Abriendo la norma
Cámara Segunda Civil y Comercial Sala II de la Plata · Causa 128759
SD
Sentencia Definitiva Causa N° ####; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 6 - LA PLATA G. J. C/ G. D. L. Y OTROS S/ EJECUCION DE SENTENCIA En la ciudad de La Plata, en la fecha de la firma digital, celebran telemáticamente acuerdo ordinario los señores Jueces vocales de la Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelación, el doctor Leandro Adrián Banegas, y el doctor Hugo Adrián Rondina, para dictar sentencia en la Causa ####, caratulada: "G. J. C/ G. D. L. Y OTROS S/ EJECUCION DE SENTENCIA", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Se encuentra ajustada a derecho la sentencia apelada de fecha 5 de marzo de 2025?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. Llega apelada a esta instancia revisora la sentencia mencionada en cuanto fijó la base regulatoria de los presentes obrados en la suma de U$S ####, equivalentes a $####, conforme cotización dólar MEP, y reguló los siguientes honorarios profesionales: Dra. Patricia C. D.D.J., 11 jus; Dr. I.G., 15 jus; Dr. I.O., 15 jus; Dr. G.T., 120 jus; Dr. W.J.G., 120 jus.
2. Contra tal modo de resolver interpusieron recursos de apelación la Dra. D.D.J., por derecho propio y por bajos, (v. 12 de marzo de 2025), remedio concedido en providencia del 13 de marzo de 2025; el Dr. I.O., por derecho propio, cuestionando la base regulatoria y por bajos (v. 14 de marzo de 2025), remedio concedido en providencia del 17 de marzo de 2025; el Dr. I.G., por derecho propio, cuestionando la base regulatoria y por bajos, (v. 17 de marzo de 2025), remedio concedido el 18 de marzo de 2025.
2.1. Se agravia la Dra. D. en cuanto considera que no se ha valorado debidamente su intervención en el proceso de ejecución de sentencia, el cual no se inicia con la formación del incidente de ejecución, sino que se ha promovido mucho antes, motivo por el cual, dicha intervención debe ser debidamente ponderada y verse reflejada en la regulación de honorarios.
Explica que, la ejecución del acuerdo homologado en la causa principal por simulación fue promovida por J.G., con su presentación de fecha 31 de julio de 2020, se practicó liquidación y se requirió la traba de embargo. Afirma que, ello constituye el inicio del proceso de ejecución y es a partir de dicho momento que debe valorarse su intervención.
Advierte que, su regulación de honorarios aquí no puede escindirse de su intervención en la ejecución del acuerdo llevada a cabo en el expediente principal en nombre de D. y P.G., desde fs. 521/524, hasta la formulación del acuerdo y pago final de la deuda.
Por todo lo manifestado, pide se eleven sus estipendios al máximo de la escala prevista para los incidentes sobre la base fijada por el juez de grado, ponderando la extensión, calidad y eficacia de las tareas desarrolladas.
2.2. Se agravia el Dr. O. de la inadecuada base regulatoria determinada por el juez de grado en razón del monto de los acuerdos conciliatorios celebrados entre las partes y sus letrados, sin su intervención, lo que considera le es inoponible. Así, sostiene que la liquidación que se ha tomado a tal efecto, de fecha 20 de septiembre de 2024 por la suma de U$S#### para tarifar la actuación de la totalidad de los profesionales intervinientes, no es otra que la practicada por las partes firmantes del acuerdo y en base al mismo.
En su lugar, entiende que deben ser regulados sus honorarios en base al monto que arroja la liquidación por la suma total reclamada, cuya afirmación más exacta consiste en la presentada el día 22 de agosto de 2022, la cual actualizada a la fecha arroja la cifra de U$S#### la que deberá ser convertida a moneda de curso legal conforme su equivalente al dólar MEP.
Luego, se disgusta de la regulación efectuada en 15 jus (equivalentes a $####), la que considera se encuentra por debajo del mínimo de la escala legal.
Explica que, dicho monto es equivalente al 0,13% de la base regulatoria, cuando -conforme lo normado en el art. 41 de la ley 14.967- el mínimo aplicable asciende al 5% del monto de la sentencia, lo que en el caso asciende a $####; ello, tomando como parámetro la base regulatoria utilizada por el fallo puesto en crisis, y no la planteada por el recurrente, que indudablemente es la acertada, dice.
Además, expone que su planteo efectuado respecto de la confusión del crédito de la ejecutante, por ser heredera de M.L.S., fue indudablemente utilizado como piso de negociación por las partes, en tal medida que expresamente se consignó esa circunstancia en todos los acuerdos presentados. Dicho planteo representó un ahorro para P. y D. G. de no menos de U$S ####, lo cual no fue tenido en cuenta a la hora de regular sus estipendios.
En razón de ello, considera que, sin perjuicio de la intervención de otros profesionales, su honorario debe ser regulado en, al menos, el 5% de la base regulatoria que la Cámara estime pertinente.
2.3. Finalmente, el Dr. G. expone sus argumentos los cuales resultan una réplica de los citados en el punto anterior, a lo que se remite por razones de brevedad.
3. Tratamiento del recurso.
3.1. De la base regulatoria.
Concluye la presente causa con la homologación judicial de los acuerdos celebrados: a- entre la ejecutante -J.G.- y el coejecutado -P. E. G., por la suma de U$S #### y con la intervención de los respectivos letrados patrocinantes, Dres. H.B. y G.T. (v. 20-9-2024; 1-10-2024 y 4-10-2024); bentre la ejecutante -J.G.- y el coejecutado -D. L. G.-, por la suma de U$S #### y con la intervención de los respectivos letrados patrocinantes, Dres. H.B. y W.J.G. (v. 30-9-2024; 1-10-2024 y 4-10-2024). En dichos acuerdos, y en razón de sus montos, se pactaron los honorarios del Dr. B. -patrocinante en ambos casos de la parte ejecutante- y, posteriormente por resolución judicial que llega apelada, se regularon los correspondientes a los restantes letrados intervinientes en el proceso -participantes y no participantes de los acuerdos- en base al monto que el juez consideró constituye el reclamado en la presente la pretensión. Así entonces, el tema controvertido a dilucidar en esta instancia viene dado por la oponibilidad del monto que arrojan los acuerdos transaccionales homologados respecto de los letrados que no participaron de los mismos, en virtud de la nueva redacción del art. 25 de la ley 14.967.
Establece en su último párrafo el citado artículo que: “…en los supuestos de transacción y conciliación, la regulación de honorarios se practicará sobre el monto total que resulte de las mismas. Dicha base regulatoria solo será oponible a los profesionales intervinientes en la transacción”.
Determinar cuál es la base regulatoria para los letrados que no participaron del acuerdo, es una cuestión que fue -oportunamente- resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante la vigencia del Decreto 8904/77, en el precedente “Murguía” ratificando el fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil según el cual “la transacción o conciliación que pone fin al pleito es oponible a los fines arancelarios a los profesionales que intervinieron en el proceso y no participaron en el acuerdo respectivo” (CSJN, 11/4/2006, “Murguía, Elena Josefina c. Green, Ernesto Bernardo s/ cumplimiento de contrato”), en criterio seguido por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA, 22/8/2012, “Lattanzio, Silvia y otros c. Ruiz, Mario y otros s/ daños y perjuicios”, C. 114092). Según esta doctrina, el acuerdo transaccional proyecta sus efectos sobre la regulación de honorarios no solo en relación a los letrados de las partes que intervinieron en su celebración, sino también respecto de aquellos que, o bien no lo hicieron o bien solicitan le sean aplicadas otras pautas regulatorias. Se argumenta para ello que, no pueden existir en un mismo proceso una dualidad de bases regulatorias, una para los letrados intervinientes en el acuerdo y otra para los que no participaron de ella. Que, los aranceles se vinculan normalmente con la base sobre la que ha de regularse el honorario no solo por el valor disputado, sino también por el modo de terminación del proceso, siendo claro que cuando hay un acuerdo de partes, su efecto sobre los emolumentos no es un problema que se gobierna por la legislación civil en materia de contratos, sino que deben acatarse las leyes específicas que regulan la materia y que se refieren a ellos; por lo cual, carece de sentido señalar que los profesionales sean terceros a los que el acuerdo no es oponible. Ello no empece a que se aduzca y pruebe -en algún caso- el carácter fraudulento y doloso del acuerdo, destinado no a reglar los intereses de las partes, sino a burlar la justa retribución de los profesionales, situaciones que por su carácter requieren de la adecuada prueba.
La doctrina aludida, en mi opinión, no debe soslayar o desoír de modo automático los postulados de la actual norma arancelaria al respecto, sino que debe estarse a una interpretación armónica y teleológica de la ley 14967 respecto del CCyC y de los antecedentes jurisprudenciales mencionados. A partir de allí, concluyo que resulta procedente la aplicación de una postura intermedia y ajustada al caso en particular que no deseche la norma arancelaria, pero que tampoco la aplique de modo mecánico e irreflexivo.
Para la aplicación de las pautas del art. 25 LHP y la doctrina de la CSJ en la materia, el análisis debe estar necesariamente impregnado de las constancias de la causa.
En favor de la aplicación del mismo monto como base regulatoria para todos los profesionales se dirá que la conciliación entre partes en sede judicial requiere de su homologación y ésta es la resolución que, más allá de lo acordado previamente, pone fin al litigio y por ende cuenta con la potestad y fuerza ser elemento fundamental para la fijación de la base.
Por otro lado, la misma norma arancelaria fija que el valor del litigio (en este caso la conciliación) es solo una de las pautas –aunque no menor- que deben tenerse en consideración a la hora de regular honorarios y por ende su ligazón extrema al monto del litigio (en ese caso base regulatoria) no luce procedente.
Además, y lo que estimo fundamental para lo solución del caso, es la necesidad de que los honorarios de la totalidad de los profesionales actuantes guarden proporcionalidad entre sí para evitar confiscatoriedad y desequilibrios en el entre el valor del juicio y las diferentes labores cumplidas porcada uno en el proceso.
En conclusión, la nueva redacción del art. 25 – interpretada en forma armónica y sistémica con todo el ordenamiento jurídico- no importa vedar a los jueces el ejercicio de sus facultades jurisdiccionales para meritar -conforme las particulares circunstancias de cada caso- si el acuerdo transaccional arribado resulta oponible a los efectos de la base regulatoria a los letrados que no tomaron participación en el mismo. Así, serán los jueces quienes valorarán la justeza, razonabilidad y conveniencia para extender los efectos regulatorios del convenio o para apartarse del mismo (art. 34 inciso 5 del C.P.C.C; arts. 1, 15 y 16 ley 14.967, arg. art. 730 del CCyC). Aplicada tal doctrina al caso concreto, se advierte que la suma de los acuerdos celebrados entre la ejecutante y los ejecutados (v. 20-9-2024; 30-9-2024; 4-10-20224) -U$S #### resulta un monto razonable en proporción al de U$S#### fijado por el juez como base regulatoria y asimismo al de U$S #### que surge de la liquidación practicada el 22 de agosto de 2022 y que fuera el pretendido por los letrados apelantes, por ende, debería ser oponible a todos los profesionales actuantes en este proceso. Sin embargo, resultando el monto del acuerdo transaccional inferior al de la base regulatoria fijada por el juez de grado y en virtud del principio procesal con sustento constitucional que prohíbe la reforma en perjuicio de la única parte apelante (art. 18 CN), corresponde confirmar la base regulatoria de la sentencia de primera instancia, esto es, U$S ####, equivalente a $####.
3.2. Del monto de los honorarios.
Bajo tales premisas, conforme la importancia del asunto, mérito y eficacia de las tareas desarrolladas, se modifican los honorarios apelados, los cuales se fijan -por la actuación en la presente ejecución de sentenciade la siguiente manera: Dra. Patricia C. D.D.J., 250 jus; Dr. I.G., 350 jus; Dr. I.O., 350 jus; en todos los casos con más el aporte de ley e IVA, si correspondiere (arts. 1, 2, 10, 15, 16, 21, 22, 25, 28, 41 y conc. Ley14.967, art. 20 ley 6716).
4. Sin costas atento la cuestión debatida y la intervención de los letrados por propio derecho (arts. 68 y 69 del C.P.C.C.).
POR ELLO, en virtud de las consideraciones y fundamentos que anteceden, corresponde confirmar la base regulatoria establecida en la sentencia apelada -$#### y modificar los honorarios apelados, los que se fijan para la Dra. Patricia C. D.D.J., en 250 jus; Dr. I.G., en 350 jus; Dr. I.O., en 350 jus; en todos los casos con más el aporte de ley e IVA, si correspondiere. Sin costas de segunda instancia. REGÍSTRESE.
NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. HUGO A. RONDINA JUEZ JUEZ
Fin de la sentencia