Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
TOMO CXLI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8962 FOLIO Nº 043/045 PROT. ELECT. JR101640I.242
Río Gallegos, 18 de septiembre de 2024.
La presente causa caratulada "G.P.E. S/ Lesiones agravadas y amenazas calificadas" - Expte. Nº 76.524/23 - Apelación JR Nº 9125/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 91/99, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción Nº 2, que en su punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado P.E.G. en orden al delito de “lesiones doblemente agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género, desobediencia, violación de domicilio y daño todo en concurso real” (Arts. 89 y 92 en función del art. 80 inc. 1 y 11, 239, 150, 183 y 55 del CP), y en el pto. II) trabó embargo por la suma de $500.000. Que a fs. 101/103 la defensa del procesado apeló aquella resolución, motivándola en esa misma ocasión; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 107 (conf. cód. valid. 76fcca92) y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la recurrente sustenta su recurso por causarle a su defendido un gravamen irreparable y por ser perjudicial a sus intereses.
La defensa se siente agraviada porque no se haya tenido en cuenta lo declarado por el Sr. G. el día de su declaración indagatoria.
Expresa que surgen numerosas controversias de los relatos de la Sra. M., quien refiere que el imputado se encontraba con dos personas ingiriendo bebidas alcohólicas y consumiendo cocaína, pero nada surge de la pesquisa respecto de ello; nada surge del allanamiento donde se buscaba un arma con la cual la habría amenazado. Tampoco se cuenta con elementos y/o testigos, por tanto lo únicos dichos que se tienen en cuenta son los vertidos por la Sra. M. Manifiesta que la denunciante refiere que el imputado salió y allí rompió los vidrios, y por otro lado dice que ella fue la persona que salió, y el desde el interior del local rompió los cristales. Y que la única que cuenta, según certificados médicos con lastimaduras presumiblemente provocada por cristales, es la Sra. M.
Entiende que si se analiza de manera objetiva el testimonio prestado por la denunciante, surgen indicios para dudar de su veracidad y/o presumir animosidad de perjudicar al Sr. G. Por tanto entiende la defensa que las conclusiones a las cuales arriba el magistrado, son meramente personales, no están basadas en ningún medio probatorio.
Asimismo se agravia de la carencia de elementos de convicción.
Remarca que tanto la doctrina como los tribunales refieren que al contar sólo con las declaraciones de la damnificada, el mismo reviste el carácter de pretensa víctima, por lo que sus dichos deben ser analizados con mayor estrictez valorativa.
En último término, apela el embargo, dado que su defendido no posee un patrimonio que, en su conjunto, permita arribar a la suma fijada. Considera que la suma del embargo trabado, evidencia por sí sola, su total desproporción y desnaturalización procesal, circunstancia por la que también agravia su imposición y su monto.
Iniciando con el análisis de los agravios, en primer lugar debemos recordar que los dichos de la víctima, en los casos como el presente, en los que se impone aplicar una perspectiva de género, esta Alzada se ha pronunciado en forma reiterada sosteniendo de que las declaraciones prestadas por la parte damnificada, no restan veracidad a su testimonio, debiendo analizarse el mismo en forma conjunta con las pruebas anexadas a la causa. Como lo expresara la jurisprudencia, "Las particulares características de los hechos de “violencia doméstica y de género” hacen que cobre especial relevancia –como sucede con la violencia sexual– el relato de la víctima, el que adquiere un valor convictivo de preferente ponderación en la medida que resulte fiable y se encuentre corroborado por indicios siempre que estos tengan una confluencia de conjunto que conduzcan a dotar de razón suficiente la conclusión, sin espacio razonable para el principio in dubio pro reo de base constitucional...". (TSJ S. N° 84, 04/05/2012). Además de lo expuesto, en los casos como el que aquí nos ocupa, es común denominador la ausencia de elementos de prueba objetivos que permitan corroborar de manera directa los hechos denunciados por mujeres víctimas de violencia.
A decir de la jurisprudencia, "Estos episodios describen situaciones propias de un contexto de violencia familiar y de género y éstas, por lo común, tienen lugar en un ámbito de intimidad, lejos de la mirada de terceros y en un contexto compartido en el que las propias partes en conflicto tienden a ocultar o disimular lo que ocurre, por las distintas implicancias y consideraciones sociales que suelen tener. Desde esta perspectiva la valoración del relato de quien aparece como víctima merece especial atención, en el marco de la “amplitud probatoria” (TR LALEY AR/JUR/35988/2020). Por tales razones, los magistrados deben procurar analizar todas las circunstancias, elementos de prueba e indicios que surgieran de la investigación, confrontándolos con lo expuesto por la parte damnificada, y que permitan, analizados en forma íntegra, arribar a una decisión acorde a derecho.
En cuanto al descargo del incuso formulado en autos, la instrucción lo valoró confrontándolo con los elementos obrantes en autos, considerando que su relato no posee apoyatura alguna en las probanzas aunadas por la instrucción.
Consideramos que el auto recurrido, se encuentra debidamente fundado, habiendo dado la instrucción las razones por las que consideró que no le asistía razón al incuso.
Sobre el particular la doctrina ha manifestado que "...Primeramente, se impone señalar que no es cuestionable que un juez descrea del relato de descargo del imputado frente a pruebas objetivas que conduzcan a cuestionar su verosimilitud. De otro modo, sería suficiente para el imputado ensayar cualquier argumento de defensa para lograr su impunidad. Lo que la Corte señala con justeza es que el juez debe mantener ab initio una posición "neutral" acerca de dicho relato, es decir, considerar que éste puede ser cierto y, a partir de éste, aunarlo con la prueba existente en el caso. En palabras sencillas: "tomarse en serio" la versión de los hechos expuesta en palabras por el imputado. Este equilibrio que se le exige al tribunal para mantener indemne su imparcialidad es difícil de controlar en la práctica, ya que permanece en el fuero íntimo del juzgador.
Sin embargo, constitucionalmente el órgano jurisdiccional en el momento de valorar esos dichos debe exteriorizar sus razones; de otro modo, esa decisión no sería válida. Ello es propio de la obligación del juez de fundar sus resoluciones por mandato legal y constitucional. Y allí es donde es posible ejercer el control sobre la decisión. (...) El imputado no está obligado a hablar y su silencio no es presumible en su contra; no obstante ello, cuando lo hace, debe soportar el análisis que hace el juzgador de sus palabras, sus lagunas, sus incongruencias e inconsistencias argumentativas y las demás circunstancias que, sumadas al resto de la prueba, le otorguen mayor o menor credibilidad a ese relato.
No se advierte violación constitucional en esta tarea que efectúa el magistrado. En síntesis, en este caso, se valoró y analizó lo que dijo el imputado en las oportunidades en las cuales habló y no en las que calló. (EL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO Y LA VALORACIÓN DEL DESCARGO DEL IMPUTADO EN EL PROCESO PENAL. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA DICTADA POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LA LLAMADA "MASACRE DE POMPEYA" (CASO "CARRERA"). Lanzón, Román P. - DPyC 2017 (julio) , 30). Es por ello que, habiendo sido valorado el descargo del imputado por la instrucción, habiendo dado los fundamentos en los que basa su postura, y siendo analizado bajo el sistema de la sana crítica, consideramos que "los elementos colectados hasta el presente permiten avanzar en el grado de reproche hacia una eventual etapa de debate respecto del imputado F. donde la discrepancia en cuanto a la valoración de la prueba de cargo colectada y el descargo brindado por él podrá ser valorado adecuadamente.
(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala I Fumagalli, Jorge A. • 16/03/2010 - TR LALEY AR/JUR/5398/2010). De esta manera, considera esta Alzada que la instrucción ha realizado una detenida y razonada ponderación de las constancias del expediente, habiendo demostrado que a través de los elementos probatorios de autos, considera posible arribar a la determinación adoptada, ello con la probabilidad exigida en la presente etapa procesal.
Respecto a la valoración efectuada por la instrucción de las piezas probatorias consideradas por la defensa como controversiales, resulta "pertinente recordar que el sistema de la sana crítica racional (arts. 241, 263, 398 CPPN), se rige justamente por el principio de libertad probatoria, lo que se traduce en que cualquier hecho delictivo puede ser probado -con las excepciones y prohibiciones previstas en la legislación procesal- por cualquier medio probatorio, pero siempre a condición de que el juez, luego de una valoración crítica de los elementos de prueba con los que cuenta en el caso sometido a su conocimiento, pueda brindar una explicación razonada acerca de los motivos que lo llevaron a fallar de una u otra manera. Es decir, que la decisión debe estar fundada, más allá del convencimiento personal del juzgador, en todo caso condición necesaria pero no suficiente de la condena penal". (CNCasCrimyCorrec - 25/03/2021 - TR LALEY AR/JUR/11697/2021). Con relación al agravio referido al embargo, entendemos que el monto fijado al disponer dicha medida, en atención al ilícito endilgado a G. y su modalidad de comisión, no aparece como irrazonable. En este aspecto, la instrucción señaló los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria.
Por lo que debo decir que comparto el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado en autos.
Al respecto, la jurisprudencia entiende, que: “A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado. (Cam. Nac. De Apelaciones en lo Crim. Y Correc. Sala IV. 17/09/2009. “DanessiYnga, Carlos F. s/ Procesamiento” Expte. Nº 1234/09).”
Por ello, entiendo que el cuadro probatorio existente permite, por el momento, superar positivamente los cuestionamientos esgrimidos, de conformidad a los elementos de cargo aunados a la causa y que fueran debidamente merituados, a la luz de la sana crítica racional, en forma conjunta, motivo por el cual corresponde confirmar el auto de procesamiento en su integridad.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 91/99, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. REGÍSTRESE Y NOTÍFIQUESE mediante SNE.
3. Firme que sea REMíTASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia