Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 144.792
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar, con costas, el recurso de casación interpuesto por la defensa y confirmar la sentencia atacada en todo cuanto fuera materia de agravio (arts. 106, 209, 210, 448, 451, 530 y 531, CPP).
II. Regular los honorarios profesionales del letrado por su labor desarrollada ante esta sede en una suma equivalente al veinticinco (25%) de lo regulado en la instancia de origen -equivalente a 15 Jus- con más los aportes de ley (art. 534, CPP; 31 y ccdtes. de la ley 14.967).
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Casación Penal 1405-5227-24 144.792
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces designados para integrar la Sala Quinta de este Tribunal de Casación Penal, Manuel Alberto Bouchoux y Fernando Luis María Mancini, a los efectos de dictar sentencia en la causa N°144.792 caratulada "G., E. R. S/ RECURSO DE CASACIÓN", conforme al siguiente orden de votación:
BOUCHOUX-MANCINI.
El Tribunal Criminal N°6 del departamento judicial de San Isidro resolvió, en la causa N°5585, condenar a E. R. G. a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual, cometido por el progenitor y encargado de la guarda, en concurso real con exhibiciones obscenas. Contra dicho pronunciamiento, el defensor particular, Sergio Darío Ramírez, interpuso recurso de casación.
Efectuadas las vistas correspondientes, y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Es procedente el remedio intentado?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor juez Bouchoux dijo:
I. La defensa acude a vía casatoria y denuncia la carencia de evidencias contundentes que permitan aseverar que su defendido haya cometido el hecho por el que fuera condenado.
Para sustentar su reclamo, señala que el caso no cuenta con testigos que puedan expedirse sobre la evidencia del hecho endilgado. Bajo la misma óptica, sostiene que de las pericias practicadas por los profesionales, no surge que el acusado haya cometido el delito que se le imputa.
Seguidamente, arremete contra el testimonio de la víctima brindado bajo la modalidad del artículo 102 bis del ritual. Desde ese prisma de análisis, considera que -de acuerdo a lo dictaminado por las profesionales Alario, Bauer y Ojeda- la menor siempre se mostró reticente para hablar del supuesto abuso sexual denunciado por su madre y se negó a ser sometida a la revisión médica.
Continúa su reclamo, denunciando la falta de precisión y contextualización en su relato. Circunstancia que, a su criterio, contribuye a profundizar las dudas sobre la fidelidad y espontaneidad del testimonio. Respecto a este punto, esgrime que solo se tuvieron por válidos los dichos de la menor sin tener en cuenta determinadas circunstancias que el acusado expuso a lo largo de las actuaciones.
Frente a tales circunstancias, entiende que a la hora de valorar el testimonio debieron extremarse los recaudos y recurrir a la ciencia psicológica a fin de establecer si la víctima tiene tendencia a generar relatos imaginarios o fabulación para perjudicar a su padre. En ese sentido, resalta la importancia de la perspectiva pericial psicológica para evaluar la credibilidad de un relato a fin de tomar una decisión más eficiente y justa. Situación que, según postula el recurrente, no fue debidamente analizada en la sentencia.
Para fundar su reclamo, cita jurisprudencia sobre los parámetros que deben ponderarse para valorar las declaraciones de los niños, niñas y adolescentes (veracidad, correspondencia entre los hechos y lo sucedido, credibilidad) e insiste en la necesidad de valorar los testimonios a la luz de los aportes y conclusiones de la psicología como saber auxiliar. Paralelamente, realiza una transcripción de ciertos fragmentos de la declaración de la niña en Cámara Gesell con el objeto de demostrar que la joven se mantuvo en silencio frente a determinadas preguntas que le formuló la profesional. Frente a tal situación, el defensor postula que la perito indujo a la menor a brindar una respuesta que encuadre en una situación que se le pudiera imputar al acusado y, recién allí, la niña respondió.
En distintos tramos del recurso, el impugnante cuestiona que el Tribunal le haya restado credibilidad a la versión del imputado. Al respecto, refiere que su defendido no niega que su hija apareció y se quedó a dormir en su domicilio. Seguidamente, menciona que E.R.G. no cuenta con antecedentes relacionados con el tipo penal que se le endilga y que siempre "...ha prestado colaboración para que el hecho que se le imputa pueda ser aclarado".
En un pasaje del libelo recursivo, denuncia absurda valoración de la prueba, refiriendo que: "...el Magistrado señaló en lo sustancial "...siguiendo las pautas objetivas y subjetivas indicadas en los arts. 40 y 41 del CP., entiendo que debe aplicarse al encartado Eduardo Roberto Godoy la pena de DOCE años de prisión, accesorias legales y costas".
Finalmente, aclara que el objeto del recurso no es un nuevo examen crítico de los medios probatorios, sino un examen de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, concluyendo que el veredicto exhibe un insalvable contraste entre las premisas que se aduce, las cuales se excluyen entre sí. Situación que detenta la entidad suficiente para aseverar que la motivación del juzgador ha sido contradictoria y susceptible de justificar la nulidad de la sentencia recurrida.
En base a lo expuesto, considera que el acusado es inocente y en caso de que tal afirmación no sea aceptada, postula que la duda que sobrevuela el análisis de las pruebas en función del principio in dubio pro reo conduce a la absolución e inmediata libertad de su defendido. En virtud de lo cual, solicita se case la sentencia y se dicte un nuevo pronunciamiento o se reenvíe a quien corresponda.
II. Por su parte, la Fiscal Adjunta ante esta instancia, María Laura D´ Gregorio, presentó memorial y se expidió, en primer término, sobre la declaración de la víctima integrada al debate en los términos de los artículos 102 bis y 274 del Código Procesal.
Sobre el punto, la fiscal postula que, a diferencia de lo sostenido por la defensa, del caudal probatorio no surge la existencia de algún interés espurio por parte de la víctima o de su progenitora en relación a la acusación contra E.R.G.
Desde distintas aristas, plantea que las críticas de la defensa al testimonio de la víctima se basan en apreciaciones meramente subjetivas que no encuentran sustento en las constancias objetivas de la causa. Desde aquella óptica, esgrime que su testimonio fue sometido al tamiz de la prueba testimonial y pericial producida, descartando una hipotética inducción por parte de la profesional interviniente en la Cámara Gesell.
Efectuadas esas salvedades, concluye que el reclamo defensista solo evidencia una mera disconformidad en cuanto a la interpretación de los mismos elementos probatorios, sin lograr desterrar los argumentos explicitados para emitir el veredicto condenatorio. En base a las consideraciones expuestas, postula el íntegro rechazo del recurso casatorio articulado por la defensa.
Adelanto que el recurso no habrá de prosperar.
III. De acuerdo a los lineamientos planteados por el recurrente, corresponde analizar el agravio vinculado al razonamiento efectuado por el tribunal que lo condujo a afirmar la materialidad ilícita inflacionaria y la participación de E.R.G. en los hechos.
III. 1. Estimo que el remedio impetrado no logra conmover el proceso de deducción lógica efectuado por el tribunal a propósito de la prueba directa e indiciaria producida e integrada al debate oral. Sobre esta primera cuestión, se observa que el defensor dedica su remedio recursivo a reeditar los argumentos esbozados durante el desarrollo del debate, sin hacerse cargo de las respuestas brindadas por el sentenciante en aquel sentido. En consecuencia, se observa que la parte ya hizo valer la misma tesitura -que ahora trae a esta instancia- y obtuvo una respuesta por parte del órgano jurisdiccional, aunque no en el sentido propiciado por el recurrente.
Por lo demás, se aprecia que el impugnante denuncia un "insalvable contraste entre las premisas y las conclusiones arribadas en el veredicto", sin argumentar sobre ello ni explicar cuál sería el vicio argumental que contiene el proceso lógico efectuado por el juzgador; lo cual coloca a la sentencia a cubierto de la tacha de arbitrariedad pretendida por el impugnante.
En este punto habré de coincidir, entonces, con el juez de instancia en que las pruebas producidas, como aquellas integradas al debate, respaldan la conclusión acerca de que: "...el 24 de noviembre del 2023, en horas de la tarde, en el hotel de alojamiento denominado "Voitu" sito en la calle Uruguay 4237 de la localidad de Virreyes, partido de San Fernando, Pcia. de Bs. As., el aquí imputado (...) luego de suministrarle alcohol a su hija [A.M.G.] y (actualmente de 15 años de edad-nacida el 2/7/2009), quien al momento del hecho contaba con 14 años de edad, ejecutó actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por la misma al masturbarse delante de ella para finalmente abusar sexualmente de ella al proceder a efectuarle tocamientos en las partes genitales de las niña por debajo de su ropa, más precisamente introducirle sus dedos en la vagina y practicarle sexo oral".
Respecto al encuadre legal, el sentenciante calificó los hechos enrostrados a E.R.G. como abuso sexual con acceso carnal, cometido por el progenitor y encargado de la guarda, en concurso real con exhibiciones obscenas (arts. 119, tercer y cuarto párrafo en relación al inc. "b" y 129, Cód. Penal), fracción de la sentencia que no ha sido motivo de agravio. Ahora bien, de la lectura del veredicto, se advierte que el tribunal de grado ha desarrollado un análisis de todo el plexo probatorio, dentro del cual se encuentran pruebas directas acompañadas de otras de carácter periférico que le permitieron arribar a tal conclusión. Así pues, mi colega de la instancia precedente, luego de realizar una reseña de todos los elementos probatorios, exhibió el razonamiento probatorio por el cual arribó a la conclusión final.
III. 2. El juez de grado inició su análisis por la declaración brindada por la víctima A.M.G. bajo la modalidad Cámara Gesell (art. 102 bis, CPP), de donde extrajo las proposiciones fácticas necesarias para dar por acreditados los hechos materia de juzgamiento.
De esta manera, el a-quo expuso que la víctima pudo contar los hechos de índole sexual que había sufrido por parte de su padre, reseñando los pasajes más importantes de su declaración. En aquella oportunidad, la víctima contó que en una ocasión en la que fue a la casa de su progenitor, ambos se subieron a un auto blanco y se dirigieron, en primer lugar, a una plaza a comer. Luego, su padre compró bebidas alcohólicas y se dirigieron a un hotel alojamiento llamado "Voitu". Mientras estaban en la habitación, la joven recordó que su padre le dijo "que mire una cosa se quería hacer una paja", luego le bajó el pantalón y empezó a tocar sus partes íntimas con la mano y, a su vez, le pidió que se tocara, pero ella se negó. Seguidamente, le bajó la bombacha, le "metió los dedos" y le practicó sexo oral. Reseñados los pasajes de la declaración de la víctima vinculados a la consecución histórica del evento delictivo, mi colega de la instancia precedente inició el razonamiento probatorio. En ese marco, el juez de grado destacó que las manifestaciones de la víctima resultaron veraces y desprovistas de cualquier animadversión hacia el imputado y que, además, encontraron respaldo en las declaraciones brindadas por su madre, N.N.P. En este andarivel, es importante señalar que la testigo N.N.P declaró sobre el día que tomó conocimiento del hecho materia de juzgamiento. Recordó que debió retirar a su hija del colegio por un inconveniente que tuvo y que, como sanción, le prohibió utilizar la computadora, ya que previamente le había restringido el uso del teléfono celular. Al llegar a su casa, le pidió a su hija la computadora y se la entregó a su otro hijo J., quien comenzó a recriminarle y a preguntarle por qué "la hacía renegar" a su madre. En ese momento, la joven A.M.G. le dijo que no se meta, que "ahora se hacía el que la defendía", pero que no había estado cuando su padre abusó de ella.
Frente a tal situación, la testigo N.N.P. le pidió a su hija que repitiera lo que le había dicho a su hermano, y en ese momento la víctima narró el hecho de la siguiente manera: "...ese día que era el cumpleaños de mi amiga que vos no me dejabas ir, yo fui a lo de papi, me invitó a comer un pancho en la panchería de la Fate, y me dio de tomar, empezamos a tomar, él sacaba una pastillita, la rompía, empezó a drogarse enfrente mío, después empezó a dar vueltas con el auto, me llevó a pasear, dio vueltas con el auto, recuerdo que había una fuente con caballos, de un lugar donde la pasamos - calculando la deponente que debía ser por donde se encuentra el hipódromo de San Isidro-, él me dio vuelta por todos lados, paseamos, después me entró en un hotel, entró, me puso en la habitación, yo me senté en la orilla en cama, me puso así -haciendo ademán de que llevó sus manos hacia el pecho-, y que ahí fue cuando perdí el conocimiento(...) 'sentía que él le bajaba los pantalones, y se le metió entre medio de las piernas y empezó a practicarle sexo oral'".
Tras escuchar el relato de su hija, ambas fueron a la comisaría a realizar la denuncia. En paralelo, la testigo comenzó a enviarle mensajes al imputado, mencionando que su hija le había contado "lo que había hecho" y que iba a denunciarlo; recordando que él le respondió: "ustedes no me dejan vivir en paz". Vinculado a este tramo de la declaración, el a-quo ponderó que la testigo leyó desde su celular los mensajes mencionados, cuya transcripción fue integrada al debate.
Finalmente, la testigo recordó que su hija fue atendida por una psicóloga a raíz de la denuncia entablada y que, posteriormente, inició tratamiento con una terapeuta particular llamada Ayelén Alario. Destacó que, luego de poder relatar lo sucedido, su actitud cambió, dejó de tener conflictos en el colegio y de "ponerse en peligro todo el tiempo". En relación a este testimonio, el a-quo reparó en una circunstancia fundamental: la madre de la víctima, tanto en su denuncia como en su declaración brindada durante el juicio, no solo aportó detalles de contexto, esto es, las circunstancias de modo tiempo y lugar bajo las que sucedieron los hechos de manera idéntica a la de su hija, sino que además permitió ver la existencia de un mismo discurso por parte de la joven A.M.G. a lo largo del tiempo.
Sin embargo, su razonamiento no se agotó allí, pues mi colega de la instancia precedente también examinó lo expuesto por las psicólogas que entrevistaron a la víctima en distintas oportunidades y elaboraron el dictamen pericial. Desde ese prisma, inició el análisis con la declaración brindada por la terapeuta particular de la víctima, Ayelén Nahir Alario, frente a quien -destaca el a-quo- la niña efectuó el mismo relato que brindó durante la Cámara Gesell.
Al respecto, el juzgador reparó en que durante las sesiones, la terapeuta acompañó a la joven con la escucha y no le formuló ninguna pregunta por los hechos que luego espontáneamente ésta relató, y que si bien no es su función sacar conclusiones, la especialista descartó la posibilidad de un relato armado.
En el mismo sentido, ponderó la declaración de Paula Beatriz Castro, Perito Psicóloga del Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro, quien se entrevistó en dos oportunidades con la víctima y a quien ésta le pudo narrar el hecho sufrido. Al respecto, el a-quo destacó que la declaración de la perito además de confirmar la existencia de un relato único por parte de la víctima, demostrando de este modo su coherencia a lo largo del tiempo, resultó fundamental para analizar su validez.
En efecto, destacó que la profesional concluyó que la víctima presentaba un relato claro, consistente y detallado, y que evidenciaba indicadores de traumatización vinculados con la situación denunciada -tales como angustia, tendencia depresiva, dificultades para verbalizar y sensaciones de asco-, descartando a su vez que el relato respondiera a una construcción fantaseada, inventada o inducida.
De lo señalado hasta aquí, se observa que el veredicto puesto en crisis exhibe un examen lógico en donde el juez de grado analizó los la declaración de la víctima y luego evaluó la restante información (datos de prueba) que extrajo de las distintas pruebas periféricas del caso, de la cual, luego de realizar y exhibir el proceso cognitivo correspondiente, obtuvo diferentes conclusiones que acreditaron la hipótesis acusatoria.
IV. Entonces, debe ser descartado el primer agravio esgrimido por el recurrente por el que denuncia la carencia de evidencias contundentes - prueba testimonial, pericial y documental- que permitan aseverar que su defendido haya cometido el hecho por el que fuera condenado.
Referido al planteo vinculado con la ausencia de cámaras de seguridad, advierto que la denuncia fue radicada el 26 de septiembre de 2024 respecto de un hecho ocurrido el 24 de noviembre del año anterior. En consecuencia, el tiempo transcurrido entre el acaecimiento de los hechos y el comienzo de la investigación -más de diez meses- torna infructuosa la pretensión de contar con filmaciones que registren el trayecto que integra la secuencia previa al suceso investigado (trayecto hacia el hotel Voitu). Idéntica solución corresponde asignar al al agravio relacionado con la ausencia de un examen médico. Pero, además, debo agregar que en el documento “Estándares de Protección de Derechos Humanos de las Mujeres: herramientas necesarias para la defensa de su participación política” elaborado por la OEA (CIM MESECVI) y ONU Mujeres, se ha señalado que la prueba médica no es necesaria para acreditar casos de violencia sexual.
Así lo resolvió la CIDH en el caso “Espinoza Gonzáles vs. Perú” (sentencia del 20 de noviembre de 2014) donde dijo: “[E]n casos donde se aleguen agresiones sexuales, la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la presunta víctima. En tales casos, no necesariamente se verá reflejada la ocurrencia de violencia o violación sexual en un examen médico, ya que no todos los casos de violencia y/o violación sexual ocasionan lesiones físicas o enfermedades verificables a través de dichos exámenes”.
Sin perjuicio de ello, por el contrario de lo pregonado por la defensa, existen diferentes evidencias que permiten corroborar la hipótesis de cargo, habida cuenta que los dichos de la víctima aparecen ratificados por el contenido de la denuncia y de la declaración brindada por su progenitora; además de existir probanzas de carácter pericial que robustecen su declaración.
Desde ese andarivel, debe ser desechado también el planteo de la defensa acerca de que el fallo dictado se basa casi exclusivamente en los dichos de la madre de la víctima, pues se observa que el sentenciante confrontó el testimonio de A.M.G. con las múltiples evaluaciones psicológicas realizadas por Paula Beatriz Castro y Cecilia Del Carmen Bauer (peritas del Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y del Centro de Asistencia a las Víctimas respectivamente) y, además, con la declaración brindada por su terapeuta personal, Ayelén Nahir Alario.
V. Sentado lo anterior, corresponde ahora abordar los agravios esbozados contra la declaración brindada por la víctima en los términos del artículo 102 bis del ritual. Antes de comenzar, es importante aclarar que los agravios introducidos en relación a este punto, fueron circunscriptos a las siguientes cuestiones: la falta de precisión en el relato de la joven, que la misma siempre se mostró reticente para hablar del abuso sexual denunciado y, finalmente, la falta de apoyo en la ciencia psicológica -como saber auxiliara fin de establecer la credibilidad de su testimonio.
V. 1. Inicialmente, considero que no puede ser atendible el cuestionamiento ensayado por la defensa que pretende restar credibilidad a la declaración de la víctima, frente a la denuncia de un relato impreciso y tibio. Es que, la fragilidad y la insuficiencia del planteo queda expuesta en su propia formulación: el casacionista omite explicar a qué imprecisiones hace referencia. La ausencia del análisis del tramo de la declaración donde hipotéticamente ello ocurre, impide su tratamiento.
Efectuada esa primera salvedad, debo señalar que -tal como he indicado anteriormente (c. 133.825, "L., N.M. o M.N", sent. de 11-XI-2025, entre otras)- la Suprema Corte de Justicia señaló que la Guía de buenas prácticas para el abordaje de niños/as adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos, indica que un testimonio es creíble cuando supone un relato: "...claro y coherente de lo ocurrido; sin contradicciones fundamentales; con un lenguaje adecuado a su edad; carente de motivaciones secundarias para mentir o fabular; consistente con la información adicional que se tiene del caso" (P. 134.027, sent. del 11-V- 2022).
Asimismo, sostuvo que: "...el juzgador cuenta con criterios jurídicos para su adecuada valoración. Así, tales: a) ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de un móvil espurio (...) b) verosimilitud, en cuanto la misma se deduzca de corroboraciones periféricas; y c) persistencia en la incriminación, manifestada por su prolongación temporal, por la pluralidad y por la ausencia de ambigüedades y contradicciones (conf. doctr. del Tribunal Supremo español, Sala en lo Penal, S 4.301/2013, Res. 663/2013; que reitera la doctrina sentada en SS 629/2007, 90/2007 y 412/2007" (causas P. 133.814, sent. de 27-X-2022; P. 113.053, sent. de 18- IX-2013; P. 126.328, sent. de 11-IV-2018, entre otras).
Llegado a este punto del análisis, se observa que el juez de grado ha realizado un estricto análisis del testimonio de la víctima del cual subyacen todos los parámetros aludidos anteriormente. En cuanto a la ausencia de incredibilidad subjetiva, el sentenciante expuso que las manifestaciones de la víctima resultaron veraces y despojadas de cualquier animadversión hacia el imputado.
En consonancia con ello, el a-quo señaló que en todas las oportunidades en que fue entrevistada, la víctima mantuvo el mismo relato y señaló al acusado como autor de los hechos que la perjudicaron (persistencia en el relato). Indicador que también extrajo del testimonio de su progenitora, el cual permitió ver el mantenimiento de un mismo discurso por parte de la víctima a lo largo del tiempo, pues -tal como sostiene el juez- la testigo se expidió sobre el momento en el cual se enteró de lo sucedido y brindó los mismos detalles que su hija relató durante la Cámara Gesell. En relación a la coherencia interna del relato, el magistrado oportunamente subrayó que la terapeuta Alario fue clara al decir que el relato de la joven fue coherente y desechó la posibilidad de un relato armado haciendo hincapié, fundamentalmente, en la angustia mostrada durante el tratamiento.
Finalmente, de la declaración de la perita del Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro, Paula Beatriz Castro, el sentenciante extrajo las conclusiones a las que la profesional arribó vinculadas a la validez del relato de la víctima: un relato claro y detallado, con un discurso consistente y con indicadores de traumatización vinculados con la situación sufrida, tales como angustia, tendencia depresiva, dificultad para hablar y sensaciones de asco. Asimismo, valoró que la psicóloga expresó que no advirtió una estructura psicológica que permita entrever que estaba fantaseando o inventando, descartando la presencia de un relato inducido o co-construido. Sobre este último punto, el sentenciante valoró las explicaciones brindadas por la perita sobre las técnicas utilizadas para valorar un relato de esta especie. Al respecto, la profesional indicó que: "...por lo general, el relato inducido es sumamente rígido, las personas no presentan importantes montos de sentimientos, sino mas bien vienen a volcar un relato aprehendido, en donde en la repregunta hay pocos detalles, o no son concordantes con el relato que viene efectuando, o se advierte que hay algún tipo de beneficio que la víctima pudiera sacar con ese relato, todo lo cual no fue advertido en el relato de la víctima de autos".
Mi colega de grado ha cumplido también con el examen de fiabilidad de la información transmitida, en lo que respecta a la coherencia externa del relato de la víctima, al cotejarla con la prueba periférica presente en el caso. Es que, en lo que hace a la coherencia externa del relato -con apoyo de los elementos de carácter periférico-, el magistrado destacó la consistencia de la declaración de A.M.G. respecto de la restante prueba producida durante el debate, efectuando un cotejo con la declaración de su madre quien, en palabras del sentenciante, realizó una idéntica descripción de los hechos.
También evaluó la coherencia externa del relato de la joven a partir de la prueba pericial producida e integrada al debate oral. Para ello, ponderó la declaración brindada por Ayelen Nahir Alario e hizo hincapié en que el relato de la víctima resultó coincidente con aquel: "...que la víctima hizo frente a su psicóloga (..) a quien también le describió todo aquello que había sufrido, es decir, el abuso sexual que su padre le había proferido". En un sentido similar, expuso que el relato también resultó igual a aquel que la perita del Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Paula Beatriz Castro, efectuó durante el debate quien, en palabras del sentenciante, sirvió para confirmar "un relato único por parte de la víctima".
En el mismo sentido, ponderó la declaración de Paula Beatriz Castro, Perito Psicóloga del Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, quien se entrevistó en dos oportunidades con la víctima y a quien ésta le pudo narrar el hecho sufrido.
De lo reseñado hasta aquí, es posible concluir que el veredicto contiene todos aquellos criterios recomendados para analizar esta clase de testimonios a la luz de los lineamientos introducidos por la psicología del testimonio: la ausencia de incredibilidad subjetiva, la persistencia y la verosimilitud del relato (coherencia interna y externa del testimonio) circunstancia que determina la suerte adversa de este tramo de la queja.
V. 2. Sentado lo anterior, corresponde abordar los planteos introducidos por la parte recurrente, con base en los cuales sostuvo que la víctima se mantuvo en silencio frente a determinadas preguntas que se le formularon durante la Cámara Gesell.
Si bien en este punto, el defensor sí individualiza los fragmentos de la declaración en los cuales la joven se mantuvo en silencio, omite ponderar que, durante el debate, las peritas intervinientes se expidieron específicamente sobre el punto y explicaron que ello resulta esperable cuando una víctima debe relatar un hecho de la especie.
Así pues, la perita Paula Beatriz Castro contó que en la primera entrevista, la joven se mostró reacia a hablar a consecuencia de la carga de angustia que presentaba. Por esta razón, realizó una primera entrevista destinada a entablar un vínculo con la menor donde pudiera sentirse contenida y de esta manera logró que, en la segunda entrevista, la joven narre los hechos al sentirse más contenida y menos angustiada. En lo que aquí interesa, la profesional catalogó a la dificultad para hablar como un indicador típico de este tipo de situaciones.
Avanzando en este razonamiento, es importante concatenar lo expuesto por las profesionales en psicología con aquel agravio que postula que la perito que intervino en la Cámara Gesell, frente al silencio demostrado por la joven, la indujo a brindar una respuesta que encuadre en una situación que se le pudiera imputar al acusado.
Sobre este punto, la perita Cecilia Del Carmen Bauer aclaró que las dificultades iniciales para describir el accionar abusivo se relacionaban con la vergüenza que sentía la joven para narrar los hechos sufridos por parte de su progenitor. Incluso, durante el debate oral, al ser contraexaminada por la defensa sobre el punto, la perita explicó que las dificultades de las víctimas para hablar resultan habituales y se deben a los sentimientos de angustia y vergüenza que, precisamente, fueron detectados en la primera entrevista mantenida con A.M.G.
En lo que aquí interesa, destaca la profesional que en la filmación de la Cámara Gesell se puede observar la vergüenza que presentaba la joven para describir el accionar abusivo. Aclara la profesional que esa resulta la razón por la que las entrevistas se llevan a cabo con un/a profesional en psicología que sabe abordar este tipo de dificultades que se suelen presentar al momento de relatar hechos de la especie.
Sin perjuicio de lo expuesto, observo que el defensor confunde preguntas sugestivas con preguntas cerradas y de seguimiento. Es que, de una lectura de la transcripción realizada en el veredicto y en el remedio recursivo, surge que la forma de interrogar de la perito se basó, principalmente, en preguntas abiertas, preguntas cerradas y preguntas de seguimiento.
Incluso, llama la atención la técnica de la perita para evitar realizar preguntas sugestivas y, paralelamente, incluir en sus sucesivas preguntas información que la víctima relató segundos antes a fin de ordenar cronológicamente los hechos; lo que resulta un método válido al momento de ejecutar un interrogatorio de la especie. Esto es, iniciar los relatos con preguntas abiertas y, a partir de lo que la persona sometida al examen directo responde, utilizar preguntas cerradas y de seguimiento para enfatizar sobre aspectos específicos.
De allí que, la pregunta cerrada no sugiere al testigo la respuesta deseada, deja abierta la opción, por limitada que sea. Mientras que la pregunta de seguimiento se dirige a focalizar al testigo, pues a partir de la pregunta abierta, quedan de manifiesto detalles relevantes que permiten hacer un seguimiento dirigido a la proposición fáctica principal (Baytelman, A. y Duce, M., Litigación penal. Juicio Oral y Prueba, Santiago, Universidad Diego Portales, 2004, pp. 122/123).
VI. Finalmente, resta abordar el reclamo traído a esta instancia consistente en que el tribunal le restó credibilidad a la versión ensayada por el acusado producida durante el debate.
Sobre esta última cuestión, advierto que la declaración del acusado fue abordada por parte del magistrado, quien concluyó que, a la luz del resto de los elementos de prueba reunidos, los dichos del acusado "sólo han configurado un vano intento de mejorar su situación procesal". En consonancia con lo anterior, estimo conveniente recordar que a un lado el distinto nivel de exigencia que le cabe a la comprobación de la hipótesis acusatoria (en términos de suficiencia de la prueba), lo cierto es que la hipótesis de la defensa -si se presenta en el juicio oral- debe ser sometida a una mínima corroboración a partir de la evidencia y ello, está claro, no importa inversión de la carga de la prueba.
Más allá que la hipótesis del acusado no cuenta con ningún respaldo probatorio, lo cierto es que tampoco introdujo alguna razón atendible que explique el tenor de la acusación dirigida en su contra que no sea la efectiva ocurrencia de los hechos. Pues además de que -conforme fue reseñado en el acápite anterior- el sentenciante descartó que la acusación contra el acusado fuera consecuencia de un móvil espurio, advirtió que el acusado introdujo dos motivos distintos para controvertir la denuncia formulada en su contra.
Primeramente, dijo que la denuncia podría deberse al rechazo de su familia a su relación con su nueva pareja, Sandra, a quien le pusieron el apodo de "mala". Luego, ensayó otra hipótesis: recordó que al decirle a su ex esposa que quería vender su casa, ésta le dijo que "eso iba a ser tu Karma". Sobre el último móvil introducido, observo que el acusado aclara que es único heredero de la casa. Es decir, además de brindar dos motivos diversos, en ningún momento explica de qué manera la denuncia efectuada en su contra repercutiría en la pérdida de algún derecho respecto a la titularidad exclusiva que detenta sobre la propiedad.
Similar déficit argumentativo exhibe la circunstancia mencionada por la defensa sobre la ausencia de antecedentes penales relacionados con el tipo penal que se le endilga al acusado, quien siempre "ha prestado colaboración para que el hecho que se le imputa pueda ser aclarado". Pues, nuevamente el defensor omite argumentar sobre la vinculación que ello podría tener con el suceso particular.
Por último, debe tenerse en cuenta -conforme lo ha expresado por nuestro Máximo Tribunal provincial en reiteradas ocasiones- que si bien la sentencia de condena solo puede ser el resultado de un convencimiento que esté más allá de toda duda razonable acerca de la responsabilidad del acusado por un hecho punible, no basta la invocación de cualquier versión contrapuesta sobre la fijación de los hechos para objetar el análisis de la prueba a tenor del principio favor rei, si no es posible poner en evidencia que el análisis razonado y detenido de toda la prueba en conjunto impide alcanzar ese grado de convencimiento, de modo de habilitar el cuestionamiento de esa certeza subjetiva (SCBA, "B., J. A.", causa P. 124.663, sent. del 29-XII-17).
Por lo que, conforme la reseña efectuada, estimo que el auto atacado se encuentra debidamente fundamentado y abastece, por consiguiente, las exigencias de motivación del ritual, no solo por haber revelado el sentenciante el proceso lógico para descartar las argumentaciones defensistas, sino también al haber enseñado el razonamiento probatorio sobre la prueba de cargo en que fundó, en lo que aquí interesa, la autoría penalmente responsable de E.R.G.. en los hechos. Por consiguiente, el agravio de la defensa sobre este punto no puede prosperar.
VII. Respecto a la cita de los artículos 40 y 41 del Código Penal en un pasaje del recurso, corresponde efectuar las siguientes aclaraciones. En un tramo del recurso al que el impugnante titula "absurda valoración de la prueba", esgrime que: "...el Magistrado señaló en lo sustancial "...siguiendo las pautas objetivas y subjetivas indicadas en los arts. 40 y 41 del CP. , entiendo que debe aplicarse al encartado Eduardo Roberto Godoy la pena de DOCE años de prisión, accesorias legales y costas".
No obstante, luego de esta introducción, el defensor no realiza ningún desarrollo que haga a la determinación del monto de pena ni, por consiguiente, realiza alguna petición al respecto. Todo ello, en clara inobservancia al requisito de autosuficiencia propio del remedio que se pretende. Es que, precisamente, en esta instancia revisora, la ley impone que el recurrente individualice de manera concreta y específica aquellos vicios que justifican su impugnación, es decir que, en forma clara, expresa y separada enuncie los motivos del recurso casatorio que interpone. Así, en los términos del artículo 421 y 451 del ritual, que impone una individualización concreta y fundada del agravio, el planteo resulta insuficiente.
En consecuencia, no advirtiendo la configuración de las infracciones legales denunciadas por la defensa, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de casación deducido, con costas (arts. 106, 209, 210, 448, 451, 530 y 531, CPP).
Así lo voto.
A la primera cuestión, el señor juez Mancini expresó:
Adhiero al voto del doctor Bouchoux en igual sentido y por sus mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión, el señor juez Bouchoux expresó:
En orden al resultado arrojado por el tratamiento de la cuestión precedente, entiendo que corresponde rechazar el recurso de casación deducido, con costas (arts. 106, 209, 210, 448, 451, 530 y 531, CPP). A su vez, corresponde regular los honorarios profesionales del letrado por su labor desarrollada ante esta sede en función del resultado producido, en una suma equivalente al veinticinco (25%) de lo regulado en la instancia de origen -equivalente a 15 Jus- con más los aportes de ley (art. 534, CPP; 31 y ccdtes. de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el señor juez Mancini dijo:
Adhiero al voto del doctor Bouchoux en igual sentido y por sus mismos fundamentos.
Así lo voto.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
I. Rechazar, con costas, el recurso de casación interpuesto por la defensa y confirmar la sentencia atacada en todo cuanto fuera materia de agravio (arts. 106, 209, 210, 448, 451, 530 y 531, CPP).
II. Regular los honorarios profesionales del letrado por su labor desarrollada ante esta sede en una suma equivalente al veinticinco (25%) de lo regulado en la instancia de origen -equivalente a 15 Jus- con más los aportes de ley (art. 534, CPP; 31 y ccdtes. de la ley 14.967).
Regístrese, notifíquese a la Defensa y al Ministerio Público Fiscal y oportunamente devuélvase.
Fin de la sentencia