Abriendo la norma
Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Junín · Causa 2784
Lo que resolvió el tribunal
I. Confirmar, por los fundamentos dados, la resolución de primera instancia que no hace lugar al planteo de nulidad por la regla de exclusión probatoria deducida por la defensa pública del imputado N. G., sin perjuicio de lo que pueda plantearse y resolverse en la otra etapa procesal acerca del fondo de la cuestión y de la figura legal que se dice abarcada por la conducta del nombrado. Sin costas por tratarse de la defensa oficial.
Expte. Nº JU-2784-2018:
"G., N. S/INFRACCION ART. 128 C.P."
Nº de Orden: 207 Libro de Sentencias Nº 60.-
///nín, a los treinta días del mes de Mayo del año dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Junín, Provincia de Buenos Aires, Doctores Andrés Francisco Ortiz y Carlos Mario Portiglia (Art. 440 del C.P.P.), bajo la Presidencia del primero, se trajo a despacho para pronunciar Sentencia la Causa Nº JU-2784-2018, caratulada "G., N.
S/INFRACCION ART. 128 C.P.".
Conforme al sorteo oportunamente efectuado ante la Actuaria, se estableció que los señores Jueces debían observar en la votación el siguiente orden: Doctores Portiglia y Ortiz. Seguido el Tribunal resolvió considerar la siguiente cuestión: ¿ Es justa la resolución apelada ?
A LA CUESTION PLANTEADA, el Sr. Juez Dr. Carlos Mario Portiglia dijo:
Mediante la resolución dictada el 29 de marzo del corriente año 2019, y en lo que aquí realmente interesa, el Juez subrogante del Juzgado de Garantías n° 1 departamental rechazó el planteo nulificatorio formulado por el defensor oficial del imputado N. G., motivando la tempestiva impugnación de esa parte que abre la competencia revisora de la Cámara (ver fs. 69/76 y 80/84vta., cfr. art. 21, 421, 439 y cc. del CPP).
Para una mayor comprensión del problema a resolver trataré de realizar, a guisa prieta, una recreación del suceso que diera motivo a la presente IPP, así, tenemos que: "quien fuera por el lapso de 5 años la novia del imputado –P. A. M.- el día 17 de marzo del año 2018 mientras buscaba en una cajonera de la habitación de Nicolás unos chocolates para comer ya que generalmente allí estaban guardados, advierte una bolsa que trababa el cajón y, al retirarla, pudo ver que contenía en su interior dos teléfonos celulares -uno de ella que hacía mucho no encontraba- otro marca Samsung, un cargador, un chip sin colocar, tarjetas de memoria y prendas de interior femeninas, entre otros elementos. Es así que guarda dichos elementos en su mochila por suponer que estaba siendo engañada y, posteriormente, de uno de los móviles y de la tarjeta de memoria puede observar un video oculto donde se la ve a su hermana menor C. L. M, de 16 años de edad, saliendo de la ducha del baño de la casa de su novio, desnuda completamente, mientras tomaba una toalla para secarse el cuerpo. A su vez, encuentra una página con contenido para adultos de nombre "poringa" en donde aparecía un usuario con el nombre de "Ale55m" que tenía su imagen, mediante la cual intercambiaba fotos y videos de personas de esta Ciudad como así también desconocidos".
La mencionada menor C.L.M. se presenta en la Ayudantía Fiscal de Gral. Pinto el día 20 de marzo del año 2018 y formula denuncia penal sobre la circunstancia relatada. A partir de ahí y luego de algunas medidas probatorias llevadas a cabo en la pesquisa, la Agente Fiscal a cargo de la UFIyJ n° 6 encuadra el caso en la figura legal prescripta en el art. 128 del Código Penal y hace comparecer al imputado N. G. para recibirle declaración en los términos del art. 308 del CPP, oportunidad en que el nombrado hace uso del derecho constitucional a guardar silencio (ver acta de audiencia de fs. 47/48, de fecha 15 de enero del corriente año 2019).
Ante la requisitoria de elevación a juicio formulada por la Fiscal a fs. 53/58vta., la defensa se opone planteando la nulidad del proceso y el consecuente sobreseimiento de su asistido invocando para ello la regla de exclusión probatoria por violación de la garantía contenida en el art. 18 de la C.N. que protege la esfera íntima de las personas y la inviolabilidad del domicilio, la correspondencia epistolar y los papeles privados. El rechazo a dicho planteo por parte del juez garante motiva, reitero, la queja que abre la competencia revisora de la Cámara.
Sostiene básicamente el recurrente que la decisión del "a quo" desconoce el derecho constitucional conculcado en perjuicio del prevenido, en la medida que la prueba de cargo obtenida e invocada por la representante del Ministerio Público Fiscal es producto de un obrar ilícito que está reprimido por el art. 153 del Código Penal -según ley 26.388- ya que la hermana de la denunciante, que mantenía un vínculo sentimental con el imputado, encontró y se llevó del domicilio de G. teléfonos celulares y tarjetas de memoria para ser revisados.
Dice que esa conducta viciada no puede dar lugar a otro proceso penal, y que una situación de celos, sospecha o suspicacia respecto de la pareja no justifica la intromisión en un ámbito ajeno que no le pertenece, alegando que el resolvente de grado minimiza garantías de raigambre constitucional que resultan elementales e inherentes a la persona, transformando el derecho a la intimidad y a la privacidad no ya en una garantía individual para cada habitante sino en una garantía compartida con quién existe un vínculo de tipo afectivo. Esto es, la persona dejaría de ser sujeto de derechos individuales y perdería de ese modo su esfera de privacidad e intimidad que goza de protección constitucional.
Continúa manifestando que la lectura de los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional revelan, claramente, que la intromisión en la vida privada de las personas sin autorización de autoridad competente, ya sea por parte del Estado o por particulares, es violatoria de esas garantías, invocando en apoyo de la postura que pregona la doctrina del "fruto del árbol venenoso", con cita y transcripción de la jurisprudencia estadounidense y nacional que la han aplicado, así como también en la doctrina nacional que transcribe (Carrió Alejandro, "Garantías constitucionales en el Proceso Penal"; Badeni Gregorio, "Instituciones de derecho constitucional"; Maier Julio, "Derecho Procesal Penal"), para epilogar su escrito peticionando la revocación del fallo en crisis y que se haga lugar a la declaración de nulidad que persigue.
La lectura de las actuaciones me ha llevado a reflexionar que, efectivamente, estamos ante un verdadero "dilema" -en el sentido literal del término- por los derechos e intereses en juego que encuentran todos amparo constitucional.
De ahí que la solución que en definitiva propondré en el caso no estará exenta de crítica o disconformidad, según de que lado se ubique cada uno a la hora de definir que derecho debe prevalecer sobre el otro. Pero adviértase que lo dilemático se exalta, además, porque ambas partes del proceso (denunciante-víctima e imputado), reclaman para sí el respeto irrestricto a su intimidad y privacidad personal y reclaman tutela judicial con fundamento en esas garantías constitucionales. Entonces la pregunta que debe hacerse para resolver esta encrucijada es la siguiente: ¿ Es nula la prueba incorporada a la presente investigación producto de la información obtenida de un teléfono celular y tarjeta de memoria del imputado, revisados por su novia y su hermana menor víctima, sin su consentimiento?
En este especialísimo supuesto y en esta coyuntura procesal, por lo que infra explicaré, estimo que la respuesta es negativa.
La jurisprudencia a la que alude el quejoso se estableció en Fallos 46:36 "Charles Hermanos"; 303:1938 "Montenegro"; 306:1752 "Fiorentino"; 308:733 "Rayford", entre otros, de la CSJN, que cabe excepcionar por no ser análogos ni de aplicación al caso.
No puedo dejar de mencionar que la cuestión bajo análisis cobró fuerza y vigor jurisprudencial y legislativo a través del aporte que hicieran S. Warren y L. Brandeis en 1890 al publicar el enjundioso trabajo "The right to privacy" en la revista jurídica Harvard Law Review.
La intimidad es una necesidad humana y un derecho natural del hombre por lo que es independiente y anterior a su regulación positiva. El término íntimo viene de íntimus, superlativo latino que significa "lo más interior". La intimidad corresponde al ámbito psicológico e inconmensurable del individuo, comprende su personalidad, sus valores morales y religiosos, sus tendencias sexuales y amorosas, sus orientaciones ideológicas. Lo íntimo está más fuera del alcance del interés público que lo privado. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es la "zona espiritual y reservada de una persona o un grupo, especialmente una familia". Miguel A. Ekmekdjian, la definió como: "la facultad que tiene cada persona de disponer de una esfera, de un ámbito, privativo o reducto infranqueable de libertad individual, el cual no puede ser invadido por terceros, ya sean particulares o el propio Estado, mediante cualquier tipo de intromisiones, las cuales pueden asumir diversos signos" (Tratado Elemental de Derecho Constitucional, 1993). Con otros fundamentos, Humberto Quiroga Lavié reflexiona y la define como: "el respeto a la personalidad humana, del aislamiento del hombre, de lo íntimo de cada uno, de la vida privada, de la persona física, innata, inherente y necesaria para desarrollar su vida sin entorpecimientos, perturbaciones y publicidades indeseadas. Es un derecho personalísimo que permite sustraer a las personas de la publicidad o de otras turbaciones a su vida privada, el cual está limitado por las necesidades sociales y los intereses públicos" (Derecho a la Intimidad y Objeción de Conciencia).
Por su parte, para la legislación, en general, íntimo y privado aparecen como sinónimos, aún cuando no sean términos idénticos. El maestro Germán Bidart Campos, que diferencia el concepto de intimidad del de privacidad, define la intimidad como: "la esfera personal que está exenta del conocimiento generalizado de tercero", y la privacidad es: "la posibilidad irrestricta de realizar acciones privadas (que no dañen a otros) que se cumplan a la vista de los demás y que sean conocidas por éstos" (Manual de la Constitución Reformada, Tomo I, Ediar, Buenos Aires, 1998). De ahí que pueda inferirse que lo privado es, entonces, aquello restringido al dominio de unos pocos, referido a lo doméstico y familiar y consagrado en el "derecho a la privacidad", mientras que lo íntimo es lo que corresponde al ámbito personal y psicológico, las creencias y la moral de la persona. En esa línea, la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados reconocen varios derechos y garantías acerca del tema bajo tratamiento: el derecho a la privacidad que impide que las personas sean objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada (art. 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica; art. 5° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y art. 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Ese rango constitucional y supraconstitucional (arts. 31 y 75, inc. 22, del C.N.), ha sido reafirmado por el más Alto Tribunal Federal a través de no pocos precedentes, en donde se expuso que "...el principio de dignidad que consagra al hombre como un fin en sí mismo, se opone a que sea tratado utilitariamente... el derecho internacional también ha hecho un vehemente reconocimiento de las víctimas y se ha preocupado en evitar su revictimización, a través del acceso a la justicia..." (art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica), mereciendo un cuidado extremo de los jueces y una hermenéutica armónica, sistemática y contextual de las normas en pugna cuando estén en juego derechos e intereses de personas menores de edad.
No puede desconocerse que la irrupción masiva de la telefonía móvil y la versatilidad de funciones que estos dispositivos ofrecen, ha incorporado, entre otras muchas, una nueva costumbre al comportamiento social: "filmar y grabar". Se trate de una exposición, una llamada, una declaración, etc., grabar es un recurso, cada vez más accesible, más sencillo y por tanto, más frecuente; lo cierto es que hoy suele quedar la duda de si es lícito grabar una conversación o si nos puede acarrear consecuencias negativas. Bajo el n° 3585/16, llegó al Tribunal Supremo de España una causa en donde se discutía la legitimidad de una prueba obtenida por esa vía y concluyó en que no hubo intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad personal, refiriendo que la aportación al proceso de grabaciones de conversaciones particulares realizadas por uno de sus protagonistas no vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones, pues este derecho no puede esgrimirse frente a los propios intervinientes en la conversación.
Repárese que en el "sub lite", quien denuncia y aporta la prueba tildada de espuria es la propia víctima que ha sido filmada y grabada no sólo sin su consentimiento, sino además en un total estado de desnudez y en un ámbito privadísimo como lo es el baño de una casa.
De ahí que es mi opinión, en este particular supuesto -y sin que implique apartarme o desconocer la doctrina que pregona para sí el recurrente como criterio general-, que no se puede invocar la protección constitucional del derecho a la intimidad y privacidad personal cuando precisamente esos derechos son los que han sido vulnerados y violentados en su máxima expresión por quien pretende precisamente ese amparo; máxime cuando es en perjuicio de una niña menor de edad que, además de ser titular de los derechos constitucionales que integran el debido proceso, por su misma condición de niña también es titular de derechos e inmunidades especiales respecto de los adultos. Así, los niños y niñas poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos, menores y adultos, y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Condición Jurídica y Derechos Humanos de los Niños, OC 17/02, párrafo 54). Como expusiera la CSJN en causa 1174 M. 1022. XXXIX del 7/12/05, "...los derechos especiales que tienen los menores por su condición, no constituyen sólo un postulado doctrinario, sino que su reconocimiento constituye un imperativo jurídico de máxima jerarquía normativa, derivado de los tratados internacionales suscriptos por nuestro país, en especial de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica...".
Criterios que han sido sin hesitación recogidos por la ley nacional 26.061 y provincial 13.634, que brindan especial protección al desarrollo integral de los niños y niñas sin injerencias ni intromisiones indebidas en sus vidas, con especial resguardo a su privacidad e intimidad.
De ahí que la filmación y grabación de las partes más íntimas de una niña en su etapa de desarrollo, en un plano de total desnudez, sin su conocimiento ni consentimiento, esto es, de manera oculta y traicionera, no puede permitirse ni tolerarse, por la mera invocación, de parte del adulto, de su derecho a la privacidad e intimidad, que es precisamente lo que no se le respetó a la menor.
De otro lado, y para adoptar la postura que vengo sosteniendo, tengo también en cuenta -y muy especialmente- que la injerencia indebida que cuestiona la defensa no lo ha sido por parte de ninguna autoridad pública que forme parte de alguno de los poderes del Estado, y que quien formula la denuncia lo hace en calidad de ser la propia víctima del hecho denunciado, es decir, no se puso en conocimiento de la justicia un hecho que sea susceptible de afectar derechos de terceros, sino, reitero, el de la propia menor que se ha visto sorprendida y agraviada en su esfera más íntima, en la medida que nadie tiene el derecho de filmar a escondidas o de modo clandestino a una menor de edad en sus partes más íntimas y en total desnudez y mucho menos mantener esas imágenes en su teléfono celular, vaya a saber uno con que intenciones.
Entonces, puesto a tomar una posición entre los derechos e intereses en pugna de la denunciante y del prevenido que, paradójicamente, tienen su razón de ser en las mismas garantías constitucionales enunciadas en los arts. 18, 19 y cc. de la C.N., me inclino en este particular supuesto por darle preeminencia al derecho de la menor víctima a denunciar una situación absolutamente anómala e irregular que descubriera y que la afecta en su pudor y en lo más íntimo de su persona, por sobre el derecho invocado por la defensa pública del imputado a resguardar su ámbito privado y rechazar toda injerencia indebida.
En esa senda, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo, acerca de la temática en trato sobre nulidad y exclusión probatoria que "...no ha de entenderse de aplicación automática e irracional, quedando a cargo de los jueces de la causa, valorar las particularidades de cada caso en concreto, y de acuerdo a los principios de la lógica y de la experiencia social determinar caso por caso y no en abstracto, si un elemento probatorio ha sido obtenido como consecuencia directa y necesaria de una conducta inconstitucional…" (CFCP, Sala IV, causa 847, del 30/10/98), criterio que en alguna medida es ratificado por la CNCyC de la Capital Federal, Sala de Feria, en causa "C.Q.A.G. s/Nulidad", de fecha 15/1/15, al sostener que "...la información obtenida por el Estado de un particular que revisó el teléfono celular que el imputado dejó olvidado en un comercio no puede ser excluida como indicio válido para iniciar un proceso penal, pues dicha exclusión solo procede contra actos que provengan de órganos estatales..."; y también por la CNPE, Sala B, causa n° 1652/2014, orden n° 27.568, de diciembre del año 2017 in re "H.S.B.C.
Bank Argentina S.A. s/Inf. ley 24.769", al sostener que la prueba obtenida de un dispositivo privado de un particular no es pasible, en principio, de la declaración de nulidad que se pretende. En esa senda, es que las reglas de exclusión de la prueba ilegalmente obtenida buscan evitar que el Estado se beneficie, o eventualmente construya sus sentencias, como consecuencia de un acto que los funcionarios hayan desplegado transgrediendo las normas (Corte Suprema de Justicia de la Nación, "C. H.", Fallos: 46:36; "M., L." Fallos: 303:1938). Y ello puede leerse tanto en el fallo "Montenegro" como en "Rayford", donde se efectúan ciertas referencias a los encargados de resguardar el cumplimiento de la ley que "sugieren con bastante claridad que de lo que se habla es de métodos de ejecución de la ley por parte de quienes deben hacerla cumplir, esto es los funcionarios públicos".
De tal manera, no es nula la actuación de un particular que no interviene como funcionario, en tanto las garantías constitucionales, en principio, tienen como fin proteger al imputado frente al poder estatal. Por ello, la exclusión de la prueba obtenida ilegítimamente procede de manera ineludible, en mi opinión, contra actos que provengan de órganos estatales. En ese aspecto, también la justicia de los Estados Unidos ha sostenido que "la regla de exclusión probatoria requiere que la evidencia obtenida sea la consecuencia directa o indirecta de la violación por parte del gobierno a las enmiendas cuarta, quinta y sexta de la Constitución" (Corte Suprema de los Estados Unidos, fallos: "Weeks v.
U.S", 232 U.S. 383, 398 1914-; "Mapp v. Ohio", 367 U.S. 643, 654 -1961-, citado en C.C.C., Sala VI, causa nro. 1259/2012 "G. , R. N.", rta. 03/10/2012, entre otras).
Por otro lado, tampoco puede pasarse por alto, en el presente, que además de tratarse de una víctima menor de edad que cuenta con especial amparo constitucional y supraconstitucional en donde están seriamente comprometidos sus derechos a la intimidad y privacidad de su cuerpo, así como su pudor y desarrollo sexual, el material inspeccionado no estaba guardado bajo llave o lugar específicamente protegido de la casa y quien lo encuentra no era una intrusa sino que se trataba de la novia del imputado que tenía habitualmente acceso a la casa y autorización de permanencia, por lo que esa protección especial a su intimidad que invoca el quejoso cede frente a los derechos en juego de una menor de edad.
De ahí que la nulidad que pregona no puede tener acogida favorable, propiciando el rechazo del remedio impugnativo impetrado y la homologación del fallo de primera instancia que así también lo decide. Sin costas (arts. 106, 434, 439, 441, 530, 531 y cc. del CPP).
Por último, y teniendo en cuenta que no hay agravio en subsidio acerca de la denegatoria de sobreseimiento, ya que ello vino de la mano de la nulidad articulada, no puedo expedirme sobre ese tópico, por lo que sin mengua de ningún derecho de estirpe constitucional, el asunto debe ser dirimido en el próximo estadio procedimental, al abrigo de los principios rectores que dan vida al sistema acusatorio: bilateralidad, contradicción, inmediación, concentración, oralidad y congruencia, siendo ese el escenario en donde el defensor recurrente podrá hacer valer toda la prueba de la que intente valerse para contrarrestar la acusación y argumentar si, efectivamente, y más allá de la validez de la prueba obtenida, la conducta del incusado encuadra o no en la figura legal que se le achaca descripta en el art. 128 del Código Penal.
VOTO POR LA AFIRMATIVA.-
Dio su voto en el mismo sentido, aduciendo análogas razones, el Señor Juez Dr. Ortiz.
Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal
I. Confirmar, por los fundamentos dados, la resolución de primera instancia que no hace lugar al planteo de nulidad por la regla de exclusión probatoria deducida por la defensa pública del imputado N. G., sin perjuicio de lo que pueda plantearse y resolverse en la otra etapa procesal acerca del fondo de la cuestión y de la figura legal que se dice abarcada por la conducta del nombrado. Sin costas por tratarse de la defensa oficial.
II. Registrar, notificar y devolver al origen.
ANDRES FRANCISCO ORTIZ JUEZ DE CAMARA CARLOS MARIO PORTIGLIA JUEZ DE CAMARA ANTE MI: ANALIA GRACIELA BORNIC SECRETARIA
Fin de la sentencia