Abriendo la norma
TOMO CLXIII - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO N° 10.193 FOLIO N° 018/022 PROT. ELECT. JR101 340I.261
Río Gallegos, 19 de agosto de 2026.-
La presente causa caratulada "G.T.R. S/ Denuncia“ - Expte. N° 9862/24 - Apelación/Causa JR N° 10285/26, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 64/68vta., obra glosada la resolución dictada por la Sra. Jueza Subrogante del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal, Correccional y Penal Juvenil de Puerto Santa Cruz, que en su punto l) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado A.A.I, en orden al delito de “Amenazas” (Art. 149 bis del Código Penal), en tanto qué en su punto II) trabó Embargo sobre los bienes del procesado (Arts. 499 C.P) hasta cubrir la suma de Pesos Un Millón ($1.000.000).
Que a fs. 71/72vta., la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 79, y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa sostuvo que el auto recurrido resulta, a su criterio, contrario al principio de inocencia. Que, en pos de un adecuado tratamiento de los agravios expresados por la parte recurrente, consideramos conveniente enumerar las cuestiones a resolver.
II. Del agravio referido a la orfandad probatoria:
Que la defensa se agravió al sostener que la resolución impugnada no alcanza el grado de probabilidad exigido para el dictado del auto de procesamiento, por considerar que la Sra. Jueza Subrogante de grado efectuó una valoración fragmentaria de los elementos de prueba incorporados a la causa, atribuyéndoles un alcance incriminatorio que -a su entenderexcede su real aptitud demostrativa.
En tal sentido, cuestionó la relevancia otorgada a la constatación policial practicada sobre el teléfono celular de la denunciante, señalando que dicha diligencia se habría limitado a la observación y registro fotográfico de una conversación exhibida desde un dispositivo aportado por la Sra. G., sin la realización de procedimientos técnicos que permitieran resguardar la autenticidad e integridad de la evidencia digital.
Asimismo, sostuvo que el decisorio omitió valorar el contexto en el que se desarrollaron las comunicaciones mantenidas entre las partes, prescindiendo -según afirmó- de todo análisis relativo al vínculo existente entre ellas y al marco en que tuvieron lugar los intercambios atribuidos al imputado. Concluyó que, esa apreciación aislada de la prueba, impide efectuar una adecuada ponderación de su verdadero alcance y significado.
Que iniciado el abordaje del presente agravio, adelantamos, no habrá de prosperar.
Ello así, por cuanto del análisis integral del sumario, de la resolución recurrida y de los argumentos esbozados por la defensa, se advierte que en autos obran suficientes elementos de convicción que hacen presumir, con el grado de probabilidad propio de esta instancia procesal, la responsabilidad penal endilgada al Sr. I.A. por el ilícito oportunamente imputado. En tal sentido, el auto recurrido describe cada una de las piezas probatorias concordantes que fortalecen la imputación. Entre ellas, la denuncia judicial efectuada por la Sra. G.; los informes de la autoridad de prevención; el acta de constatación y la consecuente secuencia fotográfica; certificación de causas en trámite entre las partes por ante el Juzgado interviniente; informe de registro de antecedentes; el informe de pericia psicológica efectuada en la denunciante; entre otras constancias incorporadas.
Dichos elementos, valorados de manera armónica y conjunta, conforme las reglas de la sana crítica racional, conforman un conglomerado indiciario suficiente para sustentar, con el estándar que caracteriza a esta instancia, la imputación formulada respecto del encartado por el delito de “Amenazas”. Sentado ello, corresponde señalar que no habrá de prosperar el cuestionamiento referido al acta de constatación, en tanto dicha diligencia fue llevada a cabo con escricto cumplimiento a las previsiones del C.P.P., constituyendo una constancia íntegra y objetiva incorporada en la etapa instructiva.
La circunstancia de que la autoridad policial haya procedido a constatar y documentar -mediante secuencia fotográfica- la conversación exhibida desde el dispositivo aportado por la denunciante, no torna -por sí sola- inválida ni carente de valor probatorio la diligencia practicada, máxime cuando la defensa no señaló concretamente qué irregularidad habría sido cometida durante su realización, ni cuál sería el perjuicio derivado de ella.
Por otro lado, tampoco se advierte que la Magistrada haya prescindido del contexto en el que se desarrollaron las comunicaciones entre las partes, tal como sostiene la parte recurrente. Por el contrario, de la resolución impugnada surge que los elementos reunidos fueron ponderados en su conjunto, atendiendo a las circunstancias que rodearon el hecho investigado y al vínculo existente entre las partes. (Remítase a lo expuesto en el considerando IV) del presente resolutorio).
De igual manera, resulta conveniente advertir que no surge del expediente que la parte recurrente haya instado la producción de medidas conducentes para mejorar la situación de su asistido, máxime conforme las facultades que le otorga el art. 190 del C.P.P., por lo que no puede responsabilizar a la Sra. Jueza Subrogante de grado de una eventual insuficiencia investigativa en relación a la falta de realización de diligencias, cuando la propia estrategia defensiva no ha hecho uso de las herramientas procesales previstas a tal fin.
En consecuencia, entendemos, no surge en el decisorio arribado, una valoración aislada de las constancias probatorias. Por el contrario, surge explícitamente la concordancia entre el hecho fáctico y los elementos probatorios reunidos hasta el momento; los cuales permiten sostener -con el grado de probabilidad requerido- tanto la materialidad del hecho como la intervención atribuida al imputado A.I.-
En función de todo lo expuesto, habiendo la Magistrada valorado adecuadamente las constancias probatorias reunidas hasta el momento, de conformidad con las reglas de la sana crítica racional y con la debida perspectiva de género, corresponde rechazar la presunta orfandad probatoria postulada por la parte recurrente. En efecto, el presente agravio no podrá prosperar.
III. Del agravio referido a la tipificación del delito: Que la parte recurrente se agravió al sostener que la resolución impugnada omite desarrollar las razones por las cuales las expresiones atribuidas a su asistido reúnen los requisitos típicos necesarios para la configuración del delito de “amenazas”.
En tal sentido, afirmó que el auto de procesamiento se limitó a señalar la existencia de manifestaciones vinculadas con una eventual difusión de material íntimo, sin explicar de manera concreta por qué tales expresiones resultarían idóneas para generar un estado de intimidación o constituir el anuncio de un mal futuro, citando jurisprudencia en sustento de su argumento.
Asimismo, destacó que la denunciante, al prestar declaración en sede policial, manifestó no haber sido amenazada. Sobre esa línea, sostuvo que la conclusión a la que arribó la a quo se apoya en afirmaciones dogmáticas, sin exponer las razones por las cuales, la conducta atribuida a su defendido, resultaría apta para afectar la libertad de determinación de la presunta víctima, ni analizar -según su criterio- las circunstancias concretas que permitirían tener por configurada la intimidación exigida por el tipo penal.
A su vez, cuestionó que no se hubiera ponderado adecuadamente lo manifestado por su pupilo procesal al prestar declaración indagatoria respecto de las circunstancias personales en las que se habría desarrollado el intercambio de mensajes, aspecto que –afirmó- debió ser especialmente considerado al momento de examinar el elemento subjetivo de la conducta investigada.
Finalmente, concluyó que los elementos de convicción reunidos hasta el momento resultan, a su entender, insuficientes para tener por reunidos los presupuestos mínimos exigidos para el dictado del auto de procesamiento.
Que iniciado el abordaje del aludido agravio, pese al esfuerzo de la defensa, tampoco habrá de prosperar.
En efecto, del estudio y exhaustivo análisis de la resolución recurrida, se observa que la instrucción no se limitó a efectuar una afirmación dogmática respecto de la configuración del delito previsto por el art. 149 bis del C.P., por el contrario, identificó concretamente las expresiones atribuidas al encartado, ponderó el contexto en que aquellas habrían sido proferidas y explicó las razones por las cuales entendió que las mismas resultaban idóneas para afectar la libertad de determinación de la denunciante.
Así, la Magistrada hizo referencia a los mensajes mediante los cuales, frente a la negativa de la Sra. G. de mantener un diálogo con el imputado, éste le habría manifestado: “… Tampoco te hagas la importante…”, “…Van a salir tus videos…”, “…Y tus fotos…”, “…Y ahí cantidad más…” y “…Fijate q vas a hacer…”. A partir de su contenido y del contexto en que fueron enviados, concluyó que aquellos se encontraban redactados de manera clara y direccionada a atemorizar a la denunciante, destacando además que ésta había manifestado sentirse intimidada, desconociendo si el imputado llevaría o no a cabo la conducta anunciada.
Dicho ello, entendemos, aún cuando la resolución no haya efectuado una descripción de cada uno de los elementos que integran la figura penal en cuestión –como pretende la parte recurrente-, ello no permite concluir que la Magistrada haya omitido su análisis. Por el contrario, el razonamiento desarrollado en el auto recurrido, permite advertir que la aptitud intimidatoria de las expresiones fueron examinadas a partir de su contenido, del contexto en el que fueron emitidas, y de la finalidad que se desprende de ellas, lo que resulta suficiente, prima facie, para sustentar el encuadre legal adoptado.
En relación a las manifestaciones vertidas por la denunciante en sede policial, cabe señalar que dicha circunstancia fue expresamente considerada por la a quo, quien explicó que dicha manifestación no impedía tener por configurada -prima faciela conducta investigada, en tanto la afectación del bien jurídico tutelado no depende que la pretensa víctima utilice la expresión “amenaza”, sino de la valoración objetiva de las expresiones proferidas y de las circunstancias concretas en las que tuvieron lugar. Extremo que, -reiteramos- fue ponderado conjuntamente con el contenido de los mensajes y el contexto en que fueron enviados. (Véase fs. 67, tercer párrafo).
Por otra parte, en cuanto al cuestionamiento relativo a las manifestaciones efectuadas por el imputado I. al momento de prestar declaración indagatoria, la Magistrada indicó, con expresa fundamentación, que sus dichos no resultaban suficientes para desvirtuar el valor convictivo del plexo probatorio reunido. Para ello, tuvo en consideración que los mensajes habrían sido enviados desde una línea telefónica cuya titularidad fue reconocida por el propio imputado y que, además, éste había proporcionado sus datos al momento de ser requerido por la autoridad de prevención.
En consecuencia, tampoco se advierte que la Magistrada haya omitido ponderar la versión brindada por el imputado, sino que, por el contrario, la consideró y explicó las razones por las cuales no resultaba suficiente para neutralizar, en dicha instancia, los restantes elementos de convicción reunidos. Ahora bien, respecto a las impugnaciones referidas a la idoneidad intimidatoria de las expresiones, su aptitud para afectar la libertad de determinación de la denunciante y el elemento subjetivo de la conducta, nos resulta menester advertir que, en este tipo de pronunciamiento sólo se acerca a un juicio de probabilidad delictual, donde prevalecen los elementos incriminantes por sobre los de descargo, siendo suficiente para que proceda su dictado, que la acción represiva se halle debidamente fundada en derecho; lejos está de ser considerado como un pronunciamiento definitivo, pues sólo se requiere la probabilidad de la verdad de la imputación.
De igual manera, cabe recordar que esta Alzada viene sosteniendo de manera reiterada, -desde el año 2022 y en concordancia con los dictámenes de la Sra. Fiscal de Cámaras-, que la calificación legal resulta ser de carácter provisorio y mutable, con lo cual no causa estado, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 9609/25 y 10037/26, entre otras tantas).
Prueba de ello, resulta ser el reciente fallo de nuestro Tribunal Superior de Justicia, que en autos caratulados: “V.J.A. S/Homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves”, Expte. Nro. 1701/24/TSJ, en fecha 14/05/26, mediante el recurso de casación, hubo de modificar el encuadre legal establecido por el Juzgado de Instrucción, elevando el monto de la condena que había recaído en la Cámara Criminal y Correccional de la 1ra Circunscripción Judicial.
En función de todo lo expuesto, -y sin perjuicio del carácter provisorio del encuadre jurídico asignado-, corresponde concluir que los agravios introducidos por la defensa no logran conmover los fundamentos del decisorio recurrido, ergo, los agravios aquí introducidos se desestimarán.
IV. Del agravio referido al informe psicológico efectuado en la denunciante:
Que la defensa se agravió al sostener que el informe psicológico incorporado al legajo, si bien consignó que la denunciante brindó un relato claro y congruente, concluyó que el nivel de riesgo detectado era de carácter moderado.
A partir de ello, afirmó que dicha circunstancia reviste especial relevancia para determinar la aptitud de la conducta atribuida a su asistido para generar un estado de intimidación en la destinataria de los mensajes, aspecto que consideró esencial para la configuración del tipo penal de amenazas.
En ese sentido, sostuvo que la resolución recurrida procura encontrar corroboración en la eficacia intimidatoria de las expresiones atribuidas al imputado, pero omitió valorar que la profesional interviniente descartó la existencia de un riesgo elevado.
Concluyó que dicha circunstancia debió ser objeto de un análisis más riguroso, a fin de determinar la verdadera entidad del mal anunciado y su concreta aptitud para afectar la libertad de determinación de la presunta víctima.
Que iniciado el abordaje del presente agravio, adelantamos, tampoco habrá de prosperar.
En primer término, corresponde señalar que el informe psicológico practicado a la denunciante, constituye un elemento de prueba más dentro del plexo probatorio reunido, por lo que la circunstancia de que la profesional interviniente haya determinado un nivel de riesgo de carácter moderado no permite, por sí sola, concluir que las expresiones atribuidas al imputado carecieran de aptitud intimidatoria.
En efecto, el nivel de riesgo consignado en dicho informe, no puede asimilarse como una ausencia de temor o intimidación por parte de la denunciante. La conclusión a la que arribó la profesional interviniente se trata de un parámetro a tener en cuenta, a los efectos de que la a quo realice una valoración conjunta con los restantes elementos de prueba incorporados al sumario.
En este sentido, consideramos relevante destacar que tratándose de un hecho de violencia contra la mujer, la investigación y consecuente valoración deben necesariamente incluir perspectiva de género, especialmente teniendo en cuenta el contexto de las circunstancias y la eventual existencia de una relación desigual de poder. Ello, de conformidad con las previsiones de la Ley Nº 26485 y con los compromisos asumidos por el Estado Argentino a través de la Convención de Belém do Pará, la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer), y las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011).-
Bajo esta línea, la aptitud intimidatoria de las expresiones atribuidas al imputado, no pueden determinarse exclusivamente de un resultado de una pericia psicológica, sino que debe ponderarse el contexto en el que fueron proferidas. En ello es conteste la jurisprudencia, al señalar: “...el contenido de su idoneidad (se refiere a la amenaza) debe ser definido con estricta referencia al contexto dentro del cual fueron expresadas, es decir, tomando en cuenta específicamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se profirieron las mismas, las que determinarán la concreta lesividad de dichas expresiones con relación al bien jurídico protegido por la norma que las incrimina...”. (Trib. Casación Penal Bs. As., Sala 2º, 17/8/2006, “Cazzaniga, Juan C.”, AP 14/112012).
En consecuencia, toda vez que la conclusión del informe psicológico no neutraliza la aptitud intimidatoria que pueden presentar las manifestaciones vertidas por el incuso, y que dichas expresiones fueron analizadas en el contexto en que fueron proferidas, es que no prosperará el aludido agravio.
V. Del agravio referido al embargo dispuesto:
Finalmente, la defensa se agravió al considerar que el embargo decretado por la suma de pesos un millón ($1.000.000) carece de la debida fundamentación.
En tal sentido, sostuvo que la resolución impugnada no explicita los parámetros utilizados para determinar dicho monto y cuestionó su razonabilidad, por entender que resulta desproporcionado en relación con la naturaleza del hecho investigado y los eventuales rubros resarcitorios que, hipotéticamente, podrían derivarse de una eventual condena. Que en relación al agravio ulterior, el mismo no habrá de prosperar.
Ello así, de conformidad con lo previsto en el artículo 499 del C.P.P., el cual establece que, al momento de dictar el auto de procesamiento, el Magistrado debe ordenar -asimismoel embargo de bienes del imputado.
En tal sentido, y en coincidencia con lo sostenido por otros tribunales, se ha señalado que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, (el monto del embargo) debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024). En efecto, y vislumbrando que la Sra. Jueza Subrogante, en su considerando “Quinto” (fs. 68vta.), ha explicado los parámetros tenidos en cuenta para la fijación de la medida precautoria, es que esta Alzada comparte el criterio sostenido, como también la cifra establecida, por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado en autos.
Así, es que confirmaremos el monto de la medida de embargo decretada respecto al causante I.A.A., ergo, habremos de rechazar el presente agravio.
Finalmente, esta Alzada coincide en un todo con el juicio de valor al que arribó la a quo en el decisorio cuestionado, entendiendo que la resolución se encuentra ajustada a derecho, debiendo confirmarse íntegramente el auto de procesamiento VI) Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
VII. Comunicaciones: Finalmente, atento a la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género” elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. a sus efectos y al correo electrónico [email protected], para su publicación en la página web del Poder Judicial.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 64/68vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden. 2°)- REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected].
4. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia