Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXXIX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8853 FOLIO Nº 043/048 PROT. ELECT. JR1531I.242
Río Gallegos, 09 de agosto de 2024.-
La presente causa caratulada "S.G.E. S/ LESIONES Y AMENAZAS -E.C.V.G. (Ley 26485)" - Expte. Nº 28609/24- Apelación/Causa JR Nº 9018/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 57/61 y vta., obra glosada la resolución dictada por la Sra. Jueza subrogante del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Río Gallegos, Dra. M.Q., quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de G.E.S., en orden al delito de “Lesiones Leves Doblemente Agravadas por el vínculo y por haber mediar violencia de género en concurso real con Amenazas" (Arts. 45, 55, 92 en función de lo dispuesto en el art. 80 incs. 1 y 11 y 149 bis primer párrafo del C.P.N.); en tanto que en el punto II) trabó embargo sobre los bienes del nombrado hasta cubrir la suma de Pesos Ciento Cincuenta Mil ($ 150.000).- Que a fs. 75/78, el Dr. R.R., Letrado Adjunto de la Defensoría Pública Oficial Nº Tres, apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 82 (cód. validación eaee6447) y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
La defensa alegó la carencia de elementos de convicción que acrediten en forma fehaciente la comisión del delito que se le atribuye; y que por lo tanto, el plexo probatorio existente y por el cual se sustenta el resolutorio resulta insuficiente para tener acreditado el hecho ilícito y la responsabilidad endilgada.-
Mencionó, que el fallo carece de fundamentación en razón que la prueba que fue valorada no reúne los extremos suficientes para arribar al grado de certeza para procesar a su asistido.-
Indicó, que solamente se cuenta con los dichos expuestos por la denunciante; consideró que si bien se encuentran certificadas las lesiones de carácter leves, ello sólo implica una certeza, que la denunciante sufrió lesiones, sin que se pueda establecer el autor de las mismas.-
Planteó que el valor probatorio conferido al protocolo de actuación, como elemento que hace creíble la entidad de la denuncia de la supuesta damnificada, en función de la evaluación final que hicieron los peritos participantes; es cuestionable, resaltando que dicho protocolo tiene la finalidad de establecer si es razonable o no iniciar una denuncia por supuesta violencia en base al breve relato de los hechos que hace la supuesta la víctima, en un plazo muy acotado y atendiendo las circunstancias de cada caso, pero en modo alguno puede establcer si efectivamente la persona ha sido agredida por alguien y mucho menos, quién es el autor de las lesiones recibidas.- Destacó como falencias de la actividad instructiva, la ausencia de practicar pericias psicológicas a las partes para determinar sus personalidades y demostrar, en tal caso, alarma o amedrentamiento hacia su persona, o perfil de la personalidad del imputado, por lo cual surge evidentemente -a su modo de ver- que no existe un análisis integral por parte de la Magistrada al analizar las escasas pruebas existentes en el marco de estos actuados.-
Continuando con el señalamiento de falencias, y si bien reconoce la defensa que la tesis de "testigo único, testigo nulo" ha quedado superada por la evolución del derecho procesal, se agravia por cuanto no se arbitraron los medios necesarios para producir toda la prueba para traer claridad a los hechos controvertidos en el proceso, por lo cual es totalmente inviable que la valoración que realiza la a quo se base prácticamente en los dichos de la damnificada.-
Reiteró que no existe por parte de la a quo un análisis integral, racional y crítico en la resolución atacada mediante este acto -apelación-, ya que existen graves omisiones de elementos probatorios que se llevaron a cabo durante la sustanciación del proceso que evidencian la inexistencia de los presuntos dichos intimidantes.-
En relación al delito de amenazas, señaló -su punto de vista- la valoración arbitraria de la prueba en lo que hace a la credibilidad de la presunta víctima; la falta de prueba que acredite suficientemente la autoría de su defendido en cuanto al delito que se le endilga y por ende la atipicidad del mismo, y la ausencia de un estudio, análisis y evaluación (razonada y fundada) de la sentencia atacada.-
En cuanto a las lesiones, dijo que se puede evidenciar a todas luces que se toma como único elemento de entidad suficiente para tener como acreditada la materialidad del hecho delictual en cuestión la denuncia incoada por la Sra. L. realizada por ante la OVD, sin contar con otro elemento que pueda convalidar los hechos expuestos por la denunciante.-
Hizo alusión a que, los presuntos dichos proferidos por el Sr. S. han sido expresiones que pueden ser catalogadas como un mero exceso verbal, y no tienen la entidad del tipo penal que se le endilga, por lo cual no están reunidos los recaudos que encuadran a las amenazas, y por ende no pueden tomar la relevancia que el a quo le intenta atribuir.-
Por último, objetó el monto del embargo por resultar excesivo, ya que al Sr. S. le resulta imposible al Sr. S. afrontar el pago de la cuantía del embargo, como así también, la imposibilidad del nombrado de ofrecer bienes para cubrir dicha suma, por lo que necesariamente conducen a la inhibición general de sus bienes.-
Solicitó que se revoque la resolución impugnada.-
Citó doctrina y jurisprudencia en sustento de sus argumentaciones.-
Que, los agravios expresados por la defensa se encuentran dirigidos a cuestionar el procesamiento dictado, en virtud de la prueba reunida en autos y su valoración; pese a ello, atento el especial contexto valorado por la magistrada, adelanto, no obtendrán favorable acogida.-
1. Ingresando al tratamiento del primer agravio debo decir que, no se avizora carencia de sustento probatorio como argumenta el recurrente, advirtiendo que, las pruebas reunidas hasta el momento detentan la idoneidad suficiente para traspasar la barrera del Art. 289 del C.P.P..-
Que contrariamente a lo indicado por la defensa, no se aprecia que las denuncias de la víctima por ante la OVD y por ante la División Comisaría de la Mujer y la Familia, sean la única fuente de prueba -fs. 08/11 y vta. y fs. 20/21-, entendiendo que tanto, los informes policiales -varios-, el informe de evaluación de riesgo del equipo interdisciplinario -calificándolo como ALTO- de fs. 12/14, el Oficio Nº 182/2024CMF -fs. 07- suscripto por la Dra. M.V.W. -médica forense-, el certificado de atención médica -fs. 22-, el acta de secuestro de elemento y secuencias fotográficas -fs. 27/28-, el acta de requisa personal y secuencias fotográficas -fs. 30/33-, son elementos de convicción válidos, que valorados en su conjunto permiten argumentar -con el grado de probabilidad requerido en esta instancia- tanto la materialidad del hecho como la responsabilidad del imputado en los hechos reprochados.- Recordemos que, en nuestro caso, se tuvieron en cuenta las denuncias de la damnificada, quien describió las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los episodios que la afectara, el 06 de marzo del año 2024, a las 18.30 aproximadamente, en su domicilio, sito en calle A.
Nro. xxx de la ciudad de Río Gallegos. Allí, señaló al imputado como autor de las lesiones que habría recibido en el sector de la cabeza mediante la utilización de un palo de escoba y de los términos amenazantes tales como: "...TE VOY A CAGAR A PALOS, TE VOY A MATAR...", dichos por los cuales sintió temor.- Amén de ello, dicha versión, encuentra correlato no sólo con el informe médico realizado por la Dra. M.V.W. -médica forense- perteneciente a la Oficina de Violencia Doméstica, el día 07/03/2024 -fs. 07-, quien describió: "...Herida contusa en cuero cabelludo sobre región parieto occipital izquierda de aproximadamente 20 (veinte) mm de longitud. Presenta puntos de sutura reciente y costra hemática..."; "Carácter de las Lesiones: Leves...", certificándose de igual manera, si puso en peligro la vida, el tiempo de curación, el tiempo de incapacidad laboral, la data, y el posible elemento productor: Golpe o choque con o contra una superficie roma.
Según refiere, palo de escoba..."; sino también, con el certificado emitido por la Dra. J.D.L.G. -guardia del Hospital Regional-, donde constató curaciones diarias por 7 días y retirada de puntos al séptimo día -fs. 22-.- Por si fuera poco, debo recordar que con relación al valor que se le otorga a las declaraciones prestadas por la víctima (e incluso por parte de sus familiares, amigos y/o allegados) esta Alzada ya ha establecido en anteriores pronunciamientos que, la sola mención de que se trate de la persona damnificada (e incluso de sus familiares y/o amigos y/o allegados) no quita veracidad al testimonio que presta en la causa, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma (a modo de ejemplo apelaciones 7245/21,7167/21,7272/21), es por ello que la inexistencia de testigos no habilita a poner en duda el testimonio de la damnificada.- Que no podemos soslayar, que del contenido de estos autos y el tenor de los sucesos atribuidos al encartado, emerge claramente un contexto de violencia de género, cuya naturaleza impone al juzgador un posicionamiento especial desde el punto de vista probatorio, en atención que hechos como el presente son llevados a cabo en una esfera de intimidad de la familia, por lo tanto se dificulta la posibilidad de contar con testigos presenciales.-
En efecto, se ha asentado jurisprudencialmente “el valor especial que tiene la declaración de la víctima en los procedimientos judiciales vinculados con la problemática de la violencia doméstica, donde “la prueba de los hechos denunciados por la víctima no es una tarea simple y ello es así porque se trata de hechos que normalmente transcurren en la intimidad o en circunstancias en las que solo se encuentran presentes la víctima y el agresor. Es por ello que, en este tipo de supuestos, los testimonios de las personas directamente involucradas en el conflicto cobran mayor relevancia para analizar y confrontar las diferentes hipótesis en cuanto a las circunstancias en las que presumiblemente habría sucedido el hecho denunciado y, especialmente, reviste fundamental entidad el relato de la ofendida que tiene que ser recibido con las debidas garantías, para posibilitar su contradicción por el sujeto ofensor” (Corte Suprema de Justicia de San Miguel de Tucumán, recurso de casación, SENT Nº 1134, 15 de Agosto de 2017).- De ahí que no se advierte en el pronunciamiento atacado carencia de sustento probatorio, tampoco observo orfandad de fundamentos; por el contrario, la A quo analizó en forma prolija y pormenorizada toda la prueba rendida en el legajo, para luego de la meritación de la misma, concluir estableciendo la participación y responsabilidad del imputado; por consiguiente, lo planteado no prosperará.-
2. Respecto al agravio que cuestiona el Informe de situación de riesgo, debe indicarse que esta Alzada se ha pronunciado en autos "M.A.A. S/ Amenazas -en contexto de violencia de género-", Expte. nro. 17284/19 - Apelación nro. 7131/21 (T:CVI, R:7117, F:112/115; 05/04/2022), destacando la relevancia del mismo como elemento probatorio, así, se ha dicho “...No debemos olvidar que los informes o exámenes técnicos cumplidos por funcionarios del Poder Judicial tienen valor como elementos de juicio. (…) También se destacó que se trata de peritos oficiales y sus informes han sido privilegiados por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, “pues se trata del asesoramiento técnico de auxiliares de la justicia cuya imparcialidad y corrección están garantizadas por normas específicas y por otras similares a las que amparan la actuación de funcionarios judiciales” (Fallos 299:265 o ED, t. 77, pág. 374.
Citado por Francisco D'Albora Código Procesal Penal de la Nación Edición 1993, pág. 250)” (Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, “Recurso de casación interpuesto por el Fiscal Correccional de la Iª Nominación, contra la sentencia dictada por Juzgado Correccional de la Iª Nominación, el 25/11/2016”, San Miguel de Tucumán, 15 de Agosto de 2017, SENT N°1134).- Otros tribunales han dicho: “…la prueba de los hechos denunciados por la víctima no es una tarea simple y ello es así porque se trata de hechos que normalmente transcurren en la intimidad o en circunstancias en las que sólo se encuentran presentes la víctima y el agresor. Por tal motivo, en estos supuestos, los testimonios de las personas directamente involucradas en el conflicto revisten fundamental entidad para analizar y confrontar las diversas hipótesis en cuanto a las circunstancias en las que presumiblemente habrían tenido lugar los hechos que son denunciados.
A su turno, si lo que se intenta lograr es la adecuada argumentación de los pronunciamientos judiciales que resuelvan conflictos de esa especie –en los cuales, como ya se sabe, no es habitual que abunden "testigos presenciales"–, a riesgo de no consagrar un resultado notoriamente injusto y al mismo tiempo poder disminuir los índices de impunidad o de tolerancia que han obligado a la comunidad internacional a ocuparse de este flagelo, resulta necesario que se lleve a cabo un examen crítico que determine la credibilidad, coherencia, verosimilitud, persistencia y falta de mendacidad de la incriminación en el testimonio de la víctima, o, en el supuesto que la hubiere, la resistencia a esa incriminación en el relato del presunto ofensor, de manera tal que se adviertan las razones por las cuales se ha privilegiado un testimonio por sobre el otro.
Lo contrario importaría que una significativa cantidad de episodios de violencia que tienen lugar puertas adentro o en ámbitos de relativa invisibilidad, a pesar de que sea declamado un derecho de las mujeres a una "vida libre de violencias", queden impunes por la modalidad unilateral y convenientemente escogida por su autor...". (“T., J. J. s/ inf. art(s) 149 bis -22/04/2014 – Cita on line LALEY AR/JUR/18735/2014). Por consiguiente, considero que los argumentos de la defensa consisten en desgranar la prueba y analizarla de forma individual, tratando de desacreditar el valor convictivo de cada elemento por separado, en tanto la Magistrada, tal como lo encomienda la ley, se abocó al análisis conjunto, armónico y concatenado de los elementos probatorios reunidos en la causa, logrando tener por corroborado y robustecido -con grado de probabilidad- el relato de la víctima con el resto de la prueba analizada, logrando así argumentar válidamente la responsabilidad del imputado en los ilícitos investigados.- A mayor abundamiento, un reciente fallo de un Tribunal de la Patagonia, dijo: “...La perspectiva de género no implica flexibilizar los estándares de prueba en orden al principio de inocencia, sino que implica un análisis integral que sopese el contexto de los hechos, las relaciones entre las partes y la prueba generada, sin perder de vista las desigualdades entre hombres y mujeres...” (Cita: TR LALEY AR/JUR/68242/2022).-
Ello da lugar a establecer que no se concibe además, que el informe de riesgo carezca de validez probatoria, por entender que la oficina a cargo de la confección de éste cuenta con competencia y preparación en el ámbito. Precisamente, en materia jurisprudencial se ha asentado "las actuaciones producidas por la Oficina de Violencia Doméstica (entrevistas, informes, inspecciones, dictámenes, etc.) constituyen instrumentos oficiales elaborados por personal capacitado del Poder Judicial de Tucumán, por lo que los mismos que gozan de pleno valor probatorio para la determinación fáctica del caso y su ponderación por parte de los Magistrados. No debemos olvidar que los informes o exámenes técnicos cumplidos por funcionarios del Poder Judicial tienen valor como elementos de juicio. (…) También se destacó que se trata de peritos oficiales y sus informes han sido privilegiados por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, “pues se trata del asesoramiento técnico de auxiliares de la justicia cuya imparcialidad y corrección están garantizadas por normas específicas y por otras similares a las que amparan la actuación de funcionarios judiciales”. (Fallos 299:265 o ED, t. 77, pág. 374. Citado por Francisco D'Albora Código Procesal Penal de la Nación Edición 1993, pág. 250)” (Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, “Recurso de casación interpuesto por el Fiscal Correccional de la Iª Nominación, contra la sentencia dictada por Juzgado Correccional de la Iª Nominación, el 25/11/2016”, San Miguel de Tucumán, 15 de Agosto de 2017, SENT N°1134).- En suma, esta Alzada entiende que la autoría de los delitos, en cabeza del Sr. S.G.E., se encuentra acreditada con el grado de probabilidad suficiente requerido en esta instancia procesal, motivo por el cual el presente agravio no podrá prosperar.-
3. Con relación a las supuestas falencias señaladas por la defensa, cabe mencionar que la Jueza de Instrucción en virtud de lo dispuesto por los arts. 185 inc 1º) y 199 del C.P.P., tiene amplias facultades para comprobar si existe un hecho delictivo, y podrá hacer uso de las diligencias que estime pertinentes y útiles para el descubrimiento de la verdad, tal lo acontecido en el caso de marras.-
Cabe recordar que esta Alzada debe abocarse al análisis de los agravios en función de las piezas probatorias tenidas en cuenta por la Instrucción al momento de arribar al decisorio puesto en crisis dado lo provisorio de la instancia en que nos encontramos, con lo cual, no nos corresponde expedir opinión respecto a la ausencia de determinadas diligencias -practicar pericias psicológicas a las partes-, siendo la producción de medidas probatorias resorte exclusivo de la anterior instancia, más aún, debe decirse que en la presente investigación no se vislumbra ninguna solicitud por parte del recurrente en aras de producir prueba en contrario para mejorar la situación de su asistido, por lo que no puede responsabilizar a la instructora en este sentido, máxime conforme las facultades que le otorga el art. 190 del C.P.P., en virtud de la cual, no tendrá asidero lo planteado.-
4. Dando continuidad a los puntos motivo de agravio, y en relación al delito de amenazas, todo indicaría que los dichos vertidos por el imputado sí tuvieron capacidad para alarmar o amedrentar con la finalidad deliberada de atemorizar a la presunta víctima. Es así que “...se puede amenazar directa o indirectamente, en forma velada, manifiesta o tácita; por gestos o ademanes simbólicos, palabras o signos, en forma verbal, o por vía escrita, postal, telefónica o personal, por interpósita persona; o con elementos atemorizantes...” (Breglia Arias Omar- Gauna Omar, “Código Penal y Leyes Complementarias. Comentado, Anotado y Concordado”, Editorial Astrea, pág. 1074).- Por su parte, la jurisprudencia ha dicho que “...es necesario que las amenazas puedan ser tomadas en serio tanto por la víctima como por un observador objetivo, no solamente en el sentido literal del alcance de la agresión, sino en el sentido genérico de la agresión física y el de ocasionar algún mal grave...” (Trib. Oral Crim. Nº 9, 12/5/1997, `Tomaso, Juan´ citado en Horacio J. Romero Villanueva, en su “Código Penal de la Nación y Legislación complementaria”, Tercera edición ampliada y actualizada, Abeledo Perrot, pág. 565).-
En efecto “...el contenido de su idoneidad (se refiere a la amenaza) debe ser definido con estricta referencia al contexto dentro del cual fueron expresadas, es decir, tomando en cuenta específicamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se profirieron las mismas, las que determinarán la concreta lesividad de dichas expresiones con relación al bien jurídico protegido por la norma que las incrimina. Y ello no implica que su carácter lesivo, y por ello típicamente relevante de las amenazas, dependa exclusivamente del efecto que generen en la víctima, pues bien puede ocurrir que ésta no se vea afectada por dichas expresiones, en razón de ser una persona absolutamente desaprensiva...” Lo primordial del delito de amenazas es la intención del sujeto de infundir temor, (requiere dolo específico para alarmar o amedrentar), con la finalidad considerada de atemorizar a otro. (Trib. Casación Penal Bs. As., Sala 2º, 17/8/2006, “Cazzaniga, Juan C.”, AP 14/112012).- Lo expuesto en párrafos anteriores y aplicados al caso de autos, implicarían que los dichos habrían sido expresados por S., encontrándose prima facie comprobados en debida forma y que el contexto propio de dicha situación violenta, le habría generado a la misma temor, tal como ella lo puso de manifiesto al realizar la denuncia en la División Comisaría de la Mujer y la Familia -fs. 20/21-; por lo tanto, no se hará lugar a lo planteado.-
5. En respuesta al cuestionamiento del monto del embargo decretado por la a quo, debo decir que tampoco se hará lugar al mismo. Ello por cuanto se comparte la determinación de la Magistrada, advirtiendo que lo dispuesto cumple con las reglas establecidas en el art. 499 del CPP, pues en el considerando de fs. 61 vta. se señalaron los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria. Y ponderando el monto establecido en función del ilícito endilgado y su modalidad de comisión, la suma ordenada de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000), no luce irrazonable máxime dentro del contexto inflacionario argentino. Por ello confirmaré también el monto del embargo dispuesto.- En este sentido, calificada jurisprudencia del orden provincial tiene dicho que: “...el texto del Art. 554º C.P.P. (art. 518º CPPN y 499º del CPPSC) alude, de esta manera expresa, a la determinación de la cantidad sobre la que puede recaer el embargo explicitando que debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas. El legislador ha dejado librado al órgano judicial la apreciación o valoración de tales circunstancias, siendo posible su control jurídico, solo en tanto y cuanto el monto de la medida preventiva resulte grosera desproporción con las razones que determinaron al Juez a tomarla...”. (Cámara de Acusación de Córdoba, A.I.: N20, 14/3/88. Causa: “Meana, Héctor Ángel”. Vocales: Funes, Pueyrredón, Vargas. Secc. Nº 1).-
6. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
7. Comunicaciones: Atento a la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 57/61 y vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected], a sus efectos.-
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia