Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello se le impone que proceda conforme a la sana crítica, que no es más que la aplicación de un método racional en la reconstrucción de un hecho pasado. Que aunque a esta tarea no se la desarrolle siguiendo expresamente cada paso metodológico, el método para la reconstrucción de un hecho del pasado no puede ser otro que el que emplea la ciencia que se especializa en esa materia, o sea, la historia. Poco importa que los hechos del proceso penal no tengan carácter histórico desde el punto de vista de este saber, consideración que no deja de ser una elección un tanto libre de los cultores de este campo del conocimiento. En cualquier caso se trata de la indagación acerca de un hecho del pasado y el método -camino- para ello es análogo.
Los metodólogos de la historia suelen dividir este camino en los siguientes cuatro pasos o capítulos que deben ser cumplidos por el investigador: la heurística, la crítica externa, la crítica interna y la síntesis. Tomando como ejemplar en esta materia el manual quizá más tradicional, que sería la Introducción al Estudio de la Historia, del profesor austríaco Wilhelm Bauer (la obra es de 1921, traducida y publicada en castellano en Barcelona en 1957), vemos que por heurística entiende el conocimiento general de las fuentes, o sea, qué fuentes son admisibles para probar el hecho. Por crítica externa comprende lo referente a la autenticidad misma de las fuentes. …
TOMO: CXXV REGISTRO: 003 FOLIO: 068/075
Caleta Olivia, 21 de septiembre de 2026.
Estos autos caratulados: “G. E. P. S/ Denuncia Usurpación” Expte. Nº 42.437/25-G, N° de Juzgado de Recursos 8511/26, procedentes del Juzgado de Instrucción de Las Heras, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante decreto fundado de fs. 106/107 el Sr. Juez de Instrucción, decidió: "...Entrando en el análisis de la cuestión y a los fines de manifestar los motivos por el cual se deniega dicha solicitud, he de decir que en la presente causa, este Magistrado entiende que no se reúnen reunidos, al presente estado de la investigación, los presupuestos fácticos y jurídicos necesarios para disponer el llamado a declaración indagatoria formal del nombrado. Ello así, toda vez que los elementos probatorios incorporados al expediente resultan insuficientes para sustentar, con el grado de probabilidad exigido por la normativa procesal vigente, una imputación concreta, precisa y circunstanciada respecto de su presunta participación en los hechos investigados.
En particular, se advierte la ausencia de evidencia objetiva e independiente que permita vincular de manera directa al encartado con la conducta delictiva objeto de pesquisa, subsistiendo aspectos relevantes de la investigación que aún requieren ser esclarecidos mediante la producción de medidas probatorias pendientes. Que, a fs. 102 obra dictamen emitido por el representante del Ministerio Público Fiscal, al cual se le peticiona se expida en relación al pedido de sobreseimiento del Sr. R. R. R.. En el mismo, expresa: "... considero que no surgen elementos suficientes para imputar el delito de Usurpación previsto en el Art. 181° inc. 1° del C.P. al Sr. R. R....". En ese sentido, he de decir que coincido con lo expresado por el titular de la Acción Pública, teniendo en cuenta que del exhaustivo análisis de las actuaciones incorporadas al presente expediente así como de los elementos de convicción reunidos durante esta etapa, se advierte que los hechos puestos en conocimiento de la autoridad judicial no revisten, prima facie, entidad suficiente para configurar una conducta típica prevista y reprimida por la legislación penal vigente, en virtud de existir imprecisiones con respecto al contrato que daría lugar a la comisión del delito, el cual no posee fecha de finalización, como así también no surge del mismo inventario, registro y/o detalle de bienes que habrían sido incluidos dentro del inmueble sito en calle Islas xxxxx N° *** de este medio.
En efecto, de las constancias obrantes en autos no surge la existencia de una acción u omisión susceptible de adecuarse a figura penal alguna, ni se verifican circunstancias objetivas que permitan inferir la afectación de un bien jurídico tutelado por el ordenamiento penal. Por el contrario, los antecedentes colectados permiten concluir que la cuestión sometida a consideración se circunscribe a una controversia de naturaleza extrapenal, carente de relevancia jurídico-penal, cuya eventual dilucidación corresponde a otros ámbitos del derecho. En tal sentido, no se encuentran acreditados los extremos mínimos requeridos para sostener la existencia de un ilícito penal ni para justificar la continuidad de una investigación criminal, toda vez que no se ha constatado la comisión de hecho alguno que, por sus características, pueda ser considerado delito.
Consecuentemente, ante la inexistencia de un acontecimiento con aptitud para generar persecución penal, y en observancia de los principios de legalidad, intervención mínima del derecho penal y economía procesal, corresponde concluir que no existe hecho delictivo susceptible de investigación en el marco de las presentes actuaciones, resultando improcedente la prosecución del trámite penal respecto de los hechos denunciados. Asimismo, se observa que las actuaciones no permiten determinar con el debido grado de certeza provisional las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los hechos atribuidos, ni individualizar adecuadamente la intervención que se le endilga al causante.
En consecuencia, y en resguardo de las garantías constitucionales del debido proceso, defensa en juicio y principio de inocencia, no ha lugar al pedido de convocatoria a declaración indagatoria formal, sin perjuicio de lo que pudiera resolverse en el futuro en caso de incorporarse nuevos elementos de convicción que modifiquen el actual cuadro probatorio. Notifíquese. Por lo anteriormente expuesto, estimo precedente un pronunciamiento ajustado a lo previsto en el apartado 2do del art. 172 del cuerpo legal de forma, desestimando las mismas, por no resultar posible proseguir con la investigación. Notifíquese. Archívese".
Contra dicha resolución interpone recurso de apelación la parte querellante, Sra. G. E. P., con el patrocinio letrado de la doctora M. K. T. S., a fs. 110/114, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs.115, ordenándose la elevación de las actuaciones.
En esta instancia el recurso es mantenido a fs. 120/126 por la parte recurrente, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal. A fs. 128 pasan los autos a despacho para resolver.
II.-Al motivar el recurso el se agravia sosteniendo la prematurez manifiesta del cierre de la instrucción penal y la contradicción lógica del fallo.
Señala que el auto en crisis genera un gravamen irreparable a esa parte al decretar el archivo anticipado de las actuaciones bajo el amparo del Art. 172, inc. 2do del ordenamiento procesal.
Expresa que existe una contradicción lógica e insalvable en el razonamiento del juzgador: por un lado, reconoce expresamente en los considerandos que “subsistiendo aspectos relevantes de la investigación que aún requieren ser esclarecidos mediante la producción de medidas probatorias pendientes”; pero, por el otro, decide clausurar la vía penal de manera definitiva.
Que si el propio Tribunal admite que la instrucción se encuentra incompleta y que restan producirse medidas de prueba fundamentales para el esclarecimiento de la verdad material, el archivo de la causa resulta una medida arbitraria, prematura y violatoria del principio de legalidad y tutela judicial efectiva.
Alega valoración arbitraria de la prueba, traslado indebido de la carga investigativa e inercia estatal ante la reiteración delictiva.
Dice que la resolución fundamenta la denegatoria de la indagatoria alegando una "ausencia de evidencia objetiva e independiente" e "insuficiencia probatoria". Que sin embargo, el Juzgado omite deliberadamente que toda la prueba colectada hasta el momento ha sido aportada exclusivamente por el impulso de esta querella. Que no se puede castigar a la víctima archivando la causa bajo el pretexto de que "falta producción de prueba", cuando es el propio órgano estatal el que incurre en inactividad procesal. Que los elementos aportados por esta parte son contundentes y de primer orden: las actas de constatación policial (fs. 42 y 43), las placas fotográficas integradas y la declaración testimonial de la Sra. C. y la Señora C. quienes desconocen que la casa se hubiere alquilado al encartado. Que estos elementos acreditan indiciariamente la preexistencia de los bienes, su posterior remoción y la ocupación ilegítima del inmueble de la calle xxxxx N° *** |Que sumado a ello, esa querella informó oportunamente al Tribunal la existencia de otros antecedentes y procesos paralelos en la ciudad de Las Heras que involucran a los mismos actores en maniobras idénticas de despojo y usurpación. Que ignorar sistemáticamente este modus operandi e inhibir la investigación penal permanente expone a los ciudadanos propietarios a una total indefensión derivada de la inercia judicial.
Aduce errónea subsunción legal: Confusión entre una controversia criminal y una discusión "extrapenal". Sostiene que el resolutorio adopta el criterio del Ministerio Público Fiscal afirmando erróneamente que el conflicto se circunscribe a una controversia "extrapenal", fundándose en presuntas imprecisiones de un contrato de locación que carece de fecha de finalización e inventario escrito.
Destaca que en materia de derechos reales e inmuebles, la expresa oposición del titular registral/dueño a la permanencia de un tercero, sumado a la falta de exhibición por parte del ocupante de un título o relación jurídica sustancial vigente que legitime su tenencia, constituyen elementos más que suficientes para configurar el tipo penal de la usurpación (Art. 181 inc. 1º del C.P.). Dice que los contratos sobre bienes inmuebles exigen por ley la forma escrita; trasladar la informalidad o las deficiencias documentofílicas del ocupante como una causa de atipicidad penal es un error normativo grave. Que nos encontramos ante un claro concurso real de delitos: la desposesión clandestina del inmueble concurre materialmente con la sustracción de los bienes muebles que se encontraban en su interior. Que la inexistencia de un inventario en papel no extingue la existencia física de las cosas muebles sustraídas, extremo que debió profundizarse mediante las medidas de prueba pendientes y no descartarse de plano.
En esta instancia reitera la prematurez manifiesta del archivo y contradicción lógica del fallo.
Ratifica en todos sus términos el agravio referido a la contradicción insalvable en que incurre la resolución apelada, que reconoce expresamente la subsistencia de aspectos relevantes de la investigación pendientes de esclarecimiento y, no obstante ello, dispone el archivo definitivo de las actuaciones.
Dice que dicha decisión resulta contraria al principio de legalidad procesal y a la garantía de tutela judicial efectiva (art. 18 de la Constitución Nacional; arts. 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en tanto clausura la vía penal sin agotar las medidas de prueba que el propio juzgador reconoció como necesarias.
Que el derecho autónomo de la querella a impulsar el proceso y a obtener un pronunciamiento jurisdiccional útil. Señala, como fundamento adicional que refuerza la procedencia de este recurso, que la parte querellante conserva un derecho autónomo a impulsar el proceso y a obtener una decisión jurisdiccional que dé respuesta efectiva a su pretensión, con independencia de la posición que hubiera asumido el Ministerio Público Fiscal en la etapa de investigación.
Que así lo estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido precedente Santillán, Francisco Agustín s/recurso de casación (Fallos: 321:2021, sentencia del 13/08/1998), donde el Alto Tribunal sostuvo que todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en defensa de sus derechos en el proceso penal goza de la garantía del debido proceso legal del art. 18 de la Constitución Nacional, la cual asegura el derecho a una sentencia fundada y la posibilidad de obtener de los órganos jurisdiccionales una resolución útil sobre la cuestión llevada a su conocimiento.
Que esta doctrina, aplicada al caso, impone que la posición fiscal previa al archivo no cierre por sí sola la posibilidad de que la querella continúe impulsando la investigación y controvierta ante esta Alzada la decisión de archivo, máxime cuando como aquí ocurre- la propia resolución cuestionada admite la existencia de diligencias pendientes; dejando a esta querella vacío de contenido en cuanto a la defensa de sus derechos.
Refiere a la valoración arbitraria de la prueba e inercia estatal ante la reiteración delictiva.
Ratifica el agravio relativo a que toda la prueba colectada -actas de constatación policial de fs. 42 y 43, placas fotográficas y testimonios de las Sras. C. y L. C. -fue aportada exclusivamente por el impulso de esta querella, sin que pueda hacerse recaer sobre la víctima la consecuencia de la inactividad investigativa del órgano estatal.
Que a ello se suma, como elemento sobreviniente que refuerza este agravio, la ampliación de denuncia presentada por hurto del termotanque y del vanitory (toilette) sustraídos del inmueble, la liquidación de daños y perjuicios derivados de la ocupación -que incluye deudas de servicios por $683.203,20 (Distrigas) y $657.371,95 (Servicios Públicos), reparaciones por $2.971.542,99 y lucro cesante por $8.100.000, con un daño directo estimado en $11.989.718,15- y la información aportada sobre antecedentes de desalojo de los mismos ocupantes en un inmueble distinto de la ciudad de Las Heras. Que estos elementos, lejos de agotar la investigación, evidencian la necesidad de profundizarla a fin de determinar la posible habitualidad y reiteración de la modalidad delictiva denunciada, circunstancia que no pudo ser valorada al momento de dictarse la resolución en crisis y que reafirma la prematurez del archivo dispuesto. Invoca errónea subsunción legal, sosteniendo que la controversia no es meramente extrapenal.
Ratifica el agravio referido a la errónea calificación del conflicto como una cuestión extrapenal, fundada en presuntas imprecisiones y elucubraciones de un contrato de locación sin fecha de finalización ni inventario escrito. Agrega que la expresa oposición del titular registral a la permanencia de un tercero, sumada a la falta de exhibición de título o relación jurídica vigente que legitime la tenencia, constituye elemento suficiente para configurar el tipo penal del art. 181, inc. 1° del Código Penal, sin que la informalidad documental del ocupante pueda erigirse en causa de atipicidad, máxime cuando la forma escrita predomina en éstos contratos.
Que a ello se agrega que el propio ordenamiento procesal reconoce la entidad penal autónoma de estos hechos al prever, en el art. 222 bis del C.P.P., la posibilidad de disponer el inmediato reintegro de la posesión o tenencia del inmueble en las causas por infracción al art. 181 del Código Penal, aun sin auto de procesamiento, lo que confirma que la vía penal es la idónea para dar respuesta a la desposesión clandestina denunciada, en concurso real con la sustracción de los bienes muebles hallados en el interior del inmueble. III.-Establecido ello corresponde ingresar al análisis de la resolución impugnada, en función de los agravios de la recurrente.
Previo a ello resulta oportuno traer a colación que en autos caratulados “N. X. B. S/ DENUNCIA INFRACCIÓN ART. 119 DEL C.P” EXPTE. Nº 30.608/20-N, N° DE RECURSOS 6675/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve que: "...Analizados los presentes actuados, cabe señalar lo siguiente. Sobre el particular, cabe expresar que tanto el artículo 172 como el artículo 187 del CPP., regulan dos supuestos similares, pero enfocados desde el Ministerio Público Fiscal el primero y desde las competencias del Sr. Juez de Instrucción el segundo. Estos supuestos son la desestimación de una causa cuando el hecho denunciado no fuera delito y el archivo de las actuaciones por la imposibilidad de proceder.
Nuestro ordenamiento, a diferencia del federal, señala en ambas normas la facultad de emitir una decisión que implique que una investigación no avance ni continúe por la imposibilidad de proceder o proseguir con la misma. Es sobre esta base que corresponde determinar cuando, tanto Fiscal como Juez, se encuentran ante la imposibilidad de proceder, para en su caso requerir y disponer el archivo de las actuaciones; cual es el momento procesal oportuno para proceder a su dictado; y cual es la característica y naturaleza del archivo de las actuaciones con fundamento en esta circunstancia. Para analizar el contenido de la imposibilidad de proceder, debemos confrontarlo con los parámetros que el propio código establece como fundamentos de la investigación.
En este sentido, la norma que guía el accionar judicial y del Ministerio Público Fiscal en la etapa instructoria es el artículo 185 del CPP. Cabe señalar que “Toda investigación penal involucra en su misma esencia una reconstrucción histórica, tratando de revivir para el proceso un hecho pasado a la luz de los rastros o recuerdos que pudieron quedar del mismo. Establecer lo que pasó, dando respuesta a las clásicas incógnitas; cuándo, dónde, cómo, porqué y, más tarde, quién. Para tales fines la ley procesal consagra, como principio general y rector, de aceptación general en el presente, la idea de la libertad probatoria, consistente en la posible utilización para el proceso de cualquier medio de acreditación, previsto o no en la normativa, con tal que el mismo no sea contrario a la ley o menoscabe garantías constitucionales...".
(CONFORME DELITOS SEXUALES SOBRE MENORES Pedro A. GUTIERREZ, ediciones La Rocca, Buenos Aires 2007, págs.. 205, ss. Y cc.) La norma citada (léase art. 185 del CPP.) señala la finalidad que tiene la instrucción, por ende, cuando se archiva una causa, los argumentos de imposibilidad de proceder o proseguir tienen que encontrar anclaje en una imposibilidad concreta de: a) imposibilidad material de comprobar si existe un hecho delictuoso, o que no se puedan realizar ningún tipo de medida probatoria tendiente a averiguar la verdad; b)
imposibilidad material de establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen, justifiquen o influyan en la punibilidad; c)
Imposibilidad material de individualizar a los participantes (lato sensu) en el hecho. La imposibilidad de proceder, entonces, debe surgir al momento mismo del inicio de las actuaciones. Si existe prueba que se pueda realizar y que pueda acreditar tanto los hechos, como sus autores, la causa debe ser iniciada. La decisión jurisdiccional que recaiga en una causa que dispone su archivo por la imposibilidad de proceder, debe estar fundamentada en el análisis que implica valorar "ex-ante" que la producción de ciertos medios de prueba, en ese caso, no hará variar la circunstancia o estado actual, es decir y para ser claro, que no hay posibilidad de aportar información por cualquier medio de prueba que pueda cambiar el estado actual de la causa y la imposibilidad concreta de iniciarla.
Ello, obviamente y va de suyo, no puede ser una afirmación dogmática; por el contrario, se debe explicar claramente por qué no se puede incorporar información idónea por cualquier medio de prueba que se pudiera sustanciar, y por qué ex-ante, puede sostenerse que aún sustanciando dicho medio probatorio, el mismo no variará el estado de la causa. De no ser así, la decisión carecería de fundamento siendo una estimación de los posibles o eventuales resultados que podría o no aportar una medida. Una decisión jurisdiccional no puede ser un acto de especulación, debe basarse en información concreta, y en este caso, en la imposibilidad material de reunir la misma para poder iniciar y continuar con la investigación, pues cualquier medida no variará la sustancia actual del caso.
Es obligación jurisdiccional señalar por qué hay imposibilidad de proceder, pues el archivo es una medida de excepción al impulso de oficio y a la averiguación de la verdad, por lo tanto debe estar fundada en concreto en cada caso, no pudiendo la misma ser una opinión sobre la probabilidad de los resultados que pudieran arrojar las medidas probatorias. Ahora bien, puede suceder que frente a una denuncia se precise, previo a su inicio, algún tipo de medida o diligencia, la que debe ser realizada siempre con notificación a las partes, a los fines de clarificar distintos aspectos del hecho denunciado para determinar si hay o no delito, y en su caso, si se puede proceder o no. Estos supuestos son necesarios cuando la información aportada en la denuncia o información policial es insuficiente para acreditar, "prima facie", tanto para al Ministerio Público Fiscal como para el Juez de Instrucción, los requisitos de procedencia que venimos analizando, es decir a la luz de lo normado en los arts. 172 y 187 del CPP., fundamentalmente en lo que hace a la determinación de si existe o no delito.
Lo que queda claro es que el archivo o la desestimación son actos procesales que se centran fundamentalmente en el momento del inicio de las actuaciones. Ahora bien, el interrogante que surge es si el archivo, una vez iniciada la causa y tramitadas las medidas probatorias de la instrucción puede ser dictado, por la imposibilidad material de proceder o de continuar con la investigación. En este sentido, y si bien el ámbito del archivo por imposibilidad de proceder es al momento del inicio como regla general, pueden existir excepcionalmente casos en donde el mismo sea procedente luego de iniciada la investigación. Las decisiones jurisdiccionales en la investigación penal en nuestro sistema procesal, lo son el auto de procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento, que deberán dictarse en toda instrucción iniciada en donde se haya individualizado claramente en la causa a los imputados o imputadas, habiendo fijado domicilio los mismos.
Es decir que en los supuestos en que existan sospechas y las personas sospechadas hayan establecido domicilio adquiriendo la calidad en la causa de imputados, y más allá que la información que se haya incorporado con el devenir de la investigación no fuere la necesaria para recepcionarle declaración indagatoria, el Juez de Instrucción, previa vista al Ministerio Público Fiscal (art. 317 del CPP.) deberá dictar su sobreseimiento. Manda legal que hace al resguardo de la garantía de defensa en juicio y que opera en cualquier estado de la instrucción. Ahora bien, si luego de la investigación y de haber agotado todas y cada una de las medidas probatorias a su alcance y que hagan a la determinación del hecho punible y a su autoría, no existe la posibilidad de determinar por el resultado que fueron arrojando las medidas realizadas, la existencia material de un hecho delictivo, ni la verdad concreta de lo que sucedió, ni de individualizar a los participantes en el mismo más allá de las sospechas que puedan existir, pero que no motivaron su citación como imputado/a, pues entonces y en estos casos, puede disponerse el archivo de los actuados por la imposibilidad de proceder.
El acto jurisdiccional en este caso, no pierde las características del dictado al momento del inicio, es decir que el Juez de Instrucción debe valorar la información aportada y decir y explicar por qué la misma no cubre los supuestos de una conducta típica, antijurídica y culpable o de hacerlo, porque no se puede establecer la autoría del mismo, y cómo, materialmente, no existe ningún medio de prueba en base al cual modificar dicha postura. Hay que tener en claro que los principios de razonabilidad y congruencia gobiernan todas y cada una de las decisiones jurisdiccionales, allende el estadio procesal y el órgano judicial emisor de la misma, y que no pueden, en la motivación de la misma, realizarse conjeturas sobre la decisión que se adopta sin conocimiento suficiente (especulación) sino que la misma debe basarse en la valoración de la información existente.
Por ello, los actos judiciales que deciden situaciones sin haber cumplido con el máximo rendimiento procesal fundado en la imposibilidad probatoria por su agotamiento o su improcedencia por la irrelevancia o inidoneidad (Conf. CSJN. Fallos 328:3399 "Casal"), violan los principios señalados, pues nunca la información que se ingresa al proceso a través de los medios probatorios, que en nuestro caso son enunciativos ya que el principio general es de libertad probatoria (art. 199 del CPP.), pueden ser desistidos infundada y/o arbitrariamente por el Juez de Instrucción, cuando los mismos pueden, por su pertinencia y relevancia, acreditar la verdad real sobre un hecho punible y sus autores. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el citado fallo "Casal", sostuvo sobre la regla de la sana crítica, la investigación penal, la prueba y el análisis y valoración de la misma, que: "Por consiguiente, se exige como requisito de la racionalidad de la sentencia, para que ésta se halle fundada, que sea reconocible el razonamiento del juez.
Por ello se le impone que proceda conforme a la sana crítica, que no es más que la aplicación de un método racional en la reconstrucción de un hecho pasado. Que aunque a esta tarea no se la desarrolle siguiendo expresamente cada paso metodológico, el método para la reconstrucción de un hecho del pasado no puede ser otro que el que emplea la ciencia que se especializa en esa materia, o sea, la historia. Poco importa que los hechos del proceso penal no tengan carácter histórico desde el punto de vista de este saber, consideración que no deja de ser una elección un tanto libre de los cultores de este campo del conocimiento. En cualquier caso se trata de la indagación acerca de un hecho del pasado y el método -camino- para ello es análogo.
Los metodólogos de la historia suelen dividir este camino en los siguientes cuatro pasos o capítulos que deben ser cumplidos por el investigador: la heurística, la crítica externa, la crítica interna y la síntesis. Tomando como ejemplar en esta materia el manual quizá más tradicional, que sería la Introducción al Estudio de la Historia, del profesor austríaco Wilhelm Bauer (la obra es de 1921, traducida y publicada en castellano en Barcelona en 1957), vemos que por heurística entiende el conocimiento general de las fuentes, o sea, qué fuentes son admisibles para probar el hecho. Por crítica externa comprende lo referente a la autenticidad misma de las fuentes. La crítica interna la refiere a su credibilidad, o sea, a determinar si son creíbles sus contenidos.
Por último, la síntesis es la conclusión de los pasos anteriores, o sea, si se verifica o no la hipótesis respecto del hecho pasado. Es bastante claro el paralelo con la tarea que incumbe al juez en el proceso penal: hay pruebas admisibles e inadmisibles, conducentes e inconducentes, etc., y está obligado a tomar en cuenta todas las pruebas admisibles y conducentes y aun a proveer al acusado de la posibilidad de que aporte más pruebas que reúnan esas condiciones e incluso a proveerlas de oficio en su favor. La heurística procesal penal está minuciosamente reglada. A la crítica externa está obligado no sólo por las reglas del método, sino incluso porque las conclusiones acerca de la inautenticidad con frecuencia configuran conductas típicas penalmente conminadas.
La crítica interna se impone para alcanzar la síntesis, la comparación entre las diferentes pruebas, la evaluación de las condiciones de cada proveedor de prueba respecto de su posibilidad de conocer, su interés en la causa, su compromiso con el acusado o el ofendido, etc. La síntesis ofrece al historiador un campo más amplio que al juez, porque el primero puede admitir diversas hipótesis, o sea, que la asignación de valor a una u otra puede en ocasiones ser opinable o poco asertiva. En el caso del juez penal, cuando se producen estas situaciones, debe aplicar a las conclusiones o síntesis el beneficio de la duda. El juez penal, por ende, en función de la regla de la sana crítica funcionando en armonía con otros dispositivos del propio código procesal y de las garantías procesales y penales establecidas en la Constitución, dispone de menor libertad para la aplicación del método histórico en la reconstrucción del hecho pasado, pero no por ello deja de aplicar ese método, sino que lo hace condicionado por la precisión de las reglas impuesta normativamente.
Que conforme a lo señalado, la regla de la sana crítica se viola cuando directamente el juez no la aplica en la fundamentación de la sentencia." Finalmente y respecto al alcance del archivo por imposibilidad de proceder, el mismo y por la propia naturaleza en la que se funda, no es una resolución definitiva ni que cause estado, por lo que no tiene efecto de cosa juzgada material. Ello así, pues pueden existir causas en la cuales la acreditación de la autoría y la comprobación del hecho no pueda ser determinada con el avance científico actual, pero que en un futuro y aún no transcurriendo el plazo prescriptivo, lo sea. Ejemplo de ello, lo ha sido la incorporación de los estudios genéticos al proceso penal, los que han establecido nuevas formas de acreditación de la comisión de un hecho punible y de su autoría.
Se ha establecido que "...No puede equiparársele en sus efectos sustanciales a una absolución, si bien el archivo es modalidad conclusiva, resulta posible el replanteo del caso siempre que se complete su relato, tratando de cubrir las fallas anteriores de adecuación. (CONF. CFCP, SALA I, 27/05/02, LUCCI, MARIO ALBERTO S/ RECURSO DE CASACIÓN, CAUSA 3956)...".
Sobre este andamiaje dogmático corresponde abordar el análisis del presente caso, a los fines de establecer si estamos ante un supuesto de imposibilidad material de proceder o si, por el contrario, el archivo devino prematuro o la conducta denunciada resulta atípica. Bajo estas pautas, adelanto que se considera que el archivo dispuesto por el A quo resulta prematuro. En primer término, cabe señalar que para determinar que un hecho es atípico se debe tener cabal conocimiento del mismo. En otras palabras, si existen dudas respecto a la conducta investigada, no es posible efectuar el juicio de subsunción hasta que aquella no esté correctamente determinada.
Esto es lo que ocurre en el caso de autos, falta información que es posible recabar ordenando medidas probatorias, a los fines de determinar cuál sería la plataforma fáctica que dio origen a los presentes. Es decir, no comparto con el a quo que no es posible proceder conforme lo determinado por el art. 172 C.P.P., pues existen medidas que pueden producirse y que podrían aportar información útil a los fines de dilucidar concretamente que fue lo sucedido y si ello constituye o no, prima facie, un hecho típico y relevante para el derecho penal.
En ese sentido, considero que sería pertinente citar nuevamente a la Sra. L. C. a fin de ampliar su testimonio y recabar información respecto de los comprobantes de transferencias a su nombre que ha aportado el morador de la vivienda a la autoridad policial (fs. 44), así como interrogarla respecto a si concurrió en alguna oportunidad a la vivienda de la calle xxxxx N° *** de la ciudad de Las Heras luego de perder contacto con el Sr. C., si conoce a los Sres. R. R. R., D. J. M. C., C. D. D. y S. V. R., y si celebró algún contrato o acuerdo con alguno de ellos; así como toda otra cuestión que el Sr. Juez de Instrucción considere conducente a la investigación.
Asimismo, se recomienda la citación a prestar declaración testimonial a la víctima y querellante, y a las personas que trabajen con la Sra. L. C. en su inmobiliaria. También recomiendo se requiera a la autoridad policial realice una indagación e informe vecinal para establecer, a los fines de su posterior citación a declarar como testigo, si alguno de los vecinos de la vivienda sita en xxxxx N° *** puede aportar información en relación a los Sres. R. R. R., D. J. M. C., C. D. D. y S. V. R., cuánto tiempo estuvieron ocupando la vivienda, modo de ingreso a la misma, y toda otra cuestión que resulte relevante. Por lo expuesto, como Juez de Recursos;
I.-REVOCAR el decreto fundado de fs. 106/107 en cuanto fuera materia de apelación, correspondiendo continuar la instrucción bajo las pautas establecidas en los considerandos.
II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción de Las Heras.
Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
Paola Karina Salino Secretaria
Fin de la sentencia