOTO.
A la cuestión planteada, el señor juez, doctor CARRAL, dijo:
Adhiero al voto del doctor Maidana, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
ES MI VOTO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente:
I. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto, sin costas, y CASAR la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial Pergamino del 19 de septiembre de 2023, en cuanto convalidó la continuidad del proceso bajo la modalidad de “juicio por la verdad” y la elevación a juicio.
II. DEJAR SIN EFECTO la habilitación del procedimiento de “juicio por la verdad” en la IPP N° 12-01-000163-22/00 y la consecuente remisión de las actuaciones al Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil.
Rigen los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 8.1, 8.2.h y 25.1 de la CADH; 14.1 del PIDCyP; 3, 19, 40 y 40.3.b de la Convención sobre los Derechos del Niño; 1 de la ley 22.278; 1, 6, 23, 322, 323 inciso 1, 335, 433, 448, 450, 451, 454, 460, 461, 530 y 531 del Código Procesal Penal; y 4 y 5 de la ley 13.634.
Regístrese electrónicamente. Notifíquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Fin de la sentencia