Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
TOMO CXLVII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9292 FOLIO Nº 027/029 PROT. ELECT. JR101141I.251
Río Gallegos, 11 de abril de 2025.
La presente causa caratulada: “A.G.O. S/ HOMICIDIO CULPOSO EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO” Expte. Nº 90768/24, Apelación Nº 9437/25, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 164/173 vta., obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Instrucción Nº Uno de Río Gallegos, quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de G.O.A., en orden al delito de “homicidio culposo por ser consecuencia de la conducción de un vehículo automotor agravado por haber conducido en exceso de velocidad de más de treinta (30) kilómetros por encima de la permitida en el lugar del hecho y por haber sido con culpa temeraria” (art. 84 bis del Código Penal). Que a fs. 184/186, la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 189 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, inicialmente, el recurrente calificó de arbitrario el auto atacado.
A criterio de la defensa, no se puede interpretar que el motivo del accidente fuera la ausencia de condiciones mínimas de seguridad en el vehículo guiado por el imputado, pues asegura que –aun en caso de tratarse de un rodado en perfectas condiciones- y, toda vez que el niño aparece desde atrás de un colectivo, hubiera sido imposible frenar la marcha de su rodado. Al respecto, argumenta que el vehículo tenía las cubiertas embarradas (por haber atravesado unas lagunas previo al hecho), y el sistema de frenos estaba mojado.
Siempre referido al rodado, niega que el accidente se hubiera producido por falta de sistema lumínico, pues aclara que –si bien le faltaban las luces de guiño-, las bajas y altas funcionaban perfectamente.
Indica que, por el porte, es imposible que en tan corta distancia su rodado hubiera desarrollado una velocidad de 69 km/h, pues dijo haber partido desde su casa (distante a 30 o 40 metros del lugar del siniestro). Más aun, aseveró que el vehículo fallaba al momento del hecho, y por ello habría desarrollado menor velocidad. Destaca que todo lo dicho está corroborado en el proceso. Por su parte, critica que la pericia accidentológica informe la existencia de una huella de frenado de varios metros, pues –según dijo- su auto no frenó.
Asimismo, niega haber actuado de manera temeraria y, en cambio, asegura haber conducido a no más de 30 km/h, principalmente, en virtud de las malas condiciones mecánicas en que se encontraba su rodado.
Por último, alega culpa grave de la víctima, pues señala que el niño habría cruzado “corriendo de golpe” en un lugar oscuro y prohibido, lo cual –a su juicio- habría impedido evitar el siniestro.
Finalmente, duda de la responsabilidad de la progenitora de la víctima en el suceso, pues dijo que las muestras de sangre del menor –pese a su corta edad- presentaban alcohol, lo cual no fue tenido en cuenta al tiempo de resolver.
I. Pues bien, analizados los agravios expresados por la defensa técnica del imputado, adelantamos, serán desestimados.
Al respecto, viene al caso recordar que la motivación del agravio es: “… la expresión de censura que exhibe el o los vicios atribuidos a la resolución, vale decir las razones que la hacen injusta o ilegal.” (Derecho Procesal Penal; T. II; Ed. Lerner; Córdoba; 1984; pág. 355).
En nuestro caso, la simple lectura de los planteos esgrimidos, permite concluir que el apelante se limitó a esbozar meros juicios discrepantes con el resolutorio que intenta poner en crisis, así como afirmaciones completamente despojadas de rigor técnico científico y, sin efectuar un análisis de la prueba en conjunto que determine si en definitiva el auto es arbitrario, tal como postula. Para la defensa, el siniestro se habría producido por las ruedas embarradas de su rodado, por culpa de la propia víctima, incluso –deslizó- que podría caber algún tipo de responsabilidad a la progenitora del menor.
En este sentido, debemos destacar que el pronunciamiento atacado se fundó en el análisis integral de la prueba reunida en legajo, efectuado a la luz de la sana crítica racional, por lo que –aun cuando fuese contrario a los intereses del imputado- debemos descartar que el mismo sea arbitrario.
En prieta síntesis, se consideró acreditada la materialidad del hecho atribuido al encartado, mediante los informes policiales (que incluyeron el acta de inspección ocular, y el informe de Accidentología Vial nro. 036-A.V./2024 y su ampliación), donde se efectuó un relevamiento del lugar en que habría ocurrido el siniestro, la ubicación final y estado del rodado, los rastros que habría dejado el hecho y fotografías ilustrativas. Asimismo, el acta de constatación de fs. 140/141, detalló el mal estado en que se hallaba el vehículo secuestrado, lo cual incluyó aspectos mecánicos y de seguridad.
En tanto, las lesiones sufridas por el menor como consecuencia del hecho, y las causas de su posterior fallecimiento, fueron corroboradas con los certificados médicos, y la autopsia nro. 032/2024 practicada a la víctima tras su deceso (fs. 143/146).
A esos fines, se valoraron igualmente las testimoniales de su progenitora E.E. y R.M.B. (transeúnte ocasional), quienes relataron el momento del hecho, las condiciones reinantes en la vía pública, e incluso, la última nombrada, dijo haber estado buscando al niño junto con el imputado, que –tras el impacto- habría quedado a unos metros del lugar. Así también, las secuencias fílmicas que muestran al menor previo a cruzar la calle, y el rodado del imputado, moverse mucho más rápido que el vehículo de transporte público que tenía a la par (fs. 52/53).
Por otro lado, y a fin de tener por acreditada prima facie la autoría del hecho y la responsabilidad penal que cabría al imputado, se ponderó la pericia accidentológica efectuada por el Gabinete de Criminalistica del Excmo. T.S.J., que detalló las posibles causas del siniestro (fs. 80/83 vta.).
Por último, la magistrada consideró acreditada la relación de determinación, entre el obrar antirreglamentario del imputado y el deceso del menor (ver fs. 170 – último párrafo-).
Que, sin pretender agotar todos los supuestos, con idénticos elementos a los valorados en autos, en el orden nacional se dicho: “Se debe confirmar el auto que decretó el procesamiento del imputado como autor del delito de homicidio culposo y dispuso su inhabilitación provisoria para la conducción de vehículos por el término de seis meses, pues se estima acreditado, con razonable certidumbre, que las lesiones que provocaron el deceso de la víctima obedecieron al accionar imprudente del imputado en la conducción del colectivo…” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; sala V; 08/07/2022; M. M., J. L. s/ homicidio culposo; LA LEY 10/08/2022, 11 SJA 30/09/2022, 12 JA 2022-III RDP 2023-2, 121; TR LALEY AR/JUR/96619/2022). En consecuencia, los elementos reseñados; claro está, valorados en conjunto a la luz de la sana crítica racional (art. 199 del CPP), permiten dictar el procesamiento del imputado, y atravesar así la barrera del art. 289 del CPP.
En otro orden de ideas, es evidente que el aislado cuestionamiento dirigido a la pericia accidentológica elaborada en autos, no puede prosperar, pues el pronunciamiento no se basa exclusivamente en esta prueba, sino que –como dijimos- se valoraron una multiplicidad de elementos para el dictado del auto de mérito. Al respecto, la doctrina recomienda: “… valorar la prueba indiciaria en forma general, y no aisladamente, pues cada indicio, considerado separadamente, podrá dejar margen para la incertidumbre, la cual podrá ser superada en una evaluación conjunta.” (Cafferata Nores, José Ignacio - Hairabedián, Maximiliano, “La Prueba en el Proceso Penal”, sexta edición, Editorial Lexis Nexis, año 2008, pág. 221). Empero, entendemos, no resiste el análisis la simple afirmación de la defensa acerca de la imposibilidad de que su rodado hubiera alcanzado la velocidad de 69 km/h en pocos metros, pues para informar ese dato, la perito designada se basó en cálculos y métodos científicos desarrollados en su experticia, principalmente a partir de elementos y mediciones extraídas del informe de accidentología vial nro. 036-A.V./2024. Por su parte, rechazaremos el agravio referido a la supuesta culpa de la víctima en el hecho. Ello así, pues sobre el particular, esta alzada, en concordancia con la doctrina y jurisprudencia ampliamente mayoritaria, sostiene que la compensación de culpas no es aplicable en el derecho penal, fundamentalmente por el carácter público que ostenta la pena. (Zurueta Federico A.; Incidencia de la conducta de la víctima en la imputación objetiva de los delitos culposos; LLNOA2015 (agosto), 739; TR LALEY AR/DOC/2596/2015). Así, los tribunales se han pronunciado diciendo: “… la culpa de la víctima no permite compensar la culpa del autor, cuando ésta ha sido la causa determinante del hecho.” (TSJ, Neuquén; 07/08/2012; K.,C.A. s. Homicidio culposo; Sumarios Oficiales Poder Judicial de Neuquén; RC J 10239/13).
En idéntico sentido, se sostuvo que: “El hecho de que el sujeto pasivo haya cruzado la avenida por fuera de la senda peatonal no libera de responsabilidad por homicidio culposo al sujeto activo que conducía su rodado en forma desatenta, si esta última circunstancia fue determinante del resultado mortal.” (Cámara 2a en lo Criminal de Resistencia; 22/09/2008; P.,C.M.; Cita: TR LALEY 70054935). De manera concordante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, tiene dicho que: “En materia penal las culpas no se compensan, cada uno de los sujetos partícipes en el hecho debe responder en la medida de su responsabilidad en la violación del deber de cuidado ...” (TSJ, Santa Cruz; 22/09/2006; G.,J.D. s. Lesiones culposas en concurso ideal con lesiones culposas agravadas). En nuestro caso, quedó prima facie acreditado que el imputado habría actuado temerariamente, pues –previo al impacto- habría conducido su rodado a exceso de velocidad (aproximadamente a 69 km/h), no encontrándose el mismo en condiciones mecánicas aptas para circular, y efectuando una maniobra de traspaso de un vehículo de transporte público en un lugar inapropiado para ello. A mayor abundamiento, así lo ha sostenido esta alzada en Apelaciones nros. 8393/23; 9041/24; 9119/24 y, recientemente, en Apelación nro. 9366/25, por citar algunas, motivo por el cual, se confirmará íntegramente el auto apelado.
Finalmente, consideramos sumamente desafortunado, poco feliz, y alejado de la perspectiva de derechos de infancia, el comentario efectuado por el apelante, respecto de la responsabilidad que podría caberle a la progenitora de la víctima, en relación al hallazgo de alcohol en los análisis de laboratorio practicados al niño (fs. 78), toda vez que ello no hace variar en absoluto la situación procesal del imputado, dado que –en principio- se acreditó en autos la conducta antirreglamentaria determinante del siniestro que le costara la vida al menor.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 164/173 vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia