Abriendo la norma
TOMO CLXII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.155 FOLIO Nº 094/097 PROT. ELECT. JR101 302I.261
Río Gallegos, 31 de Julio de 2026.
La presente causa caratulada: "G.C. S/ INFRACCIÓN AL TÍTULO III DEL LIBRO II DEL C.P.", Expte. Nº 23750/22 - Apelación JR Nº 10238/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 148/153 vta., obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción Nº Tres de esta ciudad, quien en el punto 1º) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de C.R.G. en orden al delito de “abuso sexual simple agravado por ser encargado de la guarda" (art. 45 y 119 primer párrafo, inc b) del CP) y en el punto 2º) trabó embargo sobre los bienes del imputado por la suma de pesos un millón ($1.000.000).
Que a fs. 155/158 la defensa apeló dicho auto motivándolo; a fs. 164 el recurrente sostuvo el recurso, y no habiendo acompañado memorial de agravios, quedan los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
I. Que en primer término la defensa plantea nulidad, manifestando que la providencia donde se dispone llevar adelante el acto de la audiencia en los términos del art. 278 CPP el día 9 de marzo de 2026, no fue notificada personalmente, sino que fue enviada vía SNE el día 4 de marzo de 2026, dejando un márgen mínimo de dos días hábiles para poder tomar contacto en su caso con el Sr. G.
Entiende que la magistratura conoce del trabajo de la Defensa Pública, la imposibilidad material que se genera en ocasiones para poder contactar a los imputados y en consecuencia es de práctica habitual y ajustada a derecho que habiéndose dispuesto con tan poca antelación la indagatoria y habiéndose hecho presente el imputado sin asistencia técnica, se debió constatar con la suscripta, que el Sr. G. se encontraba debida y previamente asesorado, incluso a pesar que el mismo hubiere expresado que no iba a prestar conformidad para llevar adelante el acto procesal y sin perjuicio de su manifestación de que se encontraba asesorado.
Por lo que no encontrándose presente la defensa técnica en el acto y no pudiéndose acreditar que su defendido se encontraba efectivamente asesorado previamente, solicita se declare la nulidad del acto de indagatoria y todos los actos procesales que le prosiguieron por verse afectado el derecho a defensa en juicio y la garantía del debido proceso.
Asimismo se agravia de una valoración arbitraria de la prueba y utilización direccionada de la misma.
Expresa que la resolución, al momento de valorar la prueba incorporada, provocó el quebrantamiento de las reglas de la sana crítica.
Entiende que el análisis de los indicios y las presunciones que surgen de autos, fueron realizados únicamente en contra y en perjuicio de su defendido, afectando el principio general de in dubio pro reo.
Añade que desde el comienzo de la investigación, se tomó como indicio de un delito lo relatado por personal educativo carente de experticia para sindicar y/o argumentar en forma científica una interpretación simbólica de un trabajo práctico áulico y de allí se avanzó sin mayor prueba.
Expone que el testimonio de A.M.A.L. que si bien tiene una fuerza probatoria de especial relevancia por el tipo de delito, no excluye la producción ni la obligación de una investigación imparcial con respeto a la igualdad entre las partes.
En su agravio “Orfandad probatoria - Existencia de duda razonable”, la recurrente expresa que si bien el procesamiento del imputado debe sustentarse en un juicio de probabilidad, que también es de carácter eminentemente provisorio, no puede desconocerse que debe basarse en elementos de convicción idóneos y sobrados que acrediten de modo objetivo y racionalmente verificable que se ha cometido un delito, en el que puede caberle responsabilidad al encausado, cuestión ésta, que ha entender de esa defensa no se ha logrado.
Argumenta que la pericia de cámara gesell no indica si los hechos han sucedido efectivamente en la realidad, sino que evalúa si el relato aportado por la víctima cumple, o no, con criterios preestablecidos de credibilidad. Por lo que si bien el dictamen forma parte de la convicción del a quo, el mismo no adquiere en ningún caso el carácter de vinculante ni de irrefutable.
Agrega que toda y cada una de las pruebas seleccionadas como cargosas carecen de la entidad suficiente como para conmover el estado de inocencia del cual es titular su defendido, arribando de esta manera a una conclusión que lo incrimina en base a argumentos endebles y contradictorios.
En primer término abordaremos el planteo de nulidad ejercido por la defensa técnica en lo que concierne a la declaración indagatoria.
De la lectura del presente legajo, en primer lugar corresponde señalar que la defensa técnica fue debidamente notificada de la fecha y hora fijadas para la recepción de la declaración indagatoria del incuso, circunstancia que le otorgó el conocimiento del acto procesal a realizarse, y la posibilidad cierta y efectiva de comparecer a dicho acto.
Corresponde recordar que el método de notificación implementado, esto es el Sistema de Notificaciones Electrónicas, se encuentra validado por nuestro órgano superior, por lo que las notificaciones efectuadas por dicho medio electrónico gozan de plena validez y eficacia.
Al respecto podemos hacer mención a que el primer llamado a prestar declaración al imputado fue realizada en fecha 01/07/2024, siendo notificada la defensora técnica, como así las sucesivas oportunidades en las que se fijara fecha para la realización del mencionado acto procesal.
De lo cual se puede advertir el prolongado lapso de tiempo en el cual la defensa pudo haber mantenido las entrevistas que consideraba necesaria, a los fines del ejercicio de su defensa. En consecuencia, la incomparecencia de la defensa al acto de indagatoria, obedeció exclusivamente a una decisión atribuible a su propia esfera de actuación, sin que pueda derivarse de ello irregularidad alguna susceptible de afectar la validez del acto. Asimismo, de haber concurrido a la audiencia, la defensa habría podido ejercer plenamente las facultades que le confiere el código de forma, esto es, mantener la entrevista previa con su asistido antes del inicio de la declaración indagatoria, brindándole el asesoramiento técnico que estimara pertinente.
La falta de ejercicio de tales prerrogativas, por una decisión voluntaria de la propia defensa, no puede ser posteriormente atribuida al órgano jurisdiccional e invocada como fundamento de nulidad o de afectación al debido proceso.
Por otra parte, aun en ausencia de la defensora técnica, el imputado ejerció su derecho constitucional a abstenerse a prestar declaración, haciendo uso de la facultad que expresamente le reconoce el nuestro ordenamiento legal. Quizás distinta hubiera sido la situación si hubiera declarado, por las implicancias que podría traer aparejado.
Cabe agregar que, previo al desarrollo del acto, el magistrado interrogó expresamente al imputado acerca de si había recibido asesoramiento de su defensa técnica, respondiendo éste en forma afirmativa.
En el acta de declaración indagatoria de G., la cual luce a fs. 134/135, se dejó constancia de la manifestación del imputado de haber mantenido una entrevista previa con su defensa técnica, no siendo su deseo su presencia en el acto.
Al respecto, doctrinarios han hecho referencia a que “la idea es que se respete el derecho de defensa material, de modo que sea la propia persona la que decida si quiere o no a su abogado presente o el previo asesoramiento de éste. El paternalismo aún en esta materia no está en el texto Constitucional”. (TR LALEY AR/JUR/3574/2000). Por otro lado, sabido es por la recurrente que el ordenamiento jurídico le otorga la posibilidad de solicitar a la instrucción ampliación de declaración indagatoria, si así lo estimara pertinente. Tal como viene sosteniendo esta Alzada, cabe recordar que “...la declaración de nulidad de un acto procesal constituye un remedio de naturaleza extrema. En consecuencia, la hermenéutica en la materia debe ser necesariamente restrictiva, en tanto el proceso tiende, en homenaje a su propio sentido, a preservarse, no a derrumbarse por cuestiones de mera forma que no conllevan afectación real a las reglas del debido proceso (...) De allí que: “las nulidades sólo serán admisibles cuando se hubiera acreditado que de la violación de las formas del proceso ha derivado un perjuicio concreto para la parte que las articula. Por tal razón es que no pueden dictarse en el solo interés de la ley o para satisfacer pruritos formales, carentes de interés práctico. Para ser receptadas deben importar, entonces, efectivo perjuicio a la parte que la impetra, por cuanto el proceso no es otra cosa que actividad que, garantizando el debido proceso legal, se encamina en la búsqueda de la verdad” (TR LALEY AR/JUR/3574/2000). (Criterio sostenido en las Apelaciones: 7643/22, 10099/26, 10136/26 entre otras)
Más allá de la omisión de la defensa de especificar en forma concreta el perjuicio de la validez de dicha indagatoria, no se advierte de qué modo las circunstancias expuestas por la defensa ocasionan un gravamen concreto o una restricción al ejercicio del derecho de defensa en juicio.
De esta manera, de la consideración de las constancias de autos, y de la interpretación armónica de la legislación aplicable, consideramos que se han respetado las garantías esenciales del debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio.
Entendemos, que la declaración indagatoria fue recibida con estricto apego a las previsiones legales y constitucionales, sin que se advierta vulneración alguna que autorice a descalificar su eficacia o validez.
Esto nos lleva a rechazar el planteo nulificatorio del acta de declaración indagatoria obrante en autos.
Siguiendo con los agravios plasmados por la recurrente, y tomando atenta lectura del interlocutorio recurrido, adelantamos desde ya que consideramos que con los elementos probatorios reunidos hasta el momento estaría suficientemente acreditada la materialidad de los hechos enrostrados y también su autoría material, correspondiendo así traspasar la valla del art. 289 del CPP.
En este aspecto, la resolución dictada por el a quo cumple con las prescripciones reguladas en los arts. 115, 116 y 291 del CPP, habiéndose allí analizado la totalidad del plexo probatorio reunido, a la luz de la sana crítica racional y con perspectiva de género y de derechos de infancia. Ha explicado razonadamente tanto la materialidad de los hechos imputados como la autoría y la calificación jurídica atribuida a los sucesos investigados.
No se observa que la investigación haya sido direccionada en forma intencional contra el incuso.
Se puede observar que el magistrado analizó las distintas piezas probatorias que se fueron recabando durante la instrucción, las que fueron valoradas bajo los parámetros de la sana crítica racional y con una perspectiva de género, las que lo condujeron al dictado del auto de mérito contra G.
En tal sentido, fue ponderado por la instrucción la denuncia formulada por el titular de la Defensoría Oficial Nº 2 de Niñas, Niños y Adolescentes, donde pone de manifiesto posibles hechos contra la integridad sexual de la joven A., del que toma conocimiento por parte de las autoridades del establecimiento educativo EPP Nº 61, acompañando copia del acta labrada.
De igual manera, el testimonio brindado por la progenitora de la víctima, el testimonio de la joven brindado mediante entrevista de cámara gesell, en donde pone de manifiesto de forma clara, mediante un relato circunstanciado en tiempo, lugar y modo, los hechos de invasión a su intimidad protagonizados por su padrastro; el informe pericial realizado en la instancia de psicodiagnóstico efectuado a la joven, de donde se desprende “...A. logró brindar un relato, que, si bien se encontró enmarcado bajo una modalidad de inhibición y sentimientos de vergüenza, la niña pudo manifestar detalles respecto de los hechos motivo de investigación. De acuerdo con las características generales de su relato, se observó estructura lógica, elaboración inestructurada y suficiente cantidad de detalles. Respecto de los contenidos específicos, evidenció engranaje contextual, logrando ubicar los hechos en un tiempo y espacio, así como también, logró mencionar descripción de interacciones y reproducción de conversaciones. En relación con las peculiaridades del contenido de su relato, A., refirió asociaciones externas relacionadas, relatos de su estado mental subjetivo, como así también, del presunto autor de los hechos investigados. En cuanto a los contenidos referentes a la motivación, expresó correcciones espontáneas y admisión de falta de memoria. A su vez, de acuerdo con los elementos específicos de la agresión presentó detalles característicos de la ofensa. Finalmente, el relato de A. de acuerdo con los criterios utilizados del CBCA, el mismo reúne suficientes criterios de fiabilidad….”.
De la declaración de la niña víctima se pueden inferir razonadamente los hechos invasivos a su integridad sexual y el malestar que esto le generaba, sindicando sin contradicciones al imputado como autor de los mismos.
De la lectura del auto recurrido se advierte que el magistrado instructor arribó a la decisión cuestionada mediante una valoración integral y armónica del plexo probatorio incorporado a la causa, explicitando de manera suficiente las razones fácticas y jurídicas que sustentan su decisión, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal. En consecuencia, la resolución exhibe una fundamentación adecuada y satisface las exigencias de motivación que rigen los pronunciamientos jurisdiccionales, descartando toda atribución de arbitrariedad.
En cuanto al informe pericial sobre el psicodiagnóstico efectuado a la joven, y el carácter que se le otorga al mismo, debemos señalar, como ya fuera expuesto en otras oportunidades, que como lo manifiesta la defensa, "la pericia no indica si los hechos han sucedido efectivamente en la realidad, sino que evalúa si el relato aportado por la víctima cumple, o no, con criterios preestablecidos de credibilidad. El dictamen no es vinculante para el tribunal, éste debe formar su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio, y no sobre lo que determinado perito concluya. (...) El objetivo de la evaluación pericial psicológica de la credibilidad del relato se encuentra orientada a establecer el grado en que cierto relato específico, respecto de los hechos investigados, cumple -en mayor o menor grado- con criterios preestablecidos que serían característicos de narraciones que dan cuenta de forma fidedigna respecto de cómo sucedieron los eventos, apuntando a la probabilidad de que los hechos hayan sucedido de la forma en que han sido relatados, en virtud de las características observadas y valoradas en el testimonio. La valoración del perito estará enfocada a analizar la estructura y contenido del relato, no a intentar establecer la real ocurrencia del hecho o detectar la contradicción entre lo relatado y la realidad de lo sucedido. El perito no puede declarar sobre si el testigo dice la verdad, esta es función exclusiva del juez. En casos de abuso sexual contra menores un perito puede declarar sobre si el niño presenta las características del síndrome de abuso sexual e inclusive dar su opinión sobre si ese niño ha sido víctima de abuso pero no hasta el punto de declarar si el niño dice la verdad o no, o en su caso, manifestar como sucedieron los hechos." (Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, sala III - 31/05/2011 - TR LALEY AR/JUR/24410/2011). En lo que respecta a los informes periciales, corresponde recordar que, aun cuando versen sobre materias que requieren conocimientos científicos o técnicos específicos, tales dictámenes no revisten carácter vinculante para el órgano jurisdiccional. Su valoración constituye una potestad exclusiva del magistrado, quien debe analizarlos conforme a las reglas de la sana crítica racional. Ello obedece a que la función del perito se circunscribe a aportar conocimientos técnicos o científicos, emitiendo conclusiones fundadas en su especialidad y de acuerdo con los puntos sometidos a su consideración.
Pero es el juzgador quien debe examinar el dictamen, la metodología empleada, el sustento científico de sus conclusiones y su concordancia con el resto del plexo probatorio, ponderando su eficacia convictiva.
En consecuencia, la opinión técnica de los expertos no condiciona ni sustituye la función jurisdiccional, toda vez que la decisión sobre los extremos fácticos y jurídicos sometidos a conocimiento del tribunal constituye una atribución privativa del magistrado. (Criterio sostenido por esta Alzada en la Apelación 10075/26).
De esta manera, coincidimos con la instrucción al encontrar el plexo probatorio suficiente a los fines de atribución de responsabilidad, teniendo presente la probabilidad que reina en esta etapa.
En la presente etapa procesal es la probabilidad sobre la ocurrencia del hecho denunciado y la posible participación del sujeto sindicado como responsable, los parámetros necesarios para el arribo a una decisión de atribución de responsabilidad.
Con acierto señala la doctrina que: "El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio". (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612).
De la lectura del auto recurrido, se observa que la instrucción arriba a la decisión adoptada tras el análisis de la totalidad de los elementos de prueba colectados y dando las razones por las que considera acreditada la materialidad y autoría en los presentes.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos.
III. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR los autos de fs. 148/153 vta. de estos autos, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFIQUESE a las partes mediante S.N.E.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUELVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.
Fin de la sentencia