Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de la Matanza · Causa 3798
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la nulidad planteada a fs. 483 por considerar abstracto – en el caso – su tratamiento (art. 169 y ccdtes del CPCC);
2Atento a lo que surge de las constancias de autos, y el estado en que hoy se encuentran las personas involucradas en el presente proceso revocar la RESOLUCIÓN de fs. 468/470 y en consecuencia disponer que la declaración de abandono y el estado de adoptabilidad resulta prematura debiendo en el caso agotarse todas aquellas medidas que no fueron realizadas en el momento oportuno a fin de implementar el régimen de visitas más amplio a favor de la madre dentro del hogar donde hoy se encuentra la niña alojada o en el ambiente que el Sr. Juez de grado estime corresponder, con participación de profesionales en el área de psicología, trabajo social y psiquiatría, los que cada uno de ellos - dentro de su competencia - elaborarán cotidianamente los informes respectivos de la evolución de la niña y su relación para con su madre, debiendo brindarse en dichos encuentros un marco de contención y protección adecuado que no excluya ningún aspecto - estrategias o modalidades que incluya a todos los integrantes de la familia - que pudiera incidir en un proceso de revinculación a los efectos que el juicio definitivo sobre su factibilidad sea suficientemente fundado.
Paralelamente el Sr. Magistrado deberá además arbitrar con la mayor celeridad que el caso amerita todas aquellas medidas útiles a fin de hacer conocer a los organismos competentes la …
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICAL
S. G. S. E. s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS Juz. flia. nº 7 Causa nº 3798/1 RSD nº 83 Folio nº 508 En la ciudad de San Justo, Provincia de Buenos Aires, a los 18 días del mes de Junio de dos mil quince, reunidos en Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de la Matanza, de la Sala Primera Doctor Ramón Domingo Posca y de la Sala Segunda Doctor Sebastían Emilio Iglesias Berrondo para dictar pronunciamiento en los autos caratulados: "S. G. S. E. s/ Medidas Precautorias", Causa N° 3798/1, habiéndose practicado el sorteo pertinente – art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires-, resulto que debía ser observado el siguiente orden de votación: POSCA - IGLESIAS BERRONDO resolviendo plantear y votar las siguientes:
1.-¿Resulta abstracto, en esta etapa del proceso, el tratamiento del recurso de nulidad planteado a fs.483?
2. En caso afirmativo ¿Resulta ajustada a derecho la resolución de fs.468/470?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR RAMÓN DOMINGO POSCA DIJO:
I. Antecedentes del caso.
A fs. 468/470 el Sr. Sentenciante de grado resuelve declarar el estado de abandono y consecuente estado de adoptabilidad de la niña S.E. S.G.. A fs. 483 la Sra. G. deduce recurso de apelación, recurso que fuera concedido en relación a fs. 484, fundando con el escrito de fs. 485/486 vta. A fs. 487 se corre traslado, siendo contestado por la Sra. Asesora de Incapaces Deptal a fs. 488/490 vta. En consecuencia, a fs. 492 se elevan las presentes actuaciones, siendo radicadas ante esta Sala Primera a fs. 493. A fs. 494 pasan los Autos al Acuerdo, a los fines de tomarse contacto con la menor de autos, su progenitora y su hermano. Finalmente, a fs. 506 pasan los Autos para Sentencia, practicándose el Sorteo de Vocalia a fs. 508. Asimismo, corresponde aclarar que en los presentes obrados, con fecha 07 de abril de 2015 se realizó el sorteo de orden de estudio, quedando designado como Vocal preopinante el Dr. José Nicolás Taraborrelli, quien por encontrarse posteriormente en uso de licencia, se procede a conformar nueva integracion, siendo sorteado el Dr. Sebastian Emilio Iglesias Berrondo, en consecuencia y adecuada la integracion, corresponde me avoque al estudio de la presente causa.
Dentro de los agravios expuestos por la apelante, se desprenden los siguientes: La quejosa solicita se decrete la nulidad de la resolución, ello por haberse omitido correr traslado previo a la declaración de abandono, que el Servicio Local de Promoción no ha implementado estrategias reales para lograr la revinculación con su hija S., que la niña en ningún momento ha manifestado no querer ir con su madre o desear tener otra madre, como así también que ella cuenta con las habilidades y condiciones necesarias para cuidar de su hija. Que siempre ha tratado de solucionar la problemática familiar compareciendo al Juzgado todas las veces que fue citada por voluntad propia, y finalmente que deben adoptarse medidas positivas en pos de solucionar tales implicancias.
II. La solución Como cuestión preliminar, a fin de dilucidar si es correcto o no declarar la nulidad de un acto procesal, es preciso valorar los hechos acaecidos en la causa bajo la óptica del art.18 de la Constitución Nacional por el cual se asegura y garantiza el derecho de defensa en juicio a las partes.
Es de importancia destacar, como bien lo expresa ENRIQUE FALCON que “a los efectos de la procedencia de una nulidad, interesa que exista un vicio, o la violación de una forma procesal o la omisión de una acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, esa indefensión constituye casualmente el perjuicio para la parte”. (Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, T I, pág. 693).
En este mismo sentido sostiene la jurisprudencia que “para la admisión de la nulidad de los actos procesales es preciso que existan vicios que afecten a los sujetos o elementos del proceso, esto es violaciones a las formas ordenadas para regular el procedimiento judicial. De ello dedúcese que el sistema de nulidades implementado por la ley procesal está dirigido a evitar que por actos viciados se provoque en estado de indefensión en alguno de los justiciables. Garantízase así el derecho a defensa en juicio y por la misma razón, toda la nulidad procesal tiene carácter relativo” (CN Civ., Sala A, 27-3-95 “Pécora José y otro c/ Impronar S.R.L. y otro”, pág. 679 de la obra citada ut supra.
La medida de abrigo ha sido tomada por el Servicio Local Dptal, como consecuencia de la situación denunciada de vulnerabilidad en que se encontraba la menor, y la legalización de la misma fue hecha por el Sr. Juez de Familia Interviniente bajo las pautas establecidas por la normativa que ha otorgado competencia a los nuevos Juzgados de Familia Unipersonales (Ley 13634). El artículo 1 de la ley provincial 13298, establece que “La presente ley tiene por objeto la promoción y protección de los derechos de los niños, garantizando el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos y garantías reconocidos en el ordenamiento legal vigente, y demás Leyes que en su consecuencia se dicten”.
El efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Convención sobre los Derechos del Niño, y demás tratados de Derechos Humanos ratificados por el Estado Argentino aparecen como pilares de protección frente a la situación de un niño y su relación con el entorno familiar. Es por ello que todas las actuaciones realizadas resultan de un valor que no puede dejarse de lado para obtener un acabado conocimiento de la situación vivida por la niña. La medida adoptada ha sido en salvaguarda de la integridad de ella, por lo que mal puede pretenderse una nulidad de lo actuado cuando dichos intereses se encuentran en contradicción con otros que resultan de menor rango para el caso concreto, donde el riesgo resultaba inminente. Es así que las políticas de promoción y protección integral de derechos de todos los niños, son el conjunto de orientaciones y directrices de carácter público dictadas por los órganos competentes, a fin de guiar las acciones dirigidas a asegurar los derechos y garantías de los niños.
Es dable destacar que la nueva normativa en Derecho de Familia contempla medidas tendientes a la protección de aquellos principios cuando los niños se encuentren presuntamente amenazados y/o vulnerados, derivando, en el caso de S., a una institucionalización como resultado de una medida de protección tomada a favor de ella. En la actualidad, y aún bajo la nueva normativa que ha estructurado e implementado un nuevo servicio de justicia en lo que respecta al Fuero de Familia y de Responsabilidad Penal Juvenil (ver arts. 8 al 17 y arts. 18 al 85 de la Ley 13634 respectivamente) y el acompañamiento de los organismos creados para tal fin – en el caso el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de La Matanza, ello no debe resultar en desmedro de una debida valoración del caso puesto que ello también forma parte del interés superior del niño.
Hay que tener en cuenta que la declaración de una nulidad por la nulidad misma, podría ser causa de un daño aún mayor a los derechos de la niña. Verificar si los actos procesales llevados a cabo fueron útiles para la salvaguarda del menor resulta primordial, puesto que los actos que se han producido en protección de sus derechos que presuntamente han sido vulnerados no pueden ser dejados de lado en perjuicio del interés superior de la menor.
Por otra parte la falta de intervención de la madre y que destaca al expresar agravios ha de ser subsanada en esta instancia mediante la aplicación de un criterio conservador del proceso en la medida que sea compatible con la verdad objetiva y la mejor tutela de la niña y de su grupo familiar, auspiciándose en cuanto sea necesario una integración al procedimiento original de nuevas secuencias que constituyan suficiente garantía del principio de debida audiencia y de la contribución de los recursos económicos e interdisciplinarios que puedan asegurar los derechos fundamentales. La doctrina expresa al respecto: “La nulidad es una sanción que aniquila el proceso, con una indudable lesión al principio de economía procesal y un detrimento para las propias partes que sin duda deben aspirar a ver finiquitados sus conflictos de intereses, frente a ello se alza el principio de “conservación de actos procesales”, que apunta precisamente a dejar vivo el proceso, remediando en la instancia – cuando ello es posible – las eventuales falencias de la sentencia en crisis”. (ARAZI, Roland, comentario al artículo 253 en “Código Procesal Civil y Comercial de La Provincia de Buenos Aires, Anotado y comentado, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe 2009, pág. 479). Ello no significa en este caso convalidar actos procesales que han sido guiados en ausencia de la progenitora y sin tomar conocimiento directo de la niña cuyo estado de abandono se decretó y de su hermano. La solución se explica explorando con suficiencia la problemática familiar.
Esta Sala Primera “in re” “B. M. C. s/ Protección de Persona” (Expte. Nro.: 872/1) RSD: 32/06 Folio Nro.:277 con fecha 18 octubre de 2006, tiene dicho respecto a la intervención de los progenitores en el proceso que: “…Me parece, que en la etapa preadoptiva, donde se declara el estado de abandono y el estado de adoptabilidad, los padres deben necesariamente ser oídos, no bastando con la mera notificación de la resolución que decreta el abandono. Y su déficit debe ser subsanado, sin que ello implique retrotraer el procedimiento, en las etapas ulteriores donde se decida la adopción del menor (…)La garantía del debido proceso así lo exige, considerando las consecuencias de una declaración de adopción, que implica también un juicio de valoración acerca de la conducta de los progenitores (…)". En el caso, la progenitora de la niña ha recurrido la declaración del estado de abandono y adoptabilidad, con ello se controvierte todo el control del procedimiento llevado a cabo en el presente proceso. En consecuencia, atento a todo lo expresado precedentemente, teniendo en cuenta el interés superior de la niña, las constancias obrantes y las diligencias cumplimentadas, deviene en abstracto el tratamiento de la nulidad planteada, debiendo abocarse inmediatamente a la cuestión de fondo que es traída ante esta Alzada.(arg. art. 169, 253 y ccdtes del CPCC).
Por ello, por todas las consideraciones expuestas, legislación aplicable, antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
Por idénticos fundamentos, el Dr. Igresias Berrondo adhiere y VOTA EN IGUAL SENTIDO.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR RAMÓN DOMINGO POSCA DIJO:
Importa destacar que la excelentísima Corte Suprema de Justicia ha decidido reiteradamente que debe tenerse en cuenta al interpretar las leyes la finalidad perseguida por las normas, indagando lo que dicen jurídicamente por encima de lo que parecen decir literalmente. Es regla de interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (doctrina de Fallos 297:142 y sus citas de Fallos 207:140; 255:192 y 360; 262:41, 470 y 477; 281: 146). La misión judicial, ha dicho el Alto tribunal, no se agota con la sola consideración indeliberada de la ley porque, sin mengua de ella, es ineludible función de los jueces, en cuanto órganos de aplicación del ordenamiento jurídico vigente, determinar la versión, técnicamente elaborada, de la norma aplicable al caso, tarea a que la Corte se ha referido aludiendo al establecimiento del sentido jurídico de la ley como distinto de su aceptación semántica o vulgar – Fallos 244:129; 241: 227 y otros- y como resultado de una interpretación sistemática y razonable.
También porque los jueces, en cuanto ministros de la ley, son servidores del derecho para la realización de la justicia, que puede alcanzarse con resoluciones positivamente valiosas derivadas razonadamente del ordenamiento jurídico vigente – Fallos: 236:550; 243:80 y otrosincluso en los principios que lo integran para la decisión de los casos concretos (doctrina Fallos 249:37 y sus citas). Con remisión al dictamen del señor Procurador General ha expresado en Fallos 303:578: que la interpretación de la ley comprende, además de la armonización de sus preceptos, su conexión con las otras normas que integran el ordenamiento jurídico vigente (fallos 271:7); que la interpretación requiere máxima prudencia, cuidando que la inteligencia que se asigne a las normas no pueda llevar a la pérdida de un derecho (Fallos 274:300 y 276:218) o el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción (Fallos 278: 259 y 280:75).
La Corte Suprema Nacional ha tenido permanentemente presente que no debe prescindirse de las consecuencias que naturalmente derivan de un fallo toda vez que constituye uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la interpretación y su congruencia con el sistema en que está engarzada la norma (Fallos, t. 234, p. 482). Ver también sus sentencias publicadas en la Ley (LL), de fechas 30-11-62, 110-305; 7-4-67, 129-962; 12-2-76, 1976 B 375; 5- 10-76, 1976 D 515; entre otras.(Esta Sala Primera “in re” "Villegas Graciela Rosario c/ Miranda Osvaldo Hector s/ Alimentos", Causa N° 3788/1 RSD: 71/15, Folio 410, 11/06/2015)
Ahora bien, sentado ello y adentrándonos al análisis de las presentes actuaciones, “el derecho a la vida familiar tiene hoy pleno reconocimiento en el ámbito internacional, regional y nacional; se aprecia no sólo como una obligación pasiva, de no intromisión o respeto por parte del Estado, sino como una obligación positiva, es decir, un deber de favorecer, incentivar y fortalecer los vínculos familiares. En este sentido, el reconocimiento de la familia como elemento básico de la sociedad, con derecho a la protección de la sociedad y el Estado, constituye un principio fundamental del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, consagrado por los artículos 16.3 de la Declaración Universal, VI de la Declaración Americana, 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 17.1 de la Convención Americana.
El desarrollo del derecho a la vida familiar es incipiente en la jurisprudencia regional interamericana; de cualquier modo, la CIDH ha establecido de manera expresa que "el Estado se encuentra obligado a favorecer el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar; que el niño debe permanecer en él, salvo que existan razones determinantes, en función del interés superior de aquél, para optar por separarlo de su familia. La excepcionalidad de la separación familiar encuentra su razón de ser en el hecho de que el disfrute mutuo de la convivencia entre padres e hijos constituye un elemento fundamental en la vida de la familia, siendo una de las interferencias más graves la que tiene por resultado la división de la misma".
(Familia de origen vs. familia adoptiva: De las difíciles disyuntivas que involucra la adopción. Kemelmajer de Carlucci, Aída Herrera, Marisa. Publicado en: Sup. Const. 2011 (noviembre), 09/11/2011, 20 - LA LEY2011-F, 225. Fallo comentado: Cámara de Apelaciones de Trelew, sala A ~ 2011-07-08 ~ Asesoría de Familia e Incapaces nº 2 s/estado de preadoptabilidad (C.L., C. E.)Cita Online: AR/DOC/4838/2011). Dicho esto, “…es pertinente situar a la declaración de desamparo familiar de un niño en la normativa legal referida a la infancia. La declaración judicial de desamparo familiar del niño hace pie en diferentes normas de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley Nacional 26.061 –agregando por mi parte a la Ley 13298 de Promoción y Protección de los Derechos del Niño en la Provincia de Buenos Aires-, el Código Civil, La Constitución Provincial.
Estos Textos Legales se ocupan especialmente de los derechos de la infancia vulnerados y amenazados. La Convención sobre los derechos del Niño en su artículo 9º abre la puerta a la declaración judicial de desamparado familiar, apoyándose en el interés superior del niño cuando reza: “…Los estados partes velarán porque el niño no sea apartado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres (…)”.
En el apartado 3º de dicho artículo se dispone que se respetará (…) el derecho del niño que esté separado de uno o ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. Asimismo el artículo 20 de dicho plexo legal refiriéndose a los niños cuyo interés superior exija que no permanezcan en su medio familiar establece que “…tendrá derecho a la protección y asistencia especiales del Estado”. Por su parte, la nueva Ley Nacional –ley 26061- en su normativa también alude a la declaración judicial de desamparo familiar y de adoptabilidad de un niño. Así en su art. 11 al referirse del derecho a la identidad establece una excepción al derecho del niño de conocer a sus padres biológicos, a crecer y desarrollarse en su familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres (…) salvo que dicho vínculo amenazare o violare alguno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que consagra la ley (…) solo en los casos en que ello sea imposible y en forma excepcional tendrán derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo o a tener una familia adoptiva, de conformidad con la ley”.
El Código Civil en su artículo 307 al referirse a la privación de la Patria Potestad en su inciso 2º dispone que una causal que da pie a dicha medida lo es “(…) por el abandono que hiciere de alguno de sus hijos, para el que los haya abandonado aun cuando quede bajo guarda o sea recogido por el otro progenitor o un tercero (…)”. (CARRANZA, Jorge Luis “Desamparo Familiar y Adoptabilidad” , Ed. Alveroni. Págs.18/20.).
Que asimismo la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en su artículo 36 inc. 2º dispone en cuanto a los derechos sociales que: “…De la Niñez. Todo niño tiene derecho a la protección y formación integral, al cuidado preventivo y supletorio del Estado en situaciones de desamparo y la asistencia tutelar y jurídica en todos los casos”.
Que en lo que respecta a la ley de “Promoción y Protección integral de los Derechos de los Niños de la Provincia de Buenos Aires” –ley 13298 y sus modificatorias-, la misma regula que: “La presente Ley tiene por objeto la promoción y protección integral de los derechos de los niños, garantizando el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos y garantías reconocidos en el ordenamiento legal vigente, y demás Leyes que en su consecuencia se dicten”. (art. 1); Que “Quedan comprendidas en esta Ley las personas desde su concepción hasta alcanzar los 18 años de edad, conforme lo determina la Convención sobre los Derechos del Niño. Cuando se menciona a los niños quedan comprendidos, en todos los casos, las niñas, las adolescentes y los adolescentes”.(art. 2) (el subrayado me pertenece); Que “La política respecto de todos los niños tendrá como objetivo principal su contención en el núcleo familiar, a través de la implementación de planes y programas de prevención, asistencia e inserción social” (art. 3) (El subrayado me pertenece); Que “Se entiende por interés superior del niño la máxima satisfacción integral y simultánea de sus derechos en un marco de libertad, respeto y dignidad, para lograr el desenvolvimiento de sus potencialidades, y el despliegue integral y armónico de su personalidad.
Para determinar el interés superior del niño, en una situación concreta, se debe apreciar: la condición específica de los niños como sujetos de derecho, la opinión de los niños de acuerdo a su desarrollo psicofísico, la necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, y sus deberes, la necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de los niños, y las exigencias de una sociedad justa y democrática. En aplicación del principio del interés superior del niño, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de todos los niños, frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.” (art.4); Continua diciendo que “La garantía de prioridad a cargo del Estado comprende: Protección y auxilio a la familia y comunidad de origen en el ejercicio de los deberes y derechos con relación a los niños.
Asignación privilegiada de recursos públicos en las áreas relacionadas con la promoción y protección de la niñez. Preferencia en la formulación y ejecución de las políticas sociales públicas. Preferencia de atención en los servicios esenciales. Promoción de la formación de redes sociales que contribuyan a optimizar los recursos existentes. Prevalencia en la exigibilidad de su protección jurídica, cuando sus derechos colisionen con intereses de los mayores de edad, o de las personas públicas o privadas”. (art. 7)(el subrayado me pertenece); Que “La ausencia o carencia de recursos materiales del padre, madre, tutor o guardador, sea circunstancial, transitoria o permanente, no constituye causa para la exclusión del niño de su grupo familiar, o su institucionalización.
(art. 9) (el subrayado me pertenece); Que “Se consideran principios interpretativos de la presente Ley, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing) Resolución Nro. 40/33 de la Asamblea General; las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, Resolución Nro. 45/113 de la Asamblea General, y las Directrices de Naciones Unidas para la prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices del RIAD), Resolución 45/112” (art. 10); Que “Los derechos y garantías de todos los niños consagrados en esta Ley son de carácter enunciativo. Se les reconocen, por lo tanto, todos los derechos y garantías inherentes a la persona humana, aun cuando no se establezcan expresamente en esta Ley (art. 11); Los derechos y garantías de todos los niños reconocidos y consagrados en esta Ley, son inherentes a la persona humana, en consecuencia son: De orden público; Irrenunciables; Interdependientes entre sí; Indivisibles.
(art. 12); Que “Los derechos y garantías de todos los niños, reconocidos y consagrados en esta Ley, sólo podrán ser limitados o restringidos mediante Ley, de forma compatible con su naturaleza, los principios de una sociedad democrática, y para la protección de los derechos de las demás personas” (art. 13); Que “Las medidas de protección son aquellas que disponen los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos cuando se produce, en perjuicio de uno o varios niños, la amenaza o violación de sus derechos o garantías, con el objeto de preservarlos o restituirlos. La amenaza o violación a que se refiere este artículo, puede provenir de la acción u omisión de personas físicas o jurídicas”.
(art. 32), que “Las medidas de protección de derechos son limitadas en el tiempo, se mantienen mientras persistan las causas que dieron origen a la amenaza o violación de derechos o garantías, y deben ser revisadas periódicamente de acuerdo a su naturaleza”. (art. 33 según ley 13634)(el subrayado me pertenece);“Que se aplicarán prioritariamente aquellas medidas de protección de derechos que tengan por finalidad la preservación y fortalecimiento de los vínculos familiares con relación a todos los niños. Cuando la amenaza o violación de derechos sea consecuencia de necesidades básicas insatisfechas, carencias o dificultades materiales, laborales o de vivienda, las medidas de protección son los programas dirigidos a brindar ayuda y apoyo incluso económico, con miras al mantenimiento y fortalecimiento de los vínculos familiares”.
(art. 34) (el subrayado me pertenece), como así también en lo que refiere a la medida de abrigo, dispone que: “La medida de abrigo es una medida de protección excepcional de derechos, que tiene como objeto brindar al niño, niña o adolescente un ámbito alternativo al grupo de convivencia cuando en éste se encuentren amenazados o vulnerados sus derechos, hasta tanto se evalúe la implementación de otras medidas tendientes a preservarlos o restituirlos. La aplicación de la medida de abrigo, que siempre se hará en resguardo del interés superior del niño, es de carácter subsidiario respecto de otras medidas de protección de derechos, salvo peligro en la demora. La familia ampliada u otros miembros de la comunidad vinculados con el niño, niña o adolescente, serán considerados prioritarios al momento de establecer el ámbito alternativo de convivencia (…)Durante la aplicación de la medida, el organismo administrativo trabajará para la revinculación del niño, niña o adolescente con su familia de origen; evaluará la implementación de otras medidas tendientes a remover los obstáculos que impedían la debida protección de los derechos del niño, niña o adolescente; guardará de mantener la unidad entre hermanos; facilitará el contacto con la familia de origen y buscará la ubicación del mejor lugar para cada niño, niña o adolescente cerca de su domicilio...”(art. 35 bis) (el subrayado me pertenece).
Asimismo, el decreto reglamentario 300/05 de la ley 13.298, en su artículo 35 reglamenta que: “La medida de abrigo tiene como objeto brindar al niño un ámbito alternativo al grupo de convivencia cuando en este se encuentran amenazados o vulnerados efectivamente sus derechos y garantías hasta tanto se evalué la implementación de otras medidas tendientes a preservarlos o restituirlos. Antes de tomar la medida y de acuerdo al derecho a ser escuchado, deberá tenerse en cuenta los deseos y consideraciones del niño”. (art.35.1), “Los motivos graves que por sí mismo autorizan la separación del niño de su grupo familiar, están dados por la letra y espíritu de los artículos 9° y 19 y concordantes de la Convención de los Derechos del Niño. En forma simultánea a la disposición de esta medida, se deberá trabajar con la familia del niño a fin de procurarle la orientación y condiciones necesarias para abordar las dificultades que ocasionaron la medida dispuesta y facilitar - siempre que sea posible- el retorno del niño a su seno familiar. En el transcurso de la ejecución de esta medida se favorecerá todo contacto o vinculación del niño con su familia”. (art. 35.2)(el subrayado me pertenece).
Asimismo, por su parte, “… la doctrina nacional se ha esforzado en arribar un a concepto de desamparo familiar. Así se ha sostenido que: “Se entiende por abandono el desprendimiento de los deberes del padre o de la madre sin llegar al extremo de la exposición o sea la abdicación total de los deberes de crianza, alimentación y educación que impone la ley y no simplemente el cumplimiento más o menos irregular de los deberes resultantes de la patria potestad”, “la determinación de la causa de abandono es un fenómeno no lineal de naturaleza compleja. Es un concepto impreciso que abarca diversos y diferentes estadios en los que dicha causa puede encontrarse, entre los que se hallan comprendidas todas aquellas aflicciones que inciden sobre la personalidad del menor desviándole o perturbándole en su desarrollo integral.
Como bien se ha sostenido, “El abandono es una situación antijurídica que el menor padece y lo es porque conculca derechos que le corresponden por naturaleza y de los que el Estado se hace eco en su legislación”. Sentado tales cuestiones, importa traer a la memoria que: “…el niño es sujeto de derecho, no objeto de posesión de sus padres. Autorizada jurisprudencia a nivel nacional ha expresado que: “…Sostener que el niño es sujeto de derechos significa que la función educativa que garantiza el desarrollo del niño debe cumplirse como resultado de una interacción entre el adulto y el niño y no como efecto de una acción unilateral en la cual el niño asume el rol de un objeto de derecho (…) sus derechos esenciales, reconocidos todos en la CDN y plasmados más aún en detalle en la nueva Ley 26061, se satisfacen naturalmente en el seno de su familia: Pero hay circunstancias, casos puntuales, en que los padres defeccionan en su rol de formación, crianza y educación de los niños.
Es que la autoridad parental de los progenitores lo es “para” la formación y educación del hijo. La Patria Potestad es una institución que encuentra su basamento en la naturaleza y recibe el reconocimiento del Derecho en función del desarrollo, el cuidado, la formación y la educación del niño. El derecho –función otorgada a los padres con relación a los hijos- requiere de una inmediatez, de un cuidado, de una cercanía, de un ocuparse y preocuparse diario y cotidiano, atento a las necesidades primarias y fundantes del pequeño. La trascendencia de las necesidades básicas de los niños que dan suficiente sustento a sus derechos esenciales ha sido expresado contundentemente: “La satisfacción de necesidades primarias es cuestión de vida o muerte.
Por ello, puede decirse que un ser humano se encuentra en situación de bienestar si están satisfechas sus necesidades básicas”. Como acertadamente se ha sostenido: “las necesidades básicas primarias también llamadas “categóricas o absolutas”, son aquellas de cuya satisfacción depende la vida de la persona. No dependen de deseos idiosincráticos. Su insatisfacción causa un daño irreversible. Ejemplos de estas necesidades básicas que han de ser resueltas son las carestías de alimentación, salud, abrigo, vivienda. El deber de satisfacción de necesidades básicas primarias y secundarias instrumentales necesarias es de orden público. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha utilizado los términos más claros y contundentes demostrativos de la relevancia que tienen las necesidades básicas de todo niño, para privilegiar a quienes deben preferirse al momento de decidir su mejor derecho.
Ya no existe precisamente una potestad, una patria potestad, y ha nacido en cambio una verdadera función, la función paternal, reconocida y asegurada por el derecho, la cual ha de ser llenada por un ser capaz de proteger y educar, respecto de otro ser que estará en función de recibir protección y educación. Jurisprudencia cordobesa ha sostenido con acierto que: “La potestad jurisdiccional del Estado para sustituir a los padres en el ejercicio de los derechos que le son inherentes, sólo se justifica cuando hay elementos que manifiestamente se revelan como peligrosos para los menores y que la intervención del Estado se debe limitar a aquellos casos en que la conducta de los padres exige su actuación para preservar el orden público y proteger a los menores”.
El estado se constituye en una instancia proteccional de los derechos del infante”. (CARRANZA, Jorge Luis “Desamparo Familiar y Adoptabilidad” , Ed. Alveroni. Págs. 18/32).
Sin perjuicio de ello, resulta claro que “…no cualquier disfunción en el ejercicio de la patria potestad importa una declaración de abandono y de desamparo moral y material, sino aquella que es continua, permanente, evidente. ( art. 317 inc. AC.Civil). Y debe también ser analizada en cada caso en particular. Será aquella – como ya dijera- que prive a los niños de aspectos básicos que atañen a cuidados esenciales de la salud, seguridad, educación, formación espiritual, que contribuyen a la formación y desarrollo de su personalidad. Reconocido el deber y derecho de los padres de atender y cuidar a sus hijos por normativa constitucional y tratados internacionales (Convención de los Derechos del niño: art. 5, Constitución Nacional art. 75 inc. 22 y23).
Se ha dicho que "... La atención primordial al "interés superior del niño" a que alude el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño apunta a dos finalidades básicas, constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses y en criterio para la intervención institucional destinada a proteger al niño). El principio proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los conflictos del niño con los adultos que lo tienen bajo su cuidado. La decisión se define por lo que resulte de mayor beneficio para el menor, de esta manera, frente a un presunto interés del adulto se prioriza el interés del niño...". Los reclamos que los padres, en ejercicio legítimo de su derecho, no son suficientes, para enervar la situación de desamparo moral y material a la que han subsumido a sus hijas.
La jurisprudencia ha establecido que: "... Procede declarar a los niños en estado de abandono y adoptabilidad, si los padres no presentan una conducta responsable y autónoma que les permita ejercer de un modo efectivo sus roles paterno y materno...". Cobra aquí vigencia, la teoría de las necesidades subjetivas. Al tener el niño la necesidad de que se respete el desarrollo integral de su personalidad, careciendo de la capacidad para exigir de los demás ese respeto, surge la figura de la necesidad subjetiva como forma jurídica tendiente a lograr esa protección integral. Es la necesidad subjetiva, "... un poder recibir cuanto le es imprescindible —al menor— para que el proceso evolutivo de su personalidad se produzca adecuadamente...".
"... La necesidad subjetiva es la figura que fundamenta la existencia de un mandato jurídico que directamente capacita a los menores para poder recibir cuanto precisan para que el proceso evolutivo de su personalidad se desenvuelva en forma armónica e integral...". No hay "un interés superior a ser padres", ni un "derecho constitucional a ser padres", sino el "deber", la "función" de ejercer la patria potestad, orientada a la formación y protección integral de los hijos menores ( art.264 C. Civil). En tal sentido se expidió la S.C. de Buenos Aires (02/08/2005) en cuanto a que los "... jueces no se podían desentender de las circunstancias del caso que la ley manda concretamente valorar, siendo primordial a esos efectos la consideración fundamental del interés superior del niño, que debe priorizarse al del adulto, y que la Convención sobre los derechos del niño impone aplicar en los asuntos concernientes a los menores...".
Del mismo modo, tenemos que tener en cuenta también, el factor tiempo en la vida de los niños. El mismo es fundamental, vinculado con las decisiones judiciales y el impacto que tiene sobre la vida del niño. Vale decir, no debemos olvidar, el marco de estabilidad que necesitan para que el resto de su infancia, transcurra dentro de los estándares que marca la Convención sobre los derechos del niño. Es fundamental considerar que el transcurso del tiempo real en la infancia, no puede ser desconocido por quien debe decidir por ellos. Es que: "La función de los Magistrados no consiste en la mera reproducción del texto de la ley, sino en orientarse hacia una interpretación creativa de las normas en juego tendientes a asegurar el valor de la justicia...".
La infancia transcurre rápidamente y las decisiones que hoy se deben tomar deben proporcionarles la estabilidad que ellos requieren. Tal como sostiene Adriana M. Waigmaister, la celeridad y la certeza jurídica en la determinación de la situación del menor a adoptar evitará, la existencia de "huérfanos con padres vivos". Justamente, contemplar la estabilidad y factor tiempo en la vida del niño, tienen que ver con su interés superior. (YUBA, Gabriela,“El estado de adoptabilidad y el interés superior del niño”. Comentario a un fallo de la CSJN. Publicado en: DFyP 2010 (noviembre), 01/11/2010, 112 Cita Online: AR/DOC/7010/2010).
A mayor abundamiento “los expertos en victimología han ubicado en los primeros años de vida el lugar de mayor vulnerabilidad de los niños. El quid de la cuestión es lograr una pronta solución en cuanto proveer al restablecimiento del ejercicio por el niño de sus derechos esenciales, sin que ello implique al avasallamiento del debido ejercicio de derecho de defensa de sus progenitores. Por lo cual, debe contarse necesariamente al momento de decidir con un material probatorio que dé suficiente sustento a la resolución por la entidad de los derechos familiares que están en juego”. (CARRANZA, Jorge Luis “Desamparo Familiar y Adoptabilidad”, Ed. Alveroni. Págs.33/34 y nota de fs. 33)
En consecuencia, resulta esencial la intervención del cuerpo de profesionales, “tal como lo señala Kielmanovich, la cooperación interdisciplinaria es uno de los principios y características en los procesos de familia, dotando al juez de los elementos necesarios para resolver con mayor justicia el caso, dado que los conflictos de familia se encuentran atravesados por diversas aristas que involucran diferentes disciplinas. La jurisprudencia ha manifestado que: "... Previamente a expedirse sobre el estado de preadoptabilidad, debe requerirse la investigación de la real situación de abandono del menor. Como estas situaciones revelan perfiles peculiares, es necesario analizar prudentemente cada caso particular, dando prioridad al interés del menor y a uno de los principales derechos del niño, que es el de su identidad, preservando en cuanto fuera posible el entorno familiar...”.(YUBA, Gabriela “El estado de abandono y declaración de preadoptabilidad”.
DFyP 2011 (abril), 01/04/2011, 77 AR/DOC/542/2011). Vale decir, “juega en la determinación del abandono y desamparo moral o material, una valoración de distintos elementos, coronados con la mirada orientada hacia la protección del interés superior del niño (criterio rector que debe presidir toda cuestión que los atañe) y desde un enfoque de derechos humanos. Así entonces, se tendrán en cuenta las pruebas producidas, como las audiencias mantenidas con las partes, en virtud del principio de inmediación, la realización plena del derecho a ser oído y a emitir la opinión de los NNA, sujetos de derecho, junto con el aporte de la interdisciplina. En los últimos años, la complejidad de las relaciones familiares y de problemáticas vinculadas con la infancia, adolescencia y familias, impone que desde el ámbito de la Justicia , se tomen en consideración distintas disciplinas para su tratamiento.
Pensar que solamente desde el Derecho, las Ciencias Jurídicas se puede enfocar el tratamiento de estas cuestiones, es tener una visión parcial del mismo."… El Derecho ha admitido, aunque la mayor parte del camino reste por andar, que es menester una complementación con otros saberes para aprehender en su totalidad al ser humano…" .En ese contexto, se diseña el juez de los nuevos tiempos, no como espectador puro, neutro, sin ninguna relación con lo extrajurídico, confinado al expediente y al servicio de principios abstractos y en contacto sutil con el mundo de las esencias por su calidad de juzgador independiente e imparcial, "… sino el juez protagonista que dialoga con las partes y que tiene frente a él a los autores del drama y los acompaña, que reconoce… que la construcción de su sistema de comprensión debe ser interdisciplinario para poder atender al contexto de la persona y a sus especialísimas circunstancias –a las que ha de acceder a partir del trabajo en equipo-, que le permitirá organizar una estrategia útil , entendida como una solución actual y previsora…".
Todo este conjunto de actividades y herramientas citadas, son fundamentales a la hora de identificar la existencia de los recaudos que constituyen la plataforma fáctica y jurídica del abandono y desamparo moral o material. Ello, reiteramos, bajo el criterio rector del interés superior del niño.” (MEDINA Graciela, y YUBA, Gabriela. “El estado de abandono y la declaración judicial de preadoptabilidad desde el enfoque de derechos de la infancia y adolescencia”). “En definitiva, cualquier sentencia que se refiere al interés superior del niño, hoy, por mandato legal, debe señalar de modo puntilloso cómo los intereses de los padres y del niño están en contraposición; dicho de otro modo, cómo los padres, sustancialmente, en realidad, defienden su propio interés desentendiéndose del mejor interés del hijo”.
(KEMELMAJER DE CARLUCCI, AIDA HERRERA, Marisa “Familia de origen vs. familia adoptiva: De las difíciles disyuntivas que involucra la adopción”. Publicado en: Sup. Const. 2011 (noviembre), 09/11/2011, 20 - LA LEY 2011-F, 225. Fallo comentado: Cámara de Apelaciones de Trelew, sala A ~ 2011-07-08 ~ Asesoría de Familia e Incapaces nº 2 s/estado de preadoptabilidad (C.L., C. E.)Cita Online: AR/DOC/4838/2011).
Respecto a la pauta de que "el interés material y moral de los niños debe tener una relevante prioridad sobre cualquier otra ponderación", ésta amerita dos comentarios. “Por un lado, insistir que esa prioridad siempre requiere análisis en concreto. Por el otro, advertir que el "interés material" es un dato especialmente sensible en el contexto de una declaración de adoptabilidad. Como asevera Mary Beloff, un estándar regional impide separar a un niño de sus padres sólo por razones socio-económicas (conf. art. 33, ley 26.061). En efecto, el párrafo 76 de la Opinión Consultiva nro. 17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Condición Jurídica del Niño dice: "La carencia de recursos materiales no puede ser el único fundamento para una decisión judicial o administrativa que suponga la separación del niño con respecto a su familia, y la consecuente privación de otros derechos consagrados en la Convención"(...); y el párrafo 77 concluye: "El niño debe permanecer en su núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes, en función del interés superior de aquél, para optar por separarlo de su familia.
En todo caso, la separación debe ser excepcional y, preferentemente, temporal". En estos contextos, el "interés material" se relativiza, a tal punto de ser rechazado como criterio por la Corte Federal en una sentencia de 02/08/2005, que afirma: "En la tarea de esclarecer el criterio rector del interés superior del menor debe tenerse en cuenta, en primer lugar, el derecho deber natural de los padres, reconocido legalmente en los arts. 264, 265 y 275 del Código Civil, de tener consigo al hijo y a criarlo, alimentarlo y educarlo conforme a su condición y fortuna, por lo que no puede gravitar para el otorgamiento de una adopción solamente la circunstancia de que el niño, en otro ambiente, pueda tener mejores medios o posibilidades que los que le pueden brindar sus progenitores para desarrollarse adecuada y felizmente.
En ese contexto, debe destacarse el derecho que tiene todo niño de vivir, de ser posible, con su familia biológica constituida por sus progenitores. Es axiológicamente deseable que la identidad filiatoria de una persona se sustente desde su presupuesto biológico en vínculos consolidados en relaciones parentales constituidas a partir de la procreación". En países como el nuestro, donde la pobreza se ha transformado en un fenómeno estructural en importantes capas de nuestra sociedad, no hay que olvidar que la falta de recursos económicos viene acompañada de carencias educacionales, que también hacen a la posibilidad o no de asumir el rol de padre o madre de manera idónea y, por consiguiente, a la necesidad de un acompañamiento de parte del estado para efectivizar este derecho.
(KEMELMAJER DE CARLUCCI, AIDA HERRERA, Marisa “Familia de origen vs. familia adoptiva: De las difíciles disyuntivas que involucra la adopción”. Publicado en: Sup. Const. 2011 (noviembre), 09/11/2011, 20 - LA LEY2011-F, 225. Fallo comentado: Cámara de Apelaciones de Trelew, sala A ~ 2011-07-08 ~ Asesoría de Familia e Incapaces nº 2 s/estado de preadoptabilidad (C.L., C. E.)Cita Online: AR/DOC/4838/2011).
El Juez no debe limitarse a declarar la legalidad de las medidas tan excepcionales dispuestas por las autoridades del Servicio Local sin decidir una intervensión de contralor y disponer inmediatamente aquellas otras que aseguren la indagación de las causas de la problemática familiar. Al respecto se ha expresado que: “Otra materia que ha alterado tanto la litigiosidad de los juzgados de familia, como la función del órgano judicial, es la de control de legalidad de las medidas excepcionales de protección de niñas, niños y adolescentes –arts. 39 y 40 de la Ley Nacional 20061 y 35 bis de la ley 13298, modificada por la ley 14.537-. estas normas –como muchas de las correspondientes al resto de las provincias de nuestro país -han adoptado un sistema de protección integral de derechos en base a preceptos trazados por la CIDN, que trajo aparejado el desmantelamiento de la estructura tutelar erigida en torno a la figura del patronato del Estado.
Paralelamente, este nuevo sistema de “protección integral de derechos” –como lo define el art. 1 de la ley 26.061- otorgó al poder administrador la facultad de tomar las decisiones relativas a la separación de un niño de su familia, y al Poder Judicial la de controlar la legalidad de esta medida –art. 40 de la ley 26061, citado-. Ahora bien, más allá de la función del organismo administrativo, la incorporación de esta nueva materia a la competencia de los juzgados de familia, impone al juez la tarea de garantizar el cumplimiento de la obligación estatal de protección especial de las niñas, niños y adolescentes –arts. 18 a 21 CIDN- a través del control jurisdiccional. Por ello corresponde al juez: “ejercer un control judicial de oficio sobre los siguientes puntos: a) que se haya probado que se agotaron todas las medidas de protección posibles sin un resultado positivo; b) que la medida adoptada guarda una relación proporcional con el caso concreto, c) que la medida adoptada es la más idónea de todas las disponibles y d) que la medida adoptada conlleva más beneficios que perjuicios al sistema de derechos en general”.
Sin embargo la actuación del juez no podrá limitarse al simple dictado de un auto de “legalidad” de la medida excepcional, sino que deberá cumplir con el mandato que le atribuyen el art. 75, inc. 23 CN –adoptar “medidas de acción positivas que garanticen el goce y ejercicio de derechos (…) respecto de niños”-, y los citados arts. 18 a 21 CIDN. El juez deberá, entonces, garantizar la efectividad de los derechos del niño, más allá de la simple verificación de que el Poder Ejecutivo ha respetado las prohibiciones que la normativa le impone. Su tarea es constatar que se han tomado las medidas de protección apropiadas a la situación del niño y a justadas a los derechos fundamentales de la infancia; es decir, que se han agotado las medidas necesarias para que la vida –del niño- revista condiciones dignas” y de no ser así, ordenarlas”.
“Esta visión del juez como operador y ejecutor de la normativa protectora de derechos de la infancia, no solo no se opone con los principios rectores de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, sino que es la máxima garantía de su debido respeto y la única herramienta de control de juridicidad de los actos dispuestos por el órgano administrador”. (RAFFO, Pablo E. “Derecho de las Familias, Infancia y Adolescencia”. Infojus. Págs..52/54 vta.)
Finalmente respecto a la institucionalización de un menor se tiene dicho que "cuando el niño se encuentra en una institución del estado o en una ONG los peligros son por todos conocidos y pueden resumirse en una frase: la despersonalización que trae apareja esa situación al no contar con una familia que lo albergue. Y cuando los niños se encuentren en el seno de una familia sustituta o transitoria, comienzan a crear lazos de pertenencia con dicho núcleo afectivo que impelen a que se resuelva prontamente su situación para que cuando se produzca su ubicación definitiva en una familia en Guarda Judicial Preadoptiva, ello no sea registrado como una pérdida en su corta vida. Por su parte Aída Kemelmajer de Carlucci, ha dicho que “…el tiempo en el proceso ha de ser visto y valorado como un tiempo en la vida de los justiciables que participan en ese proceso. No ha de medírselo como un tiempo cronológico sino como una tiempo biográfico, porque hace a la vida personal de un ser humano…”, palabras que traspoladas a la vida de un niño adquieren una dimensión aún mayor. (CARRANZA, Jorge Luis “Desamparo Familiar y Adoptabilidad”, Ed. Alveroni. Págs.35/36).
Al respecto ésta Sala Primera tiene dicho in re “NN o A., NN o M. s/ Medida de Abrigo” (Causa Nro.: 1694/1), con fecha 09 de diciembre de 2009 RSD: 80/09, Folio Nro.: 592, que: “…La institucionalización, más allá de las excelentes cualidades y calidades que pueda exhibir la institución, lo cierto es que sin dudas dificulta la chance de vinculación de los menores en una relación de afecto con un grupo familiar – sea el biológico o el adoptante sustituto. Es preciso evitar que por cuestiones de desentendimiento y vacilaciones, los niños puedan permanecer internados por mucho tiempo. En los primeros años de vida de una persona, sus sentidos actúan como antenas que receptan, captan y absorben todo cuanto afecto e idea de familia pueda tener cerca, circunstancias que se generan fácilmente cuando el ámbito es el correcto (…) He expresado con anterioridad: “El eventual desinterés de la familia biológica o las dificultades y carencias que ésta presente, sin perjuicio que sus causas deben ser prontamente exploradas, no autoriza a mantener internados sine die a niños que padecen un riesgo potencial que el tiempo ha de incrementar porque las secuelas del abandono estigmatizan. El niño necesita una familia que le brinde amor y protección. Estas necesidades hacen a sus derechos elementales y no se satisfacen con los cuidados y esmeros que se les pueda prodigar en el instituto respectivo”. “Ello motiva si la situación expuesta aún persiste, la necesidad de requerir a la señora jueza a cargo del Tribunal de Menores y con intervención de la Asesoría de Incapaces, se arbitren las medidas útiles y con la mayor celeridad en los respectivos expedientes, si su estado actual lo exige, de manera tal que en un tiempo razonable se dé posibilidad a los niños mencionados en la presentación referida, de revincularse con su familia biológica y cuando ello no sea factible determinar su inserción en una familia que haya cumplido con los requisitos del Registro de Aspirantes a guardas con fines de adopción (Ac. SCBA Nro. 2707 del 4/6/96), agotando con tal procedimiento los recursos interdisciplinarios e institucionales, de acuerdo a las necesidades que cada caso demande. (arts. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17.1, 18, 20, 21, 24, 25, 28 y 31 y cc de la Convención de los Derechos del Niño; 75 inc. 22 CN)”. (“B. M.. C. s/ Protección de Persona”, Causa N°:872/1 RSD: 32/06 Folio 277, Sentencia del 18 de Octubre de 2006).”
Por último, respecto al estado de salud mental de los progenitores, importa destacar que: “En tal sentido, se afirma que la Convención sobre los Derechos del niño y la ley 26.061 admiten la separación cuando "el entorno familiar es lisa y llanamente disfuncional y hasta cuasi inexistente" (...) en consecuencia, “Las aseveraciones de la sentencia deben ser valoradas bajo el obligado tamiz de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la reciente ley 26.657 que introdujo modificaciones sustanciales al régimen. En primer término, incluso antes de la ley 26.657, "los inhabilitados tienen plena capacidad para ejercer todos los derechos inherentes a su vida familiar, aun cuando los mismos tuvieren consecuencias de tipo patrimoniales, que estos efectos surgen directamente de la ley y no constituyen actos de disposición. Pueden, entonces, contraer matrimonio, reconocer hijos, impugnar su paternidad, adoptar divorciarse o separarse personalmente, etc.". El art. 23 de la Convención citada dispone en la parte relativa al "respeto del hogar y de la familia" que "Los Estados Partes garantizarán los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad en lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la adopción de niños o instituciones similares, cuando esos conceptos se recojan en la legislación nacional; en todos los casos se velará al máximo por el interés superior del niño. Los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a las personas con discapacidad para el desempeño de sus responsabilidades en la crianza de los hijos" (...) "Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas no sean separados de sus padres contra su voluntad, salvo cuando las autoridades competentes, con sujeción a un examen judicial, determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que esa separación es necesaria en el interés superior del niño. En ningún caso se separará a un menor de sus padres en razón de una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno de ellos".(Familia de origen vs. familia adoptiva: De las difíciles disyuntivas que involucra la adopción. Kemelmajer de Carlucci, Aída Herrera, Marisa. Publicado en: Sup. Const. 2011 (noviembre), 09/11/2011, 20 - LA LEY2011-F, 225. Fallo comentado: Cámara de Apelaciones de Trelew, sala A ~ 2011-07-08 ~ Asesoría de Familia e Incapaces nº 2 s/estado de preadoptabilidad (C.L., C. E.)Cita Online:
AR/DOC/4838/2011).
En similar directriz, esta Sala Primera “in re” “B. M. C. s/ Protección de Persona” (Expte. Nro.: 872/1) RSD: 32/06 Folio Nro.:277 con fecha 18 octubre de 2006, tiene dicho respecto a la intervención de los progenitores en el proceso, la actuación del Juez y la declaración de abandono que: “…Por otra parte se destaca que: “ al regular la actividad del juez en el marco de un proceso “asistencial“ como el de marras establece como procedimiento en general, disponiéndose que aquél tome contacto directo con cada uno de los menores a su disposición (…)En cuanto al procedimiento para la comprobación del abandono, la Dra. Medina, señala que “El proceso debe ser flexible, dado que dentro de las características de lo que denominamos proceso cautelar de acompañamiento, voluntario, singular y especial, deben quedar habilitadas vías procesales para discutir aquellas cuestiones que no sean previsibles y que responden a las particularidades por las que puede atravesar un niño desamparado, desprotegido u olvidado“ (…)Adriana Mónica Wagmaister en la obra dirigida por Carlos Lagomarsino y Marcelo U.
Salerno: “Enciclopedia de Derecho de Familia“ (Editorial Universidad, Bs. As., 1991, Vol. I, pág. 165 y sgtes., expresa “...En materia de estudio del concepto de abandono y su declaración, con vistas a adopción de menores, resulta singularmente interesante, tener en cuenta, aunque sea en forma somera el sistema vigente en otras legislaciones, que hayan afrontado la regulación con especial acierto o interés. Toda referencia al Derecho Comparado ha de hacerse sin tratar de fomentar un mimetismo legal, que podría resultar atentatorio contra las peculiaridades nacionales, pero sin excluir por ello el estudio de fórmulas que hayan acreditado la validez supranacional o sean acomodables a otra realidad social distinta de la de su inicial origen o hayan tenido el acierto de lograr una expresión técnica adecuada a una finalidad comúnmente pretendida.
Así, al referirse a la legislación francesa expresa que “...sujeto abandonante deben ser los padres: implica un “manifiesto desinterés“ por parte de los padres, lo que supone, según interpretación jurisprudencial, “un comportamiento voluntario y consciente”. En orden a la declaración dispone que se dará audiencia al Ministerio Público y a los padres del menor o a su tutor..”; con referencia a la legislación italiana destacan que “En la ley italiana se identifica, en cierto modo, la situación de abandono con la declaración de adoptabilidad... y agrega la autora “...la declaración del estado de adoptabilidad la realiza el Tribunal de Menores, previa citación a efectos de audiencia de los padres o parientes, cuando estos no comparecieren sin motivo justificado, no hayan sido habidos o no hayan garantizado y cumplido su obligación de asistencia moral, mantenimiento, instrucción y educación del menor...”.
En suma, este fallo citado destaca que (…) El niño tiene derecho a vivir con su familia biológica. Cuando no es posible la inserción en la familia biológica primaria, al menos debe explorarse la posibilidad de atender otros vínculos familiares, no siempre con el interés exclusivo en la guarda sino más bien con las seguridades en materia de comunicación adecuada con aquellos miembros de la familia que insistan en mantener lazos afectivos con la menor. Los derechos de identidad familiar y de integrar una familia biológica no necesariamente se agotan en residir con la familia de origen sino en no desvincularse definitivamente de ésta. (…)Es deber del juez, como paso previo a la adopción o a otras medidas sustitutivas de cuidado del niño, de arbitrar los medios apropiados para determinar si efectivamente existe la necesidad de una nueva inserción familiar, otorgándose al magistrado la facultad de ordenar la inclusión del grupo familiar, particularmente cuando se trata de madre sola, en programas de apoyo y orientación con ofrecimientos de alternativas de solución para el cuidado del hijos“.(op. cit, p. 65).
(Esta Sala, mi voto en el expediente “N.N. o Ignacio s/Infracción art. 10 Ley 10.067, causa Nro. 520/1 R.S.D. 06/04, del 1 de abril de 2004). Ello no se ha cumplido en el caso y si bien la niña fue internada en un instituto, egresando recién cuando fue entregada a su actual guardadora, lo cierto es que debemos dejar muy claro que en contextos como el indicado, alojar a una criatura en un lugar tan distante de aquél donde reside la madre, implica desde el comienzo una inclinada cuesta para remontar los adversos contornos del caso. (…) La condición social, la educación, las pautas culturales se proyectan desde un abanico que comprende todas las clases sociales y en este sentido los jueces y funcionarios deben adoptar las decisiones sobre la base que refleja el caso concreto; con ello se procura preservar la identidad de los menores en cuya formación integral no puede estar ausente el Estado.
Se debe en todo caso agotar los recursos para evitar la disociación familiar, con mayor razón cuando el abandono tiene más elementos sociológicos que jurídicos. (op.cit., p.117). Con ello es posible discriminar el abandono moral del abandono material; el que reconoce causas objetivas, extrafamiliares, del que se produce por causas subjetivas, intrafamiliares y, aun el permanente del que se agota en un solo acto. (op.cit.. págs.117/118); (ver causa Nro. 520/1 R.S.D 06/04, citada). La doctrina ha señalado:“Mientras las causas objetivas, originen condiciones de vida emparentadas con la miseria, el abandono material desplegará sus nefastas consecuencias; a ellas deberán oponerse políticas de acción social destinadas a erradicarlas, o mejor aún, a prevenirlas.
En esta esfera de acción se halla comprometida la labor del Poder Ejecutivo”. (…) Con ello se procura agotar esfuerzos – bien vale la pena intentarlo – para no separar definitivamente a los menores de su familia de origen. Todo ello atañe a los derechos del niño a integrar una familia que le brinde afecto y sustento para su mejor formación integral. (…)Las causas de separación de un niño de sus padres o familiares en los casos cuya crudeza exhibe el expediente y nos ha tocado apreciar con inmediación en las audiencias respectivas, requiere de un estudio profundo y de una decisión fundada. La doctrina ha expresado: “Esto implica, según la opinión de algunos autores latinoamericanos, la intromisión del Estado para sancionar la pobreza, circunstancia particularmente grave si consideramos la posibilidad de que el niño protegido por el Estado puede ser separado en forma definitiva del seno de su familia mediante la adopción”.
En consecuencia, importa preguntarse ¿Hasta cuándo el Estado debe intervenir con la familia de origen para lograr la reinserción de un menor en su familia biológica? ¿Cuándo debe considerarse que se han agotado –desde la instancia judicial- todas las herramientas disponibles para posibilitar dicha reinserción y dar lugar al proceso de adopción?, para dar respuesta a dichas interrogantes debemos adentrarnos al análisis de las presentes actuaciones, a los fines de vislumbrar si la decisión adoptada por el sentenciante de grado –declaración de abandono y estado de adoptabilidad- resulta ajustada a derecho, ello en virtud a las constancias de autos – vale decir, estrategias realizadas por el cuerpo de profesionales- y la situación particular de los involucrados.
A fs. 2/3 el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños se dirige a la Prosecretaria de Gestión Administrativa de las Asesorías del Departamento Judicial de La Matanza, ello a los fines de poder efectivizar medida de abrigo en relación a los niños S. S. y su hermano A. A. S. G. –atento a que la madre de los mismos -Sra. G. C. M.- padecería una patología psiquiátrica que ponía en alto riesgo la integridad psicofísica de los menores.
Dicha medida surge a partir de la denuncia efectuada por un grupo de vecinos en la Unidad de Salud “Nicolle”. Según relato de los mismos, la progenitora durante las últimas semanas había tenido actitudes que hacían pensar que su patología psíquica se había agravado. Relataron que: “sale a la vereda y grita mirando al cielo”, “repite continuamente que su hijo es un arcángel y que con su mirada inicia los focos de fuego”, “día a día fue quemando todos los muebles de su casa en la vereda” –ver fs. 4 – A fs. 6/7 se desprende lo realizado por el Equipo Técnico, quienes se constituyen en el domicilio denunciado siendo atendidos por la Sra. G.. De dicha visita realizada se desprende que: “este equipo técnico se hace presente en el domicilio de la Sra. G. a fin de mantener entrevista, a partir de la situación denunciada por la Sala de Salud y por los vecinos. En el domicilio este equipo técnico se encuentra con la niña S. S., de cuatro años de edad, completamente desnuda. La Sra. G. permite el ingreso al domicilio a este equipo, pero allí se tornó imposible mantener una entrevista debido a que la Sra. No tenía un discurso coherente, por momentos se violentaba y no lograba responder las preguntas de este equipo. No supo precisar donde se encontraba su hijo...”
En consecuencia, a fs. 10/11 se presenta la Sra. Asesora de Incapaces, Dra. Silvia Alicia Clereci en las presentes actuaciones, ello a los fines de poder materializar la medida de abrigo solicitada por el Servicio Local, siendo dicha medida efectivizada en el Hogar “Casita de los Niños”, resolviéndose a fs. 51/51 vta. -con fecha 19/12/2012- confirmar la legalidad de la medida cautelar solicitada, hasta tanto se modifiquen las condiciones que la originaron.
A fs. 59/60 consta el primer informe por parte del Hogar, entre las declaraciones surge respecto de la menor S. que: “La niña se mostró en un principio angustiada situación que fue superando con el transcurrir de los minutos (…) S. presenta dificultades en el control de esfínter, como asimismo vincularse con otros chicos y adultos, es renuente a higienizarse y al contacto con otros, tiene incorporada pocas pautas, procura alimentarse en el piso, se enoja cuando se le indica alguna pauta, en sus juegos representa situaciones de maltrato físico y verbal…”.
A fs. 73/74 se remite informe en el cual dentro de las acciones realizadas se destaca que: “Se ha mantenido entrevista en la subsede de este organismo con la madre de la niña; asimismo desde la apreciación técnica surge que: “al día de la fecha, este organismo considera que no se encuentran dadas las condiciones para que S. retorne a su grupo familiar”.
A fs. 81/83 la Institución informa que: “en la actualidad se observan cambios significativos, S. presenta buen ánimo, un buen vínculo con pares y adultos, incorporó pautas de alimentación e higiene, controla esfínter, para el ciclo lectivo 2013 fue inscripta en prescolar en el jardín comunitario La Hormiguita Viajera dependiente de la asociación. (…)
A fs. 109/113, del informe realizado por la Trabajadora Social Laura Logarzo, y de la entrevista con la progenitora se desprende que “…Acerca de la vinculación con sus hijos, observan un trato desigual… En las contadas visitas trajo víveres y ropa para el niño, no así para S., con quien no se vinculaba. Luego de que A. se fueran del Hogar, la señora G. no volvió a ver a la niña. Mencionan que la falta de adherencia al tratamiento indicado, no habilita a la Sra. G. a continuar las vinculaciones, según lo relatado por el seguimiento del SLPyPDN (…) De la entrevista con G. surgen ideas persecutorias similares a lo relatado acerca de su historia familiar, se sugiere profundizar la evaluación con otras ramas profesionales e indagar el interés respecto a la niña, según lo relatado en el Hogar”. A fs. 119 surge informe del Dr. Juan Humberto Vallejos, psiquiatra, quien manifiesta que. “en el día de la fecha 22/11/2012 evalué a la Sra. G. M. presentando la misma en ese momento un discurso delirante de tipo paranoide…” aclarando la Sra. Asesora de Incapaces interviniente a fs. 120 que la misma no requiere internación mientras continué con tratamiento psiquiátrico”.
A fs. 165/166 se realiza informa a la menor S.G. S. del cual surge que “Informa que la madre actualmente no visita a la niña ya que los referentes del Hogar observaron que S. tenía conductas evitativas en relación a su madre. Durante las visitas se escondía detrás de otras personas, irrumpía en llanto y/o no le contestaba a las preguntas de la madre (…) Se observa una niña que teme vincularse con personas extrañas a su entorno. Es tímida y no se comunica verbalmente en forma fluida con es esperable para niños de su edad. Su desarrollo evolutivo está por debajo de lo esperable para niños de su edad”.
A fs. 267 la Sra. Asesora de Incapaces interviniente manifiesta que se comunicó telefónicamente con la Directora del Hogar Verónica Usinger, quien le informa que las visitas de los familiares en el hogar se llevan a cabo únicamente los días miércoles y que es este caso particular no pueden ser realizadas sin supervisión de un adulto ya que la progenitora no habilita el juego ni interactúa demasiado con la niña, solicitando asimismo dicha asesora ampliar el tiempo de visitas a una hora más y que respecto al retiro del hogar no debía hacerse lugar, ello en función del informe remitido por el Hogar a fs. 269/270. De dicho informe, se desprende que: “…En el comienzo la niña hablaba muy poco, respondía con sonidos guturales.
Ante cualquier acercamiento respondía con una sonrisa forzada de complacencia (…) Con las niñas no juega, ella juega con “S.” en espejo, es decir que en vez de tener un amigo imaginario, ella se desdobla y juega con ella misma, habla en tercera persona. Se observan indicadores claramente compatibles con situaciones de violencia, está muy atenta a ruidos fuertes y se preocupa cuando alguien eleva la voz (…) Los encuentros familiares se realizan semanalmente los días miércoles en el Hogar. La madre permanece con su hija, no interactúa con ella, es la niña quien intenta incluirla en algún juego como lo haría con otra niña. S. no demuestra afecto hacia ella. Incluso se refiere a su mamá como “ella”, y Su madre la corrige “soy tu mamá” (…) S. se interesa por el celular de su mamá, siendo estos los momentos que más comparten juntas (…) las despedidas no presentan ningún problema para la niña.
En un encuentro al concurrir con su hermano, la niña se refugió detrás de la responsable legal, no queriéndose acercar a él. Solo se acercó a la madre, cuando vio a su hermano lejos (…) Los discursos de la madre son incongruentes y contradictorios”. A fs. 302 el Hogar informa que: “Los encuentros con la progenitora continúan siendo distantes, se saludan pero luego no interactúan, la madre se relaciona con otras madres de los niños del Hogar. En algunas oportunidades se la observa hablando sola por el parque (…) solo ante el egreso de la madre, la niña manifiesta no querer que se vaya, aun no alejándose del portón de entrada la madre, la niña comienza a realizar su rutina. Cabe destacar el progreso intelectual y afectivo que ha tenido S., comenzó a jugar con niños más pequeños que ella, su vocabulario se amplió siendo más comprensible.
Ha comenzado a controlar la frustración de una negativa o la demora”.
A fs. 310 el Hogar informa que: “La niña manifestó querer ir a su casa con su madre, al preguntársele sobre la casa ella afirma que el Hogar es su casa y describió la casa de una cuidadora con la que paso las fiestas, también queremos poner en su conocimiento que la niña estuvo internada en el Htal de Niños de San Justo por micosis capilar. Continúa el tratamiento de manera ambulatoria con un antibiótico via oral. Se le informó a la madre que no concurriera a la visita en el Hogar los días miércoles ya que la niña estaba en el Hospital. La progenitora no demando saber que sucedía con la niña, aún en la última visita el último miércoles no mostró inquietud por la salud de S.. Si se interiorizó en saber a qué nivel de escolaridad concurría este año escolar. Reconociendo que la niña necesitaba efectivamente un mayor acompañamiento”.
A fs. 311/334 consta adunado informa diagnóstico realizado en la persona de la menor, por parte del Centro Educativo Terapéutico, realizado por los siguientes profesionales: Licenciada C. Fitte Psicóloga, Lic. Tonello psicopedagoga, Lic. Schetti Fonoaudióloga, Lic. Roldan Psicóloga, y Dr. Tobaresi Neurólogo infantil, del mismo se desprende que: “Se considera que su historia es netamente importante y causante de las dificultades a nivel adquisición de habilidades auto valimiento, sociales, comunicativas y cognitivas (…) Es evidente que S. no contó con los cuidados y la estimulación temprana esperable para un niño. Fue objeto de descuido y violencia familiar, trayendo como resultado retraso a nivel de desarrollo motriz, de lenguaje, de comunicación y juego. Dentro de dichas áreas afectadas es claro que S. está manifestando mayores dificultades para el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas, siendo su lenguaje verbal uno de sus hitos recientemente alcanzados. Este desfasaje en su desarrollo repercute directamente en otras áreas, como ser: adquisición de nuevas habilidades cognitivas, el desarrollo de juego simbólico, incoación espontanea de conversación, de juego, y conversación conjunta, entre otras cosas; limitando de esta manera su campo de interés y posibilidades de desenvolverse de una manera adecuada en actividades de grupo y juego, tanto individual como grupal (…)”.
A fs. 350/358 se aduna entrevista realizada a la Sra. G. C., del cual se desprende que: “…reiteradamente a los largo de proceso evaluativo manifiesta que se siente cansada y sin tiempos por los trámites inherentes a la presente causa (“me siento con cargas y cargas y cargas: muy cansada entre el trabajo, la vecina, la Defensoría, los chicos –hijos”) (…) Desde el punto de vista psicológico, se evalúa acerca de la entrevistada una estructura de características psicóticas, con dificultad para mantenerse estable emocionalmente durante extensos períodos, por lo que habría permanecido oculto en evaluaciones anteriores fuera de la continuidad del espacio terapéutico (…) Se evalúa obturado o cancelado el alojamiento simbólico del lugar de hija (S.), lo que permitiría explicar la dificultad del nombramiento (…) La niña convoca a la madre desde su necesidad de los afectivo, pero la progenitora no puede devolver esa mirada que lo aloje (desde lo real, en sentido psicológico).
En relación a la Sra. G., el vigor afectivo de su reclamo (desde el punto de vista discursivo, consciente) contrasta con la pasividad afectiva. Resulta significativa la jerarquización de “los tramites”, quedando secundarizadas las cuestiones inherentes a las responsabilidades del rol. (…) Se analiza una situación ambivalente entre aspectos primitivos y regresivos (…) En función de todo lo anteriormente expuesto, se evalúa la imposibilidad de que la entrevistada pueda implicarse de manera autónoma en el rol materno…”. Por mi parte, destaco que es previsible estados de ánimo disímiles por estar involucrada en una situación tan excepcional. A fs. 372 surge informe por parte del Hogar, quienes dan cuenta que: “A través del presente se quiere notificar sobre la vinculación de S.con su madre en el Hogar.
Se hace saber que S. está distante de su madre, la saluda cuando ingresa y juega con el celular de su madre, luego interactúa la niña con las demás niñas del Hogar. La madre conversa en esos momentos con las otras madres que visitan a sus hijos. El día 23 de abril del corriente año, la madre comenta que S. el miércoles anterior la había rechazado. En este día se escucha decir a S. a su madre que no quería regresar a la casa familiar. El 30 de abril, la madre prorrumpe en un llanto angustioso, y dice: que su hija la desprecia, que S.le dijo que se vaya. En el discurso de la madre no se percibe reflexión acerca de sus hechos que ocasionan la reacción de su hija. Aduce que a la niña se le marca lo que debe decir desde el Hogar…” A fs. 397 surge declaración del progenitor de la menor, Sr.
S. J.C. quien manifiesta que: “…considera que la progenitora que no se encuentra en condiciones de cuidar debidamente a S.…” y a fs. 398/399 vta. ante la perito psicóloga expone que: “la amo a mi hija”, pero seguidamente contempla que “Si ella va a estar mejor con una familia…” y exponiendo sus limitaciones económicas. Vira rápidamente a expresar que “ya no me llamen más. Si me vuelven a citar no voy a venir. Tengo derechos”.
A fs. 410 se aduna informe realizado a la Sra. G. por el psiquiatra Juan Humberto Vallejos informando que. “En todas las oportunidades la paciente se presentó con discurso delirante de tipo paranoide, agresividad contenida, rigidez de pensamiento, juicio desviado, sin alteraciones sensoperceptivas, se le ha indicado tratamiento farmacológico que la paciente solo cumplió un mes, en que se la observó más tranquila pero con persistencia de idea de perjuicio. Diagnóstico psicosis con delirio paranoide…”.
A fs. 428, del informe realizado por el Hospital Paroissien, surge “Diagnostico presuntivo: Trastorno de personalidad…”.
A fs. 433/439 se encuentra glosado el informe del Servicio Local, en sus conclusiones surge que: “Por otra parte, desde “Nuestro hogar”, lugar donde permanece la niña, han informado en reiteradas oportunidades que la vinculación que se da entre ella, su madre y A. no ha redundado en modificaciones positivas para su desenvolvimiento. Desde el remarcan que “se puede inferir que su avance sería mayor en una familia que la contenga y estimule. Si bien se desprende que S. se referencia con ambos “son buenos” y expresando que los extraña, es clara al mencionar que desea continuar residiendo en el Hogar, entendiéndose que para ella este es el único espacio propicio para vincularse. Por lo expuesto se considera que no se encuentran dadas las condiciones para el egreso de S. junto a su madre y su hermano, de tal forma se estima pertinente solicitar la situación de adoptabilidad de la niña a fin de garantizar que la misma pueda desenvolver e un grupo familiar alternativo en el cual se garantice el pleno ejercicio de sus derechos”. Al igual que fs. 454 informan que: “S. relata e inventa una familia ideal con nombres ficticios. Un día de visita en donde la madre le dice que la llevaría a Mac Donals; ella antes de retirarse su madre; dice sic “yo no quiero, yo no quiero a Mac Donals”, “no quiero ir con mi mamá”. Ella no se quiere ir con su madre, y cuando llega al Hogar alguien que ella no conoce, piensa que se la van a llevar con su madre y eso la atemoriza. Si dice que quiere una mamá buena. Al momento del ingreso S. saluda a su madre y al despedirse lo hace sin dificultad o llanto. También se quiere informar que la Escuela Especial Juntos para Crecer integra más días, siendo tres veces por semana, esto se debe a la buena adaptación que la niña ha realizado en este tiempo. La niña en el Hogar, ha logrado progresos intelectuales y emocionales; se puede inferir que su avance sería mayor en una familia que la contenga y estimule”. A fs. 455/457 se encuentra incorporado el dictamen sobre situación de adoptabilidad, en el cual se destaca que: “ En este caso, se resalta que la intervención se encuentra en una instancia en la que no existe posibilidad real de que la niña S. pueda retornar con su grupo familiar de origen con lo que debe dársele continuidad a la intervención apelando a aquellas instancias previstas en la legislación vigente (…) se dictamina que se encuentran dadas las condiciones de peticionar la situación de Adoptabilidad de la niña S.E.S. G.”
A fs. 460 surge informe del equipo directivo de la escuela secundaria básica nro. 21 y el equipo distrital de inclusión, quienes manifestaron lo siguiente: “Inferimos la necesidad urgente de una intervención del sistema de Salud para A. y su mamá”
A fs. 462/463 vta. atento al estado de las presentes actuaciones, la Sra. Asesora de Incapaces solicita se declare el estado de adoptabilidad de la niña S. E. S. G.(debiéndose resaltar que respecto del menor A., el mismo abandona la institución, en la cual junto a su hermana, se encontraba cumpliendo la medida de abrigo, para pasar nuevamente a convivir con su madre biológica)
Finalmente, a fs. 464/466, surge como informe de observación por parte del equipo técnico Programa Ahijar -servicio local- que. “Se destaca que S. debe atravesar un proceso de duelo de la convivencia con su madre para dar lugar al egreso institucional con otra familia…” y a fs. 511 el Hogar "Nuestro Hogar" remite informe suscripto por la Licenciada de Trabajo Social María Graciela Farina y el representante legal de dicho instituto.
Ahora bien, para poder realizar una correcta valoración de la prueba incorporada al proceso es preciso merituar también la conducta desarrollada de la madre dentro del mismo. Así, se desprende a fs. 83: “… Respecto a la vinculación de los niños G. con su progenitora, se puede mencionar que por solicitud del Servicio Local de zona 3 González Catán y a fin de dar respuesta a una demanda de la progenitora de los niños Sra. M. G., presentada ante dicho servicio, de poder visitarlos el día 23 de diciembre de 2012, con motivo del cumpleaños de S., se acordó pautar una visita de dos horas y media y la posibilidad con motivo de festejo de navidad de repetir la visita el día 24 de diciembre por la tarde. El día 23 de diciembre en el horario acordado M. G. se hizo presente en el hogar, presentando buen aspecto personal, trajo ropa a sus hijos y una torta para compartir (…) En la primera instancia de la visita a S. se la pudo ver de buen ánimo, alegre con la presencia de su progenitora en el lugar (…)Es de destacar que M. no es la primera vez que se hace presente en el Hogar, al poco de ingresar al Hogar el día 15 de noviembre A., se ausentó del Hogar un par de horas regresando acompañado por su progenitora. En otras oportunidades se presentó sola en forma espontánea. Aún sin ingresar al hogar, en todas las oportunidades tuvo breves contactos con sus hijos siendo este hecho supervisado por personal del Hogar”.
Del relevamiento vecinal a fs. 110 vta. /111 se desprende que: “…Se encuentran opiniones divididas respecto a que la Sra. G. hay prendido fuego sus pertenencias, algunos mencionan haber escuchado un rumor sin presenciar el episodio, otros dan cuenta de la falla eléctrica del televisor. Confirman que la familia estuvo evacuada durante la última inundación…”. Asimismo de dicho informe socio ambiental, surge que: “…Al salir de la intervención, se intercepta a la Sra. G. en la esquina del domicilio, quien regresaba de inscribir a S. en el jardín…” (…) “Expresa que A. inicia tratamiento médico psiquiátrico en Hospital Tobar Garcia a los 4 años de edad por derivación del jardín (…) expresa haberle realizado estudios neurológicos que no denotaban patología alguna”.
A fs. 114/115, consta el informe psiquiátrico realizado a la Sra. G., del mismo surge que: “realiza solo tratamiento psicológico con Lic. Villarroel, Cecilia en Centro de Salud Mental, San Justo HC Nª32.985 (T7/12-4/02 y 18/02/13), según refiere a partir del tratamiento que realizaba su hijo en el Tobar Garcia. En ese momento A. realiza tratamiento con Psicopedagoga Lic. Gonzalez y Dr. Migueles (psiquiatra). Me he puesto en comunicación el día 27 y en el día de hoy con los profesionales tratantes de la Sra. G. C. M. “manifestando la Lic Villarroel que luego de la derivación mencionada se le ha brindado a la sra. Contención, acompañamiento (siempre se manifiesta en un estado de soledad, no tener a quien recurrir) y orientación con las salas cercanas a su domicilio (…) manifestó preocupación por la evolución de su hija, derivándola a fonoaudiología, pediatría y se realizaron contactos con dichos centros, “no habiendo observado estado de abandono de la niña, sino que la Sra. G. C. M., no se explicaba por qué no podía evolucionar (…)Al momento del examen psiquiátrico, G. C. M., se encuentra lucido, con conciencia de situación, se presenta en buenas condiciones de aseo e higiene personal. Vestimenta que es apropiada, mantiene una postura y una marcha conservada. Se desplaza por sus propios medios (…) CONCLUSIONES: 1) G. C. M., no es alienada en sentido jurídico. 2) Padece TRANSTORNO PARANOIDE DE LA PERSONALIDAD. (…) 4)
Pronóstico reservado, dependiendo del tratamiento. 5) se sugiere tratamiento continuar tratamiento psicoterapéutico (…) 6) No se inscribe en el art. 141del CC.” A fs. 143/146 se incorpora informe realizado por el centro de Salud Mental Dr. Mario Tisminetzky, manifestando que: “respondiendo a vuestra solicitud de informar respecto de la atención brindada a la Sra. C. M. G. (DNI 24.117.443) y su hijo A. A. G. (DNI 42.720.574). Los mencionados concurren a este centro de salud mental desde el 13/08/2010 hasta la actualidad con un intervalo en el mes de julio del año pasado. Con respecto a la señora C. M. en el curso de las entrevistas psicológicas se han tomado como ejes su implicancia subjetiva en la crianza de sus hijos, en relación a su rol de madre. Asi como se intenta historizar datos de su historia personal y armado de redes al encontrarse sola en la crianza de sus hijos. Para lo cual se realizaron entrevistas con el Equipo de Orientación Escolar de la escuela a la que asistió A. con el acuerdo de que se mantienen en contacto (…) es de destacar que a lo largo de las entrevistas tanto la Sra. C. al ir desplegando sus problemáticas lograron reorientar sus estados emocionales, intentando ambos poner en palabras sus sufrimiento material y psíquico. (…) La misma ha expresado que le resultaba difícil aisitir a las mismas dada su circunstancia de vida, pero actualmente se encuentra más receptiva a la inclusión de redes de contención, mostrando que se interroga respecto de su rol de madre”
A fs. 155/158 surge la entrevista realizada a la progenitora por parte de la psicóloga Lic. Noemí Rascioni, de la misma se desprende que: “…respecto del análisis de las técnicas, se advierte una incipiente inclusión desde la simbolización de hija, para S.. Se infiere una muy incipiente capacidad de reflexionar sobre su accionar, acaso como efecto de intervenciones terapéuticas (considerándose necesaria su continuidad), lo que podría promover un cambio de posición subjetiva en cuanto a su implicación en el rol materno y atención a las necesidades de los menores…”.
A fs. 160, se presenta la Sra. C. m.G., ante a Sra. Asesora de Incapaces manifestando que desea ver a su hija, que en las oportunidades que se presentó al Hogar La Casita de Los Niños donde se encuentra residiendo su hija S. le manifestaron que tenía que traer una autorización. Luego se dirigió al servicio local de la Localidad de González catán y el operador Marcelo le comunicó previo a visitar a su hija tenía que ser entrevistada por el asistente social del Hogar y que nunca se comunicaron a los fines de citarla a dicha entrevista. Manifiesta que realiza tratamiento psicológico desde hace un año en el Centro de Salud Mental con la Lic. Cecilia Villarruel…”
A fs. 169 la Sra. G. manifiesta ante la Sra. Asesora de Incapaces interviniente que se presentó al servicio Local de González Catán a efectos de comunicarle al operador Marcelo que quería visitar a su hija quien le informó que estaba a la espera del informe que remitiera el Asistente Social del hogar La casita de los Niños para expedirse acerca de otorgarle la autorización o no visitarla. Asimismo, deja constancia que ha cambiado el teléfono celular siendo el actual…”. Ello debe ser supervisado por el Juez, a los efectos de determinar si las situaciones alegadas se han configurado y en todo caso pudieron haber condicionado temporariamente el derecho que por entonces se le había concedido a la madre para ver al menos a su hija una vez por semana.
A fs. 170 la Sra. de Incapaces interviniente informa que ha procedido a librar oficio al Servicio Local de Promoción y protección de los Derechos del Niño a efectos que tengan a bien remitir informe actual acerca de la situación de la niña S. G. S. E. como así también si se han expedido acerca de autorizar o no a la Sra. G. (progenitora de la Niña) a visitar a la niña en el Hogar la Casita de los Niños, ello toda vez que en varias oportunidades la misma (desde hace 4 meses) se ha presentado ante el servicio Local de González Catán y el operador que interviene en el caso le informa que para expedirse se encuentran a la espera de la remisión de un informe del Asistente Social del Hogar aludido…”
A fs. 190, la Sra. G. se presenta en las actuaciones con el patrocinio del Dr. Mario Moises Korb.
A fs. 197/261 se aduna historia clínica del paciente A. A.G., lo cual denota la preocupación de la madre por la salud de su hijo, procedente del Hospital Tobar Garcia.
A fs. 264 la progenitora solicita se le autorice visitar en el Hogar “Nuestro Hogar” durante mayor cantidad de tiempo a su hija y se la autorice a egresar de allí los fines de semana para poder pasear con ella”. El juez no intervino en esta delicada secuencia.
A fs. 291 la Lic. Psicóloga Cecilia Villarroel informa que “…es de observar la gran angustia que manifiesta por no estar conviviendo con su hija S.” A fs. 299/300, surge informe del perito asistente social Donnici Sabrina Judith que: “…De la consulta con varios vecinos surge la siguiente información: …afirman que de un tiempo a esta parte se la ve mucho más tranquila, diariamente sale de la casa en compañía de su hijo y regresa con este. El niño habría finalizado el ciclo lectivo escolar. Señalan que ya no se escuchan gritos ni discusiones en la casa; como así tampoco se la ve “hablando sola” en la calle, como lo hacía con gran frecuencia en el momento en el que los vecinos realizaron la denuncia.
De los datos obtenidos y la observación realizada en la presente intervención se puede considerar que: la madre de la niña S. G.habría modificado su conducta, esto podría responder al inicio de un tratamiento terapéutico que oportunamente se indicó. Por lo expuesto se infiere que la Sra. C. m.G. habría logrado adquirir estabilidad emocional.” A fs. 347 el equipo directivo de la Escuela Secundaria Básica Nro. 21 y el Equipo Distrital de inclusión informan que el Joven A. S. G. de 13 años de edad ha promovido el año 2013 sin adeudar ninguna materia, asistiendo regularmente a clases. Cursa actualmente el 2º (segundo) año de la escolaridad media en el turno de la tarde. A. se ha integrado adecuadamente en el grupo de pares.
Mantiene una relación de respeto hacia los adultos referentes de la institución y su presencia siempre es prolija y aseada…” Ello no ha sido considerado por la jurisdicción. A fs.361/370 se detallan los encuentros realizados entre la Sra. G., su hijo A. y la menor de autos S.. De los mismos se desprende que: “Primer encuentro: Para la primera visita asistida La Sra. C. M. G. concurre bien peinada y prolija, con vestimenta acorde. S. también concurre muy bien peinada y con detalles de vestimenta y accesorios acordes a la edad y género (…) Su madre la pondera por lo perfumada que está y “Lo lindo que tiene el pelo”. (…) La Sra. G. le expresa “¿Me amas?”. “¿Me extrañas?”. “¿Respóndeme mi amor?”.
Mencionan el tema de pediculosis y sus cuidados (“¿Te pasaste el peine? La otra vez que fui al hogar no me dejaste que te pase el peine”). El encuentro concluye de manera afectuosa. La niña llora un momento. Se abraza a su madre y le dice que quiere ir “A casa” (…) menciona su deseo de “Ver a A.” ( El subrayado me pertenece). Segundo encuentro: …Al finalizar el encuentro S.se despide afectuosamente de su madre, abrazándola. Se advierte acerca de evitar el ofrecimiento del teléfono celular a la niña, en el próximo encuentro (…) la Sra. G. acepta. “Tercer encuentro. La Sra. G. dice haber comprendido lo enunciado anteriormente. No ofrece su teléfono celular a S. a partir de este encuentro (…) se encuentra bien presentada con ropa moderna, mejorando incluso respecto de visitas anteriores.
(…) la Sra. G. comenta las comidas favoritas de la niña cuando convivían…”. Cuarto encuentro: “dada la previa intervención profesional sugerida al respecto, la Sra. G. le trae galletitas de chocolates y las entrega a S., luego de saludarla (…) S. esparce los juguetes ofrecidos. La Sra. G. le pregunta de qué jugas vos S.? (…) Luego S. saca naipes infantiles y convoca a su madre a jugar. La progenitora le explica como armar dos mazos a repartir (“Los del mismo palo”) y como jugar “Al chin chon” ( El subrayado me pertenece)(…) Hacia el final del presente encuentro la niña se despide cariñosamente de su madre, quien ofrece la modalidad anteriormente descripta…”. Quinto encuentro: “La Sra. G. continua observando a la menor.
Posteriormente abandona dicha actitud e interpreta algunas expresiones de S., facilitando la continuidad del despliegue lúdico iniciado.( El subrayado me pertenece) La niña toma un muñeco bebé de la caja (con detalles femeninos), se lo ofrece a su madre y entre las dos logran armar una instancia de juegos, todas respecto de cuidado (“Cambiale el pañal. Tiene fiebre. Le duele. Ponele crema”).(El subrayado me pertenece) Luego S. saca un juego didáctico (…) a madre la ayuda (…) hacia el final del encuentro, se despiden amablemente. La niña le reitera “Quiero ir a tu casa”, mirándola fijamente.( El subrayado me pertenece). La Sra. G. toma cierta iniciativa, preguntándole ¿Si?, ¿Queres ir a casa?”.
Sexto encuentro: “Se dispone un encuentro con la Sra. G. y su hijo A. (convivientes). La Sra. G. se muestra dispuesta y colaboradora en la entrevista. Ofrece una actitud conciliadora e intentando armonizar la inclusión de su hijo (…) No obstante posteriormente (A.) la refiere como autoridad en la negativa frente a las drogas, aduciendo comprender el cuidado de su salud (“ni porro. Nunca probé. Ella- Sra. G.- no lo permitiría. Ni eso ni nada de alcohol”). La Sra. G. comenta: “Siempre anduve atrás de A.…por ahí sin querer…descuidé un poquito a S.” (…) A. relata acerca de su vida cotidiana actual “Miro documentales, novelas, fútbol. Cenamos Juntos. Cocina bien ella” (…) la Sra. G., de modo espontáneo, alude a la carencia de ayuda en función de responsabilidad paterna (…) refiere no contar con red social de apoyo (adultos), circunscribiendo en torno a A. su única alternativa.
Séptimo encuentro: “ …Al ingresar al espacio propuesto, tanto la Sra. G. como A., se sientan juntos, de espaladas a la puerta, lo que les permite visualizar el juego de S. ( El subrayado me pertenece)(…) S. los convoca, buscando se atención desde el mismo juego, lo cual no puede poner en palabras (…) Asimismo, la Sra. G., llamándola, para que la niña se acerque. Con un comestible a la vista le dicen “Vení, tomá” sonriendo frente al acercamiento de S. (…) (Llora) Extraño a mi hija. Para mí son iguales. Tengo a A. pero un hijo no suplanta a otro” Me acuesto y me levanto pensando en mi hija”. A fs. 418 la Sra. G. manifiesta que se someterá voluntariamente a todos los estudios médicos ordenados por V.S. oportunamente a fs. 415/416 vta.
(fs. 428 el resultado). Aquí se debe resaltar que no se ha cumplimentado con la totalidad de los puntos de pericia ordenados por V.S. respecto a esta cuestion es de resaltar que Sentenciante de grado, ha ordenado que dicho informe contenga “b) riesgo cierto e inminente para si o para terceros que justifique la necesidad de internacion, siempre que no exista otra alternativa eficaz para su tratamiento; c) consentimiento informado del causante otorgado en estado de lucidez y con comprension de la situacion que atraviesa (…) d) régimen o tratamiento aconsejado; f) datos identificatorios del acusante y de su entorno familiar (…). Del mismo modo, dicho informe no fue suscripto por dos profesionales.
Como vemos, la prueba incompleta y fragmentada en este caso priva a la madre de una evaluacion integral. Deja pendiente de dilucidación cuestiones importantes y afecta ello al derecho de defensa en juicio de la progenitora En consecuencia, y en base a un pormenorizado relato de los hechos y elementos probatorios desplegados en el proceso, resulta evidente la participación de la madre y la preocupación de la misma por sus hijos, y su obediencia al proceso, sin perjuicio de las evidentes falencias socioeconómicas y estado de necesidad extrema en la que se encuentran atravesando todos los involucrados. En este caso puntual la conducta de la madre debe ser compulsada en forma integral, rescatándose que sus intenciones han sido puestas en evidencia con comportamientos concretos, insoslayables al momento de decidir una medida grave, trascendente, con repercusiones para toda la vida, tanto en la madre como en el hermano de la niña.
Asimismo resulta apropiado traer a la memoria lo resuelto por esta Alzada, en similares circunstancias, en los autos caratulados “NN o Gamez Brian Ariel s/ Medida de Abrigo” (Causa nro.: 2514/1, RSD: 250/12, Folio Nro.: 1368) de fecha 21 de diciembre de 2012, en dicho voto se ha dicho que: “…De las pruebas arrimadas al proceso, desarrolladas precedentemente y a las cuales me remito, surge el interés e insistencia de la progenitora en tomar contacto con su hijo B. Extensos informes corroboran sus intentos, a veces frustrados por circunstancias externas y otras por la falta de recursos al respecto, que no pueden soslayar la verdadera intención que esta madre tuvo y tiene, debiendo la misma ser acompañada por un equipo interdisciplinario, con el cumplimiento de tratamientos psicológicos para todas las partes y que resulten adecuados a las circunstancias del caso (…)De ello resulta que durante un largo tiempo, la Sra.
P. G. ha demostrado su preocupación por su hijo, no solo desde su primera presentación en el presente proceso que data de fecha 15 de Junio de 2011 (al presentar la nulidad) sino también en aquellas situaciones previas que hace referencia en la misma pieza (ver fs.84/94) que, intentando saber algo al respecto sobre el paradero de B, presuntamente se le fue negado, y cuya conducta se ha mantenido desde entonces”. En suma, la institucionalización no fue acompañada por un abordaje integral de la problemática familiar y ha operado en el caso como un factor de agravamiento de la desvinculacion familiar, con privación de una oportunidad que pudo haber subsanado las carencias que prima facie revelaba la situacion que ha motivado las presentes actuaciones.
La prolongada institucionalizacion de la niña a la fecha excede los dos años -ver fs. 51/51 vta.- sin una solución para su interes superior, constituyendo una situacion no deseable y que conspira contra las posibilidades de integracion a su familia biológica. El interés superior del niño no se concilia en ningún caso con prolongadas internaciones en un hogar. Se conocen porque se explican por si mismas, las dificultades que tienen las familias biológicas en insertarse con un niño que ha sido institucionalizado inclusive en un lugar relativamente distante del domicilio. Con mayor razón esa dificultad se advierte cuando la familia también está en riesgo, situación que debe inferirse de los propios hechos y no se abordan suficientemente con evaluaciones concernientes a aspectos parciales de la madre.
El juez no debe ser un mero espectador del proceso, ni delegar su función a organismos estatales que, sin perjuicio de su competencia, su actividad debe ser revisada.
Es muy difícil revincular a la familia cuando la niña esta institucionalizada y no se generan en forma progresiva alternativas para motivar la frecuencia mayor en las visitas o su adecuación en lugares donde la comunicación sea más espontánea. Toda resolución, con mayor énfasis en situaciones familiares, debe estar razonablemente fundada y en ese aspecto prima facie no se vislumbra – por la falta de fundamentos basados en percepciones directas del magistrado y en una valoración parcial de la prueba en las etapas decisivas del proceso- el peligro o riesgo que la madre pueda causar a su pequeña hija para sustentar que durante dos años y medio aproximadamente, se le haya restringido sus visitas a una vez por semana. Nadie ha pensado que esa madre y sin que ello constituya un juicio de valor definitivo sobre su aptitud, durante más de dos años y sin que no se conozcan interrupciones, viaja desde la Localidad de Virrey del Pino, allá en los kilómetros como se suele decir, hasta la Localidad de San Justo, que además de distante se ve forzada a recurrir al menos a dos líneas de colectivos, para concluir el trayecto desde su domicilio al hogar donde está institucionalizada su hija. Ese esfuerzo continuo al menos debió constituir un elemento a tener en cuenta.
Cuando un niño esta institucionalizado su prioriodad es el inmediato egreso o, en su caso, que el estado en un hogar extraño sea lo menor posible. En tanto, especialmente cuando la progenitora exterioriza su deseo de reencontrarse con su hija, que se evidencia con permanentes visitas al hogar, resulta necesario determinar en forma fundada el alcance de sus restricciones, y en caso contrario de no probarse que la madre pueda constituir un factor de riesgo para su hija, alentar la posibilidad de reivinculación desde distintos escenarios. Ello se cumple ampliando la frecuencia de las visitas -ver fs. 272 vta.-, generando diversas posibilidades de diálogo, siempre con la intervención de facilitadores especialistas y provistos de todas aquellos recursos que la legislacion específica dispone para el cumplimiento de su finalidad.
Las formas del proceso podrán dar cabida a soluciones formales en cuanto a la oportunidad que pudo haber tenido la madre para ejercer el derecho a ser oída en los umbrales de las decisiones más trascendentes. Sin embargo ello no impide destacar que la persona humana, con sus avatares y fragilidades, errores, marchas y retrocesos, debe ser vista en audiencia por el tribunal, de modo que su rostro, su mirada, su voz o sus intensas motivaciones no sean exclusivamente las fojas de un expediente. Con mayor razón ese principio de inmediación que voy a llamar para estos casos, principio de cercanía, debe ser aplicado estrictamente con relación a la niña y a su hermano. Conocer las circunstancias donde el conflicto se suscita no redime al abordaje que debe ser integral, si están ausentes las personas en el despacho del magistrado. El principio de inmediación es sustancial en el proceso de familia y para ello es necesario cumplir con su constitucionalización ahora predicada también por el Código Civil y Comercial de La Nación, de eminente puesta en vigencia.
Repaso las fojas del expediente y no encuentro que se haya tomado conocimiento directo de la situación de la progenitora, la niña y su hermano. Esta Sala en la inauguración de la Segunda Instancia ha comprometido la presencia de las personas que integran el grupo familiar de origen de la niña. Que he tomado conocimiento directo de la situación de la niña, su hermano A. (art. 2 de la Ley 13298, de “Promocion y Protección Integral de los Derechos de los Niños de la Provincia de Buenos Aires”) y su madre en la audiciencia de fs.504/505, pudiendo percibir en ese ambiente las diversas posibilidades que un nuevo y profundo examen de la problématica familiar, compatibilizado con la actitud y predisposición que la progenitora y su hijo A. han expresado, permitirían obtener un resultado que sea más justo para resolver una cuestión tan delicada como la exclusión definitiva de una niña de su familia biológica.
Respecto al hermano debo resaltar que al tiempo de su internación tenía edad de niño y que su egreso voluntario y contrariando decisiones jurisdiccionales – cuyo egreso voluntario fue inmediato, ver fs. 88/88 vta y fs. 121-, si bien no habilita a sancionarlo, no obstan a que por aplicación de la Convención de los Derechos del Niño y la legislación específica, la jurisdicción implemente las medidas que aseguren que su regreso al hogar junto a su madre, le permitan el establecimiento de sus derechos con plenitud, especialmente cuando guiado por necesidades económicas realiza trabajos en su edad de adolescente y requiere un seguimiento en el tratamiento de su salud psíquica.
En este caso la madre no se limita a oponerse a una solución jurisdiccional, ensaya desde sus limitaciones un enorme esfuerzo de reencontrarse con su hija. Si bien deben explorarse con profundidad su situación social y familiar, la condición humana exige que esa tarea sea facilitadora con la implementación de todos los recursos interdisciplinarios y materiales provisto por la legislación. Este mecanismo propio de un proceso de diálogo abierto no puede prescindir de un activismo familiar que debe ser evaluado en un contexto determinado, liberándose conceptos abstractos o sin exigencias de quedar ceñidas estrictamente a conductas ideales.
Podrán inferirse de estudios aislados otra conclusión. Ello no releva al intérprete de ser inquisidor en la búsqueda de soluciones compatibles con el superior interés del niño. La presencia de la progenitora en el ámbito del proceso establece una referencia importante porque auspicia su amplia evaluación y facilita cualquier medida que contribuya a fortalecer vínculos con su hija. Esta forma de dialogar en el proceso cuando se intenta en las instancias preliminares del conflicto auspicia soluciones más pragmáticas y compatibles con la defensa del interés superior del niño. Entiendo que el tiempo transcurrido con esa modalidad impuesta a la progenitora ha privado al proceso de alternativas cuya factibilidad hubiera tal vez amortiguado el rigor de la infancia en riesgo.
Este es un proceso de audiciencia y de inmediacion con diálogo permanente donde el juez interactua junto a las partes involucradas en el proceso, contando con la contribucion de especialistas, al resultar de suma utilidad las aportes de las distintas disciplinas porque el problema tambien es social.
Nada impide en el contexto de la presente causa el intento en profundizar la exploracion de la problemática, sus confines a los efectos de determinar la posibilidad de la integracion de la niña a su familia biológica, situacion que no solo sera beneficiosa para ella y su madre puesto que no debemos olvidar que el grupo familiar también se integra con un hermano menor de edad. Es sabido que una de las reglas principales para un eficaz solucion en cuestiones de niños de riesgo y cuando sea posible asegurar su situacion familiar, resulta ser que en lo posible no debe separar a sus hemanos. Esta solucion no es dogmática puesto que su base constitucional también reconoce el derecho a la identidad y un sentido de pertenencia con una historia comun, aún considerándose los vaivenes a que son sometidas a veces las familias, especialmente aquellas de carentes de recursos.
La problemática familiar no se resuelve con estudios aislados puesto que el abordaje requiere de la intervención interdisciplinaria con profesionales que generen los distintos ámbitos de referencia, para que toda la familia incluyendo a la niña puedan resolver y asumir situaciones de por si críticas y complejas. La progenitora ha demostrado, sin perjuicio de la situacion que ha motivado la intervención jurisdiccional y que presenta a mi juicio obstaculos que bien trabajados pueden ser removibles, interes que la niña fuera inscripta en un jardin –prueba de ello, el informe socio ambiental, donde consta que la madre venia de inscribirla (ver fs. 110/111)-. Además el niño A., actualmente con aproximadamente 14 años de edad e institucionalizado junto a su hermana cuando contaba con doce años de edad –cuyo egreso voluntario fue inmediato ver fs. 88/88 vta y fs. 121- ha concluido su estudio primario con notas satisfactorias, lo que denota la preocupación de su madre porque sus hijos reciban educacion acorde a sus edades. Me parece tambien, -eso constituye otra cuestion que no puede soslayarse- que el niño A. S. G. antes de la intervencion jurisdiccional al requerir tratamiento médico, su madre se ha preocupado por su asistencia a tal punto de contar en el Hospital con Historia Clinica -ver fs. 197/261-
Cabe considerarse al menos, prima facie, -que el definitivo balance se hará una vez compulsada la intervencion interdisciplinaria, que a mi entender a la fecha no resulta satisfactoria- que una madre que en cierto modo también esta abandonada, puesto que carece de personas contenedoras y que debe enfrentar su propio problema de salud, su extrema probreza, su desvinculacion familiar, la falta de convocatoria a la familia extendida en el presente proceso más allá de haberse citado al padre biológico de la menor, y que se haya ocupado de sus hijos en cuanto a su salud e instrucción, revela al menos una conducta que debe ser puesta en la balanza a la hora de pesar aquellas otras que se le reprochan, a los efectos de determinar si al menos, en el presente caso se puede contar con una base verosimil de aptitud para la reivinculacion familiar, además debe evaluarse la conducta de la madre que no se ha caracterizado por estar ausente en el proceso, al concurrir al Juzgado de Familia cuando era necesario, bastando para ello los siete encuentros establecidos (ver fs.361/370), como estrategia jurisdiccional para poder apreciar la situacion vincular de la madre con su hijo.
Esta secuencia de encuentros, si bien requiere un juicio de valor integral, liminarmente constituyen una disciplinada conducta de la madre resultando insuficiente que una interpretacion de los hechos y de la prueba a mi modo fragmentado, resuelva el dilema del caso, aún cuando el informe de fs. 511 hace referencia a un cambio de actitud de la niña luego de la audiencia celebrada en esta Alzada, y por lo cual deberá indagarse sus causas. Con relacion a la contribución estatal para tornar operativo la convencion de los derechos del niño y las legislaciones locales que se han dictado en su consecuencia, resulta imprescindible que el abordaje interdisciplinario y la provision de recursos materiales constituya un todo inescindible facultandose con esa integralidad la optimizacion de los recursos estatales y jurisdiccionales que no excluyen la intervencion de organos gubernamentales.
Estos propositos ya han sido contemplados por este Tribunal en el precedente NN o Gamez Brian Ariel s/ Medida de Abrigo” (Causa nro.: 2514/1, RSD: 250/12, Folio Nro.: 1368) de fecha 21 de diciembre de 2012, indicándose entonces reglas básicas para explorar la posibilidad de revalorizacion de los vinculos familiares, en dicho precedente se ha dicho que: “… Es por ello que, atento a lo que surge de las constancias de autos, y el estado en que hoy se encuentran las partes involucradas en el presente proceso, entiendo pertinente que se proceda a un inmediato procedimiento de revinculación de B con sus hermanos y su madre biológica la Sra. P. G., en un espacio terapéutico que garantice la integridad psicofísica de los niños involucrados y les brinde un marco de contención y protección adecuado, debiendo la Sra.
Magistrado de grado arbitrar las medidas útiles y con la mayor celeridad que el caso amerita dentro de un marco de encuentros con intervalos unos de otros cada vez más reducidos atento a la delicada naturaleza que el caso presenta y teniendo como pilar fundamental el interés superior del niño que exige un compromiso ineludible de la jurisdicción, con la intervención de la Asesoría de Incapaces interviniente, el equipo interdisciplinario y el Servicio Local en el ámbito de su competencia en un trabajo paralelo y simultáneo de todos ellos y con la debida información de su resultado y evolución a la Sra. Juez Interviniente hasta que se haya cubierto todas las necesidades vinculadas al caso, para que finalmente y previo amplios informes socio ambiental y psicológicos pueda llevarse a cabo la vuelta de Brian a su familia de origen, debiendo su progenitora tener la carga de acreditar la continuación de un tratamiento psicológico tanto en su persona, de sus hijas como en la de Brian con la frecuencia que el magistrado entienda pertinente.
(Ley 13298, Ley 13634, art. 108 de la Ley 13634 que modifica el artículo 23 de la Ley 12.061, arts. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17.1, 18, 20, 21, 24, 25, 28 y 31 y siguientes de la Convención de los Derechos del Niño).
La institucionalización de la niña se ha prolongado. Ello ha de dificultar la concilación de su derecho a integrar una familia con su identidad, de modo que se impone indagar con mayor celeridad suficiente para determinar de forma fundada si se advierte algun supuesto excepcional que no deje lugar a dudas que solo el Superior Interés de la niña se ha de cumplir separándola de su familia de origen. Es por ello que, atento a lo que surge de las constancias de autos, y el estado en que hoy se encuentran las personas involucradas en el presente proceso, entiendo que la declaración de abandono y el estado de adoptabilidad resulta prematura debiendo en el caso agotarse todas aquellas medidas que no fueron realizadas en el momento oportuno a fin de implementar el régimen de visitas más amplio a favor de la madre dentro del hogar donde hoy se encuentra la niña alojada o en el ambiente que el Sr.
Juez de grado estime corresponder, con participación de profesionales en el área de psicología, trabajo social y psiquiatría, los que cada uno de ellos - dentro de su competencia- elaborarán cotidianamente los informes respectivos de la evolución de la niña y su relación para con su madre, debiendo brindarse en dichos encuentros un marco de contención y protección adecuado que no excluya ningún aspecto - estrategias o modalidades que incluya a todos los integrantes de la familia - que pudiera incidir en un proceso de revinculación a los efectos que el juicio definitivo sobre su factibilidad sea suficientemente fundado. Paralelamente el Sr. Magistrado deberá además arbitrar con la mayor celeridad que el caso amerita todas aquellas medidas útiles a fin de hacer conocer a los organismos competentes la necesidad de apoyo psicoterapéutico y socio económico para la progenitora y A.
(art. 2 de la Ley 13298) -su otro hijo menor de edad quien no debe estar excluido de la protección integral - puesto que ello hace al complemento de lo que aquí se resuelve, evitando que la presente no devenga de cumplimiento abstracto por el retaceo de recursos que la jurisdicción y los Organismos especializados en la materia deben implementar, puesto que en casos como el presente aparecen un compromiso ineludible de todos ellos, siempre con la intervención de la Asesoría de Incapaces Deptal interviniente, el Equipo Interdisciplinario del Juzgado y el Servicio Local en el ámbito de su competencia en un trabajo paralelo y simultáneo de todos ellos y con la debida información de su resultado y evolución al Sr.
Juez Interviniente quien, una vez cumplimentadas todas las medidas aquí dictadas en el menor plazo posible, deberá proveer lo que corresponda. (Ley 13298, Ley 13634, art. 108 de la Ley 13634 que modifica el artículo 23 de la Ley 12.061, arts. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17.1, 18, 20, 21, 24, 25, 28 y 31 y cc de la Convención de los Derechos del Niño;
III. Las Costas.
Atento a la naturaleza de la cuestión planteada propongo no imponer costas de Alzada (art. 68 CPCC).
Por las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales expuestas, VOTO POR LA NEGATIVA.
Por análogos fundamentos el Dr. Igresias Berrondo también VOTA POR LA NEGATIVA.
Con lo que se dio por finalizado el presente Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS, VISTOS y
Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede, éste Tribunal
1. NO HACER LUGAR A LA NULIDAD planteada a fs. 483 por considerar abstracto – en el caso – su tratamiento (art. 169 y ccdtes del CPCC); 2) Atento a lo que surge de las constancias de autos, y el estado en que hoy se encuentran las personas involucradas en el presente proceso REVOCAR LA RESOLUCIÓN de fs. 468/470 y en consecuencia DISPONER que la declaración de abandono y el estado de adoptabilidad resulta prematura debiendo en el caso agotarse todas aquellas medidas que no fueron realizadas en el momento oportuno a fin de implementar el régimen de visitas más amplio a favor de la madre dentro del hogar donde hoy se encuentra la niña alojada o en el ambiente que el Sr. Juez de grado estime corresponder, con participación de profesionales en el área de psicología, trabajo social y psiquiatría, los que cada uno de ellos - dentro de su competencia - elaborarán cotidianamente los informes respectivos de la evolución de la niña y su relación para con su madre, debiendo brindarse en dichos encuentros un marco de contención y protección adecuado que no excluya ningún aspecto - estrategias o modalidades que incluya a todos los integrantes de la familia - que pudiera incidir en un proceso de revinculación a los efectos que el juicio definitivo sobre su factibilidad sea suficientemente fundado.
Paralelamente el Sr. Magistrado deberá además arbitrar con la mayor celeridad que el caso amerita todas aquellas medidas útiles a fin de hacer conocer a los organismos competentes la necesidad de apoyo psicoterapéutico y socio económico para la progenitora y A. (art. 2 de la Ley 13298) -su otro hijo menor de edad quien debe no estar excluido de la protección integral - puesto que ello hace al complemento de lo que aquí se resuelve, evitando que la presente no devenga de cumplimiento abstracto por el retaceo de recursos que la jurisdicción y los Organismos especializados en la materia deben implementar, puesto que en casos como el presente aparecen un compromiso ineludible de todos ellos, siempre con la intervención de la Asesoría de Incapaces Deptal interviniente, el Equipo Interdisciplinario del Juzgado y el Servicio Local en el ámbito de su competencia en un trabajo paralelo y simultáneo de todos ellos y con la debida información de su resultado y evolución al Sr.
Juez Interviniente quien, una vez cumplimentadas todas las medidas aquí dictadas en el menor plazo posible, deberá proveer lo que corresponda. (Ley 13298, Ley 13634, art. 108 de la Ley 13634 que modifica el artículo 23 de la Ley 12.061, arts. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17.1, 18, 20, 21, 24, 25, 28 y 31 y cc de la Convención de los Derechos del Niño. 3°) NO IMPONER costas de Alzada atento a la naturaleza de la cuestión planteada (art. 68 del CPCC). REGÍSTRESE. DEVUELVASE. Fdo: Dr. Ramón Domingo Posca – Dr. Sebastián Emilio Iglesas Berrondo –Jueces- Ante mi: Dra. Edith Irene Rota – Secretaria-
Fin de la sentencia