Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala II · Causa 28449-II
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaNo hacer lugar al recurso de apelación interpuesto con fecha 28/10/26 por el defensor particular, doctor Sebastián Martínez y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada por el señor Juez subrogante del Juzgado de Ejecución Penal Nro. 2, doctor Claudio Alberto Brun, de fecha 23/10/26, que dispuso no hacer lugar a la libertad asistida en términos de condicional solicitada en favor de Diego Alejandro Gonzalez Vidal.
IPP N° 28449-II
" GONZALEZ VIDAL DIEGO ALEJANDRO S/ LIBERTAD ASISTIDA EN TERMINOS DE CONDICIONAL (PP N°02-00-010023-24/01 C/UNIF) "
Autos y Vistos: El recurso de apelación interpuesto con fecha 28/10/26 por el señor defensor particular, doctor Sebastián Martínez, a la resolución dictada por el señor Juez subrogante del Juzgado de Ejecución Penal Nro. 2, doctor Claudio Alberto Brun de fecha 23/10/26 que dispuso no hacer lugar a la libertad asistida en términos de condicional solicitada en favor de Diego Alejandro Gonzalez Vidal.
Voto del señor Juez, doctor Guillermo Federico Petersen: Analizada la resolución en crisis y evaluadas las constancias que conforman el presente incidente, así como los agravios expuestos en el recurso de apelación en trato, a los que me remito en honor a la brevedad, adelanto que en mi opinión el mismo no habrá de prosperar.
Adentrándome al fondo de la cuestión, estimo que la decisión en estudio no resulta en modo alguno arbitraria ni infundada, siendo razonables los motivos que fundamentan la misma (arts. 106 y 210 del CPP), toda vez que, por las razones que expondré, no están dados los presupuestos normativos exigidos para el otorgamiento del beneficio peticionado (art. 13 del Código Penal).
Ello es así, por cuanto en primer lugar, si bien se advierte que el encausado se encuentra temporalmente habilitado para obtener la libertad asistida en términos de condicional (según informe actuarial de fecha 1/07/26) y cuenta con conducta ejemplar (9) -cuadro de concepto y conducta que se visualiza a través del Sistema Augusta-, lo cierto es que para acceder a la misma es preciso determinar si se dan, en el caso, los restantes requisitos o condiciones necesarias para acordarla.
En tal sentido, con los elementos objetivos de la temporalidad del encierro y la conducta del sujeto, no alcanzan para formar el juicio de valor acerca de si se ha cumplido con los parámetros que lo habilitan a acceder al beneficio (Cfr. TCP, Sala IV, en Causa 104.684, caratulada: "SALAZAR, Ariel Fernando s/ Recurso de Casación", de fecha 26/11/2020).
Tal como este Cuerpo que integro ha sostenido en numerosos precedentes, el dictamen favorable de las autoridades del establecimiento carcelario constituye un requisito legal insoslayable para conceder el beneficio que nos ocupa, pues permite evaluar el pronóstico del interno acerca de su futura reinserción social. Sin embargo, esa opinión puede ser dejada de lado fundadamente si, como sucede en el caso, la conclusión a la que ha arribado el Departamento Técnico Criminológico no halla sustento en las constancias del legajo remitido por la unidad penitenciaria.
En el caso de autos, en opinión que se comparte, el señor Juez a quo se apartó fundadamente del dictamen del Departamento Técnico Criminológico de la Unidad Penitenciaria de alojamiento y tuvo en cuenta para decidir las reservas cautelares que se desprenden de los informes psicológico y psiquiátrico agregados a la causa, que dan cuenta de un proceso incipiente de reflexión del encausado, de aspectos negativos ligados a la transgresión, sugiriendo un acompañamiento al causante por medio de dispositivo de asistencia psicológica individual; todo lo cual necesariamente incide en su pronóstico de reinserción social y no puede ser soslayado a la hora de evaluar la concesión de una libertad anticipada.
En primer lugar destacó el magistrado de la instancia lo que surge de la pericia psicológica (de fecha 8/07/26) de la que también se hace eco el informe integral, en cuanto que: " ...Frente al hecho que motivó su condena, sostiene un posicionamiento subjetivo responsable, pudiendo reconocer su participación y asumir las consecuencias de sus actos sin recurrir a la negación ni a la externalización de la responsabilidad. En el plano de salud mental, fue evaluado recientemente por el servicio correspondiente y se ha indicado el inicio de tratamiento psicológico, espacio que se considera fundamental para procesar el impacto de la revocatoria del beneficio, restablecer su estabilidad emocional y consolidar los cambios alcanzados. Al resultar muy breve el tiempo de condena que resta cumplir, resulta prioritario diseñar estrategias de intervención orientadas a su próxima externación, garantizando la continuidad del acompañamiento terapéutico en el medio libre como un factor protector esencial para evitar retrocesos y afianzar su proyecto de vida...".
Aunado a ello, valoró el contenido del informe de la perito psiquiatra de la Asesoría Pericial Departamental (de fecha 12/03/26 y 4/9/26) del que surge: "...En relación a los hechos de autos, a pesar de la asunción de su responsabilidad en los mismos, el discurso no trasciende el plano manifiesto, no hay elaboración de los aspectos propios y dificultades que motivaron los hechos de autos. Autocrítica limitada...".
El Tribunal de Casación Penal provincial ha señalado que: "...Los informes de los organismos especializados del SPB no son vinculantes para los jueces, sino que están sujetos a su posterior evaluación y análisis, pudiendo apartarse de lo dictaminado motivadamente..." (TCP, Sala I, causa N° 88.947, caratulada "CUCE Jorge Alfredo s/ Recurso de Casación").
En ese carril, no es posible omitir el análisis y la valoración de la opinión vertida por los profesionales y demás funcionarios a cargo de las distintas áreas del establecimiento carcelario en la cual el procesado ha permanecido privado de su libertad.
De manera que los argumentos brindados en la instancia de origen para denegar el beneficio, avalan a sostener que la resolución impugnada no es arbitraria, pues es derivación razonada de las constancias del legajo criminológico del causante, así como del derecho vigente.
En cuanto a los agravios de la Defensa, dirigidos a cuestionar la valoración efectuada en torno a las reservas de orden psicológico, cabe reiterar aquí que esta Alzada ha sostenido en anteriores oportunidades que las mismas pueden resultar consideradas, ya que permiten evaluar la adaptación que ha tenido el interno en el régimen en el que viene permaneciendo, como también sus posibilidades de readaptación (ver IPP 13.605/II, 13.615/II y 13.641/II entre otras).
Por su parte, el Tribunal de Casación Penal Provincial, Sala I, en causa 56.461 y la Sala IV, en causas 60.703 y 82.198, entre muchas otras, ha destacado la importancia del informe psicológico al momento de evaluar la persistencia de factores que abastecen las mencionadas reservas.
Frente a lo expuesto, la paulatina mejora que ha puesto en evidencia el penado no alcanza para concluir que el mismo haya alcanzado al presente las condiciones necesarias para el egreso anticipado de la Unidad Penitenciaria en la que se encuentra cumpliendo su condena, por lo que propongo se confirme el pronunciamiento que viene apelado.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Guillermo Emir Rodríguez, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
Teniendo en cuenta el resultado alcanzado en la votación que antecede, SE RESUELVE: No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto con fecha 28/10/26 por el defensor particular, doctor Sebastián Martínez y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada por el señor Juez subrogante del Juzgado de Ejecución Penal Nro. 2, doctor Claudio Alberto Brun, de fecha 23/10/26, que dispuso no hacer lugar a la libertad asistida en términos de condicional solicitada en favor de Diego Alejandro Gonzalez Vidal.
Hágase saber al señor Fiscal General departamental, al recurrente y al encausado en su lugar de alojamiento. Cumplido, devuélvase el presente incidente al órgano de origen, donde deberá practicarse la notificación a la víctima, si correspondiere (Cfr. ley 15.232).
Firmas
Funcionario firmante: PETERSEN Guillermo Federico - JUEZ
Funcionario firmante: RODRIGUEZ Guillermo Emir - JUEZ
Funcionario firmante: TRILLINI Martina - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 661-2026
Fin de la sentencia