Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe estima oportuno exhortar a la dependencia interviniente a revisar y, en su caso, subsanar las circunstancias señaladas, adoptando las medidas que estime pertinentes a fin de resguardar la correcta tramitación del proceso, la adecuada calificación jurídica de los hechos investigados y el pleno ejercicio de las garantías de las partes, evitando con ello futuros planteos y dispendios jurisdiccionales.
VII. Perspectiva de derechos:
TOMO CLXIV - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO N° 10.255 FOLIO N° 001/007 PROT. ELECT. JR101 403I.261
Río Gallegos, 14 de septiembre de 2026.-
La presente causa caratulada "G.J.N. y Otro s/ Robo en grado de tentativa" - Expte. N° 35458/26 - Apelación/Causa JR N° 10331/26, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 71/76vta., obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción N° Tres con asiento en Rio Gallegos, que en su punto l) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado J.N.G., en orden al delito de “Robo en grado de tentativa” (Arts. 42, 45, y 164 del C.P.); en su punto II) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado G.A.G., en orden al delito de “Robo en grado de tentativa” (Arts. 42, 45, y 164 del C.P.); en tanto qué en su punto IV) trabó Embargo sobre los bienes de los procesados (Arts. 499 C.P) hasta cubrir la suma de Pesos Ochocientos Mil ($800.000) cada uno.
Que a fs. 81/85vta., la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 117, y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó que el auto dictado carece de motivación suficiente, en tanto -a su criterio- la decisión se sustenta en escasos elementos probatorios, ocasionando a sus defendidos un perjuicio procesal irreparable.
Que, en pos de un adecuado tratamiento de los agravios expresados por la parte recurrente, consideramos conveniente enumerar las cuestiones que corresponde resolver.
II. Del agravio referido a la arbitrariedad en la valoración de la prueba:
La parte recurrente se agravió al sostener que el procesamiento se construyó sobre meras inferencias y presunciones dogmáticas, en lugar de elementos objetivos, incurriendo el Magistrado en una valoración fragmentaria de la prueba incorporada a la causa.
En tal sentido, señaló que las secuencias fílmicas registran únicamente el desplazamiento de personas en las inmediaciones del domicilio (lugar del hecho), mientras que las referencias efectuadas en dicho informe, se limitan a describir contexturas físicas y prendas de vestir genéricas, sin individualizar a personas determinadas.
Asimismo, advirtió que tales registros no permiten observar el ingreso al domicilio, el ejercicio de violencia sobre las personas, el apoderamiento de bienes ni la distribución de funciones entre los imputados.
A su juicio, el resolutorio incurre en un error al sostener que la autoría se encuentra acreditada, pues –sostuvodebe acreditarse la efectiva participación de los imputados en el hecho y no su mera presencia o eventual proximidad al lugar. De igual manera, sostuvo que se efectuó una errónea valoración de las declaraciones testimoniales, al advertir contradicciones relevantes entre los distintos testigos. Así, cuestionó el valor otorgado al testimonio del Oficial G.M., quien reconoció haber consignado erróneamente el lugar al que concurrió junto con los restantes efectivos policiales. Circunstancia que, a criterio de la defensa, debió llevar al Magistrado a extremar el análisis del resto de sus afirmaciones, pues el reconocimiento de errores respecto de extremos objetivos, disminuiría la credibilidad y precisión de su relato incriminatorio. Señaló, asimismo, que el funcionario manifestó que, al momento en que los causantes abandonaron el inmueble, no portaban ninguno de los objetos que -conforme la hipótesis acusatoriahabrían intentado sustraer.
En particular, respecto de las declaraciones prestadas por los damnificados, afirmó que el relato del Sr. T.D. constituye una mera inferencia, en tanto reconoció no haber ingresado a la vivienda ni haber observado la sustracción de elemento alguno y, sin embargo, concluyó que los imputados habrían ingresado al inmueble y participado del hecho investigado, únicamente a partir de haber observado la puerta de acceso abierta y de conocer previamente a los mismos.
En relación con el testimonio del Sr. B.R.M., sostuvo que éste afirmó haber observado a dos personas ingresar violentamente, profiriendo amenazas y separando distintos elementos dentro de la vivienda. Sin embargo, señaló que tales circunstancias no encontrarían correlato en el registro fílmico, por cuanto éste no evidencia ninguna de las conductas descriptas por el testigo.
En conclusión, afirmó que existe una discordancia entre lo manifestado por los testigos presenciales y aquello que efectivamente surge de la prueba técnica. Ante tal contradicción, entendió que subsiste incertidumbre respecto de la secuencia temporal de los hechos, la ubicación de cada uno de los involucrados y las acciones concretamente desplegadas por ellos, por lo que consideró que la valoración efectuada por el Magistrado resulta contraria a las reglas de la sana crítica racional y configura un supuesto de arbitrariedad.
Que, analizados los primeros planteos introducidos por la defensa, corresponde adelantar que los mismos no habrán de prosperar.
En efecto, contrariamente a lo sostenido por la parte recurrente, el auto de procesamiento no se sustenta en una valoración meramente conjetural del hecho, sino en un plexo probatorio objetivo y concordante que permite tener por acreditada, con el grado de probabilidad propio de esta instancia, tanto la materialidad del suceso como la vinculación de los encartados con aquél.
En este sentido, de las constancias aunadas al legajo surge que, conforme el informe elaborado por la División de Investigaciones de fs. 50/57, se obtuvieron diversos fotogramas provenientes de las cámaras de seguridad, en los cuales se observa a tres sujetos en inmediaciones del domicilio, advirtiéndose -a partir de las acciones desplegadas- una conducta coordinada y colaborativa entre ellos.
A partir de ello, el instrumento mencionado efectuó un análisis comparativo de las secuencias fílmicas, con las dos personas que fueron demoradas en el lugar por el personal policial, permitiendo individualizar a quienes aparecen registrados en los fotogramas, para lo cual se tuvieron en consideración sus características físicas, fisonómicas y de vestimenta, resultando ser G.J.N. y G.A.G.-
Dicha circunstancia encuentra suficiente correlato en las actas de aprehensión de fs. 05/06vta., en las cuales se consignaron las características de vestimenta que presentaban los encausados al momento del hecho, las que resultan coincidentes con aquellas observadas en las imágenes. A ello se suma el relato brindado por el Sr. B.R.M., adulto mayor que se encontraba en el interior del domicilio al momento del suceso, quien describió con precisión la vestimenta y las características fisonómicas de las personas que habrían ingresado violentamente a su vivienda -véase fs. 09/vta.-, encontrándose tales referencias en consonancia con los restantes elementos de prueba.
En consecuencia, si bien las secuencias fílmicas no permiten observar directamente el ingreso al domicilio ni las posteriores acciones desplegadas en su interior, tal circunstancia no resulta suficiente para restarles valor convictivo, desde que su alcance debe ser ponderado en conjunto con las restantes probanzas incorporadas a la causa.
Ahora bien, en relación con las declaraciones testimoniales, tampoco se advierte la contradicción invocada por la defensa, sino que, por el contrario, los relatos brindados encuentran suficiente correspondencia con el plexo probatorio aunado al legajo.
En primer término, respecto de la declaración prestada por el Oficial M.G., el planteo de la defensa no resulta atendible, toda vez que el error consignado inicialmente en los sumarios de prevención, fue posteriormente reconocido y aclarado por el propio oficial en su declaración, circunstancia que, además, encuentra correlato en la impresión del plano parcial de Río Gallegos con detalle de localización obrante a fs. 59. Por lo tanto, no puede pretenderse que dicha equivocación, oportunamente explicada y corroborada, invalide el contenido restante de su declaración ni desvirtúe el valor de las restantes probanzas. Asimismo, reviste particular valor convictivo la circunstancia -también reconocida por la propia defensa- de que los efectivos policiales observaron egresar del domicilio a los dos encartados. Tal extremo, ponderado conjuntamente con las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad, permite establecer una secuencia temporal coherente: los imputados fueron registrados previamente en inmediaciones del lugar y, posteriormente, fueron observados saliendo del interior del domicilio.
Que ambos hayan egresado sin portar los elementos que, conforme la hipótesis acusatoria, habrían procurado sustraer, tampoco permite descartar su participación en el hecho. Por el contrario, dicha circunstancia resulta compatible con la interrupción del iter criminis, en tanto los causantes habrían abandonado el inmueble al verse sorprendidos por el Sr. T.D. y por el personal policial. Precisamente, ello explica que la conducta haya sido encuadrada por el Magistrado en grado de tentativa y no como delito consumado.
Por otra parte, respecto del relato ofrecido por el Sr. T.D., cabe señalar que éste no se presenta como una mera inferencia carente de sustento, como pretende la defensa, sino que constituye otro elemento que se integra con las restantes evidencias. El nombrado manifestó que, momentos antes del hecho, había observado a los imputados -a quienes conocía previamente-, quienes le habrían solicitado dinero, accediendo éste a entregárselo.
La circunstancia de que el testigo no haya observado directamente el ingreso al domicilio no resta eficacia probatoria a su relato, pues, conforme surge de sus dichos, no se encontraba en el interior ni en las inmediaciones de la vivienda, sino que, al regresar al domicilio de su abuelo –Sr. B.M.-, advirtió que el portón de acceso se encontraba abierto, situación que le resultó llamativa por tratarse de una circunstancia que habitualmente no ocurría. Ello, sumado al encuentro previo que había mantenido con los imputados, motivó su sospecha, la que posteriormente encontró corroboración al observar a ambos egresar del inmueble.
Por su parte, el relato brindado por el Sr. B.R.M. se presenta como preciso y verosímil, en tanto describió la secuencia inicial del ingreso de los causantes, señalando que éstos habrían tocado la puerta, que él procedió a abrirla y que, posteriormente, ingresaron violentamente al domicilio. Asimismo, individualizó las distintas conductas desplegadas por cada uno de ellos, aspecto que será analizado en el considerando siguiente.
A ello se suma un elemento objetivo de particular relevancia que otorga mayor corroboración a sus dichos. En efecto, el testigo refirió que uno de los causantes lo habría amenazado con incendiar su vivienda, circunstancia que encuentra respaldo en el acta de inspección ocular y croquis ilustrativo de fs. 06/08, de los cuales surge el hallazgo de un bidón de diez litros, de color blanco, que contenía en su interior un remanente mínimo de líquido azulado, con olor similar a combustible (nafta), elemento apto para provocar un incendio.
De igual manera, el testigo indicó que uno de los causantes le habría solicitado dinero, circunstancia que guarda correspondencia con lo previamente relatado por el Sr. T.D., quien también manifestó haber recibido una solicitud de dinero por parte de los mismos sujetos momentos antes.
Así las cosas, las distintas piezas probatorias no aparecen aisladas ni sustentadas en meras conjeturas, sino que se corroboran recíprocamente y permiten reconstruir, con el grado de probabilidad exigible en esta etapa procesal, una secuencia coherente de los acontecimientos y la intervención de los encartados.
Por todo lo expuesto, consideramos que la valoración efectuada por el Magistrado se encuentra suficientemente fundada y resulta acorde al cúmulo probatorio incorporado en autos, apreciado en forma integral, armónica y concatenada, y de conformidad con las reglas de la sana crítica racional. En efecto, no advirtiéndose la presunta valoración arbitraria invocada por la parte recurrente, corresponde rechazar el agravio planteado en este acápite.
III. Del agravio referido a la ausencia de individualización de las conductas:
A su vez, la defensa se agravió al considerar que el decisorio arribado contiene una insuficiencia argumentativa, en tanto no individualiza las conductas concretamente atribuidas a sus pupilos que permitan sostener la existencia de una coautoría. En tal sentido, advirtió que del procesamiento surgen expresiones genéricas referidas a “los imputados”, “ambos encausados” o “los causantes”, omitiéndose precisar cuál habría sido el aporte específico o la contribución funcional realizada por cada uno de ellos dentro del presunto plan delictivo que justificaría la aplicación de la teoría de la coautoría.
Sostuvo que el auto recurrido sustenta la coautoría, esencialmente, en el hecho de que los imputados habrían sido vistos juntos en las inmediaciones del lugar, sin que exista -a su criterio- elemento probatorio alguno que permita acreditar una comunicación previa, planificación o distribución de tareas en el supuesto robo, de modo tal que pueda inferirse razonablemente la existencia de un plan común.
Ello, señaló, vulnera los principios de culpabilidad personal y de inocencia, consagrados constitucional y convencionalmente, citando doctrina en respaldo de su postura. Finalmente, sostuvo que la decisión del Magistrado de considerar acreditada la autoría, a partir de una fundamentación que estima deficiente, vulnera el deber constitucional de motivación suficiente de las resoluciones judiciales, como garantía del debido proceso.
Que iniciado el tratamiento del presente agravio, anticipamos, el mismo tampoco habrá de prosperar.
En efecto, si bien se advierte que el Magistrado no efectuó una descripción pormenorizada de las conductas despegladas por cada uno de los encausados en el considerando II) de la resolución recurrida, lo cierto es que dicha circunstancia no resulta suficiente para desvirtuar, en esta instancia, la hipótesis de actuación conjunta que surge del análisis integral de las constancias aunadas al legajo.
En tal sentido, adquiere particular relevancia la declaración testimonial brindada por el Sr. B.M., quien se encontraba presente al momento del hecho y efectuó una descripción concreta del accionar desplegado por ambos imputados. Así, además de individualizar las características fisonómicas y de vestimenta de cada uno, refirió que uno de ellos se abalanzó sobre su persona, incitándolo a la violencia y amenazándolo con prender fuego la vivienda, mientras que ambos habrían procedido a separar distintos objetos de interés, reuniéndolos en el sector del living-comedor.
Que dicha circunstancia reviste suma importancia al ser ponderada conjuntamente con las conductas que presumiblemente habrían desplegado en el interior de la vivienda, así como también la identificación de ellos efectuada por el testigo T. momentos previos al hecho en inmediaciones del lugar, y el posterior egreso conjunto del inmueble, extremos que permiten sostener, prima facie, la existencia de una actuación coordinada entre ambos.
Así las cosas, consideramos que, si bien no puede describirse con exactitud un acuerdo previo de voluntades orientada al fin delictivo, las probanzas precedentemente descriptas permiten inferir razonablemente la existencia de una decisión común previa al suceso y de aportes funcionalmente vinculados a la ejecución del mismo, evidenciándose así una contribución activa en el desarrollo del iter criminis. En consecuencia, el plexo probatorio reunido permite tener por individualizadas, al menos con el grado de probabilidad exigible, la intervención que habría correspondido a cada uno de los encartados, reforzando la hipótesis incriminante de actuación conjunta entre G.J.N. y G.A.G., resultando prematuro exigir en esta instancia una certeza propia de etapas posteriores del proceso. Así, sin observarse una afectación al principio de culpabilidad personal, es que el presente agravio no habrá de prosperar.
Lo expuesto, es sin perjuicio del señalamiento efectuado al Juzgado interviniente en el considerando VI) del presente resolutorio.
IV. Del agravio referido a la errónea calificación legal:
La parte recurrente afirmó, asimismo, que el auto recurrido incurre en error al considerar configurados los presupuestos típicos del delito de robo en grado de tentativa, sin efectuar un análisis acabado de los actos de ejecución que permitirían sostener dicha calificación.
De esta manera, cuestionó que el Magistrado haya considerado suficiente la sola presencia de sus representados en el inmueble y la supuesta intención de apoderarse de bienes, omitiendo precisar cuáles habrían sido los actos de ejecución concretamente desplegados que permitan sostener que la conducta habría superado la etapa de los actos preparatorios. Finalmente, indicó que la resolución no permite verificar con claridad cuáles serían los actos de ejecución específicamente atribuidos a los causantes, ni reconstruir con precisión el iter criminis, como tampoco individualizar las conductas desplegadas por G.J.N. y G.A.G.
Que en abordaje del presente agravio, corresponde señalar que tampoco tendrá favorable acogida. Pues bien, del estudio de la resolución recurrida se observa que la instrucción explicó con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta, la razón que la llevó a encuadrar provisoriamente los hechos en orden al delito de robo en grado de tentativa.
En este punto, cabe recordar a la parte recurrente que, en este tipo de pronunciamiento sólo se acerca a un juicio de probabilidad delictual, donde prevalecen los elementos incriminantes por sobre los de descargo, siendo suficiente para que proceda su dictado, que la acción represiva se halle debidamente fundada en derecho; lejos está de ser considerado como un pronunciamiento definitivo, pues sólo se requiere la probabilidad de la verdad de la imputación.
De igual manera, cabe recordar que esta Alzada viene sosteniendo de manera reiterada, -desde el año 2022 y en concordancia con los dictámenes de la Sra. Fiscal de Cámaras-, que la calificación legal resulta ser de carácter provisorio y mutable, con lo cual no causa estado, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 9609/25 y 10037/26, entre otras tantas).
Prueba del carácter provisorio de la calificación legal resulta ser el fallo de nuestro Tribunal Superior de Justicia, que en autos caratulados: “V.J.A. S/Homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves” , Expte. Nro. 1701/24/TSJ, dictado en fecha 14/05/26, oportunidad en la que, al resolver el recurso de casación, hubo de modificar el encuadre legal establecido por el Juzgado de Instrucción, elevando el monto de la condena que había recaído en la Cámara Criminal y Correccional de la 1ra Circunscripción Judicial.
Ahora bien, sin perjuicio de ello, cabe señalar que el presente agravio no resulta novedoso para esta Alzada, habiendo sido planteado en reiteradas oportunidades por la parte aquí recurrente (véase causas: “C.J.D. s/ homicidio agravado” (incidente de apelación), Expte. Nº 79.490/24, Apelación JR Nº 9174/24; “L.O.J. s/ homicidio (resultara víctima)”, Expte. Nº 92.369/24, Apelación JR Nº 9295/24; “D.R.E. s/ infracción al Título III del Libro II del CPA –VDG-”, Expte. Nº 84.030/21, Apelación JR Nº 9481/25; “R.G.J. y otro s/ lesiones leves y amenazas”, Expte. Nº 94.452/25, Apelación JR Nº 9881/25); habiéndose mantenido de manera uniforme el criterio de este Juez de Recursos, en cuanto a que, en esta etapa procesal, el encuadre jurídico asignado reviste carácter provisorio y, por ello, su sola discrepancia no resulta suficiente para conmover el auto de procesamiento.
En conclusión, por todo lo expuesto, corresponde concluir que los planteos introducidos por la defensa no logran conmover los fundamentos del decisorio recurrido, ergo, el presente agravio no prosperará.
V. Del agravio referido al embargo:
Finalmente, la defensa se agravió al considerar que el embargo decretado por la suma de pesos ochocientos mil ($800.000), resulta desproporcionado y que, ante la imposibilidad de sus asistidos de ofrecer bienes para cubrir dicha suma, se traduciría inevitablemente a la inhibicion general de bienes, constituyendo un daño innecesario.
De esta manera, afirmó que se estaría desnaturalizando la medida al convertirla en una sanción anticipada, afectando –a su juicio- el principio de proporcionalidad y vulnerando el derecho de propiedad.
En consecuencia, consideró que la suma establecida excede la finalidad propia de la medida, y solicitó que sea dejada sin efecto o, subsidiariamente, reducida.
Que en relación al agravio ulterior, el mismo no habrá de prosperar.
En primer término, cabe señalar que el Magistrado actúo de conformidad con lo previsto en el artículo 499 del C.P.P., el cual establece que, al momento de dictar el auto de procesamiento, debe ordenar -asimismo- el embargo de bienes del imputado.
En este sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, (el monto del embargo) debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar esos fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024).
Asimismo, y en coincidencia con lo sostenido por otros tribunales, se ha señalado que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento, debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado....” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009). En efecto, y vislumbrando que el Sr. Juez, en su considerando IV), ha explicado los parámetros tenidos en cuenta para la fijación de la medida precautoria, es que esta Alzada comparte los fundamentos expuestos, como también la cifra establecida, por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado. Por ello, es que confirmaremos el monto de la medida de embargo decretada respecto a los causantes G.J.N. y G.G.A., y rechazaremos el presente agravio.
Finalmente, esta Alzada coincide en un todo con el juicio de valor al que arribó el a quo en el decisorio cuestionado, entendiendo que la resolución se encuentra ajustada a derecho, debiendo confirmarse íntegramente el auto de procesamiento.
VI. Señalamiento al Juzgado interviniente:
En otro orden de ideas, y atento a las facultades de superintendencia atribuidas a este Juez de Recursos, corresponde efectuar un señalamiento al Juzgado de Instrucción, en relación a determinadas irregularidades advertidas en el trámite del presente sumario.
En tal sentido, se exhorta a la instrucción a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 116 y ccs. del C.P.P., particularmente en lo que respecta a la debida fundamentación de las resoluciones, mediante la exposición sucinta de los motivos de hecho y de derecho que las sustentan, así como a la correcta y precisa cita de las disposiciones legales aplicables.
En primer término, conforme fuera señalado en el desarrollo del considerando III), se advierte que, si bien en el resolutorio recurrido se consignó, dentro del encuadre legal, el art. 45 del C.P., correspondiente a la participación en calidad de coautor, se omitió efectuar toda referencia concreta a dicha modalidad de intervención, limitándose la resolución a consignar: “Robo en grado de tentativa (arts. 42, 45 y 164 del C.P.)” . Tal circunstancia fue incluso susceptible de ser articulada como agravio por la defensa, lo que efectivamente aconteció en autos. En consecuencia, correspondía que dicha omisión fuera oportunamente subsanada mediante el mecanismo previsto por el art. 119 del C.P.P., toda vez que la correcta individualización de las normas jurídicas aplicables y de la modalidad de participación atribuida constituye un aspecto sustancial para la adecuada delimitación de la imputación y el pleno ejercicio del derecho de defensa.
En segundo término, se advierte, y sin perjuicio del rol que le compete al Sr. Agente Fiscal como titular de la acción pública, que el Magistrado de grado tampoco efectuó consideración alguna respecto del denominado “ Sujeto 1”, cuya presencia y posible intervención en el hecho surge de las constancias incorporadas a fs. 50/57.
En efecto, si bien dicho sujeto no habría podido ser identificado hasta el momento, aparece vinculado a la dinámica del hecho investigado. Frente a ello, correspondía que la instrucción efectuara, cuanto menos, una valoración expresa de dicha circunstancia, dejando establecido cuál era el alcance de los elementos reunidos respecto de esa persona y, en su caso, las razones por las cuales no resultaba posible avanzar en su individualización.
No se pretende con ello adelantar valoración alguna acerca de su eventual responsabilidad, sino señalar que la circunstancia no podía ser soslayada, desde que integra el cuadro probatorio incorporado al sumario y guarda relación directa con la reconstrucción del hecho objeto de investigación.
En definitiva, a criterio de esta Alzada, los señalamientos efectuados revisten relevancia jurídica y deben ser tenidos en consideración por la instrucción. Ello, pues aun cuando las decisiones adoptadas en esta etapa revisten carácter provisorio, la correcta delimitación de los hechos investigados, su adecuada subsunción jurídica y la valoración integral de los elementos probatorios, constituyen exigencias derivadas del debido proceso y de los principios de legalidad y defensa en juicio. En tal sentido, corresponde recordar que el juzgador, en su función de garante del orden jurídico, debe procurar que las resoluciones que adopta exterioricen de manera clara y precisa los hechos que se atribuyen, su eventual encuadre legal y los elementos que sustentan las conclusiones alcanzadas. Una fundamentación incompleta o imprecisa en tales aspectos resulta suceptible de generar planteos de nulidad e impugnaciones.
Por lo expuesto, se estima oportuno exhortar a la dependencia interviniente a revisar y, en su caso, subsanar las circunstancias señaladas, adoptando las medidas que estime pertinentes a fin de resguardar la correcta tramitación del proceso, la adecuada calificación jurídica de los hechos investigados y el pleno ejercicio de las garantías de las partes, evitando con ello futuros planteos y dispendios jurisdiccionales.
VII. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
VIII. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 71/76vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden. 2º)- HACER SABER al Juzgado que interviene, lo señalado en el punto VI) de los considerandos que anteceden. 3°)- REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
4. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia