Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el auto que obra glosado a fs. 08/15 y vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden. 2º)-
TOMO CXXIX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8381 FOLIO Nº 096/101 PROT. ELECT. JR101256I.241
Río Gallegos, 12 de enero de 2024.-
La presente causa caratulada: "C.G.E. S/Robo", Expte. Nº 89.021/23 - Apelación/Causa JR Nº 8.689/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 08/15 y vta. obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Instrucción N° Uno de Río Gallegos, quien en el punto 1º) dispuso el procesamiento con prisión preventiva de G.E.C., en orden al delito de “robo simple (dos hechos) en concurso real con hurto simple” (arts. 45, 164, 55, 162 del CP) y en el punto 2º) trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de pesos quinientos mil ($500.000). Que a fs. 16/20, la defensa técnica apeló dicho auto -motivándolo-, que fue mantenido ante esta Alzada a fs. 23 renunciando a los plazos legales. En consecuencia quedan los presentes autos en condiciones para ser resueltos;
Y
I. Que la defensa interpone el recurso de apelación en contra del auto de procesamiento con prisión preventiva, por estimar que le causa un gravamen irreparable a su asistido en los puntos que ataca. a.- Adelanto de pena. Probanzas que no alcanzan para tipificar el hecho: En primer lugar la defensa se agravia en función que la prueba colectada no es suficiente para enervar el estado de inocencia del imputado, ya que la figura penal del “robo” exige como elemento del tipo la “ajenidad” de la cosa. En el caso, asevera que no se encuentra probado ni con testigos ni por facturas o tickets que la suma de dinero que supuestamente se apropió su asistido haya estado en la caja al iniciar las ventas el comercio. Tampoco se encuentra probado la propiedad de las dos camperas que se le reprocha a su defendido que se las hubiera apropiado. Pues bien, yendo al tratamiento de los agravios impetrados por la defensa, adelantamos, serán rechazados.
En efecto, previo a todo, debemos recordar que el auto de procesamiento: “… contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de los imputados en este, tratándose pues de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio.” (Clariá Olmedo, J.A., “Derecho Procesal Penal”, Ed. Lerner, Córdoba, 1985, pág. 612).
Veamos, en el caso que nos ocupa, la materialidad del primer suceso reprochado se acreditó con el acta de inicio de actuados, que informó acerca de las actuaciones prevencionales iniciadas por la División Comisaría Cuarta de Policía local, dando cuenta del hecho acaecido el 16/11/2023 a las 09:30 hs., en el local comercial “El rey de la fruta” en razón de haberse consumado un robo.
Asimismo se valoró la declaración del propietario del comercio, Sr. J.A.D. quien explicó que estando en el interior de su negocio, ingresó una persona de sexo masculino -brindando características físicas y de vestimenta-, quien tomó varios productos para su compra y al acercarse al mostrador sin mediar palabra le propinó un golpe de puño en el rostro ocasionando que perdiera el equilibrio cayéndose al suelo, aprovechando en ese momento para tomar una gran suma de dinero que se encontraba en el interior de la caja registradora y del interior de su pantalón tomó un tarjetero que contenía tarjetas varias (visa débito, licencia de conducir, dni, etc) para posterior darse a la fuga.
También, se consideró el acta de inspección ocular efectuada en forma conjunta por la preventora y el personal de Criminalística con los testigos de actuación requeridos al efecto. De dicha diligencia se logró revelar dos rastros dactilares y se procedió a analizar y extraer las grabaciones fílmicas del local dando cuenta de lo acaecido a las demás unidades operativas. Dichas constancias se complementan con el croquis ilustrativo del lugar, que permite tomar vista panorámica del comercio.
En tanto, la presunta autoría se probó –prima facie- a partir de la demora del encartado por intermedio del personal de la División Comando de Patrullas, en virtud de reunir características similares a las aportadas por la preventora en circunstancias de haber estado ocasionando disturbios en la farmacia “La Franco”, sita en Av. Gregores y Richieri, siendo que al advertir la presencia policial habría intentado emprender su huída, logrando demorarlo en calle Ayacucho al 1.200, trasladándolo a la Seccional Tercera. Que de la requisa personal, la Instrucción valoró que el incuso vestía una campera con capucha de plumas color negra, un buzo de color rojo, un pantalón deportivo marca Nike, zapatillas de color negro con suela blanca tipo Nike, reuniendo similares características a la descripción efectuada por el damnificado J.A.D..
Asimismo se constató que en un bolsillo interno de la campera de abrigo poseía la suma de pesos ciento cinco mil ($105.000.-), diez (10) cupones con la leyenda “Asociación Cooperadora del Comando Radioeléctrico”; en un bolsillo externo del lado izquierdo de la misma campera contenía: una tarjeta del PAMI, un DNI, una licencia de conducir, una tarjeta de crédito American Express, una tarjeta del Banco Santander Río Gold, una tarjeta Visa, una tarjeta empresarial, un carnet sanitario tipo B, resultando todo de propiedad de J.A.D., y en un bolsillo de la parte exterior sector derecho de la campera guardaba un cupón de la “Asociación Cooperadora del Comando Radioeléctrico” nro. de socio 300 y la suma de pesos cuatro mil ($4.000.-) discriminados en billetes de mil pesos.
A mayor abundamiento la Instrucción merituó el acta de reconocimiento de los elementos secuestrados en la requisa personal del imputado; el certificado médico del damnificado por el que se constataron lesiones compatibles con la agresión física que describió haber sufrido de manos del imputado y la declaración testimonial de J.A.D., por la que manifiesta haber perdido el conocimiento como consecuencia del golpe recibido y que al volver en sí, advirtió el faltante de dinero de la caja registradora así como de su tarjetero y que el malhechor se había retirado. Asimismo describió que debajo de la caja registradora había más dinero en efectivo. Por último la a quo valoró las secuencias fílmicas reunidas en autos de las cámaras de seguridad del comercio, logrando reconstruir el suceso investigado de la visualización de los momentos previos, durante y con posterioridad al ilícito, lo cual confrontado con la descripción de la vestimenta del imputado al momento de su aprehensión, le permitieron concluir razonadamente que se trataría de la misma persona cuyo obrar ilícito quedó documentado a través de las videograbaciones.
Que, los mencionados elementos, permiten concluir -con el grado de precariedad que caracteriza esta instancia-, que el imputado habría sido hallado en posesión de la res furtiva coincidiendo su vestimenta con la descripta por el damnificado J.A.D., siendo indicios suficientes para traspasar la valla del art. 289 del CPP.
Que, con relación al segundo hecho reprochado, la Instrucción valoró que el imputado el día 16/11/2023, siendo aproximadamente las 09:50 hs., en compañía de otra persona no identificada, habría sustraído un estéreo marca Sony, modelo Xplod, color negro, del vehículo VW Gol, propiedad del Sr. D.L.R., que se encontraba estacionado en la intersección de las calles Las Piedras y José Ingenieros, ejerciendo fuerza sobre dicho elemento a fin de extraerlo, apropiándose de documentación varia relativa al coche y de dos (02) camperas de abrigo, una de color azul y la restante azul y amarillo, que se encontraban en el interior del rodado.
A esos mismos fines, la Magistrada valoró la denuncia radicada por el propietario del vehículo por la describe pormenorizadamente el hecho ilícito que lo tiene por damnificado en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, detallando con precisión cada uno de los elementos que le fueran sustraídos de su interior. Que respaldan sus dichos acerca de la materialidad del hecho investigado el acta de inspección ocular, el croquis ilustrativo, las secuencias fotográficas y las actuaciones labradas por la preventora. Además la Instrucción logró acreditar la autoría en cabeza del imputado a través de la valoración de las secuencias fílmicas de las cámaras de seguridad del domicilio laboral del damnificado, de cuyo análisis se logra visualizar a dos personas de sexo masculino, siendo que una de ellas –individualizado como sujeto 1- vestía campera de color oscura con capucha, buzo de color rojo, remera blanca, pantalón deportivo color oscuro y zapatillas de color negras con detalles blancos, coincidiendo con la vestimenta del encausado al momento de su demora y aprehensión con motivo de la investigación del primer hecho reprochado.
Asimismo del análisis de las secuencias fílmicas la a quo logró reconstruir que el sujeto 1 se posiciona sobre la puerta delantera del lado conductor del vehículo de color rojo de propiedad de D.L.R., intentando abrir el mismo, para luego retirarse con elementos en sus manos. A su vez refuerza la carga probatoria el resultado positivo de la diligencia de allanamiento en el domicilio del imputado, producto de lo cual se secuestraron: dos (02) camperas, un (01) estéreo marca Sony color negro, una (01) mochila de color negra entre otros elementos, reconociendo el Sr. D.L.R. al estéreo incautado como de su propiedad. Que de la valoración concatenada de todos los elementos probatorios producidos en la causa, la Magistrada habría logrado comprobar que el imputado reside en un lugar cercano a ambos lugares donde se hubo de perpetrar los dos hechos ilícitos investigados pudiendo concluir que el 2do. hecho reprochado al imputado habría sido el primer suceso ilícito que habría cometido con la complicidad de un consorte de causa no identificado a la fecha, habiendo logrado colocar a resguardo el producto del ilícito para luego continuar con su camino delictual, oportunidad en la que habría llevado adelante el 1er. hecho reprochado que tiene por damnificado al propietario del local comercial “El rey de la fruta”, siendo finalmente demorado por la División Comando de Patrulla en calle Ayacucho al 1.200 de esta ciudad capital.
Por todo lo analizado el presente agravio queda desechado, pues las pruebas reunidas, antes reseñadas, resultan suficientes para atravesar la barrera del art. 289 del CPP, con el grado de probabilidad afirmativo requerido por la instancia que atraviesa la causa.
Finalmente, cabe mencionar que en cuanto a la valoración de la prueba la doctrina enseña: “… para poder arribar a una decisión respecto de la existencia o no del hecho delictivo y, en su caso, la autoría penalmente responsable del acusado, los jueces deben analizar las probanzas reunidas -independientemente de quién las haya suministrado- en su conjunto y no aislada o separadamente… este examen debe ser integral, pleno y completo.” (Florián, Eugenio; De las pruebas penales; Ed. Temis; Bogotá; 2002; pág. 384). Y en ese sentido esta Alzada entiende que el procesamiento se observa como producto de la valoración razonada de los elementos de cargo obrantes en el legajo.
En consecuencia se advierte que las consideraciones que constituyen el presente agravio, sólo traducen la disconformidad de la defensa con el criterio expuesto por la Sra. Jueza de grado, no logrando conmover los argumentos por los cuales se arriba al auto de mérito, pues la discrepancia con la forma en que fueron valorados los elementos de cargo no constituye un argumento de peso para modificar la decisión de mérito a la que arribó la Sra. Magistrada.
b.- Realizar allanamiento cuando el Sr. C. jamás ingresó a su domicilio: En segundo lugar la defensa se agravia de la ausencia de motivación en la orden de allanamiento dispuesta por la Instrucción en la casa de la pareja del imputado, donde se secuestraron dos camperas. Ello en razón que su asistido fue demorado y aprehendido en la vía pública, es decir, que jamás ingresó en esa vivienda.
Que este segundo agravio tampoco podrá prosperar, toda vez que la Instrucción abordó la cuestión planteada de manera adecuada, ordenando el registro domiciliario con fundamento en las sospechas serias de autoría en cabeza del incuso en función de la prueba que iba recabando, producto de la cual logró concluir tras la visualización de las secuencias fílmicas y la denuncia de D.L.R., que la conducta reprochada como “hecho nro. dos” habría sido el primer hecho delictivo que habría cometido G.E.C. en el raid delictivo de fecha 16/11/2023. Así, advertimos que a fs. 13vta./14 la Magistrada concluyó que: “…lo expuesto permite presumir que el imputado de autos, en primer lugar habría cometido el presente hecho bajo análisis.
Luego se habría retirado a su domicilio donde colocó a buen resguardo el producto de su ilícito accionar. Para luego de ello continuar con su camino delictual siendo en dicha oportunidad objeto de su pretensión dolosa el establecimiento de J.A.D. Abona dicha hipótesis otro indicio incriminante ya que sin mayor esfuerzo surge que ambas locaciones en que se materializaron los hechos se encuentran enclavadas en lugares cercanos al domicilio del imputado, permitiéndole obrar con celeridad y colocar a buen resguardo el producto de su obrar contrario a derecho. c.- Imputar los delitos in malam parte: En tercer lugar la defensa se agravia alegando que la Instrucción -perjudicando a su asistido-, le imputa la comisión del delito de “robo” y, en el segundo hecho, “robo con hurto”, resultando insostenible tal situación.
Analiza que, en el caso concreto, la figura penal de robo absorbe al de menor valía: el hurto, por ende, no puede aplicarse en perjuicio del imputado la calificación legal que intenta la Sra. Jueza, ya que, de quedar firme la misma, afecta al debido proceso legal conjuntamente con el derecho de defensa, toda vez que de un mismo hecho, pretende endilgar dos delitos, cuando supuestamente ambas acciones serían contra la propiedad. Destaca que se trata de una cuestión muy importante, ya que de aquí saldrá la plataforma fáctica jurídica que otorgue sustento al debate oral, lo que de mantenerse, perjudica los derechos y garantías del imputado. Que, en respuesta al presente agravio, entendemos que no prosperará, toda vez que los elementos de prueba producidos en la causa y razonadamente valorados en su conjunto a la luz de la sana crítica racional, permiten tener acreditada -con el grado de probabilidad requerido en esta instancia- tanto la existencia de los hechos en cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar y modo como la responsabilidad del imputado en los mismos.
Ello a través de actos procesales que delimitaron el objeto fáctico y le permitieron a la Magistrada encuadrar los hechos en lo previsto por los arts. 45, 164, 55, 162 del CP, provisoriamente calificados como “robo simple (dos hechos) en concurso real con hurto simple”. Que es criterio de esta Alzada -en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho hasta el dictado de la sentencia (e incluso en instancias superiore); ello siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia.
(Criterio asentado en la Apelación N° 8013/22, entre otras). Este criterio resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales...". (TR LALEY AR/JUR/56181/2014).
Que si bien la calificación legal eventualmente puede incidir en el dictado de la prisión preventiva, lo cierto es que la medida de cautela personal que se abordará en profundidad en el agravio siguiente, no se fundó únicamente sobre ese motivo. Otros juzgados tiene dicho que: “…Corresponde rechazar el recurso de apelación deducido por la defensa contra el auto que decretó el procesamiento del imputado y dictó su prisión preventiva, pues la calificación asignada en el auto de procesamiento no incidirá en la libertad provisoria de su defendido, ya que aquella medida cautelar ha sido fijada en virtud de la valoración efectuada en cuanto al peligro de fuga por parte del imputado…” (Cita online: TR LALEY AR/JUR/19730/2010).
En virtud de lo expresado, se advierte que la defensa no ha demostrado un agravio concreto relativo a la provisoria calificación legal de los hechos reprochados, motivo por el cual no prosperará. d.- Prisión preventiva: Por último la defensa se agravia del encarcelamiento preventivo con la supuesta pretensión de asegurar la realización del juicio, cuando el imputado goza de la presunción de inocencia hasta que una sentencia condenatoria firme diga lo contrario. Plantea que su defendido tiene arraigo en la ciudad y que no se encuentra acreditado en el caso concreto un peligro procesal que justifique la prisión preventiva. Por ello solicita se revoque este punto apelado y se disponga la libertad de su cliente con las cautelas propias y acordes al caso.
En respuesta a este agravio relativo a la prisión preventiva impuesta al decretar el procesamiento del encartado, adelanto que tampoco prosperará no encontrarse motivada en función del riesgo procesal constatado en el caso concreto.
Que advertimos que, en primer lugar, la Instrucción tuvo por satisfecho el requisito de motivo bastante para sospechar -en grado de probabilidad- que el imputado ha participado de los ilícitos que se le reprochan con pena privativa de la libertad; con lo cual tuvo por reducida la expectativa de resolución favorable y, consecuentemente, entendió objetivamente incrementados los riesgos procesales en el caso concreto. Seguidamente, la Instrucción ponderó que “…de los Informes provenientes del Registro Nacional de Reincidencia (…) se informan los antecedentes condenatorios que registra el epigrafiado (…) Que la circunstancia apuntada donde el procesado registra una condena a pena privativa de la libertad, emergiendo que en la última fuera declarado reincidente por primera vez, obliga a esta Magistrada a un nuevo y pormenorizado examen del peligro procesal el cual sin hesitación se ve ostensiblemente elevado en virtud que, de recaer condena en la presente causa la misma será de efectivo cumplimiento (art. 26 del CPN) adunando a ello las consecuencias que en cuanto a la obtención de beneficios durante la ejecución devienen de la declaración de reincidencia por segunda vez...”. Asimismo la Magistrada valoró que el imputado registra otra causa caratulada: “C.G.E. S/Violación de domicilio”, Expte. Nº 71.399/21, donde se dispuso librar orden de captura en fecha 05/07/2023; medida que se hiciera efectiva como consecuencia de la aprehensión por los hechos investigados en el presente legajo. Del mismo modo valoró la violencia ejercida en contra de un adulto mayor, como el caso del damnificado J.A.D., propietario del local comercial “El rey de la fruta”, que se constituyó como querellante describiendo las afecciones físicas que hubo de padecer como consecuencia de los hechos sufridos.
En ese sentido desde esta Alzada, concordamos con la Sra. Jueza de grado que el encartado reviste la calidad de un sujeto con peligrosidad procesal, toda vez que de recuperar la libertad pondría en juego los fines del proceso –peligro de fuga-, imposibilitando de tal modo la efectiva aplicación de la ley sustantiva ante el peligro de elusión procesal. Del mismo modo, entendemos que la resolución que se pretende poner en crisis evidencia en torno a este punto un acabado cumplimiento de las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., que rigen la materia, pues: “…La incorporación de los pactos internacionales sobre derechos humanos (art. 75 inc. 22 CN), ha generado un marco de máxima jerarquía normativa para la consideración del encierro del imputado como medida de estricto orden cautelar, al establecerse (…) que el encarcelamiento durante el proceso tiende a asegurar “… la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo…” (art. 9.3 PIDCyP).
Esta Alzada ya se ha expresado en reiteradas ocasiones acerca de la viabilidad de la determinación de la prisión preventiva durante la tramitación del proceso penal que contemple como fundamento la existencia de riesgos procesales claros, ciertos y objetivos de los que deriven peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones. El derecho a permanecer en libertad durante el proceso no impide hacer excepciones mediante el dictado de medidas cautelares como la prisión preventiva, cuando las circunstancias hacen presumir el peligro de fuga y/o de entorpecimiento de la investigación, como ocurre en el caso, pues la situación concreta de riesgo surge de las circunstancias comprobadas de la causa.
Al respecto la jurisprudencia nacional tiene dicho: "...El sentido jurídico de la prisión preventiva es de tipo cautelar y pretende impedir que el imputado eluda la acción de la justicia obstaculizando la investigación o incumpliendo la eventual sanción penal..." (Cita online: SJA 19/5/2004 •20041245). En el caso que nos ocupa, la Instrucción dispuso adecuadamente la prisión preventiva del imputado luego de resolver el procesamiento, sin advertir una interpretación manifiestamente inconstitucional y arbitraria de las normas nacionales e internacionales que rigen la materia, concordando –se reitera- que la prisión preventiva aparece como la medida de coerción idónea, necesaria e indispensable para asegurar los fines del proceso y lograr la aplicación de la ley.
Como vemos, el planteo de la defensa no alcanza a conmover los argumentos dados por la Magistrada en su resolución, sino que en definitiva, luce como una disconformidad con la privación de libertad dispuesta, deviniendo infundado. Es por ello que homologaré la prisión preventiva dispuesta a G.E.C.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos. III) Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada -bajo los recaudos de estilo- al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web. Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez Subrogante de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 08/15 y vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden. 2º)- REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]. 4º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.-
DR. JOAQUIN A. CABRAL JUEZ DE FERIA
Dra. ADRIANA I. GEYER SECRETARIA
Fin de la sentencia