Abriendo la norma
Cámara en lo Criminal de la 1º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Absolver a G. J. Á., respecto del delito de “daños en concurso real” (artículo 55 y 183 del Código Penal), en virtud del principio de duda (in dubio pro reo), conforme el art. 4 del CPP.
2Condenar a G. J. Á., de demás circunstancias personales obrantes en autos, a la pena de dos (2) años de prisión de cumplimiento en suspenso, por resultar autor penalmente responsable del delito de “privación ilegítima de la libertad agravada por cometerse con violencia”, previstos y reprimidos por los arts. 45 y 142 inciso 1° del Código Penal, con más las costas del proceso (art. 29 inc. 3 del CP);
3Imponer a G. J. Á., por el término de DOS (2) AÑOS, el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta:
A) Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados de esta provincia (art. 27 bis inc. 1 del Código Penal);
B) Abstenerse de mantener contacto –por cualquier medio, ya sea por sí o por intermedio de terceros– y de acercarse a menos de doscientos (200) metros de la damnificada (art. 27 bis inc. 2 del Código Penal);
C) Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas (art. 27 bis inc. 3 del Código Penal);
D) Someterse a tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia (art. 27 bis inc. 6 del Código Penal);
E) Concurrir a talleres de “Habilidades para la vida”, “Manejo de la ira” y/o dispositivos de deconstrucción de masculinidades. …
LIBRO: CI REGISTRO: 3486 FOLIO: 114/123
Río Gallegos, 28 de agosto de 2026.
Que se reúne en acuerdo la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Santa Cruz, bajo la Presidencia del Dr. Jorge Daniel Yance, con la vocalía por subrogancia de los Dres. Gabriel Eduardo López y Gerardo Giménez, con la actuación de la Secretaria Dra. Gabriela Mansilla, a fin de dictar sentencia en autos caratulados: "G. J. Á.S/DAÑOS EN CONCURSO REAL CON PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR COMETERSE CON VIOLENCIA", expte. N° 8855/24, y resolver la situación procesal de G. J. Á., de apellido materno N., hijo de A. del P. y J. C.; nacido el ** de xxxxx de 1997, en Río Gallegos, Santa Cruz, argentino, instruido, soltero, desempleado, domiciliado en calle xxxxxx N° ****, de esta ciudad, titular del Documento Nacional de Identidad Nº ********; asistido por el Defensor Particular, Dr. Jorge Walter Trevotich, siendo la acusación representada por la titular de la Fiscalía de Cámara Dra. María Verónica Zuvic, de los que;
Que en las presentes actuaciones se le imputa a G. J. Á.: "...que el día 22 de enero del año 2023, aproximadamente a las 00:30 horas, en circunstancias en que se encontraba en el domicilio sito en calle Xxxxx N° **** de esta ciudad, propiedad de la madre de su pareja P. C. M., con quien mantiene una relación amorosa desde hace 9 meses aproximadamente; en el momento en que la nombrada le manifestara al compareciente que no quería continuar con la relación y que se retirara de la vivienda, el compareciente se enojó y comenzó a gritarle y proferirle insultos, y al intentar P. C. M. calmarlo, la amenazó diciéndole: "te voy a hacer mierda, te voy a matar", sintiendo temor por sus dichos: posteriormente al dirigirse la nombrada hacia la habitación, el compareciente continuó insultándola, siendo que en ese momento se acercó T. -hijo de la denunciante, de 6 años- para defenderla por lo que G. J. Á. lo empujó haciendo que el niño cayera al suelo. Luego de esto, el compareciente se dirigió hacia la habitación donde se estaba cargando el celular de P. C. M. y dijo "ahora te hago mierda el celular", arrojando el mismo contra la pared y hacia el suelo en varias oportunidades provocando su destrucción. Asimismo, en dichas circunstancias, mantuvo privados ilegítimamente de su libertad a la nombrada y su hijo en el lugar por el lapso de aproximadamente una hora, impidiendo que se retiraran, por lo que ante un descuido, la denunciante logró quitarle la llave de acceso a la vivienda al compareciente, abrir y egresar del domicilio hacia la parte externa para pedir ayuda, huyendo por calle Hernán Cortez y Prefectura Naval, siendo perseguida por el causante que la alcanzó y empujó, cayendo al suelo P. C. M., momento en que el compareciente le arrebató las llaves de la casa, por lo que la nombrada se levantó y siguió corriendo hasta llegar a la sede de la Comisaría Quinta de Policía donde solicitó ayuda...".
Que a fs. 121/123 y vta., la Fiscalía de Cámara propuso la Omisión de Debate en los términos del artículo 517 del Código de Rito, estimando que conforme las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal, en caso de dictarse fallo condenatorio respecto del imputado G. J. Á. en orden al delito de “daños en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada por cometerse con violencia”, previstos y reprimidos por los arts. 45, 55, 183 y 142 inciso 1° del Código Penal, como monto de pena apropiado dos (2) años de prisión de cumplimiento en suspenso (art. 26 del CP.), además del pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del CP.). Que a fs. 137 y vta., tanto el Defensor Particular, Dr. Jorge Trevotich, y el imputado aceptaron la propuesta de omisión de debate formulada por la Fiscal de Cámara, para llevar adelante el juicio conforme lo prevé el art. 517 del Código Procesal Penal. Asimismo, a fs. 138, el Defensor Particular presentó por escrito sus alegatos, donde sostiene que no se ha aportado prueba alguna que acredite los extremos de la denuncia presentada en contra de su asistido. Por el contrario, afirma que la denunciante fue quien incurrió en una conducta ilícita al dejarlo encerrado bajo llave en su propio domicilio.
Respecto a las supuestas agresiones físicas contra la Sra. P. C. M. y su hijo, resalta que el testimonio de la suboficial Vallejos desmiente la versión de la acusación, señalando que, ninguno de los dos presentaba lesiones visibles al momento de la denuncia. Agregando la negativa de P. C. M. a someterse a una revisión médica, tanto para ella como para el menor, lo que permite descartar la existencia de agresiones materiales por parte del imputado.
En cuanto al delito de daño denunciado por la supuesta rotura de un teléfono celular, el encartado argumenta la inexistencia de indicios que respalden tal acusación. Se destaca que la denunciante fue incapaz de precisar características básicas del dispositivo, como marca o modelo, lo cual se explicaría por el hecho de que la mujer no poseía un teléfono propio, sino que utilizaba uno perteneciente a la madre del imputado, el que no fue devuelto tras la denuncia.
Sobre la presunta privación de la libertad de la denunciante, la defensa sostiene que el relato carece de sustento fáctico y se contradice con los hechos. Afirmando que fue ella quien reconoció haber dejado encerrado a G. J. Á. en la vivienda, limitándose este último a alcanzarla para recuperar sus llaves. En consecuencia, se sostiene que, si alguien sufrió una restricción a su libertad, fue el propio imputado. Finalmente, en el alegato se atribuye la denuncia a una invención motivada por el enojo de P. C. M. ante el consumo de marihuana del encartado y su sugerencia de finalizar la relación sentimental ante la falta de armonía en la convivencia. Por todo ello, la defensa sostuvo que no existe razón alguna para dictar una condena basándose en un relato carente de respaldo probatorio, solicitando en consecuencia la absolución de su asistido.
Que, cumplidos que fueran estos actos procesales, quedan las presentes actuaciones aptas para analizar y resolver, en primer término, la aceptación de la omisión de debate y del límite de la condena estimada por la Fiscal de Cámara y, de resultar procedente la propuesta, la situación procesal de G. J. Á.;
Que en función de lo establecido por el artículo 381 del Código Procesal Penal, la Excma. Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial ha establecido el siguiente orden de tratamiento de las cuestiones traídas a despacho para resolver:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es admisible y procedente la propuesta de omisión de debate y el límite de la pena propuesta por la Fiscalía de Cámara?:
Que a la primera cuestión el Tribunal expresó:
Se encuentran cumplidos los requisitos previstos por el artículo 517 del Código Procesal Penal para la procedencia de la omisión de debate, toda vez que existe propuesta formal de la Fiscalía de Cámara y aceptación expresa de la defensa técnica y del imputado.
Conforme las características de los hechos atribuidos, la entidad de los bienes jurídicos comprometidos, las condiciones personales del imputado y el límite propio del procedimiento escogido, el monto de pena estimado por la Fiscalía de Cámara, para el caso de recaer sentencia condenatoria, resulta admisible.
Por ello, este Tribunal, por unanimidad, resuelve declarar admisible la omisión de debate y continuar con el tratamiento de las restantes cuestiones necesarias para el dictado de sentencia.
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se encuentra acreditada la materialidad del hecho, la autoría y la consecuente responsabilidad penal del acusado?
Al respecto, el Tribunal dijo:
A fin de reconstruir el hecho investigado y comprobar tanto su materialidad como la autoría atribuida al imputado, corresponde realizar un análisis integral del plexo probatorio incorporado a la causa.
Asimismo, corresponde señalar que la prueba será valorada con perspectiva de género, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino al jerarquizar la Convención de Belém do Pará (art. 7) y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y en consonancia con la Ley Nacional N° 26.485.
Esta pauta metodológica de valoración no implica de modo alguno presumir la responsabilidad penal, invertir la carga probatoria ni reducir el estándar de certeza exigido para una sentencia condenatoria (art. 18 de la Constitución Nacional). Su función primordial radica en comprender que los episodios de violencia intrafamiliar suelen desarrollarse en ámbitos de estricta intimidad, donde el testimonio de la víctima adquiere una centralidad probatoria fundamental, debiendo ser analizado de manera armónica con las restantes pruebas incorporadas en la causa.
En primer término, debe señalarse que las presentes actuaciones tuvieron origen el día 22 de enero de 2023, siendo las 02:35 horas, en la División Comisaría de la Mujer y la Familia, a raíz de la comparecencia de P. C. M., quien se presentó a efectos de radicar la correspondiente denuncia contra G. J. Á. -ex pareja-, con quien mantuvo una relación de nueve (9) meses. Refirió que, desde el inicio de la relación, habían tenido diversos inconvenientes y que, en ocasiones en que mantenían discusiones, el nombrado dañaba sus teléfonos celulares. Señaló que, en la fecha, siendo aproximadamente las 00:30 horas, mientras se encontraba junto a G. J. Á. en el domicilio de la progenitora de este, sito en calle Xxxxx N° ****, de esta ciudad, le manifestó su deseo de finalizar la relación, por lo que se retiraría del inmueble. Ante ello, G. J. Á. se habría molestado, comenzando a gritarle y proferir insultos. Relató que, al intentar calmarlo, este comenzó a empujarla y a expresarle: “...te voy a hacer mierda, te voy a matar...”, y ante dicha situación, se dirigió hacia la habitación, siendo seguida por el denunciado, quien continuaba con su agresión verbal. En esas circunstancias, T., hijo menor de la denunciante, quien momentos antes se encontraba en la habitación de la madre de G. J. Á., utilizando el teléfono celular, se acercó con la finalidad de defenderla, oportunidad en la que el nombrado lo habría empujado, provocando que cayera al suelo.
Seguidamente, G. J. Á. se dirigió hacia la habitación donde se encontraba su celular cargando, expresando “...ahora te hago mierda el celular…” arrojándolo hacia la pared, para luego estamparlo contra el suelo en varias oportunidades hasta dañarlo en su totalidad.
En este contexto, los tuvo por una hora encerrados y ante un descuido de G. J. Á., la damnificada logró tomar la llave de acceso principal de la vivienda y egresar del inmueble en busca de auxilio, emprendiendo la huida junto a su hijo, por la intersección de las calles Hernán Cortés y Prefectura Naval; siendo alcanzados por el encartado, quien empujó a la damnificada, provocando su caída al suelo, y le sustrajo las llaves de la vivienda, tras lo cual P. C. M. logró incorporarse y continuó corriendo hasta arribar a la Comisaría Quinta, donde se la contuvo y acompañaron hasta la División Comisaría de la Mujer y la Familia.
El relato inicial de la damnificada, -a fs. 26/28- se complementa con el acta labrada ante la Oficina de Violencia Doméstica, en la cual P. C. M. ratificó los hechos oportunamente denunciados. En dicha oportunidad, relató con mayor detalle que, durante la madrugada del día del episodio, se encontraban únicamente los tres, su hijo T., G. J. Á. y ella. Explicó que, en ese contexto, le manifestó al denunciado su deseo de finalizar la relación, circunstancia que provocó su enojo, impidiéndole salir de la habitación. Al respecto, refirió: "...forcejeamos, después me tenía agarrada del cuello con el brazo derecho y yo no podía respirar, me pegó un cabezazo en la frente... empecé a gritar, mi hijo vino, fui a agarrar mis bolsos... agarró los bolsos y los tiró por las escaleras... me dijo "ahora vas a ir pero sin teléfono...". Seguidamente, el imputado dañó el dispositivo por completo y, cuando la damnificada intentó recogerlo pese a encontrarse deteriorado, aquel le manifestó “...vos no te llevas el teléfono, el teléfono se queda acá igual que todas tus cosas…”.
P. C. M. continuó narrando que la situación era insostenible, en ese momento no les permitía bajar a la planta baja de la vivienda, y en cuanto G. J. Á. se descuidó ella visualizó la llave en escondida en un modular, aprovechando para salir del lugar junto a su hijo.
La veracidad de la denuncia penal y la subsiguiente declaración ante la Oficina de Violencia Doméstica encuentran un sustento objetivo inmediato en el testimonio brindado por la Suboficial Gabriela Soledad Vallejos (obrante a fs. 10), perteneciente a la División Comisaría Quinta de la Policía de esta ciudad, quien recibió a la damnificada aproximadamente a las 01:35 horas, siendo contundente al declarar que P. C. M. ingresó a la dependencia policial corriendo, evidenciando un marcado estado de nerviosismo y angustia, acompañada de su hijo menor, quien también se encontraba notablemente asustado. En esa oportunidad, mientras procuraba contenerla, la damnificada le manifestó que, momentos antes, se encontraba en el domicilio de su pareja, con quien había mantenido una discusión, ocasión en la que tanto ella como su hijo fueron agredidos físicamente por aquel. Asimismo, refirió que ambos habrían sido encerrados en el lugar, logrando escapar como pudo.
A este cuadro de cargo se aduna el Informe de Evaluación de Riesgo -a fs. 29/31-, elaborado a partir del relato brindado por la denunciante, en el que se analiza en uno de los apartados, la modalidad conductual de la pareja, sección en la que se consigna “estamos frente a una modalidad vincular de tipo cíclica”. En cuanto a las características de P. C. M. al momento de la entrevista se registró un discurso coherente, completo e intelectualizado, caracterizado por la verborragia y una abundancia de detalles que podrían estar vinculados con las numerosas denuncias realizadas previamente en esa oficina. Su comparecencia se relaciona directamente con la imposibilidad de poner límites a las agresiones y conductas de control de su ex pareja, de quien ha intentado separarse en reiteradas oportunidades sin éxito debido a las amenazas constantes que recibe.
Asimismo, se evidencia una limitación para reflexionar sobre los vínculos de pareja que establece, observándose una postura de desimplicación respecto a su relación con G. J. Á. y manifestando malestar por la falta de ayuda de terceras personas. Desde el punto de vista psicodiagnóstico, el informe evidenció indicadores claros de ansiedad, dificultades de síntesis, naturalización de la violencia como modalidad afectiva y alteraciones consecuentes del suceso como falta de apetito y dificultades para conciliar el sueño, concluyendo en una valoración de riesgo "alto". Finalmente, obra a fs. 41/43 el informe social realizado por la Lic. Julia Gallardo, el cual ilustra la posterior configuración familiar y confirma que los efectos personales que la víctima debió abandonar en la precipitada huida de la vivienda de G. J. Á. fueron finalmente restituidos por la progenitora del imputado, consignándose “...respecto de las pertenencias que habían quedado en el domicilio del Sr. G. J. Á., refiere que fueron acercadas a su domicilio por la progenitora del mencionado, por lo que no quedarían elementos para retirar…”.
Por otra parte, obra agregado el Informe Pericial Psicológico practicado a G. J. Á. (obrante a fs. 58/59 y vta.), del que surge que el imputado posee rasgos que dificultan expresar emociones o enojo, “...incluyen falta de tolerancia a la frustración, baja autoestima, dependencia excesiva de los demás y un fuerte deseo de afectos… muestra signos de inseguridad emocional y psicológica, así como sentimientos de inferioridad… esto puede provocar arrebatos de ira, pero no es habitual. Es importante señalar que esto no sugiere ningún cambio patológico en su capacidad para controlar sus impulsos…”.
En cuanto al manejo del control inhibitorio de los impulsos “...puede comportarse de manera impulsiva pero no de manera crónica. En ocasiones pueden aparecer explosiones de agresividad… posee montos de hostilidad excesivamente controlados, sus defensas resultan ineficaces y en ocasiones puede tener conductas impulsivas de tipo acting out…”, caracterizadas por la ausencia de reflexión y expresión de sentimientos.
De manera dirimente, la pericia constató la existencia de indicadores de personalidad compatibles con sujetos que ejercen violencia sobre terceros, tales como irritabilidad, agresividad contenida, inmadurez y severas dificultades para el control de la ira. Aunado a ello, se detectaron en su discurso representaciones rígidas y estereotipadas sobre las diferencias y roles de los géneros masculino y femenino.
Este perfil psicológico se acopla de manera exacta y recíproca con la plataforma de cargos descrita por la víctima. La reacción violenta de G. J. Á. ante la decisión de P. C. M. de finalizar el vínculo –manifestada a través de agresiones verbales, amenazas de muerte, el empuje violento al niño T., la destrucción del teléfono y el posterior forcejeo físico y asfixia– no constituye un hecho aislado ni inventado, sino la concreta traducción conductual (el acting out diagnosticado) de su incapacidad para procesar la frustración y el cuestionamiento a su posición de control, sustentada en sus rígidas representaciones de género. De este modo, la pericia psicológica del imputado adquiere un carácter de corroboración científica de los hechos denunciados.
Fijada la plataforma probatoria, y previo a formular la respuesta final al interrogante planteado en esta cuestión, resulta necesario efectuar algunas consideraciones en relación con los agravios introducidos por la defensa en su alegato. En ese marco, corresponde a este Tribunal pronunciarse, en primer término, sobre la acusación por el delito de “daño” atribuido a G. J. Á..
Surge con claridad del relato de la damnificada que el encartado, durante la discusión, tomó su teléfono celular y lo destrozó arrojándolo contra la pared y el suelo. No obstante, la persistencia y coherencia de dicho relato, en materia de delitos de daño, la acreditación de la materialidad de este ilícito en el plano penal exige un estándar de certeza que no puede ser suplido únicamente por la declaración de la víctima, requiriéndose elementos de corroboración objetiva que den cuenta de la real preexistencia y el efectivo deterioro del bien.
En el caso que nos ocupa, se advierte una orfandad probatoria objetiva insalvable respecto al dispositivo telefónico, no se ha incorporado al expediente acta de secuestro del aparato dañado, vistas fotográficas que ilustren su estado de destrucción, ni pericia técnica que constate el detrimento material de la cosa. Al respecto, la defensa del encartado pretende capitalizar esta falta de prueba alegando de manera subjetiva que la víctima no poseía celular propio y que utilizaba uno de la progenitora de G. J. Á.. Este argumento defensivo debe ser descartado de plano, en tanto constituye una mera afirmación dogmática carente de todo sustento probatorio.
Sin embargo, prescindiendo de las alegaciones del imputado, la falta de prueba técnica u objetiva respecto a la destrucción del celular impide alcanzar el grado de certeza absoluta indispensable para dictar una condena por este delito. Por consiguiente, ante la ausencia de evidencias materiales de corroboración, rige de manera imperativa el principio constitucional de la duda a favor del procesado (in dubio pro reo), imponiéndose la absolución de G. J. Á. respecto del delito de daño. Establecida la absolución por el delito de daño, corresponde analizar de forma sistemática los agravios formulados por la defensa técnica en sus alegatos escritos, orientados a desacreditar la existencia de la privación ilegítima de la libertad agravada por cometerse con violencia.
Así también, en el alegato presentado por la defensa, se sostuvo que la hipótesis de privación de la libertad es falsa, argumentando que fue la propia denunciante fue quien reconoció haber dejado encerrado a G. J. Á. bajo llave en la vivienda para luego escapar, siendo él la verdadera víctima de una restricción ambulatoria. Esta formulación defensiva incurre en una lectura sesgada, aislada y descontextualizada de las pruebas. Se encuentra plenamente acreditado que G. J. Á. encerró y retuvo por la fuerza a P. C. M. y a su pequeño hijo en la planta superior de la casa durante una hora. En medio de esa situación, ante un descuido del agresor y guiada por el instinto de salvaguardar su integridad física, la denunciante divisó la llave oculta en un modular, la tomó y abrió la puerta de acceso para huir desesperadamente a la vía pública.
Que P. C. M. haya cerrado la puerta tras escapar no constituye un delito de privación de la libertad, sino un acto de legítima defensa y supervivencia orientado a impedir que G. J. Á. la persiguiera inmediatamente. Pretender encuadrar el escape de una víctima de violencia de género como un secuestro en perjuicio de su atacante – quien, de hecho, logró salir de inmediato, la persiguió por la calle, la tiró al suelo de un empujón y le sacó las llaves– demuestra un absoluto desprecio por la perspectiva de género.
Asimismo, plantea la defensa que la Cabo Vallejos testificó que ni la denunciante ni el menor presentaban lesiones corporales visibles al ingresar a la comisaría, y que la negativa de P. C. M. a someterse a un examen médico descarta de plano cualquier agresión física.
En efecto, la agravante no requiere, para su configuración, que la violencia desplegada por el autor haya producido necesariamente lesiones constatables mediante examen médico, sino que exige que la fuerza física haya sido utilizada como medio para concretar la privación de la libertad. En consecuencia, la inexistencia de signos externos de lesión no permite, por sí sola, concluir que no haya mediado violencia, sino que basta con el uso de fuerza o intimidación suficiente para anular la libre determinación de la víctima y retenerla en un lugar contra su voluntad.
Del mismo modo, la decisión de la damnificada de no someterse a una revisión médica no puede ser interpretada, como prueba de la inexistencia de la agresión denunciada, pues tal circunstancia no resulta suficiente para desvirtuar, de manera aislada, el restante material probatorio incorporado a la causa. La violencia física ejercida por G. J. Á. se acreditó fehacientemente a través del relato detallado de los forcejeos, el haberla tomado fuertemente del cuello obstruyendo su capacidad de respirar, el cabezazo que le propinó en la frente y los empujones que provocaron la caída del niño T..
En este contexto, el testimonio de la suboficial Vallejos es contundente al describir de manera objetiva el estado de pánico y angustia con el que P. C. M. y el menor ingresaron corriendo a la dependencia policial. Este cuadro es incompatible con una confabulación y ratifica plenamente el uso de violencia.
Finalmente, la defensa alegó que la denuncia constituye una falsedad motivada por el enojo de P. C. M. ante el consumo de marihuana del encartado y la sugerencia de este de finalizar la relación sentimental. Esta hipótesis carece de toda lógica y verosimilitud a la luz de la sana crítica. No resulta creíble que una discusión cotidiana sobre consumo de sustancias motive a una mujer a escapar a mitad de la noche, corriendo despavorida por la vía pública junto a su pequeño hijo de madrugada, para ingresar en estado de pánico a una comisaría policial. La reacción de huida y el posterior diagnóstico técnico de la Oficina de Violencia Doméstica –que determinó una "modalidad vincular de tipo cíclica", la naturalización de la violencia y una situación de riesgo alto– demuestran que la denuncia responde a un patrón sistemático de sometimiento y control.
Por todo lo expuesto, las declaraciones testimoniales de la víctima y la suboficial interviniente, la prueba documental, los informes realizados por diferentes profesionales y los restantes elementos de convicción analizados de manera armónica y conjunta conforman un cuadro probatorio sólido, coherente y convergente, suficiente para tener por acreditado que G. J. Á. privó ilegítimamente de su libertad a la damnificada, ejerció violencia física sobre ella durante ese encierro.
En consecuencia, no habiéndose comprobado respecto de G. J. Á. situaciones especiales que hagan viable alguna de las causas de exclusión o justificación previstas en el artículo 34 del Código Penal, ni la concurrencia de excusa absolutoria alguna, deberá responder penalmente por los hechos que se tuvieron por acreditados.
TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué calificación jurídica corresponde otorgar a las conductas verificadas?
Al respecto, el Tribunal dijo:
En primer término, corresponde señalar que la calificación legal sostenida por el Ministerio Público Fiscal al requerir la elevación a juicio encuadró la conducta atribuida a G. J. Á. en los delitos de “daños en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada por cometerse con violencia”, previstos y reprimidos por los arts. 45, 55, 183 y 142 inciso 1° del Código Penal.
Sin embargo, tras examinar minuciosamente las actuaciones y realizar la valoración de la prueba plasmada en la cuestión precedente, este Tribunal considera necesario apartarse de la subsunción jurídica postulada por la Fiscalía de Cámara. En efecto, en la Segunda Cuestión se ha resuelto la absolución de G. J. Á. respecto del delito de “daño en concurso real” (artículo 183 del Código Penal) en virtud del principio constitucional de la duda (in dubio pro reo), resulta jurídicamente improcedente mantener dicha figura en el encuadre legal definitivo. Como consecuencia directa de ello, queda asimismo descartada la aplicación de la regla del concurso real de delitos (artículo 55 del Código Penal) que había sido requerida por la acusación pública.
Descartada la hipótesis del daño y su concurso, la conducta que ha quedado plenamente acreditada en autos encuentra adecuado encuadre típico, de manera exclusiva, en el delito de “privación ilegítima de la libertad agravada por cometerse con violencia” (artículos 45 y 142 inciso 1° del Código Penal).
Con relación a dicha figura, corresponde recordar que el bien jurídico tutelado es la libertad física en sentido amplio, entendida como la facultad de toda persona de desplazarse libremente y determinar por sí misma su permanencia o traslado de un lugar a otro. En esa línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que el concepto de libertad protegido por el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos comprende “el derecho a la libertad física” y cubre los comportamientos corporales que presuponen la presencia física de la persona y se expresan normalmente en el movimiento físico –Corte IDH, caso “Yvon Neptune vs. Haití”, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 6 de mayo de 2008, párr. 89–. En el caso de autos, se constató una grave afectación a este bien jurídico, por cuanto el encartado impidió activamente que P. C. M. y su hijo menor T. abandonaran la habitación y descendieran a la planta baja de la vivienda, manteniéndolos encerrados bajo llave y contra su voluntad durante el lapso de aproximadamente una hora.
Asimismo, la agravante prevista en el inciso 1° del artículo 142 del Código Penal, se encuentra plenamente configurada porque la privación ilegítima de la libertad no fue pasiva, sino que se ejecutó mediante el despliegue de violencia física. G. J. Á. no solo restringió el espacio físico de las víctimas, sino que durante dicho contexto ejerció fuerza corporal activa sobre la damnificada mediante forcejeos, sujetándola fuertemente del cuello con el brazo –obstruyendo momentáneamente su capacidad de respirar– y propinándole un cabezazo en la frente, además de empujar de manera violenta al niño de seis años de edad.
Por todo ello, este Tribunal entiende que G. J. Á. debe responder como autor penalmente responsable del delito de “privación ilegítima de la libertad agravada por cometerse con violencia”, previstos y reprimidos por los arts. 45 y 142 inciso 1° del Código Penal.
CUARTA CUESTIÓN: ¿Qué pena corresponde imponer y qué pronunciamiento corresponde adoptar?
Para establecer la sanción aplicable corresponde ponderar la calificación legal asignada, el grado de intervención del imputado y las pautas previstas en los artículos 40 y 41 del Código Penal.
La individualización judicial de la pena exige ponderar las circunstancias objetivas y subjetivas del caso concreto conforme a los artículos 40 y 41 del Código Penal, evitando valorar dos veces una misma circunstancia y procurando que la respuesta penal resulte proporcional tanto al injusto cometido como al grado de culpabilidad del autor.
En el presente caso, al haberse tramitado el proceso mediante omisión de debate, corresponde tener presente el límite punitivo fijado por la Fiscalía de Cámara al formular la propuesta aceptada por la defensa y por el imputado. En virtud de lo previsto por el artículo 517 del Código Procesal Penal, si bien el Tribunal conserva la posibilidad de dictar sentencia absolutoria, en caso de recaer condena la pena no podrá superar la mayor requerida por el Ministerio Público Fiscal o la parte querellante, si la hubiere.
Sentado ello, resulta de imperiosa necesidad abordar el impacto de la absolución por el delito de “daño” dictada en la Segunda Cuestión sobre la determinación del quantum punitivo. La Fiscalía de Cámara solicitó la pena de dos (2) años de prisión de cumplimiento en suspenso por la concurrencia real de los delitos de “daños en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada por cometerse con violencia”.
Cabe señalar que la exclusión del delito de daño oportunamente atribuido al imputado no habrá de traducirse en una reducción de la pena a imponer, respecto del delito por el cual corresponde condenarlo, ya que el artículo 142 del Código Penal establece una escala penal de dos a seis años de prisión. En consecuencia, encontrándose la sanción a imponer fijada en el mínimo legal de dos años, no resulta jurídicamente posible disminuirla por debajo de dicho límite. En virtud de ello, corresponde mantener la pena en dos (2) años de prisión, conforme fuera solicitada por la acusación.
Establecido el quantum punitivo, resta ponderar las circunstancias personales del imputado y las demás constancias incorporadas a la causa, conforme a las pautas previstas por los artículos 40 y 41 del Código Penal. En tal sentido, de las conclusiones del informe socioeconómico-ambiental y los restantes elementos reunidos en auto que surge que G. J. Á., de 29 años de edad, nacido en esta ciudad capital, soltero, con secundario incompleto. Actualmente desempleado, desarrollando actividades laborales de carácter esporádico y asistemático –pintura y albañilería–, por lo que cuenta con el apoyo económico de sus progenitores –con quienes convive– para afrontar sus gastos personales y contribuir a la atención de las necesidades de su hijo B.. En cuanto a su estado de salud, no presenta problemas de salud y no cuenta con obra social.
En cuanto a las pautas de mensuración previstas en los artículos 40 y 41 del Código Penal, resulta pertinente valorar como agravante, la presencia del hijo menor de la damnificada, de tan solo seis años de edad, quien se encontraba en el lugar al momento de los hechos, acudió ante los gritos de su madre y fue desplazado violentamente por el imputado, provocando su caída, circunstancia que evidencia una mayor extensión del peligro y de las consecuencias derivadas de la conducta desplegada. Así como el padecimiento de la damnificada, quien únicamente logró recuperar su libertad tras escapar del inmueble junto a su hijo menor de edad. Como circunstancia atenuante corresponde valorar la inexistencia de antecedentes penales computables. La ausencia de antecedentes penales no constituye una circunstancia extraordinaria sino la situación esperable en quien accede por primera vez al sistema penal. Sin perjuicio de ello, corresponde reconocerle eficacia atenuante en tanto evidencia ausencia de condenas penales previas.
Valorados los elementos precedentemente expuestos, corresponde analizar la modalidad de cumplimiento de la pena. En el caso, resultan formalmente aplicables las previsiones del artículo 26 del Código Penal, en tanto la pena a imponer no supera los tres años de prisión y no se registran condenas anteriores computables. Ahora bien, la procedencia formal no determina por sí sola la suspensión de la ejecución de la pena. Debe analizarse si, conforme las circunstancias del hecho y las condiciones personales del imputado, la ejecución efectiva aparece necesaria o si resulta suficiente una condena condicional acompañada de reglas de conducta estrictas y control judicial.
En el caso concreto, la ausencia de antecedentes penales, la existencia de domicilio constatado y el límite punitivo propio del procedimiento de omisión de debate permiten formular, con prudencia, un pronóstico favorable de sujeción a las reglas que habrán de imponerse. Por ello, entiendo procedente disponer que la pena de dos (2) años de prisión sea de cumplimiento en suspenso.
Esta modalidad no minimiza la gravedad de los hechos ni desconoce el impacto producido en la damnificada. La respuesta penal se integra con una condena, la imposición de costas, la inscripción en el Registro Único de Personas Violentas (RUV) una vez firme la sentencia y un conjunto de reglas de conducta especialmente orientadas a evitar nuevos contactos, reducir factores de riesgo y someter al condenado a control institucional durante el plazo de dos (2) años.
En consecuencia, ponderadas las características de los hechos, la calificación legal asignada, las condiciones personales de G. J. Á., la ausencia de antecedentes penales computables y el límite derivado del procedimiento de omisión de debate, corresponde imponerle la pena de dos (2) años de prisión de cumplimiento en suspenso, en orden al delito de “privación ilegítima de la libertad agravada por cometerse con violencia”, previstos y reprimidos por los arts. 45 y 142 inciso 1° del Código Penal.
En virtud de ello, y en atención a la modalidad de cumplimiento de la pena impuesta, se dispone que durante el plazo de dos (2) años G. J. Á. deberá observar las siguientes reglas de conducta: fijar residencia estable y someterse al control y cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados; abstenerse de mantener contacto con la damnificada –por sí, por intermedio de terceros, por medios telefónicos, digitales, redes sociales o cualquier otra vía– y de acercarse a una distancia menor a doscientos metros de ella, de su domicilio, lugar de trabajo o lugares que frecuente regularmente, salvo autorización judicial expresa; abstenerse de consumir estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas; someterse a tratamiento médico o psicológico, previo informe profesional que acredite su necesidad y pertinencia; y concurrir a talleres de “Habilidades para la vida”, “Manejo de la ira”, dispositivos de deconstrucción de masculinidades o programas equivalentes que determine la autoridad de ejecución.
Tales obligaciones se imponen de conformidad con lo previsto en los incisos 1, 2, 3 y 6 del artículo 27 bis del Código Penal, bajo apercibimiento de que su incumplimiento podrá dar lugar a las consecuencias allí previstas, incluida la posibilidad de no computar todo o parte del plazo transcurrido y, en caso de persistencia o reiteración, la revocación de la condicionalidad.
Una vez firme la presente sentencia, deberá librarse oficio y testimonio al Registro Único de Personas Violentas –RUV– a fin de inscribir a G. J. Á., conforme la Ley Provincial N° 3595, modificada por Ley N° 3817.
Por otra parte, corresponde hacer saber a la víctima de autos el estado del trámite y la situación procesal del imputado, en los términos del artículo 73 inciso b) del Código Procesal Penal y del artículo 5 inciso i) de la Ley 27.372.
En virtud de la deliberación y el acuerdo que antecede y lo dispuesto por los artículos 381, 382, 383, 386 y 517 del Código Procesal Penal, la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial;
1. ABSOLVER a G. J. Á., respecto del delito de “daños en concurso real” (artículo 55 y 183 del Código Penal), en virtud del principio de duda (in dubio pro reo), conforme el art. 4 del CPP.
2. CONDENAR a G. J. Á., de demás circunstancias personales obrantes en autos, a la pena de dos (2) años de prisión de cumplimiento en suspenso, por resultar autor penalmente responsable del delito de “privación ilegítima de la libertad agravada por cometerse con violencia”, previstos y reprimidos por los arts. 45 y 142 inciso 1° del Código Penal, con más las costas del proceso (art. 29 inc. 3 del CP);
3. IMPONER a G. J. Á., por el término de DOS (2) AÑOS, el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta:
a) Fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados y Excarcelados de esta provincia (art. 27 bis inc. 1 del Código Penal);
b) Abstenerse de mantener contacto –por cualquier medio, ya sea por sí o por intermedio de terceros– y de acercarse a menos de doscientos (200) metros de la damnificada (art. 27 bis inc. 2 del Código Penal);
c) Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas (art. 27 bis inc. 3 del Código Penal);
d) Someterse a tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia (art. 27 bis inc. 6 del Código Penal);
e) Concurrir a talleres de “Habilidades para la vida”, “Manejo de la ira” y/o dispositivos de deconstrucción de masculinidades.
4. HACER SABER al imputado que el incumplimiento de las reglas de conducta impuestas podrá dar lugar a la revocación de la condicionalidad de la pena.
5. INSCRIBIR la presente sentencia en el Registro Único de Personas Violentas (RUV), conforme lo previsto por la Ley Provincial Nº 3595.
6. INFORMAR a la víctima de autos el estado del presente trámite y la situación procesal del imputado, en los términos del art. 73 inc. b) del Código Procesal Penal y art. 5 inc. i) de la Ley 27.372.
7. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE y, firme que sea, REMÍTANSE las presentes actuaciones a la Secretaría de Ejecución a sus efectos.
Fdo. Dr. Jorge Daniel Yance –presidente-, Gabriel Eduardo López y Gerardo Giménez –jueces subrogantes- ante la Dra. Gabriela Mansilla –secretaria-.
Fin de la sentencia