Abriendo la norma
TOMO CLXIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.203 FOLIO Nº 054/056 PROT. ELECT. JR101 350I.261
Río Gallegos, 25 de agosto de 2026.-
La presente causa caratulada: “G.H.E. S/ Incumplimiento a los Deberes de Asistencia Familiar” - Expte. N° 13.071/25 - Apelación/Causa JR Nº 10267/26 venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 126/134 obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez del Juzgado Penal Juvenil con asiento en la ciudad de Río Gallegos que en su punto 1º) ordenó no conceder el beneficio de suspensión de juicio a prueba requerido por el imputado H.E.G. (Art. 277 del C.P).
Que a fs. 136/138 la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión-; recurso que fuera sostenido a fs. 149. Y a fs. 145 se corrió en vista a la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones, quien dictaminó a fs. 146/147, quedando en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
I. Que, de manera preliminar, esta Alzada se ve compelida a dejar a salvo algunas consideraciones de índole procesal.
Concretamente se advierte que, conforme las prescripciones del art. 277 del CPP, la decisión del Sr. Juez acerca de la procedencia de la suspensión de juicio a prueba resulta irrecurrible para la defensa y el imputado. No obstante lo cual, a fs. 136/138, la defensa interpone recurso de apelación contra el auto de fs. 126/134, por el que se rechaza la concesión del beneficio de suspensión de juicio a prueba y se procesa al encartado. Continuando con las observaciones, a fs. 143 el Sr. Magistrado concede el recurso en función del art. 294 del CPP, cuando de la lectura del recurso se advierte -sin dificultad-, que no ataca el auto de procesamiento propiamente dicho sino que introduce un planteo de nulidad por haberse omitido llevar adelante la audiencia del art. 277 del CPP. Con lo cual, entendemos que la Instrucción debió dar cumplimiento con las normas procesales que rigen las nulidades, es decir, formar el respectivo incidente de nulidad y darle el respectivo trámite, expidiéndose previa vista a las partes.
Que, esta Alzada, previo a todo, hubo de correr en vista las presentes actuaciones a la Sra. Fiscal de Cámaras, dictamen que obra a fs. 146/147 sin efectuar ninguna valoración sobre este punto. En síntesis, tratándose de un planteo nulificatorio efectuado en la oportunidad prevista en el inc. 1º del art. 162 del CPP, abordaremos la cuestión planteada debiendo adelantarse que concordamos con la defensa en sus argumentaciones.
II. La Sra. Defensora Oficial, en representación de H.E.G., a fojas 126/134, solicita que se declare la nulidad absoluta de todo lo actuado a partir de fojas 106.
El agravio central se fundamenta en que el magistrado de grado omitió deliberadamente la celebración de la audiencia prescripta por el artículo 277 del CPP para el tratamiento del beneficio de suspensión de juicio a prueba, solicitada a fojas 104/105.
Entiende la defensa que el a quo otorgó un tratamiento de mero trámite a una diligencia que es sustancial, sustituyendo la manda legal de escuchar a las partes en un mismo acto por un dictamen fiscal unilateral desprovisto de habilitación procesal, lo que culminó en el dictado del procesamiento sin resolver debidamente el beneficio solicitado.
Esta omisión, a criterio de la recurrente, vulnera garantías constitucionales de debido proceso, defensa en juicio, inmediatez y contradictorio, privando al imputado de su derecho fundamental a ser oído.
Sustenta su postura invocando doctrina del T.S.J.
en la que se establece con carácter obligatorio que el procedimiento de la suspensión del juicio a prueba debe llevarse a cabo mediante una audiencia que garantice la participación activa de todos los actores del proceso.
Por último, la defensa solicita el apartamiento del magistrado.
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
Analizada la nulidad incoada, advertimos que asiste razón a la recurrente, toda vez que la celebración de la audiencia prevista en el artículo 277 del CPP reviste carácter obligatorio para el magistrado interviniente, constituyendo un resguardo ineludible de las garantías constitucionales del debido proceso y del derecho de defensa en juicio; criterio que ha quedado firmemente establecido por esta Alzada en el precedente dictado en la causa “F.P.J. S/ MUERTE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO”, Expte. N° 13692/17 (Apelación N° 7626/22).
Siguiendo dicho carril argumentativo, no se trata aquí de analizar de manera anticipada o abstracta la procedencia sustancial del instituto de la suspensión del juicio a prueba, sino de garantizar el acto procesal obligatorio que permita oír de manera directa e inmediata al imputado y al Ministerio Público Fiscal en un mismo plano de contradicción, de modo que el magistrado de grado pueda resolver con base en los elementos allí ventilados. La letra de la norma procesal aplicable -art. 277 del CPP- es categórica al respecto al prescribir expresamente que el órgano judicial competente podrá conceder el beneficio “...en audiencia única, donde las partes tendrán derecho a expresarse…”, decidiendo acerca de la procedencia de la petición “...después de oído el imputado…”. De tal modo, el diseño legislativo impone como paso previo y obligatorio la concertación de dicha audiencia para escuchar de viva voz al incuso.
Que, el temperamento adoptado por el magistrado de grado, al dar un tratamiento de mero trámite a la solicitud de fs. 104/105, requiriendo un dictamen fiscal unilateral por fuera de la audiencia y procediendo a dictar el procesamiento de fs. 126/134 sin haber celebrado el acto oral, desnaturaliza por completo el contradictorio y la inmediatez del beneficio solicitado. Esta actuación discrecional cercena la posibilidad de que el imputado se exprese libremente y de que se valoren adecuadamente las condiciones del beneficio, configurando un claro menoscabo a su derecho constitucional a ser oído.
Consecuentemente, al haberse adoptado la decisión de fojas 126/134 por fuera del procedimiento legalmente establecido y con una omisión deliberada de la audiencia de rito, se ha incurrido en una flagrante violación de las formas esenciales del proceso.
Que, de conformidad con el artículo 159, inciso 3° del CPP, se encuentra sancionada bajo pena de nulidad absoluta la inobservancia de las disposiciones constituidas en garantía de la intervención, asistencia y representación del imputado en los casos y formas que la ley establece.
En igual sentido se ha expedido el T.S.J. en innumerables fallos, pudiendo citarse a modo de ejemplo los autos caratulados B.R.A. S/ Homicidio Culposo” Expte. Nº B-872/14/T.S.J. y “C.J.I.A. S/ Incidente de Casación” Expte. Nº 7018/21 (C-1552/23/ T.S.J.), entre otros.
En tales condiciones, nos vemos compelidos en la obligación de dejar sin efecto la decisión judicial adoptada con prescindencia del trámite oral de carácter obligatorio, correspondiendo declarar la nulidad del resolutorio atacado, obrante a fs. 126/134, por haber resuelto sin más sobre la situación procesal del imputado omitiendo llevar a cabo la audiencia previa establecida en el artículo 277 del CPP, con los efectos del artículo 164 de la ley ritual.
III. En virtud de las facultades conferidas a esta Alzada por el art. 165 del C.P.P., y habiendo el magistrado titular inobservado las reglas de rito aplicables al caso, corresponde disponer su apartamiento de la causa, a fin de preservar incólume la garantía de imparcialidad, esencial del debido proceso. En consecuencia, deberá intervenir el subrogante legal que corresponda y comunicarse lo resuelto, con los recaudos de estilo, a la Secretaría de Superintendencia del Excmo. T.S.J., acompañándose copia de la presente resolución.
IV. Formula reserva de la cuestión federal en los términos del artículo 14 de la Ley 48, amparándose en la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos (arts. 18 y 75 inc. 22), que será tenido en cuenta para el momento procesal oportuno.
V. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
VI. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, oída que fuera la Sra. Fiscal de Cámara, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA de las actuaciones a partir del auto de fs. 126/134 -inclusive-, por violación a las garantías constitucionales del debido proceso.- 2°)- APARTAR de su intervención en estos autos al Sr. Juez, Dr. F.Z., por los motivos explicitados en el punto III) de este resolutorio.-
5. OFICIESE con los recaudos de estilo, a la Secretaría de Superintendencia del Excmo. T.S.J. informando lo aquí resuelto, acompañando copia de la presente resolución, conforme lo establecido en el punto II) de los considerandos que anteceden.-
6. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected] 7º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.-
SM
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia