Abriendo la norma
TOMO: XX REGISTRO: 012 FOLIO: 150/163
Caleta Olivia, 29 de julio de 2026.-
Estos autos caratulados: “G.A.A.N (INCIDENTE DE APELACIÓN) S/ DENUNCIA” Expte. Nº 22.552/26, N° de Juzgado de Recursos 8467/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Deseado, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 35/41, el Sr. Juez de Instrucción, rechaza la impugnación formulada por la Lic. Lucila Caro a través del abogado defensor de M. P. M., Dr. Marcelo Urbano Quintero.
Contra dicha resolución el Doctor Marcelo Urbano Quintero interpone recurso de apelación a fs. 42/45, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 46. En esta instancia es mantenido a fs. 51 por el Defensor Particular, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver. -
II.-Al motivar el recurso el Dr. Quintero se agravia sosteniendo que, la resolución recurrida, incurre en una fundamentación meramente aparente y arbitraria al calificar la impugnación como una mera exposición de pareceres subjetivos y razonamientos genéricos; que el a quo omitió analizar las observaciones técnicoclínicas expresadas por la perito de parte, donde se puntualizan deficiencias metodológicas severas, contradicciones y limitaciones inferenciales que despojan al dictamen oficial de valor probatorio.
Expresa que, al convalidar un informe pericial defectuoso mediante un rechazo estandarizado, el Juzgado vulnera el control de logicidad probatoria. Alude doctrina acorde.
Refiere que el Juez de Instrucción confirma el informe oficial a pesar de que en la impugnación se demostró de forma incontestable el uso de expresiones afirmativas que dan por sentada la materialidad histórica del hecho denunciado, excediendo flagrantemente el marco de la labor pericial psicológica forense.
Luego de reseñar doctrina manifiesta que cuando el experto afirma la existencia del delito histórico, invade la esfera exclusiva de la jurisdicción.
Continúa diciendo que, al rechazar la impugnación, el instructor tolera que un auxiliar de la justicia asuma el rol de juzgador, rompiendo la imparcialidad del proceso.
Dice que el a quo valida un abordaje metodológico que la perito de parte catalogó como una lectura netamente simplista y en clave confirmatoria (Punto 2 y 3 de Impugnación); que todos los indicadores relevados a partir de las técnicas administradas fueron interpretados en función de una única hipótesis explicativa vinculada al hecho denunciado; que el dictamen oficial subsumió la totalidad del psiquismo de la evaluada bajo esa única línea interpretativa, omitiendo desarrollar un análisis diferencial que integre los diversos eventos potencialmente movilizantes que registra su historia vital (tales como la conflictividad sostenida con la figura materna, los cambios de residencia y la discontinuidad del vínculo paterno detallados en el Informe).
Luego de señalar doctrina sostiene que, si el peritaje oficial se estructuró bajo un sesgo confirmatorio unívoco, carece de fiabilidad científica para fundar una imputación penal, transformando la prueba técnica en una mera presunción de culpabilidad encubierta.
Dice que, en materia de valoración probatoria, la doctrina jurisprudencial aplicable a los sistemas acusatorios (CSJN, Casal, Matías, Fallos 328:3399) exige que el control de la prueba descarte rigurosamente la existencia de hipótesis alternativas de igual o mayor verosimilitud antes de inclinar la balanza punitiva, estándar constitucional que aquí fue avasallado.
Continúa diciendo que, el Juzgado rechaza la impugnación avalando inferencias causales directas entre las manifestaciones emocionales/conductuales de la evaluada y el hecho investigado; que la perito oficial omitió realizar un análisis longitudinal indispensable para diferenciar técnicamente entre variables previas y posteriores al suceso denunciado. Particularmente, se omitió la ponderación de los antecedentes previos de la peritada respecto de sus dificultades de rendimiento y organización.
Señala que, en el Informe, la evaluada ya registraba dificultades severas para sostener el cursado universitario durante el primer cuatrimestre del año 2025 por la superposición de exigencias y horarios laborales, lo que demuestra un patrón de funcionamiento previo que el informe oficial erróneamente atribuyó de manera directa al hecho denunciado.
Por otro lado sostiene que el Juzgado convalida un dictamen pericial en el que coexisten afirmaciones contradictorias que nunca fueron integradas ni resueltas en el análisis; que en el punto 5 de la Impugnación, la perito oficial asentó por un lado la presencia de una desconfianza generalizada hacia figuras masculinas en la evaluada; sin embargo, por el otro, el propio relato clínico da cuenta inequívoca del establecimiento de vínculos sexo-afectivos posteriores de carácter estable y convivencia íntima actual con su pareja, omitiendo el análisis sobre la extensión, intensidad y especificidad de las manifestaciones referidas. Señala doctrina y jurisprudencia acorde.
Manifiesta que la resolución resulta arbitraria al tomar como válida la conclusión oficial de ausencia de influencia de terceros, dado que la perito oficial jamás explicitó el procedimiento metodológico mediante el cual arribó a esa certeza; que peor aún, en el propio desarrollo del material oficial se consignan intervenciones de figuras significativas (particularmente la madre y un familiar cercano) en la emergencia del relato.
Se agravia que, el Juzgado convalide una pericia que adolece de un salto al vacío en su proceso inferencial; que, si bien se listaron técnicas válidas y pertinentes, la perito oficial no explicitó de manera suficiente el modo en que los resultados específicos obtenidos en los test psicométricos y proyectivos se integran y traducen en las severas conclusiones diagnósticas formuladas, realizando una correlación unívoca y forzada con el hecho denunciado.
Refiere que el Juez de Instrucción rechaza la impugnación y convalida de forma aislada el dictamen de la Lic. Robles, ignorando de manera flagrante el imperativo procedimental que el texto ritual santacruceño impone ante la existencia de dictámenes diametralmente opuestos.
Expresa que el documento técnico Informe y las conclusiones de la perito de parte, Lic. Lucila Caro, expuestos en Impugnación, no constituyen meras opiniones abstractas, sino que configuran una discrepancia de fondo, metodológica y diagnóstica insalvable respecto del informe oficial; que al resolver el rechazo dogmático de sus observaciones en lugar de dar curso a los mecanismos de solución de controversias científicas que el propio código prevé, el Juzgado incurre en una inaplicabilidad de la ley adjetiva que vicia de nulidad lo resuelto.
Transcribe el artículo 246 del Código Procesal Penal de Santa Cruz, doctrina y jurisprudencia de los agravios referidos y dice que, ante la discrepancia fundamental, la designación de nuevos peritos surge como una garantía de neutralidad y un reaseguro para el descubrimiento de la verdad objetiva. Hace reserva del caso federal III.-Sentados los agravios del recurrente se advierte un eje central enderezado a cuestionar el contenido del informe de la perito oficial y su valor probatorio, sin realizar señalamiento alguno sobre las formas procesales en su producción. En autos, agregado el informe psicológico, la defensa, con su perito de parte, realiza una serie de observaciones respecto del mismo.
La Jueza corre traslado a la perito oficial de dichas observaciones, las que son evacuadas oportunamente.
Luego de ello, la Jueza analiza el planteo de la defensa y decide rechazar el mismo, dando argumentos para ello.
Cabe precisar que la información que introduce la perito oficial tiene carácter incriminante, lo que motiva a la Defensa a realizar su planteo.
Ahora bien, en autos no ha existido, aún, llamado a indagatoria ni mucho menos una decision jurisdiccional (léase procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento, archive por no proceder o por tratarse de una cuestión atípica, etc.) que confronte la información que produce el informe cuestionado, con el resto de la información agregada y que ello tenga implicancias directas en la situación del imputado. Debe quedar claro que la Defensa tiene derecho a incidentar sobre todas y cada una de las pruebas que aportes información contraria a los intereses de su asistido, pues la estrategia de su ejercicio puede ser fragmentaria, es decir cuestionar cada información en particular y cada vez que se produce, o global, es decir una vez producida, atacar las decisions jurisdiccionales que tienen como fundamento la misma, y conjunta, es decir realizar ambas cosas a la vez.
Ahora bien, la decisión jurisdiccional en autos, sin llamado a prestar declaración indagatoria y sin estar en condiciones de resolver la situación procesal, deviene prematura y por tanto corresponde declarar la nulidad de la misma.
La decision sobre la información aportada por la perito oficial en sus intervenciones y su confronte por la perito de parte, debe ser materia de tratamiento, al momento de resolver la situación procesal y no antes, es decir cuando la información es utilizada y valorada por la Jueza para decidir sobre el imputado, pues de lo contrario, la valoración sobre el contenido de un determinado medio de prueba, sea cual fuere, cuando aún ello no motive una decision jurisdiccional que lo valore, transforma la discusión en teórica o especulativa, y en el caso de las pericias, solo académica.
La relevancia jurídico penal de la información que se produce en una causa, se adquiere cuando el poder jurisdiccional, con fundamento en la misma, decide sobre la situación de un imputado, allende el contenido de la decisión.
En autos no se discutió en ningún momento la regularidad de la producción de la información, lo que podría implicar, en su caso, una sanción de nulidad absoluta o relativa, lo que si, a diferencia del presente caso, debe tratarse y resolverse. Pero este no es el caso, no se discute por parte de la Defensa la regularidad de la producción del acto, se discute su contenido, y tiene el imputado, a través de su defensor, el derecho de hacerlo.
El problema es que la resolución debía necesariamente postergarse hasta el momento procesal oportuno.
A mayor abundamiento, las críticas a la información que aportan los medios periciales, realizadas por la Defensa, son modos de “incidentar” que hacen al ejercicio del derecho de Defensa. La "impugnación" es el término genérico de derecho procesal que se utiliza para definir a los recursos en general, y que ponen en crisis a través de dicho mecanismo, una decisión judicial. Claramente son dos cuestiones diferentes.
Reitero, solo se puede impugnar o recurrir decisiones jurisdiccionales basadas en el análisis y valoración de la información aportada por medios probatorios, y no resolver cada incidente de información probatoria cuando la misma aún no ha sido valorada ni fue utilizada como fundamento de una decisión jurisdiccional. La información agregada a una causa adquiere relevancia y utilidad, cuando fundamenta una decisión jurisdiccional, no antes de ello, pues el análisis fragmentario de la misma, sin que ella hubiera sido un fundamento de una decisión jurisdiccional es improcedente por prematura. Ello allende el derecho de la parte de incidentarla en el momento de quiera.
Cabe aclarar que la información que aporta la prueba pericial, al igual que el resto de la información que se produce por los distintos medios de prueba regulados y no regulados, conforme al principio de libertad probatoria, puede ser motivo de impugnación o recurso cuando el órgano jurisdiccional ha adoptado una decisión que la utiliza como base, por lo que siempre, lo que se impugna o recurre es el contenido de la información y su valoración, como fundamento de una decisión jurisdiccional, no ella misma y de manera independiente y fragmentaria, sin saber si el Juez la ha utilizado o no, y en su caso con que alcance.
Por ello, cuando no está en juego la regularidad de una medida probatoria, la incidencia sobre su contenido está sujeta a la decisión jurisdiccional que se adopte teniéndola como fundamento, pues sería un absurdo resolver una incidencia sobre la información agregada a una causa por un medio probatorio, si aún no se decidió nada y no fue valorada, allende las sospechas que la misma pueda arrojar. Ello no implica, como dije, que la parte pueda incidentar y controvertir la información cuando lo entienda oportuno, pero la resolución de dichos actos incidentales deberá realizarse cuando se decida jurisdiccionalmente utilizando la misma como fundamento, lo que, a todo evento, dará lugar a las impugnaciones y/o recursos pertinentes.
A mayor abundamiento, sobre el alcance y forma de la pericia como medio probatorio, en los autos caratulados “DIVISIÓN INVESTIGACIONES Y NARCOCRIMINALIDAD P.M. S/ Investiga Presunta Infracción Art. 119 del C.P.A.” Expte. Nº 34243/22-D, N° de Recursos 6971/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº1 de Las Heras, sostuve que: "Ahora bien, lo siguiente que podemos encontrar en el expediente relativo a las pericias encomendadas, es la recepción a fs. 357/380 del informe de la práctica ordenada a fs. 349. Se advierte, tal como lo la invocado la defensa, que jamás se estableció la fecha y lugar en que las diligencias ordenadas se practicarían, por lo que nunca se le hizo saber esa circunstancia a las partes con anterioridad al comienzo de realización de las operaciones (art. 242 del C.P.P.) La sola notificación de que fue ordenada la pericia no basta para cumplir la exigencia legal, pues el fin de la misma es brindarle a las partes la oportunidad de asistir en las operaciones y controlar la prueba, por sí o por intermedio de la designación de peritos de parte, de conformidad con lo establecido en los arts. 191 y 243 del C.P.P., garantizándose de ese modo el contradictorio, para lo cual necesariamente deben conocer la fecha en que se van a realizar las actividades ordenadas.
Es decir, en el caso no se observaron las formas propias establecidas por el código en el art. 191 y el art. 242 del CPP, por lo que entiendo que corresponde declarar la nulidad de la misma y proceder a ordenarla nuevamente con control de las partes del proceso. Para entender lo expresado, hay que centrar el análisis en el artículo 242 del CPP. segundo y tercer párrafo. El sistema de pericias en el ordenamiento procesal penal, tiene un principio general que está regulado en el primer y segundo párrafo del artículo citado. Para todos los actos periciales, bajo pena de nulidad, deberá hacerse saber a las partes, y expresamente la ley señala al Ministerio Público Fiscal, a la parte Querellante y a los Defensores, la orden de la pericia dispuesta, quienes serán los peritos intervinientes conforme lo señalado en el primer párrafo, con antelación al inicio de las operaciones.
Es decir que también deberá hacerse saber la fecha y por supuesto el lugar donde se llevarán a cabo las mismas, para poder ejercer, las partes obviamente, el derecho que le asigna el artículo 243 y el contradictorio. Este es el principio general, va de suyo que y una vez recepcionada la información, la misma quedará incorporada a la causa de manera legal. Hasta aquí el principio general. Las excepciones reguladas son dos y que implican que el Sr. Juez de Instrucción fundado en razones de urgencia verificables en cada causa o por la simpleza extrema de la misma, las ordene sin necesidad de notificar dicha orden. Pero para que ello sea válido, le impone la obligación, en el tercer párrafo del artículo 242 del CPP. en análisis, de notificar que se realizó la pericia, que pueden examinar sus resultados por medio de otro perito y pedir, si fuera posible su reproducción.
Estos dos mecanismos son los regulados en la ordenanza procesal para llevar adelante todos los actos periciales. Ambos mecanismos, bien leídos, siempre tienen control de las partes (léase Ministerio Público Fiscal, Querellante y Defensa), el del principio general lo tienen previo a su realización y en el momento de llevarse a cabo las operaciones periciales, y los de excepción (urgencia o extrema simpleza) un control posterior del mismo. En autos, y conforme lo reseñado, tal como lo plantea la defensa, estamos ante un supuesto de pericia regulada en el principio general explicado supra, pues para encuadrar este supuesto en las excepciones, en primer lugar debió el A quo así consignarlo (léase urgencia o extremada simpleza) y para el caso que hubiera omitido dicha fundamentación, debería poder explicarse la misma por las características del informe pericial ordenado (extrema simpleza) o la urgencia en su elaboración con control posterior de la parte, hecho que no se puede evidenciar en autos, ni en un sentido o el otro.
El acto al momento de ser ordenado, por cualquiera de estos mecanismos, debe justificarse en dicho momento, es decir cuando se ordena el acto pericial, allende exista una deficiencia en acreditar o fundar las causales de excepción, pues y aún fundándolas, si esos fundamentos no se verifican (urgencia y simpleza extrema) por más que se invoquen, los mismos devienen nulos. Asimismo, cabe destacar, en este caso y como se dijera supra, la posibilidad de la renovación de la pericia, lo que "importa la realización de una nueva pericia, con nuevos peritos, pero referida a los mismos puntos que la anterior, afectada de algunos de los vicios o falencias indicadas...La renovación puede ser total o relativa.
Será total cuando siendo posible los nuevos peritos realicen nuevamente todas las operaciones y prácticas sobre las cosas o personas objeto del peritaje. Será relativa cuando por haberse perdido, alterado, o consumido la cosa o fallecido la persona, o alterado el estado de lugares, sea imposible efectuar nuevamente los exámenes y estudios, en cuyo caso los nuevos peritos emitirán su opinión tomando como base el contenido del anterior dictamen. La renovación será dispuesta por decreto del juez o tribunal, el que se notificará a las partes para que puedan ejercer su derecho de acompañar a los nuevos peritos de parte." (Eduardo M. Jauchen, TRATADO DE LA PRUEBA EN MATERIAL PENAL, Ed. RUBINZAL - CULZONI, págs. 420-421).- En el caso que nos ocupa, no existe impedimento en reeditar la pericia ordenada sobre el video “20211205_173556” que se encuentra contenido en el DVD agregado a estos autos, obtenido de la pericia efectuada a los celulares secuestrados, la que fue llevada a cabo cumpliéndose con las exigencias legales establecidas por la ley de forma, como se dijera supra.
No puedo pasar por alto que en la resolución que resuelve rechazar el planteo de nulidad, el A quo sostuvo “este magistrado considera – y observando el párrafo segundo del art. 242 del C.P.P- el supuesto que se cuestiona puede verse abarcado por las excepciones dispuestas por el artículo de mención, ya que por la gravedad y circunstancias del caso (encontrándose una persona privada de su libertad) y los damnificados por el accionar delictivo, a la espera de la resolución, se debe dar “Tratamiento Urgente”. Cierto es que en la citada norma procesal establece, como señalé, supuestos de excepción a la notificación a las partes en forma previa a la realización de la pericia, siendo éstos cuando haya suma urgencia o que la indagación sea extremadamente sencilla.
Se ha dicho en doctrina que “Tanto la “suma urgencia” como que “la indagación sea extremadamente simple” – circunstancias que tornaría procedente omitir la notificación previa de la diligencia- son facultades del juzgador, componentes de su arbitrio técnico, que deben fundarse, para no incurrir en arbitrariedad, imposible de subsanar su se trata de una diligencia definitiva e irreproducible (art. 18, 28 y 33 C.N., a afectar el debido proceso y arts. 167 incs. 2º y 3º, y 168, párr. 2º). Para obviar la valla impuesta por el art. 200 es preciso, respaldar con razones atendibles lo imperioso del apremio o la sencillez del caso (art. 123 última oración); el defecto habilita la casación (art. 456 inc. 2º)” Código Procesal Penal de la Nación.
Anotado. Comentado. Concordado, Francisco J. D'Albora, Abeledo Perrot, 2011, página 470. En estos casos, la ausencia de notificación referida no ocasionará la nulidad del acto, pero debe cumplirse con lo dispuesto por el último párrafo de la norma, notificando a las partes, bajo la misma sanción, que se realizó la pericia, que pueden hacer examinar sus resultados por medio de otro perito y pedir, su fuera posible, su reproducción. En este caso, se han combinado los dos supuestos, es decir una pericia que cae en la regla general, se ordena y notifica de manera incompleta, y para suplir el yerro, se utiliza el mecanismo de las pericias reguladas en forma de excepción, y a renglón seguido, y sin que transcurriera el plazo para que la parte puede impugnar la pericia, conforme lo normado en el artículo 242 “in fine” se utiliza la información que la misma aporta para rechazar el sobreseimiento peticionado.
Sintetizando, de la combinatoria irregular de los dos procedimientos, tenemos como resultado en la causa que la defensa no pudo válidamente confrontar con la información que aportó la pericia, la que fue utilizada para rechazar la solicitud de sobreseimiento que la misma había realizado. Ello implica un perjuicio concreto a la defensa técnica eficaz que da lugar a la sanción de nulidad del acto irregular. Ello, hace nulos los actos señalados, porque se evitó y se le cercenó a la defensa su posibilidad de oponerse a la información que arrojó la pericia y se la utilizó como fundamento para resolver en contra de lo que peticionó. Es esta situación la que vulneró la efectiva defensa en juicio del imputado, lo que amerita la sanción de nulidad de los actos, tanto la orden de la pericia, la notificación de la recepción de la misma y la resolución a renglón seguido, de la solicitud de la defensa, sin que esta pudiera manifestar nada sobre el informe.
La expresión de agravios en los recursos planteados contra el auto que rechaza el sobreseimiento, al igual que la misma manifestación frente al auto que rechaza la nulidad, que realizan la impugnación de los informes, nunca pueden suplir la confrontación material y eficaz, conforme la teoría del caso de la defensa, en el momento de producirse las operaciones, o al final de las mismas en caso de excepción. Si bien la combinatoria de ambos sistemas de realización de pericia no deben ser realizada porque obedecen a lógicas distintas, lo cierto es que en autos, allende esta combinatoria, la establecida en el segundo párrafo ni siquiera fue cumplida acabadamente, pues se notifica la agregación del informe pericial con fecha 1 de febrero de 2023 a la Defensa, y se resuelve el rechazo con fecha 3 de febrero de 2023, (conf.
Arts. 151 y 154 del CPP.), del sobreseimiento peticionado. Por otra parte, se aprecia una suerte de contradicción en la argumentación de urgencia del A quo en el rechazo de la nulidad, porque en las pericias anteriores ordenadas y practicadas sobre los celulares secuestrados, se realizaron con el imputado detenido, y no se invocaron razones de urgencia, determinándose día y hora en que se realizarían las operaciones (fs. 74 y 310), con notificación de ello a las partes (fs. 74 vta. y 310 vta.), conforme fue reseñado supra, por lo que las devenidas razones de urgencia en este estadio no podrían sostenerse válidamente, pues nos encontramos aún en la etapa de instrucción y con el imputado también detenido.
Esto permite concluir que no es posible utilizar como argumento de la urgencia, la circunstancia de que el imputado está detenido sin caer en una contradicción, ya que antes también lo estaba y no fue invocada la situación para realizar una pericia urgente. Y en segundo lugar, porque luego de afirmar en la resolución que rechaza el planteo de nulidad, la existencia de cuestiones de urgencia en los términos del art. 242 del C.P.P., el Sr. Juez no espera los tres días desde la notificación a las partes de que se recibió el informe pericial a fin de que puedan “hacer examinar sus resultados por medio de otro perito y pedir, si fuera posible, su reproducción” (art. 242 último párrafo C.P.P.); dictando la resolución que rechaza el pedido de sobreseimiento antes del vencimiento de dicho plazo, utilizando y valorando para fundar su decisión, el informe pericial en cuestión.
En virtud todo lo expuesto, corresponderá declarar la nulidad de la pericia obrante a fs. 357/370 debiendo el A quo ordenar la realización un nuevo peritaje a iguales fines, estableciendo fecha, hora y lugar en el que se realizarán las operaciones (art. 242 C.P.P.), notificando a las partes en forma previa con la antelación suficiente a los fines del art. 243 del C.P.P." ; en la causa los autos autos caratulados: “INCIDENTE DE NULIDAD EN AUTOS: "JUZGADO S/INSTRUCCIÓN (S.A.B.)” EXPTE. Nº 66984/18, N° DE JUZGADO DE RECURSOS 7185/23, procedentes del Juzgado de Instrucción nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "Teniendo en cuenta estas pautas hermeneúticas, se observa que en autos la Lic. V.S. el 02 de mayo de 2018, a fs. 62 vta., fija fecha para entrevista con M.C., a los fines de realizar la pericia encomendada, para los días 22 y 23 de mayo a las 9.30 horas y para el día 24 de mayo a las 11.30 horas, en la sede del Juzgado del Menor.
A fs. 63 en fecha 18 de mayo de 2018 el Sr. Juez de Instrucción ordena notificar a las partes, conforme lo previsto por el art. 242 del C.P.P., la fecha de la pericia psicológica fijada por la Lic. V.S., notificación que se cumple mediante cédula librada al Defensor Particular, Dr. H.J.N., en fecha 18 de mayo de 2018, recibida en la Oficina de Notificaciones el 21 de mayo de 2018, y diligenciada el mismo 21 de mayo de 2018, a las 10:30 pareciera decir el instrumento (pues no es claro el número consignado para la hora), conforme surge de la cédula de notificación obrante a fs. 72 y vta..- Es decir, que la notificación se practica a menos de 24 horas de dar comienzo con las operaciones periciales, ya que las entrevistas comenzaban el 22 de mayo a las 9:30 horas (fs. 62 vta. y 63), esto es sin la antelación suficiente para que la parte pueda ejercer los derechos que le acuerda el art. 243 C.P.P. de proponer perito de parte dentro de los tres días a contar de las notificaciones establecidas en el art. 242 de dicho cuerpo legal.
A ello se suma que si bien la Lic. V.S. estableció a fs. 62 vta. que las entrevistas se realizarían en la sede del Juzgado del Menor, en la providencia de fs. 63 el Sr. Juez consigna que se realizarán en la Sede del Gabinete Médico, Social y Profesional sito en calle Irigoyen entre Senador Almendra y 9 de julio, sede del Juzgado de Primera Instancia de la Familia, y así se le notifica al defensor (conf. Fs. 73 y vta.). Luego, al presentar el informe pericial, se observa que, la psicóloga interviniente, utiliza también entre la metodología para cumplir su cometido, una entrevista diagnóstica con el Sr. C.C., de fecha 18 de enero de 2018, y entrevistas diagnósticas a M.C. los días 18, 19 y 23 de enero de 2018, que jamás le fueron notificadas a las partes en forma previo a su realización.
En lo restante, es decir, la entrevista previa según el art. 234 ter del C.P.P. con M. el día 17/08/18, y la audiencia en Cámara Gesell de M.C., nada puede objetarse pues ambos actos contaron con la notificación previa a la defensa conforme surge de fs. 15 y 16. En este orden, es necesario destacar que la irregularidad del acto señalada, se centra, básicamente, en el derecho constitucional-convencional de la defensa en juicio, razón por la cual, la sanción y la oportunidad de plantearla, es la establecida en el artículo 160 segundo párrafo del CPP, es decir nulidad absoluta, la que debe ser tratada y declarada en cualquier momento del proceso. Distinto sería el supuesto de una irregularidad que dé lugar a la sanción de nulidad relativa, la que podría ser saneada de manera posterior sin necesidad de fulminar el acto.
Como puede observarse de la reseña efectuada, la realización de la pericia no permitió a la defensa ejercer en forma efectiva los derechos que la ley le acuerda, no contó con el plazo establecido por el art. 243 C.P.P., para proponer un perito de parte y controlar la prueba, por lo que corresponde declarar su nulidad"; y en la causa autos caratulados: "OROZCO, ALEJANDRO RAMON S/ ABUSO SEXUAL AGRAVADO POR ACCESO CARNAL" Expte. Nº 71275/19, N° de Juzgado de Recursos 7454/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "Cabe señalar que la pericia fue ordenada a fs. 6 y notificada debidamente a las partes. Ahora bien, en la misma no se consigna la fecha de realización, momento en el cual, las partes tendrán derecho a ofrecer sus peritos, si es que esa fuera su decisión.
Este decreto obra recién agregado a fs. 49 fechado el 30 de septiembre de 2019, donde se hace saber a las partes que la pericia psicológica se realizará el día 8 de octubre de 2019 a las 10:30 hs. A fs. 50 vta. se notifica al Ministerio Público Fiscal dicho proveído de fs. 49, con fecha 1 de octubre de 2019, siendo ésta notificación correcta y dentro del plazo de tres días hábiles de antelación. A fs. 51 vta. obra notificación a la Defensa Oficial del Decreto de fs. 49, con fecha 3 de octubre de 2019, lo que implica que, del cómputo de días hábiles, la fecha de realización de la pericia ordenada por el Sr. Juez de Instrucción el día 8 de octubre de 2019, esta parte contó sólo con dos días hábiles previos para que se ejerza, en su caso, el derecho de designar perito, siendo el día de realización del acto pericial, recién el tercero hábil.
Ello torna el acto en irregular, pues afecta directamente la garantía de defensa en juicio, conforme lo normado en el propio art. 242, por el 243, y los arts. 159 inciso 3) y 160 segundo párrafo del CPP. por lo que corresponde declarar su nulidad absoluta y la realización de una nueva pericia." Sobre el mismo tópico, en los autos caratulados: “DIVISIÓN COMISARÍA SEGUNDA S/Investiga muerte en accidente de tránsito” Expte. Nº 79.710/22, N° de Juzgado de Recursos 7256/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "III.-Analizadas las presentes actuaciones, cabe señalar que la parte querellante solicita la nulidad de la pericia accidentológica por entender que la misma viola el principio de “juez natural” y el “debido proceso adjetivo”.
Asimismo, se agravia de la resolución de fs. 108/112 con relación a que la considera arbitraria; a la ausencia de la perito en el lugar del hecho y la omisión por parte del Juez de Instrucción en cuanto a la participación de la parte querellante. La parte querellante entiende que se ha vulnerado el principio del Juez natural, toda vez que la experta encargada de realizar la pericia accidentológica fue la Lic. María Celesta Cortes, la cual, se encuentra radicada en la ciudad de Puerto Deseado y por consiguiente el expediente tuvo que ser remitido. Más allá de ello, en autos a fs. 62 se ordena dar intervención a la Lic. María F. Calgaro a fin que realice pericia accidentológica en base en los elementos y comprobaciones materiales que surgen de la causa.
A fs. 63 obra informe del actuario donde pone en conocimiento que la Lic. Calgaro se encontraba de licencia desconociendo la fecha de reincorporación. Posteriormente a fs. 74 luce nuevo informe del cual surge que la perito se encontraba enferma y se hace constar que el Gabinete Criminalístico del Poder Judicial de ésta ciudad se encuentra sin profesional. En decreto de fs. 74 se da intervención a la Lic. Celeste Cortez Perito Criminalística del Poder Judicial, con fecha 29 de marzo de 2023, notificado a la querella a fs. 75 vta. con fecha 31 de marzo de 2023.- A fs. 76 y con fecha 31 de marzo, la querella presenta escrito proponiendo puntos de pericia, no habiendo manifestación alguna por la designación de otra perito oficial en la causa, lo que claramente está más que motivado en autos.
A fs. 78 y con fecha 5 de abril de 2023, el Sr. Juez de Instrucción hace saber la fecha establecida para la realización del acto pericial. Frente a este decreto, la querella interpone un recurso de reposición, sin articular el de apelación en subsidio, a fs.79 con fecha 11 de abril de 2023, en el cual se agravia del lugar de realización de la pericia y señala que eso afecta el principio de Juez Natural. El mismo fue rechazado a fs. 80 en la misma fecha de interposición del mismo, por decreto fundado. A fs. 94 y una vez notificada la recepción del informe pericial, la querella impugna la pericia sin señalar ningún agravio sobre la designación de la perito ni del lugar de realización del acto.
Frente a dicha impugnación, el Sr. Juez de Instrucción decide correr vista a la perito y las partes intervinientes. Las impugnaciones fueron evacuadas y el A quo emite un auto de rechazo, el que es motivo de apelación. Varias consideraciones surgen en el presente para centrar la cuestión, pues la querella en su argumentación en la apelación, trata diversos temas y entiendo que le asigna al auto en crisis un alcance mayor al que el mismo tiene. Para ello y teniendo como objetivo asegurarle al recurrente la garantía de defensa en juicio, que es multidemensional y lo abarca y comprende; débese señalar que una cuestión es: a) la designación del perito (particular u oficial con sus distintas características, conf.
Art. 241 del CPP.), otra es b) su idoneidad y calificación que lo acredita como experimentado en la materia (conf. art. 238 del CPP.); otra es c) el procedimiento que llevó a cabo para elaborar un informe (conf. Art. 247 incisos 1) 2) y 4) del CPP.) otra es d) la información que ingresa al expediente como resultado de su actuación, (conf. Art. 247 inc. 3) del CPP) y finalmente otra es e) su valoración (Conf. Art. 247 “in fine” y 199 del CPP.).- Sentado ello, cabe señalar que todas y cada una de las cuestiones citadas pueden ser objeto de impugnación de las partes, pero débese tener en cuenta que los momentos para resolverlos son diferentes. La designación del perito y su idoneidad son objetos de impugnación en el momento en que los mismos son designados por el Juez.
En este caso, el Sr. Juez de Instrucción designa a la Perito Oficial Licenciada Calgaro, como la misma no puede desempeñar el cargo pues se encuentra cursando una licencia, decide esperar a su reincorporación. Al sostenerse la situación personal de la Licenciada Calgaro, el Sr. Juez con buen tino, designa otra Perito Oficial Cortés, con asiento en la ciudad de Puerto Deseado, quien pertenece al Poder Judicial de Santa Cruz, y se encuentra habilitada para ejercer su profesión en todo el territorio provincial. Claramente dicha intervención se motivó ante la necesidad de no dilatar el proceso, ante la ausencia de la Lic. Calgaro, atendiendo a los principios de celeridad y de tutela judicial efectiva.
La querella consiente implícitamente su designación pues propone puntos de pericia para que sean evacuados en la práctica pericial, la que queda firme por el transcurso del tiempo establecido para impugnar. Solo cuando se hace saber fecha, hora y lugar, la querella se agravia, fundado el mismo, en el principio de “Juez natural”; no de la designación en sí misma, sino en el lugar de realización de la pericia, aunque no alega ni motiva su escrito la imposibilidad de desplazarse, solo dice que debe hacerse en esta localidad, equiparando a la perito al Juez. El A quo rechaza el recurso de reposición, por lo que el supuesto agravio, improcedente en base a la fundamentación brindada, al ser rechazado dejó firme nuevamente la cuestión del lugar en donde la pericia se realizó.
En este orden, retomando entonces, tanto la Perito Oficial nombrada como el lugar de realización de la pericia no pueden ser cuestionados en esta etapa, siendo actos regulares que no meren sanción alguna (léase nulidad relativa o absoluta) y que, por otra parte, además, son de práctica claramente común en el fuero penal de todo el país, por lo que todos los agravios sobre este aspecto corresponde rechazarlos. Ahora bien, cuando se agrega el informe la querella lo impugna. Teniendo en cuenta la doctrina de los actos propios, lo que claramente impugna la parte querellante en el ejercicio de su derecho de defensa en juicio, es el procedimiento realizado por la perito y las conclusiones (léase información) a las que concluye.
Son dos cuestiones diferentes que tienen un trámite similar pero que se resuelven en momentos, reitero, distintos.
Correctamente el A quo corre vista de la impugnación de estas dos cuestiones a la Perito Oficial y a las partes. Todas se expiden sobre las impugnaciones, pero al momento de resolver, si se repasa la motivación del acto, el A quo, correctamente, se expide solo sobre la validez de las operaciones llevadas a cabo y no sobre la conclusión, esto es, la información que le aporta la pericia. Sobre ésta no emite juicio alguno. Y ello así, pues como dije, si bien el trámite de impugnación de los procedimientos y de la información es similar, se resuelven, reitero, en momentos procesales diferentes, como no puede ser de otra manera. Hay que tener en cuenta que impugnar el procedimiento o la falta del mismo hace a la calidad de la información que se ingresa, allende el contenido de la misma.
Si bien una resolución no es un acto académico, vale aquí explicar, vía hipótesis que, si imaginamos un informe pericial que solo cuenta con una conclusión, si haber realizado operación alguna o dado cuenta de ello, pues en ese supuesto caso, sea cual fuere su contenido, el mismo es irregular y deberá ser sancionado con la nulidad por no observar los parámetros establecidos por la ordenanza procesal. Cuando el A quo rechaza la impugnación de la pericia, lo hace en referencia a la “impugnación” que la querella realiza de las operaciones llevadas a cabo por la perito, no se expide sobre el contenido de la misma ni sobre las impugnaciones que el apelante realiza sobre el mérito o demérito de ella.
Y es que, en este aspecto, esa valoración, conforme lo expresado procedentemente en el punto e), deberá hacerla cuando resuelva la situación procesal de la imputada o cuando decida, en su caso, sobre la existencia o inexistencia de un delito. Reitero el concepto, cuando se impugna una pericia en lo que hace al aspecto de las operaciones y de la información que aporta, la primera debe resolverse en el momento del planteo previa vista de los peritos y de las partes. Pero la que se refiere a la información y su valoración, deben ser tenidas presentes, una vez sustanciadas, para ser resueltas en el momento procesal oportuno. El A quo no ha valorado la información que aportó la pericia, solo se ha expedido respecto de las operaciones y éstas, comparto por sus mismos argumentos, respetan las normas que impone la ordenanza procesal, teniendo en cuenta las características del informe pericial realizado.
Quedará para el momento procesal oportuno, conforme el principio de contradicción y como ha quedado trabada la litis en este punto del proceso, responder las impugnaciones realizadas por la querella. Sentado ello, además, debo expresar que la pretensa equiparación del perito que actúa como auxiliar de la Justicia, sea Oficial, Privado o de Parte (vid art. 238 del CPP.) no encuentra anclaje alguno en el derecho constitucional-convencional ni en la organización del proceso penal, mucho menos que eso se afecte fundado en que el informe se hubiera realizado en una localidad distinta al asiento del Tribunal, cuando no es un requisito esencial el traslado para realizar la operación en el lugar del hecho.
Respecto al planteo relacionado con la ausencia de la experta en el lugar del hecho, cabe mencionar que la perito en criminalística desarrolla su trabajo a partir de todos los datos de interés recolectados en la presente investigación, siendo estos los informes policiales, acta de inspección ocular, secuencias fotográficas, croquis, informe técnico mecánico, secuencias fílmicas, daños en los vehículos. Como bien lo señala la Lic. Cortés, la accidentología vial se desarrolla en dos etapas, siendo la primera de ellas el trabajo en el lugar del accidente en donde se recolecta todos los indicios para su posterior análisis; la segunda etapa, es aquella que corresponde al procesamiento de la información recogida en donde la experta aplica sus conocimientos específicos de su materia a fin de dar respuesta aquellos puntos de pericia.
Distinto el supuesto que, sabiendo día, hora y lugar, una parte exprese la imposibilidad de concurrir de manera fundada. Pero ello no sucedió en autos, por ello el A quo enfocó la cuestión de manera correcta. Asimismo, que el perito deba actuar de modo objetivo e imparcial, guiado por las normas de su ciencia, arte o técnica, y que pueda ser recusado o excusarse por las mismas causales que los jueces para garantizar la citada objetividad e imparcialidad (conf. Art. 240 del CPP.) no lo convierte en Juez ni lo equipara como órgano esencial del proceso, por lo que no puede aplicársele el principio de “Juez Natural”. Al expedirme sobre este principio, e n los autos caratulados “BOGACH SALAZAR CELMAN DAMIAN S/ Infracción art. 119 del CPA ” Expte.
Nº 29180/20-S, N° de Recursos 6613/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Las Heras, sostuve que: "...Que la resolución de estos estrados sea confirmatoria, reformatoria, revocatoria o nulificante, no implica que el Sr. Juez de Instrucción pueda apartarse, pues si bien el mecanismo de la excusación articulado no vacía de contenido lo resuelto por esta alzada, ya que hay un subrogante que interviene, afecta una garantía esencial del debido proceso y que es la del "Juez Natural".- Es centro y fundamento del sistema constitucional argentino el principio de juez natural (Art. 1 del CPP de la Provincia de Santa Cruz), que asegura la existencia de un órgano de judicial imparcial para el conocimiento de una determinada controversia o caso.
Sobre el particular se ha sostenido que "...Del contenido de la norma prevista en el art. 18 de la Constitución Nacional surge que "ningún habitante de la Nación puede ser juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa". En consecuencia, es ilegítimo establecer como tribunales de justicia a comisiones especiales (tribunales ad hoc, de excepción o para la ocasión), creados especialmente para el caso o según la persona a Juzgar. Dicho de otro modo, la Constitución pretende garantizar a las partes la imposibilidad de que los órganos y los hombres del gobierno puedan seleccionar el tribunal competente para el proceso sometido a juzgamiento, propicia evitar toda manipulación para la determinación de un tribunal de excepción y la posibilidad de que por ley posterior al hecho se decida la avocación de tribunales a causas en trámite.
Entonces, esta garantía constitucional importa asegurar a los justiciables (acusador e imputado) la existencia de un órgano judicial, con jurisdicción y competencia, para intervenir en el caso. En definitiva se trata del derecho a un juez verdaderamente competente, que garantiza objetivamente el derecho al juzgamiento imparcial y equitativo por parte de un funcionario predeterminado por la ley previa y ese atributo de imparcialidad será la principal característica y garantía del proceso jurisdiccional judicial o debido proceso legal. Ha señalado la Corte Suprema de Justicia desde antaño que la garantía enunciada precedentemente encuentra adecuado cumplimiento en el juzgamiento del proceso por parte de tribunales permanentes, integrantes del Poder Judicial organizado según las cláusulas de la Constitución Nacional...Así las cosas, el juez o el tribunal debe haber sido creado por ley, que le otorgue jurisdicción y competencia para conocer en el delito que se trate y encontrarse en funciones (constituido) al momento de cometerse el hecho, ...Entonces, a nuestro criterio, brevemente, el juez o el tribunal natural es el creado y estructurado legítimamente (por una ley general fundada en la constitución), permanente, con jurisdicción y competencia normativamente adjudicadas para intervenir en una serie indeterminada de procesos, cuyo conocimiento le corresponde por ley.
Obviamente, es creado y estructurado antes de la comisión del hecho que origina el proceso punible y goza de absoluta independencia e imparcialidad. Precisamente, el fundamento de la garantía constitucional, que le asiste a todo justiciable (acusador o imputado) reposa en la intervención en el proceso de ese juez o tribunal seguro, confiable, equitativo e incuestionable. Como Afirma Julio B.J. Maier, asegurar la independencia e imparcialidad del tribunal es evitar que él sea creado o elegido, por alguna autoridad, una vez que el caso sucede en la realidad, esto es, que se coloque frente al imputado tribunales ad hoc, creados especialmente para el caso o para la persona a juzgar. "(conforme, Mariano Cúneo Libarona, en CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION COMENTADO Y ANOTADO DIRECTOR MIGUEL ANGEL ALMEYRA, COORDINADOR JULIO CESAR BAEZ, TOMO I, LA LEY ED. 2007, PÁG. 47, SS.
Y CC.) El sistema de división y equilibrio entre los poderes-funciones estatales, ha reservado a la función jurisdiccional, como competencia constitucional propia y específica, la de solucionar las controversias entre los particulares e inclusive, entre estos y el propio Estado, en ejercicio de función administrativa, sea este nacional, provincial y/o municipal (conf. art. 33 del C.C.), como bien lo señala el juego armónico de los arts. 116 y 109 de la Constitución Nacional, y el art. 131, ss. y cc. de la Constitución Provincial. En ejercicio de potestad reglamentaria propia de los Estados Provinciales, (vid art. 5, 75 inc. 12, 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional) le corresponde a los poderes locales establecer las formas y modos de resolver las controversias, hecho que se materializa a través del dictado de los códigos de procedimientos y/o "procesales", que garantizan por un lado, el equilibrio entre las partes en pugna y por el otro, la legítima defensa de los derechos que invocan y los argumentos para manifestarlos, estableciendo como dato cierto, la solución y conclusión de las mismas, a través de las sentencias de los jueces y tribunales "lato sensu", acto que define esencialmente la competencia jurisdiccional, por sobre la función legislativa y la administrativa.
Es una de las garantías plasmada en el art. 18 de nuestra Carta Magna y es precisamente lo que tiende a proteger el art. 159 inc. 2 CPP SC y su concordante Art. 167 CPPNac. al prever como causal de nulidad la violación de disposiciones concernientes a la intervención del Juez.- El Dr. Claria Olmedo explica en su obra de referencia que :"Se llama Juez natural al juez de la constitución, es el designado conforme a las normas y a las garantías constitucionales. No actúa como "juez natural" el que lo hace sin reunir las condiciones impuestas por estas normas aseguradoras de la función judicial del Estado y de las leyes que en su consecuencia se dicten para el efectivo y correcto ejercicio de la jurisdicción por el órgano predeterminado..." (Tratado de Derecho Procesal Penal Tomo I Nociones Fundamentales Jorge A.
Clariá Olmedo, ed. Rubinzal Culzoni editores. Pag 247 edición 2008).- … Hay diferentes maneras de regular legislativamente el control constitucional-convencional. Dicho control de pacífica acogida y aplicación por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue evolucionando, hasta llegar a establecer que el mismo debe realizarse de oficio. Ello es doctrina a partir de los fallos "Mill de Pereyra, Rita y otros c/ Provincia de Corrientes" Fallos 324:3219 y "Rodriguez Pereyra, Jorge Luis y Otra c/ Ejercito Argentino s/ daños y perjuicios" Fallos 335:2333. En el proceso penal y a manera de ejemplo, el artículo 350 del nuevo código Procesal Penal Federal, establece como función de los jueces de control, la competencia en relación a los puntos que motivan los agravios y al control de constitucionalidad, que en la práctica debe leerse como control de constitucionalidad-convencionalidad.
En nuestro proceso penal provincial está regulado, pero se hace a partir de la sanción que implica la vulneración constitucional convencional de un acto, es decir a través del supuesto establecido en el segundo párrafo del artículo 160 que sanciona con nulidad y que en virtud de los derechos en ciernes, no es otra que la absoluta. Como bien explica el Dr. Nelson R. Pessoa en su obra "La nulidad en el proceso penal" de la editorial Rubinzal- Culzoni, nuestro sistema combina dos supuestos, uno de nulidades tasadas, donde se encuentran las genéricas, específicas y las implícitas y otro referido a garantías constitucionales y que hacen al control constitucional convencional de los actos del proceso.
El artículo 160 segundo párrafo del CPP. establece que "Solamente deberán ser declaradas de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, las nulidades previstas en el artículo anterior (hace referencia al artículo 159 del CPP.) que impliquen violación de las normas constitucionales (lo que debe leerse como normas constitucionales-convencionales). A través de este mecanismo, y advertido que el Decreto señalado de fs. 475, por los motivos expresados, vulnera el principio de "juez natural" y que encuentra sustento normativo en el artículo 159 segundo párrafo pues refiere directamente a la intervención del Juez, corresponde declarar la nulidad absoluta del mismo y todo lo actuado en su consecuencia, debiendo asumir dicho magistrado la instrucción de la presente causa y continuar con la misma, conforme lo resuelto por el Sr.
Juez de Recursos subrogante...".- De lo expresado surge que el principio invocado no puede extenderse a los peritos intervinientes. Y como bien lo señaló el Sr. Juez de Instrucción fs. 80 “...que en las presentes actuaciones no se está delegando una facultad jurisdiccional, sino sólo se realizará una diligencia procesal ordenada por el suscripto, con lo cual no se vería afectado dicha garantía, que compromete sólo a los magistrados, ya que los peritos en el marco de un proceso penal revisten el carácter de auxiliares del Juez, en un área específica…”. Respecto al debido proceso, el recurrente entiende que se ha violado la garantía de defensa en juicio, bilateralidad, contradicción impidiendo ejercer su derecho de defensa, ser oído y cuestionar los cálculos y argumentos en los que se basó la experta.
A ello cabe decir que “Como derivación de la garantía constitucional de inviolabilidad de defensa en juicio y del principio de contracción del proceso en general, tiene particular importancia el de contradicción específicamente referido a la prueba. Concretamente se enuncia explicitando que la parte contra la que se oponga una prueba debe tener la oportunidad procesal de conocerla y discutirla. Para conocer de la prueba es preciso que se notifique no sólo el ofrecimiento y el proveído por el cual el órgano jurisdiccional la admite como tal, sino también el día, hora y forma de su producción, como también todos los actos procesales que refieran a la misma, como su postergación. Variación, o suspensión de cualquier naturaleza.
Todo ello permite a la o las partes, según corresponda, conocer la naturaleza e identidad del medio probatorio, el órgano que la practicará, la oportunidad de su producción y las condiciones en que se haga, posibilitando la oposición mediante las instancias pertinentes a todas las cuestiones que considere improcedente. Y luego la posibilidad de discutir la prueba ya producida, lo que refiere a las alegaciones sobre el mérito probatorio, para lo cual las leyes procesales establecen un periodo específico…” (Conf. “La Prueba en Materia Penal”, Eduardo M. Jauchen, Rubinzal Culzoni, 1996, pág. 31/32.) Del análisis de autos, surge que desde que la parte querellante se constituyó como tal, se la ha notificado de cada decreto y acto procesal a sustanciarse en el proceso, teniendo un rol activo en el mismo, toda vez que y adentrándonos específicamente en la pericia en cuestión, se reitera el racconto expuesto procedentemente.
A fs. 75 vta. se notificó a la parte querellante de la intervención de la Lic. Celeste Cortés, para luego éste proponer puntos de pericia a fs. 76, posteriormente a fs. 78 vta. fue anoticiado de fecha, lugar y hora de la audiencia. Ya a fs. 81/92 obra pericia accidentológica donde se aprecia que la misma evacua cada uno de los puntos periciales tanto los ordenados por el Juzgado de Instrucción como los propuestos por la querella. A fs. 94/96 el querellante impugna la pericia, por lo que el órgano jurisdiccional corre traslado a la perito y las partes. Por su parte la Lic. Cortés a fs. 98/99 contesta todos y cada uno de los puntos de impugnación. El derecho constitucional-convencional a la garantía de defensa en juicio y al debido proceso adjetivo y sustantivo, son derechos humanos esenciales que deben ser claramente operativos cuando los particulares se enfrentan al poder punitivo o disciplinario, especie del anterior, del Estado, más allá que las normas infraconstitucionales que los gobiernan pueden pertenecer al derecho procesal penal o penal, o al derecho procesal o procedimental administrativo o administrativo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sostenido una doctrina inveterada, allende las distintas integraciones del cimero tribunal federal, respecto a que a lo que debe entenderse por debido proceso. Así se ha sostenido que: "En el fallo "Tarifeño" (CSJN. Fallos 325:2019 del 29/12/89) procedente al que se remitió en los que le siguieron en igual línea aunque de forma escueta, la Corte afirmó: Que esta Corte tiene dicho reiteradamente que en materia criminal la garantía constitucional consagrada por el art. 18 de la CN. exige la observación de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales -CSJN- Fallos: 125:10, 127:36, 189:34; 308:157, entre otros muchos.
Conforme considerando 3°" (Conforme DERECHO PROCESAL PENAL. ANALISIS PRACTICO DE LOS INSTITUTOS PROCESALES CONTENIDOS EN EL CPPN Y LAS MODIFICACIONES INCORPORADAS POR EL CPPF, DE ANGEL GABRIEL NARDIELLO Y ERNESTO M. NAHIJIAN, EDITORIAL HAMMURABI JOSE LUS DEPALMA EDITORES, ED. 2021, pág. 47). Considero que el Debido Proceso Penal ha sido garantizado, dado que hasta este estadio procesal se encuentra cumplidos con el conjunto de etapas formales concatenadas e imprescindibles y especialmente la parte querellante tiene un rol activo en el mismo, donde se le notificaron los actos procesales, controló la pericia en cuestión e incluso solicitó su impugnación. Finalmente, sobre la tacha de arbitrariedad de sentencia, en los autos "RODRÍGUEZ MIGUEL ÁNGEL S/ PROMOCIÓN A LA CORRUPCIÓN AGRAVADA POR LA MENOR EDAD DE LA VÍCTIMA", Expte.
Nº 4187/11 (R-772/13/TSJ) del 31 de octubre de 2013, el Excmo. Tribunal de Justicia sostuvo que: "Como bien lo sostiene la doctrina, la causal de absurdo o arbitrariedad, en principio, sólo resulta procedente para revocar o impugnar un fallo cuando el vicio apuntado constituye un impedimento para declarar la ley aplicable, sea sustantiva o formal. Para que tal vicio extraordinario se configure "...tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación..." (Juan Carlos Hitters, "Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación", Editorial LEP, 2º edición, pág. 479). La Excma. C.S.J.N. sobre la doctrina de la arbitrariedad -desde sus inicios- estableció la distinción entre aquella y el error, pues sostuvo que le competía intervenir sólo "...en los casos extraordinarios de sentencias arbitrarias, desprovistas de todo apoyo legal, fundadas tan sólo en la voluntad de los jueces, y no cuando haya simplemente interpretación errónea de las leyes, a juicio de los litigantes..." (Fallos, 112:384, 2/XII/1909, "Rey, Celestino c/ Rocha, Alfredo y Eduardo").
Por tal motivo, la Excma. Corte Suprema de Justicia diferenció la arbitrariedad de las simples equivocaciones o errores en la interpretación judicial: no cualquier desacierto u omisión da lugar al recurso extraordinario por sentencia arbitraria. Es dable agregar que este Alto Cuerpo ha hecho suyo el criterio aplicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la arbitrariedad en interlocutorios tales como "Miranda, Epifanio Ulises s/ infracción art. 119 CP", Tº XIV, Rº 017, Fº084/094; "Soto, Víctor Ramón s/ homicidio simple" Tº XIV, Rº 014, Fº066/077; "Muñoz Juan Carlos s/ robo calificado por el uso de arma de fuego..." Tº XIV, Rº 004, Fº 014/019; "González, Bernardo Neris Oscar s/ privación ilegal de la libertad calificada en c/r..." Tº XIII, Rº 022, Fº 119/126; "Moraes Omar Enrique s/ apremios ilegales", Tº XIII, Rº 27, Fº 152/156; "Zamora, José Eduardo s/ incendio seguido de muerte" Tº XIII, Rº 34, Fº 191/199; entre otros.
En resumen, no resulta viable impugnar la fundamentación del fallo como lo hace la defensa, sobre la base de un punto de vista diferente, puesto que no ha demostrado que en el pronunciamiento condenatorio, haya incurrido arbitrariamente en un apartamiento del derecho aplicable o en omisiones sustanciales en la valoración de la prueba; siendo la discrepancia en la interpretación de los hechos insuficiente para sustentar la tacha de arbitrariedad." (La negrita es de mi autoría).- Surge claro de la explicación brindada supra, que el Sr. Juez de Instrucción se expidió sobre lo único que debía hacerlo en este estadio procesal, por lo que no corresponde hacer lugar al agravio planteado por el recurrente respecto a la arbitrariedad del auto en crisis."
Conforme lo expresado, corresponde declara la nulidad de la resolución dictada, por prematura, debiendo la a quo, al momento de resolver la situación procesal “lato sensu”, en el sentido que fuere, es decir incriminante o desincriminante, tartar la presente cuestión, cuando utilice la información aportada por el informe cuestionado.
Por lo expuesto, como Juez de Recursos:
I.-Declarar la nulidad del interlocutorio de fs. 35/41, por prematuro, difiriendo su tratamiento, para el momento procesal oportuno, conforme lo expuesto en los considerandos del presente auto.
II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Deseado Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
María Leandra Arana Secretaria
Fin de la sentencia