Abriendo la norma
TOMO CLXIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.326 FOLIO Nº 200/202 PROT. ELECT. JR101 474I.261
Río Gallegos, 19 de Octubre de 2026.
La presente causa caratulada: “G.M.F. S/ LESIONES CULPOSAS REITERADAS” Expte. Nº 27572/25, Apelación Nº 10.369/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 09/17 del presente incidente, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de El Calafate, quien en el punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de M.F.G., en orden al delito de “lesiones leves culposas (dos hechos) art. 94 primer párrafo CP y lesiones graves culposas ocasionadas por la conducción imprudente de un vehículo con motor art. 94 bis primer párrafo CP, todo ello en concurso real, art. 55 CP.; y en el punto III) trabó embargo sobre los bienes del imputado por la suma de pesos cinco millones ($ 5.000.000).
Que a fs. 20/25, la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 28 sostuvo el recurso y no presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que el recurrente precisa que el a quo no atendió a las explicaciones de descargo vertidas por la imputada al momento de prestar declaración indagatoria, afectando directamente el derecho de defensa en juicio consagrado en el artículo 18 de la CN, generando por ello la nulidad absoluta del auto de procesamiento.
Apunta que el auto impugnado por esa defensa técnica sólo tuvo en cuenta lo dicho en la primera parte de la declaración, omitiendo toda consideración respecto de la segunda de ella, es decir donde su defendida explicó que fue la propia conductora del vehículo marca Sandero quien, luego de quedar en la bocacalle en estado de reposo absoluto por la colisión, arrancó en forma intempestiva e imprudente, chocando contra una tapia ubicada sobre la calle E.B. Sostiene que el juzgado no solo tiene la obligación de practicar las medidas de prueba indicadas por el imputado durante la indagatoria, sino también la de analizar la versión exculpatoria que pueda haber brindado el mismo durante tal audiencia.
A su entender, la versión brindada por la Sra. M.G. es congruente con la prueba colectada durante la instrucción, particularmente el informe de novedad, el informe técnico vehicular, y la pericia accidentológica.
Manifiesta que basta considerar que el paragolpes de su vehículo Suzuki Fun apenas registra marcas de rozamiento en su paragolpes delantero y una leve abolladura sobre el capot, lo que no se condice con la ubicación final del rodado marca Renault Sandero. También se agravia de la calificación jurídica enrostrada por el Juzgado en lo referido al encuadre de las varias lesiones culposas atribuidas como un concurso de carácter real, cuando en realidad debió de englobarse las mismas como un concurso ideal. Señala que de la lectura de la declaración indagatoria y del auto de procesamiento se extrae la atribución de un solo hecho a su defendida, cual es el accidente de tránsito.
Argumenta que de acuerdo con la más respetada doctrina existe concurso ideal de delitos cuando el autor realiza a través de una sola acción más de un tipo penal o incluso el mismo tipo penal más de una vez.
Continúa exponiendo que Zaffaroni clarifica la cuestión explicando que cuando haya que penar varios delitos en un mismo pronunciamiento concurren varios delitos en un mismo pronunciamiento y la que corresponde al caso en que una conducta resulta típica de varios tipos penales que se llama concurso ideal; por lo que solicita se modifique la calificación legal.
En su tercer agravio cuestiona el fundamento brindado en el acto judicial por considerarlo escueto y genérico, ya que aludir a las lesiones sufridas por las víctimas, la pluralidad de damnificados y las eventuales costas del proceso, no cubre el requisito mínimo de motivación que exige el art. 291 CPP.
Resalta que cabe tener en consideración que G. posee y poseía al momento del hecho el seguro de automotor vigente, por lo que los daños que se pretenden asegurar con el embargo ya fueron cubiertos por el sistema de seguros contratado por la Señora M.G. Formula reserva del recurso de casación y del caso federal.
En cuanto a la crítica relativa a la valoración que hiciera el a quo sobre el descargo de la imputada volcado al momento de recepcionarle declaración indagatoria, en primer término se puede observar, de la lectura del auto recurrido, que el magistrado tuvo en consideración el mismo, analizándolo y confrontando con las piezas probatorias, y dando las razones por las cuales no le asistía razón al incuso.
En tal sentido, el Magistrado señaló: “…sus propias manifestaciones constituyen un elemento que confirma la hipótesis acusatoria, en tanto reconoce haber decidido ingresar a la intersección sustentando dicha decisión en la apreciación subjetiva de que el vehículo que circulaba por calle E. B. le permitiría continuar su marcha. Sin embargo, semejante razonamiento no resulta jurídicamente apto para excluir la culpa. Ello es así porque la prioridad de paso no puede fundarse en meras inferencias personales acerca de la conducta que eventualmente adoptará otro conductor, ni puede presumirse a partir del hecho de que un tercer vehículo haya logrado atravesar previamente la encrucijada (...) Precisamente esa errónea valoración constituye la imprudencia que se le atribuye. A ello debe añadirse que dicha explicación no encuentra respaldo en ningún otro elemento objetivo incorporado al expediente.”
Corresponde señalar que el acto de declaración indagatoria, aun constituyendo la manifestación más relevante del ejercicio de defensa material, ello no le impone al juzgador la obligación de convalidar sin más las explicaciones brindadas por la imputada, sino que éstas deben ser ponderadas integralmente y confrontadas con el resto del material probatorio incorporado en autos.
En este lineamiento, el a quo, tras el análisis pormenorizado de los elementos de la causa, considera a la versión exculpatoria de la imputada, insuficiente para rebatir las constancias de autos.
Surge con claridad que el Sr. Juez de grado efectuó una valoración respecto a las manifestaciones brindadas por la encartada, y explicitó las razones por las cuales aquellas no resultan idóneas para conmover el cuadro cargoso hasta el momento reunido. En consecuencia, no se observa afectación alguna ni a los derechos que la incusa posee, ni a los principios del derecho penal, descartando el supuesto de nulidad invocado por la defensa.
Jurisprudencia con la cual concordamos ha manifestado que "...como consecuencia de la discrecionalidad técnica de la que goza, el juez de primera instancia, en su carácter de director del proceso, debe disponer la realización de las diligencias probatorias que estime pertinentes y útiles para el descubrimiento de la verdad material que es, en definitiva, la finalidad de la etapa instructoria (artículo 193 CPPN). Dicha facultad implica no sólo decidir con respecto a la realización de una medida de prueba sino también escoger tanto la ocasión como el modo en que deberá producirse aquella. En cuanto a ello, conforme lo establece el artículo 199 CPPN, ha señalado esta Sala en reiteradas oportunidades que todo lo relativo a diligencias probatorias “queda incluido dentro de las facultades discrecionales del Juez, en virtud de lo normado por el artículo ya citado, resultando las decisiones que se tomen en esa dirección irrecurribles…” (TR LALEY AR/JUR/43899/2018).
Más allá de ello, no se observa en autos petición de medidas probatorias por parte de la defensa y que hayan sido desoídas por la instrucción.
En este sentido, si la defensa consideraba pertinente la realización de alguna otra medida probatoria a los fines de corroborar su versión de los hechos, debió haber sido peticionado, no dando por supuesto con la manifestación de la imputada en términos tales como “...ahí veo que la sandero arrancó y subió al cordón de la vereda por calle B. chocando contra un tapial, que está sobre un árbol viejo grande…”, no correspondiendo atribuir a la instrucción su falta de requerimientos probatorios.
Además de lo expuesto, simplemente resta resaltar que no observamos el énfasis que expone el defensor, en los términos vertidos por la imputada al momento de su descargo, en referencia a la segunda acción ejecutada por la damnificada.
Considera esta Alzada que la instrucción efectuó una valoración integral e interrelacionada de las probanzas aunadas al legajo a la luz de la sana crítica racional, lo que le permitió arribar a una decisión acorde a derecho.
En lo referente al planteo de una errónea calificación legal, debemos decir que no obtendrá favorable acogida en esta instancia, toda vez que resulta ser criterio de esta Alzada -en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia procesal, este agravio no prosperará. Ello así, toda vez que el hecho imputado resulta ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia e incluso en instancias superiores; siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23 y 8488/23, entre otras tantas).
Hemos de considerar que se encuentra correctamente motivada la decisión del magistrado, habiendo analizado la totalidad del plexo probatorio, bajo los parámetros de la sana crítica racional y en función de la probabilidad que la presente etapa demanda.
En efecto, tras el análisis de las piezas probatorias aunadas durante la investigación, el a quo tuvo por acreditada la relación de determinación, entendiendo que el resultado típico, es decir, las lesiones sufridas por los damnificados, se habrían producido como consecuencia del riesgo creado por la incusa.
En lo referente al agravio relativo al embargo y la ausencia de fundamento que haya ameritado la suma establecida, corresponde aclarar que el monto del embargo cautelar sólo debe tratarse de un valor estimativo en atención a la imposibilidad de fijarlo -de momento- en una suma definitiva en función de la provisoriedad de la etapa procesal que atraviesa la causa, lo que recién podrá hacerse – llegado el caso- en la etapa de la sentencia final del proceso. En coincidencia con lo manifestado por los tribunales al respecto, entendemos que "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar esos fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024), por lo cual, y de la lectura del auto recurrido, consideramos que se encuentra debidamente fundada la medida cautelar estipulada.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 09/17, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. TÉNGASE PRESENTE la reserva de recurso de casación y caso federal formulado.
3. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia