Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8861/25 Sentencia: Definitiva Actor: G. C. V.
Demandada: B. C. G.
Objeto: Compensación Económica Fecha: 13-10-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los trece días del mes de octubre del año dos mil veinticinco, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en las actuaciones "G. C. V. C/ B. C. G. S/ COMPENSACIÓN ECONÓMICA" - Expte Nº 8154/24 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia de la Familia de la ciudad de Caleta Olivia, ingresadas a esta instancia bajo el N° de Cámara 8861/25. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda I. Bard, Humberto Eduardo Monelos y Mario A. Albarrán para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. BARD dijo:
I. Mediante el PE805679-2023 en fecha 28/02/23 la Dra. B. D., Letrada Adjunta de la Defensoría N° 1 de esta ciudad, en carácter de apoderada de C. V. G., promueve demanda por compensación económica por cese de la unión convivencial contra C. B. Realiza un relato de los hechos. Dice haber convivido durante 14 años con el demandado, finalizando la relación por hechos de violencia denunciados en el mes de agosto del año 2022. Que de dicha unión nacieron 3 hijos, más un hijo mayor de ella que el demandado crió como propio (S. de 13 años, L. de 10 años, O. de 3 años, y D. de 17 años), los cuales actualmente se encuentran bajo su cuidado. Expresa que B. era quien sostenía económicamente el hogar durante la relación, y que ante la ruptura su parte quedó sin sustento alimentario, toda vez que aquél se desentendió de toda obligación hacia ella. Menciona que dada esta situación, a sus 41 años de edad sin empleo ni oficio, y a los fines de incrementar la ínfima cuota alimentaria que abona el demandado, comenzó a trabajar informalmente haciendo artesanías, pues el tiempo que conlleva el cuidado exclusivo de sus hijos/as la imposibilita a trabajar en relación de dependencia. Alega que no tiene familiares en la zona que puedan prestarle colaboración con el cuidado de los mismos. Realiza una propuesta respecto a los bienes adquiridos durante la unión convivencial, los cuales fueron todos inscriptos a nombre del demandado. Ofrece prueba y solicita se haga lugar a una compensación económica a su favor, se le entregue un automóvil (Peugeot 307) y se disponga el usufructo vitalicio del inmueble asiento del hogar familiar.-
II. Mediante el PE670234-2023 se declara la rebeldía del demandado y se fija fecha de audiencia preliminar. A través del PE1115509-2023 se presenta C. B. con el patrocinio letrado del Dr. L. M. Al PE1195992-2023 obra acta de celebración de la audiencia preliminar, y no existiendo posibilidad de conciliar se abre la causa a prueba. El demandado al PE1191478-2023 ofrece en concepto de compensación económica el 20% de un SMVM. Al PE736918-2023 la Jueza de grado fija en concepto de alimentos provisorios el 20% de un SMVM. Se declara la caducidad del período probatorio al PE900153-2024.-
III. Solo la parte demandada acompaña alegatos al PE1516197-2024, y previa vista al Ministerio Pupilar N° 3 (PE1597967-2024) se dicta sentencia en PE1664993-2024 que decreta que la situación económica patrimonial de la actora merece la compensación económica del demandado y establece la misma por la suma equivalente a un SMVM mensual y durante 14 años. También le atribuye a la actora el uso del inmueble sito en B° Vista Hermosa II, calle Cañadón León N° 1538 por el término de 180 días. Ordena que las partes den inicio a la acción de división de bienes de la unión convivencial. Impone las costas al demandado. La sentencia es recurrida por ambas partes (PE1681939-2024 y PE1669434-2024), obrando las expresiones de agravios al PE1903227-2025 (actora) y PE1913156-2025 (demandada). La actora contesta agravios al PE1933622-2025.-
IV. Se agravia la actora porque la Jueza de grado le atribuyó el uso de la vivienda a su parte por el término de 180 días. Entiende que dicho plazo resulta irrazonable e insuficiente y afecta el interés superior del niño y el derecho a una vivienda digna. También la agravia que la Magistrada condicionó su permanencia a que las partes inicien la acción de división de bienes de la unión convivencial dentro de ese plazo. Menciona que convive con sus cuatro hijos, S. (14 años), L. (11 años), O. (4 años) y D. (18 años) y que es ella quien se ocupa del cuidado de los mismos, careciendo de una red de apoyo y contención. Relata que Olivia fue diagnosticada con espectro autista (TEA), lo que conlleva un cuidado especial y múltiples terapias semanales. Considera que el acotado plazo por el uso de la vivienda la obliga a tener que buscar una nueva vivienda para cinco personas, lo que generará una situación de inestabilidad, ansiedad y estrés, incompatible con la salud de sus hijos, y que perturbará el centro de vida y la rutina de los mismos (escuela, terapias, amistades), en vulneración al derecho a la salud y a la estabilidad emocional. Peticiona sean sus hijos/as escuchados/as a los fines de que ésta Cámara comprenda la magnitud del conflicto y el impacto real de las decisiones judiciales en su vida y bienestar. Plantea la violación al derecho a una vivienda digna, y dice que el inmueble fue el asiento del hogar familiar durante los 14 años de la unión convivencial, tiempo en el que lograron ampliar la misma con esfuerzo y organización de la economía familiar, existiendo una inversión conjunta.- Por último, respecto a éste agravio solicita que, atento su edad (41 años), la ausencia de profesión u oficio, la imposibilidad de desarrollar una actividad laboral formal con horarios fijos y la importante carga de cuidado, la atribución del hogar familiar se extienda hasta que su hija menor de edad adquiera la mayoría de edad o hasta que la misma alcance autonomía suficiente.-
En segundo lugar, se agravia porque la Magistrada rechazó su petición respecto a la entrega o inclusión del vehículo Peugeot 307 como parte de la compensación económica, y la instó a reclamar su porcentaje por la vía correspondiente, pese a que consideró que la actitud del demandado de inscribir todos los bienes adquiridos durante la unión convivencial se tradujo en violencia machista de tipo económico. Entiende que excluir en este proceso el análisis de los bienes adquiridos durante la relación, significa fragmentar la litis y obligar a su parte a iniciar un nuevo proceso judicial para lograr el reequilibrio patrimonial, en contradicción con los principios de economía procesal y tutela judicial efectiva. Considera que ello debió abordarse de manera integral en este expediente. Al respecto, solicita se revoque el punto en cuestión y se le otorgue el vehículo Peugeot 307 a su favor como parte de la compensación económica. En subsidio peticiona se establezca un mecanismo para su inmediata entrega y transferencia, dada su imperiosa necesidad para el transporte de los niños y su salud.- En otro apartado denuncia hechos nuevos ocurridos con posterioridad al llamamiento de autos para sentencia, que entiende resultan trascendentes porque afectan directamente el interés superior de sus hijos/as y la efectiva percepción de la compensación económica. Solicita sean tenidos en cuenta en esta instancia a fin de salvaguardar sus derechos. Relata que a su hijo C. S. B. le diagnosticaron epilepsia. Entiende que esta condición de salud sobreviniente exige una especial protección y estabilidad en su entorno familiar y habitacional. Considera a esta situación indispensable para valorar los agravios de su parte respecto al plazo otorgado para la atribución del uso del inmueble, toda vez que sostiene que ello impacta directamente en la salud y bienestar de un niño en situación de vulnerabilidad. Acompaña documentación al respecto.-
Como hecho nuevo también denuncia el incumplimiento del demandado al pago del monto fijado en concepto de compensación económica, lo que agrava su situación de desprotección económica. Acompaña como prueba movimientos bancarios y la reproducción de audios en donde el demandado manifestaría su negativa por abonar el monto fijado. Respecto a éste último solicita que su incorporación se realice a través del sistema espejo con la intervención de la fiscalía.
Realiza sus peticiones finales y solicita se impongan las costas al demandado en esta instancia.-
V. A su turno, el demandado se agravia porque considera que la Jueza de grado no realizó una valoración de la prueba incorporada y producida por las partes, resolviendo de forma objetiva, generándole ello un perjuicio que afecta sus derechos. Sostiene que al resolver se inclinó por las manifestaciones unilaterales de la actora, al punto tal que le recomendó demandar a su parte por daños y perjuicios. Entiende que ello constituye una intromisión indebida en la autonomía de las partes. Alega falta de imparcialidad por parte de la Magistrada. Remarca que no se encuentra acreditado el enriquecimiento injusto de alguna de las partes en detrimento de la otra, ni desigualdad económica o de inserción laboral, conforme lo reclama la actora. Dice que se encuentra probado que el único ingreso que percibe es por la labor de taxista, y que fue desvinculado del petróleo en el año 2019. Respecto al emprendimiento que lleva adelante la actora, dice que la Jueza de grado no lo tuvo en cuenta al resolver y por el contrario infirió que la actora era víctima de violencia machista de tipo económico. Resalta que cumple con sus deberes como progenitor y que se ocupa del cuidado de sus hijos/as los días lunes, miércoles y viernes, y fin de semana de por medio. Considera que su derecho de defensa no fue tenido en cuenta en ninguna parte del proceso.- El segundo agravio se centra en la duración excesiva de la condena del pago en concepto de compensación económica (1 SMVM mensual durante 14 años). Sostiene que la Jueza de grado no pudo determinar la cantidad de años que duró la convivencia y que se refiere a ellos de manera ambigua, para luego dictaminar una cantidad de años y un monto irrisorio que no guarda relación con las circunstancias del caso ni condice con su condición económica. Aclara que uno de los dos vehículos se encuentra en poder de la actora haciendo ella uso del mismo. Finalmente solicita se haga lugar al recurso, se revoque la sentencia en lo que fuera materia de agravios, con costas.-
VI. Al PE1933622-2025 contesta agravios la parte actora. Expone que la parte contraria no contestó la demanda y fue declarada rebelde. En cuanto a la duración de la convivencia remarca que la misma se encuentra acreditada con la Declaración Jurada Testimonial N° 1350/2014 (14 años). Qué ésta terminó por hechos de violencia acreditados en el expediente "COMISARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA S/ REMITA DENUNCIA" - Expte. Nº4180/22. Refiere a los dichos del demandado en la declaración de parte y sostiene que de ellos se advierte la existencia de un desequilibrio económico al finalizar la convivencia, como así también sus marcados rasgos machistas. Afirma que la familia que conformaron estaba organizada conforme el paradigma sociocultural tradicional con roles estereotipados, asumiendo su parte las labores domésticas y el cuidado de sus hijos/as, lo que solicita sea tenido en cuenta, mientras el demandado era el sostén económico del hogar. Realiza un desglose de la prueba producida en autos y considera que la Magistrada no resolvió únicamente conforme sus manifestaciones, sino que lo hizo en base a todo lo vivenciado por las partes y a la realidad actual de cada una de ellas. Entiende encontrarse comprendida en el art. 526 inc. a) del CCyCN y realiza un análisis respecto a la inconstitucionalidad del mismo por el plazo de 2 años que establece como tope para el ejercicio de dicho derecho (atribución de la vivienda). Reitera su petición respecto a que se le otorgue la atribución del uso de la vivienda familiar hasta que su hija Olivia adquiera la mayoría de edad. Solicita se rechace el recurso de apelación interpuesto por el demandado.-
VII. Se expide el Ministerio Pupilar de Cámara, A. D. S. al PE1874407-2025. Considera que debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto por el demandado. Sostiene que realizar la división de bienes debe tener origen en la voluntad de las partes, y que ello no fue peticionado en la demanda. En cuanto al plazo por el cual fue atribuido el uso del inmueble considera que el mismo debe readecuarse o desistirse, debiendo aplicar una mejor perspectiva sobre los derechos de sus pupilos.-
VIII. Al PE1948426-2025 se dicta el llamado de autos a sentencia y se dispone el pase a estudio de los mismos estableciendo el orden para ello.-
IX. Llegado este expediente a estudio debo tener presente que, el objeto de la demanda es la compensación económica. Las demás situaciones expresadas respecto a sus hijos/as serán tenidas en cuenta para resolver el presente pero el pleito en materia de cuota alimentaria es ajeno a esta causa donde los hijos no son parte. Se realiza esta aclaración pues no corresponde su citación al juicio como se propone. Si bien la separación de una pareja conlleva numerosas cuestiones que resolver a nivel intrafamiliar y económico, en el particular se solicitó una solución jurisdiccional con relación a la compensación económica, la cual se traduce en la existencia de una desventaja patrimonial producto de la ruptura de la unión convivencial. Los agravios de la actora se centran en el plazo otorgado por la Jueza de grado para el uso del inmueble, lo ordenado respecto a dar inicio a la acción de división de bienes, y el rechazo de su petición en relación a la entrega o inclusión del vehículo Peugeot 307 como parte de la compensación económica.- Al demandado lo agravia la falta de valoración de la prueba, los fundamentos brindados por la sentenciante, la duración de la condena (14 años) y el monto de la misma (1 SMVM).-
Dicho ello, por una cuestión de método, y a los fines de no ser reiterativa en los fundamentos, analizaré los agravios en forma conjunta, toda vez que se encuentran relacionados entre sí.-
Con la Declaración Jurada Testimonial N° 1350/14 se encuentra cabalmente acreditado que las partes conformaron una unión convivencial durante 14 años, habiendo comenzado la misma en el año 2008, finalizando por hechos de violencia de género en el año 2022, dándose inicio a las actuaciones "COMISARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA S/ REMITA DENUNCIA" - Expte. Nº4180/22 de las cuales se desprende que al PE594050-2022 la Jueza de grado tuvo por comprobados los hechos denunciados de violencia doméstica estructural y de larga data del demandado hacia la actora.-
Finalizada la convivencia, y con la edad de 41 años, la actora continuó al cuidado exclusivo de sus 4 hijos, pero esta vez sin el aporte económico que realizaba el demandado en el hogar. Los roles en dicho vínculo se encontraban distribuidos de esa forma (estilo tradicional/patriarcal).-
El CCyCN da un marco regulatorio a este tipo de conflictos, recepta legalmente las uniones convivenciales y sigue un criterio que preserva la autonomía de los integrantes, comprendiendo un conjunto de mínimos dirigidos a la protección de los derechos humanos personalísimos que pudieran resultar comprometidos.-
En cuanto a la compensación económica, el código sigue el criterio de la normativa anterior toda vez que no prevé el pago de alimentos luego del cese de la convivencia. Es el art. 524 el que introduce el instituto y tiene por fundamento remediar o atenuar, según el caso, el desequilibrio de orden económico que, con causa adecuada en la convivencia y en el cese de la misma, sufre la parte beneficiaria de la compensación. Dicho desequilibrio debe ser idóneo para producir un empeoramiento en la situación económica del ex conviviente. Por su parte el art. 525 contiene las pautas que orientan la determinación de la compensación económica (procedencia y monto). La base para considerar el instituto radica en el estado patrimonial de cada uno de ellos al inicio y a la finalización de la vida en pareja.
También debe tenerse en cuenta la dedicación que cada conviviente brindó a la familia, a la crianza y educación de los hijos en caso de existir, y la dedicación que debe prestar luego del cese de la relación. La edad y el estado de salud de los convivientes y los hijos también debe ser tenida en cuenta, al igual que la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del conviviente que solicita el beneficio.- Partiendo de éste contexto, de la prueba producida, cuya interpretación se cuestiona debo señalar en primer término que el demandado quedó rebelde -aunque posteriormente se presentó al pleito- por lo que opera la presunción contenida en el art. 60 del CPCC; no obstante lo cual se produjeron otras pruebas en el expediente.
De las pruebas producidas surge la forma de vida de la actora del informe socio ambiental realizado, asimismo que la pareja tenía tres vehículos inscriptos al 100% a nombre del demandado, entre otras cuestiones. Por su parte debo considerar que C. B. no se agravia de la imposición de la condena sino su plazo y su monto, tampoco realiza una propuesta que deba ser atentida. Con las pruebas producidas, se encuentra probado el desequilibrio manifiesto sufrido por la actora, el cual se tradujo en un empeoramiento de su situación económica a causa de la ruptura de la convivencia (art. 524 del CCyCN), sumado a la falta de ingresos, la ausencia de bienes a su nombre y la dificultad para insertarse laboralmente después de los 40 años de edad.
No existe error ni absurdo en la apreciación de las pruebas en este aspecto. Respecto al plazo, lo considero acertado toda vez que la Jueza de grado lo fijó conforme la norma citada la cual establece que "...Este puede consistir en una prestación única o en una renta por un tiempo determinado que no puede ser mayor a la duración de la unión convivencial...". En cuanto al monto, considero oportuno aclarar que éste no busca igualar los patrimonios, restituir lo perdido, lograr un equilibrio exacto luego de la ruptura, ni su fin es garantizar el mismo nivel de vida que se tenía durante la unión convivencial, sino que su objetivo es proteger y equiparar la situación de ambas partes al momento del cese, y así lo dispone la ley.
El monto fijado se condice con las necesidades de la actora y las posibilidades del demandado, dada la contracara de la realidad económica de cada uno pues, mientras la actora debió quedarse al cuidado exclusivo de sus 4 hijos (3 menores de edad y dos diagnosticados uno con TEA y otro con epilepsia), el demandado tuvo la posibilidad de continuar realizando una labor fuera del hogar que le permite obtener un ingreso para cubrir sus necesidades. Dinámica idéntica a la ocurrida durante la vida en pareja. En cuanto al plazo de duración debe atenderse que se enseña que el plazo máximo de duración debería ser el mismo por el que duró la relación convivencial, se debe considerar la posibilidad cierta de la reinserción laboral de la actora, y la edad de los hijos e hijas entre otros factores.
(arts. 441, 442 y ccs. CCC). Los argumentos del demandado no conmueven lo decidido ni se demuestra cabalmente en que estaría el error interpretativo para reducir o modificar la forma dispuesta en la instancia de grado. Este agravio no puede prosperar.-
X. En cuanto al agravio por el plazo otorgado para el uso del inmueble (180 días) el art. 526 del CCyCN dispone que dicho uso podrá ser atribuido a uno de los convivientes en caso de tener a cargo el cuidado de hijos menores edad, con capacidad restringida o con discapacidad (inc. a); y también en casos de acreditar la extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurársela en forma inmediata (inc. b). En el presente caso entiendo que se dan las dos variantes pues nos encontramos frente a una progenitora que durante la mitad de su vida se ocupó y ocupa del cuidado exclusivo de sus 4 hijos y del trabajo en el hogar, viéndose afectada económicamente luego de la ruptura por ser el demandado el único sostén del mismo, sumado a la violencia padecida, la cual entiendo acreditada y no puedo dejar de considerar.
El artículo citado continúa diciendo que "El juez debe fijar el plazo de la atribución, el que no podrá exceder de dos años a contarse desde el momento en que se produjo el cese de la convivencia, conforme a lo dispuesto en el art. 523". Ponderando las particularidades del caso y analizando la cuestión con la perspectiva que merece, considero por un lado que el plazo otorgado es ínfimo en el contexto que se presenta. La atribución de la vivienda familiar es una restricción al derecho de propiedad por una razón de mayor peso como es el principio de solidaridad familiar. En los presentes, el demandado se encuentra en una mejor situación para poder proveerse otra vivienda, a diferencia de la actora que es quien quedó a cargo del cuidado de sus 4 hijos y sin estar insertada laboralmente.
Es por ello que considero que se debe proteger al más débil o vulnerable, en este caso la actora y sus 4 hijos/as. Se ha dicho que, el art. 526 del CCyCN "Requiere ser interpretado en forma coherente con el resto del ordenamiento jurídico, es decir, con las normas de la responsabilidad parental", pues "el límite de dos años se establece respecto a los convivientes, a los adultos. En caso de involucrar niños, deberá resolverse la cuestión conforme a aquello que mejor responda a su interés, que se evalúa en cada caso en concreto" (Pellegrini, María Victoria, Las uniones convivenciales, Errejus, Bs. As., 2017, ps. 233 y 236). En este punto me permito remarcar que el derecho a la vivienda -y el derecho alimentario-, son derechos fundamentales de vital importancia en el crecimiento de los niños/as y adolescentes, derechos que permiten el desarrollo armónico y pleno de la persona humana, y por lo tanto la solución arribada deberá contemplar de la mejor manera posible el interés superior de los niños/as y el adolescente involucrados (arts. 659, 706, inc. c) y ccts. del CCyCN, art. 14 bis de la CN, arts. 2, 3, 27 ss. y ccts. de la Convención de los Derechos del Niño).-
Hechas estas consideraciones, entiendo que la solución más adecuada al caso radica en atribuir el uso de la vivienda a la actora por el plazo máximo contemplado por la legislación para el caso de convivientes -2- dos años, sin perjuicio de que las partes puedan acordar en diferente sentido o se resuelva sobre la división de bienes (art. 526 del CCyCN, art. 14 bis de la CN, y arts. 2, 3, 18, 27 y ccts. de la Convención de los Derechos del Niño). Teniendo en consideración que la vivienda se encuentra inscripta a nombre de C. G. B., se dispone también la prohibición de innovar sobre dicho inmueble, lo que deberá comunicarse al Registro Correspondiente. Se entiende en tal sentido pues se considera un tiempo prudencial en que se pueda replantear una solución a la dinámica familiar, al futuro laboral que puedan adoptar las personas adultas de este proceso, el manejo del dinero que pueda realizarse en cuanto a la compensación económica y los ingresos por alimentos en representación de la hija e hijos menores de edad. Tampoco se ha invocado la inconstitucionalidad de la norma ni la imposibilidad de C. G. de realizar un trabajo remunerado en un futuro.-
XI. Se agravia la actora por la negativa de la Jueza de grado respecto a la entrega del vehículo Peugeot 307 adquirido durante la unión convivencial e inscripto únicamente a nombre del demandado. En este aspecto tengo en cuenta que se acreditó en autos con el informe del registro de la propiedad automotor que el demandado tiene tres vehículos inscriptos a su nombre en un 100%. Ello sin mayor esfuerzo hace suponer una clara ventaja a su favor, frente a una madre que debe movilizarse con 4 hijos con las características antes señaladas y en un clima hostil como lo es en la zona. Sin perjuicio de que no corresponde en este expediente analizar el destino y titularidad de los bienes adquiridos durante la unión convivencial, se considera ajustado a derecho otorgar a la actora un permiso de uso del vehículo Peugeot 307 por el término de un año, debiendo expedirse testimonio de ello y comunicación al Registro de la propiedad automor a sus efectos.
XII. En cuanto a la orden de dar inicio a la acción de división de bienes dentro del plazo de 180 días impuesta por la Magistrada en el punto 3 de la sentencia atacada, y la mención de que podría iniciar acción por daños y perjuicios, debe recordarse que la sentencia debe contener una decisión expresa, positiva y precisa de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio tal como enseña el art. 164 del CPCC, y lo dispuesto en el art. 3 del CCC. Excede en su decisión la magistrada de grado tanto al disponer plazos para lo que deberían hacer las partes como sugerir acciones que podrían o deberían deducir, toda vez que ello se aparta del principio de congruencia que debemos respetar y pudiendo incluso caer en situaciones de prejuzgamiento. (arts. 34 inc. 4, 164 inc. 6 del CPCC, arts. 17 y 18 CN). Corresponde admitir este agravio y realizar la salvedad señalada (art. 46 inc. 5to. ley Uno).-
XIII. Advirtiendo que la sentencia de grado no contiene apercibimiento alguno, corresponde hacer saber al demandado que para el supuesto caso de incumplimiento las sumas se incrementarán por aplicación de un interés correspondiente a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones que pudieran aplicarse en caso de incumplimiento (art. 477 ss. y ccts. del CPCC).-
XIV. Por las razones hasta aquí expuestas concluyo que la sentencia recurrida es parcialmente justa y debe modificarse en la medida señalada.-
Las costas en esta instancia deberán ser soportadas por el demandado (art. 68 del CPCC).-
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Humberto E. Monelos dijo:
XV. Que comparto los fundamentos del voto de la Dra. Bard y adhiero al mismo por iguales fundamentos.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XVI. De conformidad con las razones expuestas al responder a la anterior cuestión, propongo a mis colegas en el Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar los agravios de la parte demandada. 2°) Admitir parcialmente los agravios de la parte actora. 3°) Modificar el punto 3 de la sentencia recurrida el cual disponiendo que el uso del inmueble sito en B° Vista Hermosa II, calle Cañadón León N° 1538 corresponde a la actora por el término de dos años desde que quede firme esta sentencia. 4°) Conceder el uso del automotor Peugeot 307 -propiedad del demandado- a la actora por el término de un año. 5°) Establecer que para caso de incumplimiento las sumas de condena se incrementarán por aplicación de un interés correspondiente a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones que pudieran aplicarse. 6°) Costas en esta instancia al demandado vencido (art. 68 del CPCC). 7°) Regular de honorarios profesionales del Dr. L. M. M. en el 32% del monto que corresponda a los honorarios fijados en la instancia de grado oportunamente (art. 30 de la ley 3950). 8º) Hacer saber a la Magistrada de grado que deberá adecuar sus pronunciamientos dentro de los límites de sus obligaciones jurisdiccionales conforme se señala en el considerando XII. 9°) Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado, debiendo librase testimonio y las comunicaciones correspondientes al Registro de la Propiedad Inmueble y del Automotor.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XVII. Adhiero a la propuesta formulada por la Dra. Bard por considerarla justa y equitativa.-
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
CALETA OLIVIA, 13 de octubre de 2025.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Rechazar los agravios de la parte demandada.- 2°) Admitir parcialmente los agravios de la parte actora.3°) Modificar el punto 3 de la sentencia recurrida el cual disponiendo que el uso del inmueble sito en B° Vista Hermosa II, calle Cañadón León N° 1538 corresponde a la actora por el término de dos años desde que quede firme esta sentencia.- 4°) Conceder el uso del automotor Peugeot 307 -propiedad del demandado- a la actora por el término de un año.- 5°) Establecer que para caso de incumplimiento las sumas de condena se incrementarán por aplicación de un interés correspondiente a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, sin perjuicio de la aplicación de otras sanciones que pudieran aplicarse.- 6°) Costas en esta instancia al demandado vencido (art. 68 del CPCC).- 7°) Regular de honorarios profesionales del Dr. L. M. M. en el 32% del monto que corresponda a los honorarios fijados en la instancia de grado oportunamente (art. 30 de la ley 3950).- 8º) Hacer saber a la Magistrada de grado que deberá adecuar sus pronunciamientos dentro de los límites de sus obligaciones jurisdiccionales conforme se señala en el considerando XII.- 9°)Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado, debiendo librase testimonio y las comunicaciones correspondientes al Registro de la Propiedad Inmueble y del Automotor.- El Dr. Mario A. Albarrán no suscribe la presente por no existir disidencia entre los demás firmantes.- Fdo.Griselda I. Bard- Jueza de Cámara- Presidenta; Humberto Monelos – Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. - Protocolización: A201053S.251 Tomo: CIII Sentencia: 3149 Folio Nº: 199/207 Secretaria: 1
Fin de la sentencia