Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXIX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8398 FOLIO Nº 170/172 PROT. ELECT. JR101014I.242
Río Gallegos, 01 de febrero de 2024.
La presente causa caratulada: “G.J.L. S/ VIOLACIÓN DE DOMICILIO Y PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LA LIBERTAD” Expte. Nº 19082/20 - Apelación Nº 8270/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 193/199, obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Instrucción Nº Tres de Río Gallegos, quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de J.L.G., en orden al delito de “privación ilegitima de la libertad agravada por haberse cometido con violencia” (arts. 45 y 142 inc. 1 Código Penal); y en el punto II) trabó embargo sobre los bienes del imputado por la suma de pesos cien mil ($ 100.000). Que a fs. 205/208 y vta., la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 212 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, seguidamente, trataremos los agravios expresados, en el orden propuesto por la defensa en el recurso impetrado.
I. Tratamiento de los agravios relativos a la suficiencia y valoración de la prueba para el dictado del procesamiento: inicialmente, aseguró el recurrente que el testimonio aportado por V.L.C. en la causa, no resulta suficiente para arribar a una conclusión respecto a la existencia material del hecho denunciado. En tal sentido, advirtió que no hubo testigos presenciales del mismo, vecinos u ocasionales transeúntes. Dijo que su asistido, requirió al testigo F.E.G. -quien la noche de los hechos se encontraba en la casa de la damnificada- que abandonara el inmueble, por lo que el nombrado se fue del lugar. Puso de resalto que, en su presencia, el imputado no agredió ni amenazó a la pretensa víctima, y tampoco observó el momento en que ingresó a la vivienda, porque el testigo se encontraba en el baño. Así, lo agravió que solamente se pondere la declaración de la presunta víctima para justificar el procesamiento pues, según dijo, su relato es inconsistente.
Ya en el punto IV) destacó que, en casos como el que nos ocupa, los dichos de la víctima deben analizarse con mayor estrictez. Aquí, cuestionó que no se arbitraran los medios necesarios para producir prueba que traiga claridad a los hechos controvertidos en el proceso, y calificó de inviable la valoración realizada por la a quo, basada prácticamente en los dichos de la damnificada. Al respecto, señaló que se omitió indagar entre los familiares y vecinos directos que tengan conocimiento de los presuntos hechos de violencia desplegados por su pupilo. Advirtió que no existe un análisis integral de la prueba por parte de la magistrada pues –según indicó- no se llamó a ratificar sus dichos a la pretensa víctima en sede judicial, para que aporte otros datos de interés en la causa, ni se ordenó practicar una pericia psicológica de ella para determinar su personalidad, si existe capacidad de fabulación, si su relato fiable o podría estar influenciado por terceros. Explicó que el protocolo ante la OVD, no tiene por finalidad establecer si efectivamente la persona ha sido agredida por alguien, y mucho menos quién es el autor de las lesiones recibidas. Indicó que, si bien se puede hacer referencia a los antecedentes del supuesto agresor, se desconoce su identidad.
En otro orden de ideas postuló que, aun analizando el caso con “perspectiva de género”, se debe valorar la prueba de conformidad a lo enunciado por nuestra normativa legal, y generar elementos probatorios para respaldar la acusación, lo que –a su juicio- no habría ocurrido en el presente proceso, pues la jueza solamente tuvo en cuenta el relato de la denunciante. En conclusión, aseguró que los elementos reunidos, no acreditan per se y, a ciencia cierta, la ocurrencia material del hecho denunciado.
Que, analizados los agravios expresados por el recurrente, adelantamos, serán desestimados.
En efecto, si bien en casos como el que nos ocupa resulta relevante la declaración de la presunta víctima, este no es el único elemento agregado al legajo, sino que se adunaron otros que, valorados de manera integral y a la luz de la sana crítica racional, alcanzan para fundar el procesamiento del incuso (art. 199 y 289 del CPP).
Así, contamos en autos con el relato de F.E.G. (amigo de la víctima) quien contó que aquella noche, encontrándose en la casa de la damnificada, después de las 02:00 de la mañana, su amiga habría comenzado a recibir mensajes de texto de su ex pareja, quien se habría apersonado en el lugar, y tras ingresar sin autorización de la víctima a la morada, le habría pedido al declarante que se retire. No obstante, mientras estuvo dentro de la vivienda, escuchó que discutían. (fs. 13/13 vta.). Por su parte, el informe del Cuerpo Médico Forense da cuenta de las lesiones presuntamente sufridas por la pretensa víctima “… se objetiva pequeña equimosis redondeada de colorido verduzco, ubicado en la cara interna del brazo derecho…”. (fs. 16).
En este sentido, es pacífica la jurisprudencia al sostener: "...En los casos de violencia de género, la relevancia de los elementos probatorios indirectos o indiciarios de carácter objetivo, corroborante o periférico de los hechos denunciados no puede ser desechada dogmáticamente, por no provenir de fuentes directas o por no brindar datos concretos respecto de aquellos hechos, toda vez que el fundamento por el cual estos elementos tienen que ser propuestos, recibidos y valorados sólo está en conferirle una mayor convicción al testimonio de los involucrados acerca del conflicto investigado..." (Cita online: TR LALEY AR/JUR/18735/2014). A todo ello se aduna el informe incorporado a fs. 21/22 y vta., que califica la situación en que se encuentra la denunciante como de “alto riesgo”, derivada –entre otras cuestiones- de la violencia que padece en virtud del posible hostigamiento del imputado tras dar por finalizada la relación de noviazgo, y presuntas amenazas de causar daños a terceros. En lo que atañe al cuestionamiento que sobre la valoración de dicho informe efectuó la defensa cabe mencionar que, si bien es cierto que se basa esencialmente en los dichos de V.L.C., la estimación del grado de riesgo que la pudiera afectar, es una conclusión formulada por un cuerpo interdisciplinario creado al efecto, para evaluar precisamente dichos aspectos, por lo que no debe ser desestimada como otra prueba indiciaria. Que, el repaso efectuado, permite sostener que los elementos valorados por la jueza resultan –en principio- suficientes para establecer la probabilidad de la existencia de los hechos, que el imputado fuera su autor material, y que estos se hubieran desarrollado tal como indicó la damnificada en su denuncia.
Por su parte, en relación a la crítica referida a que no se hubieran arbitrado los medios necesarios para producir prueba destinada a esclarecer los hechos, debemos inferir que la magistrada no lo creyó necesario. De todas formas, en sostén de dicha decisión, cabe señalar que los elementos hasta aquí valorados bastan para el dictado del procesamiento.
A mayor abundamiento, -desde su designación a fs. 177- la defensa se encontraba facultada para proponer diligencias, conforme lo normado por el art. 190 del CPP, sin embargo, intervino para requerir la suspensión de la pericia psicológica psiquiátrica de su asistido y luego directamente para que se deje sin efecto (fs. 180/180 vta. y 184), sin aportar prueba alguna. Por lo demás, consideramos inobjetable la valoración efectuada por la magistrada respecto de los elementos reunidos, posicionándose frente a los hechos con perspectiva de género, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en la materia, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará); y acatando las previsiones de los arts. 2º incisos b) y f); 3º inciso a); 5º incisos 1) y 2); 6º inciso a); 7º inciso c) y 16º sstes. y cctes. de la Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley 26.485), motivo por el cual, confirmaremos íntegramente el auto apelado.
II. Crítica al embargo: por último, calificó como excesiva la suma de embargo dispuesta en el decisorio dado que, según dijo, a su asistido le resulta imposible afrontar el pago de su cuantía.
Que, respecto a este planteo, al efectuar una atenta lectura de la resolución atacada, surge que en el punto IV) del considerando, la magistrada dio las pautas por las que consideraba adecuado establecer el monto del embargo en la suma de pesos cien mil ($ 100.000). Dicha cifra no aparece como irrazonable, ya que la misma guarda relación con el perjuicio que se hubiere causado (ello en función de que el art. 499 del CPP establece que al momento de decretar el procesamiento el magistrado debe ordenar también, el embargo de bienes del imputado). Por otro lado, la parte recurrente no dio ningún argumento o parámetro en apoyo a su postura que nos permitan apartarnos del criterio seguido por la Sra. Jueza interviniente, limitándose genéricamente a calificarlo como `excesivo´, razón por la cual rechazaremos este cuestionamiento.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 193/199, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia