Abriendo la norma
Cámara Primera Civil y Comercial de Bahía Blanca, Sala II · Causa 171035
Lo que resolvió el tribunal
I. Se desestima la queja.
II. Costas en el orden causado, atento al carácter autónomo de la cuestión (art. 68 primer párrafo en sentido contrario, CPCC).
III. Se declaran inoficiosos los trabajos realizados por la Dra. Macarena Ayelén de la Quintana (art. 30 de la ley 14.967). Archívese.
Carátula: A C C/ G A I S/ NULIDAD DE TESTAMENTO S/ RECURSO DE QUEJA
Bahía Blanca, fecha resultante del último certificado de firma digital.-
A- Antecedentes .
Interviene en el recurso J C A (JCA) por intermedio de su apoderada.
En adelante, el citado será mencionado por las iniciales que siguen a su nombre completo.
B- La cuestión suscitada .
La pericia caligráfica -relativa a una testigo incluida en el testamento cuya nulidad se pretende en el proceso principal- fue impugnada por el escribano citado, JCA, quien solicitó la designación de un nuevo perito, denunció material para cotejo y aportó un informe de otra especialista, a quien además ofreció como testigo (ver cuaderno de prueba C2 del expte. nro. 53.065).
C- Lo resuelto en primera instancia y los recursos allí interpuestos .
C. 1) El magistrado actuante declaró facultativa la designación de un nuevo perito, denegándola en el caso por no encontrar motivos suficientes para ello (providencia del 26/10/2026).
C. 2) En fecha 30/10/2026, JCA interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio.
C. 3) El primer remedio fue desestimado por el a quo el día 2/11/2026, por considerar ajustada a derecho la providencia cuestionada. Y entendiendo que ésta, además, es irrecurrible en atención a lo previsto por el art. 377 del CPCC, en el mismo acto denegó la apelación subsidiaria.
D- El recurso .
Frente a lo así decidido, JCA interpone el recurso de queja que nos convoca.
Efectúa un relato de los antecedentes. Luego señala que si bien no desconoce la regla de inapelabilidad establecida por el art. 377 del CPCC, dicha disposición no puede aplicarse de manera automática, cuando su utilización conduce a una afectación manifiesta del derecho de defensa en juicio (art. 18 de la CN y 15 de la Constitución Provincial) y el derecho a una tutela judicial efectiva.
Asegura que, en la especie, esa afectación no se funda en una mera disconformidad con el resultado de la prueba pericial, sino en la existencia de cuestionamientos técnicamente relevantes respecto del estudio realizado, que comprometen la veracidad de sus afirmaciones. En particular, refiere que la experta no consideró la documentación contemporánea oportunamente ofrecida para efectuar el cotejo; que usó el DNI como material indubitado, a pesar de las diferencias de formato y soporte respecto de la firma inserta en el testamento; finalmente, que median contradicciones entre las afirmaciones de la perito y las gráficas que surgen del propio cuerpo de escritura.
Aduce que, sin embargo, frente a observaciones de semejante entidad, el Juez, sin fundar debidamente su decisión, se limitó a expresar que no existían "razones suficientes" para disponer una nueva pericia, lo cual convierte en gravosa la decisión.
Esgrime que en tales condiciones, la aplicación con excesivo rigor formal de la regla de inapelabilidad no puede convertirse en un obstáculo para cuestionar una decisión que, en los hechos, obliga a continuar el proceso sobre la base de un dictamen cuya suficiencia técnica ha sido expresamente controvertida.
Por otra parte, tampoco le parece razonable postergar el análisis de una cuestión de tal relevancia para el esclarecimiento de estos autos, cuando todavía existe la posibilidad de consultar otra opinión técnica que permita despejar las dudas planteadas.
Interpreta que el a quo tiene amplias atribuciones para esclarecer la verdad material de los hechos (art. 36, inc. 2°, CPCC) y asegurar que el dictamen pericial sea lo más completo posible, y por lo tanto, cuestiona que haya entendido como suficiente y técnicamente confiable la pericia caligráfica impugnada.
Entiende que la posibilidad de replantear ante la Cámara las medidas probatorias denegadas (cfr. art. 255 inc. 2° del CPCC) no releva al magistrado de su deber de procurar que la prueba sea producida de manera adecuada antes del dictado de la sentencia definitiva, lo cual luce contrario a elementales razones de economía procesal, pues conduce a diferir para una eventual instancia de Alzada la producción de una medida probatoria, con el consecuente dispendio jurisdiccional y prolongación innecesaria del proceso.
Por lo expuesto, solicita que se declare mal denegada la apelación y que se la conceda.
E- La solución .
E. 1) Las resoluciones de primera instancia sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas son irrecurribles por expresa disposición del art. 377 del Código Procesal, regla que es aplicable en todos los casos cuando se trata de procesos de conocimiento. Indudablemente, la resolución recurrida versa sobre la producción de prueba, por lo que cuadra en el precepto indicado.
La norma antedicha abarca todas las hipótesis posibles por las siguientes razones:
1. Si una medida es incorrectamente denegada, la parte interesada puede solicitar a la cámara que la diligencie cuando el expediente se le remita para que conozca del recurso contra la sentencia definitiva, por expresa previsión de aquel artículo y el 255 inciso 2° del mismo cuerpo legal.
2. Si, por el contrario, es incorrectamente producida, al sentenciar se puede prescindir de ella por aplicación del art. 384 del ritual, ya que el standard de la "sana crítica" al que remite este precepto impone no valorar prueba ilegítima.
3. Ni siquiera en caso de haberse sustanciado un incidente por una cuestión de prueba corresponde conceder apelación alguna, pues versando sobre esa materia cobra vigencia el artículo 377 (si no fuere la resolución que le pone fin la solución sería la misma por idéntico fundamento y, además, porque la decisión a ese respecto debía tomarse en la resolución final; art. 184).
Esta solución conjuga adecuadamente todos los intereses en pugna, ya que sin violentar el derecho de defensa de ninguna de las partes, impide que la etapa probatoria se distraiga con recursos que atentan contra la agilidad y rapidez con que debe sustanciarse (que es justamente el interés que busca proteger el artículo 377), pues una sola apelación consumirá, de ordinario, buena parte del plazo de prueba, que el legislador pretende que no exceda los cuarenta días (art. 365).
Este es el criterio que viene sosteniendo el tribunal desde el pronunciamiento dictado el 6/4/2017 en la causa "Bonacorsi" (expediente número 148.241), de la Sala I.
En el caso de autos, la providencia recurrida se limita a denegar la intervención de otro perito calígrafo, además de la ya actuante. Se trata, por tanto, de una decisión inequívocamente comprendida en el ámbito de aplicación del art. 377 del CPCC, que expresamente establece su irrecurribilidad.
No modifica esa conclusión el argumento relativo a la conveniencia de evitar el replanteo de esa prueba en la Alzada por razones de economía procesal. Tal razonamiento, en rigor, no hace más que poner a las claras que no existe un gravamen que no pueda ser reparado ulteriormente.
En suma, la decisión acerca de qué pruebas han de producirse, en qué oportunidad y con qué alcance integra, precisamente, la materia que el legislador ha sustraído del conocimiento de esta Alzada durante la etapa probatoria.
Por lo tanto, corresponde desestimar el recurso de hecho presentado.
E. 2) En lo que refiere a las costas, deben correr por su orden, dado el carácter autónomo de la cuestión, que no conlleva contradicción (art. 68 primer párrafo a contrario sensu , CPCC).
Sin embargo, teniendo en cuenta que la improponibilidad del recurso en consideración era por demás visible por las razones invocadas, se deben declarar inoficiosos los trabajos realizados por los la Dra. Macarena Ayelén de la Quintana (art. 30 de la ley 14.967).
POR ELLO :
I. Se desestima la queja.
II. Costas en el orden causado, atento al carácter autónomo de la cuestión (art. 68 primer párrafo en sentido contrario, CPCC).
III. Se declaran inoficiosos los trabajos realizados por la Dra. Macarena Ayelén de la Quintana (art. 30 de la ley 14.967). Archívese.
Firmas
Funcionario firmante: MERCADO Jorge Federico - JUEZ
Funcionario firmante: PERALTA MARISCAL Leopoldo Luis - JUEZ
Funcionario firmante: GUGLIELMI Ingrid Julieta - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 815-2026
Fin de la sentencia