Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Morón · Causa 71.990
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1SE RECHAZAN los agravios de los recurrentes y se confirma la resolución apelada donde se declara la situación de adoptabilidad del niño S. J. G. A.. Costas de Alzada, a los recurrentes (art. 68 del CPCC).
2Consecuentemente, SE DEBERÁ continuar en la instancia de origen con la tramitación por separado de todo lo atinente a la guarda con fines de adopción del niño S., conforme ya fuera ordenado por esta Alzada en la resolución de fecha 19 de abril de 2022 y reiterado en la resolución de fecha 31 de mayo del mismo año.
3Asimismo, se dispone la COMUNICACIÓN desde esta Secretaría de la presente al Juzgado de Familia N° 3 del Departamento Judicial de Moreno-Gral. Rodriguez a fin de que tome conocimiento de la misma y de forma URGENTE realice un seguimiento de la situación del niño J. I. G. A. (ver actuación de fecha 10 de mayo de 2022).
4Igualmente se dispone la COMUNICACIÓN desde esta Secretaría de la presente al área de niñez del Municipio de Moreno a fin de que tome contacto con el niño J. I. G. A. con domicilio en la calle Chacabuco 1441 de la localidad y partido de Moreno, a cargo de su abuelo paterno el Sr. H. E. G. D. con DNI 93.035.312 con la finalidad de verificar en qué situación se encuentra el niño.
Asimismo, deberán tomar contacto con el niño T. B. G. C. y verificar su situación, quien habita en la calle A. 2290, de la localidad de La Reja, partido de Moreno junto a sus progenitores Sra. B. A. C. y Sr. H. J.
G.. …
“G. A. S. J. S/ ABRIGO (LEGAJO ART. 250 CPCC)”
Causa Nº LE-71990-2016 En la fecha impuesta al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jordá, con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "G. A. S. J. S/ ABRIGO (LEGAJO ART. 250 CPCC) Causa Nº LE-71990-2016" habiéndose practicado el sorteo pertinente -art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden:
GALLO-JORDÁ resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTIÓN PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
I. Antecedentes recursivos:
1. La Sra. Jueza Titular del Juzgado de Familia nro. 2 Departamental con fecha 2 de julio de 2021 resolvió declarar al niño S. J. G. A. en situación de adoptabilidad (arts. 607 inc. “c” y cctes del CCyC y 20 de la CDN).
La Sentenciante, luego de hacer un raconto de lo actuado en autos, y de resaltar los fundamentos brindados por todos los operadores intervinientes, concluye que la Sra. C. A. -progenitora del niño- ha abandonado la causa sin podérsela ubicar al momento y al presentarse bregó porque el cuidado del niño lo detentara el abuelo paterno sin mostrar un interés genuino por ninguno de sus hijos. Por otro lado, el Sr. H. J. G. -progenitor del niño-, al momento de la sentencia, no se había presentado con patrocinio letrado pese a habérselo indicado al menos en dos oportunidades delante de su intérprete. Ambos progenitores estuvieron imputados en causa penal.
Finalmente, respecto del Sr. H. E. G. D. -abuelo paterno del niño-, considera la setenciante que siempre estuvo a derecho cumpliendo cada citación que se estipuló en este Juzgado, mas sus actitudes evasivas y respuestas confusas han conspirado en contra de ejercer la guarda de su nieto no pudiendo dar cuenta de tener una red familiar continente que lo acompañe en los cuidados y requerimientos de un niño de la edad de su nieto.
Entonces, la Sra. Jueza de grado entiende que la madre y el padre de S. no han funcionado como figura de protección y cuidado, que no se desprende que se encuentren en condiciones que le permitan asumir responsablemente la crianza del infante ni responder a las necesidades psico-emocionales del mismo, que la ausencia de redes familiares y/o afectivas que puedan brindar cuidado y contención y la irreversibilidad del estado de vulnerabilidad indicado, la descripción del cuadro familiar de origen y el estado de situación de las causales que motivaron la medida, la llevaron a concluir que deberá declararse a S. J. G. A. en situación de adoptabilidad.
A ello agrega la sentenciante que no es posible soslayar en este análisis la circunstancia de tratarse los progenitores del niño de personas hipoacúsicas, dedicando un apartado a dicha condición.
Con todo ello y conforme las constancias de autos consideró que se han agotado las acciones tendientes a retomar la convivencia de S. con su familia de origen, por lo que ante el desamparo moral o material manifiesto por parte de su familia biológica, no se puede dilatar el curso del presente trámite al extremo de afectar el superior interés del infante.
2. Contra tal forma de decidir se alzó, en primer lugar, el Sr. H. E. G. D. -abuelo paterno- planteando recurso de apelación con fecha 15 de julio de 2021, recurso que fue concedido en relación con efecto devolutivo -mediante recuro de queja de fecha 6 de agosto-, con fecha 10 de agosto, incorporando los fundamentos del mismo con fecha 12 de agosto en los autos principales, corriéndose el respectivo traslado con fecha 17 de septiembre y que mereciera el dictamen de la Sra. Asesora interviniente con fecha 27 de septiembre de 2021.
El recurrente, luego de una extensa referencia y transcripción de lo actuado en autos, expresa sus agravios respecto de la resolución apelada manifestando varias cuestiones que paso a describir:
a) que en la causa penal seguida por el delito de lesiones al niño N. B. A., su hijo -quien hasta ese momento pensaba que era el padre del mismo- y su pareja, fueron sobreseídos, que la declaración de adoptabilidad se basa en la causa penal sobre lesiones a otro menor, que no es sobre el cual opera la medida;
b) que entiende que las presentes actuaciones comenzaron con el fin de proteger el posible riesgo de S. pero que la ley es clara al establecer como prioridad a un familiar que quiera hacerse cargo del cuidado del niño frente a cualquier tercero. Agrega que desde el año 2016 estuvo a cargo del hermano mayor, el niño J. I. G. A., por lo que no puede aceptar que se lo prive de hacerse cargo de otro nieto, el cual fue institucionalizado sin siquiera haber detectado un peligro. Que desde que tomó conocimiento de la medida de abrigo decretada y efectivizada en abril de 2019, se presentó espontáneamente manifestando su deseo y derecho de hacerse cargo de su nieto S. pero que nunca fue considerado apto por quienes lo evaluaron "...sino que solo se limitaban a juzgarme sin haber hecho siquiera un informe socio ambiental completo y acabado que fundamente las conclusiones a las que arribaron o una pericia que diga que soy peligroso y no puedo ser cuidador de un niño...".
Refiere que nunca fue considerado apto, que nunca hubo un plan para que se revincule con su nieto, que fue considerado peligroso por el solo hecho de que su hijo fue imputado en una causa penal de la cual fue sobreseido. Que como abuelo paterno tiene derecho a hacerse cargo de su nieto S..
Que fue considerado inepto en una sola entrevista de fecha 11 de septiembre de 2019, que nadie hace referencia al ASPO, a la paralización de todas las actividades judiciales y administrativas. Que cuando se apersonaron en su domicilio era verdad que su esposa estaba con covid-19 y que presentó certificado, por ello considera que es falso que fueron agotadas las vías posibles para brindarle al niño S. la contención en su grupo familiar de origen.
Entiende que la medida apelada fue tomada por el transcurso del tiempo, por el exceso en los plazos máximos de la medida de abrigo, no se intentó revincular, controlar y hacer un seguimiento, nunca le dieron la oportunidad.
Agrega que nunca le facilitaron herramientas de las que menciona la ley para organizarse familiarmente, que solo le preguntaron "cómo haría para cuidar a un niño pequeño si ya tenía otro a cargo" y si bien reconoce que nunca pudo ofrecer un plan estratégico, considera que la función de todos los que intervinieron o intervienen tanto en sede administrativa como judicial no es juzgarlo sino brindarle ayuda.
Menciona que le cuesta mucho la comunicación con su hijo sordomudo, que desde que falleció la madre de su hijo e hija debió hacerse cargo de los mismos trabajando desde su casa y de lo que pudo.
Que le solicitaban en cada entrevista que planifique la organización familiar cuando todavía no tenía a su nieto menor con él, que no podía dejar abandonado a su hijo pues dada su condición lo necesita, que se tuvo que ir a otra vivienda para tratar de recuperar a su nieto pues le decían que no podía tener contacto con su nieto a pesar de que no hay y nunca hubo restricción legal. Ahora refiere que se han organizado bien, él trabaja y aporta para los gastos de J. I., asique con S. sería lo mismo.
Hace mención a los informes de la causa penal, a las pericias psiquiátricas realizadas a la madre y al padre que la sentenciante tuvo a la vista para fundar su decisión pero alega que no ha tenido en cuenta las conclusiones de ADAJUS a fin de que se comprenda que los imputados no tienen capacidad para comprender pasos procesales y derechos por su condición de sordomudos. Refiere cuestiones del trámite que involucran a su hijo el Sr. H. J. G. y su posible estado de indefensión en cada una de las audiencias, de las notificaciones, de la no presencia de intérprete especializado, sin letrado por lo que solicita la nulidad.
Luego, transcribe las medidas que dispone el art. 34 ley 14.528 (ver) y 35bis, vuelve a referir las limitaciones debido al ASPO donde hubo entrevistas virtuales y ninguna prueba contundente que justifique la declaración de estado de adoptabilidad de su nieto, salvo el paso del tiempo, el cual no le puede ser imputado, sosteniendo que aquella no puede ser dictada cuando un familiar ofrezca asumir su guarda y ello sea adecuado a su interés superior. Y ello no se cumplió a su respecto.
La CDN pone en cabeza de los estados la obligación de garantizar la convivencia familiar de NNyA y agotar todas las acciones posibles en pos de su ejercicio y en autos las instituciones locales, zonales y jurisdiccionales nunca mostraron apoyo alguno para preservar a su nieto en su familia de origen, no pudiendo el mero paso del tiempo justificar la declaración de adoptabilidad.
Así es que concluye que en el presente caso se detectó una situación de peligro pero que no se accionó con el apoyo a los padres ni al recurrente a fin de que su nieto permanezca en su familia de origen sino que la primera decisión fue la institucionalización y luego se buscaron los justificativos para darle legalidad a la medida por lo que es pasible de nulidad absoluta.
Resalta que siempre estuvo dispuesto, que no tuvieron que buscar otros familiares, solo que no calificó para quienes lo juzgaron, que lo discriminaron literalmente, tal vez por ser pobre, por no tener casa terminada, que es falso que tiene pisos de tierra como dice el PER, cuando ni siquiera ingresaron a su domicilio Por todo ello, considera que la declaración de adoptabildiad de su nieto es ilegal y pasible de nulidad absoluta, aportando pruebas, solicitando su revocación, instando urgente su revinculación y peticionando se declare la nulidad de todo lo actuado porque todo el expediente está viciado al haberse violentado las garantías constitucionales y convencionales (a su lectura me remito al memorial).
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse en honor a la brevedad.
3. La Sra. Asesora interviniente -Dra. Roitman- contesta los agravios del Sr. H. E. G. D., iniciando su responde refiriendo la causa penal que fuera iniciada respecto de los progenitores de S. en cuanto a las lesiones graves respecto del pequeño N. B. A., hermano de aquél. Refiere las dificultades de vinculación con los progenitores para lo cual se convocó a personal especializado.
Alega que los episodios de negligencia y maltrato por parte de los padres del menor continuaron, junto con las denuncias por situaciones de violencia familiar realizadas por familiares e instituciones que acompañaban a la familia oportunamente, sumado a ello, el Servicio Local ha trabajado con la Sra. C. A., respecto a los controles de salud del menor y los cuidados que requería, sin lograrse por parte de la misma la actitud y cuidado responsable respecto del niño. A ello agrega que tampoco se han logrado resultados favorables para que otros miembros de la familia ampliada del menor asuman el cuidado del mismo.
Considera que durante el transcurso del abrigo "no han podido superarse las problemáticas que dieron origen a las medidas adoptadas, pero es importante resaltar que la voluntad de asumir el cuidado del menor expresada oportunamente por parte del abuelo paterno del mismo, Sr. H.G., ha generado que se excedan los plazos establecidos para la medida de protección excepcional, toda vez que la posibilidad de representación y cuidado por parte del Sr. H. G. podía resultar beneficiosa para el niño, teniendo en consideración su vínculo familiar y que el mismo ya se encontraba a cargo de otro hermano del menor de autos. Sin embargo, luego de las distintas evaluaciones realizadas (informe socio-ambiental, evaluaciones psicológicas y audiencias ante V.S, con presencia de esta Asesoría y los organismos intervinientes en la problemática), el Equipo Técnico del Juzgado concluyó que "...de su relato se desprenden escasos recursos cognitivos e inconsistencia en las estrategias planteadas para el cuidado del mismo" y "...no se han modificado las condiciones socioambientales descriptas en el informe remitido en el presente expediente el 10 de agosto de 2020.""
Asimismo, destaca la Sra. Asesora que durante el transcurso de la medida de abrigo se ha intentado localizar a los progenitores con resultado negativo, lo cual se traduce en una muestra de desinterés, no habiéndose presentado tampoco en forma espontánea.
Agrega que darle entidad al planteo efectuado por el Sr. G. D.
-abuelo paterno-, ante las evaluaciones realizadas por el Servicio Local, sería realizar una interpretación limitada de los derechos humanos con perspectiva de infancia, encontrando su basamento en el interés superior del niño.
Concluye así que de una evaluación integral de lo actuado surge que lo decidido es lo que mejor abastece el estándar del interés superior del niño en este caso, que no se han logrado resultados favorables para que otros miembros de la familia ampliada del menor asuman el cuidado y que la mera expresión de la voluntad del recurrente debió ser acompañada de una actividad positiva de su parte durante todos estos años, por lo que solicita la confirmación de la sentencia.
4. Asimismo, el Sr. H. J. G. -progenitor del niño S.-, luego de ser fehacientemente notificado de la resolución apelada en la audiencia de fecha 20 de diciembre de 2021, se presenta y apela con fecha 27 de diciembre de 2021, recurso que fue concedido en relación con efecto devolutivo el día 28 de diciembre de 2021 y fundado con el memorial del día 3 de febrero de 2022, mereció el dictámen de la Sra. Asesora interviniente de fecha 15 de febrero del corriente año.
El recurrente en primer lugar se agravia de la declaración en estado de adoptabilidad del niño S. refiriendo que con fecha 15 de abril de 2019 se declaró su sobreseimiento total en orden al delito de homicidio simple en grado de tentativa respecto del niño N. A., puntualizando:
a) Que el presente abrigo se inicia por un hecho anterior al nacimiento de S. y que en nada se relaciona con la capacidad de cuidado a su respecto, alegando que no hay constancia alguna en autos que la relación con S. haya sido mala o que haya puesto en riesgo su vida. b) Conforme la sentencia acompañada en autos a fs. 279/755, se plantea una discusión sobre su capacidad y la de la Sra. C. A. al momento del hecho que se les imputara, reflexiones que deben ser tenidas en cuenta aquí también pues no tiene la misma capacidad y posibilidad de comprensión de personas que oyen. Entiende que no puede comunicarse a través del habla pero ha podido conseguir y sostener un trabajo, que en las entrevistas transcriptas en la sentencia penal se da cuenta de las dificultades de los agentes para comprender su comunicación.
Refiere cuestiones sobre la discapacidad en general, alegando que es diferente, que las evaluaciones fueron hechas en el Juzgado y muchas a partir de los dichos de su padre, quien también vulneró sus derechos pues también tiene dificultades para comunicarse con él, agregando que ni siquiera tienen en su poder su certificado de discapacidad porque lo tiene su padre. Y que nunca se lo evaluó en su trabajo.
Alega que el sistema no le ha brindado la contención necesaria, que sus cuestiones físicas limitan su comprensión de las situaciones legales, que desconoce el motivo por el cual le "sacaron a su hijo S." ya que nadie le ha dado una explicación y tampoco ha tenido acceso al expediente, refiriendo la sustitución que ha hecho su padre respecto a sus hijos.
c) Que la resolución atacada le impide la comunicación con su hijo imposibilitando el contacto y el conocimiento de la verdad biológica, haciendo referencia a los derechos de las personas con discapacidad. d) Que se agravia porque el fallo lo considera no capaz para cuidar a su hijo S. en función de los dichos de su padre, en función de un evento ocurrido con anterioridad a su nacimiento por el cual fue sobreseido y por la falta de capacidad del sistema para no vulnerar sus derechos de persona con discapacidad. Su padre y los Servicios fueron reticentes a dar su domicilio, no le brindaron recurso alguno para autovalerse y cuidar de su hijo.
En segundo lugar refiere que no solo se violaron sus derechos de persona con discapacidad sino también se han violado las normas del debido proceso en cuanto a que en su carácter de parte debió respetarse la regla del patrocinio jurídico establecida en la ley 5177 por lo que no pudo tomarse la audiencia del art. 609 del CCyCN sin patrocinio, lo que torna nula la sentencia.
Finalmente solicita se revoque la sentencia de primera instancia y se ordene la restitución del niño S. a su cuidado.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse en honor a la brevedad.
5. La Sra. Asesora interviniente contesta los agravios del Sr. G., iniciando su responde refiriendo la causa penal que fuera iniciada respecto de los progenitores de S. en cuanto a las lesiones graves respecto del pequeño N. A., hermano de aquél. Refiere las dificultades de vinculación con los progenitores para lo cual se convocó a personal especializado. Alega que los episodios de negligencia y maltrato por parte de los padres del menor continuaron, junto con las denuncias por situaciones de violencia familiar realizadas por familiares e instituciones que acompañaban a la familia oportunamente, sumado a ello, el Servicio Local ha trabajado con la Sra. A., respecto a los controles de salud del menor y los cuidados que requería, sin lograrse por parte de la misma la actitud y cuidado responsable respecto del niño. A ello agrega que tampoco se han logrado resultados favorables para que otros miembros de la familia ampliada del menor asuman el cuidado del mismo, haciendo referencia al abuelo paterno. Asimismo, destaca la Sra. Asesora que durante el transcurso de la medida de abrigo se ha intentado localizar a los progenitores con resultado negativo, lo cual se traduce en una muestra de desinterés, no habiéndose presentado tampoco en forma espontánea.
Agrega que la consideración del interés superior del niño como algo primordial implica tomar conciencia de la importancia que deben tener sus intereses en todas las medidas y frente al presunto interés del adulto debe priorizarse el del menor de edad involucrado.
Recuerda que el menor se encontraba expuesto a un cuadro cotidiano de desprotección emocional y maltrato, observándose una marcada deficiencia en el rol paterno como figura de protección y cuidado y falta de comprensión de la situación de riesgo en la que se hallara inmerso el menor.
Así las cosas, solicita la confirmación de la sentencia dictada en autos pues satisface el interés superior del niño, agregando finalmente que ha iniciado las actuaciones sobre la determinación de la capacidad jurídica del progenitor de S..
II. Antecedentes fácticos:
Resulta oportuno dejar sentado que todas las fechas que referiré en este apartado responden a la tramitación del expediente principal sobre abrigo, cuyas copias fueron agregadas en este incidente art. 250 CPCC, sumando a ello los actos aquí llevados a cabo, debiendo luego en primera instancia vincular ambos expedientes electrónicos o unificarlos a los fines de que el trámite se guarde en forma completa.
A ello se agregan las constancias en formato papel que en este acto también tengo a la vista.
La existencia de ambos formatos más los seis años de tramitación hasta el presente, han provocado un cúmulo de constancias y actuaciones que tiñen de complejidad el estudio de autos.
Ello aclarado, he de dar inicio al raconto de los hechos ventilados a fin de dar respuesta a los recursos presentados por ambos recurrentes pero especialmente en pos del interés superior del pequeño niño S..
1. La causa penal:
Las presentes actuaciones se inician con el oficio de fecha 15 de diciembre de 2016 -fs. 1- proveniente de la UFIyJ N° 11 Dptal en la IPP nro. 10-00-044114-16/00 donde resultaron imputados la Sra. C. I. A.g y el Sr. H. J. G. (ambos por entonces de 21 años de edad) del delito de homicidio agravado por el vínculo en tentativa siendo la víctima el niño N. A. de apenas 10 meses de edad.
El bebé ingresa al Hospital Posadas, nosocomio que da intervención a la comisaría de la zona, cuyo agente informa que el bebé ingresa "...derivado del Hospital de Morón, con una fractura de cráneo, sospechando un posible maltrato infantil por parte de los progenitores... que por los datos confusos de los padres que resultan ser hipoacúsicos, no sería compatibles con las lesiones que presenta el menor... procedió en el lugar a identificar a la progenitora del menor, siendo esta A., C. I.... quien presenta dificultad en el habla y en audición, pero que sabe leer y escribir... refiere que se calló de la cuna..." -fs. 2-.
Y del informe de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica se obtiene que el niño ingresó con "politraumatismo con TEC con perdida de consciencia alta sospecha de maltrato infantil", agregando "...grave fractura de cráneo y hemorragia subdural, fractura parieto occipital derecha con hematoma parietal izquierdo, más hematoma cervical con edema... ojo: hemorragias retinanias bilaterales" -fs. 3-.
Del informe socio ambiental realizado en la misma IPP se obtuvo de la entrevista con la persona que subalquilaba una habitación a la pareja que "...el bebé estaba pasando por desnutrición, sabiendo esto porque lo llevaron al hospital" -fs. 6- y de la declaración del vecino de enfrente a la vivienda que "...tienen dos hijos en común siendo uno de ellos un varón de 3 años de edad y un bebé de nueve meses de vida... que los tienen muy mal cuidados y en condiciones de higiene y alimentación muy malas a tal punto que los menores presentan un cuadro de desnutrición e incluso B. estuvo internado en el Hospital Posadas...", declara que el día anterior acompañó a otro vecino a la casa de C. por su pedido "...donde pudo observar que en la casa también se encontraba H. y que el menor estaba acostado en la cama y prácticamente sin reacción y con dificultad para respirar..." decidiendo trasladarlo al Hospital de Morón ante el estado crítico del niño y la tardanza de la ambulancia -ver fs. 7/vta.-.
Cabe aclarar que ambos niños resultan ser hermanos del causante de autos: N. B. A. es el bebé referido de 10 meses y J. I. G. A. de 3 años. A fs. 12/13 declara la progenitora de N., la Sra. C. I. A., quien refiere que el bebé el día 9 de noviembre de 2016 se cayó de la cuna, que la misma se rompió y que no vió al bebé lastimado, que el mismo tuvo dos internaciones anteriores porque tenía vómitos.
A fs. 14/16 el Sr. H. J. G. también refiere que el bebé se cayó de la cuna, que la misma se rompió, que al otro día no se despertaba y que lo llevaron al hospital. Preguntado por la Fiscalía refiere que anteriormente se cayó dos veces más de un colchón del suelo.
La declaración de la médica pediatra terapista intensiva -Dra. I.-, de fecha 24 de noviembre de 2016 -fs.18/20-, es contundente al informar sobre el estado del bebé, que ingresa: "...con traumatismo de cráneo con hemorragias subdurales en distintos estadíos, crónicos y reagudizados, lo que evidencia tiempo de evolución de meses y que había requerido asistencia respiratoria por cuadro convulsivo. Que el bebé viene entubado... que además presentaba distintos hematomas con antiguos y diferentes estadíos, con distintos tonos, en la región maxilar izquierda, lateral izquierda del cuello y en la lateral derecha del cuello, lesiones estas últimas simétricas, que estas lesiones no se corresponden con que referían los padres de una caída de la cuna entre 24 y 48 horas antes. Además de la Historia Clínica que el bebé tuvo tres internaciones anteriores en el área de pediatría en los tres meses anteriores, una internación a los siete meses, por síndrome convulsivo que se pensó en causa infecciosa y se descartó... luego a los ocho meses tiene una internación por deshidratación y desnutrición y dificultad respiratoria. Que este cuadro mostraba que el bebé tenía un retraso en su desarrollo. Que en la madrugada del jueves al viernes el neurocirujano había extraído de la cabeza del bebé 110cc de sangre coagulada..., el bebé tenía colecciones viejas de sangre... tiene hematomas antiguos y reagudizados, asociado también a las hemorragias retinianas que se observaron en el fondo de ojo que implican movimientos de aceleración y desaceleración brusca, sacudidas, estas hemorragias retinianas se denominan "en llama"... signo claro de maltrato, más aún en un bebé como éste que no posee sostén cefálico, un bebé de 10 meses debería estar gateando y parándose lo que no ocurre en este caso... Manifiesta que ahora que el bebé está despierto han podido observar justamente que no sostiene ni el tronco ni la cabeza, lo cual hace pensar también como es que se ha caído de la cuna ya que es imposible que se incorpore por sí mismo....". A la lectura de más detalles de la declaración me remito.
Asimismo, otra profesional brinda su declaración respecto de la situación de N.: la Dra. B. quien recibe al bebé por estar de guardia, describe su estado de salud -coincidiendo con la anterior declaración- y "...confirmando, a mi entender, el maltrato que yo había visualizado en un primer momento..." (ver fs. 21-22).
Luego de ello, la Fiscalía interviniente informa que el bebé N. se encuentra a cargo de su tía abuela materna Sra. M. A. y que el niño J. I. vive con su tía paterna Sra. G. G..
Se agregan declaraciones testimoniales de vecinos de la familia que refieren: "... Asimismo, manifiesta que los dos niños eran de llorar mucho, casi todos los días lloraban hasta la madrugada..." (ver fs. 25/vta); "...había mucho viento y vió a C. salir con el bebé muy desabrigado, en remerita, como el declarante ya sabía que ese bebé había estado internado le dijo a ella que le pusiera un abrigo,... y el dicente lo abrigó personalmente..." agregando que el bebé se veía decaído, recordando en dos oportunidades que vio al bebé "muy sucio, tenía el pelito pegado (ver fs. 28/vta.).... Que tiempo más tarde... la sobrina del declarante que estaba presente... y que había llegado al lugar vio que C. tenía el bebé boca arriba y estaba vomitando por lo que le avisó que pusiera al bebé de costado para que no se ahogara...".
Se agrega a fs. 32/34 el informe de actualización del Servicio Local de Protección de fecha 21 de noviembre de 2016, quienes entrevistan a C. en el Servicio Social del hospital Posadas, quien refiere que "...H. está celoso del bebé. Que esa noche H. discutió con ella, que le pegó y le gritó, que como no se tranquilizaba decidió ignorarlo. A partir de allí H. se puso más nervioso y sujetó al bebé y lo zamarreó. Luego lo tiró al piso "El bebé lloraba mucho, "me asusté". Luego refiere que no cuente nada, que lo mantenga en secreto".
De la lectura de ese mismo informe se obtiene la traba de una medida de restricción perimetral a ambos padres respecto del bebé N., la cual solicitaron que se haga extensiva al niño J. I. (hermano mayor de N.) quien en ese momento ya estaba conviviendo con el abuelo paterno Sr.
H. G..
Continuando con la causa penal, luego del pedido de prisión preventiva de la Fiscalía, la Sra. Jueza interviniente dispone rechazar dicha solicitud, resolviendo que tanto la Sra. A. como el Sr. H. J. G. queden bajo la tutela y apoyo familiar de la Sra. M. A. -la primera- y del Sr. H. E. G. D. -el segundo-, residiendo en los respectivos domicilios (19 de diciembre de 2016, ver fs. 48/52).
Todo ello conforme las copias certificadas de la causa penal agregadas en formato papel cuya certificación obra en la pieza de fs. 52 de fecha 23 de diciembre de 2016.
2. La causa de abrigo:
Iniciada la presente causa de familia, se presenta el primer informe por la Asistente Social del Juzgado surgiendo que "...por lo que me comunico con la Sra. M. A. (tía abuela de N. ) y la misma me informa que el niño se encuentra a su cuidado, que debe llevarlo a controles periódicos al Hospital Posadas y que toma una medicación anticonvulsivante y que la madre de los niños no puede tener contacto con ellos. A su vez me comunico con la tía paterna de los niños G. G. y me informa que J. I. vive con ella en R. y que ninguno de sus padres puede tener contacto con el niño" (28 de diciembre de 2016), lo cual también surge de los informes agregados por la Asesoría interviniente de fechas 29 de diciembre de 2016 y 10 y 22 de marzo de 2017 (el Sr. H. E. G. D. -abuelo paterno de J. I. y de S.-, se encontraría acompañando a G. G.), informando el Servicio Local que los progenitores de los niños se encontrarían -en ese momento- con prisión domiciliaria (26 de junio de 2017).
A partir de este momento del relato me dedicaré a detallar los antecedentes en cuanto a los niños S. y J. I. pues respecto del niño N. B. A. se ha resuelto su situación familiar con fecha 21 de abril de 2021 otorgando su tutela a la Sra. M. I. A. (tía abuela materna), quien a pesar de que en un primer momento consideraron, junto a su esposo el Sr. C. A. F. no poder cuidarlo (ver entrevista agregada con fecha 25 de junio de 2018), luego cambiaron su decisión (ver presentación de 2 de octubre de 2020 e informe de fecha 28 de octubre), formándose una causa a sus efectos ("A., N. S/ Guarda de Persona", nro. 71.990bis).
Asimismo, cabe aclarar que los antecedentes respecto del niño J. I. son referidos a los fines del tratamiento del recurso del Sr. H. E. G. D., no siendo el pequeño causante de autos pues su situación legal y familiar -como veremos posteriormente-, tramita en la causa correspondiente por ante los Tribunales de Moreno ("G. A., J. I. S/ Guarda a Parientes" -ver informe de 10 de mayo de 2022 en este legajo 250).
Ahora bien, ello sentado, continuamos con el estudio de la presente causa.
El 1 de agosto de 2017 la Asesoría agrega un acta de entrevista con la Sra. G. G. donde ella manifiesta que ya no puede cuidar al niño J. I., que desde hace dos meses convive con su abuelo paterno el Sr. H. E. G. D., informando que "ha tomado conocimiento que el niño duerme en el piso, no estaría concurriendo al establecimiento educativo en el que se encontraba inscripto..., no recibe las comidas a horario", además agrega que en el mismo domicilio se encuentra el progenitor del niño, el Sr. G., imputado por maltrato infantil respecto del hermano materno menor, N.. En esa misma oportunidad la Asesoría solicita la permanencia provisoria del niño J. I. en un ámbito alternativo de convivencia, cuestión que nunca se llevó a cabo.
Con fecha 13 de septiembre de 2017 se agrega el informe de la entrevista, de donde se obtiene que "...Surge de lo trabajado en la entrevista con el Sr H. E. G., que el niño J. I. G. A. se encuentra viviendo en su domicilio junto a su papá que salió de estar preso por maltrato a sus hijos. Según manifiesta el entrevistado su hijo no tiene otro lugar a dónde ir y su nieto está viviendo junto a éste porque su otra hija, tía del niño tiene muchos problemas familiares y no puede hacerse cargo del otro niño. En un primer momento asumió esa responsabilidad pero luego no pudo llevarla adelante. Durante la entrevista observo al niño J. I. quien de lo observado tiene muchas dificultades de expresión no así de entendimiento ya que entiende todo lo hablado con él y responde dentro de sus posibilidades. Al preguntar cómo es la relación entre padre e hijo expresa que él trata de no darle responsabilidades a su hijo respecto a su nieto y que a la vez el niño pasa mucho tiempo en General Rodriguez con su pareja que tiene allí un comercio... se observa a J. I. muy ordenado, en buenas condiciones de salud a simple vista y prolijo. Se orienta al Sr. G. a buscar una vacante en un jardín de Infantes cercano a su domicilio, para el año próximo ya que se estima necesaria una estimulación para J. I. en relación al habla (fonoaudiología)". Ante ello, la Asesoría interviniente solicita nuevamente con fecha 29 de septiembre de 2017 la permanencia del niño J. I. en una institución debido a que ambos adultos (tía y abuelo paternos) permiten el contacto del niño con su progenitor, a pesar de los hechos acaecidos con el niño N. y las medidas dispuestas en autos.
De una nueva entrevista del Sr. H. E. G. D. con el equipo técnico del Juzgado de Origen (agregada con fecha 25 de junio de 2018), se obtiene que "El Sr. G. H. vive en la localidad de Rodriguez y se encuentra a cargo de J. I. G. A. de 3 años y medio (también vive allí su hijo H. G. de 22 años, padre del niño). El abuelo se sostiene económicamente con un almacén en el que trabaja conjuntamente con su pareja M. L. de 42 años. Según expresa el entrevistado J. I. no concurre al jardín ya que le solicitan al mismo una guarda legal para insertarlo en el sistema educativo.", aclarando que "...los niños son medio hermanos, B. no es hijo de mi hijo y los niños prácticamente no se criaron juntos..." (sic)". Finalmente, el equipo técnico le indica concurrir a los Juzgados de Familia de Moreno a fin de iniciar la guarda de su nieto.
En esta situación nace el pequeño S. G. A. con fecha 10 de agosto de 2018, nuestro causante de autos, hijo de la pareja formada por la Sra. C. A. (progenitora de N. B. y de J. I.), quien se encontraba ya en libertad, y por el Sr. H. J. G. (progenitor de J. I.), conforme lo informa la UFIyJ interviniente con fecha 17 de octubre de 2018.
Frente a ello la Asesoría interviniente solicita la institucionalización del niño recién nacido (26 de octubre de 2018), siendo ello ordenado por el Juzgado de origen en la misma fecha y reiterado con fecha 8 de noviembre, fundando con fecha 26 de noviembre el pedido de vacante en los antecedentes del maltrato hacia el hermano N. B. y a que ambos hermanitos mayores (N. y J. I.), se encuentran bajo el cuidado de parientes, insistiendo nuevamente con el pedido de institucionalización.
No obstante ello el Servicio Local de Morón entiende en ese momento que no se encontraban vulnerados los derechos del niño S. (ver 28 de noviembre de 2018), informando asimismo que el pequeño recién nacido de tres meses de edad convivía con sus progenitores (Sra. A. y Sr. G.), en el domicilio de la abuela de la primera en la ciudad de Castelar.
Con fecha 31 de octubre de 2018 se agrega en autos una pericia proveniente de la causa penal en trámite donde las peritos médicas psiquiatras de la Asesoría Pericial Departamental en el marco de la actuación penal informan que ambos progenitores padecen sordomudez congénita y no se dan a entender por escrito, lo cual no les impide la capacidad de comprensión de la naturaleza del delito que se les imputa y de las consecuencias, son capaces para ser sometidos a juicio. Asimismo, concluyen que "sí se verían vulnerados los derechos de los menores si los mismos se encontraran a cargo de estos padres sin otro personal responsable...".
A dicha pericia se agrega un informe interdisciplinario de ADAJUS (Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Asministración de Justicia), donde se concluye que la Sra. C. A. y el Sr. H. J. G., presentan imposibilidad de autodefensa que no puede ser suplida ni subsanada por la defensa técnica, que no pueden comprender todos los alcances y todos los efectos que se derivan de la sustentación del proceso penal. Claro está que ello hace a su participación en el proceso penal pero dejando en claro que logran distinguir el bien y el mal.
La Asesoría interviniente insiste con el cumplimiento de la medida (15 de abril de 2019) y es así que con fecha 25 de abril de 2019 el Servicio Local de Morón informa que ha adoptado la medida de abrigo respecto del niño S. J. G. A. de por entonces de 8 meses de edad, informando que "agotadas las estrategias previas en relación a la vulneración detectada y a raíz de la sentencia por el proceso penal en el que estaban incriminados ambos padres, declarados inimputables, se evalúa la adopción de una medida de protección, al no contar con un referente familiar, con familia solidaria", perteneciente a las "Familias Hogares Belén".
Asimismo, del PER inicial, obtengo que además de la hipoacusia presente en padre y madre, esta última podría presentar un retraso mental leve. Que el equipo técnico del Servicio toma intervención en octubre de 2018 ante la posible vulneración de derechos del pequeño niño frente a la imputación de sus progenitores por lesiones graves hacia su hermano materno mayor N. B.. Debido a la discapacidad presente en los progenitores y a las dificultades cognitivas de la Sra. I. G., debieron concurrir a ADAJUS para coordinar entrevistas que faciliten la comunicación, pudiendo así recabar información sobre el nacimiento de S., que conviven ambos progenitores con el niño en el domicilio de la Sra. I. G. (quien tiene diagnóstico de demencia senil de tipo Alzheimer), que la Sra. A. conoce sobre a la causa que sobre violencia familiar tramitara en esa oportunidad en el Juzgado de Familia N1 de Morón, de cuya denuncia realizada por la Sra. I. del día 7 de febrero de 2019, surge la presencia de violencia entre la Sra. A. y el Sr. G. y "que en varias oportunidades encontró a S. en el piso producto de una caída". Que del centro de salud informan que en febrero de 2019 la Sra. A. hizo una consulta por un pico febril de S. manifestando la primera que el niño se había caído de la cuna, indicándose una radiografía de cráneo. No pudiendo la Sra. A. acreditar de manera fehaciente su aptitud para ejercer los cuidados parentales, agregando que ambos progenitores fueron declarados inimputables, lo cual se contradice con la aptitud para el ejercicio de los cuidados parentales (fs. 230/244).
Con fecha 9 de mayo de 2019 se presenta la Sra. C. A. con el patrocinio letrado de la UFD N° 2 Dptal, progenitora de los tres niños (J. I., N. B. y S. J.), solicitando su reintegro, alegando que fue declarada sobreseída en la causa penal, que no se contempló que S. fuera cuidado por el abuelo paterno quien ya se encuentra al cuidado de su hijo mayor J. I., siendo acompañada en ese acto también por la intérprete y miembro de ADAJUS, agregando nuevamente el informe de ADAJUS presentado en la causa penal que ya he referido, describiendo las intervenciones con el Servicio Local y concluyendo nuevamente que la Sra. A. no se encuentra en condiciones de asumir la responsabilidad del cuidado personal del menor por sí sola. Agrega libreta de vacunas y certificado de nacimiento de S..
La medida es legalizada con fecha 1 de julio de 2019 (fs. 248/vta.). Posteriormente, con fecha 8 de agosto de 2019 se presenta en autos el Sr. H. E. G. D., abuelo paterno del niño S., solicitando su guarda, siendo que ya se encuentra cuidando a su hermano mayor J. I., acompañando constancia de alumno regular, certificado de nacimiento y librea de vacunas del niño a su cargo.
El Servicio Local interviniente informa con fecha 12 de septiembre de 2019 que entrevistó a Sr. H. E. G. D., quien expresó su deseo de ocuparse de los cuidados parentales de su nieto, refiriendo que se encuentra a cargo de otro nieto mayor -J. I.-, advirtiendo el Servicio que no puede acreditar documentación alguna respecto a la relación jurídica de dicho niño, que el mismo no está escolarizado y que no posee un domicilio fijo pues el Sr. G. D. alterna su domicilio con el de su pareja, ejerciendo eventualmente los cuidados parentales la tía paterna G. G..
Afirman que "...en el transcurso de las entrevistas dejó traslucir distintos elementos que dieron cuenta de su ineptitud para ejercer cuidados parentales..." y que ..."la Sra. C., en el tiempo transcurrido, no pudo acreditar de manera fehaciente su aptitud para ejercer su rol". Asimismo, informan que en el transcurso de la adopción de la medida tuvieron dificultades para realizar entrevistas con los progenitores del niño, contando en un principio con la ayuda del equipo de ADAJUS pero su intervención luego se convirtió en un obstáculo, decidiendo tomar contacto con la escuela municipal para sordos e hipoacúsicos quienes ofrecieron la posibilidad de brindar la colaboración de un docente que oficie de intérprete de señas.
A continuación, con fecha 26 de septiembre de 2019, se agrega en autos copia certificada de la sentencia penal de fecha 15 de abril de 2019 donde el Tribunal en lo Criminal Nro. 6 Dptal. entendió que "los justiciables al momento del hecho y en virtud de sus condiciones, no pudieron comprender la criminalidad del acto ni obrar en consecuencia...", resolviendo así el sobreseimiento total de la Sra. C. A. y del Sr. H. J. G., respecto del hecho en el que fuera víctima el niño N. B. A.(ver fs. 273/286). Con fecha 11 de octubre de 2019 el equipo técnico del Juzgado de Origen informa que ha entrevistado al Sr. H. E. G. D., concluyendo que "Su relato resulta de escasos recursos cognitivos y vigor afectivo, lo cual requerirá profundizar en otras figuras familiares de apoyo para una adecuada red de contención para los menores de autos. Se infiere que el entrevistado presenta buena voluntad y predisposición para hacerse cargo de su otro nieto...", solicitando socio ambiental en su domicilio y que el Servicio Local profundice el estado de situación familiar del grupo conviviente (ver fs. 288vta.).
Nuevamente el día 26 de diciembre de 2019, la Sra. A. solicita el reintegro de sus tres hijos, peticionando una audiencia a dichos efectos. Luego de ello, se presenta la situación sociosanitaria de inicio de 2020 pero la causa ya se encontraba bastante complicada puesto que el Servicio Local no presentaba los PER solicitados por la Asesoría interviniente, no se obtenía respuesta del Servicio Local de Moreno a los pedidos de informes respecto del domicilio del Sr. H. E. G. D., no se lograba comunicación alguna con los progenitores de los niños habiéndose informado que se habrían mudado a dicho domicilio en Moreno (ver dictámenes de Asesoría de fecha 28 de octubre y 27 de diciembre de 2019, 29 de febrero y 8 de junio de 2020; actas del equipo técnico del Juzgado de Origen de fecha 11 de octubre de 2019 como de fecha 22 de mayo, 16 de junio y 17 de junio de 2020).
Así es como el 22 de junio de 2020, el Servicio Local de Morón solicita se declare el estado de adoptabilidad del niño S., atento que los reiterados intentos no arrojaron resultados favorables y teniendo en cuenta que no se revirtieron las causales que llevaron a la adopción de la medida, alegando que ha vencido el plazo de 180 días, que los progenitores no han podido acreditar de manera fehaciente su aptitud para ejercer los cuidados parentales, entendiendo que al ser declarados inimputables en el proceso penal que cursaron ello podría contradecirse con dicha aptitud. A ello agregan sobre las dificultades de comunicación, los obstáculos presentados por ADAJUS y las infructuosas notificaciones a través del Servicio Local de Moreno y la comisaría respectiva, destacando que "...tampoco se han presentado de manera espontánea ante nuestro Servicio".
Con fecha 2 de julio de 2020 el Sr. H. E. G. D. solicita nuevamente ser tenido en cuenta para la guarda de S., se compromete a concurrir al Servicio Local informando que no ha podido concurrir con anterioridad debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio, solicitando diagnóstico y entrevista a su grupo familiar. Reiterando su pedido con fecha 21 de agosto En la misma fecha el Servicio Zonal de Morón acompaña el pedido de declaración de estado de adoptabilidad del niño S., concluyendo que ambos progenitores presentan diagnóstico de retraso mental e hipoacusia, han sido declarados inimputables en la causa penal en la que se los juzgaba por maltrato y daño grave hacia otro hijo de ellos, no cuentan con red familiar continente que pueda acompañar con el cuidado y requerimientos necesarios para su desarrollo pleno y saludable. Durante la implementación de la medida de abrigo no se pudieron remover los obstáculos que le dieron origen. Tampoco aparecieron otras alternativas viables de cuidado para el niño. S. permanece en un programa de cuidado alternativo desde el 25 de abril del año 2019, habiéndose ya cumplido y excedido ampliamente los plazos establecidos para la medida de protección excepcional, la cual es de 180 días. Por lo que funda el pedido en la ausencia de un ámbito familiar contenedor, circunstancia que se encuentra acreditada en autos, desde el momento del nacimiento de S. J. G. A. y su posterior medida de abrigo, no se ha podido revertir la situación de vulneración de derechos, a pesar de los trabajos realizados por los distintos efectores. Ante lo cual se deduce que los objetivos que motivaron la medida de protección no se han revertido. La Asesoría de incapaces, en su incansable tarea de protección, reitera al Juzgado de Origen su solicitud de la evaluación de la idoneidad del abuelo paterno solicitante de la guarda de S. a fin de ejercer su representación e insistiendo nuevamente con la acreditación de la representación del niño J. I. (8 de julio y 15 de octubre de 2020), ello también dispuesto por el Juzgado de origen con fecha 24 de septiembre y 21 de octubre de 2020.
El equipo técnico del Juzgado de origen insiste con el pedido de informe socio ambiental en el domicilio de Moreno del Sr. G. D. (21 de julio de 2020), no logrando comunicarse con el mismo (3 de agosto de 2020). Con fecha 10 de agosto de 2020 se realiza en la sede del Juzgado una entrevista con el Sr. G. D. quien describe grupo familiar conviviente, su vivienda, sus ingresos económicos e informa que su hijo el Sr. H. J. G. vive en el fondo de la misma -progenitor de S.-, que colabora con dinero para el niño J. I., que la Sra. A. los visita y que puede cuidar al pequeño S.. Ante ello, la Asesoría interviniente vuelve a insistir con que se evalúe la idoneidad del Sr. G. D., que se acredite la representación por el niño J. I., que se evalúe la situación de los tres niños y que se solicite el PER correspondiente al Servicio Local (ver 13 de agosto y 1 de septiembre de 2020).
Así es como con fecha 18 de septiembre de 2020 se presenta en autos la Directora Ejecutiva de Familias de Hogares de Belén A.C., solicitando se resuelva la situación de S., pedido que luego se reitera con fecha 20 de octubre del mismo año.
Con fecha 2 de octubre de 2020, el equipo técnico del Juzgado de Origen (peritos psiquiatra, psicóloga y trabajadora social) "...reitera las conclusiones vertidas en los diversos informes y evaluaciones a lo largo de este proceso: a la fecha, conforme el relato Sr. H. G. D., no se han modificado las condiciones socioambientales descriptas en el informe remitido en el presente expediente el 10 de agosto de 2020. Al momento de la comunicación el Sr. H. G. D. no presenta signosintomatología psiquiátrica aguda ni rasgos psicopatológicos de relevancia. El entrevistado presenta buena voluntad y predisposición para hacerse cargo de su nieto S. G.. De su relato se desprenden escasos recursos cognitivos e inconsistencia en las estrategias planteadas para el cuidado del mismo.
Entendemos que el entorno familiar que puede ofrecer Sr. H. G. D. respecto al niño S. G., no es el mismo que desencadenó los hechos que originan el presente expediente. Por lo que este equipo de profesionales sugiere que, en caso de ser favorable la vinculación entre el Sr. H. G. D. y el niño S. G., quien permanece bajo el cuidado de otra familia desde sus tres meses de vida, a los efectos de garantizar los derechos del niño y evitar nuevos hechos de vulnerabilidad. Dicha vinculación, debería implementarse y llevarse a cabo, bajo la estricta supervisión del Servicio Local interviniente". Con fecha 2 de noviembre de 2020 el Servicio Local informa que no se encuentran realizando la vinculación entre S. y su abuelo paterno incorporando a autos un nuevo informe con fecha 3 de noviembre donde refiere que de la entrevista con el Sr.
G. D. en relación a los cuidados actuales del nieto con el cual convive -J. I.-, "refiere cuestiones contradictorias: como por ejemplo que el niño permanece bajo su cuidado diariamente, la mayor parte del tiempo, siendo que ello se contradice con el tiempo que manifiesta estar trabajando en el taller. En relación a esto dice recibir la ayuda de una familiar de quien no posee medio de contacto para facilitarnos. En relación a la progenitora de los niños, C. A., relata que suele concurrir al domicilio para visitarlo, pues aún mantiene vínculo con H. J.. No obstante, no tiene información alguna de su lugar de residencia... Siendo que el Sr H. no pudo detallar cabalmente acerca de los cuidados que actualmente realiza de su nieto J.
I. y se niega a facilitarnos el contacto de la Sra. de quién recibiría ayuda ya que eso nos informaría acerca de la posibilidad de que también se ocupe de los cuidados de S., el 23/10/2020 se procedió a realizar una visita domiciliaria.
Dicha visita tuvo como objetivo poder contar con elementos para evaluar las condiciones de cuidado en las que vive J. I. y con esa información poder contar con elementos concretos acerca de la capacidad del Sr G. para alojar a su nieto más pequeño. Al llegar al hogar se pudo observar que se trata de una vivienda en edificación, con piso de tierra, que no cuenta con terminaciones como revoque y pintura en su parte exterior, rodeada en la entrada por distintos vehículos automotores en distintos estados de deterioro y algunos residuos. En un primer momento, mientras el Sr G. nos recibe del otro lado de una reja de hierro, se realiza un intercambio, sin ingresar a la finca, en donde se le informa que el motivo de la visita es poder obtener información en cuanto a las condiciones de crianza de su nieto y se lo notifica de la audiencia el 12/11/2020. Luego de ello, el Sr G. solicita unos minutos con el objetivo de poner en condiciones el lugar para recibirnos de manera adecuada y se retira al interior. Unos minutos más tarde, se acerca nuevamente para comunicarnos que su mujer, Sra. A. L., fue diagnosticada como portadora de Covid-19 por lo que niega el ingreso debido a que se encontrarían en aislamiento hasta el 21/11/2020. Cuando se le repregunta acerca de las condiciones de cuidado, presenta una descripción en extremo sucinta y solo pone énfasis en la continuidad escolar de I. a través de internet. Agrega que recibe la ayuda de un vecino a ese respecto y expone que él solo podría hacerse cargo de ambos, J. I. y S., sin ayuda de terceros, sin dar mayores explicaciones al respecto".
Así es que concluyen que "a la fecha no se revirtieron las causales que llevaron a la adopción de la medida. Siendo que a partir de la solicitud del Juzgado se intentó reevaluar al Sr H. G. D. como referente y que de ese trabajo no pudieron surgir los elementos necesarios debido al retaceo de información de dicho referente, este Servicio ratifica lo evaluado en el informe PER del 22/06/2020 en relación a la solicitud de una declaración de Estado de Adoptabilidad". Con fecha 12 de noviembre de 2020 se lleva a cabo una audiencia con todos los efectores intervinientes en el caso de autos: Sra. Jueza y equipo técnico, Asesoría, Servicio Local, Servicio Zonal, Hogares Belén y el Sr. G. D. con su defensor oficial, de donde se obtiene que este último manifiesta que no hay elementos concluyentes para poder resolver en relación al niño mencionado, argumentando en favor del pedido de guarda, el Asesor de Incapaces manifiesta que se debe producir un informe final sobre las posibilidades con las que cuenta el abuelo paterno del niño para hacerse responsable de su cuidado, poniendo de resalto que tiene otros menores bajo su custodia y el representante del Servicio Zonal se mantiene en el pedido de declaración de la situación de adoptabilidad del menor. Por ello resuelve articular con el Servicio Local de Moreno a fin de que aporten todo otro dato que posean de la intervención que hubieren tomado al respecto y ante la inexistencia de certeros elementos en relación al cuidado que puede brindar el abuelo paterno al niño se expidan en forma concluyente en relación a tal circunstancia.
Cabe referir que no se logró articulación alguna con el Servicio Local de Moreno, recomendando este la intervención del Juzgado donde tramitaría la guarda del niño S. (ver informes de fecha 26 de noviembre y 1 de diciembre de 2020).
Una nueva audiencia con los efectores intervinientes y el Sr. G. D. con su defensor oficial el día 3 de diciembre de 2020, de donde se obtiene que la Asesora solicita la realización urgente y absolutamente necesaria de un informe concluyente por parte del Equipo Técnico del Juzgado acerca de las posibilidades con las que cuenta el abuelo paterno del niño S. G. para hacerse responsable de su cuidado, poniendo de resalto que tiene otros menores bajo su custodia, informando el defensor del que el progenitor de S. se ha mudado de domicilio encontrándose viviendo en La Reja.
Y en esa misma fecha -3 de diciembre de 2020- el Servicio Local y Zonal de Morón agregan un informe contundente al respecto, describiendo el proceso de intervención con la familia y sus conclusiones: "Las primeras intervenciones con los progenitores surgen con el nacimiento del niño S. posterior al imputamiento por intento de asesinato del niño N. B. A.. En cuanto al niño J. I. G., el mayor de los tres hermanos, convive con su abuelo paterno Sr. H. G. D., hasta el presente no se ha podido constatar la existencia de una figura legal que avale dicha convivencia, así como tampoco la intervención de algún Organismo administrativo o judicial que haya incidido en esa decisión. De los testimonios recogidos, la misma se presentaría como una situación de hecho. Con fecha 24/04/2019 se arbitra una Medida de Protección Especial de Derechos, por lo cual el niño S. G. A. ingresa al programa “Familias Solidarias-Familias de Belén” dicha situación acontece luego de recibir informes médicos que dan cuenta de una caída de la cuna, y de recibir las denuncias realizadas por la Sra. I. A. que dan cuenta de las situaciones de violencia entre los progenitores y la falta de cuidados integrales hacia el niño S.. Sumado a los antecedentes graves por violencia registrados hacia el niño N..
...En las sucesivas entrevistas el Sr. H. G., si bien planteaba que poseía la guarda de J. I. no pudo brindar documentación respaldatoria como así también se mostró reticente a brindar detalles de la crianza y cuidados que propiciaba hacía su nieto Juan. Sumado a ello, en relación a S., tampoco se pudo recabar información acerca de cómo planeaba llevar adelante el cuidado de un bebé.
En cuanto a los progenitores, debido a distintas dificultades, no se ha podido generar acuerdos en pos de la restitución de sus hijos. Al finalizar el tiempo de la medida de abrigo, el SL solicita una extensión de los plazos a efectos de continuar con el abordaje del grupo familiar, informando a VS que se presentaron inconvenientes con el intérprete de señas y la dificultad para contactar a la familia. Según información brindada por los vecinos, para ese momento, ambos progenitores se encontraban viviendo en el partido de Moreno. Con fecha 22/06/2020 se solicita se declare el estado de adoptabilidad del niño S. G. A.. Dicha petición se basa en la falta de compromiso de los progenitores para abordar las situaciones que dieron origen a la medida de abrigo. Penalmente, fueron declarados inimputables por las lesiones infringidas a su hijo N., lo cual supondría también una seria restricción en su capacidad para ahijar a sus hijos. En cuanto a la familia ampliada la Sra. M. A. y el Sr. C. F., actuales guardadores del niño N. se niegan a sostener el cuidado de S., sin hallar a la fecha otro referente disponible. La única persona que ha solicitado el cuidado personal del niño S. ha sido el Sr. H. G.. Sin embargo, ha demostrado escasa predisposición con el órgano administrativo en las sucesivas entrevistas mantenidas. Como conclusiones de esas entrevistas, se descarta en ese momento la posibilidad de que el Sr G. H., estuviese apto para ejercer los cuidados. En primer lugar, se llega a esa conclusión ya que presenta información escasa y difusa en cuanto a su organización familiar y acerca de quién lo ayudaría efectivamente con la crianza de J. I.. Es decir: qué familiares, vecinos o allegados colaboraban con el cuidado de su nieto en ese momento y eventualmente pudieran hacerlo con S.. Todo ello teniendo en cuenta que este último es un niño pequeño, con mayor dependencia y necesidad de cuidados respecto al niño que ya tiene a su cargo. Por otra parte, en relación a la posibilidad de ayuda que podría recibir de su mujer, la Sra. A. L., en ese momento, destacó que esta última no tenía un domicilio fijo sino que alternaba entre los domicilios de ambos, por lo que no queda claro si podría contar con su colaboración de manera fija, ni si el niño alternaba o no su centro de vida.
Luego, en relación a la evaluación solicitada por el Juzgado, el día 16/09/2020 en sede de este Servicio Local se realiza una nueva entrevista con el Sr G. D., en donde informa que continúa viviendo en el domicilio de la calle Chacabuco 1441, y que su grupo familiar conviviente se encuentra conformado por sus hijos H. J., A. y su nieto J. I.. En relación la Sra. L. informa que trabaja al cuidado de una persona la mayor parte de la semana con excepción de tres días de descanso, siendo que no se podría contar con su ayuda en el cuidado de su nieto.
Nuevamente quedan plasmadas cuestiones contradictorias:
como por ejemplo que el niño permanece bajo su cuidado diariamente, la mayor parte del tiempo, siendo que ello se contradice con el tiempo que manifiesta estar trabajando en el taller. O bien no queda claro cuál sería el centro de vida de la Sra L. siendo que trabaja al cuidado de una persona o si, como había surgido en entrevistas anteriores, continúa teniendo un domicilio propio en el que convive con sus propios hijos de un matrimonio anterior.
... el SL de Morón se apersona el día 23/10/2020 en el domicilio sito en: Chacabuco 144 1, a efectos de tomar contacto con el grupo familiar allí residente. En dicha situación, si bien en un primer momento se mantuvo un intercambio, finalmente no se permitió el ingreso a la vivienda, en una situación confusa. Es decir, en un primer momento se nos solicita un momento para acomodar su casa en función de la visita inesperada para luego negarnos el acceso debido a que l a Sra A. L. había sido diagnosticada como portadora de Covid-19 por lo que el grupo familiar se encontraría aislado durante alrededor de un mes hasta el 21/11/2020 siendo que no corresponde un tiempo de aislamiento tan prologado en este tipo de casos. A pesar de ello, en la entrevista que se prosiguió desde el umbral de su casa el Sr G. nuevamente no logra dar cuenta sobre cómo desarrollaría los futuros cuidados de S.. Con respecto a J. I. expone que él solo podría hacerse cargo de los niños, sin ayuda de terceros y no da mayores explicaciones al respecto"
Así es que tanto el Servicio Local de Morón como el Servicio Zonal de Morón concluyen: "...solicitamos se declare el estado de adoptabilidad del niño S. G. A., en tanto no se han revertido las causales que motivaron su disposición. Hasta la fecha no se ha podido relevar el cuidado propiciado al niño J. I., por parte de su abuelo el Sr. G., así como las personas que efectivamente se ocupan del mismo. Si bien el Sr. G. expresa mostrarse dispuesto a que se le realice un amplio diagnóstico de interacción familiar, en todas las oportunidades que se lo entrevista brinda información escasa y escueta, evade las cuestiones referidas a su red familiar o afectiva ampliada, las cuales resultan de suma importancia para acompañar la crianza, especialmente al tratarse de un niño pequeño. En ocasión de realizar una visita al domicilio niega el ingreso al equipo de profesionales.
II-. ...resulta llamativo que el progenitor -quien ha sido sospechado de las lesiones causadas al niño N.- continúe residiendo en el mismo domicilio, manteniendo un vínculo cotidiano. El Sr. G. no pareciera problematizar ni tomar conciencia de la gravedad de los hechos denunciados y de las consecuencias que esto ha generado en el normal desarrollo de sus nietos. En cuanto a la progenitora también concurre al domicilio. Consta durante el recorrido de toda la intervención, y así ha quedado asentado en el expte, la relación de violencia que prevalece entre ambos adultos, así como para con sus hijos. Es decir que, la presencia de los padres en el lugar donde se desarrollaría la cotidianidad de S. lo expondría a situaciones de violencia. Es necesario que los profesionales le señalen al Sr. G. lo precedentemente expuesto, ante lo cual argumenta que su hijo podría retirarse del predio, cuestión que aún no se ha constatado.
III-. Si bien la familia cuenta con un espacio de residencia propio, el mismo no cuenta con las condiciones adecuadas y necesarias para el cuidado de un niño pequeño, que se encuentra en plena etapa de deambulador, con lo cual el hecho de la acumulación de residuos no sería el ambiente más adecuado para la continuidad de su desarrollo. Sumado a que no se ha mantenido ningún tipo de contacto con referentes familiares o afectivos que puedan colaborar con el cuidado efectivo de un niño pequeño que demanda atención constante. IV-. La actitud poco colaboradora del Sr. H. G. nos lleva a inferir que no cuenta con la idoneidad necesaria para llevar adelante el cuidado del niño S., ya que hasta el presente no ha aportado información fehaciente en cuanto a las personas que cooperarían en su vida cotidiana y en la de su nieto J. I., concluyendo que efectivamente no contaría con referentes que lo puedan apoyar en el cuidado y responsabilidad que requiere el cuidado de dos niños pequeños". El Sr. G. D. se manifiesta en desacuerdo con dicho informe -11 de diciembre de 2020- alegando que el Servicio Local nunca inició la vinculación, que no se pudo realizar la entrevista en su domicilio por presentar su esposa síntomas de covid, que no planearon otra visita, que su hijo se mudó, que la Sra. A. no tiene contacto con J. I., que cualquier familia que trabaja adecúa sus tiempos, solicitando finalmente se rechace el estado de adoptabilidad.
Y con fecha 14 de diciembre de 2020 el equipo técnico del Juzgado de origen (peritos psiquiatra, psicóloga y trabajadora social), conforme lo estipulado en la audiencia de fecha 12 de diciembre, entrevista en la sede al Sr. G. D. concluyen que "... Al momento de la entrevista en el día de la fecha, se observa que las sugerencias realizadas en las dos audiencias celebradas en forma telemática en presencia de V.S., el Asesor de Menores, Servicio Local y Zonal, Defensoría y el Sr. G. H., continúan sin cumplimentarse por parte de este último, siendo confuso el contexto familiar en el cual sería acogido S..
El entrevistado refiere no contar con familia ampliada y/o referentes adultos significativos que pueden colaborar directa o indirectamente con los cuidados que implica el niño de marras.
Sin perjuicio de lo arriba expuesto, se advierte en el nivel discursivo del entrevistado, escasez de recursos cognitivos e inconsistencia en las estrategias planteadas para el cuidado del niño". Posteriormente, en el marco del cumplimiento de la audiencia del art. 609 del CCyCN, la Defensoría Oficial que acompañaba a la Sra. A. y el Servicio Local de Morón, expresan que han perdido contacto con ella, que no logran notificarla y que tampoco se ha presentado nuevamente ante ambas oficinas (ver presentaciones de fecha 1, 11, 20 y 26 de febrero de 2021), procediendo a librar los respectivos edictos (ver 26 y 31 de mayo, 1 de junio) para finalmente ser declara ausente y dar intervención a la UFD N° 2 Dptal (ver 11 y 23 de junio de 2021).
Respecto del progenitor de S., ante las infructuosas notificaciones al mismo, con fecha 31 de marzo de 2021 el Equipo Técnico informa que se comunicó con el abuelo paterno quien se comprometió a acompañar al Sr. G. a la sede del Juzgado para que se notifique de la audiencia, no logrando su cometido e informando en la audiencia del día 7 de abril de 2021 que por cuestiones laborales se mudará -el Sr. G. D.- con su grupo familiar conviviente a Paraguay por el término de un año.
Finalmente, el día 19 de abril de 2021 se presenta el Sr. G.
-progenitor de S.-, acompañado de la Sra. De C., intérprete de lenguajes de señas. El acta refiere que se lo notifica de todo lo actuado, que se le explica la situación de su hijo, se le entrega copia de la resolución donde se dictó la legalidad de la medida y del informe del Servicio donde solicita el estado de adoptabilidad. El Sr. G. expresa que "no quiere que se entregue en adopción el menor, que quiere verlo". Que la relación con la progenitora era muy conflictiva pero que hoy se encuentra mejor y trabajando. Además deja datos de contacto de la hermana G. G....". En formato papel -fs. 311- se incorpora una segunda acta de la misma fecha donde el Sr. H. J. G. expresa que no es el padre de N. conforme un estudio de ADN oportunamente realizado, se le hace saber el estado del proceso y si en caso de querer presentarse en autos deberá hacerlo con patrocinio letrado.
Nuevamente, con fecha 5 de mayo de 2021, se realiza una audiencia con el Sr. H. J. G., acompañado de su intérprete, en presencia de la Sra. Jueza de grado, funcionarias y la Sra. Asesora, en los términos del art. 609 del CCC poniéndolo en conocimiento de la solicitud de declaración de situación de adoptabilidad. En ese mismo marco es entrevistado por las peritos psicólogas y trabajadora social del equipo técnico del Juzgado, quienes concluyen que "La entrevista realizada se desarrolló con notable dificultad, observando que el Sr. G. no comprendía algunas señas de su intérprete ni el sentido de algunas preguntas formuladas por quienes suscriben. Se infiere que el Sr. G. presentaría, a la fecha, cierta estabilidad laboral, no habiendo podido determinar si su inclusión en la dinámica industrial contempla alguna dificultad intelectual por parte del mismo. Respecto a su estabilidad afectiva, se infiere que la convivencia con su actual pareja es reciente; que B. no estaría disponible en los momentos en los cuales visite a su hija, en Neuquén; que el Sr. G. no contaría con un entorno familiar continente para el cuidado de su hijo S. durante su extenso horario laboral. Se observa que las referencias a lo ocurrido con el niño A. B. N. se realizan en todo momento en términos de "el accidente" (sic), infiriendo que el Sr. G. habría comprendido lo sucedido en dichos términos, sin conciencia de su responsabilidad ni implicación personal en los hechos (sí aclara que no era su hijo)".
Cabe destacar del contenido de dicha entrevista que el Sr. G.
manifestó que "...Refiere que no tiene contacto con la madre de sus hijos, quien insiste en recomponer su relación de pareja con él; que tiene contacto con su hijo J. I., de 6 años de edad, por videollamada, ya que su progenitor no le permite el contacto presencial con el mismo; que, con posterioridad a los hechos que dieran lugar al proceso penal, tomó conocimiento, análisis de A.D.N. mediante, de que el niño A. B. N. no es su hijo, que no tiene contacto con el mismo; que no ve a su hijo S., nacido el 10/8/2018, desde marzo de 2019, cuando el Servicio Local decidió entregarlo a una familia guardadora (aclara que ni él ni la progenitora del niño entendieron inicialmente que ésta sería la medida adoptada). Manifiesta su deseo de cuidar de su hijo S.. Interrogado sobre la probable organización familiar para ello, refiere que su pareja B. lo cuidaría durante su horario laboral".
Mientras todo esto sucede, se reciben en autos informes del niño S. en cuanto a su estado de salud, refiriendo los mismos que el pequeño padece un severo trastorno conductal (hiperactivo e impulsivo) con tratamiento psicofarmacológico y que ha modificado su lugar de residencia pues ha cambiado de familia abrigadora (ver 12 y 21 de abril, 11 de mayo y 9 de junio de 2021).
El día 16 de junio de 2021 se informa sobre una comunicación con la nueva familia abrigadora donde se obtiene que "...Requerida acerca de la situación actual del niño S. J. G. A. manifesta que el pequeño se adaptó rápidamente a su familia; tiene mucho carácter, queriendo siempre hacer su voluntad, es hablador, muy inteligente, dice números en inglés, conoce las vocales e interactúa armónicamente con el hijo de la dicente de 20 años de edad. Continua con la medicación que le indicara el neurólogo y pudo dejar rápidamente los pañales. Su llegada a la familia ha cambiado el clima de la casa, es un niño que brinda muchísimo amor, que necesita límites y llaman la atención sus palabras dada su corta edad, "contesta como un adulto; habla todo el dia".
Con fecha 30 de junio de 2021 se realiza la audiencia del art. 12 tomando contacto la Sra. Jueza de grado con el niño, dejando sentado que "se encuentra feliz y contenido".
Con toda esta información llega el dictamen final de la Sra. Asesora interviniente, a cuyo detallado y claro dictamen es importante remitirse. No obstante ello quiero destacar que en el mismo refiere que "...A pesar de lo actuado en la problemática por todos los efectores, se han reiterado por parte de los progenitores sus conductas irresponsables exponiendo a sus hijos a situaciones de peligro, maltrato y abandono...." y "...que durante el transcurso del abrigo no han podido superarse las problemáticas que dieron origen a las medidas adoptadas, pero es importante resaltar que la voluntad de asumir el cuidado del menor expresada oportunamente por parte del abuelo paterno del mismo, Sr. H. G., ha generado que se excedan los plazos establecidos para la medida de protección excepcional, toda vez que la posibilidad de representación y cuidado por parte del Sr. H. G. podía resultar beneficiosa para el niño, teniendo en consideración su vínculo familiar y que el mismo ya se encontraba a cargo de otro hermano del menor de autos. Sin embargo, luego de las distintas evaluaciones realizadas (informe socio-ambiental, evaluaciones psicológicas y audiencias ante V.S, con presencia de esta Asesoría y los organismos intervinientes en la problemática)", los equipos técnicos del Juzgado y del Servicio Local concluyeron que no estaba apto para ejercer su cuidado.
Por ello, la Sra. Asesora, en miras principalmente a atender al interés superior del niño, siendo imperioso que reciba los cuidados que sólo una familia puede brindarle, solicita se declare la situación de adoptabilidad del menor S. G. A. (ver dictamen de fecha 30 de junio de 2021). En este estado de actuaciones se dicta la sentencia (2 de julio de 2021) que llega cuestionada a esta instancia.
Con fecha 14 de octubre se ordena la vinculación del niño con los postulantes elegidos y con fecha 25 de noviembre se dicta la sentencia de guarda correspondiente, cuestión que tramita en los autos formados a sus efectos.
3. El presente legajo de apelación:
Se inicia el presente legajo para el tratamiento de los recursos de apelación interpuestos -4 de noviembre de 2021-, en donde hay actuaciones que debo traer también a los fines de resolver la cuestión en estudio. Durante su estudio se advierte la dificultosa tramitación respecto de la notificación de la sentencia al Sr. H. J. G. -progenitor del niño- y la preservación de su derecho a la doble instancia -a pesar de la frustrada intervención de la Dra. Baioni con fecha 10 de julio y su desistimiento de representarlo de fecha 28 de octubre), por lo que la cuestión se resuelve con el dictado del interlocutorio de fecha 9 de diciembre de 2021 de esta Sala II y la audiencia realizada en primera instancia con fecha 20 de diciembre donde se notificó fehacientemente al mismo, apelando también la resolución ya cuestionada por el abuelo paterno y contando con el patrocinio letrado de la Sra. Defensora Dra. Kaul (ver 27 de diciembre de 2021).
Ello superado, con fecha 19 de abril y 31 de mayo de 2022, dispusimos desde esta Sala II algunas medidas previo a resolver la cuestión. Así es como con fecha 10 de mayo de 2022 se agregan en autos las constancias de la tramitación de los autos sobre guarda que iniciara el Sr. G. D. respecto del pequeño J. I. en el Departamento Judicial de Moreno, con el patrocinio letrado de la Dra. Bazet. De su lectura surge que dicha causa se inició con fecha 17 de diciembre de 2020 siendo paralizada en enero de 2022 atento la inexistencia de movimientos procesales. Además, obtengo que no se ha producido ningún informe respecto de la situación del niño J. I. y que de la constancia de fecha 9 de mayo de 2019 allí incorporada, el pequeño se encontraba en lista de espera para ingresar al Jardín de Infantes N°957 de Moreno.
Con fecha 15 de junio de 2022 se realiza finalmente el informe socioambiental en el domicilio del Sr. H. J. G., donde la perito trabajadora social del Juzgado de Origen requirió, en todo momento, del trabajo de la Lic. Remón, quien actuó como intérprete mediante el lenguaje de señas. La perito considera que "...se infiere que se trataría de un hogar nuclear, conformado por el Sr. G. H., la Sra. C. B. y el niño de cinco meses G. C. T.. De lo trabajado y observado en la entrevista, se infiere que el grupo familiar conviviente cuenta con recursos económicos y situación habitacional precaria. Asimismo surge del relato del Sr. G. respecto a la rutina diaria del hogar que , dado el horario laboral que posee , permanece la mayor parte del día fuera del domicilio, mientras que la Sra. C. se ocupa del mantenimiento del hogar y cuidado del niño".
Luego, haciendo un raconto de las distintas evaluaciones de autos, infiere que "...de lo trabajado durante la entrevista que, lo expuesto por el Sr. G., darían cuenta que, a la fecha, no contempla el tenor de los hechos que dieron origen a este expediente, responsabilizando a la Sra. A. C. por lo ocurrido. Actualmente, el Sr. G. H. refiere que se encontraría acompañado y apoyado en la figura de la Sra. C. B. y su grupo familiar de origen, el cual residiría en la Pcia. de Neuquén y no estarían presentes en lo cotidiano al momento de la presente entrevista, con quienes proyectaría una vida en conjunto, en la Provincia de Neuquén, situación que, en tal caso, escapa a las posibilidades de evaluación de dicho entorno familiar por esta perito". Nuevamente en esta Sala II, se lleva a cabo la audiencia de fecha 20 de septiembre de 2022 donde los Sres. Camaristas toman contacto personal con el niño S., causante de autos y procediendo a reanudar el llamado de autos que fuera suspendido anteriormente.
III. Solución propuesta:
1. Cuestiones Preliminares:
a) Planteo de nulidad procesal y de nulidad de la sentencia:
Ambos recurrentes plantean las nulidades referidas, por ello cabe recordar que la nulidad contemplada por el art. 253 del CPCC (es decir, la que llega subsumida en el recurso de apelación) es la nulidad por defectos de construcción del fallo en si mismo.
Mientras que los eventuales vicios anteriores deben remediarse en la instancia en que se produjeron y por conducto del respectivo incidente de nulidad.
Decíamos al respecto que "el recurso de nulidad -que se encuentra subsumido en el de apelación- de la sentencia sólo deviene admisible cuando existen defectos en la forma del pronunciamiento y/o en las solemnidades prescriptas para el dictado de aquel (arg. artículos 253, 160, 163 y concordantes del Código Procesal, SCBA, Acuerdos 90.402, entre muchos otros, De los Santos, Mabel A. "Recurso de Nulidad", en la obra colectiva "Recursos Judiciales", editorial Ediar, Bs. As. 1993, pag. 116 y ss.). De modo que las irregularidades que hubieren acaecido con anterioridad a la sentencia (...) tienen como cauce específico para su corrección el incidente de nulidad y no el recurso de apelación" (causa 64808 R.S. 64/16).- De la lectura del planteo de nulidad realizado en su memorial de agravios por el Sr. H. E. G. D. -abuelo paterno-, surge que el mismo ataca en forma general actos de audiencias y de notificaciones que se han producido durante el desarrollo del proceso, actos que debieron ser cuestionados ante la Sra. Jueza de grado en el tiempo procesal oportuno conforme nuestro ordenamiento procesal, no siendo el recurso de apelación la oportunidad -como dije más arriba-, para realizar planteos de nulidades procesales previas a la decisión apelada.
Asimismo, cuando expone la nulidad absoluta del decisorio en cuestión, no puntualiza en ningún elemento de los descriptos para considerar viable el planteo, sino que refiere que la sentenciante no ha considerado el informe de ADAJUS que ha sido agregado en el marco de la tramitación de la causa penal, cuestión que se enmarca en el art. 384 del CPCC pues la sentenciante no está obligada a tomar todas las pruebas producidas en autos sino las que formen su cabal convicción en el asunto. No obstante ello surge de la detenida lectura de la sentencia de autos que en su tercera página se hace mención al informe referido por el recurrente.
Asimismo, no puedo soslayar, que el Sr. G. D. -abuelo paterno-, realiza planteos en "nombre de su hijo", suplantando su interés -como lo expone el mismo Sr. G. D. en su memorial de agravios-, haciéndolo claramente en este planteo de nulidad pues los actos que refiere y el informe de ADAJUS involucran a su hijo y no a su persona.
Es más, es su mismo hijo quien refiere en su memorial de agravios que ha visto vulnerados sus derechos por su padre pues nunca pudo comunicarse con él por lenguaje de señas, que tiene en su poder su certificado de discapacidad y que lo ha sustituido en el reclamo por su hijos (ver memorial de agravios del Sr. H. J. G.).
En segundo lugar, respecto del planteo de nulidad de la sentencia que presenta el Sr. G. -progenitor del niño-, el mismo hace mención a la falta de la consideración de su discapacidad en el proceso y a que no se respetó la regla del patrocinio jurídico.
Claramente dichas cuestiones tampoco se configuran como determinantes para la declaración de la nulidad de la sentencia, y en todo caso, deberían haberse planteado ante la setenciante de origen -y por vía incidental- pues hacen al trámite allí llevado adelante.
Así es como el pedido de nulidad de sentencia deviene inatendible pues los recurrentes no plantean en autos elemento alguno que amerite semejante declaración.
Asimismo, no siendo esta Alzada el ámbito de reclamo para el planteo de nulidades procesales de actos que fueron llevados a cabo en primera instancia, su planteo tampoco resulta atendible.
Por todo ello, se rechazan los planteos realizados.
No obstante ello, atento el tenor de los mismos y los derechos especiales que involucran, he de dejar sentado que no comparto la postura de los recurrentes al respecto.
Sabido es que "...XV) Con la sanción de la Ley N° 26.378 la Argentina ha ratificado la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, quedando incorporado dicho tratado dentro del entramado constitucional y legal de nuestro país (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional).-
XVI. Expresa Bulit Goñi que "...uno de los elementos más destacados de esta Convención es que a diferencia de otros instrumentos internacionales en la materia, se expide en forma concreta, clara, precisa y explícita sobre una variedad de conceptos y principios generales, y que frente a diversas opciones que hoy están en el "menú" de acciones en beneficio de las personas con discapacidad nos da indicaciones contundentes sobre cuáles son las mejores para alcanzar y realizar aquellos conceptos y principios... (Bulit Goñi, Luis G., "el proceso judicial de incapacidad y de inhabilitación y los derechos humanos. deudas pendientes y necesidades urgentes; pub en E.D. del 1º/10/2008, pág. 1).-
XVII. La Convención se estructura en base a dos ejes centrales:
1. El reconocimiento del ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad; 2.- la implementación de mecanismos de apoyo, salvaguardas y ajustes razonable, tendientes a que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica -y por ende sus derechos- en iguales condiciones que los demás.-
XVIII. El artículo 2º de la ley citada explicita que el alcance de estas medidas, al disponer que "...Por "ajustes razonables" se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales...".
XIX. Sumado a lo dicho, debo destacar que en el caso especial del tratamiento de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad, la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 12: Igual reconocimiento como persona ante la ley, en lo que nos resulta relevante para el supuesto de autos, que: "...4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el Derecho Internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona... Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas..." (C. Civ. y Com. Mar del Plata, sala 3ª, 5/10/2011, "C., P. A. S/ Insania", publicado en elDial.com, del 17/10/2011).
Y en ese marco, resulta oportuno destacar que las 100 Reglas de Brasilia establecen tienen como objetivo (regla nro. 1) garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, estableciendo en su regla nro. 32 que "... Se garantizará la asistencia gratuita de una persona intérprete o traductora, cuando quien hubiese de ser interrogada o debiera prestar alguna declaración incluso como testigo, o cuando fuese preciso darle a conocer personalmente alguna resolución o documento, no conozca, no hable o no entienda el idioma utilizado en la actuación judicial respectiva...".
Ello de la mano de la regla nro. 28 que expresa: "Se constata la relevancia del asesoramiento técnico-jurídico para la efectividad de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad: a) En el ámbito de la asistencia legal, es decir, la consulta jurídica sobre toda cuestión susceptible de afectar a los derechos o intereses legítimos de la persona en condición de vulnerabilidad, sin retrasos innecesarios e incluso cuando aún no se ha iniciado un proceso judicial; b) En el ámbito de la defensa, para defender derechos en el proceso ante todas las jurisdicciones y en todas las instancias judiciales y, en su caso, condiciones en las que pueda obtenerse gratuitamente;...".
En este encuadre jurídico entiendo que en autos se han tomado las medidas necesarias desde la actuación administrativa como desde la judicial para realizar los ajustes necesarios a la condición no solo del recurrente Sr. G. sino de la Sra. A. también.
Así podemos ver que de los informes provenientes del Servicio Local interviniente surge la intervención de una intérprete de lenguaje de señas, de la actuación en sede penal la intervención de ADAJUS con un equipo de profesionales especializados (abogado, trabajador social e intérprete) que luego continuaron su intervención en sede civil.
Asimismo, a pesar de haber tenido inconvenientes con dicho organismo, el Juzgado de origen tramitó la participación de otra persona que interpretara el lenguaje de señas para luego volver a tomar contacto con ADAJUS por indicación de esta Sala II al notificar la resolución que declaró el estado de adoptabilidad de S. y el informe socioambiental realizado en el domicilio del Sr. G..
Asimismo, respecto de su asistencia letrada, surge con claridad desde el primer momento en que se presentó el Sr. H. J. G. en autos que le fue indicado desde el Juzgado de origen la importancia de presentarse en autos con patrocinio, es más, desde esta Sala II también se indicó ello en la resolución de fecha 9 de diciembre de 2021, habiendo procurado el Juzgado de Origen la designación de la Sra. Defensora Oficial, Dra. Kaul para patrocinar al Sr. G., quien lo seguirá acompañando en la tramitación del recurso en estudio.
Es más, si nos remontamos a la presentación en autos de fecha 10 de julio de 2021, surge que allí el recurrente se había presentado con patrocinio letrado particular, Dra. Baioni, quien luego renuncia a su patrocinio por las dificultades en la comunicación (ver presentación de fecha 28 de octubre de 2021).
Es decir, que los derechos de asistencia jurídica y acceso a la justicia por su estado de vulnerabilidad debido a su hipoacucia, se encontraron protegidos desde el momento en que se presentó en autos, considerando que ello recién se produce con fecha 19 de abril de 2021. Puntualmente, respecto de la audiencia del art. 609, la misma se realizó en dos oportunidades (19 de abril y 5 de mayo de 2021), dejando constancia concretamente en cada acta que el recurrente se opone a la declaración del estado de adoptabilidad del niño S., cumpliendo el objetivo concreto de dicha audiencia que es la entrevista personal con la Sra. Jueza, no expresando el artículo la obligatoriedad de asistencia letrada en ese acto.
Es así que los planteos realizados por los recurrentes aquí tratados, no merecen acogida alguna.
b) Ofrecimiento de prueba:
Cabe recordar que el art. 270 del CPCC concretamente establece que "... Apelación en relación... No se admitirá la apertura a prueba ni la alegación de hechos nuevos", por lo tanto el ofrecimiento de prueba realizado por el Sr. G. D. en su memorial de agravios no puede ser admitido siendo que el recurso en tratamiento ha sido concedido en relación. Por lo demás, y atento lo que se analiza a continuación, este tribunal estima inconducente -a esta altura- la producción de las pruebas que sugiere.
Ello sentado, corresponde adentrarnos en la decisión final.
2. El estado de adoptabilidad:
La declaración judicial del estado de adoptabilidad es un proceso judicial cuyo objetivo consiste en definir si un niño se encuentra, efectivamente, en condiciones para ser dado en adopción, o que la satisfacción del derecho a vivir en familia se verá efectivizada si el niño/a se inserta en otro grupo familiar que el de origen.-
La declaración judicial de la situación de adoptabilidad es el proceso que, a modo de puente, permite correr el eje de intervención centrado en la familia de origen o ampliada por imperativo del derecho a que el niño/a permanecerá con ellos, a la familia adoptiva.
Es un proceso en el que la familia de origen o ampliada -según el caso- ejerce de manera plena el derecho de defensa en juicio, derecho constitucional muy comprometido hasta la reforma del actual Código Civil y Comercial de la Nación pero que la doctrina y jurisprudencia han puesto en crisis en varias oportunidades, incluso repudiada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el renombrado caso "Fornerón C/ Argentina" del 27 de abril de 2012, surgiendo así con la referida reforma un proceso judicial de declaración de situación de adoptabilidad con reglas propias, en el que la familia de origen tiene plena participación (arts. 607 del CCyCN, "Código Civil y Comercial de la Nación -Comentado-", Dr. Ricrado L. Lorenzetti, Tomo IV, págs. 84 y sgtes., autora Marisa Herrera).
Dicho derecho de defensa en un proceso judicial de esta índole permite a la familia de origen del niño, niña o adolescente (NNA) utilizar todas las herramientas que considere necesarias conforme a su objetivo, sea conservar al NNA en su seno familiar o permitir que los menores encuentren otra familia que los cobije.-
No obstante el carácter constitucional del derecho de defensa referido (art. 15 Const. Provincia de Buenos Aires), su ejercicio debe ser balanceado con los principios generales del derecho de familia, expuestos en el art. 706 del CCyCN.-
Y al respecto he de referir que "En materia de procesos de familia, el nuevo Código consagra una tutela efectiva y diferenciada con base en un modelo de justicia de acompañamiento (Rosales Cuello, Ramiro y Marino, Tomás; "Las normas procesales en el nuevo Código Civil y Comercial", publicado en SJA 2014/11/26-3; JA 2014, IV).
El art. 706 del Código Civil y Comercial pone de resalto una serie de principios rectores que deben aplicarse en los procesos de familia.
Entre ellos se destaca el deber de respetar el principio de tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia, especialmente en los casos en que -como en la especie- intervienen personas vulnerables (art. cit. inc. a). Se completa el cuadro de principios generales aplicables con otras directivas: el principio de inmediación, la buena fe y lealtad procesal, la oficiosidad en la labor jurisdiccional, la preeminencia de la oralidad, el acceso limitado al expediente, la facilitación de la resolución pacífica de los conflictos, la especialización que deben tener los jueces del fuero, la posibilidad de contar con apoyo multidisciplinario, y la necesidad de tener en cuenta el interés y bienestar de la persona en cuyo interés se realiza el proceso.
Cabe recordar que la tutela judicial efectiva se encuentra reconocida en los arts. 8º y 25 de la CADH (Pacto de San José de Costa Rica), y comprende la garantía de acceso a la justicia y se complementa con los principios de concentración y celeridad, que derivan del principio de economía procesal (Bertoldi de Fourcade, María V. y Ferreyra de De la Rúa, Angelina, "Régimen Procesal del Fuero de Familia", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1999, p. 42)- El paso del tiempo es un elemento fundamental en la vida de los niños, niñas y adolescentes.-
Dijo la Corte Interamericana en “Forneron” (CIDH, “Fornerón e Hija Vs. Argentina”, sentencia del 27/4/2012) que “esta Corte también ha sostenido que en vista de la importancia de los intereses en cuestión, los procedimientos administrativos y judiciales que conciernen la protección de los derechos humanos de personas menores de edad, particularmente aquellos procesos judiciales relacionados con la adopción, la guarda y la custodia de niños y niñas que se encuentra en su primera infancia, deben ser manejados con una diligencia y celeridad excepcionales por parte de las autoridades”.
En este sentido, el art. 607 del CCyCN –en su párrafo finaldetermina que “el juez debe resolver sobre la situación de adoptabilidad en el plazo máximo de noventa días”.
Es una norma clara e imperativa, a ser interpretada –como es lógicoen clave convencional, al estar en juego aquí algo fundamental: el tiempo de vida de niños, niñas y adolescentes, con un bien precioso e insustituible: el tiempo.
Con esto se quiere significar que muchas cuestiones pueden hacerse en el ámbito de un proceso judicial, pero hay algo que nunca –o casi nunca- se logrará: revertir las consecuencias del paso del tiempo. Aquí resulta imprescindible referir que el "interés superior del niño (art. 3°, inc. 1°, CDN): entendido como la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías de la infancia (art. 3°, ley 26.061), y que para nuestra Corte Suprema configura una pauta de decisión ante un conflicto de intereses y un criterio para la intervención institucional destinada a proteger a la persona menor de edad, en tanto proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio a ellos.- Además de funcionar como un derecho sustantivo y un principio interpretativo fundamental, el interés superior del niño es semejante a un derecho procesal que obliga al Estado a introducir disposiciones para garantizar que esa pauta sea considerada" ("Tratado de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes", Silvia Eugenia Fernández -directora-, "Principios rectores del Debido proceso de Infancia", Martín Alesi -autor-, Tomo III, pág. 2408).-
La flexibilidad que conlleva el interés superior del niño no puede perderse de vista en la búsqueda de una solución acorde a la satisfacción de dicho principio, pensando exclusivamente en los beneficiarios de su aplicación: niñas, niños y adolescentes.-
O, dicho de otro modo, en cada supuesto que se tenga que decidir por parte del órgano jurisdiccional es menester detenerse para ponderar, en el caso concreto (y de acuerdo con sus específicas circunstancias, art. 171 Const. Pcial.) cuál será el curso de acción que mejor satisfaga y resguarde aquel interés.-
3. En este camino, he de definir el interés superior del niño S. paro lo cual debo analizar los vínculos familiares que conforman su núcleo de origen.
a) El rol de cuidado de la Sra. C. A. y del Sr. H. J. G.
-progenitores de S.-. El recurso de apelación del progenitor:
Del desarrollo de todo lo actuado en la presente causa, surge con claridad que ambos progenitores no han podido cumplir responsablemente con su rol de cuidado de los tres niños que estuvieron bajo su protección. De la causa penal obtengo que si bien han sido declarados inimputables, por su condición de hipoacúsicos con presencia de retraso mental -detalladamente evaluados en la causa penal-, ello no les impide comprender la naturaleza del delito cometido y distinguir el bien del mal -lesiones al niño N.- (informe de ADAJUS y de la Asesoría Pericial Dptal. de fecha 31 de octubre de 2018).
Cada uno de los testimonios brindados por los/las profesionales que atendieron al pequeño N. en las guardias e internaciones médicas resultan contundentes para definir que el hermano de S. fue víctima de maltrato y que su estado de salud -con todo el tiempo de controles y tratamientos que llevaron adelante sus guardadores actuales-, no fue efecto de una caída de la cuna sino de un continuado y sostenido maltrato, demostrado en las lesiones nuevas y de larga data que el pequeño de 8 meses presentaba (fractura de cráneo, politraumatismo con TEC con pérdida de consciencia, hemorragia subdural, hematoma parietal y cervical, hemorragias retinanias bilaterales, hematomas antiguos, internaciones por desnutrición, etc). A ello se suman las declaraciones de los vecinos que expresaron que veían muy descuidados a los niños -en ese momento N. y J. I. pues S. aún no había nacido- en su vida cotidiana (sucios, desabrigados, lloraban mucho).
Es más, será la misma Sra. A. quien al ser entrevistada por el Servicio Social del Hospital Posadas hace otra descripción de los hechos de maltrato al niño N., descartando la "supuesta" caída de la cuna y cómo el Sr. H. J. G. le pidió que guarde secreto al respecto.
En ese marco es que N. de 8 meses y J. I. de 3 años inician la convivencia bajo los cuidados de la familia materna el primero (tía abuela Sra. M. A.) y la familia paterna el segundo (tía paterna Sra. G. G. y luego abuelo paterno Sr. H. E. G. D.).
Es decir que ambos niños fueron separados de su progenitores porque recibían maltratos y descuidos que ponían en riesgo su salud física, psíquica y emocional.
A ello se suma un primer informe socioambiental en el domicilio de los progenitores de fecha 11 de noviembre de 2016 realizado por un oficial de la comisaría Morón 3° Castelar Sur -fs.5-, donde se obtiene de vecinos que "el Sr. H. es violento... goza de un malo concepto vecinal..." y que "los dos vecinos entrevistados refieren que el nombrado H. tiene carácter violento y golpea a su señora habitualmente...".
Uno de los vecinos entrevistados es quien les subalquilaba una habitación en su casa viviendo la pareja y el bebé quien declaró que "... ha escuchado en varias oportunidades que H. maltrata a C., escuchando a la noche mayormente que H. la zamarrea y la golpea contra la pared, siempre dentro de la pieza, no viendo maltratos fuera de ella. Que el bebé estaba pasando por desnutrición, sabiendo esto porque lo llevaron al hospital. Que C. en varias oportunidades le comentó al deponente que H. la maltrataba y la golpeaba... Que C. no hizo denuncia porque no se animaba... Que respecto a la pareja el deponente le merece mal concepto H. porque desde la primer semana que se mudaron a la casa C. les empezó a comentar que era golpeada. Que respecto a C. le merece buen concepto por parecerle buena persona... que no salía mucho de la habitación ya que H. cuando se iba la dejaba encerrada..." -fs.6-.
Posteriormente, dichos vecinos ratifican sus declaraciones en la sede de la Fiscalía, rectificando uno de ellos que nunca habló con C. sobre el maltrato de H. sino que "...la ha escuchado hablar de ese tema con su madre... que su novio la golpeaba y que la encerraba en la casa, que de hecho el dicente la vió con moretones en el brazo... escuchó en varias ocasiones ruidos y golpes contra la pared provenientes del departamento que habitaba la pareja... los que eran claramente de pelea acompañados por gritos muy fuertes por parte de H. , quien no habla pero grita. Asimismo, manifiesta que los dos niños eran de llorar mucho, casi todos los días lloraban hasta la madrugada..." (ver fs. 25/vta).
Asimismo, otro de los vecinos, luego de describir una situación con el bebé, agrega que "...en ese momento C. le mostró el hombro y tenía un moretón y le dijo "H. malo, me pegó" (fs. 28/29)
En su declaración posterior la Sra. A. niega recibir maltratos respecto del Sr. H. J. G. -fs.11/13- y este último en su declaración dijo que no la maltrata, explicando que "...el vecino escucha ruidos porque nosotros jugamos, nos divertimos y si hace un gol boca golpeamos la pared y las cosas y el vecino golpea la pared..."
Claramente, los antecedentes referidos y los expuestos en las constancias de la causa penal, no pueden ser dejados de lado al evaluar la situación del niño S., quien nace (10 de agosto de 2018) en dicho contexto luego que sus progenitores fueran declarados inimputables y retomaran la convivencia, primero en la casa de la abuela de la Sra. A. -Sra. I. G.- y luego en el domicilio del Sr. H. E. G. D. en la ciudad de Moreno.
Durante el periodo que estuvieron en convivencia con el niño S. en el domicilio de la Sra. I. G., se registran denuncias por violencia de parte de ella en contra de los progenitores del niño (Mo-4346/2019 08-02-19 F-1, "G.
I. R. C/ A. C. I. y otro/a S/ Protección Contra La Violencia Familiar (Ley 12569)" -ver informe de fecha 26 de abril de 2021-), expresando la denunciante entrevistada en el PER inicial de fecha 25 de abril de 2019 -al tomarse la medida de abrigo-, que en varias oportunidades encontró al bebé S. en el piso producto de caídas, sumado a que desde el centro de salud informaron que la Sra. A. expresó en una consulta que el niño se había caído de la cuna (25 de abril de 2019).
Así las cosas, claro resulta que el niño S. se encontraba en riesgo estando bajo el cuidado de sus progenitores, de la misma manera que sucedió con sus hermanos mayores, con supuestas caídas de la cuna y generando un ambiente de violencia, conforme surge de todas las denuncias también informadas con fecha 26 de abril de 2021.
Y ello coincide con los informes agregados en autos con fecha 31 de octubre de 2018 y 9 de mayo de 2019 donde se deja sentado que no están en condiciones de asumir la responsabilidad de cuidado por sí solos sin otro responsable, viéndose vulnerados los derechos de los menores si así fuera (informes de 31 de octubre de 2018 y de 9 de mayo de 2019).
Esta falta de responsabilidad se vislumbra también en el proceso de abrigo puesto que del raconto realizado al inicio de mi voto surge que la Sra. A. se presenta en autos un año después de dictarse la medida de abrigo del pequeño S., y si bien solicitó en su primera presentación el reintegro de los tres niños (9 de mayo de 2019), reiterándolo el día 26 de diciembre, no volvió a tener contacto con el Servicio Local (ver informe 3 de diciembre de 2020) ni con su patrocinio letrado (26 de febrero de 2021) para finalmente ser declarada ausente (11 y 23 de junio de 2021), no teniendo información alguna respecto a ella hasta el día de la fecha.
Así resulta probado el abandono de la Sra. A. respecto a su hijo S. -causante de autos-, como de sus otros dos hijos -N. y J. I.-, y del presente proceso de abrigo, no habiendo tampoco apelado la sentencia que declara el estado de adoptabilidad del primero.
Ante ello, es imposible considerarla en autos como posible adulta responsable de los cuidados de su hijo S..
Asimismo, el Sr. H. J. G. se presenta en autos dos años después de tomada la medida de abrigo (19 de abril de 2021), presentándose con asistencia letrada, luego de la intervención de esta Sala II, con fecha 21 de diciembre de 2021 a los fines de apelar la sentencia en crisis. Es decir que el desinterés de ambos progenitores por la situación judicial del niño S. resulta evidente, conducta que también es expuesta por la Sra. Asesora interviniente en la contestación del memorial de fecha 15 de febrero de 2022.
Cabe referir que ambos conocían sobre la existencia de este proceso, no solo desde que concurrieron al Servicio Local de Morón y hubieron de entregar a S. en abril de 2019, sino desde el inicio de la tramitación de la causa penal (año 2016) respecto a las lesiones de N., cuando el presente proceso de abrigo se caratulaba como guarda de este último niño.
Y en este camino, he de analizar los agravios presentados por el Sr.
H. J. G..
DE NINGUNA MANERA COMPARTO CON EL RECURRENTE SU POSTULADO DE QUE EL HECHO GENERADOR DE LA CAUSA PENAL EN NADA SE RELACIONA CON LA CAPACIDAD DE CUIDADO RESPECTO A SU HIJO S..
Claro me resulta que los malos tratos, descuidos y desprotección demostrados en la causa penal respecto del niño N. en sus primeros meses de vida, se relacionan directamente con la proyección de los cuidados que pudiera ejercer respecto de la persona de S. en sus primeros meses de vida también porque la tarea es la misma: proteger y cuidar amorosamente a un ser humano indefenso, totalmente dependiente de los/las adultos/as en su primera infancia.
Es más, sí hay constancias en autos sobre los riesgos en que se encontraba S. en su convivencia con el recurrente y la Sra. A., los que ya hemos referidos al mencionar las denuncias de violencia realizadas por la Sra. I. G. -quien vivía con ellos tres en el período en que estaban a cargo de S.- y las manifestaciones de la Sra. A. en el centro de salud respecto de las caídas de la cuna.
El recurrente alega haber podido conseguir y sostener un trabajo a pesar de no poder comunicarse, como si ello fuera un parámetro para considerar que posee capacidad para ahijar, para proteger y cuidar a un niño sin maltratarlo, sin provocarle lesiones, sin descuidarlo.
Evaluarlo en su trabajo nada modificaría la consideración de su accionar para mi entender y en todo caso, el recurrente pudiera haberse ocupado en presentar un informe de su lugar de trabajo si así lo hubiera considerado importante, lo cual no hizo.
Considero con firmeza que la discapacidad que presenta y que evoca en su memorial para decir que es diferente, no justifica ni "borra" el maltrato ejercido sobre los niños mayores, sean o no sus hijos, porque la vida cotidiana -junto a mi experiencia personal en la vida y en la judicatura- me han mostrado muchas familias donde los progenitores presentan sordomudez -ambos o uno de ellos/s-, y han ahijado con amor, protección, cuidados y respeto a sus hijos e hijas, donde éstos han aprendido el lenguaje de señas y hasta lo han transmitido, siendo intérpretes naturales de sus padres o madres con el resto de la comunidad.
Tampoco la relación con su propio padre, que éste lo haya sustituido en el proceso, las dificultades para comunicarse con él también, que no tenga su certificado de discapacidad en su poder; es decir, que su propia vulneración de derechos -como alega-, en nada conmueven el fallo atacado pues el derecho de S. a ser protegido y cuidado en un ambiente que favorezca su desarrollo como ser humano es superior -como ya mencioné-, a cualquier otro derecho de adultos con o sin discapacidad certificada. Respecto a su queja por la falta de contención del sistema, cabe referir que desde la intervención hospitalaria hasta la actuación en esta Sala II, los operadores del sistema de protección han procurado la intervención de intérpretes de lenguajes de seña (área del servicio social del Hospital Posadas, ADAJUS, Escuela Municipal de Lenguaje de Señas), así como también la intervención de profesionales especializados (ADAJUS) y el patrocinio letrado oficial (UFD N° 6 Dptal.) ante el desestimiento del patrocinio letrado particular (Dra. Baioni), protegiendo su a debido proceso y a la doble instancia, tanto desde esta judicatura con la decisiones aquí tomadas y el informe que el mismo Juzgado de origen debió realizar en el domicilio del Sr. H. J. G. ante la negativa o falta de respuesta de los organismos de la ciudad de Moreno.
Por ello creo, que a pesar de las dificultades y limitaciones del sistema, en este caso particular, los distintos organismos han procurado disminuir las barreras comunicacionales con el recurrente; es más, en su situación de mayor vulnerabilidad la justicia penal ha considerado su condición en su sentencia y el Ministerio Público ha iniciado el proceso de determinación de capacidad a su respecto con la finalidad de la protección de sus derechos (ver dictamen 16 de diciembre de 2021).
Finalmente, el conocimiento de la verdad biológica no estará asegurada por mantener el contacto con su progenitor sino porque los derechos de la infancia así lo establecen por lo que en el momento que su edad y grado de madurez lo determinen, los adultos que con él convivan y la judicatura, serán los responsables ante la ley de hacer cumplir ese derecho. Cabe señalar que el agravio referido a los derechos como persona con discapacidad han sido tratados en este resolutorio al momento de resolver y rechazar el planteo de nulidad de la sentencia.
Por todas estas razones entiendo que deberá rechazarse el recurso del progenitor Sr. H. J. G., no haciendo lugar a la restitución del niño S. a su cuidado.
b) La familia ampliada: el rol del abuelo paterno Sr. H. E. G. D. y su recurso de apelación:
En primer lugar he de referir que respecto a la familia ampliada, a lo largo de ambos procesos, se han mencionado o entrevistado a varios miembros para ejercer el cuidado de los niños N. y J. I., que pudieron ser tenidos en cuenta a fin de cuidar a S. pero, más allá de la presentación del abuelo paterno que merecerá un análisis específico, se han visto frustradas las posibilidades analizadas.
Recordamos que la Sra. G. G., tía paterna de S., se ocupó de los cuidados del niño J. I. en los primeros momentos del proceso penal aunque al poco tiempo no pudo continuar con los cuidados y el niño inició su convivencia con su abuelo paterno, el Sr. H. E. G. D., situación aún hoy no legalizada.
Asimismo, la Sra. M. A. que junto a su esposo se ocuparon de los cuidados del pequeño N., encontrándose hoy a cargo de su guarda, fueron consultados para hacerse cargo en su momento también del niño J. I., respondiendo que no podían hacerse cargo de dos niños.
La progenitora del niño S. -nuestro causante-, al momento de presentarse en autos ofreció que su hijo estuviera bajo los cuidados del abuelo paterno pero también propuso como posible cuidadora de su hijo a su hermana E. A., quien al ser interpelada por el Servicio Local, refirió que poseía a su favor una restricción perimetral respecto de su hermana debido a la existencia de denuncias por violencia entre ellas (MO 13180/2018 "A., E. B. c/ G., H. J. y otro s/ PVF" y Mo-44122/2019 "A. E. B. C/ A. C. I. S/ Proteccion Contra La Violencia Familiar (Ley 12569)"), descartando la posibilidad de cuidar a S..
A ello se agrega que el Servicio Local de Morón ha informado en varias oportunidades que no ha encontrado parientes que pudieran hacerse cargo del niño S., como así tampoco se han presentado en autos otros parientes ofreciendo cuidar y proteger al niño (cfr, entre otros, informe de fecha 2 de julio de 2020).
Ahora bien, dedicación aparte merece la situación del Sr. H. E. G. D., quien aparece en esta historia acompañando al Juzgado a su hija G. G. cuando detentaba los cuidados del niño J. I. (hermano mayor de S.) para luego ubicarse de hecho en el rol de cuidador del mismo.
Es así, que desde su primera presentación alegó dicha situación como fundamento principal para lograr la guarda de su otro nieto S. (8 de agosto de 2019).
Pero a pesar de los esfuerzos de la Sra. Asesora para lograr que el mismo diera cuenta de cómo ejercía esa guarda y que sea evaluada su idoneidad para cuidar a S., el Sr. G. D. no logró hacerlo ante el Servicio Local ni ante el Juzgado interviniente.
Al indagar los profesionales intervinientes sobre esos cuidados nunca pudo dar cuenta con exactitud y claridad a su respecto (ver informes de fecha 12 de septiembre y 11 de octubre de 2019, 2 de noviembre y 3 de diciembre de 2020; entre otros).
Y si bien los conflictos jurisdiccionales (Morón-Moreno) para realizar el informe socioambiental en su domicilio atrasaron su realización, surge del informe de fecha 2 de noviembre del 2020 que no hubo de recibir a los profesionales que lo visitaron alegando que su esposa padecía covid y que estaban aislados por un período de tiempo que no se correspondía con los establecidos en esa fecha, situación que también fue advertida por los profesionales que no lograron su cometido. Es más del certificado agregado por el mismo Sr. G. D. con fecha 11 de diciembre de 2020, surge que la detección del virus fue el 8 de octubre 2020 y que se encontraba de alta para el día 27 de octubre del mismo año, por lo que el día de la visita profesional, estaba finalizado el aislamiento de su esposa.
Claramente, dicha actitud evasiva del recurrente no lo ha favorecido en las conclusiones de los informes de autos pues de ellos surge como constante el relato por parte del Sr. H. E. G. D. de situaciones contradictorias en cuanto a los aspectos de cuidado del niño J. I..
A ello se suman las entrevistas con él mantenidas donde no ha podido establecer cómo ejerce el cuidado de J. I. con claridad puesto que a lo largo de ellas ha referido que lo ayudaba su actual esposa pero que ella trabajaba algunos días cuidando a un adulto mayor pernoctando en su domicilio (informe 12 de septiembre de 2019, 16 de septiembre y 14 de diciembre de 2020) ) o que ella tenía un local en Gral Rodriguez y que el niño pasaría tiempo allí (informe 13 de septiembre de 2017), o que lo ayudaría algún familiar o vecino (informe de 2 de noviembre de 2020), no pudiendo identificar quien podría ser ese familiar o alegando horarios de trabajo en su casa para poder cuidar al niño para finalmente expresar que lo haría solo (informe 16 de septiembre y 14 de diciembre de 2020). Es más, no ha podido resolver la cuestión legal con su nieto mayor, habiendo iniciado la causa respectiva cuatro años después de la toma de la medida de abrigo (17 de diciembre de 2020), no habiendo obtenido resolución y encontrándose paralizada por falta de movimientos procesales (ver informe de fecha 10 de mayo de 2022), a pesar de contar con asistencia letrada particular en dicho proceso.
Así se ve reflejado su desinterés o desentendimiento del recurrente para resolver las cuestiones atinentes a un niño, lo cual determina las pautas que tendrá para el cuidado de un segundo niño, tornándose más compleja la situación estando a cargo de dos pequeños.
Ello sentado, cabe abocarme al análisis de los agravios del recurrente Sr. H. E. G. D..
De su lectura surge que varios de sus argumentos no hacen a su interés personal en la causa sino al de su hijo, los cuales han merecido respuesta en el tratamiento del recurso respectivo, a saber: los agravios referidos a la causa penal que dio origen a las presentes actuaciones, la consideración de los informes de ADAJUS respecto a la comprensión del proceso penal por parte de los progenitores del niño y el trámite llevado adelante respecto de su hijo el Sr. H. J. G..
Asimismo, su planteo de nulidad de todo lo actuado también ha merecido respuesta anteriormente en esta misma resolución.
Cabe referir que he propuesto que ambas cuestiones sean rechazadas.
Ahora bien, en lo que respecta al tratamiento de sus agravios que involucran a su interés personal, he de compartir con el recurrente que la ley nacional y provincial de protección y promoción de derechos de NNyA, expresan que en caso que los progenitores no estén en condiciones de responsabilizarse de los cuidados de un niño/a, tendrá prioridad la familia ampliada para ejercer dichos cuidados pero -y aquí disiento-, también resulta muy claro, que no bastará que alguno/a de ellos/as "tengan voluntad o deseo" de proteger al menor sino que de su evaluación se obtenga que ese familiar se encuentre en condiciones de dicho ejercicio, haciendo hincapié en el interés superior del menor (arts. 4 y 35bis ley 13298). Entonces, su derecho a hacerse cargo de su nieto -como lo expresa en su memorial-, adquiere un lugar secundario frente a la primacía de los derechos de S..
Es decir que no es suficiente que el Sr. H. E. G. D. se presente en autos con la voluntad de cuidar a S. sino que sus evaluaciones debieron encontrarlo apto para dicha tarea, lo cual no ha sucedido así conforme surge de todos los informes presentados en autos (ver informes de fechas 12 de septiembre y 11 de octubre de 2019; y 3 de diciembre de 2020), dejando así expresado que no ha sido un solo informe como lo alega el recurrente. Reitera en su memorial de agravios que se encuentra a cargo del hermano mayor del niño, lo cual, como ya lo expresé, no es suficiente para el ejercicio de los cuidados de S. ya que no ha podido demostrar cómo ejerce esos cuidados con claridad y exactitud, por lo que se infiere consecuentemente que no está en condiciones de planificar los cuidados para dos niños.
A su vez, no reconoce el peligro inminente en el que se encontraba el niño S. en sus primeros meses de vida cuando convivía con sus progenitores, situación denunciada por la Sra. I. A. y por la misma progenitora en el centro de salud donde el mismo era atendido (ver informe PER inicial de fecha 25 de abril de 2019), de donde surge el ambiente violento de convivencia y las "caídas de la cuna" que también tendría el niño S. (situación que se asemeja a la vivida con su hermano N.) -como ya lo expresé-.
Es más, a pesar de ello, el recurrente propició la convivencia de su nieto mayor -J. I.- con el progenitor en su domicilio y permitiendo las visitas de la progenitora, situación que el mismo expresó en las entrevistas de fechas 13 de septiembre de 2019, 10 de agosto y 3 de noviembre de 2020; informando mucho tiempo después que habría acondicionado el domicilio que tenía en la ciudad de La Reja para que se mude el progenitor del niño para que "le entreguen a su nieto S." (audiencia de fecha 3 de diciembre de 2020) y propiciando las visitas de fin de semana (14 de diciembre de 2020).
EL RECURRENTE EXPRESA QUE SE LO JUZGA SIN HABER REALIZADO UN INFORME SOCIOAMBIENTAL COMPLETO Y ACABADO PERO PARECE NO RECORDAR QUE ANTE LA PRESENCIA DE LOS PROFESIONALES DEL SERVICIO LOCAL EN SU DOMICILIO, ÉL MISMO SE NEGÓ A RECIBIRLOS CON LA EXCUSA DE PRESENCIA DE COVID-19 EN SU DOMICILIO, CUESTIÓN QUE YA FUE REFERIDA ANTERIORMENTE.
En ningún momento, como alega el recurrente, fue considerado peligroso para su nieto, sino que no fue considerado apto o idóneo para responsabilizarse del cuidado y protección de un bebé de 8 meses de edad, porque el mismo no pudo dar cuenta del ejercicio de los cuidados que ejercía respecto de otro niño de apenas 3 años.
Y ello no fue conclusión de una única entrevista sino de varias, tanto del Servicio Local como de del equipo técnica del Juzgado de Origen y luego siendo compartida la postura por la misma Asesoría interviniente, surgiendo todo ello del raconto de autos realizado.
Menos aún que se haya considerado en algún informe que serían razones para no detentar el cuidado de S. la pobreza o que la casa del recurrente estuviera sin terminar, ello no surge de ninguna conclusión profesional, más allá de la observación por parte de los profesionales que no pudieron realizar la visita domiciliaria del estado en que por fuera se encontraba el hogar que debía ser evaluado para que viviera otro niño tan pequeño (ver informe 2 de noviembre de 2020).
Tampoco fue considerado peligroso por la existencia de la causa penal respecto de su hijo, ello nunca fue referenciado en los informes como causa para que no pueda ejercer el rol de cuidador pues él no fue imputado en dicha causa.
Y aquí me cabe hacer una reflexión, pues si bien no fue imputado o involucrado en la causa penal, en varias entrevistas expresó que el niño bajo su cuidado tenía contacto con sus progenitores después que obtuvieron la libertad en la causa penal.
Ello vislumbra a mi entender que no comprendió el riesgo en que se encontraba su nieto mayor en contacto con sus progenitores permitiendo el contacto y menos aún los daños ocasionados al niño N., limitándose a expresar a su respecto que se demostró en el proceso penal que no era su nieto, "que no era hijo de su hijo" (entrevista 25 de junio de 2018), sin consideración alguna a su niñez dañada, como sino importara lo sucedido porque no pertenece a su familia biológica.
Esa forma de pensar, sí es peligrosa, porque la infancia requiere el cuidado y protección de toda la comunidad humana.
Continuando con los agravios expusto, la declaración del ASPO no puede ser considerada agraviante para el recurrente pues del detallado estudio de la causa -y de mi experiencia laboral personal-, surge que la actividad en los organismos judiciales y administrativos continuó, quizás con ciertas dificultades en un principio, pero luego se avanzó en la tarea con el uso de las herramientas tecnológicas que el mismo recurrente también utilizó (por ej., audiencias de fecha 12 de noviembre y 3 de diciembre de 2020). También se justificó en el ASPO el recurrente por la demora en el inicio del proceso de guarda para su nieto mayor, no pudiendo escolarizarlo desde los primeros tiempos de convivencia (ver entrevista de fecha 25 de junio de 2018) debido a ello e iniciando recién el proceso con fecha 17 de diciembre de 2020, teniendo el ASPO-DISPO nueve meses de existencia y dos años y medio de guarda de hecho.
No dejo se soslayar el agravio del recurrente respecto al tiempo transcurrido desde la toma de la medida de abrigo, a lo cual solo he de traer en respuesta la respuesta de la Sra. Asesora interviniente a dicha cuestión: "...es importante resaltar que la voluntad de asumir el cuidado del menor expresada oportunamente por parte del abuelo paterno del mismo, Sr. H. G., ha generado que se excedan los plazos establecidos para la medida de protección excepcional, toda vez que la posibilidad de representación y cuidado por parte del Sr. H. G. podía resultar beneficiosa para el niño...", sin embargo las distintas evaluaciones llevadas a cabo posteriormente demostraron que no era una persona apta para ejercer el cuidado. Es decir, que el tiempo excesivo a que se refiere el recurrente se ocupó también en sus evaluaciones a los fines de la guarda de su nieto.
Y finalmente, he de dejar sentado, que a lo largo de las actuaciones, no se ha dispuesto la vinculación del abuelo paterno con su nieto S. -como lo expresa el recurrente-, sino que los profesionales intervinientes en el informe de fecha 2 de octubre de 2020, sugirieron que, en caso de vincular, se realizara ante un estricto control de los operadores.
Así las cosas, los agravios expuestos por el recurrente no logran conmover a mi criterio, la resolución apelada. Ello en total concordancia con los argumentos expuestos por la Sra. Asesora en su dictámen de fecha 27 de septiembre de 2021.
c) Con todo lo relatado anteriormente, queda demostrado el estado de vulneración de derechos en el que se encontraba el niño S. al convivir con su familia de origen, quedando claramente expuesto que el seno del hogar parental no resultaba ser un espacio saludable pues la convivencia con los progenitores no ofrecía un espacio de desarrollo saludable para el pequeño.
Asimismo, la búsqueda de la familia ampliada de S. para ejercer su protección y cuidados se encuentra agotada, no habiendo el Sr. H. E. G. D. demostrado que puede ocuparse de los cuidados del niño S., hoy de cinco años de edad.
Así las cosas, considero que todo lo aquí expuesto demuestra el estado de desprotección en el que se encontraba al momento de la toma de la medida y la imposibilidad de ser contenido en su familia de origen, siendo correcto entonces confirmar el decreto de adoptabilidad que a esta Alzada llega cuestionado.
El interés superior de S. redunda en la posibilidad de vivir en un ambiente familiar sano y que permita su desarrollo psíquico, físico y moral con un acompañamiento amoroso por parte de adultos/as responsables y comprometidos con su crianza.
Este derecho de S. resulta superior a cualquier deseo de su progenitor y su abuelo paterno de lograr el reintegro sin ningún compromiso con su interés superior.
Consecuentemente, entiendo que deberán rechazarse los agravios de los recurrentes respecto de la resolución apelada y propongo la confirmación del estado de adoptabilidad del niño S..
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por LA AFIRMATIVA A la misma cuestión, el Señor Juez Dr. Jordá, por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Gallo.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
CONSIDERANDO: Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, 1) SE RECHAZAN los agravios de los recurrentes y SE CONFIRMA la resolución apelada donde se declara la situación de adoptabilidad del niño S. J. G. A.. Costas de Alzada, a los recurrentes (art. 68 del CPCC).
2. Consecuentemente, SE DEBERÁ continuar en la instancia de origen con la tramitación por separado de todo lo atinente a la guarda con fines de adopción del niño S., conforme ya fuera ordenado por esta Alzada en la resolución de fecha 19 de abril de 2022 y reiterado en la resolución de fecha 31 de mayo del mismo año.
3. Asimismo, SE DISPONE LA COMUNICACIÓN desde esta Secretaría de la presente al Juzgado de Familia N° 3 del Departamento Judicial de Moreno-Gral. Rodriguez a fin de que tome conocimiento de la misma y de forma URGENTE realice un seguimiento de la situación del niño J. I. G. A. (ver actuación de fecha 10 de mayo de 2022).
4. Igualmente SE DISPONE LA COMUNICACIÓN desde esta Secretaría de la presente al área de niñez del Municipio de Moreno a fin de que tome contacto con el niño J. I. G. A. con domicilio en la calle Chacabuco 1441 de la localidad y partido de Moreno, a cargo de su abuelo paterno el Sr. H. E. G. D. con DNI 93.035.312 con la finalidad de verificar en qué situación se encuentra el niño.
Asimismo, deberán tomar contacto con el niño T. B. G. C. y verificar su situación, quien habita en la calle A. 2290, de la localidad de La Reja, partido de Moreno junto a sus progenitores Sra. B. A. C. y Sr. H. J.
G..
AMBOS CONTACTOS SE DISPONEN CON LA FINALIDAD DE CORROBORAR SU SITUACIÓN ACTUAL, SI HUBIERA VULNERACIÓN DE DERECHOS ALGUNA, Y BRINDAR LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CUIDADO SI FUERA NECESARIO, TODO ELLO EN BASE A LO ACTUADO EN LA PRESENTE CAUSA DE ABRIGO RESPECTO DE SUS HERMANOS S. J. G. A. Y N. B. A., LO CUAL SURGE DETALLADO DE LA RESENTE RESOLUCIÓN.
ASESORÍA INTERVINIENTE la URGENTE continuación de los autos "G., H. J. S/ Determinación de la Capacidad Juridica".
6. SE ENCOMIENDA AL JUZGADO DE ORIGEN la vinculación de estas actuaciones formadas en el marco del art. 250, inc. 2, del CPCC con su principal a fin de unificar la tramitación de la causa, debiendo el Juzgado de origen considerar a futuro que en los actuados completamente digitalizados, el sistema informático augusta, habilita la posibilidad de remitir el expediente electrónicamente a otro organismo, continuando este Juzgado con la actuación simultánea de la causa de los objetos que no fueran materia de agravio, lo cual permite prescindir de la formación del incidente respectivo (conf. Arg. Acordada 3975/20 de la SCBA, arts. 34 y 36 del CPCC).
REGÍSTRESE.
NOTIFÍQUESE EN LOS TÉRMINOS DEL Ac. 4013/21, MEDIANTE RESOLUCIÓN AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.
NOTIFÍQUESE VÍA MAIL AL SERVICIO LOCAL DE MORÓN AL NOTÍFIQUESE VÍA MAIL AL ÁREA DE NIÑEZ DEL MUNICIPIO DE NOTÍFIQUESE AL JUZGADO DE FAMILIA N° 3 DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE MORENO-GRAL. RODRIGUEZ.
DEVUÉLVASE electrónicamente el presente incidente junto con el principal electrónico nro. 71.990.
DEVUÉLVASE en formato papel el expediente principal en dos cuerpos con fs. 322.
Fin de la sentencia