Abriendo la norma
TOMO CLXIV - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO N° 10.271 FOLIO N° 052/055 PROT. ELECT. JR101 419I.261
Río Gallegos, 21 de septiembre de 2026.
La presente causa caratulada “G.L.A. S/ LESIONES LEVES Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO” Expte. Nº 25.808/24, Apelación JR Nº 10319/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 07/14 vta. del presente incidente, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de El Calafate, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de L.A.G., en orden a los delitos de “violación de domicilio (art. 150), lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra una mujer mediando violencia de género (arts. 89 y 92 en función del art. 80 inc. 11 del C.P.) texto según ley 26.791 en el marco de la ley 26485 y amenazas (art. 149 bis del C.P.A. en concurso real (art. 55 del C.P.A.)"; en tanto en el punto 2) trabó embargo sobre los bienes del nombrado por la suma de pesos cinco millones ($ 5.000.000).
Que a fs. 16/19 vta., la defensa oficial apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión-; a fs. 89 sostuvo el recurso (cód. validación 3442dcb9) y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que la defensa considera que su asistido ha sido incorrectamente procesado por el delito de lesiones leves y amenazas en concurso real.
Entiende que no existe constancia alguna de que dichas manifestaciones se hayan producido, solo contamos con lo expuesto por la supuesta víctima.
Recuerda que debe analizarse el valor incriminante con el conjunto de las pruebas incorporadas.
Estima que las correcciones efectuadas por la denunciante “...me gustaría dejar en claro que en relación a lo que él dice de te voy a prender juego en realidad lo que dice es que va a prender fuego las cosas y que va a romper todo” brindan claridad, entendiendo que su asistido jamás exteriorizó un mal futuro; que en todas las presentaciones, en ninguna la denunciante narra sentirse atemorizada.
Señala que no es amenaza toda manifestación o expresión verbal, sino aquellas que causen amedrentamiento, temor, etc., en el receptor. Al ser un delito que requiere dolo, el sujeto amenazante debe realizar su conducta con el convencimiento de alarmar con sus dichos.
Considera que exponer sobre la entidad de las manifestaciones es subjetivo y muy personal, En el presente caso, a su entender la denunciante expone que no recibió un mal futuro y en todo caso, no refirió sentirse atemorizada.
No considera menos agraviante decidir imponer la impronta de violencia de género en una causa que hasta el momento, sólo se trata de un hecho aislado.
Puntualiza que no existe constancia alguna de historicidad de la pareja, acreditación de relación asimétrica de poder, círculo de violencia, absolutamente nada que amerite realizar tal aseveración.
Manifiesta que no resulta un capricho de la defensa que se demuestre tal circunstancia, sino que por el contrario resulta necesario a los fines de la aplicación de la ley que se pretende hacer valer.
Expresa que de esta manera se decide dejar sin efecto garantías tales como la defensa en juicio, el debido proceso y el principio de inocencia; lo que redunda en un atentado contra el derecho de igualdad de personas que se encuentran en similares condiciones ante la ley; debiendo tener como parámetro las decisiones judiciales, circunstancias objetivas y no subjetivas (el hecho de que la denunciante resulte ser mujer).
Insiste en que decidir tomar el camino adoptado por el juez de instrucción resulta injusto e inconstitucional, ya que de manera arbitraria ha decidido otorgar mayor relevancia a un derecho humano esencial frente a otro.
En último término se agravia del monto de embargo, pues entiende que no hay consideraciones que acrediten que una suma tan abultada sea la necesaria para garantizar la eventual pena pecuniaria y responsabilidad civil; y que el imputado claramente no posee ingresos.
Quedan de esta forma plasmados los agravios a analizar.
Entrando en el análisis del planteo de la defensa en cuanto a la falta de pruebas que acrediten el delito de amenazas atribuido, y de basarse el procesamiento únicamente en los dichos de la denunciante, debemos señalar, que de la lectura de las constancias de autos, como del auto dictado por el a quo, se observa que además de los dichos de la denunciante, también consta en autos de otros elementos probatorios, que hacen al contexto en que las amenazas habrían sido proferidas.
Es sostenido por esta Alzada, y jurisprudencialmente, que el plexo probatorio debe ser considerado en forma conjunta. Es de esta forma que el magistrado arriba a la conclusión de atribución de responsabilidad; dado que tras el análisis de los elementos de prueba obrantes y los indicios emergentes de la investigación, encuentra alcanzados los extremos de materialidad y autoría, en función de la probabilidad que reina en la presente etapa procesal, a fin de la incriminación por los delitos imputados al incuso. Por otro lado, en referencia a las correcciones a las que alude el recurrente, no consideramos que resten de virtualidad a los términos proferidos, ni a la clara intención de amedrentar a su destinataria, bajo la simple observancia del contexto de violencia ejercido contra una mujer, en el que habrían sido pronunciadas. Compartimos el criterio sustentado por la jurisprudencia, en lo que respecta a que “...es necesario que las amenazas puedan ser tomadas en serio tanto por la víctima como por un observador objetivo, no solamente en el sentido literal del alcance de la agresión, sino en el sentido genérico de la agresión física y el de ocasionar algún mal grave...” (Trib. Oral Crim. Nº 9, 12/5/1997, `Tomaso, Juan´ citado en Horacio J. Romero Villanueva, en su “Código Penal de la Nación y Legislación complementaria”, Tercera edición ampliada y actualizada, Abeledo Perrot, pág. 565).
Esta Alzada ya se ha pronunciado en anteriores resoluciones acerca del valor que se le otorga a las declaraciones prestadas por la víctima, indicándose que la sola mención de que se trate de la persona damnificada e incluso de sus familiares y/o amigos y/o allegados, no quita veracidad al testimonio que presta en la causa, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma."...Aun cuando se extendiera a familiares de la parte se ha considerado que la circunstancia de que el testigo sea amigo de la parte o de sus familiares no invalida sus dichos, aun apreciándolos restrictivamente, siempre que se vean complementados con otros elementos probatorios." "M., V. vs. F., A. y otros s. Cobro de pesos e indemnización de ley /// Cám. Apel. Sala B, Trelew, Chubut; 15/03/2012; Jurisprudencia de Chubut (Eureka); 462/2011; RCJ7252/13 rubinzalonline/1143420).
Y en torno al contexto de violencia de género, es opinión de los tribunales que “La investigación penal en casos de supuestos actos de violencia contra la mujer debe incluir la perspectiva de género…” (-del dictamen del Procurador General de la Nación que la Corte, por mayoría, hace suyo- CSJN, 29/10/2019; R., C. E. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 63.006 del Tribunal de Casación Penal, sala IV; SJA 04/12/2019, 04/12/2019, 37 - LA LEY 21/01/2020, con nota de Hernán G. Bouvier; LA LEY 10/02/2020, 11). Pero recordemos que “...La perspectiva de género no implica flexibilizar los estándares de prueba en orden al principio de inocencia, sino que implica un análisis integral que sopese el contexto de los hechos, las relaciones entre las partes y la prueba generada, sin perder de vista las desigualdades entre hombres y mujeres...”. (Cita: TR LALEY AR/JUR/68242/2022).
Es justamente esa desigualdad la que el legislador tuvo como fundamento para la protección de la mujer víctima de violencia de género, mediante la ley vigente y como correlato de los tratados internacionales con jerarquía constitucional.
En tal sentido, resulta por demás descriptiva la siguiente jurisprudencia y en contraste con los fundamentos del agravio de la defensa, el cual detalla de manera clara que: "...Por violencia de género hay que entender todo acto de violencia física y psicológica, incluida la agresión a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de la libertad. La violencia en contra la mujer, se describe como la manifestación más brutal de la desigualdad entre el hombre y la mujer en nuestra sociedad y se define como la violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.
Es decir, la violencia doméstica se entronca con la propia naturaleza de las relaciones familiares, que por sus características de subordinación y dependencia favorecen la posición de dominio de los miembros más fuertes sobre los más débiles. No se puede confundir el primer acto de violencia con la primera denuncia, desconociendo que en la realidad, salvo casos de una primera agresión muy intensa, la mujer no se decide a denunciar hasta que la violencia adquiere un carácter habitual difícilmente soportable. Es por ello que, en este tipo de supuestos, le es dable al tribunal fundar su certeza a partir de los elementos conducentes para el esclarecimiento de la verdad y nada impide que un pronunciamiento condenatorio se sustente en el testimonio de la víctima, siempre y cuando, ésta sea objeto de un riguroso análisis y se expongan los aspectos que determinarán que le sea asignada credibilidad.
Los testimonios de las personas directamente involucradas en el conflicto cobran mayor relevancia para analizar y confrontar las diferentes hipótesis en cuanto a las circunstancias en las que presumiblemente habría sucedido el hecho denunciado y, especialmente, reviste fundamental entidad el relato de la ofendida que tiene que ser recibido con las debidas garantías para posibilitar su contradicción con el sujeto ofensor que es llevado a juicio. En autos, la conducta del imputado, en tanto amenazó a la víctima y violó la prohibición de acercamiento dispuesta por orden judicial poniendo así en riesgo la vida y la integridad física y psicológica de su ex pareja, es una cuestión frente a la cual la justicia no puede permanecer al margen, pues la violencia de género constituye ya un flagelo que conmueve a la comunidad internacional en su conjunto, dentro de la cual la nuestra no está al margen resultando alarmantes los niveles de violencia doméstica y también de femicidios.
Por otro lado, la realidad demuestra que la violencia no depende sólo de la convivencia, sino del sentimiento de posesión y dominio que puede darse aún en relaciones ya inexistentes, a causa de la separación de hecho, pero que mantienen el clima de dominio y subordinación característico de la violencia de género...". (Del voto de la Dra. Kauffman de Martinelli en Canavides, Benito s. Recurso de casación /// CJ, Salta; 01/12/2014; Rubinzal Online;
37013/2014; RC J 28/15.
Es por ello, que mal puede considerarse que de este modo la decisión del instructor resulta injusta e inconstitucional, o arbitraria, por haber analizado el siguiente caso con perspectiva de género.
Consideramos que la resolución dictada cumple con las prescripciones reguladas en los arts. 115, 116 y 291 del CPP, habiéndose analizado la totalidad del plexo probatorio reunido, a la luz de la sana crítica racional y con perspectiva de género. Explica razonadamente tanto la materialidad como la autoría penalmente responsable en cabeza de G.; indica cada una de las piezas probatorias que la sustentan, fundamenta la calificación legal, y la medida cautelar dispuesta. Sobre el cuestionamiento al monto del Embargo entendemos que no prosperará, debiendo aclararse que el embargo es una prescripción legal expresa (art. 499 del CPP) de naturaleza cautelar y estimativa. Su fin es garantizar la eventual pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso (tasa de justicia y honorarios).
La jurisprudencia es mayoritaria al sostener que: “A los fines de establecer el monto de embargo... debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV, “D.Y., C.F.”, 17/09/2009). Asimismo, el quantum fijado se exhibe como razonable para garantizar esos fines (CNCrimyCorrec, 06/02/2024, TR LALEY AR/JUR/33938/2024), máxime considerando el carácter provisional de la medida y el orden de prelación establecido en los arts. 29 y 30 del Código Penal.
De igual manera es conteste la jurisprudencia en afirmar que: “En cuanto al embargo, previsto por el artículo 518 del C.P.P.N., su monto debe ser suficiente para cubrir la eventual indemnización civil por daños y perjuicios derivados del delito reprochado y las costas del proceso, que en el caso las componen los honorarios de los letrados actuantes y el valor de la tasa de justicia (artículo 533, ibídem)” (CCC 85/2022/CA2 - “ACUÑA, C. A. s/ Sobreseimiento” – CNCRIM Y CORREC – SALA IV – 08/11/2024 elDial.com - AAE529).
Por lo expuesto, compartimos el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por el a quo para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad de los delitos investigados en autos. Así, confirmaré el monto de la medida de embargo decretada con respecto al incuso.
II. De la lectura de las constancias de autos, se observa una discrepancia en el año en que ocurrieran los hechos y la consignada, tanto en el acta de declaración indagatoria, como en el auto de mérito recurrido.
Por tal circunstancia, se requiere a la instrucción subsanar dicho error material de conformidad con lo previsto por el inc. 1 del art. 163 del CPP.
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
IV. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR los autos de fs. 07/14 vta. del presente incidente, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. HACER SABER a la instrucción lo consignado en el considerando II) que antecede.
3. REGISTRESE y NOTIFIQUESE a las partes mediante S.N.E..
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUELVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia