Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 13.769
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaVISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se revoca parcialmente la sentencia dictada el 1 de febrero de 2023, en los siguientes términos: 1. Declarar la nulidad del punto 15 de la sentencia, dejando sin efecto la ganancialidad del inmueble identificado como Circunscripción 13, Sección B, chacra 108, Mza. 108 A, Parcela 6 (matrícula 55587), Necochea (076) y consecuentemente, dejando sin efecto la adjudicación del 50% del mismo a la Sra. G…. 2. Dejar sin efecto la recompensa determinada en el punto 8 de la resolución de la sentencia. 3. Establecer a favor de la actora una recompensa por el 50% de la mejora que implicó la construcción realizada sobre el lote identificado catastralmente como Circunscripción 13, Sección B, chacra 108, Mza. 108 A, Parcela 6 (Matrícula 55587 -076 Necochea), difiriendo su cuantificación a la etapa de ejecución de sentencia, conforme los parámetros valorados en el considerando III. 2. b). 4. Hacer lugar a la recompensa solicitada por la actora, con causa en el préstamo otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires de fecha 14/02/2017, para cuya cuantificación corresponde que sea determinada en el 50% del valor del vehículo Etios, el que se determinará en la etapa de ejecución de sentencia, conforme los parámetros valorados en el considerando IV. 5. Atento el modo en que fue resulta la cuestión las costas de alzada se imponen en el orden causado (art. 71 del CPCC). 6. …
La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Necochea, con fecha 5 de diciembre de 2023, revocó la sentencia de grado dejando sin efecto la ganancialidad de los bienes incorporados, así como la recompensada ordenada en su consecuencia, y procedió a establecer y cuantificar una nueva recompensa a favor de la actora.
En la ciudad de Necochea, a los 5 días del mes de diciembre de 2023, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "G… M… M… C/ O… A… M… S/ LIQUIDACION DE LA COMUNIDAD", Expte. 13.769, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente: Sra. Jueza Doctora Laura Alicia Bulesevich, Sra. Jueza Dra. Ana Clara Issin y Sr. Juez Doctor Fabián Marcelo Loiza.
El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª ¿Se ajusta a Derecho la sentencia dictada el 01/02/2023?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
I. La sentencia:
El 1 de febrero de 2023 la Jueza de Familia dictó sentencia y a tenor de lo que resulta aquí de interés para las partes en función de sus impugnaciones, resolvió: “Hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por la Sra. M… M… G…, resolviendo - en consecuencia: -…- 8. Determinar una recompensa a favor de la Sra. G… y a cargo del sr. O…, en virtud de la venta pasada por ante el notario F… R… L…, conforme escritura Nro. 121 de fecha 16-10-2014, por la cual la sra. M… M… G… vende al sr. J… J… S… una finca de su propiedad ubicada con frente a la calle Hipólito Irigoyen 275 de la ciudad y partido de Lobería, inmueble que le correspondía a la vendedora por compra que hizo siendo de estado civil divorciada de sus primeras nupcias con A… R… F… con fecha 18-4-2008. Dado que la venta referida fuera realizada (conforme surge del texto de la escritura) por el precio total y definitivo de pesos DOSCIENTOS MIL (los cuales, la vendedora habría recibido en el acto de la firma de la escritura de venta de referencia) deberá la sra. G… presentar liquidación actualizada del importe adeudado antes consignado en los términos del art. 494 CCYC, partiendo de valor tomado como referencia en el instrumento de venta.-…- 10. Determinar el carácter ganancial del vehículo Volkswagen SAVEIRO 1.6 dominio IXB 246 conforme la documental glosada en autos que acredita una adquisición a título oneroso del mismo en fecha 13-11-2014, es decir hallándose vigente la comunidad; correspondiendo su adjudicación - en consecuencia- en un 50% para cada ex cónyuge. Ello, sin perjuicio de los reclamos recíprocos que puedan impetrarse de resultar imposible dicha adjudicación en virtud de actos llevados a cabo por uno de los ex cónyuges con el propósito de defraudar al otro en sus derechos sobre los bienes gananciales (arts. 465 inc. a), 473 y cctes. del CCC).
11. Determinar el carácter ganancial del vehículo cuatriciclo Honda TRX 250 DOMINIO 576 conforme la documental glosada en autos que acredita una adquisición a título oneroso del mismo en fecha 27-2-2015, es decir hallándose vigente la comunidad; correspondiendo su adjudicación - en consecuencia- en un 50% para cada ex cónyuge. Ello, sin perjuicio de los reclamos recíprocos que puedan impetrarse de resultar imposible dicha adjudicación en virtud de actos llevados a cabo por uno de los ex cónyuges con el propósito de defraudar al otro en sus derechos sobre los bienes gananciales (arts. 465 inc. a), 473 y cctes. del CCC).
13. Determinar el carácter ganancial del vehículo AA933 OF, marca TOYOTA ETIOS XLS conforme la documental glosada en autos que acredita una adquisición a título oneroso del mismo en fecha 17-2-2017, es decir hallándose vigente la comunidad; correspondiendo su adjudicación - en consecuencia- en un 50% para cada ex cónyuge. Ello, sin perjuicio de los reclamos recíprocos que puedan impetrarse de resultar imposible dicha adjudicación en virtud de actos llevados a cabo por uno de los ex cónyuges con el propósito de defraudar al otro en sus derechos sobre los bienes gananciales (arts. 465 inc. a), 473 y cctes. del CCC).
15. Determinar el carácter ganancial del inmueble identificado como XIII, B, Chac. 108, Manz. 108a, P. 6, 55587, Necochea (76); antecedente dominial: Asiento 2, O…, A… M… (DNI …), compraventa, escritura Nro. 161 del 22-6-2018, escribanía Gonzalez Fortini, J… P… en , debiéndose- en consecuencia- adjudicar el 50% del mismo a la sra. G…. Ello, sin perjuicio de los reclamos recíprocos que puedan impetrarse de resultar imposible dicha adjudicación en virtud de actos llevados a cabo por uno de los ex cónyuges con el propósito de defraudar al otro en sus derechos sobre los bienes gananciales (arts. 465 inc. a), 473 y cctes. del CCC)-…-” Tal como anticipé aclaro que me limito a la transcripción de los puntos resolutivos de la sentencia que son cuestionados en los respectivos recursos de las partes por una cuestión de orden metodológico y claridad expositiva, dado que la extensión de la sentencia -con 17-puntos resolutivos- y la firmeza de gran parte de ellos, así lo imponen para un prolijo desarrollo. Para decidir en el sentido señalado la jueza de grado tuvo en cuenta que el divorcio vincular fue decretado el 6/11/2017 y se declaró extinguida la comunidad ganancial a partir de la fecha de promoción de la demanda: 10 de mayo de 2017. De modo que la vigencia del régimen de comunidad quedó comprendido en el período acaecido entre la fecha de celebración del matrimonio -26/12/2011- y la fecha de promoción de la demanda -10/05/2017-.
I. a) Para sentenciar como lo hizo en el punto 8 del resolutivo la magistrada valoró que la Sra. G… reclamó recompensa por la inversión realizada en la construcción del local habilitado como negocio, adyacente a la que fuera la vivienda del hogar conyugal, sobre un lote que comenzaron a poseer los cónyuges durante la unión matrimonial, y que aseveró fue construido con dinero de ambos; en su caso, con el producido de la venta de un inmueble de su propiedad.
Vertebrando su decisión a partir de tener por acreditado el carácter ganancial de la posesión del lote sobre el cual se edificó el local explotado como negocio designado “Gallo Negro”, consideró probado que la Sra. G… recibió la suma de $ 200.000 de la venta de un inmueble de carácter propio, ubicado en la ciudad de Lobería, operación que fue realizada mediante escritura pública N° 121 labrada el 16/10/2014 por el escribano Fernando Riaño Laboranti. Valoró a tales fines que el inmueble le correspondía a la actora por compra realizada el 18/08/2008 siendo su estado civil -a ese momento- divorciada de sus primeras nupcias.
Consideró que la enajenación del bien de carácter propio a título oneroso, durante la comunidad -en principio, sin reinversión de su preciohace presumir, salvo prueba en contrario, que lo percibido benefició a la comunidad (arts. 491, 492, 494 y cc del CCyC).
I. b) El carácter ganancial del vehículo Volkswagen Saveiro 1.6 dominio IXB 246 y del cuatriciclo Honda TRX 250 decidido en los puntos 10 y 11 de la sentencia fue determinado por la fecha de adquisición onerosa de los mismos durante la vigencia de la comunidad: 13/11/2014 y 27/02/2015 respectivamente. Destacó que en ambos informes de dominio figura como titular el Sr. O…, no obstante haberse consignado en su estado civil ser “soltero”.
I. c) Para determinar el carácter ganancial del vehículo Toyota Etios dominio AA933 OF decidido en el punto 13 del resolutivo consideró la fecha de adquisición a título oneroso del mismo durante la vigencia de la comunidad: 17/02/2017, surgiendo la titularidad a favor de la Sra. G... En relación a lo argumentado por la actora respecto a que el automotor fue adquirido con un préstamo del Banco de la provincia de Buenos Aires "con posterioridad a la separación", la magistrada valoró que: "Si bien la actora acredita -prima facie- la operación concertada en fecha 15-2-2017 (hallándose vigente la comunidad) y en una data prácticamente coincidente con la adquisición a título oneroso del vehículo en cuestión (17-2-2017), no prueba- sin embargo- haber realizado con dinero propio pagos posteriores a fecha de extinción de dicha comunidad (10-5-2017), los cuales -de hallarse debidamente documentados- habrían generado recompensa a favor de la nombrada (art. 465 inc, g) CCYC)”
I. d) Finalmente -ceñidos exclusivamente a la tarea recursiva que abre la instancia- la decisión de la jueza de grado en el punto 15 determinó la ganancialidad del lote identificado catastralmente como Circunscripción 13, Sección B, chacra 108, Mza. 108 A, Parcela 6 (Matrícula 55587 -076 Necochea), que fue adquirido por escritura a favor del Sr. O… el 31/05/2018; lote en el cual se construyó el local Gallo Negro, mencionado en el punto 8 de la sentencia.
Los fundamentos de su decisión fueron expresados en el punto 5 de los considerandos bajo el título “Acción de fraude. Perspectiva de género”. Allí remarcó el carácter ganancial de los lotes de terreno en posesión con remisión a los fundamentos vertidos en el apartado 2 y 2.a de su resolución y las constancias de la causa Nro. 26494 "G… M… M… c. O… A… M… s/ materia a categorizar", promovida por la actora el 29/05/2020 denunciando un presunto fraude en los términos del art. 473 del CCyC respecto del inmueble referenciado.
Seguidamente afirmó: “Si bien podría argumentar el sr. O… que un bien adquirido en forma personal por el nombrado luego de la extinción de la comunidad de ganancias podría quedar excluido de la misma, ello contrasta con el art. 465 inc. j) del CCYC, que otorga la calidad de gananciales a los bienes adquiridos “después de la extinción de la comunidad, si el derecho de incorporarlos al patrimonio había sido adquirido a título oneroso durante ella”… Remarcó entonces: “En otros términos, si el sr. O… adquirió un inmueble después de la disolución del régimen de comunidad, pero por título o causa anterior a la disolución, forma parte del activo de la indivisión postcomunitaria.
A ello se adiciona el carácter ganancial de los bienes incorporados por accesión a las cosas gananciales (art. 465 inc. m) del CCYC) y la presunción de ganancialidad de todos los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad (excepto prueba en contrario) prevista por el art. 466 del cuerpo legal citado”.
En virtud del plexo probatorio y el marco normativo, destacando la perspectiva de género y poniendo especial énfasis en la violencia económica de género, reiteró que “las adquisiciones que se concretan a nombre de uno de los esposos después de la disolución de la comunidad, pero por causa o título que corresponde a la época de su vigencia, tienen carácter ganancial”. Finalmente concluyó en determinar el carácter ganancial del inmueble, agregando: “La situación descripta, me lleva a la convicción quemás allá del encuadre jurídico del caso- la conducta del sr. O… configura violencia patrimonial, de conformidad con las prescripciones del art. 5 inc. 4 de la ley 26485; puesto que la actitud objetada se dirigió a ocasionar un menoscabo en el patrimonio de la actora, intentando adjudicarse la propiedad total del inmueble, a sabiendas de que ella también poseía derechos patrimoniales sobre el mismo”.
II. Los recursos:
La decisión fue apelada por la parte actora -mediante expresión de agravios del 09/05/23- y por la demandada, que expresó sus agravios el 19/05/23, habiendo sido ambos oportunamente replicados.
1. La accionante se agravió del punto 13 de la sentencia alegando que el vehículo fue adquirido cuando ya se encontraba separada de su cónyuge, con un crédito otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires el 15/02/2017, con retención directa de las cuotas de su sueldo, a pesar que al momento de la adquisición aún no se había presentado la demanda de divorcio.
Remarcó que no se tuvo en cuenta la prueba ofrecida porque habiendo comprado el vehículo con el crédito señalado, no consignó el automotor en la demanda pero tampoco reclamó por la deuda contraída que ascendía a la suma de $ 267.000 (adjuntada a fs. 102), el cual pagó en forma personal y con posterioridad al divorcio.
Concluye solicitando se revoque el apartado 13 de la sentencia compensando el valor del automotor con el pago total de la deuda, afirmando: “al momento de la adquisición se contrajo una deuda a cargo de la suscripta que también fue dentro de la comunidad de bienes, por lo cual la parte del automotor que es ganancial, son dos cuotas, o si el automotor es ganancial también lo es la deuda, por lo cual amerita compensación el monto de la misma por parte del Sr. O…”.
2. Por su parte, el demandado desarrolló 4 agravios en su recurso: 2.a. Como primer agravio planteó la nulidad de la sentencia en virtud de lo resuelto en el punto 15 por considerarla autocontradictoria, resolver “extra petita” y violar el principio de congruencia: sostiene que la adjudicación del 50 % a la actora del inmueble identificado catastralmente como Circ. XIII, Sec. B, Chac. 108, Manz. 108a, P. 6, 55587, Necochea (76) es introducida por la magistrada en la sentencia, sin haber sido mencionada en la demanda ni en los expedientes, violando el principio de congruencia. Destaca que la jueza de grado utilizó como fundamento de su decisión la causa "G… M… M… c. O… A… M… s/ materia a categorizar", Expte. Nro. 26494, en la cual él “nunca fue parte y no se le dio la posibilidad de debate para el ejercicio de su derecho de defensa”.
Concluye que “la Jueza fallo por incongruencia por ultra petita “falla más allá de lo pedido”. La actora en demanda habla de una expectativa a un derecho posesorio y el juez entrega un derecho real de condominio lo que implica un avasallamiento a las garantías de defensa en juicio y debido proceso”.
2.b. En segundo término criticó el punto 8 del resolutivo, entendiendo el fallo contradictorio respecto a lo que considera son situaciones similares, en tanto “ante la venta de los inmuebles de ambos ex cónyuges pertenecientes a matrimonios anteriores, resuelve de manera distinta”. En mérito a lo expuesto, sostiene que: “corresponde el rechazo de este reclamo o, en el peor de los casos, una manifiesta disminución del monto justipreciado por el Inferior en la recompensa”.
2.c. Como tercer agravio critica la ganancialidad del automotor y la motocicleta determinada en los puntos 10 y 11 de la sentencia, aclarando: “Estos vehículos no se encontraban en la sociedad conyugal al momento de la disolución, fueron vendidos para comprar el ETHIOS que si la integran, es lógico este razonamiento ya cual es la función de acumular vehículos, además de la camioneta que se divide en otro punto”.
Objeta que la sentencia no haya valorado las declaraciones de sus testigos.
2.d. En el cuarto agravio titulado “Ausencia de grabación y actas de testimonios” el apelante se explaya sobre la falta de una completa y correcta valoración de la prueba, sobre la cual refiere no poder hacer un adecuado y completo análisis por falta de actas de los testimonios y ausencia de grabación de la vista de causa.
Alega que “el Señor Juez de Primera Instancia, cometió errores “in iudicando” y “errores in procedendo”, pues desoyó reglas de derecho sustancial (procesales y de fondo), destinadas a ser aplicadas en la sentencia, para la decisión del objeto del litigio”.
Esgrime que a tenor de tales yerros la sentencia deviene absurda, por arbitraria e incongruente, y que le genera un agravio irreparable, por la alteración del derecho de defensa en juicio y de la igualdad de las partes. Finaliza considerando que “Estas flagrantes violaciones del Principio de Congruencia, hacen atacable el decisorio en cuestión POR NULO E INCONGRUENTE, atento a las consideraciones expuestas y los agravios inferidos a mi parte”.
III. 1. Deserción del recurso:
En forma inaugural corresponde me expida sobre el acuse de deserción solicitado por la demandada respecto del recurso de la actora (v. escrito de réplica del 24/05/23 punto I. 1), proponiendo al Acuerdo desestimar el planteo en tanto la expresión de agravios satisface los requisitos exigidos por el ritual bonaerense, en el marco de la interpretación amplia a la que adscribe este Tribunal en resguardo del derecho de defensa y acceso a la justicia (art. 18 de la Constitución Nacional y art. 15 de la Constitución Provincial).
Precisamente la crítica concreta que efectúa la actora en su recurso -al agraviarse del punto 13 de la sentencia- le ha permitido al demandado explayarse argumentalmente al momento de replicarlos (art. 260 del CPCC).
III. 2. Los planteos de nulidad de la sentencia. Cuarto agravio y primer agravio.
Seguidamente, por una cuestión de orden expositivo, alteraré el orden de análisis de los recursos y me abocaré a los agravios de la demandada, comenzando por la nulidad articulada en el cuarto agravio (ausencia de grabación y actas de testimonios), para luego seguir con el planteo nulitivo expuesto en primer término (punto 15 de la sentencia. Acción de fraude Resolución extra petita. Violación al principio de congruencia), el que analizaré conjuntamente con el segundo agravio (punto 8 de la sentencia. Recompensa por venta de inmueble a favor de la actora) por la interrelación que presentan estos últimos, tal como lo explicaré más adelante.
III. 2. a) La nulidad de la sentencia por ausencia de grabación y actas de testimonios:
El apelante titula el cuarto agravio como “Ausencia de grabación y actas de testimonios”, pero en el desarrollo del mismo se limita a referenciar esa ausencia de manera abstracta, exponiendo su disconformidad con la valoración probatoria y señalando vicios que son propios del recurso de apelación.
Nada dice en su embate respecto al contenido de las declaraciones testimoniales vertidas en la audiencia de vista de causa ni relaciona -siquiera mínimamente- su contenido con los extremos que pretendía probar en procura de demostrar la sinrazón en la valoración del sentenciante que refleje una interpretación contraria a las reglas de la sana crítica (art. 384 CPCC).
Esta orfandad que porta la impugnación en el pedido de nulidad, sin circunstanciar cuál es precisamente la prueba testimonial relevante que tendría implicancia probatoria y fuerza dirimente en los presupuestos de su pretensión, sella su suerte adversa (art. 375 del CPCC).
Seguidamente la crítica del demandado parece enderezarse a resaltar la nulidad por violación del principio de congruencia, pero las consideraciones que esgrime lucen dogmáticas, proyectando los supuestos perjuicios en abstracto y sin remarcar la gravitación concreta en las particularidades del caso; siendo que, por imperativo procesal, los vicios de construcción de la sentencia que habilitarían su consecuente anulación deben constituirse en irregularidades manifiestas y graves, con virtualidad suficiente para hacer peligrar el efectivo ejercicio del derecho recursivo del apelante (arts. 242 y 260 del CPCC, art. 18 de la CN, art. 8 inc h y 25 de la CADH).
Esta rigurosidad en su aplicación – que deberá tenerse presente asimismo al momento del análisis del planteo nulitivo del primer agravioobedece a la propia génesis de su finalidad, por cuanto “la nulidad es una sanción que aniquila el proceso, con una indudable lesión al principio de economía procesal y un detrimento para las propias partes que sin duda deben aspirar a ver finiquitados sus conflictos de intereses; frente a ello se alza el principio de “conservación de los actos procesales”, que apunta precisamente a dejar vivo el proceso…” (Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires anotado y comentado; Arazi- Bermejo- De Lázzari y Ot., 2° ed. ampliada y actualizada, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2012, p. 522) (Expte. 12.576, reg. elect. n° 94 (S), del 13/07/23). En el mismo sentido se ha expedido esta Alzada sosteniendo: “Si bien la sentencia puede tener vicios que la descalifican como acto jurisdiccional o irregularidades que la afecten en sí misma, han de ser de tal magnitud que por sí mismo pongan en peligro el derecho que le asiste al apelante, caso contrario, como en el supuesto en que existiera una omisión en el pronunciamiento, no procede por razones de economía procesal anular la sentencia de primera instancia, teniendo en cuenta que el recurso de nulidad por defecto de sentencia se halla absorbido por el de apelación, correspondiendo en ese caso suplir la omisión. Es que no cualquier transgresión a los principios legales en que se basa la sentencia trae aparejada su nulidad, más aún cuando la Alzada puede repararla, debiendo estarse al principio de validez del acto jurisdiccional.” (Expte. N° 3.363 reg. int. N° 813 (S) del 07/11/02; Expte. N°338 Reg. Int. N° 75 (S, del 25/08/2009; Expte. 9801; Reg. 142 (S) del 11/11/2014).
Por las consideraciones expuestas, se rechaza la nulidad de la sentencia solicitada por el accionado en el cuarto agravio (art. 253 del CPCC).
III. 2. b) La nulidad solicitada en el primer agravio (punto 15 de la sentencia). Conexidad del segundo agravio (punto 8 de la sentencia): La crítica del demandado encolumnada a solicitar la nulidad de la sentencia calificándola de ser “contradictoria”, resolver “extra petita” y “violar el principio de congruencia”, impone el estudio del tema desde un doble ángulo: la acción de fraude del expediente “G… M… María c/ O… A… M… s/ materia a categorizar”, causa 26.494, y los postulados de la demanda interpuesta en el presente proceso de liquidación de la sociedad conyugal. Cabe precisar que la acción de fraude, contemplada en el art. 473 del CCyC, opera exclusivamente en las relaciones internas de los cónyuges y su efecto consiste en que el impugnante pueda hacer valer el crédito por la parte que le corresponde en la liquidación de la sociedad conyugal (conf. Código Civil y Comercial de la Nación comentado; Dir.: Ghersi-Weingarten, Tomo II, Ed. Nova Tesis, Rosario, 2014, pp. 473, 474).
En cuanto a la legitimación pasiva “La acción de fraude puede ser iniciada contra el otro esposo y el tercero interviniente en el acto, originándose en tal caso un consorcio pasivo.
Pero si se inicia únicamente contra el otro cónyuge, la acción no se encontrará dirigida a la obtención de la nulidad del acto, sino del reconocimiento del derecho del reclamante, que éste podrá luego hacer valer en la liquidación de la sociedad conyugal” (S… E…, El régimen patrimonial del matrimonio en el nuevo código civil y comercial, Ed. La Ley, 2016, p. 396)
Focalizándonos en el caso, el 29/05/2020 la actora interpuso demanda por acción de fraude contra el demandado -dando inicio a la causa “G… M… M… c/ O… A… M… s/ materia a categorizar”- a fin de declarar la inoponibilidad a la sociedad conyugal -entre otros- de la compra del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción 13, Sección B, chacra 108, Mza. 108 A, Parcela 6 (matrícula 55587), operación inmobiliaria efectuada con posterioridad al divorcio por el sr. O… mediante escritura pública n° 161 el 31/05/2018 ante el escribano Juan Pablo González Fortini (v. causa 26.494, de trámite ante el Juzgado de Familia N° 2).
Compulsada la causa 26.494 desde la Mesa de Entradas Virtual de la SCBA se observa que luego de la interposición de la demanda, mediante proveído de fecha 03/06/2020 se dispuso al respecto: -…-“Hallándose en trámite por ante este Juzgado el juicio sobre Liquidación de la Comunidad entre las partes de autos, en el cual se hallan comprendidos los bienes denunciados en ésta acción, sin perjuicio de lo que oportunamente se resuelva, téngase presente su proveimiento para su debida oportunidad (arts. 36 CPCC, 488 y conc., 496 y conc., 706 y 709 del CCC)”.
En el marco de esa misma causa el 08/07/2020 ante la solicitud de la actora del proveimiento de la demanda, el 14/07/2020 se ordenó: “estése a lo proveido en autos con fecha 3/06/20”.
Es decir, en la causa que se iniciara por fraude en los términos del art. 473 del CCyC contra el demandado no se ordenó el traslado de demanda, por lo que consecuentemente, la demanda no fue notificada al accionado y lógicamente no hubo traba de litis ni sustanciación del proceso. Estas circunstancias se erigen en valladares procesales que clausuran toda posibilidad de abrir el debate sobre la acción de fraude del expte. 26.494 y de avanzar resolviendo sobre la adjudicación y modificación de la escritura notarial cuestionada, pues el derecho de defensa y el debido proceso son piedras basales de nuestro sistema constitucional-convencional que resultan “infranqueables”, lo que torna procedente la nulidad del punto 15 del resolutivo en la extensión que seguidamente se desarrollará (art. 253 del CPCC).
Este andamiaje procesal -medular- resulta sólidamente robustecido por las garantías constitucionales que lo sustentan y que debe ser integrado de modo coherente con todo el ordenamiento (art. 2 del CCyC).
El fallar con perspectiva de género -imperativo que también resulta constitucional y convencional- refiere directamente a la metodología y los mecanismos que permiten a la judicatura, mediante una suerte de “prisma o lente” identificar, cuestionar críticamente, abordar de manera transversal y valorar la desigualdad y discriminación que sufre la mujer, producto de justificaciones que se asientan en diferencias biológicas con el hombre y que han determinado la asignación de roles de género.
Esta perspectiva insta y promueve acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género, deconstruyendo y creando las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad real.
Ahora bien, la sentencia en análisis efectúa una suerte de distorsión de la aplicación de la “perspectiva de género”, porque la interpretación que se divorcia de la pretensión procesal de la demanda desnaturaliza el principio de congruencia, y la resolución que se dicta en un proceso sin sustanciación vacía de contenido garantías constitucionales troncales como los derechos del debido proceso y el derecho de defensa en juicio. Su utilización so pretexto de equiparar diferencias y eliminar prejuicios luce como argumento dogmático si no resulta, como ha sostenido reiteradamente el Tribunal Supremo de la Nación, una derivación razonada del derecho vigente sobre las circunstancias comprobadas de la causa (CSJN Fallos: 318:871; 341:98; entre muchos otros)
Tal como anticipé, en tal faena anulatoria es imprescindible volver la mirada hacia las postulaciones iniciales.
En la demanda presentada el 13/12/2017 en la presente liquidación de la sociedad conyugal la actora alegó en el punto IV -titulado “Derecho a compensación por uso exclusivo”- que durante la sociedad conyugal comenzaron a poseer con ánimo de dueño algunos terrenos adyacentes a su vivienda, entre los que enumera el identificado catastralmente como Circunscripción 13, Sección B, chacra 108, Mza. 108 A, Parcela 6 (Matrícula 55587 -076 Necochea) con una superficie de 295 metros cuadrados, y sobre el cual afirmó que ambos cónyuges construyeron un local con dinero de ambos que, en principio, fue habilitado como negocio y posteriormente fue alquilado. Adunó piezas fotográficas de la construcción, adjuntó constancias de venta de una propiedad suya y ofreció prueba (v. demanda fs. 57/64). Posteriormente amplió demanda el 27/02/2018 en pos de esa compensación, que fundamentó en la teoría de las recompensas y la prohibición del enriquecimiento sin causa, alegando “tanto la vivienda que utiliza el demandado, como la construcción sobre el lote adyacente, que realizamos mientras estábamos casados”, solicitando martillero a efectos de tasar entre otros inmuebles, el valor de la posesión durante 8 años en el lote de referencia, así como el valor de la construcción emplazada sobre el mismo y su valor locativo (v. fs. 71/73).
El 16/04/2018 el accionado contestó la demanda y al respecto negó la posesión, concluyendo que “no es razonable pretender obtener liquidar los supuestos lotes que no fueron nuestros por la sola manifestación de la actora, desde que ello, por su complejidad e inconducencia podría importar una virtual injusticia para los verdaderos propietarios”. Negó asimismo la construcción del local y su locación, afirmando: “simplemente éramos vecinos” (v. fs. 92/96)
Desde esa perspectiva de análisis se concluye que la sra. G… reclamó por recompensa por el valor de la construcción emplazada en el lote referenciado, alegando la venta del inmueble propio como una forma de justificar que “dicha construcción fue realizada con dinero de los dos” (fs. 59 vta.) y en pos de acreditar la ganancialidad de la construcción llevada a cabo sobre el mismo, sin surgir de los escritos postulatorios un reclamo de recompensa anclado exclusivamente en la venta de ese inmueble propio. Es decir, esa operación de venta de un bien propio la invocó para demostrar que la construcción emplazada sobre un lote que -al momento de la extinción de la comunidad- no les pertenecía a ninguno de los cónyuges (pero sobre el cual habían ejercido la posesión durante unos años), se llevó a cabo con dinero de ambos, y en lo que a su parte respecta, con dinero obtenido por esa venta.
Por ello, le asiste razón al demandado apelante respecto a que la decisión plasmada en el punto 15 del resolutivo de adjudicarle el 50% del inmueble que él adquirió con posterioridad al divorcio implica una clara transgresión al principio de congruencia, por exceder los límites de la pretensión procesal de la actora (arts. 34 inc. 4° y 163 inc. 6° y 330 ante último párrafo).
El principio de congruencia postula que “La sentencia civil no puede exceder las pretensiones ni las defensas oportunamente planteadas por las partes” (CSJN Fallos: 252:13; 256:504). De modo que, los justiciables precisan y circunscriben, de acuerdo a sus postulaciones, los hechos que serán materia de juzgamiento, limitando así al órgano jurisdiccional al debate introducido.
“La litis determina los límites de los poderes del juez que debe pronunciarse sobre todo lo que se reclama y sólo sobre lo que pide: el principio iura novit curia tiene como límite el de no alterar la relación procesal (conf. causa L. 46.716, sent. del 26XI1996) y se quebranta el principio de congruencia cuando no media conformidad entre la sentencia y el pedimento respecto de la persona, el objeto o la causa (Ac. 65.969 sent. del 18VI1999)" (causa L78925 del 10-09-2003)". (conf. Expte. 474, Reg. 62 (S) del 7/9/2010). Expte. 11050, Reg. 193 (R) del 10/10/2017).
Es que no hay dudas que esta correspondencia entre lo que se solicita en demanda y lo que se decide en sentencia -con el límite de lo probado por las partes en función de las pruebas producidas- se enmarca dentro del equilibrio propio que exige la bilateralidad procesal, tributaria del principio de igualdad.
La Suprema Corte de esta provincia sostuvo en relación al principio de congruencia que “…una de las garantías del debido proceso consiste en el marco que tiene la judicatura para no introducir alegaciones o cuestiones de hecho sorpresivamente, de manera que las partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa. Por ello, la conformidad entre la sentencia y la demanda en cuanto a las personas, el objeto y la causa, es ineludible exigencia de principios sustanciales del juicio relativos a la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal, toda vez que la litis fija los límites de los poderes del juez; razón por la cual, superando este marco, se produce el quebrantamiento del principio de congruencia (SCBA conf. causas L. 32.598 "Lecuna", sent. de 24-VIII-1984; L. 34.731 "Barrios", sent. de 30-VII-1985; L. 66.755 "Juárez", sent. de 17-XI-1998 y L. 84.997 "Costa", sent. de 18-IV-2007; entre muchas)”. (citado por este Tribunal en Expte. 11044; Reg. 48 (S) del 3/5/2018; en similar sentido ver expte. 9557 reg. int. 7 (s) del 18/2/2014, expte. 11609 reg. int. 32 (S) del 28/4/2020, expte. 12717 reg. elec. 86 (RS) del 28/12/2021, expte. 13895 reg. int. 145 (S) del 17/10/2023, entre muchos otros).
Los extremos valorados conducen a declarar la nulidad del punto 15 de la sentencia, dejando sin efecto la ganancialidad del inmueble identificado como Circunscripción 13, Sección B, chacra 108, Mza. 108 A, Parcela 6 (matrícula 55587), Necochea (076) y consecuentemente, dejando sin efecto la adjudicación del 50% del mismo a la Sra. G….
Como una derivación de ello corresponde, asimismo, dejar sin efecto la recompensa determinada en el punto 8 de la resolución de la instancia, en función de los efectos que porta la nulidad declarada, que conlleva a que esta Alzada asuma competencia plena para expedirse sobre la procedencia de la recompensa en los términos estrictamente solicitados en la demanda -en los que no hubo reclamo de recompensa por reintegro de la venta del bien propio, sino recompensa por la construcción realizada con inversión del dinero de ambos cónyuges- mediante un análisis integral y sistemático del plexo probatorio, y como se afirmó, observando el principio de congruencia, quedando así desplazado el segundo agravio del recurrente (arts. 34 inc. 4; 163 inc. 6°; 164 y 272 del CPCC).
En primer lugar, corresponde aclarar que “en materia de liquidación de la sociedad conyugal, para estar en presencia de un supuesto de recompensa lo que importa, en todas las hipótesis, es el desplazamiento patrimonial producido a favor de una masa propia o ganancial y en perjuicio de otra u otras -…- Con las recompensas se procura, por tanto, reincorporar en cada masa de bienes (la de la comunidad y la de cada uno de los esposos), los valores que por distintos motivos han ido desprendiéndose de ellas, de manera de recomponer la integridad del patrimonio de cada uno de los cónyuges, evitando que uno de ellos se beneficie a costa del otro.” (Sambrizzi, Eduardo Antonio, El régimen patrimonial del matrimonio en el nuevo código civil y comercial, 1° ed., La Ley, Bs As, 2016, p. 567)
Por ello la doctrina sostiene que: “El concepto teórico subyacente para reclamar el derecho a recompensa es el de enriquecimiento sin causa, previsto expresamente en el art. 1794 CCyC. Es importante señalar que esta teoría recién cobra virtualidad una vez extinguida la comunidad-…- El pago de la recompensa supone la satisfacción de una relación crédito/deuda entre un cónyuge acreedor y un cónyuge deudor, pues se trata de créditos debidos entre cónyuges, o entre uno de ellos y los herederos del otro a causa de su participación en la comunidad”. (Código Civil y Comercial de la Nación comentado; dirigido por Marisa Herrera; Gustavo D. Caramelo Diaz; Sebastian Picasso. - 2a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones SAIJ, 2022. Libro digital, PDF, pp. 163,164)
Contemplando el otro cariz del enriquecimiento sin causa, con profuso análisis se sostiene que “Es preciso ahondar en ambos extremos de la teoría (enriquecimiento y empobrecimiento respectivo). Es que, si solo se atendiera al beneficio podría suponerse que, en su ausencia, el crédito se diluiría, lo que a la luz de los principios que sostienen el régimen argentino luce inaceptable. Así las cosas, la recompensa también persigue corregir el perjuicio sufrido por la masa que hizo el aporte. Y con ello, preservar la integridad patrimonial que pudo verse afectada por ese peculiar “préstamo” que se mantuvo latente durante el matrimonio” (Molina de Juan, Mariel. Las cuentas de la liquidación de la comunidad. Revista de Derecho Privado y Comunitario. 2020. Cuestiones patrimoniales del Derecho de las Familias I, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, pp. 71-110).
Tornando al caso en análisis, respecto a la prueba de la recompensa solicitada por la actora, no puede dejar de valorarse la presunción del art. 491 del Código Civil y Comercial, que dispone que “Si durante la comunidad uno de los cónyuges ha enajenado bienes propios a título oneroso sin reinvertir su precio se presume, excepto prueba en contrario, que lo percibido ha beneficiado a la comunidad”; así como tampoco la presunción de ganancialidad que recepta el art. 466 del código de fondo.
En efecto, quedó acreditada la venta del inmueble propio de la actora durante la vigencia de la sociedad conyugal (v. oficio acompañado mediante escrito del 02/05/2019).
Por otra parte, de la pericia obrante a fs. 224/250 realizada el 20/07/2019 surge: “Que sobre el lote Circ. XIII Secc. B Mnz. 108 a Parc. 6 se encuentra una edificación, a la cual no se puede acceder en este acto, por no contar con la llave de acceso se hace una estimación por metros cuadrados de superficie de terreno y metros cuadrados construidos. De acuerdo a los metros que constan en la inscripción de dominio, el inmueble tiene una superficie de 295 mtrs. con 50 metros construidos, dicha construcción es de calidad buena y aparenta buen estado de conservación, con una antigüedad estimada en los 5 a 10 años máximo…” (fs. 228 in fine) Es decir, la construcción se efectuó durante la vigencia del régimen de comunidad de ganancias. Este extremo es corroborado por el relato de los testigos, transcriptos en la sentencia de primera instancia, en los siguientes términos: “…surge del relato textual de testigos de la parte actora que las partes “primero vivían en Irigoyen y luego, en Villa del Deportista”… “Cuando se vendió la casa de Lobería, se empezó a construir en Necochea”….De los testimonios escuchados en presencia de la suscripta, se hizo referencia a “dos casas: La Verbena (mercado) y la casa de al lado…la casa grande”….Al ser preguntados por el motivo de la designación “La Verbena”, respondieron “ para poner un negocio…le pusieron “la Verbena” y así quedó” …(textual).
Otro testigo, escuchado en ocasión de llevarse a cabo la última audiencia en autos expresó que “…iba a la Verbena (primero, mercado y luego picadas, para encuentro de amigos” …” Luego, se alquiló, cuando se separaron y M… se lo alquiló a otro. Así, pasó a llamarse “El Gallo Negro”, (pizzería)”…. ”ya no estaban juntos…”….(citas textuales de las manifestaciones testimoniales)”.
Tampoco dejo de advertir que el accionado consintió lo resuelto por la magistrada en el punto 7 de la sentencia -sin cuestionamientos en esta instancia- que dispuso la fijación de un canon compensatorio a su cargo, a favor de la actora, por exclusividad en la percepción de los arriendos vinculados a la explotación del negocio construido sobre la parcela 6. En suma, tengo por acreditado con la prueba señalada que ambos cónyuges invirtieron dinero en la realización de la construcción emplazada sobre el lote 6, que resultó en una mejora para el mismo, correspondiéndole a la actora una recompensa por el 50% de la mejora que implicó la construcción realizada sobre el lote identificado catastralmente como Circunscripción 13, Sección B, chacra 108, Mza. 108 A, Parcela 6 (Matrícula 55587 -076 Necochea), lote que al momento de la extinción de la comunidad no era de propiedad de ninguno de los cónyuges pero que, por posterior compra del Sr. O…, luego del divorcio, le generó un beneficio en su patrimonio, producto de la mejora que representó en el inmueble la mencionada construcción (arts. 375, 384 del CPCC; arts. 488, 491, 493 y 494 del CPCC).
Ahora bien, en relación al valor de las mejoras sostiene F… que: “el valor” de las mejoras incorporadas a un bien propio es ganancial, generando un crédito por recompensa, cuyo deudor es el cónyuge titular del bien propio beneficiado, y acreedor el otro cónyuge, que tendrá derecho a reclamar el 50% del valor de las mejoras realizadas” (F, F…, El régimen patrimonial del matrimonio, Ed. Rubinzal Culzoni, 1° ed., Santa Fe, 2017, p. 282). En cuanto a la recompensa a favor de la Sra. G… estimo adecuado diferir su valuación a la etapa de ejecución de sentencia, donde deberá determinarse por el mayor valor del lote (Circunscripción 13, Sección B, chacra 108, Mza. 108 A, Parcela 6 (Matrícula 55587 -076 Necochea) en comparación al valor que tenía con anterioridad a las mejoras realizadas durante la sociedad conyugal, ello a efectos de garantizar el contradictorio y la bilateralidad en su discusión.
Concluyo que de la forma señalada se resguardan los derechos de la actora atento el modo en que fue resuelta en primera instancia la cuestión y la posterior anulación que aquí se dispone; y asimismo se garantizan los derechos del demandado, con respeto a los límites que imponen los recursos (arts. 253, 272 del CPCC), preservando así a ambas partes de cuestiones que pudieran resultar sorpresivas en el tránsito de la senda recursiva, sin pérdida al derecho de la ulterior revisión de lo cuantificado oportunamente en la instancia (art. 242 y ss del CPCC).
No obstante, es función de esta Alzada brindar los parámetros para proceder a tal cuantificación (art. 165 CPCC) lo que resulta de la conjugación de los art. 493 y 494 del CCyC.
Sostiene la doctrina: “La idea de las recompensas se vincula con el enriquecimiento sin causa donde la responsabilidad está dada por el menor de los dos valores entre el provecho, por ser éste el límite del enriquecimiento, y la erogación, porque con ella quedaría restablecido el equilibro.” (Bueres Alberto, Código civil y comercial de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial. Ed. Hammurabi, 1ra. Ed., Tomo 2, 2016, p. 285). Si bien la regla para el cálculo del monto de la recompensa se asienta sobre dos variables: se tiene en cuenta el aporte o gasto de lo invertido y el provecho subsistente, tomando el valor más bajo de ambas cifras; dos excepciones se imponen a dicha regla: 1°) cuando el gasto fue necesario, la recompensa no puede ser menor que el gasto efectuado; y 2°) Si el valor aportado sirvió para adquirir, conservar o mejorar un bien, la recompensa no puede ser menor al beneficio subsistente o provecho.
“La segunda excepción indica que la recompensa no puede ser menor al beneficio subsistente o provecho (mayor valor que tiene la cosa por ese aporte, aun cuando el gasto sea menor) siempre que el valor aportado haya servido para adquirir, conservar, o mejorar un bien existente al momento de la liquidación en el patrimonio del “prestatario”. Esta excepción representa la aplicación pura y simple de la noción de deuda de valor.
O sea, aunque el gasto sea menor, se computa el enriquecimiento obtenido a causa de ese aporte siempre que se den alguno de los siguientes supuestos: (i) se destinó a la adquisición del bien, (ii) se utilizó para su conservación, aunque este caso ha generado alguna duda si se tiene que compatibilizar con el inciso anterior, pues la conservación se refiere a los gastos necesarios, (iii) se empleó en una mejora del bien. Este último sería el supuesto de mejoras útiles (construcción edificada sobre un terreno propio o ampliación o reformas que aumentan el confort)” (Molina de Juan Mariel, ob. cit., p. 16).
En definitiva: “No se trata de resarcir un gasto inocuo en cuanto a la valorización del bien al que se aplica, sino que se tiende a recompensar el hecho de que ese gasto haya dado más valor a la cosa.-…- los casos más frecuentes son construcciones o ampliaciones sobre inmuebles” (Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Dir. Jose María Curá, 2° edic. actualizada y ampliada, Ed. La Ley, 2016, Tomo II, p. 351).
Con los parámetros señalados deberá procederse durante la etapa de ejecución de sentencia a efectuarse el cálculo de la recompensa del 50% a favor de la actora, en función de la mejora que representa el mayor valor del lote por la construcción realizada sobre el mismo (Circunscripción 13, Sección B, chacra 108, Mza. 108 A, Parcela 6 (Matrícula 55587 -076 Necochea), respecto -comparativamente- al valor que tenía con anterioridad a la construcción, y de acuerdo a las prescripciones de los arts. 493 y 494 del CCC.
III. 3. Tercer agravio.
El demandado se agravia en esta parcela del recurso de los puntos 10 y 11 de la resolución de primera instancia, que determinan el carácter ganancial del “vehículo Volkswagen SAVEIRO 1.6 dominio IXB 246 conforme la documental glosada en autos que acredita una adquisición a título oneroso del mismo en fecha 13-11-2014” y del “cuatriciclo Honda TRX 250 DOMINIO 576 conforme la documental glosada en autos que acredita una adquisición a título oneroso del mismo en fecha 27-2-2015”, ordenando su adjudicación en un 50% para cada ex cónyuge.
Sostiene en su impugnación: “Estos vehículos no se encontraban en la sociedad conyugal al momento de la disolución, fueron vendidos para comprar el ETHIOS que si la integran”, y agrega que los testigos fueron contundentes, sin haberse valorado sus testimonios.
El agravio no procede. Conforme surge de los informes de dominio (fs. 34/36 y 40/42) tanto el vehículo como el cuatriciclo fueron adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal, no teniendo virtualidad suficiente para contrarrestar este extremo -a partir del cual la magistrada hace lugar a las recompensas- las manifestaciones del apelante, carentes de respaldo probatorio (art. 466 del CCyC).
En efecto, el demandado sostiene que los testigos fueron contundentes sin hacer referencia alguna al contenido de las declaraciones que, a su criterio, serían dirimentes para una resolución en contrario (arts. 375, 384 y 456 del CPCC).
Estas consideraciones me llevan a concluir sobre la improcedencia de la crítica en examen (arts. 260 y 261 del CPCC).
IV. Agravio de la actora. Punto 13 de la sentencia.
La actora critica la sentencia en cuanto determinó el carácter ganancial del vehículo AA933 OF, marca TOYOTA ETIOS XLS, valorando la documental acompañada que daba cuenta de su adquisición a título oneroso el 17/02/2017, es decir hallándose vigente la comunidad, y ordenando su adjudicación en un 50% para cada ex cónyuge.
Es importante destacar que la sentencia de divorcio dictada en el marco de la causa “G… M… M… s/ Divorcio por presentación unilateral”, Expte. N° 18.290, que tramitó ante el Juzgado de Familia N° 1 tuvo por extinguida la comunidad a partir de la fecha de la promoción de la demanda, esto es 10/05/2017, extremo consentido por la actora; por lo que sus manifestaciones respecto a la fecha de separación y a la compra del vehículo, una vez acaecida esa separación, no resultan conducentes para controvertir el período durante el cual se tuvo vigente la comunidad, comprensivo del 26/12/2011 al 10/05/2017 (art. 480 del CCC).
Efectivamente, surge del informe de dominio del automotor (v. p. 13/14 del oficio acompañado al escrito del 3/06/21) así como del formulario de AFIP, que la fecha de adquisición del vehículo fue el 17/02/2017 (v. fs 88).
Por lo que corresponde confirmar la parcela de la sentencia que determina el carácter ganancial del vehículo AA933 OF, marca TOYOTA ETIOS XLS; y ordena su adjudicación en un 50% para cada ex cónyuge. Sin embargo, tal argumento es precisamente lo que hace que corra distinta suerte el agravio que reposa en el reclamo del carácter ganancial del préstamo del banco de la provincia de Buenos Aires, asistiéndole razón a la impugnante cuando afirma: "si el automotor es ganancial también lo es la deuda, por lo cual amerita compensación el monto de la misma por parte del Sr. O…".
Tal como surge de fs. 100/104 el préstamo fue otorgado durante la vigencia de la sociedad conyugal por un valor de $ 267.800 (14/02/2017), y según afirma el propio demandado, el valor aproximado del automotor a esa fecha era de $ 250.000 (v. fs. 94 in fine de la contestación de la demanda). Advierto así que existe contemporaneidad entre el otorgamiento del préstamo (14/02/2017) y la adquisición del vehículo Etios (17/02/2017) y similitud entre el valor del vehículo y la suma del préstamo bancario otorgado a la Sra. G…, constituyéndose ellos en indicios concordantes que hacen presumible que el crédito adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal tuvo como fin la adquisición del vehículo automotor referenciado. Precisamente la coincidencia temporal y económica entre ambas operaciones le otorgan verosimilitud a lo afirmado por la actora (arts. 375 y 384 del CPCC).
Conforme la doctrina legal, la prueba indiciaria “debe hallarse integrada por una serie de elementos que, por su número, trascendencia, univocidad, concordancia, etc., permitan que la inferencia presuncional (esto es, el paso reductivo que va desde los indicios al hecho que se admite) resulte ágil, espontánea o intuitiva (conf. causas C. 97.561, "Jara", S 15/10/2008; C. 101.199, "Trubbo", S 17/6/2009; C. 119.370, S 09/05/2018 e.o).
Por lo expuesto, la comunidad adeuda a la actora el valor del préstamo otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires de fecha 14/02/2017, por lo que corresponde hacer lugar a la recompensa solicitada por la actora, para cuya cuantificación considero que -tratándose de una deuda de valor y habiendo representado el crédito adquirido para comprar el automotor en una suma similar a su precio- corresponde que la recompensa sea determinada en el 50% del valor del vehículo Etios, el que se determinará en la etapa de ejecución de sentencia (arts. 491, 493 y 494 del CCyC, art.165 2° párrafo del CPCC).
Las costas se imponen en el orden causado (art. 71 CPCC).
En consecuencia, a la primera cuestión planteada voto por la NEGATIVA.
A la misma cuestión planteada la Señora Jueza Issin votó en igual sentido y por análogos fundamentos.
A la misma cuestión planteada el Señor Juez Loiza votó en igual sentido y por análogos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA BULESEVICH DIJO:
Corresponde revocar parcialmente la sentencia dictada el 1 de febrero de 2023, en los siguientes términos: 1. Declarar la nulidad del punto 15 de la sentencia, dejando sin efecto la ganancialidad del inmueble identificado como Circunscripción 13, Sección B, chacra 108, Mza. 108 A, Parcela 6 (matrícula 55587), Necochea (076) y consecuentemente, dejando sin efecto la adjudicación del 50% del mismo a la Sra. G…. 2. Dejar sin efecto la recompensa determinada en el punto 8 de la resolución de la sentencia. 3. Establecer a favor de la actora una recompensa por el 50% de la mejora que implicó la construcción realizada sobre el lote identificado catastralmente como Circunscripción 13, Sección B, chacra 108, Mza. 108 A, Parcela 6 (Matrícula 55587 -076 Necochea), difiriendo su cuantificación a la etapa de ejecución de sentencia, conforme los parámetros valorados en el considerando III. 2. b). 4. Hacer lugar a la recompensa solicitada por la actora, con causa en el préstamo otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires de fecha 14/02/2017, para cuya cuantificación corresponde que sea determinada en el 50% del valor del vehículo Etios, el que se determinará en la etapa de ejecución de sentencia, conforme los parámetros valorados en el considerando IV. 5. Atento el modo en que fue resulta la cuestión las costas de alzada se imponen en el orden causado (art. 71 del CPCC). 6. Se difiere la regulación de honorarios para la oportunidad en que exista base firme para tal fin (art. 51 L. 14.967).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión planteada la señora Jueza Issin votó en igual sentido por los mismos fundamentos.
A la misma cuestión planteada el Señor Juez Loiza votó en igual sentido y por análogos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
Necochea, 5 de diciembre de 2023.
VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se revoca parcialmente la sentencia dictada el 1 de febrero de 2023, en los siguientes términos: 1. Declarar la nulidad del punto 15 de la sentencia, dejando sin efecto la ganancialidad del inmueble identificado como Circunscripción 13, Sección B, chacra 108, Mza. 108 A, Parcela 6 (matrícula 55587), Necochea (076) y consecuentemente, dejando sin efecto la adjudicación del 50% del mismo a la Sra. G…. 2. Dejar sin efecto la recompensa determinada en el punto 8 de la resolución de la sentencia. 3. Establecer a favor de la actora una recompensa por el 50% de la mejora que implicó la construcción realizada sobre el lote identificado catastralmente como Circunscripción 13, Sección B, chacra 108, Mza. 108 A, Parcela 6 (Matrícula 55587 -076 Necochea), difiriendo su cuantificación a la etapa de ejecución de sentencia, conforme los parámetros valorados en el considerando III. 2. b). 4. Hacer lugar a la recompensa solicitada por la actora, con causa en el préstamo otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires de fecha 14/02/2017, para cuya cuantificación corresponde que sea determinada en el 50% del valor del vehículo Etios, el que se determinará en la etapa de ejecución de sentencia, conforme los parámetros valorados en el considerando IV. 5. Atento el modo en que fue resulta la cuestión las costas de alzada se imponen en el orden causado (art. 71 del CPCC). 6. Se difiere la regulación de honorarios para la oportunidad en que exista base firme para tal fin (art. 51 L. 14.967).
Notifíquese mediante el depósito del presente en el domicilio electrónico constituido por las partes (art. 10 Ac. 4013 t. o. Ac. 4039 del 14/10/2021 SCBA)
Demandado (Dr. Migdal)
Actora (Dra. Vives)
Fin de la sentencia