Abriendo la norma
TOMO CLXI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.125 FOLIO Nº 199/201 PROT. ELECT. JR101 272I.261
Río Gallegos, 08 de julio de 2026.
Los presentes autos caratulados "G.P.A. S/ DENUNCIA", Expte. N° 95344/26, Causa Nº 10245/26, venidos a despacho para resolver y de los que;
Que a fs. 7, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Uno con asiento en esta ciudad, quien en el punto 1º) ordena el archivo de las presentes actuaciones en función de lo preceptuado por el art. 187 segundo párrafo del CPP, en cuanto el hecho investigado no constituye delito.
Que a fs. 10/12 vta., la Dra. N.B., Defensora Oficial de la Defensoría Oficial de Niñas, Niños y Adolescentes N° Uno, apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 15 y tras recepcionarse dictamen fiscal a fs. 17/18 en virtud de la vista conferida a fs. 16, quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
1. Que la apelante en primer término argumentó que la resolución dictada en autos causa gravamen irreparable a los intereses de su representado.
En tal sentido destacó que se ha omitido en el presente proceso la debida intervención a ese MP a fin de que conforme las prerrogativas previstas en el art. 83 y 84 de la Ley Orgánica N° Uno, texto Ley 1600, realice las peticiones correspondientes conforme derecho a favor de su representado, privándolo del derecho a la representación complementaria y control de legalidad que realiza ese ministerio en materia de las infancias y cuya intervención es obligatoria tal y como surge del art. 103 del CCCN.
Por otro lado, sustenta su recurso de apelación manifestando en su primer agravio “Existencia de la tipificación del delito”, en que de lo manifestado por la progenitora de la presunta víctima, surge que el padre biológico se constituiría como agente de daño respecto de la persona menor de edad el cual ejercería violencia verbal hacia su representado, tal es así que dicha circunstancia habría generado lesiones de tipo psicológicas al punto que el adolescente tendría ideación tanatica".
Sentencia que de ningún modo dicho accionar no constituye un hecho penalmente reprochable toda vez que se encuadraría en las figuras típicas de los delitos de lesiones previsto en el art. 89, 90 y 91 del CP, todo ello según la evaluación del daño causado, el cual se encuentra pendiente.
En un segundo agravio “Falta de motivación e incorrecta valoración del accionar delictivo en la psiquis de la víctima”, destaca que el resolutorio carece de motivación, atenta con el principio de la recta razón y a las normas de lógica; con falta de valoración de la documental.
A su parecer, yerra el juez en su análisis del estado de la causa y resuelve de manera precipitada, inconsistente y contradictoria a la prueba, omitiéndose ponderar la consecuencia del accionar del denunciado en la psiquis del adolescente y el relato de la madre, el cual fue a todas luces desacreditado. Insiste en que no estamos ante un daño de poca entidad o ínfimo, sino ante un posible caso de real maltrato infantil con un daño real concreto y de significancia tal que ha generado, a juzgar por lo señalado por la Sra. G., una lesión considerable en la psiquis del adolescente al punto tal que el mismo tendría intenciones de quitarse la vida.
En el tercer agravio “Falta de impulso para la prosecución de la causa y búsqueda de la verdad, así como medidas protectorias a favor de sujeto de derecho”, expresa que, contrario a lo previsto en el resolutorio que se ataca, no es cierto que no se pueda proseguir en el presente trámite, ya que no constan en los presentes que se hayan ordenado diligencias orientadas a producir prueba suficiente que permita al magistrado llegar a una conclusión lógica y fundada en orden a la sana crítica racional.
Agrega que el testimonio del joven debe ser recogido en el marco de cámara gesell; que no se han practicado pericial psicológicas al denunciado a los efectos de conocer el perfil psicológico y posibles rasgos de agresividad, mucho menos se lo ha citado a declarar en torno al hecho delictivo que se le endilga; tampoco observa que se haya solicitado al Organismo de Infancia local tome intervención y/o incorpore informes.
Finalmente formula reserva de caso federal conforme las prescripciones del art. 14 ley 48.
Por su parte, la Sra. Fiscal ante las Cámaras al momento de emitir su dictamen, entendió que corresponde adherir parcialmente al recurso de apelación interpuesto, propiciando la revocación de la resolución de fecha 05 de marzo de 2026.
A criterio de ese Ministerio Público Fiscal, el agravio central radica en el carácter prematuro del archivo dispuesto, toda vez que la decisión fue adoptada sin haberse desplegado una actividad investigativa mínima que permitiera corroborar o descartar, con el debido sustento objetivo, la posible existencia de un hecho con relevancia penal.
Considera oportuno señalar que, mediante providencia de fecha 06 de febrero de 2026, se dispuso dar intervención a la Defensoría Pública Oficial de Niñas, Niños y Adolescentes, destacando expresamente que, conforme el tenor de los hechos denunciados, podía encontrarse involucrada una persona menor de edad en una situación de vulnerabilidad.
Señala que no obstante ello, en autos no surge que, con posterioridad a dicha providencia, se hayan producido medidas de investigación orientadas a esclarecer los hechos denunciados o a determinar si los mismos revestían relevancia penal.
Aclara que ello no implica afirmar que los hechos denunciados constituyan un ilícito penal ni adelantar opinión respecto de la eventual responsabilidad de persona alguna, sino únicamente reconocer que, frente a una noticia criminis de las características de la presente, correspondía agotar previamente las diligencias de investigación indispensables antes de adoptar una decisión definitiva en los términos del art, 187 CPP.
Agrega que a ello se suma que las presentes actuaciones involucran a un adolescente de catorce años, circunstancia que imponía al estado un especial deber de actuación y una investigación acorde con los estándares de protección reforzada.
Concluye propiciando la revocación de la resolución recaída y la devolución de las actuaciones al Juzgado de origen a fin que disponga la producción de las medidas investigativas que se estimen pertinentes para el esclarecimiento de los hechos denunciados.
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.
De atenta lectura de los argumentos esbozados por la parte apelante junto a la resolución atacada y las constancias de la causa, considero que la decisión de archivar los presentes actuados devino prematura.
Tras la recepción de la denuncia formulada ante la Comisaría de la Mujer, mediante oficio Nº 810-J.Prov.-DCMYF/25, la jueza subrogante en fecha 06/02/2026 ordena la intervención de la Defensoría Pública Oficial de Niñas, Niños y Adolescentes, ello atento que podría encontrarse una persona menor de edad en estado de vulnerabilidad.
En dicha denuncia, la Sra. G. expone situaciones de violencia verbal por las que se encontraría transitando su hijo menor de edad, violencia ejercida por parte de su progenitor, con quien se encontraría residiendo por razones de estudio.
Agrega que tales circunstancias habrían llevado al menor a intentar suicidarse a través de ahorcamiento.
Seguidamente, sin mediar ningún acto jurisdiccional, el juez subrogante, en fecha 05/03/2026 ordena el archivo de las presentes actuaciones en función del art. 187 2º párrafo del CPP.
En dicho auto el magistrado subrogante, tras manifestar analizar las expresiones vertidas por la denunciante y los elementos glosados, consideró que no surgían indicios que hagan presumir la comisión de delito penal alguno.
Analizando las presentes actuaciones consideramos le asiste razón a la Defensoría Oficial de Niños, Niñas y Adolescentes, y al Ministerio Público Fiscal, en cuanto se pone fin a las presentes actuaciones de manera prematura. De las constancias del presente legajo podemos observar, que el magistrado subrogante, dispone el archivo sin que previamente se hubieran producido mínimas medidas de prueba, anticipando un juicio definitivo sobre la atipicidad de los hechos denunciados.
Tal como fuera sostenido por la defensora y la fiscal de cámara, esta Alzada considera que frente a los hechos puestos en conocimiento de la jurisdicción, corresponde el agotamiento de una actividad investigativa, orientada a esclarecer la efectiva ocurrencia y las circunstancias que rodearon los eventos, a fin de dotar de suficiente sustento a la decisión que estimare ajustada a derecho. En función de lo expuesto, entendemos que para arribar a la conclusión de que determinado hecho denunciado no reviste la calidad de delictivo como lo decidiera la instrucción, máxime cuando la víctima sería un menor de edad en una posible situación de vulnerabilidad, deviene necesario efectuar la investigación correspondiente bajo los parámetros de una protección reforzada.
Conforme fuera detallado por la denunciante, haciendo referencia a una violencia verbal padecida por su hijo adolescente respecto de su progenitor, la forma en que dichas situaciones vivenciadas habrían impactado en el joven, y como fuera señalado por la fiscal de cámara que podría tratarse de situaciones de violencia y una posible afectación de su salud psíquica, ante hechos de similares aristas, con menores de edad como víctimas, la jurisprudencia ha señalado que “Conviene tener presente que el delito de lesión implica una disminución en la integridad corporal, un daño en la salud o una incapacidad para el trabajo. Las lesiones no sólo se materializan mediante una ofensa contra la integridad física (material) del individuo, sino también contra su salud física y mental, por lo que puede haber delito de lesiones por daño psíquico o psicológico.
La fórmula empleada por la norma “daño en la salud”, supone el cambio operado en el equilibrio funcional actual del organismo de la víctima. Como debe entenderse por salud al equilibrio anatómico funcional, habrá daño cuando se altere o rompa dicho equilibrio (...) el daño psíquico o psicológico consiste en la alteración de la salud psíquica de la persona, de carácter patológico, causada por un hecho ilícito. No se trata de una afección emotiva espiritual que es propia de la órbita del daño moral, sino que se configura mediante la alteración de la personalidad, es decir, una perturbación profunda del equilibrio regulado por el razonamiento. Dicho estado ha de guardar un adecuado nexo causal con el hecho dañoso …”.
(TR LALEY AR/JUR/42124/2020); ello con la única finalidad de respaldar la necesidad de una investigación a fin de determinar la relevancia penal de los hechos puestos a conocimiento de la autoridad jurisdiccional.
Debemos recordar cuál es la finalidad de la instrucción, que se encuentra regulada en el Art. 185 del C.P.P. y solamente ante la manifiesta atipicidad de un hecho, corresponderá el archivo de los actuados; de otra manera, deberá seguirse el camino de dicha norma, pues ese es el objetivo de la instrucción: analizar si se está en presencia o no de un suceso delictivo, para lo cual deberán agotarse necesariamente las diligencias probatorias a tales fines.
En función de los planteos aquí expuestos, resulta pertinente traer a colación, que los tribunales se han inclinado en sostener que si no se ha agotado aún la posibilidad de producir prueba para completar el conocimiento de los hechos, la decisión de archivar las actuaciones resulta prematura. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal; Sala II; 10/03/2022; “B., D. E. s/ legajo de apelación” La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/19594/2022). Es opinión de esta Alzada, y en conformidad con el Ministerio Público Fiscal, que previamente a emitir decisión respecto del hecho denunciado, el magistrado debió agotar la actividad probatoria útil y pertinente, procurando de esta forma un conocimiento acabado de las circunstancias fácticas objeto de la investigación que le permitieran a su vez, sustentar válidamente su decisión. En función de lo expuesto, y en coincidencia con los fundamentos aportados por la recurrente, estimamos precipitada la resolución dictada en autos por el a quo, por lo cual corresponde revocar por prematuro el auto apelado.
Este criterio fue adoptado por esta Alzada, en las Apelaciones N° 7441/22; y, recientemente, en las Apelaciones Nº 9657/25, N º 9966/25. Por lo expuesto, deviene abstracto el tratamiento de los agravios expuestos por la recurrente.
2. Para finalizar, cabe aclarar que, más allá de la revocación aquí decidida, no se apartará al Sr. Juez de su intervención en estos autos. En ese sentido, y teniendo en cuenta que el apartamiento de los jueces es una medida de extrema gravedad institucional, por cuanto son taxativas las causales de excusación/recusación previstas en nuestro digesto procesal, y más aún en el entendimiento de la prevalencia que deben esgrimir las garantías constitucionales del Juez natural y el principio de especialidad en la magistratura, entiendo que no corresponde apartar al Juez de la causa, quien deberá seguir al frente de la instrucción de la presente causa. Sin perjuicio de ello, corresponde poner en conocimiento de la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia del Excmo. Tribunal de Justicia de la provincia lo aquí decidido, remitiendo copia de la presente resolución a través del sne.
3. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
4. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, oída que fuera la Fiscalía de Cámara y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. REVOCAR el auto de fs. 7 en cuanto ordena el archivo de las actuaciones, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden. 2) TÉNGASE PRESENTE la reserva de caso federal.
3. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
4. OFÍCIESE a la Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz comunicando lo dispuesto en el punto II) de los considerandos que anteceden. Al tal fin remítase copia de la presente.
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia