Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 432/454 vta., por el Sr. Defensor particular de LUIS ÁNGEL GUTIERREZ, por resultar formalmente inadmisible.-
2Confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 406/422 vta..-
3Tener presente para el momento procesal oportuno la reserva del caso federal formulada a fs. 454.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA INTERLOCUTORIO Nº:035 OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
FECHA: 19 de Agosto de 2.015 AUTOS: "G., L. Á. S/INFRACCIÓN AL ART. 119 C.P. AGRAVADO", Expte. Nº 3316/12 (G-793/13/TSJ)
Río Gallegos, 19 de agosto de 2015.-
Los presentes autos caratulados: "G., L. Á. S/INFRACCIÓN AL ART. 119 C.P. AGRAVADO", Expte. Nº 3316/12 (G-793/13/TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y,
I.-) Que, llegan a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia los presentes autos, en razón del recurso de casación interpuestos a fs. 432/454 vta., por el Defensor particular Dr. Alberto José Luciani, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 406/422 vta., que en su parte resolutiva dispone condenar a L. Á. G., a la pena de OCHO (8) años de prisión de cumplimiento en efectivo, con más las costas del proceso, como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado por ser encargado de la guarda de la víctima, bajo la modalidad del delito continuado (art. 119, 1º, 2º y 4º párrafo inc. b) del C.P.) por los hechos ocurridos en Caleta Olivia a comienzos de 2011, en perjuicio de la menor C.A.M..- Que, el recurso de casación en tratamiento fue concedido por el Tribunal de grado a fs. 462/463, y sostenido en esta instancia a fs. 479.-
II.-) Plantea en un principio el Sr. Defensor, que presenta el escrito casatorio y de inconstitucionalidad fundado en las causales de "...A) inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, B) inobservancia de las normas que este Código establece bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad, siempre que, con excepción de los casos de nulidad absoluta, el recurrente haya reclamado oportunamente la subsanación del defecto, si era posible, o hecho protesta de recurrir en casación; C) inobservancia o errónea aplicación de la ley; D) arbitrariedad; E) nulidad de la sentencia por deficiente fundamentación; F) inconstitucionalidad de la normativa del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Santa Cruz, en cuanto ha producido un gravamen al derecho de defensa de esta parte y afectar el debido proceso en perjuicio de esta parte...".- La defensa se agravia por la "...afectación del debido proceso y derecho de defensa en juicio del imputado por no poder contar con un perito de parte que no resida en la provincia de Santa Cruz. Violación del derecho a confrontar la prueba de cargo de manera eficaz y al derecho a una defensa técnica adecuada y eficaz...".-
Agregó que "...critica de la Cámara Gesell deficiencias en su producción. Inducción de la menor, invalidez como prueba de cargo...".-
Asimismo, se agravió por la "...valoración arbitraria de la prueba rendida en autos. Valoración aislada y desconectada de elementos de prueba y no en forma global y conjunta...".-
Asimismo, manifestó agraviarse por la "...violación al principio de in dubio pro reo y falta de investigación adecuada de otras hipótesis delictivas...".-
Y por último, se agravia por la "...deficiente y arbitraria fundamentación de la sentencia...".-
Como colofón, manifestó el Sr. Defensor que "...Debe el Tribunal en forma inmediata, una vez advertidas, declarar las nulidades peticionadas, atento que es regla la obligación de nulificar en cualquier momento en que la irregularidad se detecta, ya que los actos procesales denunciados vulneran las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso, y por otra parte case el fallo aplicando correctamente el derecho a los hechos probados y comprobados de la causa, haciendo aplicación en su caso del in dubio pro reo, y definiendo las cuestiones derecho constitucional y procesal que han sido mal aplicadas por el Tribunal de Juicio. Pedimos así que el Superior revoque la Sentencia de Exma.(sic) Cámara y declare la nulidad de los actos procesales viciados, casando de tal modo el fallo, aplicando correctamente el derecho procesal que no ha sido debidamente aplicado al caso, generando inseguridad jurídica en los justiciables, por lo cual solicitamos que este Tribunal casatorio ponga las cosas en su debido lugar y case el fallo en cuestión, para llevar luz, tranquilidad y seguridad jurídica que este fallo injusto ha quebrado y/o en su caso declare que la condena sea de ejecución condicional por los fundamentos vertidos en el apartado específico a ese respecto...".- Finalmente, "...se reserva la queja ante la eventual denegatoria del recurso de casación interpuesto y reserva de caso federal por cuanto se encuentran en tela de juicio la aplicación de normas de naturaleza federal, como lo son la defensa en juicio, el debido proceso, el derecho a contar con jueces independientes e imparciales, se declare además la inconstitucionalidad de la normativa reseñada por desvirtuar todas las garantías constitucionales y legales que se otorgan a todos los ciudadanos (art. 14 ley 48)...".-
III.-) Este Alto Cuerpo ingresará al tratamiento de los dispares motivos expuestos por la defensa en su presentación casatoria, conforme la doctrina fijada por la C.S.J.N. en el sentido que "...La interpretación del art. 456 del Cód. Procesal Penal de la Nación conforme la teoría del máximo rendimiento, la cual exige al tribunal competente en materia de casación agotar su capacidad revisora, archivando la impracticable distinción entre cuestiones de hecho y derecho, implica un entendimiento de la ley procesal penal vigente, acorde con las exigencias de la Constitución Nacional y la jurisprudencia internacional..." (“Casal, Matías E. Y otro”, 20/IX/05, La Ley Suplemento Penal octubre 2005).- En igual sentido se ha sostenido "...El examen de la decisión recurrida debe ser integral, con el objeto de no incurrir en un remedio procesal meramente formal que infrinja la esencia del derecho a recurrir el fallo condenatorio..." (Conf. Doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" del 02.07.2004).-
IV.-) Para atender adecuadamente los agravios, es necesario realizar una descripción sobre los hechos asumidos en el fallo que se encuentra bajo estudio de este Tribunal y que constituyen el objeto de reproche de la defensa.-
Así las cosas, la sentencia de la Excma. Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial consideró probada la acusación fiscal en relación al encartado en el sentido que "...los hechos que se investigan en los presentes autos, ocurridos en esta ciudad (Caleta Olivia) en los primeros meses del corriente año (2011) y siempre en horas de la noche, en circunstancias en que la Sra. M. D. F. se encontraba ausente y aprovechándose de la posición de poder, esto es, la efectiva preeminencia que la relación sentimental le otorgaba sobre la hija de su pareja, la niña C. A. M., de cuatro años de edad con la que también convivía, abusó sexualmente de esta última obligándola a tolerar en un número indeterminado de oportunidades, no inferior a cinco, tocamientos con los dedos en la cola de la niña así como también frotamientos con su pene en el ano, para luego eyacularle sobre la espalda al tiempo que se encontraba con la niña C. A. M. acostado en la cama; asimismo y en una ocasión y con el mismo fin de satisfacer su apetito espurio, intentó obligar a la niña a que le succionara el pene, objetivo que no concretó porque la menor rompió en llanto configurando con todo el accionar su sometimiento gravemente ultrajante..." (sentencia, fs. 413).- V.-) Comenzando con la revisión integral del fallo, con relación a la arbitrariedad alegada, es oportuno inicialmente advertir, que los argumentos empleados por el recurrente delatan su discrepancia con la valoración de la prueba efectuada por los Sres. Jueces, que concluyeron en la certeza sobre el hecho objeto de este proceso, más no la prescindencia de prueba con aptitud para tener incidencia en el fallo.-
Esta proposición se expone para mostrar que los agravios de la defensa no exhiben una hipótesis de arbitrariedad. La sentencia no ha marginado ningún elemento de prueba ingresado al debate, cuya consideración hubiera llevado a un fallo distinto. Sabemos que, efectivamente, una sentencia que prescinda de ponderar prueba relevante ingresada legítimamente al proceso, constituye una hipótesis de arbitrariedad, pues, la motivación o fundamento del fallo ha de ser, necesariamente, incompleto, por tanto parcial.-
No se advierte que la sentencia impugnada incurriera en valoración absurda de la prueba, pues el Tribunal de juicio vincula con criterio lógico los elementos de convicción colectados en la causa; podrá compartirse o no las conclusiones a las que se arriban, pero no por ello puede catalogarse como arbitrario al pronunciamiento.-
En síntesis, en la sentencia de fs. 406/422 vta., se aprecia que los medios probatorios han sido analizados en forma conjunta, interpretados y valorados en correcta subsunción al hecho reprochado.-
Como bien lo sostiene la doctrina, la causal de absurdo o arbitrariedad, en principio, sólo resulta procedente para revocar o impugnar un fallo cuando el vicio apuntado constituye un impedimento para declarar la ley aplicable, sea sustantiva o formal. Para que tal vicio extraordinario se configure "...tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación..." (Juan Carlos Hitters, "Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación", Editorial LEP, 2º edición, pág. 479).-
La Excma. C.S.J.N. sobre la doctrina de la arbitrariedad -desde sus inicios- estableció la distinción entre aquella y el error, pues sostuvo que le competía intervenir sólo "...en los casos extraordinarios de sentencias arbitrarias, desprovistas de todo apoyo legal, fundadas tan sólo en la voluntad de los jueces, y no cuando haya simplemente interpretación errónea de las leyes, a juicio de los litigantes..." (Fallos, 112:384, 2/XII/1909, "Rey, Celestino c/ Rocha, Alfredo y Eduardo").-
Por tal motivo, la Excma. Corte Suprema de Justicia diferenció la arbitrariedad de las simples equivocaciones o errores en la interpretación judicial: no cualquier desacierto u omisión da lugar al recurso extraordinario por sentencia arbitraria.-
Es dable agregar que este Alto Cuerpo ha hecho suyo el criterio aplicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la arbitrariedad en interlocutorios tales como "Miranda, Epifanio Ulises s/ infracción art. 119 CP", Tº XIV, Rº 017, Fº084/094; "Soto, Víctor Ramón s/ homicidio simple" Tº XIV, Rº 014, Fº066/077; "Muñoz Juan Carlos s/ robo calificado por el uso de arma de fuego..." Tº XIV, Rº 004, Fº 014/019; "González, Bernardo Neris Oscar s/ privación ilegal de la libertad calificada en c/r..." Tº XIII, Rº 022, Fº 119/126; "Moraes Omar Enrique s/ apremios ilegales", Tº XIII, Rº 27, Fº 152/156; "Zamora, José Eduardo s/ incendio seguido de muerte" Tº XIII, Rº 34, Fº 191/199; entre otros.- En resumen, no resulta viable impugnar la fundamentación del fallo como lo hace la defensa, sobre la base de un punto de vista diferente, puesto que no ha demostrado que en el pronunciamiento condenatorio, haya incurrido arbitrariamente en un apartamiento del derecho aplicable o en omisiones sustanciales en la valoración de la prueba; siendo la discrepancia en la interpretación de los hechos insuficiente para sustentar la tacha de arbitrariedad.-
VI.-) En términos generales la doctrina mayoritaria sostiene que desde el punto de vista probatorio los delitos sexuales tienen algunas características comunes que los diferencian del resto de los tipos penales y ello por dos razones o consecuencias diferentes.-
Uno de los motivos se debe a que los delitos suelen cometerse en ámbitos privados, sin la presencia de testigos y muchas veces sin la existencia de rastros (defloración, semen, huellas, etc.) que puedan develar lo sucedido a través de las pericias o técnicas específicas.-
En atención al ámbito en que por lo general se desarrollan esta clase de delitos, el testimonio de la víctima cobra un papel fundamental. Se ha señalado que ante la inexistencia de testigos presenciales del hecho, el juzgador debe basarse en los dichos de la víctima y en el de las personas que tomaron conocimiento mediante sus dichos.-
VII.-) Teniendo en cuenta la línea interpretativa consignada precedentemente, corresponde traer a colación lo manifestado por la menor.-
En la entrevista de la niña con la psicóloga, mediante el recurso de Cámara Gesell, conforme lo que se observa, necesariamente debemos concluir en la verdad del relato de esta niña.-
Efectivamente, en oportunidad de celebrarse la Cámara Gesell manifestó la niña "...¿cuántos años tenés? cuatro. ¿Vas al jardín? si, al jardín dieciocho. Se llama salita blanca. ¿Tenés amigos? si. ¿Vas a la casa de tus amigos a jugar? no, voy a la casa de Z.,... contá cosas lindas... te acordás cuales eran las cosas feas? mi mamá me dijo que era verdad, yo le conté a mi mamá y a mi papá. Que Luis me tocaba la cola, atrás (se toca) con el dedo y después con el pito me echó en la cola (se señala), después L., me dijo otras cosas, hay otras cosas, L., me dijo 'chupá el pito' le dije 'si', pero no y me ponía a llorar, porque L., me dijo 'chupa el pito', no lo tuve que hacer, y después cuando L., estaba acostado en mi cama le salió agua al pito y me mojó la espalda (se señala).
Después fui a otra doctora, a la que le conté yo y mi mamá le contó... ¿le dijiste algo a L., cuando pasó eso? si, que no quería, y el me decía 'chupá'. Yo no quería... ¿en que casa pasó? en mi casa, en la casa de mi mamá, hacía calor iba al jardín, ¿Vos querés que L., viva en tu casa? no me gusta que viva en mi casa, porque me hace cosas feas...".- VIII.-) En varios precedentes se ha sostenido que, cuando existe una pericia psicológica que se expide sobre la fiabilidad del relato, la lectura de este testimonio debe ir necesariamente acompañada -cual sombra al cuerpo- de la explicación experta, en tanto aquel extremo se encuentra dentro del ámbito de conocimientos especiales del perito. Lo dicho, usualmente afirmado en relación a sentencias que descreen de la declaración de la víctima que ha recibido validación externa, resulta también de aplicación a los supuestos en los que, frente a una sentencia que ha dado crédito al relato de la damnificada con apoyo en prueba pericial, quien impugna, lo hace pretendiendo fracturar este binomio (T.S.J. de Córdoba, Sala Penal, "Castro", Sent.
Nº 31, 28/IV/2006; "Bustos Moyano", Sent. Nº 313, 06/ XII/2007; y "Fernández", Sent. Nº 213, 15/VIII/2008, entre otros).- Dentro de este contexto corresponde traer a colación los dichos de la Licenciada Schrager, quien con relación a la entrevista de la menor en Cámara Gesell relató durante el debate "...ella dio su testimonio de lo que había sucedido. C. estaba inquieta, desbordada. C. eligió un juego que marcó la etapa diagnóstica. Eligió un muñeco. Le reclamaba al muñeco enojada porque no quería abrir las piernas. De la entrevista de los padres surge que la niña había comenzado con incontinencia urinaria. En el proceso diagnóstico conocía la diferencia sexual anatómica. No había información desajustada a la edad de la niña y de la información que la misma tenía dentro del ámbito familiar.
Rechazaba la figura masculina. Decía que no quería ver a Luis. Manifestaba que se negaba a sentarse en el regazo del padre porque ahí tenía pito. C. nunca cambió su relato y era estructurado acorde a su edad. Se repitió en el tiempo sin modificaciones... Me resultó llamativo que C. viviera en un lugar donde ya se había cometido un abuso y con una persona en relación a la que ya había denuncia de violencia...".- En este contexto, corresponde citar lo expresado por la Dra. Romano quien manifestó durante la sustanciación del debate "...ese día la examiné físicamente y solicité la asistencia de ginecólogo. Seguí el protocolo que se lleva a cabo en este tipo de hechos. Se le hicieron los estudios necesarios.
Hablé con la niña para que me explique que le pasó. Ella lo relató espontáneamente. No se le pudo hacer muestra de ADN. Describió lo que encontró en su cuerpo y le dio intervención al ginecólogo. Dije que había signos de abuso por el eritema que tenía por una compresión importante. No había logrado penetrar...".- Como se lo ha explicitado precedentemente, el caso en estudio, si bien tiene al testimonio de la víctima como elemento de juicio relevante, también se ha integrado a los fundamentos de la imputación, los informes periciales citados, los cuales junto a las testimoniales constituyen elementos probatorios concurrentes, que permiten arribar de manera categórica a la comprobación de la materialidad de los hechos.-
IX.-) Así dentro de los testimonios corresponde merituar lo declarado por el padre de la menor R. E. M., quien manifestó que "...un día normal voy a buscar a la nena para llevarla al jardín, y paso por su casa la nena llegó rara, no me hablaba yo le buscaba jueguitos pero ella no me contestaba. Quería que la lleve al jardín... cuando la busco a las cinco ella viene mejor, la nena me dice que tiene mucho para contar las cosas buenas y malas, describe las buenas, y las malas son muchas, en las cosas malas está L., pensé que la había retado, y se puso nerviosa y la llevé a la pieza y me dijo que cuando su mamá trabajaba L., de noche me hizo que le chupara las bolas, yo me puse nervioso y no quiso contar nada más a pesar de que yo le preguntaba. Fue un jueves cuando me contó y el viernes hice la denuncia. Fue horrible, me largué a llorar, no sabía que hacer y no quería que ella me vea sino no me iba a contar nada más. Le avisé a la madre por mensaje 'mirá C. me está contando ésto'; llamé a mi ex suegra y vino a mi casa, fuimos a dar unas vueltas e intentamos hablar con C. ella volvió a decir que cuando la lleva al baño la toca y a mi no me gusta. Lo dijo delante de mi ex suegra. Volvimos a casa y ahí llegó D., y se puso a llorar, y que iba a hablar a C., lo que hizo esa noche. No sabía que hacer, hablé con mi madre y me decidí e hice la denuncia. La nena no quería que la siente en mis piernas por que lo asociaba con el hecho. Hacía dibujitos feos hacía un hombre y cuando llegaba a la parte genital hacía garabatos y tachaba...".- Por su parte, la madre de la menor, M. D. F., manifestó que "...yo estaba cubriendo la guardia de un juzgado y mi madre me llamó diciéndome que L., le había hecho algo mal a la nena. Me retiro del juzgado y cuando llego me relata lo acontecido... La nena me cuenta que L., le ponía el pito en la cola. Le grafica lo acontecido. Relató que le dijo que efectuaba movimientos masturbatorios. Que le largaba un líquido por la espalda... tenía que darle besos ahí, en el pene, tenía gusto feo... ese día hablé con él y me dijo que él no hizo nada que no le podía creer a una nena de tres años... yo le creí a mi hija porque a pesar de que tenía tres años no podía creer las cosas que le decía, y porque él se fue sin más...".- Como antes se dijo, todos los testimonios transcriptos, se concilian, coherentemente con los resultados de la Cámara Gesell y los informes técnicos y psicológicos realizados por los profesionales actuantes.-
En consecuencia, corresponde concluir que la resolución impugnada ha sido sustentada razonablemente y los agravios del recurrente sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta (C.S.J.N. Fallos 302:284 y 304:415, entre otros); decisión que cuenta, además, con los fundamentos jurídicos, necesarios y suficientes, que impiden la descalificación del fallo como acto judicial válido (Fallos: 293:294; 299:226; 300:92; 301:449; 303:888, entre muchísimos otros).-
X.-) El recurrente manifiesta su disconformidad con el fallo alegando afectación al debido proceso y derecho de defensa en juicio por no haber podido contar con un perito de parte que no resida en la provincia de Santa Cruz.-
Así, durante la sustanciación del debate, fue resuelto el planteo realizado por el defensor, manifestando el presidente del Tribunal de juicio que "...la audiencia del 234 CPP fue efectuada con la notificación de la defensa, por lo que no ha habido una violación del derecho de defensa del imputado sujeto a una nulidad de orden general previstas por el art. 159 inc. 2 del CPP, que hace a la intervención de una de las partes en el proceso, por lo que el primer acto estuvo garantizado y si bien por un principio de amplitud probatoria había admitido que la pericia de parte se realice, los inconvenientes que se susciten en la elección del profesional para efectuarla resultan ajenos al Tribunal, es decir, exceden el marco del proceso y la originaria intervención del imputado en el acto estuvo garantizada..." (fs. 391).- Ahora bien, asiste razón a los sentenciantes en cuanto a que no ha habido violación del derecho de defensa alguno, ello toda vez que surge de los presentes actuados, que la defensa técnica, al momento de sustanciarse la audiencia del art. 234 bis (fs. 19), participó activamente planteando puntos específicos, los que se encuentran a fs. 16.-
Por otra parte, fue notificado a fs. 32 del informe realizado por la Licenciada Schrager a fs. 26/28. A fs. 65 el defensor de G., hace una presentación con un cuadro comparativo sobre los hechos, solicitando medidas a las que se les hizo lugar en el transcurso de la investigación.-
En ningún momento se vieron conculcados los derechos del imputado, toda vez que tuvo amplia participación en la recolección de la prueba, especialmente en lo referente a la audiencia del 234 bis del Código Procesal Penal, donde la menor víctima fue interrogada por la licenciada Vanesa Schrager.-
Surge de la página web ofrecida por el recurrente la amplia matrícula de psicólogos, siendo la misma de fácil acceso, toda vez que surgen los datos de cada uno de los profesionales, por lo que es correcto concluir que atento a la cantidad de profesionales en condiciones de actuar como peritos de control, carece de fundamentación el planteo realizado por el recurrente.-
Además como surge de las actuaciones, hasta el momento de la audiencia no efectivizó trámite alguno para la intervención de la perito propuesta.-
Sostiene la jurisprudencia "...los peritos, en su carácter de asesores técnicos del juez, deben estar sujetos a un control previo, tal como lo establece el art. 254 del Cód. Procesal Penal, para lo cual es requisito estar inscripto en las listas formadas por el órgano judicial competente... Ello, por cuanto tal inscripción obedece a la posibilidad de controlar los requisitos necesarios para ejercer la actividad correspondiente y resguardar la garantía de imparcialidad del dictamen pericial. En ese sentido, no se advierte colisión entre la norma citada y el artículo 14 de la Constitución Nacional, en tanto -según dicho precepto- el ejercicio del derecho de trabajar está sujeto a las leyes que lo reglamenten, y tampoco se afecta el artículo 28, puesto que no se atisba irracionalidad...
Se entendió que la disposición en análisis no importaba afectación al derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional), toda vez que no se restringe la posibilidad de las partes en la elección del perito de confianza, sino que es exigencia el cumplimiento de un requisito administrativo sencillo que, por el contrario, resguarda más apropiadamente dicha garantía, en el sentido de asegurarse que los profesionales propuestos para auxiliar al juez en la materia específica cuenten con título habilitante vigente y sin impedimentos para ejercer la tarea..." (C. Nac. Crim. y Corr. Sala 7ª 8/9/2014, C., F. Voto Dr. Divito, en Revista Derecho Penal y Procesal Penal, febrero 2015, 2, Abeledo Perrot, pág. 415/416).- Asimismo, "...el perito es un auxiliar de la justicia y no un integrante de la defensa, como lo demuestra la circunstancia de que deba aceptar el cargo bajo juramento de conformidad con el art. 257 CPPN y esté sujeto a la incriminación acuñada por el art. 275 CP.
La circunstancia de que se trate de profesiones reglamentadas y sujetas a matriculación, no resulta óbice para que el legislador fije requisitos adicionales (como la inscripción en las listas elaboradas por las cámaras del fuero), para el ejercicio de funciones específicas (como la actuación como perito dentro de un proceso judicial), tanto más cuando dichos requisitos no son irrazonables, ni importan una limitación desproporcionada de los derechos de los particulares. La inscripción en las listas, además, posibilita establecer que no se encuentren afectados por alguna inhabilidad que afecte su actuación..."(CFCP, Sala IV, causa nº 15718 "Cornide, Pablo s/rec. de casación", rta. el 22/02/13).- Atento a lo manifestado por el recurrente, corresponde analizar el planteo de inconstitucionalidad desde la óptica de su admisibilidad formal.
Desde esta perspectiva, el recurso intentado resulta improcedente.-
Es dable destacar que la declaración de inconstitucionalidad de una norma configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico, por lo que se requiere inexcusablemente la demostración del agravio en el caso concreto y sólo cabe acudir a ella cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución Nacional (Fallos: 256:602; 258:255; 302:166; 316:188, 1717 y 2624; 319:3184; 321:441 y 1888; 322:842 y 919; 324:920; 325:1922 y 330:885 y 5345 entre muchos otros). Por lo desarrollado no se produjo situación alguna que amerite su tratamiento.- Sin perjuicio de ello, es dable destacar respecto a la alegada afectación del derecho al trabajo que afectaría a los profesionales no inscriptos, coincidimos en que el artículo 14 de la Constitución Nacional no tiene carácter absoluto, en tanto la misma norma reconoce la posibilidad de que las leyes reglamenten su ejercicio.
La doctrina señala que "...múltiples razones fundamentan y legitiman la necesidad de reglamentar el ejercicio de los derechos constitucionales. Esa atribución estatal -en situaciones ordinarias y corrientes- se requiere para armonizar la utilización de diferentes derechos por distintas personas. la realización de otros valores como la igualdad exige, también, la reglamentación de los derechos..." (María Angélica Gelli, Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada, 2ª edic. La Ley, 2004, pág.67).- XI.-) En cuanto a la crítica a la Cámara Gesell y las supuestas deficiencias en su producción, la incorporación en el proceso penal del testimonio del menor tiene como fundamento el "interés superior del niño", de esta forma, la doctrina sostiene que "...sino se garantiza la tutela judicial efectiva del niño víctima en el proceso, o bien su real acceso a la justicia, cuando se admite que pueda expresar libremente su opinión en todos los asuntos que lo afectan, extremo que tan solo se verifica cuando se le da la oportunidad de ser escuchado.
Y sólo se lo escucha en los términos prescriptos por el Bloque de Constitucionalidad Federal, cuando su versión se recibe en forma adecuada..." (González Da Silva, Gabriel; "Derecho del niño víctima a ser oído en el proceso criminal. Su reglamentación en el Código Procesal Penal de la Nación", DJ 2005-I-254).- Téngase en cuenta que la normativa donde se incorpora el Art. 234 bis y ss., tal como se lo mencionara, es en el capítulo atinente a los testigos, por lo tanto no les son aplicables las previsiones procesales relativas a la prueba pericial.-
Por lo demás, de la simple observación de la Cámara Gesell, para nada se constata que la menor haya sido influenciada por los profesionales actuantes, todo lo contrario, el relato de ésta resulta espontáneo, aporta detalles de las situaciones padecidas, describiendo los actos sexuales de los que fuera víctima, como así también los lugares, las circunstancias de tiempo y personas que se hallaban presentes al momento de su consumación.-
En definitiva, la fuerza convictiva de los dichos de la niña no dejan lugar a dudas, su corta edad le impedirían tener un conocimiento detallado de actos de alto contenido de naturaleza sexual, lo cual resulta ser una prueba elocuente de haberlas vivenciado.-
La comprobación del hecho bajo estudio, si bien tiene al testimonio de la víctima como elemento de juicio relevante, también se han integrado a los fundamentos de la imputación, el relato de familiares de la víctima, y de diversos informes periciales, los cuales constituyen elementos probatorios concurrentes que permiten arribar de manera categórica a la comprobación de la materialidad de los hechos.-
Dentro de este contexto, es donde debe ser evaluado el informe de los facultativos actuantes; pudiendo aseverarse que el procedimiento llevado a cabo para recepcionar el testimonio de la menor ha sido ajustado a derecho, con pleno respeto a las garantías constitucionales; más allá que a los efectos de no revictimizar a la menor, también se llevó a cabo una pericial psicológica.-
Así, ya hemos transcripto ut supra los testimonios de los familiares de la víctima -madre, padre-, así como de los profesionales que intervinieron en la investigación -Dra. Romano, Licenciada Schrager-, que completan junto a los informes incorporados por lectura en el debate, la prueba concluyente para arribar a la sentencia cuestionada.-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado "...la prueba de los delitos contra la honestidad -en el caso, violación- resulta de difícil recolección, no solo por los desarreglos psicológicos que provocan en la víctima sino también por el transcurso del tiempo hasta que llega la noticia "criminis" al Tribunal.- Sin embargo, ello no significa que resulte de imposible investigación ni que pueda fragmentarse la prueba, quitándole sustento a lo que en conjunto lo tiene. Por el contrario, deben valorarse las pruebas teniendo en cuenta cada uno de los aspectos relevantes de la instrucción para arribar a un fallo definitivo que sea comprensivo y abarcador de los elementos de juicio recolectados..." (CSJN; 15/VII/1997, in re: "Vera Rojas", LL 1998-A pág. 312).- En igual forma se ha aseverado "...Cuestionar la sentencia condenatoria por el delito de abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez de la víctima, (...) en el hecho de que lo único que sustenta la acreditación son las cambiantes versiones del menor víctima -en el caso, se rechazó el recurso de casación porque este testimonio, aunado a los indicios, resultaba suficiente para tener por probado el hecho denunciado-, atenta contra una regla de la experiencia común como es, que los hechos atentatorios de la integridad sexual no suelen cometerse frente a testigos presenciales..." (Tribunal Superior de Córdoba, sala penal, 23/VIII/2005, "Barreneche, Reynaldo", La Ley Córdoba diciembre 2005, pág. 1255 y La Ley OnLine).- Estos criterios doctrinarios y jurisprudenciales han sido aplicados por este Alto Cuerpo en: (Tº XIII -interlocutorio- Rº 021, Fº 102/118 7/VII/10; Tº XII -interlocutorio- Rº 012, Fº 064/077 20/IV/09; Tº XII -interlocutorio- Rº 004, Fº 012/023, 9/XII/08; TºXII -interlocutorio- Rº 017, Fº 101/108, 1/VI/09; Tº XII -interlocutorio- Rº 013, Fº 078/084, 10/IV/09; Tº XIV -interlocutorio- Rº 009, Fº 040/047, 01/XII/10, entre otros).-
En el caso concreto, como ya se ha dicho, si bien se tiene el testimonio de la víctima como elemento de juicio relevante, también se han integrado, a los fundamentos de la imputación, los diversos testimonios e informes periciales, los cuales constituyen elementos probatorios concurrentes que permiten arribar de manera categórica a la comprobación de la materialidad de los hechos.-
XII.-) Oportuno es recordar, dentro de los grados de conocimiento sobre el objeto procesal, en el camino de la res iudicanda a la res iudicata, que llegado el momento del dictado de la sentencia, con la exigencia de la certeza jurídica reclamada a ésta para dar lugar a un fallo condenatorio, excluye la posibilidad de la existencia de la duda, estado indeciso del espíritu entre dos afirmaciones, por falta de razones o porque las razones son de igual valor por ambas partes.-
Sostiene el Dr. Cafferata Nores: "...Es que, a diferencia de lo que ocurría hasta 1994, hoy el "in dubio pro reo" es, en toda la Argentina (por obra de la normativa supranacional incorporada a la Constitución Nacional), una garantía de literal estirpe constitucional por ser de la esencia del principio de inocencia (art. 8.2, CADH; Art II.1, DUDH; art. 14.2, PIDCP; art. 75 inc. 2 CN) que exige expresamente para que se pueda dictar una sentencia de condena que se pruebe la culpabilidad (art. 14.2, PIDCP) mas allá de cualquier duda razonable. Y este último aspecto de tal exigencia es evidenciado por la propia normativa supranacional, porque si para revisar una sentencia de condena a favor del condenado se requieren hechos 'plenamente probados' (art. 14.6, PIDCP) de la comisión del error judicial sobre su culpabilidad, es claro que la misma fuerza conviccional ('Plena Prueba') es la que se exige para admitir como probada su culpa; sería absurdo pensar que para declarar 'mal probada' la culpa hubiese más exigencias que para admitirla como 'bien Probada' (o sea que para declarar el error hubiese más exigencias que para declarar la verdad).
Resulta así errónea aquella invocación del 'in dubio pro reo' como regla procesal, pues hoy es una regla constitucional, verdadera contracara del principio de inocencia..." (José Cafferata Nores y Maximiliano Hairabedian, "La Prueba en el Proceso Penal" Ed. Abeledo Perrot, págs. 16 y ss.).- Yendo al sub examine, como se ha constatado a través del examen aquí efectuado de la sentencia revisada, la valoración de la prueba producida en el juicio, contenida en ésta a modo de motivación válida del fallo condenatorio, exhibe la plena acreditación de las circunstancias que conforman los presupuestos objetivos y subjetivos de la responsabilidad penal de L. Á. G., en orden al delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado por ser encargado de la guarda de la víctima, bajo la modalidad de delito continuado, tornando en consecuencia huérfana de apoyo el reclamo como correcta de una regla "favor rei" por una duda razonable que no existió.- En definitiva, no resultan intolerables las conclusiones de los Sres.
Jueces de Cámara en torno a la apreciación conglobante de las probanzas conforme el método de la sana crítica, la conclusión condenatoria es corolario de una interpretación apoyada en el mérito de las pruebas aunadas al sumario, atendiendo a la naturaleza de los hechos investigados, pronunciándose razonablemente en cuanto al hecho y la prueba, contando con suficiente fundamentación la sentencia para dar adecuada respuesta en el proceso al vincular razonablemente los elementos de convicción existentes con la conducta del condenado, no existiendo desviación en el razonamiento o absurdo en la conclusión.- XIII.-) Por lo expuesto, se puede concluir que el fallo analizado, presenta fundamentos serios y atendibles y responde en un todo a las cuestiones de hecho y de derecho presentes en el caso.-
Podrá compartirse o no lo resuelto, pero no puede sostenerse que carezca de sustento fáctico y/o normativo siendo acorde su interpretación y su conclusión fundada en derecho; de ahí que la defensa de Luis Ángel Gutierrez no ha logrado probar la errónea aplicación del derecho sustantivo, el absurdo en la valoración de la prueba, o que el tribunal incurriese en arbitrariedad al fijar el monto de la pena.-
Por todo ello, de conformidad a lo establecido en los arts. 446 y 448 del C.P.P., corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 432/454 vta., por el defensor particular de LUIS ÁNGEL GUTIERREZ en todas sus partes, confirmando la sentencia dictada a fs. 406/422 vta., por la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial, teniéndose presente para el momento procesal oportuno la reserva del caso federal formulada a fs. 454 por el recurrente.-
Que, por ello, normas legales, jurisprudencia y doctrina citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
1. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto a fs. 432/454 vta., por el Sr. Defensor particular de LUIS ÁNGEL GUTIERREZ, por resultar formalmente inadmisible.-
2. CONFIRMAR la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 406/422 vta..-
3. TENER PRESENTE para el momento procesal oportuno la reserva del caso federal formulada a fs. 454.-
4. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.-
FIRMADO: Dra. Clara Salazar –Presidente Tribunal Superior de Justicia; Dr. Daniel Mauricio Mariani-Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti-Vocal; Dra. Alicia de los Angeles Mercau-Vocal; Dra. Paula E. Ludueña Campos-Vocal; Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2034I.151 TOMO:XIX– INTERLOCUTORIOS- T.S.J.
REGISTRO Nº:035 FOLIO Nº:150/158 SECRETARIA:2
Fin de la sentencia