Abriendo la norma
TOMO CLXIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.224 FOLIO Nº 119/125 PROT. ELECT. JR101 371I.261
Río Gallegos, 03 de septiembre de 2026.
La presente causa caratulada: "G.J.N.
S/LESIONES GRAVES", Expte. Nº 30.037/26 - Apelación/Causa JR Nº 10.308/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 13/38 del presente incidente, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno de El Calafate, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento con prisión preventiva de J.N.G., en orden al delito de “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas con alevosía" (arts. 90 y 92 en función del art. 80 inc. 2 del CP) y en el punto 2) ordenó el embargo sobre el dinero o los bienes del procesado por la suma de diez millones ($10.000.000) de pesos. Que a fs. 41/47 del presente incidente, la defensa oficial apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 51 sostuvo el recurso y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuó presentación alguna. Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos,
I. Que a continuación se abordarán cada uno de los agravios de la recurrente respetando el orden propuesto en el escrito de apelación.
La defensa sostiene que la resolución de procesamiento incurre en una presunción de autoría injustificada, atribuyendo responsabilidad penal al imputado basándose únicamente en que el niño se encontraba bajo su cuidado. Con esto, entiende que, el juzgado invierte inconstitucionalmente la carga de la prueba, obligando al imputado a demostrar de modo concluyente que las lesiones se debieron a un accidente, cuando la mera existencia del resultado lesivo no acredita de por sí una agresión intencional, el domicilio como lugar del hecho, ni la autoría de J.N.G..
1. Contradicción decisiva respecto de la prueba objetiva: La defensa se agravia por cuanto la resolución recurrida afirma que no existe ninguna prueba objetiva que confirme la versión de la defensa sobre una caída accidental. Sin embargo plantea que esto contradice directamente las constancias del propio expediente: - Secuencia de mensajes contemporáneos: destaca que WhatsApp registra que, de forma espontánea y en tiempo real, J.N.G. informó a la madre que iba al parque con los niños (15:51 hs.), envió fotos y videos de ellos jugando en el predio (16:12 a 16:15 hs.), notificó la caída por la colina (16:23 hs.) e informó que ya habían regresado al domicilio con el menor golpeado (16:32 hs.);
- Cámaras de seguridad externas: registraron a J.N.G., saliendo del Parque B. con los niños a las 16:27:17 hs. Las filmaciones muestran que los menores se desplazaban y brincaban con normalidad, caminando sin llantos ni manifestaciones visibles de dolor, lo que corroboraría la versión de la caída.
Pues bien, por el contrario a lo planteado por la defensa, este Sr. Juez de Recursos considera que el auto de procesamiento dictado se encuentra debidamente fundado en elementos de convicción suficientes que alcanzan el estándar de probabilidad exigido para esta instancia procesal.
En efecto, el Sr. Juez de grado sustentó el auto de procesamiento mediante la valoración con perspectiva de derechos del niño víctima, de una manera armónica y pormenorizada de: los informes policiales, la denuncia judicial de la Dra. M.A.A., el certificado médico policial, la declaración testimonial de A.F.J., la evaluación médica forense de la Dra. M.L.R., el informe de situación de la SEMNAF, la documentación del Jardín de Infantes Nro. 60 y el informe de intervención solicitado por el establecimiento educacional a la SEMNAF, las copias de las actas de entrevistas labradas por la SEMNAF, el informe médico correspondiente al ingreso hospitalario de C.L.J., el acta de constatación de los profesionales de la SEMNAF, el informe de la DDI, la declaración testimonial de la Dra. M.A.A., la declaración de los niños C.L.J. y P.A., mediante cámara Gesell y sus informes de psicodiagnóstico – por enumerar algunas de las piezas procesales más relevantes-; concluyendo razonadamente que se tratan de pruebas e indicios lo suficientemente graves, precisos, concordantes y no contradichos por otros medios de prueba, permitiéndole tener por acreditado el hecho investigado y conectar –con la precariedad propia de esta instancia-, al imputado con las mismas.
Es por ello que se descarta la afirmación de la defensa respecto a que la resolución de procesamiento incurre en una presunción de autoría injustificada, atribuyendo responsabilidad penal al imputado basándose únicamente en que el niño se encontraba bajo su cuidado.
Precisamente, el Sr. Juez de grado explicó que: “… la existencia de un bloqueo emocional específico respecto del episodio investigado resulta plenamente concordante con la denuncia formulada por la Dra. M.A., la activación inmediata del Protocolo de Maltrato Infantil, la historia clínica, la epicrisis hospitalaria, el informe médico legal que calificó las lesiones como graves, las conclusiones de la SEMNAF y las restantes pruebas incorporadas durante la Instrucción, todas las cuales convergen en demostrar que el niño sufrió un traumatismo craneoencefálico de extrema violencia incompatible, prima facie, con una simple caída accidental. Asimismo, las manifestaciones espontáneas de P. acerca del miedo que le generaba J.G. y de las medidas disciplinarias que éste imponía a los niños constituyen un elemento indiciario adicional que, unido a que el imputado era la única persona que se encontraba al cuidado exclusivo de C. durante el lapso en que los profesionales estimaron producidas las lesiones, fortalece el cuadro de probabilidad exigido en esta etapa procesal respecto de su intervención en el hecho. En consecuencia, valorados conforme las reglas de la sana crítica raciona, los informes de Cámara Gesell no sólo corroboran la materialidad del hecho investigado mediante la constatación del severo impacto emocional que presentan ambos niños, sino que además aportan indicios objetivos que, apreciados en forma conjunta con la totalidad de la prueba reunida, refuerzan la hipótesis de que las graves lesiones padecidas por C.L.J. fueron ocasionadas mientras se encontraba bajo el cuidado exclusivo del imputado J.N.G.. Otro aspecto de singular relevancia para acreditar tanto la materialidad del hecho como la probable autoría del imputado está constituido por la correlación temporal existente entre la data estimada de las lesiones, la evolución clínica del niño y el período durante el cual C.L.J. permaneció bajo el cuidado exclusivo de J.N.G..”. Cabe destacar que en esta etapa de probabilidad (art. 289 del CPP), el estándar exigido no es la certeza absoluta (propia del debate oral), sino la existencia de elementos de convicción suficientes para estimar que existe un hecho delictuoso y que el imputado es prima facie responsable. En este contexto advertimos que el sólido plexo probatorio reunido desvirtuaría la versión accidental del imputado.
Con respecto al argumento defensivo de la existencia de mensajes de WhatsApp y las filmaciones de las cámaras de seguridad que muestran a los menores caminando a las 16:27 hs., no avalarían la hipótesis de la caída accidental. La pericia médica forense es concordante con las demás constancias médicas pediatras y testimoniales producidas en la causa, pudiendo determinarse que las lesiones que presentaba C. (traumatismo craneoencefálico grave, extenso hematoma subgaleal con compromiso de casi todo el hemicráneo izquierdo, hemorragia conjuntival y hematomas auriculares bilaterales) son de una magnitud y violencia extremas. Si una caída de tal nivel de energía hubiera ocurrido en la plaza minutos antes, resulta incompatible con la lógica y la naturaleza humana que el niño se desplazara con normalidad, brincando y sin manifestar llanto o dolor visible ante las cámaras. Esta aparente normalidad demostraría que el niño no sufrió tal agresión o caída de alta energía en el parque, situando temporalmente el momento de la agresión física con posterioridad, una vez que ingresaron al ámbito de privacidad del domicilio. Es por ello que entendemos que los mensajes contemporáneos de WhatsApp no serían más que un intento deliberado del imputado de construir una coartada previa. Por todo lo valorado este primer agravio no prosperará. 2.- Falta de prueba sobre el lugar, la mecánica y la autoría: En segundo lugar, la defensa se agravia ya que la imputación sitúa el hecho dentro del domicilio de la calle B.A. N° XX4. No obstante, no existe prueba directa ni indicio material que ubique allí el suceso: la inspección ocular del domicilio no arrojó signos de violencia, rastros de sangre ni elementos vinculados causalmente con las lesiones. Es por ello que plantea que el Juzgado realiza un razonamiento circular y un "salto inferencial" injustificado al concluir que, debido a que el menor estuvo al cuidado de G., existió un ataque doloso intramuros.
Asimismo, explica que la demora en llevar al menor al hospital se debió a que las manifestaciones de la lesión fueron progresivas, descartando un intento de ocultamiento.
Que este segundo agravio tampoco prosperará en razón que es doctrina penal pacífica que los delitos cometidos contra niños en el ámbito intrafamiliar ocurren por regla general en la más absoluta intimidad, sin testigos presenciales ajenos al núcleo conviviente y donde la víctima, por su corta edad, no puede relatar lo sucedido. Exigir prueba directa en este contexto equivaldría a consagrar la impunidad de estos hechos. Por el contrario a lo argumentado por la defensa, observamos -en concordancia con lo concluido por la Instrucción-, que la autoría y la materialidad se acreditarían mediante un conglomerado de indicios graves, precisos y concordantes, siendo que el niño estuvo bajo el cuidado exclusivo y excluyente del imputado durante la ventana temporal en que se produjeron las lesiones mientras su mamá se encontraba cumpliendo su jornada laboral.
Asimismo, de las constancias de la causa surgiría que, la data lesional (estimada entre 24 y 48 horas), coincide plenamente con dicho período de custodia. Del mismo modo se encontraría suficientemente acreditando en grado de probabilidad la incompatibilidad médica entre el cuadro clínico y una simple caída recreativa de su propia altura.
Y, por último, entendemos que se configuraría la conducta posterior del imputado de no procurar auxilio médico inmediato sin causales de justificación. Máxime cuando de la valoración concatenada de la historia clínica y las declaraciones testimoniales de los profesionales tratantes surge que las lesiones sufridas por el niño revisten una gravedad tal que difícilmente pueda pasar inadvertida para quien se encontraba a cargo exclusivo del mismo.
3. Desnaturalización de la hipótesis accidental y omisión de producir prueba de forma oportuna: En tercer lugar, la defensa critica que la resolución reduce la versión del descargo a una "mera caída desde la propia altura", omitiendo que el imputado declaró que el niño corría cuesta abajo por una pendiente irregular con desniveles, piedras y ramas. Además plantea que el Juzgado demoró once (11) días en realizar la inspección ocular del Parque B., haciéndola solo un día antes de resolver, descalificando la hipótesis de la caída basándose en una falta de verificación que la propia instrucción demoró en producir de conformidad con sus deberes de investigación.
En respuesta a este tercer agravio, adelantamos que, pese al esfuerzo de la defensa, no prosperará. Respecto del descargo del imputado, advertimos –por el contrario a lo que plantea la defensa-, que el Sr. Magistrado hubo de confrontarlo con la totalidad de las piezas de cargo, brindando los argumentos (confr. fs. 122vta./127 –de los autos principales-), por los que entiende que su versión no logra desvirtuar el sólido cuadro indiciario reunido, sino que, por el contrario, presenta múltiples discordancias con la prueba objetiva incorporada al expediente, la cuales, apreciadas de manera integral conforme las reglas de la sana crítica racional, fortalecen la hipótesis acusatoria. La queja por la supuesta demora en la inspección ocular del Parque B., resulta irrelevante para conmover el procesamiento. La hipótesis del "descenso de una colina irregular" fue descartada no por el estado del terreno, sino por la física y la biomecánica de las lesiones. Advertimos que la pericia médica forense y la pediatra denunciante explicaron que ante una caída rodando, un niño activa instintivamente reflejos de defensa (como interponer las manos), lo que genera excoriaciones y raspaduras en extremidades, manos o rodillas. En el caso de marras, el niño C. no presentaba una sola excoriación en su cuerpo compatible con este mecanismo defensivo. Además, una caída en una colina de pasto o tierra no tiene la capacidad de transferencia de energía necesaria para causar hematomas auriculares bilaterales y una disección del espacio subaponeurótico de tal envergadura. Es por ello que compartimos las conclusiones del Sr. Juez de grado, por cuanto la explicación del encartado se encontraría objetivamente desvirtuada por la totalidad de la prueba médica reunida. 4. Valoración parcial de la prueba médica y condicionamiento de la declaración de la Dra. A.: En cuarto lugar, la defensa se agravia por entender que la prueba médica no demuestra dolo ni autoría. La tomografía computada (TAC) no reveló fracturas, hemorragias intracraneales ni alteración ósea; el menor permaneció lúcido y vigil, siendo dado de alta mejorado.
Refiere además que el informe forense describe mecanismos posibles de "alta transferencia de energía" (por ejemplo, tracción o cizallamiento), lo que constituye una hipótesis física general y no una determinación categórica de agresión intencional. Critica la declaración de la Dra. M.A., ya que la médica no recibió al menor en la guardia (asumió la mañana siguiente en el pase de sala), no entrevistó al imputado (único testigo adulto del hecho) y su sospecha clínica se intensificó tras hablar con la abuela paterna, quien mantiene un conflicto familiar previo con la madre de los niños. Su estimación retrospectiva de que las lesiones tenían más de 4 horas de evolución choca de frente con las fotos y videos del niño jugando sano en la plaza en ese lapso.
Pues bien, este cuarto agravio no prosperará, toda vez que la defensa confunde la finalidad de las constancias médicas, que consiste únicamente en acreditar la materialidad y gravedad de las lesiones sufridas por el niño. En tal sentido fueron valoradas por la Instrucción, no habiendo sido utilizadas como fundamento de la autoría.
Advertimos que la defensa minimiza la gravedad de las lesiones argumentando la ausencia de fracturas o hemorragias intracraneales en la tomografía computada (TAC). Sin embargo, el informe de la perito forense Dra. M.L.R. y la epicrisis hospitalaria confirmarían que el hematoma subgaleal agudo era tan voluminoso que generó una deformación evidente del contorno craneano y provocó un descenso de dos puntos de hemoglobina y cinco de hematocrito, lo que habría puesto en riesgo real la vida del menor por shock hipovolémico.
Por otra parte, la sospecha clínica y posterior denuncia de la Dra. M.A. no estuvo condicionada por internas familiares, sino por la incompatibilidad flagrante entre el relato de las circunstancias en que se habrían producido las lesiones (caída de su propia altura en el parque) y la gravedad objetiva del niño al ingresar. La Dra. M.A., con 14 años de experiencia en pediatría, denotaría contundencia al aseverar que el cuadro solo es compatible con un mecanismo de extrema violencia, como un fuerte golpe directo contra una superficie dura (pared o suelo) o un tironamiento reiterado y violento de cabello o pabellón auricular. Accionar sumamente violento que concuerda con las conclusiones médicas forenses. 5.- Conversión de la ausencia de relato infantil en prueba de cargo: En quinto lugar, la defensa sostiene que en cámara Gesell, C. no brindó ningún relato del hecho por su corta edad. La niña P. tampoco describió ninguna agresión (solo refirió retos comunes y que su hermano C. cayó en la colina y J. lo rescató). Por ello se agravia que el Juzgado convirtió las hipótesis psicológicas del informe sobre un posible "bloqueo emocional" en una conclusión categórica de que el silencio del niño "corrobora la materialidad del ataque", cuando el silencio no puede probar aquello que no se narró ni mucho menos individualizar a un autor.
Que, analizando este quinto agravio, no prosperará toda vez que la Instrucción no interpretó el silencio como una prueba automática de culpabilidad, sino que valoró los informes psicológicos periciales bajo las reglas de la sana crítica y en forma conjunta con el resto de los elementos probatorios.
En el caso de la psicóloga Lic. L.D.A., el Juez a quo valoró que explicó científicamente que la imposibilidad de C. (3 años) de brindar un relato estructurado responde a su estadio madurativo y no a la inexistencia del hecho. No obstante, sus conductas durante la entrevista (angustia, evitación, ocultamiento físico bajo un almohadón al ser preguntado por su ojo lesionado y el deseo explícito de no estar allí y volver con sus abuelos) constituirían indicadores conductuales de trauma y temor. Por su parte, respecto de la niña P. (5 años), la Instrucción justipreció que la pericia acreditó una excelente capacidad discursiva en temas cotidianos, pero un bloqueo emocional específico y mutismo selectivo únicamente al abordar el hecho investigado. Sus manifestaciones espontáneas sobre que "J. los pone en penitencia encerrados en la habitación" y que eso le genera miedo, aportan un dato de gran trascendencia sobre el contexto de control y sumisión, descartando que el silencio de los niños sea inocuo.
Asimismo el Sr. Magistrado valoró que el contexto familiar ya había motivado intervenciones administrativas anteriores por parte de la SEMNAF y del Jardín de Infantes al que concurrían ambos niños, tras advertir indicadores compatibles con posibles situaciones de vulnerabilidad y maltrato, antecedentes que, si bien no acreditan por sí mismos el hecho investigado, constituyen un dato contextual que fortalece la verosimilitud de la hipótesis acusatoria.
6. Empleo de antecedentes inespecíficos como prueba de propensión: En sexto lugar, la defensa critica que la resolución utiliza informes previos del colegio y de organismos administrativos de forma genérica para inferir que G. es el autor del hecho actual. Al mismo tiempo, el juzgado minimiza antecedentes médicos reales de C. por caídas accidentales previas (un traumatismo de cráneo en 2024 y una caída de una escalera en 2025) ocurridas cuando el imputado ni siquiera conocía a la madre ni a los niños.
Que en relación a este sexto agravio, entendemos que no prosperará, puesto que advertimos que las intervenciones previas de la Secretaría de Niñez (SeMNAF) y del Jardín de Infantes N° 60 (donde ya se habían documentado indicadores de vulnerabilidad, cambios conductuales drásticos en los niños, llantos y temor hacia el imputado semanas antes del hecho) no se utilizan como "prueba de propensión" de autoría, sino para reconstruir el contexto previo de violencia y maltrato familiar. En contraposición, los supuestos accidentes previos del niño en 2024 y 2025 carecen de toda vinculación causal con el suceso actual y no justifican de modo alguno el trauma craneal agudo y severo constatado el 10 de julio de 2026.
7. Falta de acreditación de un resultado típico de lesiones graves (art. 90 del C.P.). Inexistencia de elementos para aplicar la agravante de alevosía: En séptimo lugar, la defensa se agravia por cuanto no se acreditó en el auto ninguno de los resultados típicos que la ley exige para calificar una lesión como grave (peligro real para la vida, debilitación permanente o inutilidad laboral por más de un mes). Por lo tanto, de mantenerse provisionalmente un procesamiento, el hecho debe ser calificado bajo la figura de lesiones leves (art. 89 del Código Penal).
Respecto de la alevosía, sostiene que se requiere un componente subjetivo: el aprovechamiento consciente y deliberado de la indefensión de la víctima para actuar sin riesgo. La sola vulnerabilidad por la edad del menor no reemplaza la prueba de este componente. Al desconocerse el modo, lugar e instrumento del hecho, aplicar la agravante confunde la natural desigualdad de fuerza con un modo comisivo calificado, por lo que debe excluirse la agravante de los arts. 92 y 80 inc. 2 del Código Penal.
Pues bien este agravio no prosperará, toda vez que esta Alzada viene sosteniendo de manera invariable desde el año 2022, en concordancia con los dictámenes de la Sra. Fiscal de Cámaras, que la calificación legal resulta ser provisoria y mutable, con lo cual no causa estado.
Prueba de ello, resulta el reciente fallo de nuestro máximo TSJ, que en autos caratulados: “V.J.A. S/Homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves”, Expte. Nro. 1701/24/TSJ, en fecha 14/05/26, mediante el recurso de casación hubo de modificar el encuadre legal establecido por el Juzgado de Instrucción, elevando el monto de la condena que había recaído en la Cámara Criminal y Correccional de la 1ra Circunscripción Judicial.
8. Insuficiencia del estándar exigido por el art. 289 del C.P.P.. Arbitrariedad y falta de fundamentación de la prisión preventiva: En octavo lugar, la defensa plantea que dado que aún se encuentran pendientes pericias médicas fundamentales para determinar con precisión la mecánica de producción de las lesiones y sus secuelas definitivas, no resulta jurídicamente sostenible mantener encarcelado preventivamente al imputado. Por ello solicita se revoque el procesamiento y se disponga el sobreseimiento o, subsidiariamente, se dicte la falta de mérito. Destaca que el imputado cuenta con domicilio conocido, arraigo laboral, compareció a derecho, se sometió al proceso, entregó su teléfono celular y solicitó medidas de prueba. No existe un solo indicador de peligro de fuga, ni riesgo que el juzgado omitió analizar en flagrante violación al art. 302 del CPP..
Se asume un peligro de entorpecimiento genérico por el afecto familiar y las diligencias pendientes, sin demostrar ninguna conducta obstructiva real. Los niños están protegidos y rige una prohibición de acercamiento de 300 metros que neutraliza eficazmente cualquier contacto.
Sostener que dar una versión exculpatoria e incompatible demuestra una "intención de influir en testigos" invierte el significado del derecho de defensa y castiga cautelarmente al imputado por ejercer su garantía de no autoincriminación (nemo tenetur se ipsum accusare). Señala que se omitió fundamentar la exclusión de medidas alternativas menos lesivas de la libertad contempladas en el art. 293 del CPP (como la fijación de domicilio, restricciones territoriales o monitoreo electrónico). Que analizando este octavo agravio, entendemos que no obtendrá favorable acogida en esta instancia, pues no se advierte que la decisión carezca de fundamentos.
La existencia de medidas de prueba o pericias médicas pendientes de producción en la Instrucción (como la determinación de secuelas permanentes o los análisis de los teléfonos celulares) no obstaculiza el dictado del procesamiento. Por el contrario, el procesamiento es una resolución provisional que viabiliza el avance del proceso. Al respecto advertimos en concordancia con el Sr. Juez de grado que el "cuadro indiciario" reunido hasta el momento supera ampliamente la exigencia de probabilidad del art. 289, haciendo imperativo asegurar la sujeción del imputado al proceso.
Compartimos con el Sr. Magistrado que la prisión preventiva luce indispensable y proporcional debido a la existencia de riesgos procesales de entorpecimiento concretos y no abstractos. En ese sentido, observamos que el imputado convivía en el mismo domicilio con el niño víctima, su hermana y su madre. Los niños lo identificaban como "papá". Esta extrema cercanía y asimetría de poder le otorga una capacidad objetiva de condicionamiento, presión o manipulación sobre los testimonios de la madre (testigo clave) y de la menor P., imponiéndose su protección para garantizar la indemnidad como prueba fundamental conforme la naturaleza del delito investigado. Advertimos que, desde el primer momento, el imputado habría intentado desviar la investigación instalando una hipótesis falsa (el accidente en la plaza) e incluso habría demorado injustificadamente por más de cuatro horas el traslado del niño C. al hospital a pesar de la evidencia visual del severo traumatismo. De las constancias de la causa surge que mientras el niño tenía el rostro desfigurado por cefalohematomas, G. sugirió a la madre darle ibuprofeno y adujo que "no era nada". Esta conducta demostraría una predisposición activa a ocultar la verdad del hecho. Conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061 y las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), los jueces tenemos el deber reforzado de resguardar la integridad psicofísica de las víctimas vulnerables. Las medidas de restricción de distancia (como los 300 metros) son de imposible control y resultan insuficientes para neutralizar la influencia psicológica y el riesgo de revictimización en el ámbito intrafamiliar. No podemos soslayar que aún restan por producirse numerosas medidas probatorias de singular trascendencia para el esclarecimiento del hecho, entre ellas pericias y declaraciones testimoniales, pudiendo el imputado influir negativamente en su materialización. Es por todo ello que concordamos con la Instrucción en que puede razonadamente presumirse que, en caso de recuperar la libertad, el imputado podría entorpecer la investigación y/o darse a la fuga, frente a la posibilidad seria de que recayera una condena en su contra, ya que ésta sería de cumplimiento efectivo, en función de la pena prevista en abstracto para el delito reprochado.
Cabe recordar que es criterio de esta Alzada que: “…se debe tener en cuenta el aumento de chances de fuga que se genera al otorgarle la libertad a un detenido que tiene la posibilidad de volver al contexto de encierro una vez dictada la sentencia…” (Confr. Apelación JR Nº 6582/20 y Nº 9257/24).
Que, por lo tanto, compartimos con la Instrucción que no resultan viables en el caso concreto otras medidas alternativas al encierro cautelar, pues el propio accionar del encartado denota su total desapego a la ley. Se advierte, por ende, que a pesar del loable intento por mejorar la situación de su asistido con relación a su libertad personal, la defensa no ha logrado desvirtuar los argumentos que sustentan la decisión recurrida, toda vez que la resolución que se intenta poner en crisis se encuentra debidamente motivada. En suma, se concuerda con la Instrucción el criterio que sostiene que los riesgos procesales se ven incrementados en el caso concreto, a lo que se adiciona la solidez de las piezas probatorias incorporadas al legajo, que le permitieron arribar a la conclusión incriminante en grado de probabilidad afirmativa, sin que se encuentren conculcados sus derechos y garantías como persona sometida a un proceso penal. Por otro lado, esta Alzada advierte que el imputado no ha sobrepasado en detención cautelar el límite establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como plazo razonable de la prisión preventiva, por lo que corresponde confirmar la prisión preventiva por resultar ajustada a derecho.
9. Falta de fundamentación concreta de la cuantía del embargo: Por último la defensa se agravia del embargo cautelar de $10.000.000 fijado bajo el art. 499 del CPP, por cuanto carece de cálculo individualizado o bases objetivas verificables sobre la situación patrimonial del imputado, basándose en secuelas no determinadas. Por ello solicita que se revoque este punto o se reduzca a una suma prudencial.
Finalmente, ingresando al tratamiento del agravio mediante el cual la defensa técnica solicita la revocación o la morigeración del embargo trabado sobre los bienes de su asistido por la suma de pesos diez millones ($10.000.000), adelantamos que el planteo no habrá de prosperar.
En primer término, corresponde recordar que la traba de la medida cautelar, constituye una prescripción legal de carácter imperativo regulada en el artículo 499 del Código Procesal Penal de Santa Cruz, la cual impone al magistrado de grado la obligación de ordenar el embargo de bienes del imputado al momento de dictar el auto de procesamiento. La jurisprudencia es conteste al sostener que: “A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado...” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV;
17/09/2009; “D. Y., C.F.”; TR LALEY AR/JUR/44048/2009).
De otra parte, en lo relativo a la carencia de cálculo individualizado o bases objetivas verificables sobre la situación patrimonial del imputado, esta Alzada sostiene invariablemente que la situación patrimonial personal del encausado no constituye una pauta de ponderación para determinar o reducir la cuantía de la medida precautoria. (Criterio asentado en la causa caratulada "M.J.C. S/ Lesiones Leves Agravadas –V.G.-“ - Expte. N° M-82527/25 - Apelación/Causa JR N° 10039/26, que se cita a modo de ejemplo). Resulta oportuno precisar que la suma fijada debe considerarse un valor esencialmente estimativo e instrumental, supeditado a la provisoriedad de la etapa de instrucción que atraviesa la causa, correspondiendo su cuantificación definitiva recién al momento del dictado de la sentencia final del proceso. Por consiguiente, teniendo en consideración la extrema gravedad del ilícito objeto de imputación –lesiones graves agravadas por haber sido cometidas con alevosía (arts. 90 y 92 en función del art. 80 inc. 2º del CP-, la entidad de los eventuales daños a reparar y la dimensión de las costas judiciales proyectadas, la suma de pesos diez millones ($10.000.000) dispuesta en la instancia de origen no luce arbitraria ni desproporcionada, resultando ajustada a derecho y debiendo ser confirmada. II)
Expresa reserva del caso federal: siendo que la defensa efectúa expresa reserva del caso federal, para el supuesto caso que no se hiciera lugar a los planteos formulados, se deberá tener presente para el momento procesal oportuno.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos.
IV. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web. VI)
Ahora bien, toda vez que conforme surge de las constancias de autos (concretamente del acta de ampliación de declaración indagatoria de fs. 49/51 de los autos principales), que el imputado sería de ocupación o profesión policía, corresponde librar oficio al Departamento Legal de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, remitiendo copia de la presente a los efectos que se estime corresponder. Por todo ello, conforme las normas legales citadas, en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 13/38 del presente incidente, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. TENER PRESENTE la reserva del caso federal efectuada por la defensa.
3. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante sne.
4. LIBRAR OFICIO al Departamento Legal de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, remitiendo copia de la presente a los efectos que estime corresponder. 5º)- Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
6. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.- CONSTE.-
Fin de la sentencia