Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
TOMO CXXXVI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8717 FOLIO Nº 142/148 PROT. ELECT. JR101395I.242
Río Gallegos, 06 de junio de 2024.
La presente causa caratulada “G.M.M. S/DCIA. LES. LEVES, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR EL USO DE VIOLENCIA Y POR SER COMETIDA POR UNA PERSONA A LA QUE SE LE DEBA RESPETO, DAÑOS Y AMENAZAS CALIFICADAS Y COACTIVAS, PTA. INF. LEY NAC. 26.485”, Expte. Nº 17.469/24, Apelación Nº 8894/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 211/226 y vta., obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Río Turbio, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento con prisión preventiva –bajo la modalidad de prisión domiciliaria con tobillera electrónica- de D.M.D., en orden al delito de “lesiones leves doblemente agravadas por mediar violencia de género y por mantener una relación de pareja” (art. 89 en función del art. 92, 80 inc. 1° y 11° del CP), “privación agravada de la libertad por haberse cometido con violencia contra una persona a la cual se le deba respeto”(art. 142 inc. 1° y 2° del CP), “daño” (art. 183 1er párrafo del CP), todos en concurso real entre sí en función del art. 55 del CP y “amenazas calificadas y coactivas” (art. 149 bis 1er y 2do párrafos del CP) en concurso ideal en función del art. 54 del CP, en aplicación de la ley 26.485 y en el punto 4) trabó embargo sobre los bienes del imputado por la suma de pesos dos millones ($ 2.000.000). Que a fs. 236/239 y vta., la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 258 sostuvo el recurso y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP y habiendo dictaminado en autos la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones, quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos, Y
I. Que la defensa interpone el recurso de apelación en contra del auto de procesamiento por estimarlo arbitrario y contrario a derecho, ocasionando un grave perjuicio irreparable a su representado. a.- Agravio relativo a la parcialidad de la juzgadora planteando supletoriamente su recusación: Que, la recurrente se agravia en función de la “fragilidad” y “parcialidad” demostrada por la a quo en el análisis del nexo de causalidad entre la imputación realizada –pues se desconoce el actuar ilícito del imputado- conforme la adjudicación de los hechos, que reflejan la recolección parcial de evidencias –todas circunstanciales-, sobre la base de la denunciante y su círculo íntimo (amistades) sin avanzar en el caso sobre los elementos objetivos tanto concomitantes como anteriores al hecho que lleva al penoso episodio cuyo fin concluyera con el accionar de su pupilo procesal.
En función de lo expuesto y entendiendo que la Magistrada hubo de adelantar opinión con el auto recaído a fs. 211/226 y vta., es que la recurrente deja planteada la recusación de la a quo (art. 49 inc. 1º del CPP), a fin de garantizar el debido proceso, la independencia y las garantías constitucionales en juego. Que, la Magistrada por su parte, realizó el informe previsto por el art. 55 del CPP, expresando que: "...Que sin perjuicio de no comprender los términos vertidos por el letrado, dado que resulta imposible interpretar lo allí manifestado, lo cierto es que no ha solicitado en su petitorio recusación alguna, siendo que DEJA PLANTEADA LA RECUSACIÓN SUPLETORIA Y/O APARTAMIENTO OFICIOSO, sin precisar cuál sería la causal específica de las comprendidas en el art. 49 inc. 1º del CPP…” (confr. fs. 264/264vta.).
Pues bien, ingresando en el abordaje de este primer agravio, adelantamos que no obtendrá favorable acogida en esta instancia. Ello por cuanto no advertimos la pretendida fragilidad en las diligencias practicadas por la Instrucción tendiente al esclarecimiento de los hechos investigados así como tampoco observamos que la Magistrada actuante haya analizado los elementos de cargo de manera parcializada. Por el contrario, entendemos que yerra la defensa cuando plantea que la instrucción no logró acreditar la plataforma fáctica de los hechos imputados al igual que cuando alega desconocer el actuar ilícito endilgado, toda vez que el reproche efectuado reúne las características de una relación circunstanciada del hecho con indicación del lugar, tiempo y modo de ejecución y, prueba de ello, es que el imputado hubo de efectuar un descargo al respecto.
Con relación al planteo que se cuenta solamente con los dichos de la pretensa víctima, se comparte lo sostenido por la jurisprudencia mayoritaria sobre la valoración de la prueba en delitos como el del caso que nos ocupa. Los magistrados a fin de tener por acreditada la materialidad del suceso y la responsabilidad de los imputados deben dar preponderancia al relato efectuado por la persona damnificada y su entorno, a fin de poder efectuar la reconstrucción histórica del hecho denunciado, en razón que estos delitos son cometidos fuera de la vista de terceros, generalmente en la intimidad del hogar, lo cual hace que la investigación se vea exenta de testigos del hecho. Así, se ha dicho “...el valor especial que tiene la declaración de la víctima en los procedimientos judiciales vinculados con la problemática de la violencia doméstica, donde “la prueba de los hechos denunciados por la víctima no es una tarea simple y ello es así porque se trata de hechos que normalmente transcurren en la intimidad o en circunstancias en las que solo se encuentran presentes la víctima y el agresor.
Es por ello que, en este tipo de supuestos, los testimonios de las personas directamente involucradas en el conflicto cobran mayor relevancia para analizar y confrontar las diferentes hipótesis en cuanto a las circunstancias en las que presumiblemente habría sucedido el hecho denunciado y, especialmente, reviste fundamental entidad el relato de la ofendida que tiene que ser recibido con las debidas garantías, para posibilitar su contradicción por el sujeto ofensor” (Corte Suprema de Justicia de San Miguel de Tucumán, recurso de casación, SENT Nº 1134, 15 de Agosto de 2017). Es por ello, que el testimonio de la víctima, no debe ser desacreditado por su condición de tal, debiendo ponderarse en forma íntegra con la totalidad del plexo probatorio recabado durante la investigación.
Que, a mayor abundamiento, en un reciente fallo de un Tribunal de la Patagonia, se dijo: “...La perspectiva de género no implica flexibilizar los estándares de prueba en orden al principio de inocencia, sino que implica un análisis integral que sopese el contexto de los hechos, las relaciones entre las partes y la prueba generada, sin perder de vista las desigualdades entre hombres y mujeres...”. (Cita: TR LALEY AR/JUR/68242/2022), tal como fuera realizado por la Sra. Magistrada. Asimismo, debemos destacar que la inexistencia de testigos, no habilita a poner en duda la veracidad del testimonio prestado, pues esta Alzada ya ha hecho referencia en otras ocasiones al valor probatorio que debe asignársele a los dichos de la víctima e incluso por parte de sus familiares, amigos y/o allegados, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma.
Sin embargo, la Instrucción logró tener por reforzada la denuncia a través de los relatos de los testigos O.E.G., R.A.N., J.M.B., C.S.A., C.N.O., K.M.A. y N.R.G., quienes directa e indirectamente habrían tomado conocimiento de los distintos hechos que el imputado habría ejecutado en contra de la Sra. M.M.G. y las declaraciones testimoniales de los efectivos policiales que acudieron al lugar: A.S.V., L.G.M., R.A.S. y C.N.G.. Sumado ello al certificado médico por el cual se constatan las lesiones de la pretensa víctima, la diligencia de allanamiento en el lugar del hecho, el acta de inspección ocular, las secuencias fotográficas, el croquis ilustrativo, el acta de constatación del daño en el teléfono celular, los informes de la DDI y el informe psicológico de la damnificada, por enumerar los elementos probatorios más relevantes, que fueran valorados por la a quo en forma concatenada y bajo el principio de amplitud probatoria como consecuencia de la aplicación de la perspectiva de género que en el caso se impone.
De esta forma observamos que la a quo logró reunir elementos de cargo que sustentan de manera suficiente el grado de probabilidad afirmativa que la instancia amerita, tanto respecto del contexto de violencia de género como sobre el nexo de causalidad entre la imputación endilgada a D.M.D. y la responsabilidad de éste en los mismos y, a su vez, advertimos que la prueba fue valorada de manera acertada y coherente con la normativa que regula los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, siendo merecedora la denunciante de un plus de protección dada su particular situación de vulnerabilidad constatada por medio del informe psicológico obrante a fs. 168/169 y vta. y las declaraciones testimoniales de sus terapeutas.
Que, a pesar del esfuerzo por mejorar la situación procesal del incuso, lejos de encuadrar el pronunciamiento atacado como un “adelantamiento de opinión” producto de la “parcializada” investigación, se advierte que la resolución de la Sra. Jueza de grado se presenta como la consecuencia del devenir lógico de la instrucción llevada adelante, tratándose de una decisión racional y fundada íntegramente en las pruebas recabadas en el legajo, las cuales fueron pormenorizadamente analizadas de manera conjunta, a la luz de la sana crítica racional, enrolada en las normas nacionales e internacionales en materia de perspectiva de derechos de género, dando las razones por las que tiene por acreditada tanto la materialidad como la autoría del hecho denunciado, arribando al auto de procesamiento, explicando detalladamente su calificación legal y los riesgos procesales que justifican la prisión preventiva que dispuso.
Desde esta Alzada concordamos con la a quo que el hecho investigado se encuadra dentro de la violencia contra la mujer y como tal constituye una violación a los derechos humanos; con lo cual el examen de la cuestión impone como principio rector la incorporación de la "perspectiva de género" como pauta hermenéutica constitucional y con ello, la aplicación del principio de amplitud probatoria a la hora de valorar los elementos de cargo. Es por ello que no corresponde hacer lugar a la recusación de la a quo por improcedente en función de no enmarcarse en ninguna de las hipótesis previstas por el código de rito a pesar de haber mencionado de manera genérica el art. 49 inc. 1º del CPP; ello toda vez que la pretensión de apartar a un juez de una investigación es una medida procesal extrema y que el carácter restrictivo de su procedencia viene dado por el respeto a la garantía del juez natural, que no solamente protege a las personas involucradas en un caso de ser juzgadas por un juez imparcial, sino también preserva el buen funcionamiento del servicio de justicia.
En ese sentido se ha expedido nuestra CSJN, que tiene dicho: “…las causales de apartamiento de un juez que interviene en un expediente deben ser ante un acto de suma gravedad, analizadas en forma sumamente restrictiva y deben ajustarse estrictamente a alguno de los supuestos que la ley establece en forma categórica y taxativa…”. (Cita FMP 88/2019/34, CSJN, 01/04/2019). Por su parte, el Excmo. TSJ de la Provincia de Santa Cruz se ha expedido en el mismo sentido, afirmando que: “…El instituto de la recusación es de excepción y de interpretación restrictiva, con supuestos taxativamente establecidos y para casos extraordinarios, toda vez que su aplicación provoca el desplazamiento de la legal y normal competencia de los jueces y la consecuente alteración del principio constitucional del juez natural, en miras de tutelar la imparcialidad de los magistrados llamados a intervenir en un determinado asunto…”.
(Cita online LALEY AR/JUR/18873/2016). En el caso traído a examen, el procesamiento del imputado no conforma un indicio serio de parcialidad de encauzar la causa en perjuicio de las garantías del debido proceso ni de los derechos de las partes, toda vez que se trata de una decisión propia de la instancia que atraviesa la causa, en uso de las facultades que el CPP autoriza. En este aspecto, la CCCF Sala I ha dicho que "...la mera discrepancia con el criterio del juez en la dirección del sumario, entonces, no será razón para justificar su apartamiento..." (Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray, "Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial", Tomo 1, Hammurabi, José Luis Depalma Editor, pág. 225).
Recientemente en el orden federal, justamente en una causa donde de igual forma el Dr. G.L.G. interpuso una recusación, se ha sostenido que: “…Sabido es que la imprevisión del legislador no se presume, y la taxativa enumeración de las causales previstas tiene por objeto evitar las innumerables interpretaciones subjetivas que podrían darse durante la tramitación de un proceso, respecto al concepto de imparcialidad, conspirando contra el debido proceso y el servicio de justicia… Que resulta claro que la imparcialidad de los jueces, o su ausencia, no puede surgir de las inferencias de quien pretende ponerlas en duda, pues de ese modo se pondría en crisis, no la intervención de tal o cual Juez sino de todo el sistema penal, al dejar al arbitrio de cada ciudadano la posibilidad de elegir por quien será juzgado…” (Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, autos FCR 25916/2018/T01/16 “Legajo de Ejecución Penal de R.M.C.”, Resolución de fecha 04 de Junio de 2024; disponible en https://www.cij.gov.ar/http://cij.gov.ar/d/d/sentencia-SGU-8b220518-21e9-4203-838f-6f04eb673836.pdf).
Así, no advirtiéndose que existan motivos fundados para separar a la Magistrada interviniente en los autos principales, es que corresponde rechazar la recusación articulada por ser improcedente, debiendo la Dra. B.R.G.B. seguir entendiendo en calidad de tal. b.- Agravio relativo a la afectación del principio de congruencia procesal. Nulidad del procesamiento: Que, la recurrente señala que la Sra. Fiscal de Primera Instancia hubo de formular requerimiento de instrucción por los delitos de lesiones leves, amenazas y daño y, asimismo, expresa que a fs. 128/129 se indagó a su representado atribuyéndole los hechos que cubren la presunta comisión de los delitos de lesiones leves, amenazas y daño (arts. 89, 149 y 183 del CP, imputándole genéricamente la modalidad de la ley 26485).
Siguiendo con su argumentación la recurrente se agravia por “parcialidad” y advierte la nulidad del auto de procesamiento, toda vez que la a quo pretende extender la presunta responsabilidad de su asistido sobre el delito de “privación ilegítima de la libertad” (art. 142 inc. 1º y 2º del CP), violando el principio de congruencia, el derecho de defensa y el debido proceso, en razón de haberse excedido endilgándole a su cliente un delito por el cual la Fiscalía de Instrucción no hubo de requerir instrucción. Que, al respecto se expidió la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial, dictaminando que: “…Ingresando al análisis del punto de agravio, es dable resaltar que el art. 187 del Código Procesal Penal en su primera parte establece: “La instrucción será iniciada en virtud de un requerimiento fiscal, o de una prevención, o información policial (…)”.
En el caso concreto la instrucción fue iniciada por una prevención policial. No obstante ello, una vez ingresadas las actuaciones al Juzgado de Instrucción, se corrió vista a la Fiscalía en los términos del art. 172 del C.P.P. (fs. 19). Habiendo formulado requerimiento de instrucción la Fiscala de Río Turbio por los delitos de Lesiones Leves agravadas por haber mantenido una relación de pareja, Amenazas Calificadas y Daño, solicitando una serie de medidas investigativas, conforme se desprende de fs. 25/26. El requerimiento de instrucción se materializa al inicio de las actuaciones, momento éste en el que en líneas generales no se puede vislumbrar con claridad la totalidad del hecho ni de las normas legales aplicables al mismo, ello surge no solo de la práctica judicial sino también está contemplado en el art. 180 del C.P.P.
(…) Posteriormente, al llamar a prestar declaración indagatoria al imputado (fs. 128/129 vta.), en la descripción del hecho surge claramente “sujetándola de los pelos para luego arrojarla contra una heladera, mientras habría tirado deliberadamente al suelo el celular de la denunciante, rompiéndolo, pidiéndole ella que la deje salir de la casa, impidiendo así que la víctima solicite ayuda mientras le habría expresado: “te voy a dejar salir si te vas… qué pasa si te mato ahora…” Dirigiéndose el encartado a la habitación matrimonial, a la vez que habría sacado de su mesa de luz un cuchillo de contorno plateado de 20 cm. aproximadamente, mientras le profería términos intimidatorios…”. Descripción en la que palmariamente surge el pedido de la víctima de retirarse de la vivienda donde estaban sucediendo los hechos, y que ante tal pedido el imputado no hizo más que ejercer violencia, aumentando su poder intimidante al buscar un arma blanca y exhibírsela a la damnificada.
Viendo interrumpido su accionar ante la presencia policial en la vivienda. ¿Por qué pide la denunciante salir del lugar en donde estaba siendo agredida, y no sale por sus propios medios?. La única razón es que no podía salir, que su agresor se lo impedía, no solo por la fuerza física ejercida sobre ella, sino también por las amenazas que le profería al portar un cuchillo mientras la intimidaba…Del hecho imputado se desprenden los elementos del tipo penal que requiere la “privación de la libertad, por lo que considero que no debe prosperar el planteo formulado por la Defensa, ya que no se vislumbra ninguna afectación al principio de congruencia, debido proceso y defensa en juicio, guardando identidad el hecho imputado en la indagatoria como en el procesamiento.
Muy por el contrario, advierto una correcta valoración de la prueba, calificación penal impuesta a la conducta descripta en el hecho imputado, y adecuada aplicación de las reglas estipuladas para los concursos de delitos. En virtud de ello, considero que la nulidad planteada por la Defensa del imputado no debe prosperar…” (confr. fs. 261/262). Que, en concordancia en un todo con lo dictaminado por la Sra. Fiscal de Cámaras, no haremos lugar a la nulidad incoada por la recurrente, toda vez que no advertimos la violación del derecho de defensa ni del debido proceso como lo postula la defensa, ya que la Magistrada hubo de respetar el principio de congruencia procesal reprochándole al encartado los hechos en los términos de la denuncia de la Sra.
M.M.G., contando con el requerimiento fiscal de instrucción de fs. 25/26, donde se efectuó de manera provisoria y sujeto a los avances de la investigación el encuadre legal de los hechos denunciados, recayendo posteriormente en base a la valoración del plexo probatorio producido en la causa con perspectiva de género, el auto de procesamiento en orden a los delitos provisoriamente calificados como: “lesiones leves doblemente agravadas por mediar violencia de género y por mantener una relación de pareja” (art. 89 en función del art. 92, 80 inc. 1° y 11° del CP), “privación agravada de la libertad por haberse cometido con violencia contra una persona a la cual se le deba respeto”(art. 142 inc. 1° y 2° del CP), “daño” (art. 183 1er párrafo del CP), todos en concurso real entre sí en función del art. 55 del CP y “amenazas calificadas y coactivas” (art. 149 bis 1er y 2do párrafos del CP) en concurso ideal en función del art. 54 del CP, en aplicación de la ley 26.485.
Con lo cual, el impulso de la acción en el caso en análisis, no ameritaba que hubiera dentro de las actuaciones diversos requerimientos de instrucción conforme el avance de la investigación, en virtud que exigirle ello a la fiscalía sería un ritualismo imposible de cumplir, pretendiendo una descripción fáctica que vaya más allá de los elementos que por ese entonces obran en el expediente o ampliando el requerimiento de instrucción tantas veces como el progreso de las investigaciones así lo indiquen. Precisamente por tales razones el legislador utiliza en el art. 180 del CPP el modo potencial. c.- Agravio relativo al mérito de los elementos probatorios: Que la recurrente se agravia por cuanto el auto apelado se ocupa de reproducir el relato de un testigo de conocimiento de la víctima, sin efectuar un análisis o concatenación con el resto de la prueba, advirtiendo que dicho testimonio no permite esclarecer la materialidad del hecho, descartándolo por aportar a la causa una versión parcializada de lo supuestamente acaecido.
Asimismo rechaza que se haya logrado acreditar con prueba objetiva el reproche del delito de amenazas. Con relación al delito de daño endilgado, advierte que resulta imposible de adjudicar a su cliente, toda vez que si algo se hubiera dañado, es de propiedad del imputado, más allá de la ausencia del elemento subjetivo del “dolo” que requiere la figura. Que, con relación al agravio dirigido a la suficiencia de prueba recabada en autos para disponer el procesamiento del encausado, y su valoración por la Magistrada interviniente entendemos que no acierta la defensa al referir que la prueba adunada y valorada en autos fuera insuficiente. Cabe recordar que, desde esta Alzada, hemos venido sosteniendo -constante e invariablemente- que, para el dictado del auto de procesamiento, basta la confirmación inicial de la sospecha; siendo esta: “… una declaración del instructor acerca de la probable culpabilidad del imputado en un concreto hecho delictuoso, por lo cual puede ser llevado a juicio...” (Clariá Olmedo, Jorge A.; Derecho Procesal Penal; T.
II; Ed. Rubinzal y Culzoni; 1998; págs. 502 y sgtes.). Es por ello que, en cuanto a la cuestión relativa al mérito de las pruebas para arribar al dictado del procesamiento, si bien no existen fórmulas o parámetros exactos, se ha dicho que deben ser aquellas suficientes para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio. Que falta a la verdad el recurrente cuando argumenta que el pronunciamiento de la Sra. Jueza de Instrucción se sustenta en la valoración del relato de un testigo de conocimiento de la víctima. Que para así advertirlo, basta con repasar los fundamentos de la a quo para tener por reforzada la denuncia de la Sra. M.M.G., respecto de la cual consideró que su testimonio no incurre en contradicciones en cuanto al tiempo, modo, lugar y autoría, tras haber declarado en policía y luego ratificado sus dichos en la sede judicial, resultando conteste y concordante con las declaraciones de las personas a las que el propio imputado llamó por teléfono mientras perpetraba los hechos que se le endilgan, anoticiándolos que su mujer le había sido infiel, que la iba a sacar de la casa y que la iba a cagXX a palos, tratándose de los testigos O.E.G. y R.A.N. sumado a las declaraciones del personal policial que acudió a la vivienda tras recibir un llamado sobre un disturbio suscitado en el lugar, procediendo al traslado del incuso a la comisaría.
Que, por su parte, los testigos J.M.B. y C.N.O., resultan contestes y concordantes con el relato de la denunciante acerca de lo acaecido en los momentos previos al hecho denunciado, siendo que manifiestan que la damnificada concurrió al CIC de 28 de Noviembre, cerca de las 15:40 hs., al turno con la Lic. en Psicología K.A. y que el imputado se comunicó con J.M.B. a fin de saber si su mujer se encontraba en sesión, y posteriormente al terminar la terapia, y dirigirse la damnificada a la parada del colectivo, ésta mantuvo una breve charla con su cliente C.N.O., quien se ofreció a llevarla en su vehículo obteniendo por respuesta que su marido tenía celos por lo que se iría en el colectivo, logrando observar al imputado acercarse al lugar conduciendo un vehículo color blanco propiedad de la denunciante, y tras bajarse del rodado, arrojó una piedra contra la luneta del coche de C.N.O..
Asimismo, la Instrucción cuenta con las lesiones certificadas en el cuerpo de la damnificada, guardando plena coherencia con los lugares de su organismo y la forma en que refiere habría sido agredida por parte del encartado. A lo que se adiciona el testimonio de J.M.B., directora del CIC, quien expresa haber recibido una llamada de la Sra. M.M.G. alrededor de las 17:30 hs, quien entre lágrimas llegó a decirle que “…me está pegando, me pegó, me pegó…”, cortándose la llamada al instante, interpretando lo sucedido como un pedido de ayuda y dando cuenta además que M.M.G. había comenzado terapia en el CIC para fortalecer el vínculo por desavenencias conyugales, siendo que una vez concurrieron con otras familias a un almuerzo o cena, y que era notorio como al imputado le molestaba algo de su mujer, produciéndose situaciones incómodas, por lo que se evitó desde entonces reuniones futuras con los nombrados.
Agregó que hace como un año atrás M.M.G. le habría contado que el imputado le habría pegado una cachetada, quien además la celaba constantemente hasta con los clientes de su estudio jurídico. Por otra parte, la Instrucción valoró las declaraciones de la Lic. en Psicología K.M.A., quien relevada del secreto profesional manifestó que la Sra. M.M.G., le expresó a lo largo de las sesiones que el ambiente en su casa era un poco hostil por lo que estaba pensando en separase, notando que ella tenía decida la cuestión pero su pareja no, quien de alguna manera u otra intentaba acercarse a ella. Le relató ser víctima de un círculo de violencia psicológica, simbólica y económica, ya que ella -a pedido de su pareja-, le había cedido unos departamentos que se encontraban a nombre de ambos, condicionándola de esa forma a que, si se separaban, tendría que ser ella la que debería irse de la casa.
De igual manera, la Instrucción valoró lo que surge del informe psicológico de la damnificada en las actuaciones llevadas adelante ante el Juzgado de Familia, donde se constata su vulnerabilidad en tanto habría sido víctima de violencia física y psicológica, presentado indicadores de riesgo por violencia cronificada en escalada, violencia física y psicológica, dependencia emocional y anteriores reconciliaciones. A su vez, obran en la causa las diligencias de allanamiento, inspección ocular, secuencias fotográficas y croquis ilustrativo del domicilio donde habría acaecido el hecho denunciado y el informe de la DDI, respaldando la versión de la Sra. M.M.G. Del mismo modo, la Instrucción logró tener por reforzada la denuncia del daño al teléfono celular de la Sra.
M.M.G. por parte del encartado, mediante el acta de constatación de fs. 179 y las secuencias fotográficas de fs. 180/181. Que de esta forma, y más allá que la recurrente no especifica a qué único testigo de conocimiento de la denunciante se refiere en el agravio, observamos que la Instrucción logró recabar el testimonio de diversos testigos, valorándolos en forma conjunta con el resto de las probanzas producidas en la causa. Por último y con relación al agravio que descarta la acreditación del delito de amenazas, entendemos que tampoco prosperará, toda vez que basta con repasar los fundamentos brindados por la a quo a fs. 222vta./223vta., para compartir con la Instrucción que con los elementos de cargo obrantes en el legajo se logró acreditar en grado de probabilidad afirmativa el contexto de violencia en que el encartado hubo de proferir los términos por los cuales la Sra.
M.M.G. se sintió intimidada, reuniendo las características de un anuncio serio, grave, injusto e idóneo y con el propósito de obligarla a no denunciarlo o a cuidarse en lo que dijera, porque no la iba a contar más. II) Que, atento las facultades de superintendencia atribuidas a esta Alzada , tras el análisis de la presente causa venida a estudio en función del recurso de apelación interpuesto, nos vemos obligados a formular una especial consideración para con el Sr. Defensor, en virtud de advertir en su presentación argumentaciones sin ilación lógica y carentes de fundamentos jurídicos que no hacen más que ocasionar un dispendio jurisdiccional, retraso y entorpecimiento del normal desarrollo del proceso.
Asimismo, se advierte que el Sr. Defensor pretende introducir circunstancias de la vida íntima de la denunciante, que en función del plexo probatorio obrante en la causa, poco aporta a la elucidación del hecho investigado y no hace más que revictimizar a la damnificada y su entorno familiar. Que, en función que las reiteradas presentaciones carentes de sustento jurídico atentan contra la prestación del debido servicio de justicia, sumado a que el letrado incurre en prácticas revictimizantes alejadas de la perspectiva de género aplicada a los presentes actuados, es que corresponde recomendar al Dr. G.L.G. evitar incurrir en situaciones como las referidas, debiéndose igualmente librar oficio de estilo a la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia del Excmo.
TSJ acompañando copias de las partes pertinentes de las presentes actuaciones, a sus efectos. Por último, cabe destacar lo expresado por la Sra. Jueza de Instrucción, Dra. B.R.G.B., en su informe del art. 55 del CPP obrante a fs. 264/264vta.: “…finalmente, y con el dispendio jurisdiccional generado, y reiterado por parte del letrado en sus presentaciones sin mayores fundamentos jurídicos, que solamente producen un retraso y entorpecimiento al desarrollo normal de cualquier proceso, me permito solicitar se realice un llamado de atención, con conocimiento del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, y asimismo, se le ordene al letrado que los sucesivos escritos sean redactados en forma clara, fundada en derecho…”, respaldando en un todo las consideraciones vertidas por esta judicatura.
III. Expresa reserva de casación y del caso federal: Que habiendo formulado el recurrente expresa reserva de casación y del caso federal ante la CSJN, para el caso que no se hiciera lugar a sus pretensiones, se tendrá presente para el momento oportuno. IV) Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
V. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, oída que fuera la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. RECHAZAR LA RECUSACION articulada por la defensa técnica del imputado D.M.D., por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
2. DISPONER que la Dra. B.R.G.B. a cargo de la investigación que se realiza en los autos principales caratulados: “G.M.M. S/DCIA. LES. LEVES, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD AGRAVADA POR EL USO DE VIOLENCIA Y POR SER COMETIDA POR UNA PERSONA A LA QUE SE LE DEBA RESPETO, DAÑOS Y AMENAZAS CALIFICADAS Y COACTIVAS, PTA. INF. LEY NAC. 26.485”, Expte. Nº 17.469/24, en trámite por ante el Juzgado de Instrucción Y Penal Juvenil con asiento en Río Turbio, CONTINÚE INTERVINIENDO EN DICHA CAUSA EN CALIDAD DE JUEZA TITULAR; por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.- 3º)- CONFIRMAR el auto glosado a fs. 211/226 y vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
4. HACER SABER al recurrente, lo consignado en el punto II) de los considerandos que anteceden. Asimismo, OFÍCIESE a la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia del Excmo. TSJ.
5. TENER PRESENTE LA RESERVA DE CASACIÓN Y DEL CASO FEDERAL, incoada por la defensa técnica de D.M.D..
6. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
7. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected].
8. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.- CONSTE.-
Fin de la sentencia