Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitiendo el recurso de apelación interpuesto por la Sra. A. I. O. sólo en lo que respecta a la cuantificación del daño moral, el que se reduce a la suma de $800.000.-
TOMO CXIII - SENTENCIA REGISTRO N° 3666 FOLIO N° 15/24 PROT. ELECT. A10109S.241
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, a los veintinueve días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro se reúne la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, integrada por el señor Juez Dr. Diego Lerena con la Presidencia del Dr. Carlos E. Arenillas, para dictar sentencia en los autos caratulados: "A. G. A. c/O. A. I. s/ordinario", Expte. Nº 17.425/16 (19.372/23), venidos del Juzgado de Primera Instancia Número Dos en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Secretaría N° Dos, con asiento en la ciudad de Río Gallegos en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a PE…, código de validación:… (agravios en PE…, código de validación:…) contra la sentencia dictada a PE…, código de validación:…. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dr. Carlos E. Arenillas, 2º) Dr. Diego Lerena y las siguientes cuestiones a tratar: Primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?, Segunda cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A la primera cuestión el Dr. Arenillas dijo:
I. Contra la sentencia que hace lugar a la demanda a favor de D. D. A. contra la Sra. A. I. O., condenándola a pagar la suma de $2.113.688,03 en concepto de daños y perjuicios, con más sus intereses e impone las costas a la perdidosa y la rechaza respecto de la Sra. G. A. A., interpone recurso de apelación la demandada. Los agravios son contestados por los actores.-
II. La sentencia:
En lo que nos interesa, el Juez de primera instancia funda su sentencia en las siguientes consideraciones:
a).- En primer lugar, señala que dada la fecha en que ocurrió el hecho se aplican las normas del Código Civil (ley N° 340). Posteriormente realiza extenso análisis del art. 1124 para concluir que el sistema de responsabilidad en el caso de daños producidos por un animal es de carácter objetivo, descartando cualquier eximente de la responsabilidad.-
b).- Luego cuantifica el daño ponderando las pruebas producidas: 1.) daño emergente- incapacidad con la fórmula Aciarri en la suma de $574.690,53; 2.) Gastos de farmacia, asistencia y vacunas $10.000, 3) daño psicológico del niño $76.000, 4) daño moral del niño $1.452.997,50.-
c).- Concluye condenando A. I. O., en su carácter de dueña del animal que ocasionó el daño, en la suma de $2.113.668,03, con más un interés compuesto para el caso de los rubros por incapacidad y daño moral, a saber: desde la fecha de mora, el 27 de octubre de 2014 hasta el momento de la sentencia una tasa anual del 5% y a partir de la sentencia hasta su efectivo pago Tasa Pasiva. Para el rubro gastos de farmacia tasa pasiva desde la fecha del hecho y hasta el momento del pago de la condena. Para el daño psicológico tasa del 5% anual desde el hecho hasta la fecha de confección de la pericia y a partir de ahí Tasa Pasiva hasta su efectivo pago. También impone las costas a la accionada vencida y difiere la regulación de honorarios hasta tanto los letrados den cumplimiento con la normativa previsional y tributaria vigente.-
Se agravia la demandada, en primer lugar, de que el Juez sostenga que la responsabilidad es objetiva: “Cuando el daño lo causa un animal doméstico la responsabilidad es de base subjetiva y el factor de imputación es la culpa. La de custodiar y guardar los animales es una obligación legal particular determinada o de resultado… como toda infracción a un deber legal ‘de resultado’ constituye una culpa; la culpa en la guarda.”.- Hace referencia al cumplimiento de esa obligación legal de guarda, ya que el can se encontraba debidamente custodiado en su domicilio e imputa al niño haber ingresado el predio solo y sin el acompañamiento de quienes debían cuidarlo.-
Argumenta que no se ha probado que las cicatrices descriptas sean producto de la mordedura del perro y que se ha considerado documental desconocida por su parte.-
Luego se queja de la cuantificación de los daños, en especial de la incapacidad del 6% que el juez establece como afectación de su futura capacidad laborativa, la que considera arbitraria. Dice que no existe lesión alguna que justifique fijar una incapacidad, cuando es el mismo perito la que afirma que las cicatrices no afectan la vida del niño y tampoco se evalúa si son permanentes o pasibles de desparecer por sí solas o con tratamiento.- Se agravia que se haya tomado como base de cálculo el Salario Mínimo Vital y Móvil (S.M.V.M.) con un incremento anual y de que el período indemnizable abarque de los 18 a los 75 años. Concluyendo en una indemnización que no refleja de ningún modo el resarcimiento que a todo evento podría corresponder.-
También cuestiona la condena de una indemnización por “daño psíquico” independiente del “daño moral” que realiza el juez en su sentencia. Asimismo critica el parámetro elegido (terapia psicológica, dos veces por semana, durante un año) el que considera excesivo e infundado.-
Respecto del daño moral considera injustificado el valor de U$S12.380 que fija la sentencia en tanto se aparta de la propia pretensión de la actora y yerra el a quo al compararlo con un antecedente en el cual un adulto perdió la capacidad laboral del 26,5% por una lesión del brazo derecho.-
IV. Tratamiento de los agravios:
IV.a).- El derecho aplicable.-
Antes de desarrollar la tarea principal de análisis y ponderación de los agravios de la apelante, como cuestión previa, no podemos desconocer que a partir del 1 de agosto del 2015, ha entrado en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación (sancionado mediante ley Nº 26.994).-
Sin perjuicio de ello, en mérito a la regla de eficacia temporal contenida en el art. 7 del cuerpo normativo citado, corresponde mantener el análisis realizado por el juez de grado en los términos de la ley anterior ya que la constitución de la situación jurídica se ha suscitado bajo el amparo del Código Civil (ley N° 340).-
En este sentido, Kemelmajer de Carlucci explica que: “La noción de consumo que subyace en el art. 7 fue tomada por Borda de la obra de Roubier, quien distingue entre leyes que gobiernan la constitución y la extinción de una situación jurídica, y leyes que gobiernan el contenido y las consecuencias. Cada fase se rige por la ley vigente al momento de esa etapa; el consumo o el agotamiento debe analizarse según cada una de esas etapas, en concreto...”. Y con mayor detalle, añade que: “Si la Cámara revisa una sentencia relativa a un accidente de tránsito, aplica la ley vigente al momento de ese accidente; en agosto de 2015 la revisará conforme el artículo 1113 del Cód. Civil, no porque así resolvió el juez de primera instancia, sino porque la ley que corresponde aplicar es la vigente al momento que la relación jurídica nació (o sea, el del accidente).” .- En el presente proceso, la relación jurídica sometida a estudio, al haberse consumado antes del advenimiento del actual Código Civil y Comercial de la Nación (el evento dañoso se produjo el 27 de octubre de 2014), debe ser juzgada, en sus elementos constitutivos de acuerdo al sistema del Código Civil (ley N° 340).-
En este orden de ideas, esta Cámara de Apelaciones ha sostenido que si bien la responsabilidad civil se rige por la ley vigente al momento del hecho dañoso (en este caso el Código Civil en su redacción anterior), las consecuencias no consumadas al momento de la entrada en vigencia del nuevo texto, como son los daños cuya reparación aquí se reclaman, se encuentran -a los fines de su graduación- por él alcanzadas (cfr. art. 7 del C.C. y C.N.) (cfr. esta Cámara Tº LXXXVIII - Sentencia - Rº 3173, del 10/11/2016; T° LXXXIX - Sentencia - Rº 3185, del 16/02/2017; Tº XC - Sentencia - Rº 3205, del 11/10/2017; Tº CII - Sentencia - Rº 3454, del 18/03/2022).- IV.b).- La responsabilidad civil.-
Adelanto que los agravios en este punto serán derrotados.-
Aquí la apelante no está de acuerdo con la responsabilidad objetiva del dueño o propietario para el caso de daños producidos por una animal doméstico o feroz. El juez de primera instancia si bien señala que adhiere a esta tesis objetiva, da razones suficientes mediante un análisis de la normativa vigente al momento del evento dañoso (los arts. 1124, 1125 y 1127 del Código Civil) y su posterior evolución en el Código Civil y Comercial de la Nación donde también este tipo de responsabilidad es objetiva (cfr. arts. 1759 y reenvío al 1757).- Además, si la responsabilidad es objetiva no se trata de calificar la conducta de quien responde por su carácter de dueño o guardián, pues en los casos de riesgo o vicio de la cosa , la culpa, la negligencia o la falta de previsión no constituyen elementos exigidos al tiempo de computarse una eventual situación que excluya su responsabilidad.-
El factor de atribución es objetivo, se funda en el riesgo creado (introducir en la dinámica social un animal potencialmente peligroso, en este caso un perro de raza pitbull), no constituyendo la culpa o negligencia elementos exigidos por la ley. Basta tan solo demostrar que un animal causó un daño para que surja la peligrosidad o el riesgo creado por su dueño o guardián .-
Por su naturaleza un animal, en este caso un perro, no deja de ser una “cosa” susceptible de generar daños. En esta órbita objetiva, lo que corresponde indagar es si la conducta de la víctima o de un tercero ha concurrido causalmente a la provocación del daño, sin olvidar que al damnificado le alcanza con acreditar la relación de causalidad entre el perjuicio sufrido y el animal, cuya propiedad o custodia atribuye al demando.- Respecto de las eximentes de responsabilidad, el art. 1128 del Código Civil es claro, lo que se requiere como causal liberatoria debe ser una conducta idónea para romper el nexo de causalidad, circunstancia que no se produjo en nuestro caso como bien explica el juez. Si analizamos las conductas de ambas partes (el niño y el dueño o guardián del perro) no surgen conductas del niño tendientes, de manera espontánea, por iniciativa propia, de azuzar o excitar al animal, provocándolo y originando -como respuesta o reacción- la causación del daño, constituyendo un “hecho de la víctima” con potencialidad eximente (cfr. art. 1125 del Código Civil) . Sobre el particular se ha entendido que no constituye hecho de la víctima, eximente de responsabilidad “…la circunstancia de que una criatura se encuentre de visita en una casa y sea mordida por un perro, si no se prueba tal eximente.”.- Como correctamente se señala en la sentencia en crisis que el niño haya golpeado las palmas de las manos antes de ingresar a la casa que conocía y a la cual concurría con habitualidad, no constituye una provocación suficiente para la causación del daño. Si el animal se irritó por el golpe de palmas es una circunstancia imputable al dueño o guardián, no al niño.-
Descartada la provocación capaz de interrumpir el nexo causal, el perjuicio que sufrió el niño hace presumir la omisión o deficiencia de la debida vigilancia o custodia del animal. -
Nótese además, que el perro en cuestión es de una raza considerada potencialmente peligrosa , con antecedentes de incidentes similares en nuestro país. En las jurisdicciones que han legislado al respecto –por ejemplo- se requiere un permiso de tenencia de perro potencialmente peligroso, que tendrá una vigencia de un año. Tres meses después de obtenerlo, deberá realizar un curso de capacitación ofrecido por la Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas (Ciudad de Buenos Aires).- El objetivo de estas medidas es que los dueños aprendan acerca del correcto cuidado, educación y sociabilización de estos perros, ya que el riesgo de introducir un can de estas características en el medio social es aún mayor y requiere medidas concretas en su cuidado y custodia.-
Cabe confirmar la sentencia en este punto pues surge acreditada la mordedura del perro en el rostro del niño, sin que existan causas exonerantes de responsabilidad [ej. provocación previa al animal], no siendo atendible que el perro no tuviera antecedentes de ataques similares, ni que el niño entrara solo al domicilio, de su dueño.-
IV.c).- La cuantificación de los daños.-
Los agravios respecto de la cuantificación de los daños también deben ser en parte rechazados. Resultan en su contenido general una disconformidad con lo resuelto, no una crítica concreta y razonada, salvo respecto del daño moral.-
En relación al daño emergente -incapacidad-, cabe mencionar que esta Cámara ha dicho en reiteradas oportunidades, que se entiende por lesión toda alteración a la contextura física o corporal, como una contusión, escoriaciones, heridas, mutilación, fractura, etc., y todo detrimento del funcionamiento del organismo, sea por un empeoramiento del desempeño de la función o un desempeño más gravoso de ello, cualquier perjuicio en el aspecto físico de la salud o en el mental, aunque no medien alteraciones corporales. Y lo indemnizable a la víctima no es otra cosa que el daño ocasionado y que se traduce en una disminución de su capacidad en el sentido amplio que comprende, además de su aptitud laboral incluso futura, la relacionada con la actividad social, cultural, educativa, deportiva, etc.- El Juez explicó correctamente cómo llega al porcentaje de incapacidad del 6%.
Para ello, criticó la pericia médica de fs. 125/127 vta. compartiendo -en parte- las objeciones realizadas por la demandada al dictamen que establecía un 26,93% de incapacidad, ponderó especialmente el tipo de cicatrices en el rostro del niño, su evolución e impacto económico posible, comparó con otros baremos o tablas de incapacidad (ley N° 24.557 - Listado de incapacidades profesionales), y entrevistó al niño antes del dictado de la sentencia, justamente para comprobar su evolución.- Concluyó que solo una de las lesiones (la cicatriz queloide en la región preauricular izquierda) aparece con algún grado significativo de impacto visual, que puede transferirse a una cuantificación mínima, aunque aclara que no tiene consecuencias funcionales.
Esta cicatriz es sin dudas producto de la mordedura del perro siendo coincidentes al respecto la pericia médica con las fotografías acompañadas con la demanda cuya autenticidad no fue desconocida.- Luego de establecer el porcentaje de incapacidad en el 6% a través del análisis de los argumentos de las partes, elementos probatorios y comparativa de las pautas del baremo Altube Reinaldi y del Listado de Incapacidades Profesionales (decreto N° 659/1996 - ley N° 24.557) utiliza la fórmula Acciarri, tomando como base el salario mínimo, vital y móvil vigente a la fecha de la sentencia, por el período indemnizable que va desde los 18 a los 75 años.- Los agravios respecto de este punto no tienen entidad suficiente para poner en crisis la decisión cuestionada, ya que la apelante sólo señala que la indemnización no resulta razonable o que es desproporcionada, sin esgrimir argumentos al respecto.-
La Sra. O. también indica que no existe lesión alguna que justifique una incapacidad. En este punto quiero ser claro, no hay dudas respecto de que las lesiones sufridas por el niño D. D. A. están probadas, tienen cierta aptitud para considerarse una pérdida para realizar actividades productivas o económicamente valorables (cfr. art. 1746, C.C. y C.N.), además de afectar su integridad física , por lo tanto son indemnizables.- Por otra parte, en la sociedad de consumo actual, altamente competitiva, una persona joven con cicatrices en el rostro bien podría tener dificultades en la búsqueda de trabajo, en el acceso y permanencia en la educación superior y en la vida social general.-
En este sentido, no existen objeciones serias por parte de la apelante ni una crítica que permita sostener que las cicatrices no inciden en el mundo laboral o en el medio social en el cual vive el niño. La procedencia del rubro incapacidad sobreviniente se encuentra razonablemente fundada y explicada en la sentencia en crisis.-
En este carril de análisis cabe interrogarse si corresponde aplicar la fórmula Acciarri prevista para el art. 1746 del Código Civil y Comercial (indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica) en el caso de un niño?
En primer lugar, no vamos a discutir aquí la necesidad de la fórmula en sí misma cuando pretendemos indemnizar lesiones e incapacidad física o psíquica. Recordemos aquí que fue esta Cámara quien utilizó, por primera vez en esta jurisdicción, la fórmula “Acciarri” en el precedente “Nahuelguer” insistiendo siempre en su aplicación.-
Además, no puede prescindirse de la utilización de la fórmula matemática sin incurrir en arbitrariedad, teniendo en cuenta que es resultado de un mandato donde el legislador optó claramente por un sistema concreto de cuantificación de este tipo de incapacidad sobreviniente.-
Por otra parte, a través de la metodología propuesta se pretende reducir la discrecionalidad judicial -asentada en apreciaciones fundadas en no más que enumeraciones de ciertas circunstancias singulares de la víctima- a través de la exteriorización del esquema de razonamiento subyacente al momento de cuantificar la indemnización (la fórmula propiamente dicha) y de las premisas fácticas que han sido ponderadas para desarrollar esa tarea (las variables utilizadas). En definitiva, lo que se procura es prescindir del “ojo del buen cubero”, cuyo criterio permanece en la penumbra del misterio .- Entonces, no se puede objetar respecto del uso de una fórmula para cuantificar este tipo de daños cuando se ha fijado un porcentaje de incapacidad.-
Respondiendo la pregunta inicial, nada obsta al uso de la fórmula respecto de un niño que todavía no ha tenido acceso al mercado de trabajo. Como bien señala Acciarri: “A la inversa, las indemnizaciones a personas de edad inferior a la admisible para ingresar [al] mercado de trabajo plantean un caso inverso e interesante. Podría pensarse, por ejemplo que los valores que reflejen la capacidad (nuevamente: para los conceptos patrimoniales previstos por el artículo 1746 CCiv. y Com.) serían nulos hasta alguna edad umbral, como los 14 o los 18 años. Para calcular, en consecuencia, bastará prever para el periodo que vaya desde el inicio del cómputo hasta ese umbral, un valor cero para el concepto A, y de ahí en adelante el que pueda razonablemente preverse (desde un Salario Mínimo Vital y Móvil, a valores superiores, parecería lo adecuado).” .- Esto es justamente lo que hizo el Juez, tomó el período de tiempo que va desde los 18 años hasta los 75 (expectativa de vida) y, con razonabilidad, estableció el valor de un Salario Mínimo Vital y Móvil vigente al momento de la sentencia.-
Por lo tanto, el monto no resulta desproporcionado como señala la apelante, sino una consecuencia lógica y derivada de los presupuestos que hacen a la configuración de la fórmula utilizada.-
Tampoco el juez se aparta de la pretensión de la actora como sugiere la recurrente ya que la cifra reclamada en la demanda contenía la previsión “…de lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse…” (v. fs. 42).-
También se agravia de que el a quo establezca una indemnización por daño psíquico independientemente de la del daño moral. Dice que este daño equivalente a dos sesiones de terapia por semana durante un año, aparece -como mínimo- fuera de contexto luego de transcurridos 8 años y medio del accidente. Sugiere que no existe modo de corroborar que efectivamente su madre vaya a destinar ese dinero a tales fines.- Esta crítica también será derrotada. El juez si bien titula “daño psicológico del niño” lo que indemniza es un daño patrimonial consistente en una suma de dinero para afrontar el costo de sesiones de psicoterapia durante un año.-
Este parámetro integra el concepto de reparación plena que no es otra cosa que el derecho que tiene todo damnificado a que le sean indemnizados todos los daños jurídicos sufridos a causa de un determinado suceso (cfr. art. 1740 del C.C. y C.N.).-
Además, la prueba pericial psicológica es clara respecto al diagnóstico (estrés postraumático: temor, ansiedad, llanto, angustia, conductas de inhibición, aislamiento, etc.) con secuelas presentes aún luego de 5 años del hecho (2019) y la necesidad de tratamiento psicoterapéutico que recomienda con una frecuencia de una o dos veces por semana (v. fs. 180/183).-
Respecto del daño moral la apelante se queja de su quantum, el que considera excesivo en función del daño sufrido por el niño.-
No obsta a la procedencia del daño moral soportado por quien sufrió la mordedura de un perro el hecho de que las lesiones padecidas y acreditadas hayan dejado o no secuelas, pues el daño moral queda configurado siempre que se infiera a la víctima un sufrimiento espiritual con las consiguientes angustias, dolores y dificultades, sin que sea exigible que la causa de tales padecimientos sea permanente.- Corresponde, en nuestro caso, la procedencia del resarcimiento por el daño moral teniendo en cuenta la naturaleza de las lesiones, que llevaron a que el niño deba ser atendido en un hospital público, con posterior consulta a especialistas (otorrinolaringólogo y oftalmólogo), realización de diversos estudios (audiometría, fondo de ojos), su corta edad y las demás circunstancias personales.
También debe ponderarse la pericia psicológica que refiere los diversos padecimientos psicológicos sufridos por el niño como consecuencia del hecho.- El daño moral comprende todas las repercusiones no patrimoniales, algunas de las que el artículo 1738 enumera: los derechos personalísimos de la víctima, su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y la interferencia de su proyecto de vida o plan existencial vital. Se trata en definitiva, de las amplias derivaciones de la lesión de los derechos personalísimos o de la personalidad cuando se afecta la plenitud de la vida, su dignidad (como prevén los arts. 51, 52 y cctes.) o la vida privada (como dice el art. 1770), la integridad corporal o incolumnidad psicofísica; la intimidad, el honor, etc.- La referencia del texto a las afecciones espirituales legítimas le confiere al daño moral un contenido amplio, abarcativo de todas las consecuencias no patrimoniales.
En ese sentido ha descendido notoriamente el “piso” o “umbral” a partir del cual las angustias, molestias, inquietudes, zozobras, dolores, padecimientos, etcétera, determinan el nacimiento del daño moral, acentuándose la protección de la persona humana. Incluso el eje ha girado desde el inicial “precio al dolor” al actual “precio al consuelo”, llegándose también a sostener la existencia de “daños morales mínimos” en base a la constitucionalización de la tutela de la vida humana .- En este orden de ideas, corresponde tener en cuenta estas pautas y lo normado por el art. 1741 del C.C. y C.N que determina con un evidente sentido normativo el estándar de cuantificación de la indemnización, al disponer que: “El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas”.
Es decir, se pretende a través de su reparación que la víctima del daño pueda procurarse placeres compensatorios.- En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al referirse a la cuantificación del daño moral, ha sostenido que: “…no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima la posibilidad de procurarse satisfacciones equivalentes a lo que ha perdido. Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido.” .- Si bien el juez cita el precedente de esta Cámara: “Nahuelguer” entiendo que existen ciertas diferencias entre ese caso y éste, no solo respecto al porcentaje de incapacidad (23,5% vs. 6%), sino las diferentes características de las lesiones sufridas y el hecho que el Sr.
E. Nahuelguer era un trabajador que se desempeñaba como chofer lo que fundamentó la compensación sustitutiva consistente en el precio de plaza de ese momento de un automóvil estándar para personas con discapacidad (por la lesión en el brazo derecho de Nahuelguer).- Aquí, las circunstancias personales del niño son sensiblemente diferentes por lo tanto entiende esta Cámara que corresponde modificar el fallo de primera instancia en este punto y reducir el daño moral a la suma de $800.000 por considerar este monto una justa compensación ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias (cfr. arts. 1740 y 1741 del C.C. y C.N.).-
- - - - - - - - - - - Por los fundamentos expuestos, Voto pues, a la primera cuestión PARCIALMENTE por la AFIRMATIVA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El Dr. Lerena por los mismos fundamentos adhiere al voto precedente respondiendo en igual sentido a esta primera cuestión.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -A la segunda cuestión el Dr. Arenillas dijo: Atento el sentido de mi voto a la anterior cuestión propongo el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir el recurso de apelación interpuesto por la Sra. A. I. O. sólo en lo que respecta a la cuantificación del daño moral, el que se reduce a la suma de $800.000; 2º) Confirmar en lo demás la sentencia de grado; 3º) Imponer las costas de esta instancia en un 80% a la demandada y en un 20% a la actora (cfr. arts. 68 y 71 del C.P.C. y C.); 4º) Diferir la regulación de los honorarios profesionales correspondientes a esta instancia hasta tanto ocurra lo propio en la anterior (cfr. art. 24 de la ley N° 3330). Así, lo VOTO.- - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -El Dr. Lerena por análogas razones adhiere al voto que antecede respondiendo del mismo modo a esta segunda cuestión.- - - - - - - - - - - - - - - - En virtud de lo cual se dicta el siguiente fallo:
Río Gallegos, 29 de febrero de 2024.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto concordante de los señores Jueces, habiéndose cumplimentado con la intervención de la Sra. Letrada Adjunta de la Defensoría Oficial ante este Cuerpo a PE….(C.V.: ….), la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial,
1. Admitiendo el recurso de apelación interpuesto por la Sra. A. I. O. sólo en lo que respecta a la cuantificación del daño moral, el que se reduce a la suma de $800.000.-
3. Imponiendo las costas de esta instancia en un 80% a la demandada y en un 20% a la actora.-
4. Difiriendo la regulación de los honorarios profesionales correspondientes a esta instancia hasta tanto ocurra lo propio en la anterior.-
Atento existir conformidad de opiniones se suscribe la presente conforme lo establece el art. 44 de la Ley Nº Uno (texto según Ley Nº 2345).-
CARLOS E.ARENILLAS PRESIDENTE DIEGO LERENA JUEZ
Ma. CARLOTA GUTIERREZ MEYER SECRETARIA
Fin de la sentencia