Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXVIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8317 FOLIO Nº 069/071 PROT. ELECT. JR101192I.231
Río Gallegos, 06 de diciembre de 2023.
La presente causa caratulada “A.G.O. S/ PRESUNTA TENENCIA ILEGAL DE ARMAS", Expte. Nº A-71.395/21 - Apelación JR Nº 7654/22, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 108/112, obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza del Juzgado de Instrucción Nº 2 de esta ciudad capital, quien en el punto 1) ordenó el PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA de G.O.A. en orden al delito de "Tenencia de arma de guerra sin autorización legal" (art. 189 bis inc. 2º, 2° párrafo C.P.).
Que a fs. 113/116 vta., la defensa técnica de la imputada apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada electrónicamente conforme certificación actuarial obrante a fs. 121 y no habiendo presentado la defensa, el memorial previsto por el art. 437 del C.P.P..
Previo a resolver, se corren en vista los presentes a la Fiscalía de Cámara, obrando a fs, 124/126 el correspondiente dictamen fiscal, quedando en consecuencia los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
Y
Que la recurrente plantea en el acápite III nulidades. En primer lugar ante la omisión de confección del croquis ilustrativo. Se fundamenta en que no se ha glosado en autos el croquis ilustrativo que ilustre la ubicación exacta del lugar donde se procedió a la aprehensión del nombrado. Considera evidente que no se practicó en el lugar donde habría acaecido el hecho, razón por lo cual la misma deviene nula. En segundo lugar, Acta de aprehensión: carácter incomunicado. Falta de resolución judicial. Advierte una notoria contradicción, toda vez que arbitrariamente "dispone" la incomunicación del procesado alegando que se habrían comunicado con el Juzgado de Instrucción N° 2 y la actuaria le habría informado que el nombrado "debería continuar en carácter de detenido comunicado". Establece que la medida cautelar de prohibición de la comunicación no ha sido a causa de una orden judicial fundada. Tampoco puede justificarse de ninguna manera en las facultades conferidas por el art. 176 inc. 8 CPP.
Concluye que habiendo sido incorporadas en forma irregular como elementos probatorios de autos, deben ser declaradas nulas y excluidas del proceso.
Seguidamente expone como primer agravio, que el a quo ha tomado como elementos probatorios de autos, las diligencias de secuestro y aprehensión, cuando las mismas se encuentran viciadas de nulidad por no cumplir con los requisitos previstos por el código de rito.
Que la Sra. jueza ha omitido valorar el testigo del acta de aprehensión L. y V., quienes no estuvieron en el momento en que se practicaron ambas diligencias. Fundamenta su postura en las citadas fojas, dado que no fueron a ratificar sus respectivas firmas, ya que aparentemente llegaron al lugar con posterioridad a que se efectuara el procedimiento policial. Critica el resolutorio dictado, por considerar que el imputado no portaba consigo el arma, sino que el arma se encontraba en un domicilio que no es de propiedad del Sr. A., por lo cual se considera que pueden haber permanecido otras personas en dicha propiedad.
En último término, se agravia por el monto del embargo dispuesto, el que considera excesivo, ante la imposibilidad de su asistido de ofrecer bienes para cubrir dicha suma, constituyendo dicha traba un daño innecesario.
Entrando en primer lugar en el análisis de las nulidades planteadas, en cuanto a la falta de confección del croquis que ilustre la ubicación exacta del lugar donde se procedió a la aprehensión del nombrado, debemos resaltar que la aprehensión del incuso se efectuó bajo la presencia de dos testigos hábiles, quienes dan fe de todas aquellas diligencias practicadas por los funcionarios públicos, labrando al respecto su correspondiente acta, la que consta con todos lo requerimientos de ley. Debemos resaltar que en la misma se observa el día, hora y lugar exacto en el que se desarrolló la diligencia, rubricado por los testigos de actuación; no siendo requerimiento de ley la confección de croquis ilustrativo.
En cuanto a lo referido sobre la medida cautelar de prohibición de la comunicación, que no ha sido a causa de una orden judicial fundada, debemos mencionar que la aprehensión de presuntos culpables, en los casos y formas que el código de forma establece, así como su incomunicación cuando concurran los requisitos establecidos, son atribuciones conferidas a la policía. Al respecto considerable doctrina ha manifestado que "...esta medida cautelar de neto corte inquisitivo consiste en la prohibición de comunicación que se impone a un sujeto detenido por razón de ser imputado de un delito, con la finalidad de evitar que obstaculice la investigación y de facilitar, así, la comprobación de aquél que es objeto de la misma. No vulnera ni la Constitución Nacional ni ningún tratado internacional ya que por su brevedad y control jurisdiccional no conspira contra la libertad personal y hasta puede ser una forma de proteger la inocencia...". Código Procesal Penal de la Nación. Navarro - Daray. Corresponde agregar que dicho lapso de incomunicación es contínuo y relativo, ya que admite al imputado la comunicación con su defensor, situación que no se observa en autos.
En referencia a la temporalidad de la medida, el incuso fue aprehendido en fecha 30 de agosto de 2021 a las 03:55 horas, conforme la orden impartida por el instructor, siendo que en igual fecha se dispone transformar su aprehensión en detención, ya en carácter de comunicado. De tal forma, no se observa irregularidad alguna en el procedimiento observado. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que “El sistema de nulidades receptado en nuestro ordenamiento procesal impone la interpretación restrictiva, y establece que no corresponde la declaración de una nulidad por la nulidad misma, sino que el acto atacado debe producir un perjuicio efectivo a la parte que la plantea, afectando, concretamente, una garantía constitucional, además de requerirse que dicha parte posea un interés en su invalidación” (CSJN, Fallos 325:1404, 323:929, 311:1413 y 311: 2337.- 2 CSJN - Fallos: 236:37; 240:160, entre otros).
Y que “… no se debe declarar la nulidad por la nulidad misma, es decir en el sólo beneficio de la ley o para satisfacer pruritos formales. En cambio, la declaración de nulidad debe tender a enmendar perjuicios efectivos y la afectación de garantías procesales, en especial el derecho de defensa. Lo contrario sería caer en un ritualismo inaceptable, ya que la forma procesal tiene un sentido teleológico y la nulidad constituye un remedio extremo…” (La nulidad y sus efectos en el proceso penal”; publicado en DJ20/02/2008, 381; Cita Online: AR/DOC/2719/2007), las nulidades expuestas, y en coincidencia con lo dictaminado por la Sra. Fiscal de Cámara, no se hará lugar a las mismas. Respecto a las diligencias de secuestro y aprehensión, las que -a criterio de la defensa- se encontrarían viciadas por no haber sido ratificadas por sus testigos de actuación, es criterio de esta Alzada que las diligencias practicadas por la preventora, la que conforma el sumario policial, el cual posteriormente se remite a sede judicial, reposa sobre el principio de veracidad de las diligencias por ellos efectuadas, quienes cumplen las disposiciones del juez o tribunal de la causa.
Otros tribunales provinciales han afirmado que: "...Las actuaciones policiales del sumario de prevención revisten calidad de instrumentos públicos que hacen plena fe hasta su argución de falsedad (art. 993, Cód. Civil), de manera que son prueba suficiente de la existencia material de los hechos que el oficial público hubiese enunciado como cumplidos por él mismo o que pasaron en su presencia, así como de los reconocimientos contenidos en ellas...." (Cita online: TR LALEY AR/JUR/1845/2001). Esta Alzada ha sostenido de manera reiterada e invariable que los sumarios policiales, constituyen instrumentos públicos haciendo plena fe de su contenido, por haberse actuado en virtud de funciones asignadas por el CPP, capaces de constituir prueba documental en el juicio.
Como colorario a lo expuesto, debemos recordar que la defensa técnica guarda las atribuciones correspondientes tendientes a efectuar las peticiones de prueba que estime pertinentes en virtud de lo estipulado por el código de forma.
En lo referente al agravio expuesto sobre la no portación del arma por parte de su defendido, debemos considerar que la magistrada, al momento de resolver la situación procesal del encartado, se basó en numerosos elementos aunados durante la investigación, como son el testimonio de S., quien habría observado a una persona de sexo masculino caminando, quien al percatarse que personal policial se acercaba, arrojar un objeto por el destello brillante que este produjo, cayendo al interior de un predio; el allanamiento efectuado en dicho predio, en el que se procede al secuestro de un arma de fuego tipo pistolón sin cartucho, la cual, en base a la pericia balística practicada, es apta para producir disparos, con un funcionamiento de condiciones normales y en buen estado de conservación; y el informe del Repar, el cual expresa que G.A. no se encuentra inscripto como legítimo usuario de armas de fuego ante la AnMAC. Los elementos hasta aquí reseñados, valorados adecuada y coherentemente por la Jueza de la causa, en forma conjunta y a la luz de la sana crítica, le permitieron tener por acreditada su materialidad y autoría, sin que éstas hayan sido impugnadas por la defensa, la que solamente cuestionó la calificación que se hiciera del hecho atribuido. Al respecto, al considerar esta Alzada que la calificación jurídica no es pasible de revisión en tanto resulta de carácter provisorio, siendo la misma modificable a lo largo de las distintas instancias del proceso, hasta el momento del dictado de la sentencia, dicho agravante no será analizado.
En último término, en cuanto el agravio planteado sobre el embargo decretado, debo decir que comparto el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por la Sra. Magistrada de Instrucción para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado en autos. Así, confirmaré el monto de la medida de embargo decretado. En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente, remítase copia digitalizada bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a sus efectos.-
En razón de lo expuesto, de conformidad con las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 108/112, en cuanto ha sido motivo expreso y fundado de agravio, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. Regístrese y notifíquese mediante SNE.
3. Firme que sea remítase copia digitalizada al correo electrónico [email protected]. Fecho, devuélvase al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia