Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
Firmado digitalmente por SANCHEZ Nelson Andres DN: SERIALNUMBER=CUIL 20219452781, C=AR, CN=SANCHEZ Nelson Andres Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.05.20 09:08:49-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 Firmado digitalmente por GEYER Adriana Inés DN: SERIALNUMBER=CUIL 23275532754, C =AR, CN=GEYER Adriana Inés Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento TOMO CLX- INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.- Fecha: 2026.05.20 09:09:08-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 REGISTRO N° 10.031 FOLIO N°036/043 PROT. ELECT. JR101 178I.261 Río Gallegos, 20 de mayo de 2026.-
La presente causa caratulada "G.S.E.E. S/ Violación de Domicilio, Daño y Amenazas –E.C.V.G.- (Ley 26485)“ - Expte. N° 27469/23 - Apelación/Causa JR N° 10150/26, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 180/187, obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción Nº Uno con asiento en la ciudad de Río Gallegos, que en su punto l) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado E.E.G.S. en orden al delito de Violación de Domicilio –cinco hechos-, Daño –dos hechos- y Amenazas –un hechotodos en concurso real entre sí (Art. 45, 150, 183 y 149 bis primer párrafo del C.P. y arts. 289, 290, 291, 293 del C.P.P.), en tanto qué en su punto II) trabó Embargo sobre los bienes del procesado (Arts. 499 C.P) hasta cubrir la suma de Pesos Quinientos Mil ($500.000).
Que a fs. 189/192, la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 203, y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó que el auto dictado está conformado por aseveraciones de cargo que resultan -a su juicio- meras afirmaciones dogmáticas, carentes de apoyatura probatoria. A su vez, indicó que la resolución puesta en crisis le causa a su defendido un perjuicio procesal irreparable.
Que, en pos de un adecuado tratamiento de los agravios expresados por la parte recurrente, consideramos conveniente enumerar las cuestiones a resolver.
II. Del agravio referido a la valoración arbitraria y parcial de la prueba:
La defensa se agravió al considerar que el relato de la denunciante presenta inconsistencias relevantes, verbigracia, cuando describe un ingreso violento por parte de su asistido hacia su domicilio, no obstante en otros “pasajes” surge que el Sr. G.E. se habría retirado voluntariamente.
Asimismo, señaló que su defendido sólo habría intentado ver a su hija, lo que -a su criterio- introduce un contexto distinto al sostenido como hipótesis incriminante. Indicó que surge con claridad la existencia de conflictos previos en torno a la finalización de la relación de pareja de su defendido y la denunciante.
Por otro lado, se agravió respecto de las declaraciones testimoniales de los oficiales de seguridad (fs. 65/vta., 66/vta. y 71/vta.) en tanto que S.S fundó el resolutorio impugnado, -a su perspectiva- en sus testimonios, sin que hayan presenciado los hechos, y limitándose a relatar lo manifestado por la denunciante, reflejando aquellos testimonios -a su parecer-, un carácter subjetivo. Asimismo, advirtió que su eficacia probatoria es limitada y no puede sostener por sí sola un auto de procesamiento. Que iniciado el abordaje del presente agravio, adelantamos, no habrá de prosperar.
Ello así, a partir del análisis integral de las constancias obrantes en autos, de la resolución recurrida y de los argumentos introducidos por la defensa, advirtiéndose que en autos obran suficientes elementos de convicción que hacen presumir, con el grado de probabilidad propio de esta instancia procesal, la responsabilidad penal endilgada al Sr.
E.G.
En efecto, durante la instrucción se han diligenciado múltiples medidas probatorias, entre ellas: las denuncias judiciales efectuadas por la pretensa víctima en autos; los sumarios prevencionales; las declaraciones testimoniales –de efectivos policiales y personas allegadas a la denunciante-; acta de constatación del teléfono celular; actas de inspección ocular y croquis ilustrativos; certificaciones actuariales, entre otras. Tales elementos, valorados de manera armónica y conjunta, conforman un conglomerado indiciario suficiente para sustentar, con el estándar propio de esta etapa, la imputación formulada respecto del encartado.
Entre los elementos reseñados, adquieren especial relevancia las denuncias judiciales formuladas por la damnificada, toda vez que se advierte que, en todas sus presentaciones, hizo expresa referencia a la ausencia de consentimiento para que el Sr. G. ingresara a su domicilio. Incluso, describió circunstanciadamente los hechos relativos a los ingresos sin autorización y las distintas situaciones vinculadas al retiro del aquí imputado; por ejemplo, en reiteradas ocasiones –precisó la denunciantedebió advertirle al Sr. G. que haría un llamado solicitando intervención policial, o, en otros casos, debió solicitar ayuda de terceros –como de la Sra. G.M., amiga suya- para lograr que éste abondanara la vivienda, atento a que el nombrado hacía caso omiso a sus insistentes requerimientos para retirarse. (Véase fs. 03/vta. y 04, 18/vta., 28/vta., 33/vta., 84/vta., 129/vta.). Que en esta línea, entendemos, el argumento defensista carece de entidad suficiente para desvirtuar lo sostenido por S.S., quien tuvo por acreditado -conforme la conducta desplegada por el imputado- que éste habría ingresado en reiteradas oportunidades al domicilio de la denunciante sin contar con autorización alguna. En este sentido sentido, aun si fuera cierta la existencia de conflictos previos derivados de la ruptura de la relación de pareja, ello de ningún modo podría justificar el comportamiento atribuido al encartado demostrado hasta el momento. En este marco, no podemos soslayar que del presente caso surge un evidente contexto de violencia de género a la luz de la dinámica de los hechos, en tanto el accionar del imputado denotaría el poder de superioridad, evidenciándose así una desigualdad de poder al ejercerse la violencia psicológica y económica/patrimonial dentro de la modalidad doméstica, conforme lo establece los artículos 5 y 6 de la Ley Nº 26.485.
En esta línea, la jurisprudencia fue contundente al señalar que: “…teniendo en cuenta que el delito endilgado no constituyó un hecho aislado, sino que se inscribió dentro de un contexto de violencia doméstica de larga data entre imputado y víctima, quienes constituyeron una pareja, ahora separada, con un hijo en común…resulta indispensable juzgar en base a principios de perspectiva de género.” (CP Contrav. y Faltas; Sala III; Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 11/05/2017; M., S. G. s. Infracción art. 149 bis Código Penal; Rubinzal Online; RC J 4167/17).-
En efecto, el juzgador que aplique la perspectiva de género, debe ineludiblemente argumentar su resolución sobre la base de las normas con jerarquía constitucional como los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que protegen a las mujeres contra todo tipo de violencia, tales como la “Convención Belém Do Pará” (Convención Interamericana para la prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer), la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer), y las “100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), como también en las normas del ámbito nacional, la Ley Nº 26.485 (Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales), a la cual nuestra Provincia se adhirió mediante Ley Provincial Nº 3201, entre otras. Por otro lado, se advierte que en el presente legajo obran constancias probatorias que, si bien refieren no haber presenciado directamente los hechos investigados, sí dan cuenta de circunstancias concomitantes y posteriores que rodean el suceso materia de autos, aportando elementos contextuales relevantes para su esclarecimiento (v.gr. corroborar que el imputado se encontraba en la parte externa del domicilio de su ex pareja, y/o los daños que éste habría producido en la puerta de ingreso y en el interior de la vivienda de la damnificada, conf. fs. 65/vta., 66/vta., 72/vta.). En tal sentido, el cuestionamiento defensivo deviene irrelevante, máxime si se considera que los hechos vinculados con violencia de género suelen desplegarse en el ámbito de la intimidad de la pareja, circunstancia que naturalmente limita la existencia de testigos presenciales. Así las cosas, entendemos que la concordancia y coherencia existentes entre el relato de la denunciante, las declaraciones de su amiga y las manifestaciones de los efectivos policiales, sumadas al resto del material probatorio colectado, confieren -a nuestro criterio- verosimilitud a la imputación formulada. En razón de ello, y considerando la probabilidad que caracteriza a esta etapa procesal, entendemos que la materialidad y autoría de los ilícitos investigados se encuentran suficientemente acreditadas.
Por otra parte, y en lo atinente a las diligencias practicadas durante la instrucción, corresponde señalar que no surge del expediente que la defensa haya instado la producción de medidas conducentes para mejorar la situación de su asistido, máxime conforme las facultades que le otorga el art. 190 del C.P.P., por lo que no puede responsabilizar al Sr. Juez de una eventual insuficiencia investigativa, cuando la propia estrategia defensiva no ha hecho uso de las herramientas procesales previstas a tal fin.
Asimismo, consideramos dable destacar que S.S.
selecciona las pruebas a producir conforme la normativa vigente, siendo que tal determinación constituye una prerrogativa que le permite escoger ciertos elementos o destacar los que, a su consideración, no le resulten pertinentes para la causa.
Por lo expuesto, entendemos que yerra la defensa al sostener que el decisorio arribado posee una valoración arbitraria, por el contrario, se observa que el Sr. Juez de grado ha motivado adecuadamente su decisión, en tanto expuso de manera concreta los elementos probatorios considerados y las razones que lo condujeron a tener por acreditada -prima facie- la materialidad y autoría en este estadio procesal, arribando así, conforme las reglas de la sana crítica racional, a un juicio de valor provisorio de carácter incriminante respecto de la situación procesal del encartado.
III. Del agravio referido a la declaración indagatoria del causante:
La parte recurrente se vio agraviada al entender que en autos hay una absoluta omisión de tratamiento de la declaración indagatoria prestada por su asistido, lo que configuraría un supuesto de arbitrariedad por falta de fundamentación.
Afirmó que su defendido negó categóricamente los hechos que se le imputan, brindando explicaciones concretas respecto de su situación personal, su lugar de residencia y su dinámica de vida, circunstancias que, a su criterio, resultan relevantes para el análisis de la autoría.
No obstante, aseguró, el resolutorio prescinde por completo toda consideración sobre dichos extremos, omitiendo analizar su contenido, coherencia y eventual corroboración con otros elementos de la causa.
Finalmente, indicó, la resolución deviene arbitraria, al sustentarse en una valoración parcial y sesgada del material probatorio. Afirmó que la declaración indagatoria constituye un acto de defensa de máxima jerarquía dentro del proceso penal, y que su valoración resulta ineludible. En efecto, aseveró que la ausencia de su tratamiento desconoce el derecho de defensa en juicio consagrado en la Constitución Nacional. Que iniciado el abordaje del aludido agravio, debemos decir, tampoco habrá de prosperar.
En efecto, advertimos, deviene irrelevante el argumento de la parte recurrente en relación a la declaración del imputado en el acto de defensa material. En tal sentido, el Magistrado señaló: “…tras efectuar un pormenorizado analisis de los elementos obrantes en el descargo formulado por el encartado a fs. 170/171, no se advierte la incorporación de probanzas que logren desvirtuar la hipotesis acusatoria que le fuera impuesta oportunamente en el marco de la presente instrucción. En efecto, la estrategia se circunscribe a una negativa dogmática de los hechos y a la mención de circunstancias personales –su residencia en la localidad de El Chaltén y un eventual viaje a Colombia-, argumentos que resultan insuficientes para conmover el cuadro cargoso hasta aquí reunido…”. Apreciación que ésta Alzada comparte.
Así las cosas, creemos, las manifestaciones efectuadas por el imputado respecto de circunstancias vinculadas a su situación procesal, lugar de residencia o eventuales viajes en el futuro, carecen de entidad suficiente para desvirtuar los elementos de cargo que abundan – hasta el momento- en autos.
Asimismo, en este acápite corresponde señalar que el acto de declaración indagatoria, aun constituyendo la manifestación más relevante del ejercicio de defensa material, ello no le impone al juzgador la obligación de convalidar sin más las explicaciones brindadas por el imputado, sino que éstas deben ser ponderadas íntegralmente y confrontadas con el resto del material probatorio incorporado en autos. En virtud de todo lo expuesto, corresponde rechazar el agravio articulado, toda vez que no se advierte la omisión alegada respecto al descargo formulado por el imputado. Por el contrario, surge con claridad que el Sr. Juez de grado efectuó una valoración respecto a las manifestaciones brindadas por el encartado, y explicitó las razones por las cuales aquellas no resultan idóneas para conmover el cuadro cargoso hasta el momento reunido. En consecuencia, no se observa afectación alguna ni a los derechos que el incuso posee, ni a los principios del derecho penal, descartando el supuesto de arbitrariedad invocado por la defensa.
IV. Del agravio referido a la errónea configuración del delito de violacion de domicilio:
La defensa se agravió al considerar que el auto de procesamiento omite analizar el contexto relacional y aplica -de manera automática- el tipo penal del art. 150 del Código Penal.
En consecuencia, afirmó que en varios episodios no se acredita una negativa clara o persistente de ingreso. Verbigracia -dijo- a fs. 18 obra declaración testimonial de amiga de denunciante que, según sus dichos, no hubo oposición y/o negativa al ingreso a la vivienda. En tal sentido, aseguró que de autos surge que el imputado se retiraba del lugar en distintas oportunidades, lo que resulta -a su parecer- incompatible con una conducta típica sostenida en el tiempo.
V. Del agravio referido al concurso real arbitrario:
Se agravió la parte recurrente al entender que la calificación legal adoptada por el a quo resulta una conclusión dogmática, a su juicio, carente de fundamentación suficiente y contraria a las constancias de la causa.
Así, señaló que el resolutorio se limita a enunciar la concurrencia de múltiples figuras típicas -violación de domicilio, daño y amenazadas- sin efectuar (a su parecer) el análisis acerca de si los hechos aparentemente atribuidos constituyen episodios independientes entre sí ó, por el contrario, integran una única secuencia fáctica.
Según la perspectiva de la defensa, la misma indicó que la descripción efectuada en la resolución, surge que los hechos aparentemente se desarrollan en un mismo marco situacional, sin solución de continuidad, lo que, a su juicio, evidencia que el caso se encuentra frente a un único hecho con posibles subsunciones típicas concurrentes y no ante una pluralidad real de conductas autónomas.
Aseveró que todos los episodios se vinculan a un mismo conflicto interpersonal, con identidad de sujetos, lugar y motivación, y que por ello se trata de una continuidad fáctica, y no de hechos autónomos. En efecto, la indebida multiplicación de hechos realizada por el Juez instructor, agrava la situación procesal de su asistido, en contradicción con el principio de unidad del hecho.
Así, la parte recurrente aseguró que la calificación en concurso real resulta prematura e infundada, debiendo -a su criterio- ser revisada, en virtud de no acreditarse la independencia fáctica exigida por el art. 55 del C.P.
VI. Del agravio referido a la inexistencia de amenazas:
La defensa se vio agraviada al sostener que el auto apelado funda la imputación del delito de amenazas, en mensajes de WhatsApp, no configurando -a su entender- la idoneidad que conlleva el tipo penal.
En tal sentido, afirmó que los términos desplegados por el incuso a la denunciante carecen de una determinación concreta de un mal futuro, no constituyen una amenaza seria, específica e inminente y, reiteradamente, advirtió que dichos términos se insertan en un contexto de conflicto de pareja.
En efecto, consideró que los términos empleados no reúnen la entidad suficiente para configurar el delito previsto por la norma penal.
VII. Del agravio referido a la defectuosa acreditación del delito de daño:
También se agravió la parte recurrente al sostener que, respecto del delito de daño, no existe prueba directa que permita aseverar que el imputado haya sido el autor de tal ilícito.
Indicó que todas las constataciones del daño producido fueron posteriores al hecho, sin incorporarse pericias técnicas ni testigos presenciales.
En consecuencia, aseguró, la imputación se basa en inferencias, lo que resulta insuficiente para sostener el procesamiento. Citó jurisprudencia y doctrina en respaldo a su postura.
Que, en razón de que los agravios expuestos versan, en sustancia, sobre la calificación legal asignada a los hechos investigados y a la configuración de los elementos típicos previstos por los arts. 150, 183 y 149 bis primer párrafo, y del concurso real establecido en el art. 55 del Código Penal, corresponde abordar de forma conjunta los planteos de la parte recurrente de los puntos IV), V), VI) y VII).
Que iniciado el abordaje de los aludidos planteos, corresponde advertir, pese al esfuerzo de la defensa, que tampoco habrán de prosperar.
Que de la resolución puesta en crisis, se observa que la instrucción explicó con sólidos fundamentos, e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta, la razón que la llevó a encuadrar provisoriamente los hechos –y el concurso real- en lo dispuesto por los artículos precedentemente mencionados del digesto penal.
Por el contrario, de los argumentos de la defensa se advierte que su planteo constituye una mera disconformidad con la conclusión a la que arribó el Sr. Juez, sin lograr controvertir lo decidido. Por consiguiente, y siendo criterio de esta Alzada –en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que la calificación legal no resulta, en principio, pasible de revisión en esta instancia procesal, dicho agravio no podrá prosperar.
Ello así, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 9609/25 y 10037/26, entre otras tantas). Este criterio resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales...". (TR LALEY AR/JUR/56181/2014). A mayor abundamiento, se ha dicho que la calificación legal del hecho efectuada en el auto de procesamiento es provisoria, mutable y, por tanto, no causa estado (véase Cám. Apel. Sala CCT, Río Grande, Tierra del Fuego; 28/02/2018; A. R., V. D. C. s. Robo en grado de tentativa; Rubinzal Online; 661/2017 RC J 2642/18).
Cabe recordar, asimismo, que el auto de procesamiento es una simple y escueta relación del hecho que se imputa y la adecuación de éste al derecho aplicable, con exposición de breves argumentaciones que corroboran y respaldan de manera suficiente este dispositivo. En ello es conteste la doctrina y la jurisprudencia.
Así, se considera que en este tipo de pronunciamientos sólo se acerca a un juicio de probabilidad delictual, donde prevalecen los elementos incriminantes por sobre los de descargo, siendo suficiente para que proceda su dictado, que la acción represiva se halle debidamente fundada en derecho. Lejos está de ser considerado como un pronunciamiento definitivo, pues sólo se requiere la probabilidad de la verdad de la imputación. Es por todas estas características apuntadas que se considera que la concreción de este dispositivo es esencialmente provisional, no causando estado su dictado.
En consecuencia, el agravio defensista luce anticipado, en tanto la determinación de la pena es una cuestión propia de la etapa de juicio, una vez acreditada -con certeza- la materialidad del hecho y la responsabilidad penal del imputado. En esta instancia procesal, lo relevante es verificar la concurrencia de los extremos que habilitan el avance del proceso, esto es, la existencia del hecho y la probabilidad de autoría, extremos que -como se ha expuesto- se encuentran –prima facieacreditados.
Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que este criterio se viene sosteniendo invariablemente desde este Juez de Recursos en Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8890/24, 9783/25, 9978/25, por citar algunas.
En idéntico sentido, se resolvió en causas donde la Defensoría de Mayores Nº Uno local, aquí recurrente, apeló la decisión de instrucción (véase causas: “C.J.D. s/ homicidio agravado” (incidente de apelación), Expte. Nº 79.490/24, Apelación JR Nº 9174/24; “L.O.J. s/ homicidio (resultara víctima)”, Expte. Nº 92.369/24, Apelación JR Nº 9295/24; “D.R.E. s/ infracción al Título III del Libro II del CPA –VDG-”, Expte. Nº 84.030/21, Apelación JR Nº 9481/25; “R.G.J. y otro s/ lesiones leves y amenazas”, Expte. Nº 94.452/25, Apelación JR Nº 9881/25.
Pese a ello, y en contraposición al principio de celeridad procesal –dejando entrever cuanto menos una clara intención dilatoria que operaría en contra de los intereses de su asistido-, se sigue introduciendo en las apelaciones este infundado agravio, que bien sabe no prosperará, por todos los fundamentos legales explicitados precedentemente. En función de lo expuesto, se exhorta a la Defensoría antes mencionada, a evitar –en lo sucesivo-, sostener como agravio la calificación legal establecida, sea como único argumento o dentro de otros agravios, salvo en aquellos casos que excepcionalmente lo amerite y con fundamento serio y responsable (v.gr. cuando la decisión de esta Alzada pueda repercutir en la libertad del imputado o en la pretendida aplicación de otros institutos, como por ejemplo, la suspensión del juicio a prueba). En conclusión, por todo lo mencionado, y sin perjuicio del carácter provisorio del encuadre jurídico asignado, corresponde concluir que los agravios introducidos por la defensa – en sus acápites IV), V), VI) y VII)- no logran conmover los fundamentos del decisorio recurrido, y sin verificarse vulneración alguna de los principios del derecho penal aludidos por la defensa, los agravios no habrán de prosperar.
VIII. Del agravio referido al arbitrario monto de la medida judicial impuesta:
Finalmente, la defensa se agravió al considerar que el monto de la medida decretada respecto de su asistido, establecido en la suma de pesos quinientos mil ($500.000), resulta desproporcionado y desnaturalizado, tanto en su imposición como en su monto. Ello, por cuanto -alegó- su pupilo procesal carece de un patrimonio que, en su conjunto, permita afrontar la suma establecida.
Sostuvo que el decisorio atacado carece de fundamentación concreta, que el monto de dicha medida no evidencia vinculación con un daño efectivamente acreditado, y que no hay consideraciones respecto de la situación económica del incuso, por lo que su imposición resulta desproporcionada. Finalmente, citó doctrina en sustento de sus argumentos.
Ahora bien, en relación con el último agravio, cabe adelantar que el mismo no habrá de prosperar. Ello así, toda vez que el artículo 499 del C.P.P. establece que, al momento de dictar el auto de procesamiento, el Magistrado debe ordenar, asimismo, el embargo de bienes del imputado.
En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado....” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009).
Asimismo, y en coincidencia con lo sostenido por otros tribunales, se ha señalado que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar eses fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024). En efecto, esta Alzada comparte el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por S.S para la fijación de la medida precautoria, como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad de los delitos investigados en autos. Adicionalmente, corresponde aclarar que el monto del embargo cautelar sólo debe tratarse de un valor estimativo, en atención a la imposibilidad de fijarlo –por el momento- en una suma definitiva, en función de la provisoriedad de la etapa procesal que atraviesa la causa, lo que recién podrá hacerse –llegado el caso- en la etapa de la sentencia final del proceso. Es en razón de ese monto que, tal como señaló el A Quo, no puede descartarse la aparición de un actor civil que pretenda una indemnización.
Por lo demás, tampoco deben soslayarse las disposiciones de los artículos 29 y 30 del Código Penal en relación a la posibilidad de que una sentencia condenatoria ordene la reposición al estado anterior a la comisión del delito; la indemnización del daño y, finalmente, el pago de las costas, en ese orden.
Así, es que rechazamos el agravio expuesto y confirmaremos el monto de la medida de embargo decretada con respecto al causante G.E.
Finalmente, esta Alzada coincide en un todo con el juicio de valor al que arribó el a quo en el decisorio arribado, entendiendo que la resolución se encuentra ajustada a derecho, debiendo confirmarse íntegramente el auto de procesamiento IX) Señalamiento al Juzgado interviniente:
En otro orden de ideas, y atento a las facultades de superintendencia atribuidas a este Juez de Recursos, se exhorta a la instrucción a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el art. 197 del C.P.P. de la Provincia de Santa Cruz, especificamente a las disposiciones procesales referentes al tiempo de la tramitación en la investigación y a las pautas contenidas para solicitar una extensión en el plazo de instrucción. Es que, sin perjuicio de no ser una causal que opere en detrimento de la consistencia respecto de los fundamentos de la resolución recurrida, advertimos que no se han respetado los tiempos que establece nuestro código de procedimiento en materia penal, lo que impone efectuar el presente señalamiento.
Ello, a fin de evitar que en lo sucesivo, transcurran meses enteros sin registrar actividad procesal en los expedientes, con la consecuente restricción de acceso a la justicia.
En efecto, se advierte que desde el 18 de agosto de 2025 hasta el 02 de febrero de 2026 -fecha en la que el Ministerio Público Fiscal debió instar el trámite mediante un pronto despacho- el expediente permaneció sin impulso procesal. Recién con posterioridad a dicha presentación, se dictó la resolución aquí recurrida en fecha 13 de marzo de 2026, lo que evidencia una prolongada e injustificada dilación en la tramitación de la causa, iniciada en el año 2023..
Aun más, cabe destacar que, de no haber mediado la presentación del Agente Fiscal mediante pronto despacho (fs. 178), no sería posible determinar hasta cuando se habría prolongado la paralización de la causa. Tal circunstancia reviste particular gravedad.
Lo expuesto no hace otra cosa que dejar en evidencia el total avasallamiento que se ha plasmado a las mandas del art. 197 1er. párrafo del C.P.P., por parte de la sede judicial de Instrucción. Por dicha razón, se encuentra compelida a obrar conforme lo dispone el segundo párrafo del artículo de rito en cuestión.
Más allá de ser perfectamente advertible que durante el desarrollo de la presente instrucción, se pueden haber suscitado cuestiones que conspiraron contra la celeridad de la tramitación, lo cierto es que en el caso no se advierte justificación alguna para los períodos de paralización señalados, los cuales están muy lejos de plasmar la debida diligencia reforzada que nos exigen los estándares internacionales en este tipo de delitos.
En este sentido, no puede soslayarse que es deber del Estado -y, en lo que aquí compete, de la Justicia Penal- la adopción de medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito configurativos de la victimización primaria, debiendo procurar de igual manera que, el daño sufrido por las víctimas del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia, lo que configuraría la victimización secundaria. Todo ello bajo pena de incurrir en responsabilidad internacional frente a las obligaciones asumidas también en materia de perspectiva de género.
En consecuencia, una instrucción que presenta dilaciones injustificadas no puede ser considerada ni seria ni efectiva, evidenciando una preocupante pasividad de los operadores del sistema, en detrimento del interés de la víctima y del adecuado ejercicio de la acción penal. Finalmente, no puede dejar de señalarse que este tipo de situaciones impacta negativamente en la organización del trabajo de esta Alzada, en tanto obliga a otorgar trámite prioritario a causas provenientes de dicho Juzgado que, pese a haber ingresado con posterioridad a otras, presentan extensos períodos de instrucción y riesgo de prescripción, alterando así el orden lógico de tratamiento.
En suma, la falta de apego a los plazos procesales del Juzgado interviniente no puede conculcar las garantías constitucionales, siendo que se atenta contra la prestación del debido servicio de justicia, por cuanto diluye las posibilidades de éxito en la investigación atento el tiempo transcurrido, razón por la cual se exhorta al Juzgado interviniente extremar los recaudos a fin de erradicar procederes de tal naturaleza, imprimiendo celeridad a las investigaciones.
X. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
XI. Comunicaciones: Finalmente, atento a la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género” elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. a sus efectos y al correo electrónico [email protected], para su publicación en la página web del Poder Judicial.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 180/187, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. HACER SABER al Juzgado que interviene, lo señalado en el punto IX) de los considerandos que anteceden.
3. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]. 5º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Firmado digitalmente por SANCHEZ Nelson Andres DN: SERIALNUMBER=CUIL 20219452781, C=AR, CN=SANCHEZ Nelson Andres Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.05.20 11:22:12-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 Firmado digitalmente por GEYER Adriana Inés DN: SERIALNUMBER=CUIL 23275532754, C=AR, CN=GEYER TOMO CLX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.- Adriana Inés Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.05.20 11:22:30-03'00' REGISTRO Nº 10.032 Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 FOLIO Nº 044 PROT. ELECT. JR101 179I.261 Río Gallegos, 20 de mayo de 2026.-
Los presentes autos caratulados G.S.E.E. S/ Violación de Domicilio, Daño y Amenazas –E.C.V.G.- (Ley 26485)“ - Expte. N° 27469/23 - Apelación/Causa JR N° 10150/26, venida a despacho para resolver y de la que,
Que advirtiéndose que, en el auto interlocutorio de esta Alzada a fs. 205/212, se consignó: “(…) RESULTA: Que a fs. 180/187, obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción Nº Uno con asiento en la ciudad de Rio Gallegos (…)”, cuando en realidad la resolución fue dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción Nº Tres de Rio Gallegos.
Que así, quedan estos actuados en estado de resolver sobre la procedencia de la rectificación;
Que analizada la cuestión advertida, tratándose de un error de tipeo involuntario, corresponde aclarar que el resulta del auto interlocutorio dictado en fecha 20 de mayo de 2026, que obra glosado a fs. 205/212 y registrado al Tomo CLX - Registro 10.031 - Folio 036/043 deberá quedar redactado de la siguiente manera: "RESULTA: Que a fs. 180/187, obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción Nº Tres con asiento en la ciudad de Rio Gallegos ".- Que en consecuencia, sentado lo expuesto y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. ACLARAR que en el RESULTA del auto interlocutorio dictado por esta Alzada en fecha 20 de mayo de 2026, que obra glosado a fs. 205/212 y registrado al Tomo CLX - Registro 10.031 - Folio 036/043 deberá quedar redactado de la siguiente manera: "RESULTA: Que a fs. 180/187, obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción Nº Tres con asiento en la ciudad de Rio Gallegos ".- 2º)- REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE a las partes mediante sne.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia