Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2023-14700830-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los planteos de prescripción y nulidad de la notificación interpuestos por la actora, con costas (conf. art. 1163 del Código Aduanero).
2Confirmar la Resolución DPRLA nro. 6661/22, recaída en el expediente nro. 12073-1228-2012, en cuanto condena a la aquí apelante por la infracción tipificada en el art. 965 inc. a) del C.A., con costas a la actora (conf. art. 1163 del Código Aduanero).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-108088499-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 29 de Septiembre de 2025 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E” Dres. Juan Manuel Soria y Héctor Hugo Juárez (la Vocalía de la 14a. Nominación se encuentra vacante), bajo la presidencia del segundo Vocal nombrado, a fin de resolver en los autos caratulados “C.G.M. LEASING ARGENTINA S.A. c/DGA s/ RECURSO DE APELACIÓN”, EX-2023-14700830- - APN-SGASAD#TFN El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Recurso de apelación: C.G.M. LEASING ARGENTINA S.A. interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA 6661/22, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12073-1228-2012, que la condenó a la pena de comiso de la mercadería ingresada al amparo de la destinación 11001IC04005443F, conforme lo dispuesto por el art. 965 inc. a) del Código Aduanero (“CA”). Explica que mediante el despacho en cuestión importó una máquina de dividir al amparo del régimen establecido por la resolución MEyOSP 909/94, acompañando el correspondiente certificado de reacondicionamiento expedido en el exterior, y que al realizarse la comprobación en destino se informó que la mercadería se encontraba trabajando para la firma MADISON S.R.L., mediante un contrato leasing, situación que a juicio de la Aduana da lugar a la infracción en trato. Plantea la nulidad de la notificación de la resolución apelada y solicita se tenga por interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación. Luego plantea la prescripción de la acción, por la nulidad del acto por el cual se instruye sumario contencioso, citando jurisprudencia para fundar sus dichos. Agrega que la duración del proceso resulta irrazonable. Seguidamente se expresa sobre la improcedencia de la sanción, señalando que no se desprendió del bien en cuestión, sino que lo afectó a un contrato de leasing, lo que forma parte de las actividades normales y habituales de la sociedad, y que tal afectación no altera ni modifica la condición de usuario directo del bien. Manifiesta que justamente por haberla afectado al giro comercial normal de la sociedad, con un contrato de leasing, es que se cumple con lo declarado al importar dicha maquinaria como un bien de uso. Indica que el servicio aduanero incurre en error al considerar que la afectación del bien a un contrato de leasing implica un desprendimiento o una disposición del bien, siendo que tal bien se mantuvo en todo momento dentro de su patrimonio. Cita lo establecido por la ley 25.248, sobre contrato de leasing, vigente a la época de la afectación del bien, para sostener que el objeto es la entrega de la tenencia del bien, y no la posesión, como erróneamente sostiene la DGA. Subsidiariamente, plantea la incorrecta liquidación de la multa aplicada. Finalmente ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Contestación de la Aduana: Mediante el IF-2023-46320343-APN-DTD#JGM, el Fisco se presenta y contesta el traslado conferido. Relata los hechos del caso y realiza la negativa de rigor. Rechaza el planteo de prescripción, el pedido de nulidad de la notificación y la interpretación realizada por la actora respecto a la doctrina de plazo razonable. Señala que al realizarse la comprobación en destino se verificó que la mercadería no se encontraba en el lugar declarado, así como tampoco la compañía aportó constancias de la comunicación de su traslado, por lo que al no poder comprobarse el uso y la tenencia de la mercadería por parte de la actora procede la imputación de la infracción prevista en el art. 965 inc. a) del CA. Analiza el marco normativo aplicable, citando las resoluciones MEyOSP 909/94 y 1472/94 y la RG AFIP 2193/07, para concluir que la actora no solo incumplió su calidad de usuario directo, reconociendo expresamente que dio en leasing la mercadería importada, sino que también reconoce haber incumplido con el régimen de comprobación en destino, al no haber informado a la Aduana el cambio de tenencia de la mercadería. Cita la nota 247/10 del Ministerio de Industria, en cuanto indica que el importador al declarar ser usuario directo del bien, no corresponde que afecte las maquinas en cuestión a un contrato de leasing. Conforme a ello, sostiene que la actora incurrió en un incumplimiento de las obligaciones emergentes de un régimen al que se sometió voluntariamente, aceptando tanto los beneficios como los requisitos que debía cumplir. Por último, acompaña como prueba las actuaciones administrativas y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Proceso ante el Tribunal Fiscal: El 31.08.23 se tiene por contestado el traslado, por acompañadas las actuaciones administrativas y se abre la causa a prueba. El 06.08.24 la actora solicita condonación por moratoria, que es rechazada por el fisco el 09.09.24. El 12.08.24 se agrega el informe pericial realizado por el perito contador. El 14.08.25 se clausura el período probatorio y se elevan los autos a la Sala “E”. El 25.09.25 se llaman los autos a sentencia.
IV. Procedimiento ante la Dirección General de Aduanas: Las actuaciones administrativas SIGEA 12073-1228-2012 se inician la orden de comprobación en destino de la destinación 11001IC04005443F. A fs. 3/17 luce la destinación de importación en trato y la documentación complementaria. A fs. 20 obra el acta de comprobación en destino. A fs. 27 obra orden de requerimiento de documentación. A fs. 28/38 la actora acompaña documentación relativa al contrato de leasing. A fs. 46 se agrega la nota 247/10 del Ministerio de Industria. A fs. 47/50 se produce el informe 1240/12 (DV CODD), que concluye que se estaría en presencia de la conducta prevista en los artículos 965 y 968 del CA. A fs. 51 luce acta de denuncia. A fs. 56 se dispone la instrucción de sumario contencioso y se ordena correr vista de lo actuado, lo que se notifica el 25.04.22. A fs. 63 se declara la rebeldía de la actora. Finalmente, a fs. 71/75 se dicta la resolución DE PRLA 6661/22, apelada en autos.
V. Decisión del caso: Corresponde resolver en autos si la resolución apelada -6661/22-, en cuanto condena a C.G.M. LEASING ARGENTINA S.A. al comiso de la mercadería importada al amparo de la destinación 10001IC04005443F por la comisión de la infracción prevista en el art. 965 inc. a) del CA, se ajusta a derecho. Al respecto se señala que el juzgador no está obligado a seguir a las partes respecto a todos las defensa o planteos que introduce, pudiendo concentrarse exclusivamente en aquel que, a su criterio, tiene virtualidad de dirimir la cuestión controvertida.
V.1. Mediante la destinación 11001IC04005443F la actora documentó la importación de mercadería clasificada en la posición arancelaria PA 8453.10.90.910J, al amparo de lo establecido por la resolución MEyOSP 909/94 y su modificatoria 1472/94, declarando que su estado era “USADO IMPORTADO, INCL. REACONDICIONADO”. Tal mercadería quedó sujeta al régimen de comprobación en destino, conforme la resolución general 2193/07. La resolución MEyOSP 909/94, modificada por su par 1472/94, establece el régimen de importación para bienes usados, indicando en su art. 1 que los bienes usados allí indicados, deberán tener la calidad de acondicionados o sometidos a proceso de reconstrucción o en su defecto, dichos bienes, deberán cumplimentar los procesos indicados en el país. Por su parte, el art. 2 establece que cuando el acondicionamiento o el proceso de reconstrucción a que se alude en el art. 1, fuera efectuado en el país de origen o de procedencia del bien usado importado, el mismo deberá acreditarse mediante certificación emitida por parte del fabricante originario del bien o mediante certificación de pericia realizada en origen, emitida por ente técnico especializado, legalizada por la correspondiente sección comercial de la Embajada de nuestro país o por el Consulado Argentino. El acondicionamiento o el proceso de reconstrucción podrá ser efectuado en el país por el importador, que, a su vez, deberá reunir la condición de usuario directo del bien usado. En este caso, estarán sujetos al régimen de comprobación de destino por el término de 2 años, en cuyo lapso queda prohibida la enajenación a título gratuito u oneroso de dichos bienes. La condición de comprobación de destino en los términos indicados, también regirá para los bienes que, acondicionados o sometidos a proceso de reconstrucción en el exterior, sean importados por el usuario directo de ellos.
Al proceder a la comprobación en destino de la mercadería, la actora informó que la firma MADISON S.R.L. tenía la maquina importada en carácter de tomador de leasing. Ante tal situación, el servicio aduanero determinó que la actora no cumplió con los requisitos establecidos por la resolución MEyOSP 909/94 y modificatorias, en cuanto a la condición de usuario directo del bien, imputando de esta manera la comisión de la infracción prevista en el art. 965 inc. a) del CA. Dicha infracción se encuentra en el Capítulo Noveno, del Título Tercero del Código “Transgresión de las obligaciones impuestas como condición de un beneficio”, indicando expresamente que “El que no cumpliere con la obligación que hubiera condicionado el otorgamiento de: a) una excepción a una prohibición a la importación para consumo a la exportación para consumo, será sancionado con el comiso de la mercadería en infracción”.
V.2. Aclarado ello, se advierte que la controversia de autos resulta sustancialmente análoga a la resuelta por la CSJN, con base en el dictamen de la Procuración Fiscal, en autos “Nate Navegación y Tecnología Marítima SA (TF 22.220-A) c/DGA”.
En dicho precedente, la DGA imputó a Nate Navegación y Tecnología Marítima S.A. la comisión de la infracción prevista en el art. 965 inc. a), con motivo de una operación de importación efectuada al amparo de la resolución MEyOSP 909/94 y modificatorias, en donde Nate realizaba la efectiva explotación del bien cedido por Citibank –importadora- en virtud de un contrato de leasing; bajo el fundamento de incumplirse con la condición establecida en el art. 2 del régimen de importación para bienes usados, que establecía que quién realizase la importación de las mercaderías debía ser su “usuario directo”.
En lo que aquí interesa, el dictamen de la Procuración concluyó que la mercadería en cuestión –ubicada en el anexo I de la resolución 909/94, al igual que la de autos- no se hallaba sujeta a una prohibición aduanera, sino que se trataba de mercadería cuya importación definitiva para consumo se regulaba sujeta a ciertas condiciones, como por ejemplo que el importador debía ser el usuario directo del bien. Finalmente, concluyó que, al no tratarse de una prohibición de importación para consumo, la conducta seguida por las actoras demuestra ser carente de la necesaria tipicidad para ser pasible de configurar una infracción aduanera.
En consecuencia, considerando que por aplicación de la doctrina emergente del comentado precedente de la Corte Suprema la mercadería objeto de autos no se encuentra sujeta a una prohibición a la importación, toda vez que se ubica en el anexo I de la resolución MEyOPS 909/94, corresponde revocar la resolución apelada.
Por ello, VOTO POR:
1. Revocar la resolución RESOL-2022-6661-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 12073-1228-2012, en cuanto condena a C.G.M. LEASING ARGENTINA S.A. por la comisión de la infracción prevista en el art. 965 inc. a) del CA.
2. Imponer las costas a la Aduana (art. 1163 del CA).
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Que se da por reproducida la relación de los hechos efectuada en el voto del Dr. Soria, en los Considerandos I a IV.
II. Que, en primer término, cabe analizar el planteo de prescripción de la acción del servicio aduanero para imponer penas, opuesto por la firma recurrente.
Que la prescripción de la acción para imponer penas por infracciones aduaneras se rige por lo dispuesto en el art. 934 del C.A., donde se establece un plazo de cinco años, el que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (conf. art. 935 del C.A.).
Que, por aplicación de la referida norma, resulta que, en el caso que nos ocupa, la prescripción de la acción del Fisco comenzó a correr el 1/1/2013, toda vez que la infracción se habría constatado el 6/6/2012, conforme acta de comprobación de destino obrante a fs. 20 de las act. adm.
Que, sin embargo, el plazo de prescripción se interrumpió en fecha 18/12/2017 (conf. art. 937, inc. a), del C.A.), al dictarse el auto que dispuso la apertura del sumario administrativo (ver fs. 56 del expte. adm.), requiriéndose, a partir de ese momento, el transcurso de un nuevo período completo de prescripción.
Que si bien el plazo de prescripción de la acción penal fue reanudado el 19/12/2017, al haberse dictado la resolución aquí apelada el 20/9/22, la acción del Fisco para exigir la multa no se encuentra prescripta.
Que conforme con la doctrina emanada del acuerdo plenario de fecha 23/9/2003 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, recaído en la causa que tramitara bajo expediente nº 6.078/97, caratulada “Hughes Tool S.A. C/ A.N.A. (TF 7.830-A)”, el simple dictado del acto administrativo constitutivo de la resolución condenatoria interrumpe el plazo de prescripción, sin que para ello se requiera previa notificación. Entre otros argumentos, la mayoría fundó su postura en que cuando la norma no exige esfuerzo interpretativo debe ser aplicada directamente por los jueces y que, en el caso del art. 937 del C.A., “el legislador ha tomado en consideración aquel acto en el cual el funcionario habilitado ejerce, dentro del tiempo hábil para hacerlo, la facultad otorgada en el Código, condenando al imputado, para interrumpir la prescripción, sin que en el texto legal se exija, para su configuración como tal, de ningún otro acto o circunstancia”.
Que, a mayor abundamiento, con relación a la aplicación de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, en el mencionado fallo plenario el Tribunal de Alzada sostuvo que la mencionada norma es de aplicación supletoria y su invocación sólo es procedente en aquellos supuestos en los cuales existe un vacío en la legislación aduanera. Sin embargo, en el caso que nos ocupa ese vacío no se da, pues el C.A. prevé específicamente como supuesto interruptivo el dictado de la resolución condenatoria.
Que, por lo demás, en el procedimiento para las infracciones el C.A. reconoce como acto interruptivo de la prescripción para imponer penas al simple dictado del auto de instrucción del sumario (conf. art 937, inc. a), del C.A.), sin que el mismo se trate de un acto cuya notificación estuviere prevista, no siendo ello obstáculo a su validez o eficacia como acto administrativo. Ello así, encontrándose una solución específica en la legislación aduanera, las disposiciones al respecto de la L.N.P.A. no resultan aplicables a la cuestión que nos ocupa.
Que no resulta de aplicación al caso la doctrina jurisprudencial establecida por la CSJN en los autos “Losicer, Jorge Alberto y Otros” del 26/6/12, invocada por la actora referida al “plazo razonable”, atento a que en dicha causa se trató de un sumario administrativo que se extendió hasta casi veinte años, siendo que en los presentes autos se trata de un procedimiento infraccional iniciado en el año 2017 y resuelto por el servicio aduanero en el año 2022, dentro de los plazos prescriptivos establecidos por el C.A.
Que, como corolario de todo lo expuesto, corresponde desestimar el planteo de prescripción de la acción del servicio aduanero para imponer penas, con costas (conf. Art. 1163 del Código Aduanero).
III. Que a continuación cabe resolver el planteo de nulidad de la notificación electrónica de la resolución definitiva nro. 6661/22 aquí apelada, formulado por la recurrente.
Que el art. 1012 del C.A. establece que: "Sin perjuicio de los actos cuya notificación estuviere expresamente prevista en los procedimientos regulados en este código, deberán ser notificados: a) los actos administrativos de alcance individual que tuvieren carácter definitivo y los que, sin serlo, obstaren a la prosecución de los trámites; b) los que resolvieren un incidente planteado o que, en alguna medida, afectaren derechos subjetivos o intereses legítimos; c) los que ordenaren emplazamientos, intimaciones, citaciones, vistas o traslados; d) los demás que la autoridad dispusiere." y el art. 1013 indica que: "Los actos enumerados en el artículo 1012 como así también aquellos cuya notificación se dispusiere en los procedimientos regulados en este código, deberán ser notificados por alguno de los siguientes medios: a) en forma personal, dejándose constancia en las actuaciones mediante acta firmada por el interesado, en la cual se indicarán sus datos de identidad; b) por presentación espontánea del interesado, de la que resultare su conocimiento del acto respectivo; c) por cédula, que se diligenciará en la forma prevista en los artículos 1014 y 1015; d) por alguno de los medios electrónicos que determinare la reglamentación; e) por telegrama colacionado o bien copiado o certificado con aviso de entrega; f) por oficio despachado como certificado expreso con aviso de recepción.
En este caso, el oficio y los documentos anexos deberán exhibirse antes del despacho en sobre abierto al agente postal habilitado, quien lo sellará juntamente con las copias que se agregarán a la actuación; g) por otro medio postal que permitiere acreditar la recepción de la comunicación del acto de que se tratare; h) en forma automática, los días martes y viernes, o el día siguiente hábil si alguno de ellos fuere feriado, para aquellos cuyo domicilio hubiere quedado constituido en una oficina aduanera en virtud de lo dispuesto por los artículos 1004 y 1005. A tales efectos, el servicio aduanero facilitará la concurrencia de los interesados a dicha oficina así corno la exhibición de las actuaciones de que se tratare en los días indicados; i) por edicto a publicarse por un (1) día en el Boletín Oficial, cuando se tratare de personas inciertas o cuyo domicilio se ignorare; j) por aviso a publicarse por un (1) día en el Boletín de la repartición aduanera cuando se tratare de notificar a los administrados que se encuentran a su disposición los importes que les correspondieren percibir en concepto de estímulos a la exportación.
(Artículo sustituido por art. 253 de la Ley N° 27430 B. 0. 29/12/2017. Vigencia: a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial)".
La ley 27.430 agrega al artículo 1013 la posibilidad de notificar los actos mediante algún medio electrónico que determine la reglamentación.
Que de las actuaciones administrativas Nro. 12073-1228-2012 resulta que a fs. 79 se agregó una constancia que da cuenta de que la Resolución DE PRLA nro. 6661/2022 dictada en las actuaciones citadas, le ha sido notificada a la importadora "C.G.M. LEASING ARGENTINA S.A." el día 22/9/2022 00:53:34, surgiendo de dicha constancia que mediante la notificación Número 22001NOTI208040K - con motivo: "Lo que disponga expresamente la autoridad que ordeno la notificación", en la que se dispone: "Hago saber a Ud/s que en la actuación de referencia [...] se ha ordenado notificarle lo siguiente: Resolución DE PRLA N? (sic) 6661E/2022 de fecha 20/09/2022, se le hace saber que desde la notificación de la preente, cuenta con el término de 15 días a los fines de cancelar los cargos formulados por multa y/o tributos, o en su defecto para interponer en forma optativa y excluyente recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal o demanda contenciosa ante juez competente (art 1132 y sig C.A.), todo ello bajo apercibimiento de iniciar el procedimiento de ejecución previsto en el art. 1122 C.A. [...] FIRMADO PAMELA VARELA – FIRMA RESPONSABLE DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTO LEGALES ADUANEROS.”
Que de lo expuesto se desprende que a la fecha de la notificación el importador -aquí recurrente- se encontraba adherido al Sistema SICNEA.
Que el mencionado Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA) fue implementado por la AFIP a fin de comunicar y notificar los actos inherentes a los procesos de gestión y control mediante el dictado de la Resolución Gral AFIP 3474/2013 (BO 10/04/2013).
Que en el art. 1 de la Resolución Gral AFIP 3474/2013 se dispuso: "Impleméntase el Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA), cuyas características técnicas, procedimientos y funcionalidades se consignan en el Anexo 1 de la presente..." y en el art. 2 se estableció: "Este Organismo podrá utilizar el SICNEA para comunicar y notificar los actos inherentes a los procesos de gestión y control, como también los que se detallan en el Anexo II de la presente. Los documentos digitales y su comunicación y/o notificación mediante el SICNEA gozarán de plena validez legal y eficacia jurídica, constituyendo medio de prueba suficiente de su existencia y de la información contenida en ellos... ".
Que en el art. 3 de la Resolución Gral AFIP 3474/2013 -vigente a la fecha de la notificación en cuestión- se dispuso que "El servicio "web" SICNEA será asignado, en forma automática, a los siguientes sujetos: [...] c) Importadores y exportadores que sean usuarios o pretendan el acceso a regímenes que requieren condiciones calificadas para adherir a ellos, los que se detallan en el Anexo III de la presente, d) Los restantes importadores y exportadores”, estableciendo que "Para los sujetos indicados en los incisos precedentes, la utilización del SICNEA será una condición necesaria para la inscripción y permanencia en los Registros Especiales Aduaneros" y que "La utilización del SICNEA implicará el conocimiento y aceptación de las condiciones establecidas en el citado Anexo IV".
Que en la mencionada norma se establecen las características del Sistema, el procedimiento a seguir por el servicio aduanero y por los sujetos que lo implementen. Así el servicio aduanero deberá ingresar en la red de "Intranet" del Organismo en la que estará disponible el sub-módulo "Registro SICNEA" donde registrará o ingresará el motivo del acto, CUIT del operador de comercio exterior (la aplicación mostrará el apellido y nombres, denominación o la razón social y los correos declarados en el SICNEA, siempre que esté comprendido en este sistema), documento de referencia (actuación, expediente, destinación, liquidación u otro documento), dependencia (la aplicación muestra la dependencia de acuerdo con el usuario aduanero que registra la comunicación o notificación), Aduana (la aplicación muestra la aduana de acuerdo con el usuario aduanero que registra la comunicación o notificación), Texto a comunicar o notificar y Documentos adjuntos (acto a comunicar o notificar escaneado). Al validarse los datos y documentos digitalizados y al enviarse la comunicación o notificación se le asignará un número identificador, con el siguiente formato: a) Comunicaciones: 12001COMU00000lA y b) Notificaciones: 12001NOTI000001H. El sistema muestra un formulario, con formato PDF, con todos los datos registrados más el apellido y nombre, número de legajo del agente interviniente y el estado de la comunicación o notificación (Enviada) que podrá imprimirse para ser agregado a la actuación o expediente o para ser utilizado como acta de notificación respecto de los sujetos no obligados o no adheridos al uso del SICNEA y de los que, estándolo, no ingresen al sub-módulo "Oficina de Comunicaciones y Notificaciones Electrónicas Aduaneras" a fin de notificarse.
Que posteriormente mediante el sub-módulo "Avisos al Administrado" se comunicará al interesado que tiene comunicaciones o notificaciones cursadas y la aplicación SICNEA de la red "Intranet" del Organismo permitirá: a) Consultar las comunicaciones o notificaciones registradas y los distintos estados del trámite, b) Anular las notificaciones enviadas en forma errónea, siempre que el destinatario no haya tomado conocimiento de ellas mediante el acceso al submódulo "Oficina de Comunicaciones y Notificaciones Electrónicas Aduaneras". Los operadores de comercio exterior (cfrme. Punto 2 del Capítulo II del Anexo 1 de la Res Gral AFIP 3474/2013) tendrán disponibles los actos a comunicar o notificar.
Así "2.1.5. Los actos se considerarán comunicados o notificados el día que se acceda al submódulo "Oficina de Comunicaciones y Notificaciones Electrónicas Aduaneras". 2.1.6. A fin de acreditar la existencia y materialidad de la comunicación o notificación, el sistema registrará dichos eventos en el sub-módulo de "Certificación" y posibilitará la emisión de una constancia que se podrá imprimir; 2.1.7. Cuando existan notificaciones cursadas se tendrá un plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos para ingresar al sub-módulo "Oficina de Comunicaciones y Notificaciones Electrónicas Aduaneras", a fin de notificarse del respectivo acto, 2.1.8. La falta de ingreso en el plazo indicado en el punto anterior producirá la inhabilitación transitoria para operar con los servicios informáticos que determine este Organismo; 2.1.9.
Vencido el plazo indicado en el punto 2.1.7 sin que el administrado se haya notificado mediante el SICNEA, dentro de los DIEZ ('10) días hábiles administrativos inmediatos siguientes el área competente deberá notificar el o los actos en cuestión mediante la forma prevista en el Artículo 1013, inciso c) del Código Aduanero... ". Que en el Anexo IV de la referida Res Gral AFIP 3474/2013 se establece la "FORMULA DE ADHESION" en la que expresamente se consigna que al adherir formalmente al Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA) se deberá declarar que se aceptan las siguientes condiciones: "[...] CUARTA: Las comunicaciones y notificaciones realizadas mediante el SICNEA serán válidas y plenamente eficaces a todos los efectos legales, QUINTA: Acepto la prueba de la existencia de las comunicaciones y notificaciones electrónicas que surjan de los elementos que componen el SICNEA y toda otra prueba emitida por el mismo, SEXTA: Las comunicaciones y notificaciones electrónicas no podrán revocarse bajo ninguna forma o medio a mi alcance...
".
Que de lo expuesto resulta que en atención a que la aquí actora "C.G.M. LEASING ARGENTINA S.A" a la fecha de la emisión de la notificación de la Resolución DE PRLA 6661/2022, se encontraba adherida al Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA), no resulta procedente por parte de la importadora desconocer la existencia y validez de la notificación, que conforme surge de la impresión glosada a fs. 79 de las act adm, se produjo el 16/09/2022 00:53:34.
Que carecen de sustento los argumentas expuestos por la recurrente para fundar el planteo de nulidad efectuado en relación a la notificación practicada, en tanto la notificación fue dirigida al domicilio electrónico de la firma importadora (CUIT 30708877871).
En relación al argumento que se debió notificar de acuerdo al artículo 1013 del C.A., la RG Afip 3474 indica que se procederá así cuando pasados los 10 días de emitida la notificación el importador no ingresa al sub-módulo "Oficinas de Comunicaciones y Notificaciones Electrónicas", situación que no se configuró en el presente caso ya que de la constancia obrante a fs. 79 de las act adm surge que la importadora ha ingresado en el sub-módulo en tiempo, motivo por el cual figura como NOTIFICADO en "Estado". Ello así, toda vez que según surge de la norma aludida y aplicable a su respecto en virtud a la adhesión al régimen al que se encontraba, ha aceptado que las comunicaciones y notificaciones realizadas mediante el SICNEA serán válidas y plenamente eficaces a todos los efectos legales y; así como la prueba de la existencia de las comunicaciones y notificaciones electrónicas que surjan de los elementos que componen el SICNEA y toda otra prueba emitida por el mismo (cfrme el ANEXO IV "FORMULA DE ADHESION" de la Res Gral AFIP 3474/2013).
Que en los términos de lo expuesto precedentemente corresponde declarar válida la notificación de la Resolución DE PRLA 6661/2022, efectuada con fecha 22/09/2022 dirigida a C.G.M. LEASING ARGENTINA S.A.,y en consecuencia rechazar el planteo de nulidad formulado por la actora, con costas (art. 1163 del Código Aduanero).
Que sin prejuicio de lo expuesto corresponde tener por interpuesto el recurso de autos temporáneamente, -conforme lo efectuado mediante providencia PV-2023-29779997-APN-VOCXIII#TFN-, en virtud de que por resolución aclaratoria RESOL-2023-598-E-AFIP-DEPRLASDGTLA de fecha 23/2/2023 se subsana el error material incurrido al consignar el número de destinación involucrada, en tanto la recurrente interpuso recurso de apelación ante este Tribunal en fecha 8/2/2023 antes de que comenzara a correr el nuevo plazo de 15 días para la interposición del presente recurso de apelación.
IV. Que atento a lo expresado por el Dr. Soria en el Considerando V debo manifestar mi desidencia en cuanto al modo de resolver la causa y con relación a la distinción que se introduce -siguiendo la opinión de la Procuradora fiscal en su dictamen de fecha 4 de octubre de 2012- entre las “prohibiciones” y lo que se denominan “restricciones operativas” y, al significado y alcance que se les atribuye a dichas “restricciones operativas”.
Que, en el caso que nos ocupa, en sede aduanera, se condenó a la aquí recurrente a la pena de comiso de la mercadería documentada en la destinación nro. 11 001 IC04 005443 F, por la comisión de la infracción al art. 965, inc. a) del C.A. Que C.G.M. LEASING ARGENTINA S.A., en su carácter de importador, oficializó, en fecha 7/1/11 por medio del despacho mencionado previamente, la operación de importación para consumo de mercadería consistente en una máquina, que ubicó en la PA nro. 8453.10.90.910J , indicando el estado de “USADO IMPORTADO, INCL. REACOND” -ver fs. 4/5 del expte. adm.-.
Que cabe señalar que, a la fecha de oficialización del despacho, la importación de bienes usados correspondientes a las partidas aquí involucradas estaba reglada por la Resolución MEyOSP nro. 909/94 y modificatorias.
Que, de la compulsa de las act. adm. surge que, ante el requerimiento del servicio aduanero, la actora presentó los estados demostrativos (que lucen agregados a fs. 43/45 de dichas actuaciones), en los que se encontraba consignada la destinación por la cual documentó la mercadería aquí involucrada, y que conforme lo manifestara y acreditara mediante los contratos y actas (obrantes a fs. 28/38 de las act. adm.), la máquina fue entregadas en leasing a la firma MISADON S.R.L., en cuya sede la División Comprobación de Destino realizó la verificación de la misma, conforme copia del acta obrante a fs. 20, efectuando a fs. 47/50 el informe nro. 1240/12 (DV CODD) y formulando, en consecuencia, la denuncia por transgresión a lo establecido en la Resolución MEyOSP nro 909/94, y modificatorias Res. Gral. nro. 2193/07, en los términos de la infracción prevista y penada por el art. 965 del C.A. -ver fs. 51 de los antec. adm.-.
V. Que sentado lo que antecede, corresponde analizar seguidamente si se ha configurado en autos la infracción de fondo, es decir que no se hubiere cumplido con la obligación que hubiera condicionado el otorgamiento de una excepción a una prohibición a la importación para consumo -art. 965, inc. a), del C.A.- y, sólo en defecto de ello, corresponderá determinar si ha existido una infracción de tipo formal, todo ello a la luz de las normas vigentes a la fecha de la presunta comisión de la infracción.
Que, como se señaló previamente, la mercadería documentada por medio del DI nro. 11 001 IC04 005443 F (PA 8453.10.90.910J) fue importada al amparo del régimen previsto en la Resolución MEyOSP nº 909/94 (B.O., 3/8/1994), referida a bienes usados. En el art. 1º se establece que “Los bienes usados comprendidos en los capítulos 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 que se importen en forma definitiva para consumo comprendidos en las posiciones de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.) que se detallan en el anexo I de la presente resolución, deberán tener la calidad de acondicionados o sometidos a proceso de reconstrucción o en su defecto, dichos bienes, deberán cumplimentar los procesos indicados en el país”. En el art. 2º se precisa que “Cuando el acondicionamiento o el proceso de reconstrucción a que se alude en el artículo precedente, fuera efectuado en el país de origen o de procedencia del bien usado importado, el mismo deberá acreditarse mediante certificación emitida por parte del fabricante originario del bien o mediante certificación de pericia realizada en origen, emitida por técnico especializado, legalizada por la correspondiente sección comercial de la Embajada de nuestro país o por el Consulado argentino. El acondicionamiento o el proceso de reconstrucción podrá ser efectuado en el país por el importador, que a su vez, deberá reunir la condición de usuario directo del bien usado. En este caso, los mismos estarán sujetos al régimen de comprobación de destino por el término de dos años, en cuyo lapso queda prohibida la enajenación a título gratuito u oneroso de dichos bienes. La condición de comprobación de destino, en los términos indicados en el párrafo precedente, también regirá para los bienes que, acondicionados o sometidos a proceso de reconstrucción en el exterior, sean importados por el usuario directo de los mismos” (texto según res. MEyOSP nº 1472/94; B.O., 29-11-1994).
Que cabe reiterar que según se indica en el despacho de importación obrante a fs. 5/6 y vta. de los antec. adm., se trata de un “bien usado, incl. Reacond.”.
Que, por consiguiente, la mercadería de que se trata se hallaba sometida al régimen de comprobación de destino, tendiente a cerciorarse de que el bien es utilizado por el importador y en la forma autorizada.
Que es aquí que resulta necesario hacer una precisión, en relación al modo en que resolvió el Vocal preopinante, en cuanto aplica el fallo de la CSJN “NATE NAVEGACIÓN Y TECNOLOGÍA MARÍTIMA S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, de fecha 12/6/2012, que remite a los fundamentos del dictamen de la Procuradora Fiscal, de fecha 4/10/10. Que, en el mismo, se resolvió en relación a un ilícito imputado a las firmas CITIBANK NA (sucursal Argentina) y a Navegación y Técnica Marítima S.A. (NATE), en los términos de los arts. 965 a), y 966 del C.A., toda vez que la mercadería -un buque usado y a reacondicionar en el país- importada por CITIBANK, era explotada efectivamente por NATE, en virtud del contrato de leasing que las ligaba. Dicha mercadería también fue ingresada al amparo de la Resolución que aquí nos ocupa -y se encontraba incluida en el Anexo I- por lo que, como condición para la importación de la misma, se establecía que aquel que realizase la importación debía ser el usuario directo de la misma. Que, en lo que aquí interesa, en tal oportunidad, la Procuradora Fiscal entendió que “(...) sostener la tesitura de la demandada, en cuanto a que la Resolución nº 909/94 y sus modificatorias, in totum, fijaban exclusivamente un régimen de prohibición, implicaría (...) elevar a tal categoría a todas las restricciones y simples condicionamientos para la exportación o importación de mercaderías, dando a los arts. 608 y cc. del Código de la rama una latitud tan vasta que llevaría, en la práctica, a desvirtuar el sistema diseñado”.
Que, asimismo, al emitir opinión sobre la cuestión planteada, asimila los requisitos tales como horarios, trámites administrativos, modos de cumplir con los mismos y otras formalidades con la prohibición que nos ocupa, confundiendo así una herramienta fundamental de regulación económica y control de flujos de importaciones o exportaciones con meras formalidades para el funcionamiento de la operatoria aduanera.
Que en la Exposición de Motivos, con relación a la Sección VII “Prohibiciones a la importación y a la exportación”, se precisa que “En cuanto a la terminología adoptada, debe advertirse que con la palabra 'prohibiciones' se designan las denominadas restricciones directas. Existe una prohibición tanto en los supuestos en que la misma afecta a la generalidad de las personas como en aquellos supuestos que reconocen excepciones a favor de una o de varias personas”. Las prohibiciones de que trata esta sección son las que impiden en forma directa la importación o la exportación, según el caso. Queda claro, entonces, que no se pretende abarcar aquí el tratamiento de sinnúmero de restricciones operativas, tales como la concerniente al despacho de cierta mercadería por una determinada aduana, a la realización de las operaciones dentro de horarios hábiles, etc., que serán de cumplimiento obligatorio dentro de las pautas fijadas con carácter general en este código o bien establecidas por la repartición aduanera o por otros organismos en la esfera de su respectiva competencia”.
Que resulta claro entonces que corresponde diferenciar entre las medidas que restringen las importaciones y las exportaciones, de aquellas otras medidas administrativas que tienen por objeto la operativa aduanera.
Que en el Capítulo Tercero relativo a las “Modalidades de las prohibiciones relativas”, el art. 626 dispone que “La importación o la exportación en excepción a una prohibición puede ser autorizada bajo la condición del cumplimiento de determinadas obligaciones”.
Que en el art. 629 se prevé que “El incumplimiento de las obligaciones impuestas como condición, que alude el art. 626, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas al efecto en este código así como a las consecuencias contempladas en la norma que hubiere establecido la excepción y en la reglamentación”.
Que este es el ámbito que corresponde a los incumplimientos que se consideran en la presente causa. Estamos en el ámbito de las prohibiciones a la importación y no en el de las meras restricciones operativas. Se trata de saber si se han cumplido las condiciones establecidas para exceptuarse de la prohibición de importar bienes usados. Si la restricción, aunque se la denomine “operativa”, atañe a una restricción a la importación, entonces ya estamos en el campo de las “prohibiciones relativas a la importación” y no en el de las meras restricciones operativas que se ejemplifican en la Exposición de Motivos.
Que, tal como se ha mencionado en el fallo “Rohm & Haas Argentina S.A. s/ apelación”, [TF nº 21.555-A], Sala F, fallado en 16/7/2010, en el Código Aduanero no existe disposición alguna que permita diferenciar entre “restricciones operativas” y “prohibiciones relativas”, cuando se trata de restricciones que impiden la importación o la exportación si no se cumplen con los requisitos previstos en la legislación, como lo son las licencias o autorizaciones de importación, que requieren la intervención de una autoridad administrativa que debe otorgar la licencia o el certificado de que se trate, como condición sine qua non para importar o exportar determinada mercadería.
Que el Código Aduanero contempla a las prohibiciones a la importación y a la exportación en la Sección VIII, distinguiendo entre prohibiciones económicas y no económicas, así como entre prohibiciones absolutas y relativas. Que cabe precisar que las prohibiciones, tanto de carácter absoluto como relativo y de carácter económico y no económico tienen diversos efectos jurídicos, y se establecen teniendo en cuenta diversas finalidades, por cuanto cada una de ellas resulta de aplicación en distintas operaciones y en distintos ámbitos espaciales, contemplando situaciones diferentes.
Que esas importaciones tienen en sus específicos lineamientos un carácter restrictivo que hace a su excepcionalidad, y una inadecuada aplicación del fallo en crisis conllevaría a no dotarlo de tal efecto, llevándonos al potencial extremo de permitir -aunque de hecho, claro está- que el beneficiario de alguno de los regímenes de mención, ante la falta de punición efectiva haga de la excepción un espurio negocio en franca colisión con los principios fundamentales de nuestro ordenamiento aduanero.
Que, a la luz de lo expuesto, se puede afirmar sin hesitación que las restricciones y “condicionamientos” (al entender de la Procuradora) encuentran sentido en el marco de las prohibiciones reguladas y su descarte -o minimización- atentan gravemente contra un sistema diseñado hermenéuticamente para desalentar tales conductas.
Que, en los propios considerandos de la Resolución aquí involucrada se manifiesta que la finalidad de la misma es el incremento en la eficiencia, productividad y calidad de la industria argentina de bienes de producción y de consumo. En virtud de ello, en el caso que nos ocupa -mercadería incluida en el Anexo I de la Resolución MEyOSP nro 909/94-, nos hallamos ante una prohibición de naturaleza económica (establecida por razones como la de asegurar un adecuado ingreso para el trabajo nacional, ejecución de política monetaria, cambiaria o de comercio exterior, atender necesidades de finanzas públicas, entre otras -conf. art. 609 del C.A) y relativa -Anexo I-, porque permite superar la prohibición a la importación mediante el cumplimiento de determinados requisitos (conf. arts. 612 y 620 del C.A.).
VI. Que sentado lo que antecede, resulta necesario evaluar la normativa específica que rige la cuestión controvertida. Que, en el caso de autos la razón por la que se imputó la infracción prevista en el art. 965 inc. a), es que no se habría cumplido la obligación de usuario directo respecto de cierta mercadería.
Que, tal como se señaló en el considerando anterior, el art. 2 de la Resolución MEOSP N° 909/94, en su segundo párrafo, condiciona el acondicionamiento o el proceso de reconstrucción, fuera efectuado en el país de origen o de procedencia del bien usado importado, el mismo deberá acreditarse mediante certificación, que a su vez, deberá reunir la condición de usuario directo del bien usado.
Que, ha sido expresamente reconocido por la coactora que la mercadería fue entregada en leasing a la firma MISADON S.R.L., transfiriéndose su uso, (ver Contrato de Leasing, Certificado de Aceptación – CLS 1480-00 y copia del Libro Diario donde figura la registración de la operación de leasing – v. 28/35, 37 y 45 de las act. adm.), lo cual vulnera lo ordenado expresamente en el art. 2 de la Res. MEOSP N° 909/94 en cuanto a la condición de “usuario directo”, toda vez que, si bien no se ha definido expresamente el alcance de la expresión, sí es claro que el bien usado importado debe ser utilizado en forma directa por el importador del mismo, lo que no aconteció en el caso de autos.
A mayor abundamiento, conforme surge del análisis realizado por el servicio aduanero de la documentación aportada por la importadora surge del informe nro. 1240/12 (DV CODD) de fs. 47/101 de las act. adm, que “[...]Con fecha 22 de junio de 2012, el Sr. Mónaco, Facundo, en su carácter de gerente Administrativo Contable de la firma CGM LEASING ARGENTINA S.A., se presenta en la División Comprobación de Destino, adjuntando Copia autenticada del Convenio General de Leasing y Contrato de Leasing Suplementario N° 1480-00, copia autenticada de Certificado de Aprobación CLS 1480-00, dejándose constancia que presenta el Libro Inventario y Balances, donde no surge que la máquina ingresada por Despacho de Importación a Consumo 11 001 IC04 005443 F se encuentre declarada como Bien de Uso, debido al tipo de actividad de la firma.
Con fecha 01 de Agosto de 2012, personal de la firma CGM LEASING ARGENTINA S.A., hace entrega de fotocopia autenticada del Libro Diario pág. 991, Asiento: donde se declara para el Despacho 11 001 IC04 005443 F, Descripción: Bienes Asignados en Leasing, Leyenda: MISADON S.R.L., adjunta a fs. 44/45. Se deja constancia que tanto en el Despacho de Importación a Consumo como en el Sistema C.I.A. (Control de Información Aduanera), de fs. 04 y 19, se declara como domicilio depósito de la mercadería: CABA, es decir no se consigna domicilio, ni se realizó el cambio del mismo a la fecha de Inspección realizada conforme a Orden de Intervención de la División Comprobación de Destino.. Se adjunta a fs. 46, copia de Nota N° 247/10 del Ministerio de Industria Subdirección de Política y Gestión Comercial, como antecedente de consulta realizada, sobre una mercadería ingresada bajo el Régimen de la Resolución N° 909/94 (EX -MEYOSP) y sus modificatorias, cuyo importador entrega bajo un Régimen de Leasing la mercadería, para su uso, posesión y tenencia a una empresa del mercado, donde la Autoridad de Aplicación informa, que las áreas técnicas competentes en la materia, como asimismo, la Dirección de legales del Área de Industria, Comercio y PYME concluyeron que el Importador al declarar ser usuario directo del bien, no corresponde que afecte las máquinas en cuestión a un contrato de Leasing.” (la negrita corresponde al original).
Que resulta aplicable al caso el art. 627 del CA, en cuanto dispone: “Salvo disposición especial en contrario, la propiedad, posesión, tenencia o uso de la mercadería beneficiada con la excepción a una prohibición de importación no puede ser objeto de transferencia cuando ésta implicare una violación a la condición establecida o a los fines que fundamentaron el beneficio.”
Que debe tenerse presente que “...no se prohíbe toda transferencia, sino sólo aquella que implicare violar una condición expresamente impuesta o contrariar las razones que fundaron el beneficio de acordar la excepción a la prohibición establecida.” (Alsina Mario A, Barreira Enrique C., Basaldúa Ricardo X., Cotter Moine Juan P. y Vidal Albarracín Hector G., “Código Aduanero comentado”, completado y actualizado por Barreira Enrique C., Basaldúa Ricardo X., Vidal Albarracín Hector G, Cotter Moine Juan P., Sumcheski Ana L. y Vidal Albarracín (h) Guillermo. Abeledo Perrot, Buenos Aires 2011, T II, p. 304).
Que, en el presente caso no se ha cumplido con lo dispuesto en el art. 627, dado que quien tenía “efectivamente” la mercadería usada importada era MISADON SRL.
Que el beneficio otorgado a la recurrente, involucra una serie de conductas que deben ser desempeñadas por el beneficiario del régimen y otras de las cuales debe abstenerse y, en caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas, aquel que sea responsable podrá ser pasible de diversas sanciones, en tanto se viole alguna de las obligaciones principales asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen o, en cuanto se vulnere alguna de las obligaciones que no afecten dicha finalidad.
Que, en consecuencia de todo lo antes expuesto, considero que en el caso se ha configurado la conducta prevista en el art. 965 inc. a) del Código Aduanero, pues no se ha cumplido con la obligación que condicionó el otorgamiento a una excepción a una prohibición de importación para consumo de bienes usados.
VII. Que, sentado lo que antecede, coincido que la mercadería en cuestión, al tiempo de registro de su despacho, estaba claramente alcanzada por una prohibición de importación para consumo de carácter relativa, y que, por ende, la conducta seguida por la recurrente implicó un incumplimiento sancionado por el inc. a) del art. 965 del CA, al no cumplir con la obligación que condicionaba el otorgamiento de una excepción a dicha prohibición, ya que ella no era la usuaria directa del bien usado (conf. Resolución MEyOSP nº 909/94, modificada por la Resolución nro. 1472/94 y Resolución General AFIP 2193/07), al haber otorgado la mercadería aquí involucrada en leasing a la firma MISADON S.R.L.
Que, por ello, VOTO POR:
1. Rechazar los planteos de prescripción y nulidad de la notificación interpuestos por la actora, con costas (conf. art. 1163 del Código Aduanero).
2. Confirmar la Resolución DPRLA nro. 6661/22, recaída en el expediente nro. 12073-1228-2012, en cuanto condena a la aquí apelante por la infracción tipificada en el art. 965 inc. a) del C.A., con costas a la actora (conf. art. 1163 del Código Aduanero).
La Dra. Claudia Beatriz Sarquis dijo:
A efectos del dictado de la sentencia, en este caso en particular adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Juárez. En virtud de la votación precedente, por mayoría, SE
1. Rechazar los planteos de prescripción y nulidad de la notificación interpuestos por la actora, con costas (conf. art. 1163 del Código Aduanero).
2. Confirmar la Resolución DPRLA nro. 6661/22, recaída en el expediente nro. 12073-1228-2012, en cuanto condena a la aquí apelante por la infracción tipificada en el art. 965 inc. a) del C.A., con costas a la actora (conf. art. 1163 del Código Aduanero).
Regístrese, notifíquese, devuelvánse los antecedentes administrativos y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y Sarquis por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA).
Date: 2025.09.29 11:12:16 ART Date: 2025.09.29 14:00:01 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Hector Hugo Juarez Vocal Subrogante Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.29 14:44:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.29 14:46:31 -03:00
Fin de la sentencia