Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
TOMO CXXIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8138 FOLIO Nº 177/179 PROT. ELECT. JRS1014I.231
Río Gallegos, 04 de octubre de 2023.-
La presente causa caratulada “G.E.I. S/ DENUNCIA INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR” Expte. Nº 10938/20, Apelación Nº 8419/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 234/242vta., obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez titular del Juzgado Penal Juvenil de Río Gallegos, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de J.C.J.H., en orden al delito de “incumplimiento de los deberes de asistencia familiar”, correspondiente al periodo comprendido desde el mes de agosto del año 2016 hasta el mes de junio del año 2022 inclusive, con excepción de septiembre del año 2019” (Ley 13.944 y arts. 289 y 293 del Código Procesal Penal); y en el punto 2) trabó embargo sobre los bienes del imputado por la suma de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000). Que a fs. 248/251vta., la defensora técnica oficial apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 281 se sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, la defensa se agravió, pues –según dijo- no existen elementos probatorios que lleven a concluir que su asistido pudiera ser autor del delito imputado. Idéntico planteo formuló acerca de los elementos del tipo.
En dicha línea argumental, negó que el encartado posea bienes registrables a su nombre, y destacó que, al desempeñarse en una parada de taxi, no tiene un ingreso fijo.
Aseguró que no hay un ardid para privar deliberadamente a sus hijos de los medios indispensables para la subsistencia. En tal sentido, alegó inconvenientes para poder trabajar en su oficio (chofer), e hizo saber que no siempre posee un ingreso suficiente para solventar necesidades básicas. Advirtió ausencia de constancias, que permitan al juez determinar cuáles son los verdaderos ingresos del imputado y su capacidad económica.
En otro apartado, entendió que debió mínimamente acreditarse que, a pesar de sus posibilidades económicas, el imputado no cumplió.
Puso de relato que se desprende de fs. 155 el ofrecimiento de reparación de su defendido, y a fs. 158 el rechazo por parte de la denunciante.
Aseguró que debe existir posibilidad de económica real de cumplir la obligación real, e intención de no hacerlo. A criterio de la defensa, no se encuentran dados los extremos subjetivos integrantes del tipo, que lleven a concluir que su representado incurrió en el delito atribuido, respecto de sus hijos. Por último, apeló el monto del embargo trabado considerándolo `excesivo´.
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
I. Que analizadas que fueran las actuaciones en función de los agravios concretamente articulados por la defensa, adelantamos que no se hará lugar a los mismos y que, en cambio, corresponde confirmar el temperamento adoptado por el A Quo -que cumple con las prescripciones reguladas en los Arts. 115, 116 y 291 del CPP-, a tenor de las consideraciones que siguen. Yendo al análisis del primer agravio planteado por la defensa respecto de la existencia o no de elementos que acrediten la responsabilidad penal del imputado, cabe señalar que no compartimos los argumentos brindados por la apelante en su loable intento de mejorar la situación procesal de su defendido. En este aspecto, se observa que los elementos valorados resultan suficientes, pues al momento del dictado del procesamiento se habría acreditado que el encartado tenía la capacidad económica para hacer frente a su obligación alimentaria respecto de sus dos hijos menores de edad (homologada judicialmente, conf. copias certificadas de las partes pertinentes de los autos de alimentos fs. 79/84), evidenciando un claro desinterés en cumplir con su obligación alimentaria. Asimismo, se consideró el informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos, del que surge que se habría desempeñado en relación de dependencia durante los años 2015 a 2018 en una empresa de servicios de construcción en la localidad de Puerto San Julián (ver fs. 103/106), siendo titular de un bien mueble registrable (rodado marca Renault logan, modelo 2012, con fecha de registro 29 de mayo de 2018), conforme las constancias agregadas a fs. 71/73; con lo cual si -en todo caso- sus recursos fueron escasos, tal como afirma la defensa, eso no lo eximió de la obligación alimentaria, pudiendo haber cumplido con su obligación alimentaria por otros medios, en menor medida o haber puesto en conocimiento de la madre de sus hijos o de la autoridad judicial (que le impuso -homologó- la cuota alimentaria) aquella situación; arribando por ello a la conclusión de que en principio habría existido un incumplimiento penalmente relevante por parte del imputado. Por otro lado, no acierta la defensa al señalar que no se hubiera acreditado el incumplimiento de su representado, pues el Banco Santa Cruz informó que la cuenta abierta en el trámite de alimentos, no registró movimiento a la fecha del informe, vale decir, el 05/04/2021 (fs. 32). En relación al ofrecimiento de reparación de fs. 155, el mismo fue rechazado por la denunciante.
En mérito a ello, considero que el auto interlocutorio apelado resulta ajustado a derecho.
En consecuencia, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del imputado y confirmar su procesamiento en orden al delito de "incumplimiento de los deberes de asistencia familiar" (art. 1 de la Ley Nº 13.944).
Por último, corresponde abordar el planteo referido al embargo trabado, limitándose la defensa del imputado a indicar que el monto establecido era `excesivo´.
Sobre esta cuestión cabe referir que la Ley de Procedimientos en materia penal, de manera imperativa, establece que el Juez -al dictar el auto de procesamiento- ordenará el embargo de bienes del imputado, cumpliendo el auto apelado -en este punto- con las reglas establecidas en el Art. 499 del CPP. En efecto, de una atenta lectura de la resolución puesta en crisis -en lo que se refiere propiamente al agravio articulado- se advierte que el Magistrado ha valorado todos los elementos probatorios agregados a estos autos, los cuales le han permitido arribar a una resolución de tipo incriminante como lo es el auto de procesamiento, y que conforman basamento de suficiente entidad para sustentar una acreditación provisoria de los hechos investigados y de la participación del imputado en los mismos, lo que respalda el dictado de la medida cautelar atacada, resultando la misma adecuada a derecho. Respecto al monto fijado al disponer dicha medida, cabe tener presente que en atención al ilícito endilgado al causante, la suma ordenada de cuatrocientos mil ($ 400.000) no aparece como irrazonable, máxime teniendo en cuenta que el A Quo señaló oportunamente en los considerandos los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria. En orden a lo expuesto, debo decir que comparto el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por el Magistrado para la fijación de la medida precautoria y acorde a la entidad del daño penal como consecuencia del delito investigado en autos. Por ello, también confirmaré el monto de embargo impuesto a J.C.J.H.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 234/242vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.- CONSTE.-
Fin de la sentencia