Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 102541
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe modifica la sentencia del 30.06.2023, elevándose la condena otorgada por el rubro “daño extrapatrimonial” a las sumas de $ 500.000,00 para V. L. G. y de $ 500.000,00 para C. A. V. Ordenar la publicación de la sentencia apelada y las modificaciones que este tribunal resuelve, conforme considerando IX, en la modalidad que sea determinada en la instancia de grado. Costas de esta alzada a la demandada. Se difiere la regulación de honorarios (arts. 31 y 51 LHP).Regístrese.
Reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial Dolores, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa nº 102.541, caratulada: "G., V. L. y otro/a c/ C., V. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS POR AFECTACIÓN A LA DIGNIDAD", habiendo resultado del pertinente sorteo (arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución Provincial), que los Señores Jueces debían votar según el siguiente orden: Dres. Mauricio Janka y Leandro Adrián Banegas (Juez subrogante conf. Ac. 3428 y Ac. 4129 SCBA, Vinc. NE 319/22), quien integra el Tribunal.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
Primera cuestión: ¿Procede el recurso de apelación contra la sentencia del 30.06.2023?
Segunda cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?
A la primera cuestión planteada el señor juez doctor Janka dijo:
I. Contra la sentencia de mérito dictada el 30.06.2023, interpuso la parte actora el recurso de apelación del 05.07.2023. Concedido libremente el 09.07.2023, fue presentada la expresión de agravios del 20.09.2023, no replicada.
II. El 27.04.2021, V. L. G. y C. A. V. -por derecho propio y en representación de su hijo menor de edad, hoy presentado en autos, N. V.- promovieron demanda de daños y perjuicios contra V. C.
Relataron que, a partir de septiembre del año 2020, mantuvieron una serie de tratativas precontractuales con la demandada a fin de entregarle en locación temporaria una casa quinta ubicada en la localidad de Ayacucho, por la que recibieron una seña; no obstante, ningún acuerdo lograron concretar por diversos motivos.
Por ello, desde mediados de noviembre de 2020, la accionada se dedicó a publicar en su cuenta personal de la red social Facebook, una cantidad importante de comentarios que contenían insultos, burlas y descalificaciones hacia su persona, incluyendo fotos, generando daño a su dignidad y honra, por cuya vulneración reclaman una reparación económica. Indicaron que, pese a las intimaciones cursadas para que esa conducta cesase, V. C. continuó con la propagación indiscriminada de agravios.
El 03.12.2020 hizo pública una serie de audios de índole privada.
Que todas esas publicaciones recibieron muchos más comentarios dentro de la red social y fueron reiteradamente compartidas, con todo lo que ello significa en la comunidad virtual y en una ciudad pequeña.
Reclamaron indemnización en concepto de daño extrapatrimonial, daño psicológico y gastos por tratamiento -para cada uno de los actores como así también para el hijo de ambos por ser objeto de burla frente a la situación vivida por sus progenitores-.
Ello por las sumas detalladas o lo que en más o en menos surja de las probanzas a producirse o lo estime el juzgador.
El 12.07.2021, la demandada contestó la pretensión, previa negativa de los hechos y desconocimiento de la documental.
Aludió a cuestiones vinculadas a la relación precontractual que mantuvo con la contraria, que no habría llegado a buen puerto.
Destacó que aquella persigue mediante este proceso un fin lucrativo desde una plataforma fáctica falsa.
Manifestó que no tuvo el ánimo de injuriar ni provocar daño.
Solicitó el rechazo de la acción.
III. En primera instancia se hizo lugar a la demanda y se condenó a V. C. a abonar a la parte actora la suma de $ 550.000,00, más intereses del 6% anual desde el momento del hecho hasta el dictado de la sentencia y a partir de allí los correspondientes a tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
El sentenciante delimitó el marco normativo que estimó aplicable respecto de la inviolabilidad de la persona humana, el derecho a la intimidad personal o familiar, a la honra o reputación, el derecho a la imagen o identidad, como así también las limitaciones a la libertad de expresión.
Seguidamente, consideró probados los “posteos” en la red social imputados a la demandada, que habrían generado a la parte actora un perjuicio, fundamentalmente a través de la prueba testimonial y documental, respaldada con las actas de constatación (nº 290 y n° 324) en las que el notario dio cuenta de que al acceder el 21.11.2020 a la cuenta de Facebook de C., era posible comprobar varios comentarios y fotos respecto de G. y V., agraviantes e insultantes -“truchos”, “sinvergüenzas”, “cachivaches”, “estafadores”, entre otras cosas-.
Asimismo, que la accionada amenazaba a la contraria con hacer públicos audios privados que mantuvieron al intentar concretar un contrato de locación. En cuanto a la cuantificación de la indemnización, señaló el juzgador que fijaría los valores al momento de dictar la sentencia.
Respecto del daño extrapatrimonial, luego de su conceptualización, concluyó en que los reclamantes atravesaron una situación traumática durante y luego de la exposición agraviante a la que fueron sometidos. Lo que a su entender terminó afectando el honor y la imagen que el resto de los habitantes de la localidad tenían de ellos.
Concedió por ese concepto las sumas de $ 150.000,00 a favor de V. L. G., de $ 150.000,00 para C. A. V. y de $ 50.000,00 para N. V..
También cuantificó el daño psicológico al estimar que estaba configurado desde los términos de la prueba pericial psicológica.
Que de allí emana la angustia y el grado de estrés que generó a ambos accionantes la propagación indiscriminada de insultos.
Concedió por este rubro las sumas de $ 80.000,00 para G. y de $ 80.000,00 para C. A. V..
En concepto de gastos de tratamiento psicológico otorgó $ 45.000, 00 para cada uno de ellos.
IV. En su primer agravio, la apelante denuncia que el juez omitió expedirse en relación al pedido de publicación de la sentencia -o sus partes pertinentes- en los medios de difusión locales de Ayacucho (radios FM y diarios en papel y digitales), dada la índole del hecho que motivó la acción.
Además, porque debe desalentarse la difusión injustificada de estos contenidos en redes sociales de alto impacto y repercusión social.
A continuación, se agravia de los montos de condena.
Considera que no se condicen con el costo de vida actual, porque no lucen determinados al momento de sentenciar como dogmáticamente indicó el sentenciante.
Afirma que el pronunciamiento, en este aspecto, enseña no sólo el menosprecio a los derechos personalísimos en juego, sino la clara invitación a cometer ilícitos ante consecuencias jurídicas casi nulas.
Refiere al gran impacto de este tipo de difusiones, hechas de manera intencional, que difícilmente se desalienten si se otorgan montos tan reducidos. En cuanto a la determinación del daño extrapatrimonial, dice que es evidente que las descalificaciones vertidas en la red social ocasionaron a su parte un ataque en su honor y reputación, provocándole [in re ipsa] una aflicción espiritual que debe ser reparada, un padecimiento personal con directa relación causal con el hecho.
Indica que solicitó la reparación con intereses a tasa activa y actualizada, en orden a la coyuntura inflacionaria que se atraviesa, lo que no se vio reflejado en el pronunciamiento.
Alega que no sólo se ha emitido una condena por un monto por debajo del peticionado, sino además, que la sola circunstancia de reconocer en términos nominales una suma inferior a aquella, importa violentar el principio de congruencia.
Aduce que igual suerte corren los valores concedidos por los rubros gastos de tratamiento psíquico y daño psicológico propiamente dicho, pues los costos de una terapia no son actualmente los expresados en sentencia, que no respetan ni siquiera los valores históricos de las sesiones, viéndose impedida de llevarlas a cabo.
V. En el tratamiento de los planteos, anticipo que los jueces no estamos obligados a seguir paso a paso todas las alegaciones de las partes, sino sólo las conducentes para la solución del litigio, razón por la cual, no analizaré cada una de las argumentaciones de la recurrente sino aquellas susceptibles de incidir en mi voto (CSJN, 13.11.96, "Altamirano, Ramón c. Comisión Nacional de Energía Atómica”).
Respecto del agravio dirigido al daño extrapatrimonial, el punto a abordar será únicamente la cuantificación del rubro, por lo que nada agregaré en relación a los presupuestos que hicieron posible su procedencia, arribados firmes y consentidos a esta instancia (art. 260 del CPCC).
Debido a ello es que, cualquier disquisición de la recurrente relacionada a la existencia de un ilícito civil o a la relación de causalidad entre el hecho y el daño, no tendrán mayor incidencia a estas alturas dado que su postura sobre la viabilidad del daño extrapatrimonial ya fue abordada y reconocida en la instancia, no correspondiendo a la judicatura emitir declaraciones meramente generales y abstractas (arg. arts. 242, 246 del CPCC).
Por otra parte, por haber sido solicitada en demanda una indemnización “…en lo que en más o en menos V.S. estime fijar...” (sic) (fs. 48 y 49 vta.), los montos allí expresados no actuarán como tope al dejarse librados a la valoración judicial. Se ha dicho que el fallo no incurre en demasía decisoria al condenar al pago de una suma mayor a la reclamada, si la actora exhibió su intención de no inmovilizar su reclamo a un monto (SCBA, C 122.728, sent. de 06.11.2019), como aquí ocurre (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 165 del CPCC).
No se aplicará igual regla si la recurrente pide una suma determinada en la fundamentación del recurso. Requerimiento que actuará como límite de la cuantificación por estimarla la propia parte según la valoración del perjuicio con prueba producida, al presente, y con el parámetro de la instancia.
Ahora bien, uno de los argumentos medulares de la apelante es que el juzgador no cuantificó los valores de condena al momento de la sentencia.
Sin embargo, de la sola lectura del pronunciamiento observo que ello no es así, pues antes de abordar la procedencia de la indemnización económica y su cuantificación, dijo que así lo haría en orden a los antecedentes jurisprudenciales que citó, con fundamento en el principio de la reparación (art. 1740 del CCyCN).
Cosa muy distinta es lo reducido que pudieran llegar a ser esos montos por la valoración desplegada por el juez, que debe ser motivo de agravios. Los que, entiendo, fueron expuestos de manera idónea al sustentar el recurso, en una apreciación de la pieza fundante con un criterio amplio, alcance con el cual será llevada a cabo la función revisora (art. 260 del CPCC).
Delimitada la impugnación de la determinación de la cuantía de la indemnización correspondiente a dicho menoscabo, es sabido que se trata de una labor delicada ya que el interés lesionado se encuentra lejos de ser directamente deducible de parámetros predeterminados y estancos, en tanto responde a otros elementos que se condicen con los matices de cada supuesto (arts. 165, 384 del CPCC).
Variados factores habrán de incidir en la actividad interna del magistrado/a quien, en esa tarea de ponderación tendrá en consideración las circunstancias particulares del caso, por ejemplo, las consecuencias que la conducta de la demandada hubiera provocado en las íntimas afecciones personales de los reclamantes.
De cualquier modo, debe dejarse asentado que la reparación está destinada a compensar razonable e integralmente el perjuicio extrapatrimonial sufrido por las publicaciones descalificantes en una red social -comentarios con insultos, incluyendo fotografías para identificarlos y audios privados-.
El honor es uno de los principales bienes espirituales que las personas sienten, valoran y subliman, colocándolo dentro de sus más preciados dotes. Es una cualidad moral del ánimo que puede ser herida, sufrir menoscabo y suele ser defendida con el mismo ahínco, con la misma fuerza de quien se afana entre la vida y la muerte (Santos Cifuentes, “Los derechos personalísimos”, págs. 280/281, Córdoba, 1974).
El honor, bien personalísimo, es innato, con él se nace, puesto que lo llevan las personas formando parte elemental de su naturaleza; no ha de considerarse, entonces, como una manifestación prescindible que en algún momento pueda desaparecer o sólo dependa de una alta posición, procedencia o ancestro, de una conducta intachable, o que esté supeditada a la opinión ajena. Configura un íntimo sentimiento respetable en todos y en cualquiera (autor y ob. cit., págs. 281/282).
Es así que, cuando una persona es insultada públicamente, la ofensa al honor y dignidad de aquélla surge in re ipsa (por la mera comisión del ilícito y sin necesidad de probanza), y el juez o jueza deberá apreciar las circunstancias del hecho lesivo para establecer objetiva y presuntivamente el agravio a la órbita reservada de la intimidad del o los sujetos pasivos.
La valoración de los sentimientos afectados debe ser hecha en abstracto y considerando cuál pudo ser el estado de ánimo de una persona común colocada en las mismas condiciones concretas en las que se halló la víctima del acto lesivo (Jorge Bustamante Alsina, “El daño moral por lesiones al honor”, LL 1996-E, pág. 522); siendo útil estimar para cuantificarlo, entre otras variables, la mayor o menor divulgación del hecho, la gravedad de los términos empleados y la repercusión en la tranquilidad, en la seguridad personal, en el equilibrio psíquico de los damnificados -en definitiva, afecciones legítimas en los sentimientos o goce de bienes-.
Teniendo en cuenta estos parámetros, estimo que una circunstancia de incidencia es la utilización de un medio de rápido y alto alcance, como es una red social como Facebook, en el ámbito de una localidad relativamente pequeña donde es cierto que las personas entre sí suelen conocerse más que en las grandes ciudades.
La red social tiene un efecto multiplicador en la cantidad de destinatarios y destinatarias, máxime cuando los hechos ocurren en una ciudad pequeña donde es más fácil ubicar en qué lugar se encuentran las personas “escrachadas” en la publicación, con alta probabilidad de sufrir el descrédito social por el solo hecho de tal publicación, aun más cuando se incluyeron fotografías de los rostros y audios.
Se encuentran debidamente acreditadas las severas molestias ocasionadas, para lo que me remito a la declaración testimonial (v. audiencia de vista de causa del 13.05.2022) de P. G. C., quien indicó que: “…eran personas de trabajo, buenas, esos comentarios perjudicaron a la familia y a los hijos (…) el hecho generó dolor y malestar, iba poca gente al negocio que tenían (…) les daba vergüenza salir a la calle por las barbaridades que pusieron que nada que ver, son gente buena, pasaron momentos tristes, se los veía con amargura…” (sic).
Que: “…en Ayacucho se enteró todo el mundo, con el boca a boca y porque las publicaciones fueron compartidas muchas veces, hubo capturas de pantalla entre la gente conocida repercutiendo un montón en un pueblo pequeño, la gente hablaba sin saber cómo es la familia…” (sic).
La testigo M. E. refirió que: “…se dijeron muchas mentiras, que ellos estaban muy mal con todo esto, hubo mucha maldad, que el hecho hizo que a la actora le daba vergüenza salir a la calle, estaban muy tristes y preocupados, hubo muchos comentarios en la red, tuvieron un alcance importante en un pueblo tan pequeño como Ayacucho, más para la gente que no sabe qué pasó realmente…” (sic).
El testigo L. R. señaló que: “…fue muy agraviante porque se referían al trabajo o actividad de los actores, se burlaban de cómo arreglaban la vidriera del negocio que tenían, se metían con sorna en sus actividades para mofarse de lo que hacían…” (sic).
Y agregó que: “…yo tenía una relación diaria con él -con V.- y estaba muy enojado, dolido, estaba muy mal anímicamente, compungido y eso afectaba su seno familiar, no se puede explicar cómo una persona puede ocasionar tanto daño con saña cuando había otros medios para solucionar cualquier problema que hayan tenido…” (sic).
En sentido análogo se expidieron las testigos Tamara V. y K. N. V., quienes en forma coincidente y concordante dieron cuenta del grado y alcance de la difusión “en el pueblo chico”.
Que ello se mantuvo “por mucho tiempo” y “todos los días”, “todo el tiempo burlas, risas”.
Como así también refirieron a la saña de la demandada al crear y pensar un tipo de “guión o telenovela” para publicar -premeditado, armado meticulosamente- en la red social; lo que puedo observar también a través de la prueba documental adjunta (arts. 375, 456 y concs. del CPCC).
Del mismo modo, a la angustia y preocupación que padecieron los actores o la familia a raíz del hecho de autos, que fueron tildados de “truchos”, “sinvergüenzas”, “cachivaches”, “chorros”, “lacras”, “atorrantes”, “estafadores”, “traidores”, “miserables”, “delincuentes” por transacciones ilegales, entregar recibos truchos, no devolver señas, etc., haciendo incluso presentaciones donde se los parodiaba desde distintos conceptos.
Lo cierto es que las redes sociales se han convertido en una poderosa herramienta que logra que el contenido de una publicación tenga un rango de efecto exponencial inimaginable; tal configuración, a la manera de un foro de discusión donde todos y todas pueden opinar, replicar, copiar, etc., puede convertirse -sin temor a exagerar- en un espacio donde la arenga pública puede ser demoledora.
En el caso, por la entidad y cantidad de comentarios generados desde el muro o cuenta personal de la accionada, que puede observarse en la documental acompañada y respaldada con las actas de constatación n° 290 y n° 324 realizadas por el escribano Eseverri, es dable concluir en la virtualidad de las expresiones vertidas dirigidas a la persona de la parte actora, como decía, en un medio expedito que puede ser difundido sin mayor esfuerzo y costo, y en el que los sujetos pueden colocarse detrás de la pantalla creyendo que esa falta de presencia les quita responsabilidad por sus actos y lo que dicen. Tampoco puedo soslayar que conforme la trama fáctica verificada, los demandados se mostraron renuentes a cesar con las publicaciones, dado que aun frente a la medida cautelar ordenada el 18.02.2021 en el expediente n° 59.662 de trámite ante el Juzgado Civil y Comercial n° 2 (agregado por cuerda), consistente en el bloqueo y/o eliminación del estado público y cese de la difusión de fotos, chats, audios, capturas de pantallas, publicaciones provenientes de la red Whatsapp o cualquier servicio de mensajería por parte de la demandada, debió hacerse efectiva como apercibimiento la imposición de una multa diaria ante el denunciado incumplimiento de la demandada, al 16.03.2021.
No es un dato menor que para ese entonces ya se habían cursado misivas y transcurrió un tiempo considerable de permanencia de esas publicaciones desde mediados de noviembre de 2020, lo cual me induce a concluir en la intención deliberada, en un obrar con menosprecio por los derechos de los denunciados, cobrando importancia la entidad que asume la modificación disvaliosa del espíritu de las víctimas y la repercusión que esta lesión a su espíritu se traduce en su modo de estar.
Lo expuesto es concordante con el art. 1741, última parte, del Código Civil y Comercial de la Nación, quedando superado en la actualidad el criterio que sostenía que en el daño moral se indemnizaba el “precio al dolor” para aceptarse que lo resarcible es el “precio del consuelo” que procura “la mitigación del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias. Se trata de proporcionarle a la víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado y por esa vía facilitar el acceso a gratificaciones viables, confrontando el padecimiento con bienes idóneos para consolarlo, o sea, proporcionarle alegría, gozo, alivio, descanso de la pena” (Lorenzetti, Ricardo Luis: “Código Civil y Comercial de la Nación, Comentado”, t. VIII, p.1741).
Estando en condiciones de definir una cuantía que estimo idónea para compensar las angustias y tristezas sufridas antes referidas, derivadas del hecho lesivo, con base en los principios de la sana crítica que me guían y los parámetros señalados, considero que los montos fijados son insuficientes, no sólo en función de las circunstancias que generaron el perjuicio, sino con relación a los valores vigentes al tiempo en que se dictó la sentencia recurrida; máxime si se atiende a que, desde la mora y hasta este hito, se computarán intereses a una tasa pura del 6% anual. En razón de ello, propongo elevar las sumas concedidas por el rubro bajo análisis a $ 500.000,00 para V. L. G. y $ 500.000,00 para C. A. V. (arts. cit.).
VI. En relación a los agravios dirigidos al monto indemnizatorio fijado a favor de N. V., no corresponde que sean abordados en tanto el recurso de apelación formulado por el abogado lo fue únicamente en su carácter de apoderado de V.
L. G. y C. A. V. (doctr. arts. 254, 260 del CPCC; v. despacho del 18.09.2023).
VII. En cuanto al daño psicológico y a los gastos por tratamiento psíquico, la recurrente indica que fueron otorgados montos reducidos.
Sin embargo, sus manifestaciones no alcanzan a constituir la crítica concreta y razonada que en forma mínima exige el art. 260 del CPCC, la que no puede quedar substituida por una mera divergencia, sino evidenciar el error en la apreciación de los elementos probatorios, en la aplicación o interpretación de una norma o en la omisión del tratamiento de aspectos planteados.
Aun apreciada la pieza fundante con criterio amplio, la apelante no aporta ninguna justificación idónea que autorice la revisión.
Sólo disiente sin criticar, sin perjuicio de insistir en que los montos no fueron estimados al momento de emitirse el pronunciamiento, lo que, como antes señalé y reitero, no es así. Resultando por lo demás, insuficiente la fundamentación.
Frente a este panorama impugnativo, que no alcanza el requerimiento del art. 260 del CPCC para mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, y si bien no se aprecia con rigor el escrito de fundamentación, no corresponde al tribunal suplir la actividad de la parte que no da bases para fundar su distinto punto de vista, en claro desmedro de la contraria. Se ha expuesto que la ley requiere, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte seleccione del discurso del juez el argumento central y forme la base lógica de la decisión. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica (CSJN, "Gobierno Nacional c/ Ekmekdjian ", L.L. 137-538) (arts. 18 de la Const. Nac.; 15 de la Const. Prov.; 34 inc. 4, 260, 272 del CPCC).
Únicamente me permito agregar en lo que hace al daño psicológico, que de la labor pericial del 11.08.2022 no surgen elementos para haber concedido este rubro, pues las alteraciones psíquicas indemnizables jurídicamente, consolidadas y crónicas, responden únicamente a secuelas incapacitantes según baremo o tabla de uso legal proveniente del ámbito de la ciencia médica, que permita establecer una patología y su alcance al momento de la evaluación en relación causal con el hecho.
En definitiva, concluyo en que los agravios expuestos en este tramo, no alcanzan a conmover el decisorio en crisis.
VIII. La apelante denuncia que el juez omitió expedirse en relación al pedido de publicación de la sentencia o partes pertinentes, a costa de la demandada, en los medios de difusión locales de Ayacucho (radios FM y diarios en papel y digitales).
Lo estima necesario dada la índole del hecho que motivó la acción y porque debe desalentarse la difusión injustificada de estos contenidos.
En el abordaje del planteo, advierto que la razón le asiste respecto de la omisión, visto el apartado XII del escrito postulatorio.
Y con ello, la vulneración del principio de congruencia como correspondencia entre la acción y el decisorio: el juez debe pronunciarse sobre todo lo que se le pide, o sea, sobre todas las demandas sometidas a su examen; y debe decidir basándose en todos los elementos de hecho aportados en apoyo de las pretensiones (SCBA; B 55816 bis, “Cañete”, int. de 20.04.2021).
Por otra parte, la fundamentación de la sentencia es trascendente porque permite al justiciable desarrollar estrategias de impugnación y no dejar trunco el acceso a una justicia eficaz, exteriorizando el proceso argumentativo susceptible de control judicial como justificación razonada que permite llegar a una conclusión (arts. 15, 171, Const. Prov.; 3, CCyCN; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, CPCC).
No obstante, sabido es que las cuestiones de interés omitidas, pero idóneamente introducidas por vía del recurso de apelación, tendrán su tratamiento en los términos del art. 273 del CPCC siempre que no alteren la litis y la garantía de la defensa en juicio (arts. 260 y 272, CPCC).
En esa labor, tengo que el art. 1740 del CCyCN en su parte final, establece que: “…en el caso de daños derivados de la lesión del honor, la intimidad o la identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia o de sus partes pertinentes, a costa del responsable, como modo de alcanzar la reparación plena…” (sic).
El artículo reitera con adecuaciones el art. 1071 bis del código derogado, según la reforma de 1968, y protege el derecho subjetivo a la privacidad o también llamado de intimidad, a la vida privada, a la esfera privada o esfera íntima. Y en tales casos, la reparación puede provenir tanto del cese de la conducta lesiva e indemnización del daño, como así también de la publicación de la sentencia si el daño se consumó -por ejemplo- con un alcance social como ha ocurrido en el caso, en el marco de una red social.
Se recepta la función preventiva de la responsabilidad civil y la publicidad de la sentencia condenatoria integra o complementa el alcance de la reparación plena del daño en caso de violación del derecho de intimidad (“Código Civil y Comercial de la Nación”, dirección: Ricardo Luis Lorenzetti, ed. Rubinzal Culzoni, tomo VII, pág. 642).
Constituye una indudable medida de satisfacción para las víctimas -y/o sus familias-, así como para toda la sociedad que, ante la constatación de violaciones a derechos fundamentales de las personas, sepa qué fue lo que ocurrió o sobre la antijuridicidad de una conducta concreta.
Es claro que esa difusión también contribuye a evitar la repeticiónde hechos similares, circunstancia que demuestra la interrelación que existe entre las diversas finalidades que pueden cumplir, a la vez, las medidas reparatorias. En definitiva, las medidas de satisfacción poseen un enorme poder de reparación que trascienden lo material y apuntan, según palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al: “…reconocimiento de la dignidad de las víctimas, el consuelo de los derechos humanos de que se trata, así como evitar que se repitan violaciones como las del presente caso” (Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 268).
A ese fin, corresponde admitir la publicidad de la sentencia de primera instancia y las modificaciones que este tribunal resuelva, a costa de la demandada, en uno o más medios de difusión pública de alcance local -Ayacucho-.
Ello en la modalidad y extensión que se disponga en la instancia de origen, según proponga la parte actora y previa sustanciación con la contraria, donde deberá determinarse si la publicación será de la totalidad de las sentencias o de sus partes pertinentes (capítulos relativos a los hechos probados, las violaciones declaradas y la parte resolutiva) o bien de un resumen de las mismas, todo lo cual aprobará el sentenciante.
También el período y/o la frecuencia de la publicación, como el o los medios de difusión pública que serán utilizados para tal fin (ya sean redes sociales, sitios web, emisoras radiales y/o diarios en soporte digital o virtual).
En consecuencia, considero que debe hacerse lugar a la cuita expuesta en este aspecto.
IX. Como los agravios dan la medida de la competencia de esta alzada (arts. 260, 261 y 266 CPCC), y en atención a los argumentos expuestos, propongo modificar la sentencia del 30.06.2023 y elevar la condena otorgada por el rubro “daño extrapatrimonial” a las sumas de $ 500.000,00 para V. L. G. y de $ 500.000,00 para C. A. V.. Asimismo, ordenar la publicación de la sentencia apelada y las modificaciones que este tribunal resuelva, conforme el considerando IX, en la modalidad que sea determinada en la instancia de grado (arts. 16, 18 de la CN; 15, 171 de la CP; 1, 2, 3, 7, 768 inc. c, 1740, 1741, 1748 y concs. del CCyCN; 34 inc. 4, 163 inc. 6, 165, 375, 384, 456 y concs. del CPCC).
Las costas de esta alzada deberán ser asumidas por la parte demandada que resulta vencida ante el progreso del recurso en trámite (art. 68 del CPCC). Voto por la afirmativa.
El señor juez doctor Banegas adhirió al voto precedente por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el señor juez doctor Janka dijo:
Conforme se votó la cuestión anterior, corresponde modificar la sentencia del 30.06.2023 y elevar la condena otorgada por el rubro “daño extrapatrimonial” a las sumas de $ 500.000,00 para V. L. G. y de $ 500.000,00 para C. A. V.. Ordenar la publicación de la sentencia apelada y las modificaciones que este tribunal resuelva, según el considerando IX, en la modalidad que sea determinada. Costas de esta alzada a la demandada (arts. cit.).
Así lo voto.
El señor juez doctor Banegas votó en análogo sentido.
Con lo que terminó el presente acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A De conformidad al resultado que arroja la votación que instruye el acuerdo que antecede, fundamentos, citas legales y jurisprudenciales que se dan aquí por reproducidos, se modifica la sentencia del 30.06.2023, elevándose la condena otorgada por el rubro “daño extrapatrimonial” a las sumas de $ 500.000,00 para V. L. G. y de $ 500.000,00 para C. A. V. Ordenar la publicación de la sentencia apelada y las modificaciones que este tribunal resuelve, conforme considerando IX, en la modalidad que sea determinada en la instancia de grado. Costas de esta alzada a la demandada. Se difiere la regulación de honorarios (arts. 31 y 51 LHP).Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante en la ciudad de Dolores, en la fecha indicada en la constancia digital de la firma (Ac. 3975/20 SCBA).
Fin de la sentencia