Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 129.475
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar parcialmente a los recursos de casación interpuestos por las defensas y casar la sentencia impugnada, a nivel de la sanción impuesta, sin costas en esta instancia; y condenar a S.V., D.J., a la pena de dos (2) años y seis (6) meses de prisión, y al joven G.A., J.A. a la pena de tres (3) años de prisión, manteniendo intactas el resto de las declaraciones de la sentencia.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana y Daniel Carral (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 129.475 caratulada “G.A., J.A. y S.V., D.J. s/ Recurso de Casación (RPJ)”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
I. El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 del Departamento Judicial La Plata -con integración unipersonal y en el marco del procedimiento de juicio abreviado-, el día 14 de noviembre de 2023, en causa N° 2135/2023 (I.P.P. nro. 06-00-057842-22) seguida a los jóvenes G.A., J.A. y S.V., D.J. -ambos de nacionalidad chilena- declaró a los nombrados coautores responsables de los hechos ocurridos el día 24 de diciembre de 2022, en calle 13 A entre 474 y 476 nro. 39 de la localidad de City Bell, Partido de La Plata, en perjuicio de Carlos Mario Gómez (Hecho I), en calle 14 C entre 462 y 464 nro. 933 de la localidad de City Bell, Partido de La Plata, en perjuicio de Mario Nardin (Hecho II) y en calle 14 C entre 462 y 464 nro. 937 de la localidad de City Bell, Partido de La Plata, en perjuicio de Lidia Zurita y Luis Oscar Landolfi (Hecho III), de conformidad con lo normado en los artículos 1, 56 y concs. de la Ley 13.634, 371, 373, 399 y siguientes del Código Procesal Penal.
El mismo día, dictó sentencia en los términos de los artículos 58 de la Ley 13.634, 4 y 8 del Dec.-Ley 22.278, por la que calificó los hechos respecto de los cuales respondían en coautoría los nombrados en los delitos de robo calificado por ser cometido por efracción y por ser cometido en poblado y en banda, en concurso ideal (arts. 54, 167 inc. 2 y 167 inc. 4 en relación al art. 163 inc. 4 del C.P., Hecho I), robo calificado por ser cometido por efracción y en lugar poblado y en banda, en concurso ideal (arts. 54, 167 inc. 2 y 167 inc. 4 en relación al art. 163 inc. 4 del C.P., Hecho II) y robo calificado por ser cometido en poblado y en banda y por el uso de arma, en concurso ideal (arts. 54, 167 inc. 2 y 166 inc. 2 primer párr. del C.P., Hecho III), todos ellos en concurso real (art. 55 C.P.) y acaecidos en la localidad de City Bell, Partido de La Plata, el 24 de diciembre de 2022 -conforme lo resuelto en el auto de responsabilidad-, e impuso a G.A., J.A. la pena de cuatro (4) años y ocho (8) meses prisión de efectivo cumplimiento, más el pago de las costas del proceso y a S.V., D.J., la pena de la pena de cuatro (4) años y tres (3) meses prisión de efectivo cumplimiento, más el pago de las costas del proceso. Asimismo, en lo que aquí es oportuno destacar, resolvió posponer el tratamiento de la solicitud de inicio del trámite de expulsión del país del joven S.V., D.J. al momento procesal oportuno.
II. Frente a la sentencia dictada de conformidad con los artículos 58 de la Ley 13.634, 4 y 8 del Dec.-Ley 22.278, interpuso recurso de Casación la defensa oficial del joven S.V., D.J., agraviándose del monto punitivo alcanzado, por considerar que la decisión resulta arbitraria -conforme los argumentos que expone y que se desarrollan al momento de tratar los agravios- y contraviene la normativa nacional y convencional en la materia, el corpus iuris en materia de infancia y la doctrina emanada de nuestra Corte Suprema de Justicia Nacional. En ese marco, postula que se case la sentencia en punto a la pena establecida y se imponga a su pupilo el mínimo legal, que conforme la escala de la tentativa -aplicada al caso por la jurisdicción- implicaría una pena de dos (2) años y seis (6) meses de prisión.
Asimismo, se haga o no lugar a su pedido, solicita se dé inicio al trámite de expulsión solicitado en los términos del artículo 64 de la Ley 25.871, atento los derechos internacionalmente reconocidos al niño y la demora que per se conlleva el trámite. Hace reserva del caso federal.
III. Por su parte, la defensa particular del joven G.A., J.A. interpone recurso de Casación frente a ambos actos jurisdiccionales. Respecto del auto de responsabilidad dictado en los términos de los artículos 1 y 56 de la Ley 13.634 y concordantes del Código de rito, en lo que aquí es oportuno destacar, denuncia que la sentencia es infundada e inmotivada, atento que el juez no ha dado cuenta de su raciocinio para decidir la coautoría de su pupilo, sino que se ha dedicado a transcribir de modo parcial la prueba -a su criterio escasa- reunida en la investigación, sin que haya elemento alguno que permita ubicar al joven en el escenario de los hechos, denunciando a su vez el absurdo valorativo en la apreciación de la prueba. Frente a ello, considera que debió operar el beneficio de la duda y postula, en consecuencia, su absolución, conforme el artículo 1° del Código Procesal Penal.
Subsidiariamente, adhiere al recurso de la defensa oficial del coimputado, al cual se remite en orden a la brevedad en todos sus términos. Hace reserva del caso federal.
IV. Practicado que fuera el sorteo de rigor y notificadas las partes, el recurso radicó en la Sala. La representante del Ministerio Público Fiscal postuló el rechazo de ambos recursos por resultar improcedentes. Respecto de la pena considera que “las argumentaciones de la defensa en torno a la justeza de la pena impuesta solo trasuntan su opinión personal a ese respecto, pero no demuestran que la sanción escogida resulte desproporcionada ni contraria a l[o]s principios invocados, ni tampoco a las pautas establecidas en la normativa y precedentes que se citan, y menos aún que atente contra la finalidad de resocialización”.
En cuanto a la solicitud de expulsión del país del joven S.V., D.J., entiende que asiste razón al magistrado, en cuanto a que no es este el momento procesal oportuno para su abordaje.
Finalmente, en cuanto a los agravios esgrimidos por la defensa del joven G.A., J.A., vinculados a su coautoría, considera que el juez abordó las probanzas que las partes acordaron se erijan como prueba en el marco de juicio abreviado, sin que la defensa pueda desvirtuar el razonamiento expuesto en la decisión jurisdiccional impugnada, pues el itinerario lógico seguido satisface -a su criterio- las exigencias del art. 210 del C.P.P..
El defensor ante esta Casación, al tomar vista, solicitó audiencia conforme lo establecido en el artículo 60 de la ley juvenil, la cual se llevó a cabo, respecto de ambos jóvenes, el día 7 de marzo de 2024.
Conforme lo expuesto, encontrándonos en condiciones de resolver, el Tribunal decide plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Son procedentes los recursos de casación interpuestos por las defensas de G.A., J.A. y S.V., D.J.? Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
I. Aclaración previa Dado el contenido de los recursos presentados, invertiré el orden de tratamiento por razones expositivas.
En primer término, me expediré con relación al recurso impetrado por la defensa particular de G.A., J.A., en tanto cuestiona el auto de responsabilidad en punto a la participación del joven en los hechos endilgados y que se han dado por probados, sin que sea cuestionada, ni su existencia, ni la materialidad infraccionaria narrada. En segundo término, abordaré en conjunto ambos recursos en punto al monto punitivo arribado, atento que así lo ha querido la defensa de G.A., J.A., al remitir en todos sus términos al recurso impetrado por su colega, ello, sin perjuicio de advertir dos limitaciones en tal proceder.
En primer lugar, y con especial cuidado en el fuero penal juvenil, la determinación punitiva adquiere ribetes específicos dado el fin pedagógico y resocializador de la pena en la justicia especializada, que excede el juicio a realizar en punto a la necesidad de la pena, sino que atravesado positivamente el mismo, impone a la jurisdicción la consideración del resultado del tratamiento tutelar llevado adelante por cada joven, a fin de determinar, en aras a los principios rectores del fuero y con base en el interés superior del niño (arts. 4 y 10 Ley 13.298, 33 y 36 Ley 13.634), cual es la respuesta adecuada a cada caso; a lo que se aduna la situación personal, el contexto y su mayor o menor vulnerabilidad, como así también la impresión personal que le ha causado al sentenciante; en tanto, ese grupo de consideraciones van a permitir vislumbrar en concreto las necesidades de cada joven en la respuesta propiciada, siempre teniendo en miras que la privación de libertad en la justicia juvenil no solo es excepcional, sino que en caso de proceder, debe hacerlo por el tiempo más breve posible (art. 75 inc. 22 C.N., 3 y 37 de la C.I.D.N.). En ese marco, como se verá en detalle al abordar este tramo del recurso, las situaciones contextuales de cada joven deben ser ponderadas subjetivamente.
La segunda limitación de la remisión subsidiaria realizada por la parte al recurso impetrado respecto de S.V., D.J., atiende al reclamo vinculado al trámite de expulsión del país. Dada la naturaleza personalísima del trámite, los derechos irrenunciables que involucra y las constancias de la causa que dan cuenta que G.A., J.A., sí se halla acompañado en el país por su círculo familiar inmediato, a diferencia de la situación contextual de S.V., D.J., quien carece de todo acompañamiento, no es posible que tal remisión genérica alcance este tramo.
II. Consideraciones preliminares El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata, al momento de resolver el auto de responsabilidad, tras declarar la admisibilidad de la propuesta de juicio abreviado presentada (cuestión previa), tuvo por probados los siguientes hechos (cuestión primera), cuya existencia y materialidad infraccionaria narrada no ha sido cuestionada:
Hecho I: “…el día 24 de diciembre de 2022, siendo aproximadamente la hora 16.00, en las calles 13 A entre 474 y 476 nro 39 de la localidad de City Bell Partido de La Plata, cuatro personas de sexo masculino, dos de ellos menores de edad, ingresaron al domicilio mencionado, propiedad de Gómez Carlos Mario, previo violentar la puerta de ingreso y reja delantera, y una vez en su interior reducen bajo amenazas al propietario para apoderarse ileg[í]timamente de un teléfono celular Samsung Galaxi J7 y la suma de aproximadamente 2.000 d[ó]lares para emprender la fuga del lugar a bordo de un vehículo Ford modelo fiesta de color blanco dominio AA285RL”.
Hecho II: “Luego de cometido el hecho I, el mismo día 24 de diciembre de 2022 a la hora 16:30 aproximadamente en el domicilio sito en calle 14 c entre 462 y 464 nro 933 de la localidad de City Bell las mismas cuatro personas de sexo masculino previo violentar y dañar dos puertas de ingreso a la vivienda, ingresan al domicilio propiedad de Mario Nardin, y al arribar a la propiedad sus vecinos Lidia Zurita y Luis Oscar Landolfi son sorprendidos por los sindicados, quienes golpean en la cabeza al señor Landolfi, quien perdió el conocimiento en el acto, utilizando una barreta, golpes de puños, profiriéndoles amenazas con cuchillos a este y su esposa les sustraen las llaves de ingreso al domicilio propiedad de Lidia Zurita y se apoderan ilegítimamente de cadenas de plata y oro, anteojos de sol y la suma de dinero de aproximadamente 30.000 pesos habidos en el interior del inmueble, propiedad de Nardin”.
Hecho III: “… luego de cometido el Hecho II, las mismas personas de sexo masculino que se habían apoderado de las llaves del domicilio de Lidia Zurita y Luis Oscar Landolfi sito en calle 14 c entre 462 y 464 nro 937 de la localidad de City Bell, y arrastrando de los pelos a la Sra. Zurita a quien exigían decir donde estaba el dinero, se apoderan ilegítimamente de un celular marca Apple mini 13 con funda transparente, un reloj digital Huawei con malla de goma rosa, las llaves de sus dos vehículos, joyas, notebook Apple, notebook Access o Dell, 6 esclavas de oro, un celular Apple 8 Plus, un celular Apple 7, dinero en efectivo, 30.000 pesos aproximadamente, 10.000 d[ó]lares y aproximadamente 1.600 euros, unas joyas familiares a saber : dos anillos de oro con un diamante, anillo de oro con rub[í] grande, un anillo de oro con una amatista, tres alianzas de oro, un pastillero de plata con un Cristo tallado, una anillo de platino con diamantes, un reloj electrón sin tapa, es un reloj antiguo, un reloj Enigma antiguo, un reloj con pulsera elástica de plata y oro, un reloj Omega de oro, un traba corbata con las iniciales L.O.L y otro que dec[í]a Oscarcito, un reloj Vulcan, un llavero con cadena de oro y uno con 10 francos de plata, un reloj Ecodriver Citizen, un reloj Swatch, un reloj con cadena de la NASA, es un reloj de bolsillo, esclava de oro, una caja con tres botellas de champagne pintadas por pintores reconocidos, un frasco de perfume Invictus y un perfume Y de Yves Saint Laurent, dos mochilas una Samsonite y una Adidas celeste o azul y una funda de almohadón que se encontraban en el interior del inmueble.
Que alertado personal policial, se comienza la búsqueda del rodado Ford Fiesta Dominio AA285RL y al avistarlos se inicia una persecución que finaliza en las calles 1 y 50 de Villa Elisa, momentos en que las cuatro personas de sexo masculino emprenden la fuga a pie, siendo posteriormente aprehendidos; incautándose parte de la res furtiva”. Conforme surge del acta de audiencia a tenor del artículo 398 del Código Procesal Penal y concordantes de la ley especial, que tengo a mi vista, la misma se celebró el 7 de noviembre de 2023 con presencia de las partes involucradas, prestando conformidad las defensas y los imputados al acuerdo propiciado, la calificación y la pena que como tope máximo de impuso (5 años de prisión), sin perjuicio de adelantar la defensa oficial la solicitud de aplicación de la escala de la tentativa en la determinación punitiva -de corresponder-, de conformidad con lo normado en el artículo 4 del Dec.-Ley 22.278 y, conforme ello, la imposición de una pena de dos (2) años y seis (6) meses de prisión, mínimo legal resultante de la aplicación de la escala propuesta. También surge del acta respectiva que solicitó que se diera inicio al trámite de expulsión del país de S.V., con lo cual se deduce que ha dado cuenta -conforme expresa en su escrito recursivo- de la situación familiar personal que rodea al joven. Por su parte, la defensa particular de G.A., se remitió a los planteos realizados por su colega preopinante, lo cual es importante destacar en este punto, dado que no ha cuestionado en la oportunidad que tuvo al efecto la participación del joven en los hechos. Cabe recordar, tal como lo he dejado sentado en anteriores pronunciamientos, que el procedimiento adoptado no impide a la defensa introducir aquellas cuestiones que estime pertinentes a los efectos de la consideración del tribunal de mérito; por lo cual, la conformidad prestada en el acuerdo de juicio abreviado, sin que se introdujera alguna objeción respecto de las circunstancias que -en esta instancia- cuestiona, implicó la aceptación de aquéllas tal como han sido receptadas en la sentencia en crisis.
Al respecto ha señalado nuestro máximo tribunal provincial que “…la doctrina de los actos propios enseña que la adopción de un temperamento discrecional importa ausencia de gravamen atendible, ya que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con otra anterior deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz (conf. mis votos en causas P. 125.050, sent. de 22-VI-2016; P. 126.850, sent. de 19-IV-2017 y P. 135.436, sent. de 29-X-2021 también aplicada por la Corte federal en Fallos: 285:410 y sus citas; 297:27;.299:89; 305:568; 307:599, 635 y 1582; 308:1175 y 2405; 310:884; 315:369 y 317:655)” (del voto de la Dra. Kogan, con adhesión de sus colegas, causa P. 135.113, rta. 15/02/2023).
Sentado lo expuesto, huelga precisar que conforme emerge del auto de responsabilidad, las partes no han planteado eximentes, ni el juez las ha encontrado, ni se han postulado atenuantes y agravantes, expidiéndose en igual sentido la jurisdicción.
Al momento de dictar la sentencia que importa definir la calificación atribuida a los hechos dados por probados y la necesidad de pena y, en caso positivo, su determinación, la atribución jurídica asignada a los eventos coincide con la postulada en el acuerdo y no ha sido objeto de agravio por parte de las defensas, con lo cual, arriba firme a esta instancia.
Si bien la defensa de S.V. -con adhesión de su colega- ha planteado en la audiencia realizada que no correspondía expedirse en esta instancia respecto a la necesidad de pena y determinación en su caso, el juez ha explicitado en su sentencia que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 4 del Dec.-Ley 22.278, al haberse decretado la responsabilidad de los jóvenes, contar con 18 años de edad al momento de la decisión, y encontrarse privados de libertad desde el día de los hechos (esto es, desde el 24 de diciembre de 2022) y como tal, sujetos al abordaje socio-educativo que permite ponderar la prisión preventiva sufrida en los términos del año tutelar, adicionando a ello que el artículo 8 de la norma especial habilita, en el caso, suplir el tratamiento tutelar por un amplio informe, con lo cual está en condiciones de decidir. Efectivamente, en igual sentido se ha expedido nuestro Máximo Tribunal provincial en causas nro. P. 112.915, sent. 30/10/2013; P. 113.672, sent. 11/06/2014; P. 121.683, sent. 11/04/2018; P. 119.086 y acum. P. 120.982, sent. 19/09/2018; P. 126.770, sent. 10/10/2018, entre otras. En todo caso, las partes no han cuestionado la decisión jurisdiccional de expedirse respecto al tópico, ni la necesidad de pena resuelta en el caso concreto, con lo cual la cuestión queda zanjada. Sí han cuestionado la determinación punitiva alcanzada, a la cual, adelanto, haré lugar, conforme abordaré oportunamente.
III. Recurso impetrado por la defensa de G.A., J.A., en el tramo correspondiente al agravio vinculado a la acreditación de su coautoría en los hechos que se han dado por probados 1. La defensa de G.A., ha postulado de modo intempestivo en esta instancia, la resolución que tiene por acreditada la coautoría de su pupilo, ello así por considerar que la sentencia no se autoabastece, no ha explicitado el razonamiento llevado a cabo para decidir, sino que, por el contrario, la instancia a su entender se “limitó a transcribir algunos testimonios (victimas, personal policial) sin dar explicaciones de por qué excluyo otros (la falta de elementos que acrediten la presencia de mi asistido en el lugar de los hechos, la detención horas más tarde sin elementos en su poder, etc.), cuando existe simetría de interés, y cuáles fueron las razones por las que se decidió en tal sentido. Es decir, si bien es el juez el encargado de seleccionar la prueba que le resulta más convictora, dicha selección no lo exime de explicar porque excluye la prueba de descargo del imputado (defensa material)”.
Ahora bien, sin perjuicio que lo expuesto precedentemente no se compadece con la operación realizada por el magistrado, la parte no solo no da cuenta de cuál es su hipótesis alternativa, sino qué tampoco reseña que elementos de descargo el magistrado excluyó, ni a partir de qué elementos puede refutar la decisión que ataca. Veamos qué elementos ha ponderado el juez a los fines cuestionados, sin dejar de recordar que los elementos de convicción reunidos se erigen como prueba con motivo del acuerdo alcanzado y no han sido ni en el escrito recursivo, ni con antelación al mismo, cuestionados en su fiabilidad.
2. El juez ha ponderado que los hechos -que huelga reiterar, no han sido cuestionados en su existencia- se dieron en flagrancia y de modo sucesivo, siendo alertado el personal policial vía el 911, realizando un operativo cerrojo a fin de lograr la reducción de los sujetos implicados y descriptos por las víctimas y que se trasladaban -los cuatro juntos- a bordo de un vehículo identificado en los llamados. Emerge del acta de procedimiento, secuestro y aprehensión de fs. 03/09 que a las 17:30 h -no horas después como señala la defensa, sino inmediatamente a la finalización de los últimos dos hechos, que se dieron prácticamente en simultáneo y tienen comienzo de ejecución a las 16.30 h- logran que el vehículo se detenga a la altura de la localidad de Villa Elisa, descendiendo del mismo los cuatro sujetos, quienes inician la fuga a pie, logrando -en lo que aquí es oportuno destacar- en calles 115 entre 409 y 410 bis de la mentada localidad la reducción del joven G.A., que es identificado en el acta de procedimiento.
Tampoco encuentra corroboración la aseveración de la defensa vinculada a la ausencia de elementos vinculados al delito en poder del causante, atento que emerge del acta en cuestión que sí se incautó parte de la res furtiva en el vehículo en el cual se trasladaban los cuatro involucrados en estos actuados y del cual descendieron, para acto seguido ser aprehendidos, con motivo del operativo policial desplegado en la persecución, a partir de las diversas alertas recibidas y de modo inmediato a los hechos.
Tal acta ha sido ratificada por los funcionarios policiales actuantes, conforme destaca el magistrado.
3. Respecto del vehículo en el cual arriban al momento del Hecho I -conforme surge de la materialidad descripta- y en el cual se dieron a la fuga los coautores del hecho -ver materialidad narrada respecto del Hecho III-, pondera el juez los fotogramas de fs. 37 y acta de fs. 38 con los datos del vehículo Ford Fiesta dominio AA285LR y fotogramas de fs. 41/47 extraídos de la cámara de seguridad ubicada en las inmediaciones del domicilio de Gómez (víctima del Hecho I), “en donde se observa a cuatro personas de sexo masculinos subir al vehículo Ford Fiesta blanco dominio AA285RL con similares características fisonómicas y de vestimenta que las aprehendidas”.
Véase que se hayan incorporados a la causa los CD de las cámaras de seguridad “en donde se observa a cuatro personas de sexo masculinos subir al vehículo Ford fiesta blanco dominio AA285RL con similares características fisonómicas y de vestimenta que las aprehendidas”, como así también el “Informe CATE de fs. 127/147 registradas bajo los sucesos LP 33491763, LP 33492021, LP33492324, LP33493135, en relación a la persecución policial en busca de las personas que habían robado en la zona”, todo lo cual, se encuentra abordado por la jurisdicción al momento de acreditar los hechos (cuestión primera), más tiene vinculación directa con la acreditación de la coautoría de los involucrados, aprehendidos en la causa inmediatamente después de sucedidos.
4. Al momento de tratar específicamente la participación del joven en los hechos y determinar su calidad de coautor (cuestión segunda), destaca el magistrado que se habrá de valer de las mismas piezas aludidas en la cuestión anterior, esto es, el acta de procedimiento mencionada, las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad incorporadas -las cuales detalla foja a foja-, especificando que en el vehículo se incautó la res furtiva, a lo que aduna la certificación de identidad del joven aprehendido y cuya coautoría se cuestiona.
De hecho, adviértase que contrariamente a lo postulado por la defensa, asienta la acreditación cuestionada en la inmediatez de la aprehensión y la persecución sin solución de continuidad hasta su aprehensión, resultando el joven de marras el primer aprehendido, a diferencia del resto de los causantes que lograron una evasión aun mayor, conforme emerge del acta, y no así en las declaraciones testimoniales de las víctimas, que efectivamente transcribe a los fines pertinentes, más son utilizadas para dar cuenta de la secuencia fáctica de cómo se sucedieron los hechos, la violencia desplegada, la cantidad de intervinientes y los elementos desapoderados.
5. En ese marco, se advierten serios déficits en la técnica recursiva, pues la defensa no examina el razonamiento probatorio seguido por el tribunal al dar sustento fáctico a las proposiciones que da por acreditadas, sino que se limita a descalificar el fallo, en forma genérica, fragmentada y cuestionando dogmáticamente el uso de la evidencia, sin siquiera especificar, como se destacara, qué elementos no han sido ponderados, a fin de poder dilucidar el acierto de su postura, método inadecuado para demostrar la insuficiencia probatoria que propone, ni mucho menos la contradicción que señala existe entre los distintos elementos recabados, que no explicita a fin de ser corroborada, y es por ello que su postura deviene en una mera opinión disidente (en igual sentido, SCBA, causa P. 117.616, sent. del 29/12/2014).
6. En cuanto al absurdo denunciado, –por tratarse de un defecto grave del razonamiento- descalifica a la sentencia como acto jurisdiccional, por lo que necesariamente para tenerlo por configurado ésta debe evidenciar conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa, lo que de acuerdo con los argumentos vertidos en los párrafos precedentes no ocurrió.
Al respecto, ha señalado la Suprema Corte de Justicia provincial que “el concepto de absurdo remite a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado. Mas no cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones o supuestos intentos similares alcanzan para configurar el absurdo. Es necesario, por el contrario, que se demuestre un importante desarreglo desde la base del pensamiento, una anomalía extrema o una falla palmaria en los procesos mentales, de manera que se ponga en evidencia la irracionalidad de las conclusiones a las que se ha arribado. Y ello, por supuesto, debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca. En definitiva, para que este Tribunal ingrese a la consideración de cuestiones fácticas al recurrente no le alcanza con argumentar que el hecho, la valoración de la prueba, la relación dialéctica entre los hechos y las normas pudo ocurrir o hacerse de otra forma, tanto o más aceptable; resultando indispensable demostrar que, de la manera que lo afirma la sentencia, no pudo ser (conf. causas C. 111.814, "M. J., R.", sent. de 27-VI-2012; C. 117.068, "G., N. G.", sent. de 7-IX-2016; C. 120.490, "Estudio 81 S.A.", sent. de 3-V-2018 y C. 121.912, "Cos", sent. de 26-XII-2019)” (causa C. 123.379, rta. 21/05/2021).
7. Es importante recordar que "si bien la sentencia de condena sólo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del encausado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei, si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar a cuestionar esa certeza subjetiva" (SCBA in re "B., J. A.", causa P. 124.663, sent. 29/11/17, en igual sentido, causa P. 134.628, rta. 03/11/2021). Ello así, en tanto, no basta simplemente señalar los agravios, sino que la parte debe superar la mera invocación y explicitar y acompañar los elementos a tal fin, por qué aquello que sostiene es como lo indica, como así también precisar por qué el razonamiento llevado adelante por el tribunal es fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asienta en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con la lógica y la experiencia (SCBA, causas P. 120.281, rta. 31/08/2016; P. 102.725 y acum. P. 102.844, rta. 24/06/2015; entre otras, el resaltado es propio).
También se corrobora que en la motivación de la sentencia se ha expresado el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia, no advirtiéndose arbitrariedad o absurdo en su valoración.
La valoración de la prueba reconoce como límite a la arbitrariedad en la exigencia de la sana crítica que comprende la necesidad de ponderar los distintos medios dando cuenta de las razones que formaron el ánimo y/o convicción del juez al examinar con sentido crítico el plexo probatorio. En rigor de verdad, la sentencia examinada constituye una unidad lógico-jurídica, razonada y autosuficiente.
8. Tampoco se evidencia afectación al principio in dubio pro persona, dado que, de modo razonado y coherente, ha podido dar cuenta el juez de la certeza necesaria para así decidir.
En cuanto a este tópico, en tanto la defensa postula la ausencia de certeza que impone, como consecuencia, la operatividad de la duda en favor del joven, no está de más señalar que no hay certezas absolutas -ni positivas, ni negativas- en el proceso penal. Esto no es un dato menor y se centra en una idea que vengo sosteniendo desde hace tiempo ya, con apoyo en el racionalismo crítico que, representa hoy, lo más avanzado en la ponderación probatoria del modelo procesal que domina entre nosotros. Veamos.
Desde los criterios epistémicos más elementales no hay controversia en que las certezas racionales no existen. Cuando me refiero a certezas racionales lo hago en términos de “certezas absolutas”. Esta discusión no escapa a las disquisiciones de los criterios de la ciencia en general, pero también ha alcanzado a las ciencias jurídicas desde los tiempos de Locke, que construyó la idea de “certeza moral” como oposición a las certezas inalcanzables en términos absolutos.
Esto que tuviera epicentro de discusión en la decisión final de un proceso que, para el caso del enjuiciamiento penal encierra las exigencias de un veredicto condenatorio, ha alcanzado desde los criterios epistémicos de valoración probatoria una primera conclusión: “Nunca un conjunto de elementos de juicio, por rico y fiable que este sea, permitirá alcanzar certezas racionales, no psicológicas o subjetivas, respecto de la ocurrencia de un hecho, de modo que todo enunciado fáctico es necesariamente verdadero o falso, pero nuestras limitaciones epistémicas nos sitúan siempre ante decisiones que deben adoptarse en contextos de incertidumbre” (Ferrer Beltrán, Jordi. Prueba sin convicción, editorial Marcial Pons, Barcelona, 2021, p.18).
De ahí entonces que a renglón seguido corresponde concluir que el razonamiento probatorio es un razonamiento necesariamente probabilístico. En esos términos, cuando se señala que un enunciado fáctico está probado se afirma, entonces, que es probablemente verdadero, en un nivel de suficiencia de corroboración que escapa ya al plano epistemológico. Lo que importa aquí es destacar que ese razonamiento es probabilístico y la certeza racional sobre una hipótesis es inalcanzable. Está claro que eso no impide establecer criterios para determinar cuándo se halla, desde un punto de vista probabilístico, suficientemente corroborada una hipótesis y esto también dependerá de la etapa del proceso. Esos estándares serán entonces progresivos en exigencia a medida que se avanza hacia la decisión final.
A partir de ello, y en lo que aquí importa, la contracara de la inexistencia de certezas racionales (por absolutas) es, por cierto, la llamada “certeza negativa” que, por su grado absoluto en la que es interpretada, está claro tampoco existe en términos de las reglas epistémicas que nos obligan en la racionalidad de la valoración probatoria. Es más, me animaría a decir que la “ausencia de certeza negativa” suele utilizarse como un “mantra” que se repite de manera dogmática, como si con ello se cumpliera con la exigencia de debida fundamentación.
Sentado ello, en cuanto a la aplicación de la regla de in dubio pro persona al caso, postulada por la parte, ha señalado la Corte Suprema de Justicia Nacional in re “Sanelli” que “…ese estado de duda no puede reposar en una pura subjetividad, sino que debe derivarse de una minuciosa, racional y objetiva evaluación de todos los elementos de prueba en conjunto (Fallos: 311:512 y 2547; 312:2507; 314:346 y 833; 321:2990 y 3423). La mera invocación de cualquier incertidumbre acerca de los hechos no impide, per se, obtener razonablemente, a través de un análisis detenido de toda la prueba en conjunto, el grado de convencimiento necesario para formular un pronunciamiento de condena. El concepto "más allá de duda razonable" es, en sí mismo, probabilístico y, por lo tanto no es, simplemente, una duda posible, del mismo modo que no lo es una duda extravagante o imaginaria.
Es, como mínimo, una duda basada en razón (conf. Suprema Corte de los Estados Unidos de América, en el caso "Victor vs. Nebraska", 511 U.S. 1; en el mismo sentido, caso "Winship", 397 U.S. 358)" (causa S., J. M. S/ abuso sexual - art. 119 3° párrafo, sent. 04/06/2020, Fallos: 343:354, haciendo propios la Corte los argumentos del Dr. Casal). En similar andarivel, nuestra Suprema Corte provincial destaca que “[l]a aducida vulneración de la regla in dubio pro reo no corre mejor suerte. La defensa exhibe su disconformidad con el criterio de valoración probatoria realizado, pero no ha evidenciado vicio o defecto alguno que justifique la intervención de este Tribunal en el terreno probatorio y la eventual descalificación del fallo recurrido como acto jurisdiccional válido.
Si bien se sabe que la sentencia de condena solo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del acusado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei, si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto -tal como ha sido expuesto en el caso por el Tribunal de Alzada- impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar el cuestionamiento de esa certeza subjetiva (doctr. causas P. 120.286, sent. de 31-VIII-2016; P. 129.785, sent. de 8-V-2019; P. 127.647, sent. de 9-V-2018; entre muchas otras)” (causa P. 134.628, sent. 3/11/2021).
Conforme lo expuesto, este tramo del recurso no prospera, con lo cual, corresponde abordar el segundo tramo -relativo a la determinación punitiva- que, como se destacó en el punto I de la presente (aclaración previa), se abordará -con las limitaciones reseñadasconjuntamente con el recurso impetrado por la defensa de S.V., atento la remisión efectuada por la defensa de G.A..
IV. Agravio vinculado al monto punitivo 1. La defensa cuestiona la determinación punitiva alcanzada por el juez, atento contravenir -a su criterio- los parámetros del "corpus iuris" juvenil, en tanto, este impone un tratamiento diferenciado a los menores de edad en relación con los mayores, que se traduce en una reducción de pena considerando su menor nivel de desarrollo y la etapa psico-evolutiva que atraviesan (conf. Obs. Gral. N° 24/2019 del Comité de Derechos del Niño, párr. 24).
Ello importa que conforme la regla establecida en el artículo 4 del Dec.-Ley 22.278, la pena deba reducirse a la escala de la tentativa, entendiendo la defensa que a la luz de la jurisprudencia emanada de la Corte Federal in re “Maldonado”, tal reducción deviene imperativa. En ese marco, postula que el tribunal se apartó de tal pauta, pues si bien aplicó la escala de la tentativa, realizó una reducción menor a la establecida por la ley. Explicita que “de acuerdo con la interpretación del art. 44 del C.P. realizado en el fallo ´Thomas´ por la SCBA, implica la reducción de la pena de un tercio a la mitad (causa P. 52.985 ´Thomas, Ernesto Hernán s/ tentativa de extorsión´). Tratándose de una escala penal, ésa se reduciría en un tercio del máximo y la mitad del mínimo, construyéndose de ese modo una nueva escala reducida”.
En esa inteligencia, la defensa construye esa nueva escala penal a partir de la mitad del mínimo mayor, conforme el concurso real operado, esto es, dos (2) años y seis (6) meses de prisión, y el máximo, ya no a partir de la suma de los máximos -con el límite impuesto por el art. 50 C.P.-, del cual correspondería -siguiendo su línea, reducir en un tercio-, sino a partir del máximo de pena impuesto por el acuerdo, esto es, cinco (5) años de prisión, con lo cual, reducido este último en un tercio, debería quedar conformada la escala -producto del acuerdo- en un mínimo de dos (2) años y seis (6) meses y un máximo de tres (3) años y cuatro (4) meses de prisión.
Detengámonos aquí un momento, pues es menester realizar algunas precisiones.
2. En coincidencia con lo decidido por el magistrado de la instancia, la legislación especial impone al juzgador dos juicios frente al auto de responsabilidad, el primero refiere a la decisión sobre la necesidad o no de imponer sanción penal, esto es, el juez debe explicitar por qué considera necesaria la imposición de pena al joven. En el caso, esto no está en discusión y el juez ha dado cuenta acabadamente de los motivos y fundamentos que lo llevaron a tal decisión respecto de ambos jóvenes.
Acto seguido y contrariamente a lo postulado por la defensa, el juez tiene dos opciones: optar por la solución al caso que brinda el legislador a fin de obtener una sanción diferenciada de la impuesta a un adulto, esto es, la aplicación de la escala de la tentativa respecto de los delitos endilgados. De este modo, ex ante de realizar la determinación punitiva conforme los parámetros -también orientativos y no excluyentes, que brinda el legislador, tanto para adultos como para menores de edad, en los arts. 40 y 41 del C.P.-, ya partiría el sentenciante de una escala reducida que contemple que es la consecuencia jurídica al acto cometido por un niño y, como tal, susceptible de menor reproche penal. La otra posibilidad es no optar por esa solución previa y partir de la misma escala prevista para los adultos, sin perjuicio que tal decisión no importa que la pena resultante sea la misma que aquella que correspondería imponer a un adulto, atento que la condición de niño al momento de los hechos no puede ser desatendida y, en tal caso, lo que sí debe hacer el órgano decisor (conf. art. 37 C.I.D.N.) es explicar por qué no ha hecho uso de la herramienta brindada por el legislador a tal fin (en coincidencia, SCBA, causas nro. P. 114.298, sent. 16/10/2013; P. 126.079, sent. 21/03/2018; P. 128.160, sent. 06/06/2018; P. 128.089, sent. 26/12/2018 y P. 132.257, sent. 05/07/2021, entre otras).
Aun así, lo que ha de quedar claro es que la aplicación o no de la escala de la tentativa es una facultad, lo que no implica que como tal sea una decisión inmotivada e infundada, máxime teniendo presente que involucra normas de orden público y de afectación constitucional y convencional.
Tal facultad emerge de la clara letra de la ley cuando señala que el juez “podrá”, sin que el legislador diga “deberá” (art. 4 Dec.-Ley 22.278), con lo cual, como ha señalado nuestro Máximo Tribunal provincial “la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 299:167; 304:1820; 314:1849, entre muchos), de modo que cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (CSJN, Fallos: 313:1007; 320:61; 322:385, entre muchos otros)” (causa nro. P. 126.499, sent. 13/12/2017). De más está señalar que el fallo citado de la Corte Suprema de la Justicia Nacional, esto es “Maldonado” (Fallos, 328:4343) no establece la obligatoriedad reseñada, sino la necesidad que la pena finalmente determinada sea adecuada a la condición de niño del destinatario.
Confirma la tesitura expuesta, lo reseñado por la defensa en relación con el límite establecido en el acuerdo, cinco años, con base en el mínimo legal imponible al adulto, ello así en tanto al resultar una facultad jurisdiccional la decisión sobre la aplicación de la tentativa, las partes no pueden acordar una pena por debajo del mínimo legal previsto “ex ante”.
En el caso, igualmente, y como ha destacado la defensa, el juez de la instancia ha aplicado la escala de la tentativa, con lo cual no es aquí dónde residiría el problema. El punto es que, a criterio de la defensa, aun habiendo optado por la aplicación de tal escala, lo ha hecho en orden a un monto superior al autorizado, conforme la escala que la parte postula correspondería al caso (ver punto 1 del presente apartado). Desde ya, la escala propuesta no se compadece con la letra de la ley, más allá de la interpretación que cada sentenciante realice respecto al modo en qué computa la reducción -que, en el caso, el juez de la causa no ha explicitado- pues la escala refiere a los hechos endilgados y, en su caso, teniendo en consideración las resultas del concurso material.
Que el procedimiento abreviado importe, para las partes, la necesidad de arribar a un acuerdo en torno a la calificación y pena (art. 396 C.P.P.), esta última en tanto tope punitivo y, como tal, sin escalas, no autoriza el desapego de la norma en cuanto a la conformación de las escalas que corresponden a los delitos involucrados, sino que, en todo caso, establece el límite máximo que no podrá exceder el magistrado conforme el tope pactado en el marco del acuerdo.
3. Aclarado lo expuesto, corresponde abocarnos a la determinación punitiva alcanzada.
Tras justificar la necesidad de la imposición de pena en virtud del tratamiento tutelar llevado a cabo en el contexto de la prisión preventiva, la impresión personal, la gravedad de los hechos y la violencia desplegada en los mismos -que a su criterio fue tal que no derivó en una tragedia aun mayor por causas fortuitas, máxime teniendo en cuenta la edad de las víctimas-, decide el juez que en el caso va a aplicar la escala de la tentativa, más esto no importa la imposición directamente del mínimo de tal escala.
En ese marco, cita la jurisprudencia de la Suprema Corte provincial en cuanto a la no obligatoriedad del mínimo penal, aun cuando no se han ponderado atenuantes ni agravantes, como en el caso de marras, y aquella que indica que no existe en la ley un punto de ingreso a la escala penal (cfr. jurisp. que cita, causas nro. P. 56.481, sent. del 27/02/1996; P. 38.661, sent. del 06/02/1990 y P. 79.708, sent. del 18/06/2003).
Acto seguido, determina la pena en el caso concreto, respecto de S.V., le impone una pena de cuatro (4) años y tres (3) meses de prisión, y respecto de G.A., cuatro (4) años y ocho (8) meses de prisión, más costas del proceso en ambos casos.
4. La fundamentación y motivación de la decisión se advierte a todas luces insuficiente. Veamos.
El juicio sobre la necesidad de la pena es un juicio diverso a aquel que se compadece con la determinación punitiva en caso de corresponder. Con lo cual, aquellos elementos que pudo considerar para entender necesaria la imposición de pena no pueden ser traídos sin más al juicio de determinación punitiva por fuera de la pretensión punitiva de las partes, que en la materia que nos convoca, amerita un especial cuidado que excede la asimilación de pretensión punitiva con pena pactada, por las consideraciones realizadas precedentemente.
Me explico.
No podemos equiparar la pretensión punitiva en materia juvenil al monto pactado en el acuerdo de juicio abreviado, atento que, como bien indicó el casacionista y se desprende de la audiencia celebrada al efecto, las defensas plantearon la aplicación de la escala de la tentativa, con una clara expectativa en cuanto a la imposición del mínimo legal resultante, ello en virtud de no haber sido postuladas agravantes y la excepcionalidad de la privación de libertad en el fuero, a lo que se aduna que la pena propuesta es el mínimo imponible de tratarse de un adulto, con lo cual, puede deducirse de ello que igual pretensión, mínimo imponible conforme la escala reducida, tiene el acusador fiscal, si frente al planteo postulado por la parte de reducción de la escala a la tentativa, no emite objeción.
Por otro lado, se advierte sin hesitación que, haciendo a un lado el abordaje del tratamiento tutelar y la impresión causada, extremos a los cuales me referiré, las consideraciones en orden a la gravedad de los hechos, la cantidad de víctimas, la edad de las mismas y la violencia desplegada, articuladas por el Ministerio Público Fiscal a fin de solicitar se imponga pena en el caso y tratadas por el magistrado para decidir la necesidad de imposición de pena, integran el catálogo de opciones que brinda el legislador en los artículos 40 y 41 del Código de fondo, en tanto pautas mensurativas a valorar en la determinación punitiva y, en el caso, el juez ha sido claro -y así emerge del acta labrada con motivo de la audiencia a tenor del art. 398 C.P.P.- que no se han postulado “agravantes” ni “atenuantes”, de modo tal que no puede ponderar, veladamente, agravantes no requeridas por la fiscalía.
Contrariamente sí puede, y debió hacerlo en el caso, postular de oficio atenuantes, como explicitaré oportunamente. Volviendo al punto anterior, solo a partir de una ponderación de agravantes vedada, es que puede arribar, como lo hizo, a una pena tan por encima del mínimo legal que el mismo se impuso, en el marco de su arbitrio, atento que decidió que correspondía aplicar al caso la escala de la tentativa, con lo cual, el mínimo establecido al caso es de dos (2) años y seis (6) meses de prisión, lo que lleva al magistrado a determinar una pena que casi duplica aquel mínimo.
En todo caso, y conforme surge de los párrafos precedentes, dada la excepcionalidad de la privación de libertad respecto de los menores de edad sujetos a proceso y la manda constitucional que impone que la privación de libertad proceda por el lapso más breve posible (art. 75 inc. 22 C.N., art. 37 C.I.D.N.), cuando menos, debe explicitar tal extensión.
5. Lo mismo cabe señalar respecto a la ponderación negativa del tratamiento tutelar llevado a cabo, pues una cosa es ponderar tal abordaje en términos socioeducativos, atendiendo a la fundamentación pedagógica del proceso y los intereses del niño en la asunción de responsabilidad y reinserción social, para decidir la continuidad del abordaje iniciado y que, conforme reseña el magistrado, se encontraría en una fase “incipiente”, y otra muy distinta, es ponderar tal tratamiento de modo negativo a los fines de la determinación punitiva, sin que haya existido pretensión fiscal en tal sentido, ni que pueda atribuirse exclusivamente al joven tal fracaso (en tal sentido, véase SCBA, causa nro. P. 128.029-RC, sent. 18/10/2017) que, no pareciera ser tal, conforme las constancias de la causa, descriptas en la sentencia.
Al respecto, dable es destacar que la defensa pone el resalto en la ponderación negativa por parte del juez del único intento de fuga perpetrado por su pupilo, sin violencia y en el marco de un tratamiento exitoso, como así también cuestiona que no haya ponderado la impresión, que el propio magistrado reconoce positiva en el joven S.V. Paralelamente, denuncia que haya cuestionado en el joven la “ausencia de arrepentimiento” por considerar que es esta una exigencia “desplazada por la justicia republicana cuando la evolución jurídica superó el sistema inquisitivo y la pretensión expiatoria del reo a través de su confesión y arrepentimiento. Superado el sistema inquisitorial, el arrepentimiento como acto expiatorio no parece tener cabida en nuestro sistema de garantías procesales. No puede equipararse la adquisición de una capacidad reflexiva respecto de conductas transgresoras a futuro y el desarrollo de herramientas de inserción social no conflictiva al reconocimiento o confesión lisa y llana de los hechos juzgados”. Dado que la defensa del joven G.A., adhiere a los argumentos reseñados por su colega en este tramo de su recurso, y que aquellas consideraciones referidas al tratamiento tutelar llevado a cabo deben particularizarse con relación a cada joven, veamos ambos casos.
6. Respecto del joven S. V., el primer informe que se reseña data del mes de marzo de 2023, esto es, casi tres meses después de iniciada la privación de libertad y a partir de allí se suceden informes mensuales hasta el mes de julio, fecha en la cual el joven protagoniza el intento de fuga fallido mencionado precedentemente.
Tal como destaca su defensa, los informes citados son altamente positivos, destacándose en ellos el compromiso del joven, sus avances educativos, la incorporación en diversos talleres entre los cuales se encontraba el Taller de Justicia Restaurativa, taller de reflexión y donde se les enseña a responsabilizarse de sus acciones, mediante el reconocimiento del daño causado, para llegar a la reparación del mismo, dadas sus implicancias con el propio proceso penal que transita, el trabajo sobre su responsabilización y los principios rectores del fuero (art. 33 ley 13634), y emerge también que el joven tenía un alto nivel de adaptabilidad, buen comportamiento con pares y adultos, colaboración y predisposición, y lo más relevante, un proyecto de reinserción a futuro en la sociedad. También dan cuenta los informes del buen vínculo con su familia, a la cual no puede ver dado la distancia existente (todo el grupo familiar vive en Chile), sin por ello dejar de acompañarlo telefónicamente casi a diario y mostrando preocupación su progenitora por la situación del joven, que solo pudo recibir dos visitas en un año de privación de libertad.
En el mes de julio se cuenta con dos informes, uno de fecha 11 de julio de 2023, que tras destacar la evolución positiva, alerta sobre el nivel de vulnerabilidad que transita dado que el joven “no recibe prácticamente visitas presenciales dado la distancia geográfica puesto que su familia reside en el país trasand[i]no, República de Chile”, reconociendo su comprensión ante la situación, sin por ello dejar de remarcar los operadores que no ha decaído su estado anímico, como podría preverse en tales casos. Insisten que el joven “se ha encontrado expuesto a una situación de riesgo, se encontraba en situación de vulnerabilidad por estar fuera de su centro de vida, tratándose de un joven que posee mecanismos defensivos yoicos”.
El siguiente informe es el de la fuga (17/07/2023), que conforme relatan el joven “emprende veloz carrera, saltando el alambrado perimetral del Instituto hacia el fondo del predio, siendo recapturado luego por personal policial fuera del perímetro. Se lo reingresa a la Institución...".
Véase que este informe que ha sido ponderado negativamente al momento de decidir, es la consecuencia lógica de la situación opresiva que el joven transita, si se tiene presente su extrema vulnerabilidad y que fuera detectada como “esperable” por los propios operadores, dado que ha sido apartado de “su centro de vida” sin contacto presencial alguno con su grupo de pertenencia.
Me detendré específicamente en esta cuestión al abordar la vulnerabilidad propia de los jóvenes imputados en autos en su calidad de migrantes y que, en el caso particular de S.V., se ve agravada por la ausencia de todo familiar acompañándolo en el país. Pero, es claro que la situación detectada y ponderada negativamente, no solo era previsible, sino que debió ser tenida especialmente en cuenta por el magistrado, en virtud de los mismos principios que alude, en tanto que atenta contra todo proceso de reinserción y educativo, exponer al joven a una extensión de la privación de libertad por encima del mínimo establecido, cuando son tales las circunstancias que transita, máxime si venía desarrollando un fuerte compromiso con las pautas impuestas y esperables de él.
La normativa nacional e internacional da cuenta que la privación de libertad en menores de edad no solo prohíbe la incomunicación, sino que promueve la cercanía con su grupo familiar y afines. De allí que el proceso de privación de libertad de tener que transitarlo, dado su excepcionalidad, debe acontecer en un lugar cercano al entorno del joven -salvo que su interés superior amerite lo contrario- a fin de que pueda llevarlo a cabo debidamente acompañado (cfr. Obs. Gral. N° 24/2019, párr. 94).
Resulta oportuno recordar que el Comité ha puesto de relieve que “la respuesta que se dé al delito debe ser siempre proporcionada no solo a las circunstancias y la gravedad de este, sino también a las circunstancias personales (la edad, la menor culpabilidad, las circunstancias y necesidades del niño, incluidas, si procede, las necesidades relativas a su salud mental), así como a las diversas necesidades de la sociedad, especialmente a largo plazo. La aplicación de un método estrictamente punitivo no se ajusta a los principios básicos de la justicia juvenil enunciados en el artículo 40, párrafo 1, de la Convención. Cuando un niño cometa un delito grave, se podrá considerar la aplicación de medidas proporcionales a las circunstancias del infractor y a la gravedad del hecho, y se tomará en consideración la necesidad de seguridad pública y de sanciones. Se debe tener en cuenta el interés superior del niño como consideración primordial, así como la necesidad de promover su reintegración en la sociedad” (Obs. Gral. N° 24/2019, párr. 76, el resaltado es propio).
Del informe del mes de junio de 2023 surge la preocupación de la progenitora por acompañar a su hijo más cercanamente y su voluntad de hacerlo “cuando sus problemas de salud se lo permitan”. Con lo cual, a la situación de extrañamiento que transita S.V., por estar en un centro de vida que no es el propio, el cual ya de por sí daba cuenta para los propios operadores de la situación de riesgo y vulnerabilidad, se aduna a ello, la preocupación por la situación de salud de la progenitora y la distancia geográfica que torna imposible cualquier contacto. En ese marco, el intento de fuga protagonizado -de modo sorpresivo para los propios operadoressolo puede ser el resultado de la desesperación y constituir el llamado de atención que con él quiere significar.
Frente a lo expuesto, el magistrado ha destacado que el resultado del tratamiento tutelar es “regular”, lo cual no se condice con los informes transcriptos en la sentencia por el órgano jurisdiccional. Finalmente, evalúa que el joven lo impresionó como quien tiene un proyecto a futuro, con la responsabilidad de continuar y terminar la escolaridad y comenzar a trabajar para procurarse su sustento diario, que cuenta con el acompañamiento de su familia, pero aclara “[n]o mostró arrepentimiento ni se ha referido a los hechos por los cuales se encuentra detenido” (el destacado me pertenece).
Habré de coincidir con la defensa en cuanto a que no parece haber ponderado en su justa medida la impresión personal aludida, que se compadece con los informes acompañados, frente a la pena impuesta, a lo que se aduna que, efectivamente, coincido en cuanto a que la exigencia de “arrepentimiento” prima facie contrasta con el principio de reserva contemplado en el artículo 19 de la Constitución Nacional y en nada puede verse equiparado al trabajo que realice el joven, y de hecho se desprende que en tal camino se hallaba, con la asunción de responsabilidad y la actitud constructiva y respetuosa de los derechos humanos. Ello sin perjuicio de recordar que estos informes fueron ponderados para resolver la necesidad de pena, sin ser siquiera citados al momento de la determinación punitiva, aun cuando puede evidenciarse que solo a partir de una remisión tácita a los mismos es que el juez puede arribar a penas diferenciadas respecto de los jóvenes, en tanto los hechos, su participación, y la ausencia de atenuantes y agravantes son ponderados por igual respecto de ambos.
En ese caso, remarco que la ponderación del tratamiento tutelar y sus resultados no puede ser valorado negativamente respecto del joven a los fines de la determinación punitiva, por fuera de la pretensión de las partes.
7. Con respecto a G. A., en fecha 23 de octubre del 2023, remite informe el instituto Almafuerte que informa que."... El día viernes 20 de octubre A. mantiene visita con su progenitor […] y su tía […]. Posteriormente a la misma siendo las 17:30 HS, se realiza una requisa en la habitación del joven en la cual se encuentra dentro de una zapatilla un vaporizador electrónico y una bolsa con pastillas. A raíz de lo acontecido es entrevistado por la Dirección y se realiza acta disciplinaria correspondiente. Adjuntamos a continuación fotocopia del libro de guardia y acta disciplinaria...":
Véase que, una vez más, trasladamos la mirada negativa respecto de quien en todo caso es una víctima, pues no cabe duda alguna que, si de adicciones se trata, el adicto -sea mayor o menor de edadtransita una enfermedad y frente a tal padecimiento, resulta un sujeto altamente vulnerable, respecto del cual más que criminalizar, el Estado debe ayudarlo a tratar su adicción y salir de ella. Pero, amén de ello, el caso, devela por lo pronto tres fallas no imputables al joven y como tales no computables negativamente a su respecto:
a. Conforme emerge de la sentencia, los jóvenes se encuentran privados de libertad desde el día de los hechos endilgados, esto es, desde el 24 de diciembre de 2022, con lo cual, la constatación apuntada en el informe de fecha 23 de octubre de 2023 lo que permite evidenciar es que el trabajo realizado por la institución para abordar la posible adicción de G. A., a diez meses de su privación de libertad, no fue fructífero.
Adviértase que el nombrado se encuentra al cuidado y bajo la responsabilidad del Estado en tales circunstancias y esta responsabilidad importa la preservación y guarda de su salud e integridad física y psíquica, obligación que se acentúa cuando de menores de edad se trata.
b. La institución, a su vez, presuponía que los familiares directos del joven podían acercarle el material por el cual luego lo responsabilizan al mismo con la sanción disciplinaria, y ello se evidencia sin hesitación al dar cuenta que horas después de su visita realizan una requisa en la habitación de G. A., con lo cual, lo que debieron acentuar frente al temor fundado de tal circunstancia es la revisación previa al ingreso, para prevenir tal situación en el marco de su poder de policía.
c. Desde ya, previo a la entrada a la institución, el personal del instituto debe controlar que las personas que ingresen al mismo no traigan consigo elementos que puedan ser perjudiciales para los jóvenes allí alojados y/o terceros, control que ha fallado.
Ello sin perjuicio de la responsabilidad de los adultos familiares del joven en tal accionar y que, a su vez, en el caso ni siquiera se especifica de qué pastillas se trata y su capacidad nociva. Ya en el año 1997 la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo oportunidad de expedirse sobre la responsabilidad estatal a la luz del artículo 19 de la Convención Americana, que importa una doble agresión estatal frente a los niños en situación de riesgo -Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Sentencia de 11 de septiembre de 1997, párr. 191-, recordando en ese caso que “[c]uando el aparato estatal tenga que intervenir ante infracciones cometidas por menores de edad, debe hacer los mayores esfuerzos para garantizar la rehabilitación de los mismos”, de conformidad con lo establecido en las “Reglas de Beijing”, adoptadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 40/33, de 29 de noviembre de 1985, Quinta Parte, Tratamiento en establecimientos penitenciarios, párr. 26.1 (Ib idem, párr. 197).
En el caso "Instituto de Reeducación del Menor"
Vs. Paraguay, sentencia del 2 de septiembre de 2004, la Corte IDH destacó que “[e]l derecho a la vida y el derecho a la integridad personal no sólo implican que el Estado debe respetarlos (obligación negativa), sino que, además, requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlos (obligación positiva), en cumplimiento de su deber general establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana” (párr. 158), para luego precisar que cuando se trata de niños privados de libertad, se le adiciona lo dispuesto en el artículo 19 de la Convención, que exige del Estado dos obligaciones: “…Por una parte, debe asumir su posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño. Por otra, la protección de la vida del niño requiere que el Estado se preocupe particularmente de las circunstancias de la vida que llevará mientras se mantenga privado de libertad, puesto que ese derecho no se ha extinguido ni restringido por su situación de detención o prisión…” (párr. 160, el resaltado es propio).
Cita a su vez el juez otros dos informes respecto de G.A.. Véase que los tres son “negativos” a su respecto, no obrando otros informes a considerar. Veamos.
- Informe vinculado a una agresión entre pares, del día 24/01/2023 (el cual la institución considera leve y no aplica sanción); y el informe de fecha 18/08/2023 -en la cual la novia lo habría provisto de una hoja metálica con la cual habría dañado las rejas de la celda con el objeto de escaparse-, con la consecuente aplicación de sanciones disciplinarias, por ser considerada una falta gravísima.
Destacó el magistrado: “…los informes son negativos, se ha informado que ha cometido faltas gravísimas en la institución que le ha ocasionado la imposición de sanciones: se encontró dentro de sus zapatillas un vaporizador electrónico y una bolsa con pastillas, en otra revisión se constató que los barrotes de la reja de la ventana se encontraban seccionados y apoyados en los extremos y que la protección de metal que oficia de seguridad complementaria se encontraba seccionado y plegado hacia afuera y en la habitación en la que se alojaba al joven G.A., se encontró uno de los barrotes de la ventana seccionado, y en esta oportunidad se halló una hoja de sierra oculta en el caño de desagüe del sector de la ducha”.
Señalaba párrafos arriba que en el fuero juvenil la respuesta que se dé al delito reviste características particulares, pues atiende a un fin esencialmente educativo. En ese marco, el juez debe decidir si en el caso concreto, esto es, respecto del sujeto que ha de responder, corresponde imponer una pena, o si por el contrario, entiende que en el caso tal decisión no es necesaria, ello así atendiendo no solo a la magnitud del injusto, sino a las circunstancias particulares del joven, para lo cual, las resultas del tratamiento tutelar llevado a cabo le van a dar pautas objetivas sobre el grado de compromiso, internalización de lo vivido y la asunción de responsabilidad, como así también, la asunción constructiva y de proyecto a futuro que devela.
En el caso, no solo ambos imputados resultaron ser menores de edad al momento de los hechos, sino que ambos revisten la calidad de migrantes. Sin embargo, mientras S.V. además de migrante, es un niño no acompañado, encontrándose solo en el país, sin acompañamiento familiar alguno, G.A. sí cuenta con sus familiares directos en el país, conforme surge de los informes reseñados.
No obstante lo expuesto, G.A. podría dar cuenta de un compromiso con las adicciones -y digo, podría dar cuenta, pues no se han relevado informes al respecto, ni se desprende de la sentencia que las pastillas incautadas fueran de contenido adictivo- que importaría una vulnerabilidad adicional, no correctamente abordada por la institución y que explicaría su reacción comportamental el día 24 de enero de 2023, a un mes de su encierro, que por lo pronto, no se ha repetido.
Sugestivamente en este caso, no puede objetivamente ponderarse los informes aludidos, pues se da en su caso un recorte jurisdiccional no justificado. Me explico.
Mientras que respecto de S.V. se constatan informes mensuales desde marzo a julio de 2023, pero, en lo que importa destacar, todos los meses se han elevado informes, más allá que no se acompañan los subsiguientes al del intento de fuga, ya aludido; en el caso de G.A., solo se han traído al análisis informes aislados (enero, agosto y octubre de 2023), todos ellos negativos, con lo cual, cuando menos, debieron existir informes mensuales a su respecto. Ello más allá de las consideraciones relacionadas con motivo del informe de fecha 23 de octubre de 2023, que pueden válidamente replicarse al correspondiente de fecha 18 de agosto de 2023, pues una vez más allí falló el contralor institucional en el ingreso de la visita, que le acercó al joven una hoja metálica con la cual cortó los barrotes, sin advertir la gravedad de tal acto, pues otro hubiese sido el análisis de la situación si en vez de ser utilizada para cortar los barrotes, el joven se hubiese autolesionado.
8. El juez destaca que “[d]ada la excepcionalidad del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil deben merituarse en esta instancia los principios rectores aplicables a las causas que tramitan por ante el mismo, contemplados tanto en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, incorporada con jerarquía constitucional al artículo 75 inciso 22 de la CN, como en la ley 13634 que rige la materia, de cuyo articulado surge el principio educativo que debe impregnar en todo el procedimiento, la mínima intervención, la inconveniencia de aplicación de penas de larga duración, teniendo en cuenta la personalidad en desarrollo del niño, y que la privación de la libertad del joven debe ser siempre el último recurso y por el menor tiempo posible (artículos 40 inciso 4 CDN, 13.1, 17.1 apartados b y c, regla 19 de Beijing, 1, 33, 95 y concordantes de la ley 13634)” y ello habilita la aplicación de la escala de la tentativa al caso, sin embargo, tales principios no se ven plasmados acabadamente, o con la suficiencia que el caso amerita, al momento de arribar a la determinación punitiva en el caso concreto.
9. A lo ya expuesto, creo menester traer a consideración otro punto que debió ser ponderado positivamente por el juez al momento de decidir, en tanto resultar una atenuante evidenciable a su sapiencia, y que ha sido puesta en consideración por las partes y por los operadores que emitieron los informes correspondientes al lugar de alojamiento, esto es, la calidad de migrantes de ambos niños y, en particular, la calidad de migrante no acompañado de S.V., que da cuenta de una vulnerabilidad mayor a su respecto.
El Comité de Derechos del Niño, ya citado precedentemente con motivo de la Observación General N° 24 vinculada a la justicia juvenil y erigido en intérprete de la Convención por la propia Corte Suprema de Justicia Nacional en el citado fallo “Maldonado” dictó con fecha 1° de septiembre de 2005 la Observación General N° 6 referida al “Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen” con el objetivo de “…poner de manifiesto la situación particularmente vulnerable de los menores no acompañados y separados de su familia, exponer la multiplicidad de problemas que experimentan los Estados y otros actores para conseguir que esos menores tengan acceso a sus derechos y puedan disfrutar de los mismos…” (párr. 1)
Conforme la Observación citada “[l]as obligaciones resultantes de la Convención en lo que concierne a los menores no acompañados y separados de su familia se extienden a todos los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial). Se incluyen entre ellas la obligación de promulgar legislación, crear estructuras administrativas, y articular las actividades de investigación, información, acopio de datos y de formación general, necesarias para apoyar estas medidas. Estas obligaciones jurídicas tienen carácter tanto negativo como positivo, pues obligan a los Estados no sólo a abstenerse de medidas que infrinjan los derechos del menor, sino también a tomar medidas que garanticen el disfrute de estos derechos sin discriminación. Las referidas responsabilidades no se circunscriben a dar protección y asistencia a los menores que están ya en situación de no acompañados o separados de su familia, pues incluyen también medidas preventivas de la separación (en particular, la aplicación de salvaguardias en caso de evacuación). El aspecto positivo de estos deberes de protección incluye también que los Estados han de tomar todas las disposiciones necesarias para identificar a los menores en situación de no acompañados o separados de su familia lo antes posible, particularmente en la frontera, a procurar la localización y, si resulta posible y redunda en el interés superior del menor, reunir lo antes posible a éste con su familia” (párr. 13, los resaltados en adelante me pertenecen).
Por su parte, en el punto 23, la citada Observación hace hincapié en la exposición de tales menores -y con ello, su mayor vulnerabilidad- a “la participación en actividades delictivas de las que puede resultar perjuicio para el menor o, en casos extremos, la muerte” y destaca en el párrafo 61 la excepcionalidad de privación de libertad, conforme los términos del artículo 37 de la Convención. Insiste la Observación en la necesidad de buscar una solución duradera en lo que hace a los menores no acompañados, especialmente orientada a la “reunificación familiar” (párr. 79), salvo que el interés superior del niño promueva la separación (párr. 81). Recuerda en este marco que “…toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva…" (párr. 83), lo cual, so pena de adelantarme en el punto, estimo oportuno remarcar que esto habrá de ser tenido en especial consideración al momento de abordar el juez la petición formulada por el joven.
También se ha expedido respecto de esta particular condición de vulnerabilidad la Corte IDH en la Opinión Consultiva OC 21/14 del 19 de agosto de 2014, solicitada entre otros por nuestro país y a fin de abordar los derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional, con lo cual, esta Opinión es más amplia que la Observación General N° 6 previamente citada, atento que refiere a los niños migrantes por su condición de tal, sin el aditamento que arroja “no estar acompañados”. No obstante ello, hace especial consideración de los niños migrantes no acompañados, dada su mayor vulnerabilidad (párr. 89).
Conforme lo expuesto en los párrafos precedentes se advierte que la situación de los niños involucrados en estos actuados en calidad de migrantes y que, huelga precisar, conforme la normativa internacional citada permite vislumbrar su mayor vulnerabilidad a verse compelidos a intervenir en actividades delictivas por adultos que aprecien tal vulnerabilidad -lo que se constata en estos actuados, que tienen dos coimputados adultos-, debió ser contemplada, aun de oficio, por el magistrado en términos de atenuante, dada la mayor vulnerabilidad que a su condición de niños revestía. En ese marco, conforme señalara previamente, la situación de ambos jóvenes difiere, revistiendo un plus de vulnerabilidad adicional el joven S.V., atento resultar el mismo un niño migrante no acompañado.
Conforme lo expuesto, entiendo que en este tramo, el recurso impetrado por ambas partes procede y a fin de evitar dilaciones indebidas, que en el caso se ven acentuadas, en tanto los jóvenes se hallan privados de libertad, corresponde casar la sentencia en punto a la determinación punitiva, y atendiendo a las diversas circunstancias que rodean a uno y otro joven en términos de vulnerabilidad, reducir significativamente la pena impuesta, correspondiendo imponer al joven S.V. el mínimo imponible, esto es, la pena de dos (2) años y seis (6) meses de prisión, y al joven G.A., la pena de tres (3) años de prisión, sin costas en esta instancia.
10. Conforme la solución propuesta y el tiempo que ya llevan privados de libertad los jóvenes, y atendiendo especialmente a las normas que emanan del amplio corpus iuris internacional en la materia y contemplado en nuestra legislación local (art. 10 ley 13.298), como así también a las directrices que emergen de la Observación General N° 6 del Comité, en tanto intérprete de nuestra Convención Internacional de Derechos del Niño, y la OC 21/14, requerida a la Corte IDH por nuestro propio país, contemple el Juzgado interviniente considerar, en tiempo oportuno y con la premura que el caso amerita, el inicio del trámite requerido por el joven S.V.,D.J., a fin de proveer a la posibilidad de su reunificación familiar conforme lo normado en el artículo 64 de la Ley 25.871 y concordantes de la Convención Internacional de Derechos del Niño.
Por los motivos expuestos, a esta primera cuestión VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Carral y a esta primera cuestión VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Que de conformidad al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde: I. HACER LUGAR PARCIALMENTE a los recursos de casación interpuestos por las defensas y casar la sentencia impugnada, a nivel de la sanción impuesta, sin costas en esta instancia; y condenar a S.V., D.J., a la pena de dos (2) años y seis (6) meses de prisión, y al joven G.A., J.A. a la pena de tres (3) años de prisión, manteniendo intactas el resto de las declaraciones de la sentencia; II. RECOMENDAR AL JUZGADO INTERVINIENTE que atendiendo a las circunstancias actuales y con la premura que el caso amerita, dé inicio del trámite requerido por el joven S.V.,D.J., a fin de proveer a la posibilidad de su reunificación familiar conforme lo normado en el artículo 64 de la Ley 25.871 y concordantes de la Convención Internacional de Derechos del Niño; III. TENGASE PRESENTE el recurso federal; y IV. REGULAR LOS HONORARIOS PROFESIONALES del letrado interviniente, doctor Mariano Adrián Pomares (CALP, T° LVII F° 94), en la suma del veinticinco por ciento (25%) de lo que sea regulado en la instancia, con más los aportes de ley, por la labor desarrollada en la presentación recursiva ante esta instancia (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 8.2.h, CADH; 14.5, PICDP; 15, 168 y 171, Const. Pcial.; 4 y 8, ley 22.278; 18, 33, 56, 58, 61 y concordantes de la ley 13.634; 1, 106, 209, 210, 371 y 373, 395, 448, 451, 454, 464, 530, 531, 534 y concordantes del C.P.P., 16 y 31 ley 14.967, y 14 ley 48).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
I. HACER LUGAR PARCIALMENTE a los recursos de casación interpuestos por las defensas y casar la sentencia impugnada, a nivel de la sanción impuesta, sin costas en esta instancia; y condenar a S.V., D.J., a la pena de dos (2) años y seis (6) meses de prisión, y al joven G.A., J.A. a la pena de tres (3) años de prisión, manteniendo intactas el resto de las declaraciones de la sentencia.
INTERVINIENTE que atendiendo a las circunstancias actuales y con la premura que el caso amerita, dé inicio del trámite requerido por el joven S.V.,D.J., a fin de proveer a la posibilidad de su reunificación familiar conforme lo normado en el artículo 64 de la Ley 25.871 y concordantes de la Convención Internacional de Derechos del Niño.
III. TENGASE PRESENTE el recurso federal.
PROFESIONALES del letrado interviniente, doctor Mariano Adrián Pomares (CALP, T° LVII F° 94), en la suma del veinticinco por ciento (25%) de lo que sea regulado en la instancia, con más los aportes de ley, por la labor desarrollada en la presentación recursiva ante esta instancia.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22, Constitución Nacional; 8.2.h, Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 15, 168 y 171, Constitución Provincial; 4 y 8 de la ley 22.278; 18, 33, 56, 58, 61 y concordantes de la ley 13.634; 1, 106, 209, 210, 371 y 373, 395, 448, 451, 454, 464, 530, 531, 534 y concordantes del Código Procesal Penal, 16 y 31 ley 14.967, y 14 ley 48. Regístrese electrónicamente. Notifíquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Fin de la sentencia