Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el art. 1° de la Resolución DE PRLA Nº 135/2012, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el Expte. SIGEA N° 12197-11149-2005, la cual condena a la importadora G.T.C. RIBBON S.A. al pago de una multa, la que asciende a la suma la suma de PESOS DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS DOCE CON 56/100 CVOS. ($ 202.912,56)
Por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, respecto de la totalidad de mercadería importada temporalmente mediante el DIT N° 01 001 IT14 005842 C, con costas a cargo de la actora.
2Confirmar parcialmente el art 3° de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, conforme a la liquidación efectuada en el considerando XI de la presente, declarando que la actora adeuda la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 04/100 CVOS. ($ 135.275,04). Asimismo, adeuda, al 22/05/2023, la suma de PESOS SETECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 09/100 CVOS. ($ 714.469,09.-) en concepto de intereses, sin perjuicio de aquellos que se devenguen hasta la fecha en que se efectúe el pago total de lo adeudado. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 36% a cargo del fisco y en un 64 % a cargo de la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-74912726-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 30 de Junio de 2023 Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Dr. Miguel Nathan Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “G.T.C. RIBBON S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 32.172-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 135/2012, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 3 de febrero de 2012, en la Actuación SIGEA N° 12197-11149-2005, en cuanto resuelve condenar a la firma G.T.C. RIBBON S.A. al pago de una multa equivalente a $ 202.912,56 y formularle cargo por la suma de $ 211.242,84 en concepto de tributos adeudados con más los intereses del art. 794 del C.A., por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del referido cuerpo legal, en relación a la DIT N° 01 001 IT14 005842 C, cuyo vencimiento operó el 27/10/2003 (prórroga).
II. Fundamentos de la apelación:
A fs. 13/14 se presenta por apoderada G.T.C. RIBBON S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución aquí apelada. En primer lugar, aduce que el despacho de importación en trato ha sido cancelado en su totalidad mediante los permisos de embarque Nros. 02 001 EC03 019634 H y 03 001 EC03 014605 B. Asimismo, sostiene que la resolución cuestionada carece de fundamento válido, toda vez que únicamente se limita a informar que, habiendo sido analizada la documentación, no fue posible determinar la cancelación de la DIT, sin considerar la documentación aportada oportunamente. Agrega que ello redunda en una afectación al derecho de defensa. Finalmente, acompaña prueba documental y solicita la conclusión de las actuaciones, sin aplicación de sanción alguna.
III. Contestación del traslado: A fs. 22/24 se presenta la representación fiscal, contesta el traslado del recurso interpuesto y acompaña las actuaciones administrativas. Primeramente, efectúa un breve relato de los hechos que dieron origen a la causa. A continuación, efectúa una negativa general de todas las afirmaciones y hechos alegados por la actora. A continuación, cita y explica los recaudos exigidos por la Resolución ANA N° 479/95 (Anexo III, punto 8) en relación a la cancelación de la importación temporal. Afirma que existen diversos elementos a considerar que fueron obviados por la recurrente, y que incidirían en la posibilidad de efectuar la descarga. Sostiene que la actora sólo ha cumplido con la formalidad de la apelación, dejando todo el trabajo recursivo en manos de la Sala. En el mismo sentido, resalta la escasa actividad probatoria desplegada por la contraparte y concluye que las constancias administrativas refuerzan la tesitura fiscal. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del caso federal, y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12197-11149-2005 se inician a fs. 1 con el acta de denuncia (N° 1116/05). A fs. 4 se adjunta sobre contenedor con las resultas de la consulta de la declaración. A fs. 6 obra el aforo de la mercadería. A fs. 8/10 se encuentra la liquidación de tributos. A fs. 14 se acompaña el sobre contenedor de la DIT. A fs. 16 se dispuso la instrucción de sumario, en fecha 27/02/2007. A fs. 21 se efectuó nueva liquidación de tributos y multa. A fs. 22 se dispuso correr vista a la firma de todo lo actuado, a efectos de que ejerza su derecho de defensa. A fs. 26/83 la actora contesta vista y acompaña documentación que acreditaría la cancelación de la DIT: copias de solicitudes de CTC N° 061-003289, 061-004163, CTC N° 3143/03, permisos de embarque Nros. 02 001 EC03 019634 H y 03 001 EC 03 014605 B, póliza N° 756252 y de la DIT en trato. A fs. 84 se dispuso agregar la documental aportada por la recurrente. A fs. 85 la Sección de Procedimientos Técnicos de la División Registro de Importación informó mediante Nota N° 308/12 (SE PRTE) que “(…) no se puede determinar la cancelación de la DIT01001IT14005842C, toda vez que la documentación aportada no cumple con los requisitos de la Resolución A.N.A. N° 479/95, Art. 8.”. A fs. 86/90 se agregan constancias del Registro General de Infractores. A fs. 92/93 obra la Resolución DE PRLA N° 135/12 y las constancias de su notificación (fs. 94 y vta.). A fs. 95 la firma comunica la apelación ante este Tribunal y acompaña formulario F4 (fs. 96).
V. Que a fs. 25 se declaró la causa como de puro derecho.
VI. Que en fecha 15/06/2023 se elevan los autos a la Sala “G” (PV-2023-69322429-APN- VOCXXI#TFN) y, finalmente, en fecha 18/06/2023 pasan a sentencia (IF-2023-70190486-APN- VOCXXI#TFN).
VII. Que la cuestión de autos radica en determinar si en el caso se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., con respecto la totalidad de la mercadería importada temporariamente mediante la operación N° 01 001 IT14 005842 C, de la firma G.T.C. RIBBON S.A., registrada ante la Aduana de Buenos Aires, el 02/11/2001, al amparo del régimen del Decreto 1439/96, con vencimiento del plazo de permanencia el 27/10/2003.
VIII. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que, asimismo, lo que está expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1439/96 (Res. 72/92) –a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos–, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, es que en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar “...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del D.I.T. (aduana de registro-dígito), clase y “cantidad” de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria”.
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
IX. Que, previo a determinar si la actora dio cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria. Que tanto el referido Decreto N° 1439/96 a cuyo amparo se autorizó la operación en trato establece en su artículo 14 que “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero.”
Que, en correlación, el siguiente artículo dispone que “(…) La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS tramitará las declaraciones juradas de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por los beneficiarios del régimen y emitirá el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. Dicho certificado mantendrá su validez mientras no cambie la relación insumo-producto declarada. A los efectos enunciados en el párrafo anterior, la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS SERVICIOS PUBLICOS queda facultada para solicitar a los organismos oficiales correspondientes, atento su especialización y competencia en la materia, la realización de los estudios técnicos necesarios a fin de emitir el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS emitirá el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC— en la medida en que la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes cumpla con los requisitos técnico-administrativos que se estipulen. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS enviará copia de los Certificados de Tipificación y Clasificación emitidos a la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la que a su vez los comunicará a las Aduanas de todo el país. (…)”
Que el C.T.C. es el documento que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
X. Que corresponde analizar a continuación la documental obrante en las actuaciones administrativas y en el expediente principal, específicamente en relación a los permisos de embarque, solicitudes de C.T.C. y certificados definitivos.
En primer término, incorporado dentro del sobre contenedor de la DIT se encuentra copia del C.T.C N° 3143 que aplica para el producto correspondiente a la P.A. 5806.32.00 y para el producto exportado bajo la P.A. 9612.10.90.
Asimismo, también puede advertirse que se encuentra la solicitud S01-004163 que especifica el producto importado en la P.A. 5806.32.00 y el exportado la misma P.A. (5806.32.00).
En cuanto a los permisos de embarque agregados al expediente son los Nros. 02 001 EC03 019634 H y 03 001 EC03 014605 B.
El permiso N° 02 001 EC03 019634 H referencia-en la parte pertinente de la hoja de insumos-a la Solicitud N° 061-000730/0, en cuya base posteriormente se emitió el C.T.C. definitivo N° 3143 ya mencionado. Ahora bien, corresponde efectuar las siguientes consideraciones en relación a aquel documento: a) las menciones que se efectúan a la DIT a descargar relacionadas con el ítem 1 hacen referencia a una solicitud que no se encuentra agregada a las actuaciones ni al expediente principal, a saber: 0612219/3289 (ver fs. 50 del exp. Ppal.), b) en relación al ítem N° 2, cabe destacar que en la declaración de descarga de fs. 51 se cita la DIT en cuestión y la solicitud N° 061-000730/0, sin embargo, la posición arancelaria correspondiente a dicho ítem es 9612.10.19, es decir, difiere con aquella incluida en el C.T.C. definitivo (N° 3143): 9612.10.90.
En cuanto al 03 001 EC03 014605 B (ver específicamente fs. 73/76) si bien se detalla la DIT en trato (ítem 2) la solicitud de C.T.C. incluida es la S01- 0614164/4163, que posee una P.A. 9612.10.90 que es diferente de la incluida en la ya mentada solicitud en la que la P.A. del producto a exportar es la 5806.32.00. Finalmente, en referencia al ítem 3 del permiso de embarque bajo análisis, si bien la DIT se encuentra citada en dos oportunidades, no se puede validar la descarga, toda vez que la solicitud N° 10949/000 no se encuentra agregada en las actuaciones ni en el expediente principal y en cuanto a la N° 061-003289 tampoco puede ser validada, dado que refiere a una P.A. en el producto a exportar (5806.32.00) que es diferente de la correspondiente al ítem 3 del permiso 03 001 EC03 014605 B (9612.10.90). Por todo lo expuesto en el caso de autos, la actora no ha logrado demostrar el cumplimiento del régimen respecto de la totalidad de la mercadería importada temporalmente produciéndose en consecuencia los efectos tributarios e infraccionales legalmente previstos al respecto (arts. 274 y 970 del C.A.), correspondiendo confirmar la resolución apelada.
XI. Previo a efectuar la liquidación de lo adeudado en concepto de tributos por la mercadería en infracción, corresponde que me expida sobre la incorporación del derecho adicional, que fuera incluido en la liquidación practicada en las actuaciones administrativas.
Al respecto, previamente a efectos de los rubros que componen los tributos, como se explicará, debe dejarse sentado que no procede el cálculo del derecho adicional. Ello así, en virtud de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos in re “IEF Latinoamericana SA (TF 16.912-A) c/ DGA” que remitió a la causa “Frisher SRL (TF 16.236-A) c/ A.N.A.”, en la que se sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero, y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de las sanciones previstas por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 (en el caso la resolución 1439/96) puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine.” (página 6, considerando 9), párrafo tercero).
Por otro lado, debe recordarse que la Corte Suprema "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (...) De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal..." (C.S., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo", del 4/7/85, "Fallos", 307-1094 y sus citas).
En el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria –“nacionalización ficta”-, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
Consecuentemente, debe reliquidarse los tributos sin incluir el derecho adicional, en contraposición a la liquidación efectuada por el servicio aduanero a fs. 21 de las actuaciones administrativas. A los efectos de la determinación de los tributos adeudados, corresponde señalar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “CLADD ITA S.A. c/ EN – DGA resol. 2590/06 (expte. n° 604155/01) s/DGA” (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(...) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177)”.
Justamente, sobre esa base, concluye que “(...) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (art. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
Ello así, resulta evidente que, en el presente caso, la DGA carece de facultades para exigir los importes reclamados en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
En virtud de lo expuesto, corresponde modificar la exigencia tributaria de fs. 21 de las actuaciones administrativas, sin incluir las percepciones de IVA y ganancias, ni el derecho adicional, conforme se detalla a continuación:
9046 UNIDADES EN 9046 UNIDADES EN ITEM 1 ITEM 1 INFRACCIÓN INFRACCIÓN BASE TRIBUTOS BASE MULTA V.A 5.191,13 V.A 5.191,13 D.A 0% 0,00 D.A 0% 0,00 DER. ESPEC. 6,01% 5.812,87 DER. ESPEC. 6,01% 5.812,87 D.I 0,0% 0,00 D.I 0,0% 0,00 T.E 0,5% 25,96 T.E 0,5% 25,96 BASE IVA 11.029,96 BASE IVA 11.029,96 IVA 21% 2.316,29 IVA 21% 2.316,29 IVA ADIC 0% 0,00 IVA ADIC 0% 0,00 IIGG 0% 0,00 IIGG 0% 0,00 TOTAL 8.155,12 TOTAL 8.155,12 TC 2,84 23.160,53 TC 2,84 23.160,53
1.744.417 1.744.417 ITEM 2 UNIDADES EN ITEM 2 UNIDADES EN INFRACCIÓN INFRACCIÓN BASE TRIBUTOS BASE MULTA V.A 16.421,95 V.A 16.421,95 D.A 0% 0,00 D.A 0% 0,00 DER. ESPEC. 9,20% 29.693,37 DER. ESPEC. 9,20% 29.693,37 D.I 0,0% 0,00 D.I 0,0% 0,00 T.E 0,5% 82,11 T.E 0,5% 82,11 BASE IVA 46.197,43 BASE IVA 46.197,43 IVA 21% 9.701,46 IVA 21% 9.701,46 IVA ADIC 0% 0,00 IVA ADIC 0% 0,00 IIGG 0% 0,00 IIGG 0% 0,00 TOTAL 39.476,94 TOTAL TC 2,84 112.114,51 TC 2,84 112.114,51 TOTAL ADEUDADO POR LA ACTORA EN CONCEPTO DE TRIBUTOS: $ 135.275,04.
XII. Que respecto de los intereses, la importadora fue notificada de la corrida de vista, con fecha 15/09/2009 (ver fs. 25 vta. de las act. adm.), por lo tanto, los intereses corren, en el caso, desde el 30/09/2009, ello así en razón de lo establecido por los arts. 794, 1094 inc. d., 1101 y 1103 del C.A. Que de conformidad con lo dispuesto en el art. 1166 del C.A., formulo liquidación de los tributos e intereses al 22/05/2023, con los intereses desde el 30/09/2009.
Capital nominal total: $ 135.275,04 Intereses del 30/09/2009 al 22/05/2023 (s/ $ 135.275,04): $ 714.469,09 Se agrega a continuación la planilla de cálculo de intereses extraída de la página web:
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/calculoInteres/resarcitorios.aspx Capital + Interés: $ 135.275,04 + $ 714.469,09 = $ 849.744,13 debido por la actora al 22/05/2023 en concepto de tributos más accesorios.
XIII. Corresponde referirme a la multa impuesta, que según se desprende de la resolución apelada, a los fines de determinar el quantum, se tuvo en cuenta las impresiones de pantalla del Registro General de Infractores obrantes en el sobre de fs. 86/90 de las actuaciones administrativas, de la que resultaría antecedentes infraccionales (razón, por la cual se graduó la pena en 1 vez y media)
Que al respecto cabe destacar que, según resulta de las constancias, las resoluciones con condena por infracciones han quedado firmes con anterioridad a la comisión de la infracción de autos (específicamente, Resoluciones Nros. 7728/99, 7723/98 y 7730/98, firmes en el año 1999). En cambio, de la constancia obrante a fs. 87 se desprende que el fallo ha quedado firme el 10/11/2009, es decir, con posterioridad a la infracción, por ello no puede ser considerado un antecedente a los fines mencionados.
En tal situación, considerando las precisiones realizadas en el párrafo precedente, puede afirmarse que se configura la situación de reincidencia a que alude el art. 927 del Código Aduanero, que considera que se es reincidente cuando con posterioridad a una condena firme, cometa una nueva infracción o delito aduanero. Que, al respecto, debe recordarse que la Corte Suprema ha dicho que “son aplicables a las infracciones aduaneras las disposiciones generales del Código Penal, conforme a las cuales sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos 290:202, 5º considerando y sus citas)” (“SAFRAR Sociedad Anónima Franco Argentina de Automotores”, del 27/12/88, Fallos, 311:2779).
Que, entonces, la graduación de la conducta del responsable debe ser ponderada en consonancia con el conjunto de circunstancias que, en la convicción del intérprete -juez administrativo-, permitan encontrarla configurada y en los antecedentes computables que puedan endilgársele al infractor.
Que, así las cosas, la multa debe ser confirmada en una vez y media el importe de los tributos adeudados. Por todo lo expuesto, VOTO por:
1. CONFIRMAR el art. 1° de la Resolución DE PRLA Nº 135/2012, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el Expte. SIGEA N° 12197-11149-2005, la cual condena a la importadora G.T.C. RIBBON S.A. al pago de una multa, la que asciende a la suma la suma de PESOS DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS DOCE CON 56/100 CVOS. ($ 202.912,56)
por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, respecto de la totalidad de mercadería importada temporalmente mediante el DIT N° 01 001 IT14 005842 C, con costas a cargo de la actora.
2. CONFIRMAR PARCIALMENTE el art 3° de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, conforme a la liquidación efectuada en el considerando XI de la presente, declarando que la actora adeuda la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 04/100 CVOS. ($ 135.275,04). Asimismo, adeuda, al 22/05/2023, la suma de PESOS SETECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 09/100 CVOS. ($ 714.469,09.-) en concepto de intereses, sin perjuicio de aquellos que se devenguen hasta la fecha en que se efectúe el pago total de lo adeudado. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 36% a cargo del fisco y en un 64 % a cargo de la actora.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a VI del voto del Dr. Segura y a ellos me remito por motivos de brevedad.
II. Dicho lo que antecede, cabe recordar que los jueces no estan obligados a tratar todos los argumentos de las partes, sino tan solo aquellos que estimen pertinentes para decidir la cuestion planteada, ni tampoco ponderar todos los elementos y pruebas aportados al juicio, bastando los que considere conducentes para fundar sus conclusiones (Fallos: 278:271; 291:390; 300:584, entre muchos otros)
Es necesario entonces, determinar si la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos se encontraba prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada.
En relación a esta cuestión, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX- 2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086- APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae. Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma - como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su "validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
III. En tales condiciones, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar que el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 27/02/2007 (ver fs. 16 del expte. adm.), advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, que el mismo no fue notificado.
Con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para interrumpir la prescripción de la acción del fisco para imponer penas –art. 937 inc. a) del CA- y suspender la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos –art. 805 inc. a) del CA.
En el marco de lo descripto, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2004, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2008 (cfme. arts. 934 a 937 y 803 a 805 del CA), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada (dictada el 03/02/2012).
En virtud de ello, corresponde, a mi juicio, declarar prescripta la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos relativos al DIT Nº 01 001 IT14 005842 C.
Por ello, voto por:
Declarar prescripta la acción del fisco para imponer sanciones y perseguir el cobro de tributos en relación al D.I.T. Nº 01 001 IT14 005842 C. Con costas.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. CONFIRMAR el art. 1° de la Resolución DE PRLA Nº 135/2012, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el Expte. SIGEA N° 12197-11149-2005, la cual condena a la importadora G.T.C. RIBBON S.A. al pago de una multa, la que asciende a la suma la suma de PESOS DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS DOCE CON 56/100 CVOS. ($ 202.912,56)
por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, respecto de la totalidad de mercadería importada temporalmente mediante el DIT N° 01 001 IT14 005842 C, con costas a cargo de la actora.
2. CONFIRMAR PARCIALMENTE el art 3° de la resolución apelada, en cuanto a la exigencia tributaria formulada, conforme a la liquidación efectuada en el considerando XI de la presente, declarando que la actora adeuda la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 04/100 CVOS. ($ 135.275,04). Asimismo, adeuda, al 22/05/2023, la suma de PESOS SETECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 09/100 CVOS. ($ 714.469,09.-) en concepto de intereses, sin perjuicio de aquellos que se devenguen hasta la fecha en que se efectúe el pago total de lo adeudado. Costas conforme los respectivos vencimientos, las que resultan en un 36% a cargo del fisco y en un 64 % a cargo de la actora.
Regístrese, notifíquese a las partes, respecto a la Dra. María Laura Herrera en su carácter de apoderada de la firma GTC. RIBBON S.A. notifíquese mediante oficial notificador al domicilio constituido en autos, a saber: Lavalle 1388, casillero 548, CABA, atento a que no se encuentra dada de alta en TAD. Oportunamente, devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.
Date: 2023.06.29 20:19:47 ART Date: 2023.06.30 10:36:11 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.06.30 11:00:46 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.06.30 11:02:27 -03:00
Fin de la sentencia