Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar el acto apelado en lo que hace al período fiscal 2002 y confirmar en relación a los ajustes correspondientes a los períodos fiscales 2003 y 2004, reduciendo las multas al mínimo legal, costas conforme los respectivos vencimientos y por su orden por la parte que se reducen las multas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-83807131-APN-VOCVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 11 de Agosto de 2022 El Expte. N° 48.232-I, caratulado: “GAETANO DE MAIO S.A. S/APELACIÓN”; a resolución de la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la Cuarta Nominación), José Luis Pérez (Vocal Titular de la Quinta Nominación), y Pablo Porporatto (Vocal Titular de la Sexta Nominación);
El Dr. Porporatto dijo:
I. Que, a fs. 34/43vta., se interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 154/2017, emitida con fecha 11/08/2017 por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Sur de la AFIP-DGI, mediante la cual se impugnó la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias -períodos fiscales 2002 a 2004- y se le determinó de oficio la materia imponible y la obligación tributaria, imponiéndole la obligación de ingresar la suma de $266.116,95 por el período fiscal 2002; $21.559,43 por el período fiscal 2003; y la suma de $42.714,01 por el período fiscal 2004, más intereses resarcitorios calculados a la fecha de la resolución en $1.366.340,34. Finalmente, se le aplicó una multa de $231.272,57, equivalente al 70% del monto del impuesto presuntamente omitido por los períodos fiscales 2002 a 2004, de acuerdo al artículo 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
El ajuste tiene su origen en el hecho de que durante el ejercicio 2002 la recurrente practicó la técnica de ajuste por inflación, generando un cargo negativo que disminuye la utilidad del ejercicio por un monto de $1.267.518,83, y arrojando un quebranto de $507.187,05 en las declaraciones juradas involucradas. Asimismo, dicho quebranto fue computado en la determinación del impuesto a las ganancias de los ejercicios 2003 y 2004, teniendo por tanto relevancia en estos últimos períodos.
En primer lugar, la actora considera que se debe aplicar la doctrina judicial sentada en el Fallo “Candy”, sosteniendo que se acreditó la confiscatoriedad, y que la prohibición de aplicar el ajuste por inflación generaría un gravamen excesivo. Asimismo, sostiene que de no admitirse la traslación del quebranto se evidenciaría un evidente carácter confiscatorio de la diferencia de impuesto que la AFIP-DGI determina en los períodos 2003 y 2004 sin contemplar el ajuste por inflación, y consecuentemente la violación del derecho de propiedad de la sociedad en virtud del impacto que la inflación ha causado en los resultados de la firma.
Por otro lado, se agravia del rechazo de la prueba pericial por parte de la AFIP, al considerar que la Cámara Federal de La Plata rechazó la acción declarativa de certeza entablada, a partir de una equivocada valoración del dictamen pericial y ello conllevaría, por lo tanto, a la descalificación de esa sentencia como acto judicial válido por resultar manifiestamente arbitraria. No obstante, señala que se acreditó la confiscatoriedad atento haberse superado los parámetros contemplados en el Fallo “Candy”.
En cuanto a la multa impuesta, alega la existencia de error excusable, en tanto la jurisprudencia en ese momento reinante le daba plena convicción sobre la vigencia del mecanismo de ajuste por inflación. En subsidio, solicita la reducción de la multa al mínimo legal del 50% contemplado en el artículo 45 de la Ley 11.683.
Finalmente, formula reserva del caso federal y solicita que, oportunamente, se haga lugar al recurso interpuesto, revocándose la resolución apelada, por las razones de hecho y derecho dadas en la presentación recursiva, con costas a cargo del Fisco Nacional.
II. Que, a fs. 83/94, se presenta el Fisco Nacional, contestando el recurso interpuesto y negando los hechos alegados. En cuanto a los dichos de la actora y la supuesta afectación de principios y derechos de raigambre constitucional, manifiesta que no resulta tal, sino que se trata de que la recurrente pretende una modificación legislativa conforme su conveniencia y que dicha situación no encuentra asidero legal válido a los argumentos de la apelante, ya que la posibilidad de aplicación del ajuste por inflación se encuentra vedada por la ley. Advierte que al comparar el monto al que asciende el tributo ($266.115,95) con el patrimonio neto de la recurrente al cierre del ejercicio 2002 ($2.008.937,64), el impuesto a ingresar sería del 13,24% del patrimonio de la empresa, y que dicho porcentaje no supera el 33% que la jurisprudencia de la Corte ha establecido como tope para considerarse comprometida la garantía del artículo 17 de la Constitución Nacional.
En cuanto a la multa aplicada, la representación fiscal insiste en su procedencia ya que no se habría ingresado el tributo debido al momento del vencimiento, lo que implicaría la configuración del aspecto objetivo de la contravención imputada en atención a existir una real falta de ingreso (omisión) producida por un medio idóneo para la comisión de la infracción (presentación de declaración jurada con datos inexactos).
Finalmente, se opone a la prueba ofrecida por la actora y solicita la confirmación del ajuste practicado en la resolución apelada, con costas.
III. Que, a fs. 104/106 la parte actora acompaña como hecho nuevo la sentencia recaída en la causa “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Gaetano de Maio S.A. c/PEN S/ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD” sentencia de fecha 10/07/2018. De dicho pronunciamiento surge que la aquí recurrente interpuso acción a fin de obtener que se declarase "...la inconstituciona1idad o en su caso la inaplicabi1idad del art. 39° de la ley 24.073, el art. 4° de la ley 25.561 y el art. 5° del Decreto 214/2002, en lo que respecta al ajuste por inflación computable en las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias... por el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2002 ...".
En dicha causa, la Corte entendió que existe en el caso una evidente lesión de la garantía del debido proceso “pues el a quo resolvió la cuestión sin considerar, siquiera mínimamente, los argumentos expuestos por la contribuyente tanto en lo relacionado a la valoración del material probatorio aportado a la causa, como en lo relativo a los cálculos efectuados por el juez de primera instancia para llegar a la conclusión de que el pago del tributo, sin ajuste por inflación, no vulneraba las disposiciones del artículo 17 de la Constitución Nacional”.
Sobre este último punto, señala que a fin de verificar la existencia de un supuesto de confiscatoriedad, en el precedente "Candy S.A." ese Tribunal consideró que la "...alícuota efectiva del tributo a ingresar no sería del 35 % sino que representaría el 62% del resultado impositivo ajustado correspondiente al ejercicio 2002, o el 55% de las utilidades - también ajustadas- obtenidas por la actora durante el ejercicio de ese mismo año..." (confr. considerando 8o, último párrafo). En momento alguno consideró, como lo hizo el tribunal de grado, que la afectación pudiera determinarse a partir de la comparación de la gabela que debía abonarse con el patrimonio neto del contribuyente”. Así, le ordena a la Cámara Federal de la Plata que efectúe un nuevo pronunciamiento conforme lo ordenado.
Conferido el traslado al Fisco Nacional, manifiesta que dicha causa continua en trámite y nada se ha definido. A fs. 115 luce acta labrada, que da cuenta de lo acontecido en la audiencia preliminar prevista en el art. 173 de la Ley 11.683 donde se ordena a las partes informen al Tribunal el estado procesal de la causa que tramita en la justicia federal y se ordena la apertura del período probatorio haciendo lugar a la prueba pericial.
A fs. 119/123 se encuentra agregada la sentencia de la Cámara Federal de la Plata del 27/11/2018 que revoca la sentencia y hace lugar a la pretensión de la actora declarando procedente en el caso, la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación por el período fiscal 2002.
A fs. 131/143 se encuentra agregado el informe pericial. A fs. 167 se clausura el período probatorio, se elevan a la Sala B, a fs. 170 se ponen los autos a alegar. A fs. 178/181 se encuentra agregado el alegato de a parte actora y a fs. 182/183 el del Fisco Nacional. A fs. 184 se ponen los autos a sentencia.
IV. Que, en relación a la supuesta vulneración del derecho de propiedad - consagrado en nuestra Constitución Nacional en el artículo 17- y del principio de no confiscatoriedad planteada por la recurrente, en primer lugar, cabe resaltar que si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Santiago Dugan Trocello S.R.L.” (Fallos: 328:2567), ha convalidado la constitucionalidad de las normas bajo análisis, destacó que dicha situación no implica abrir juicio definitivo sobre la legitimidad de la pretensión sustancial de la actora en orden a los derechos que entiende vulnerados. Al respecto, se ha señalado inveteradamente que, para que la confiscatoriedad exista, debe producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre muchos otros). Asimismo, en todos los casos en que se ha hecho lugar a tal planteo, se ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por la parte actora, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la mentada confiscatoriedad (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros).
En ese sentido, corresponde destacar a continuación que la Corte Suprema in re “Candy S.A. c/ AFIP y otros/ acción de amparo” sentencia del 3 de julio de 2009, destacó que “...no ha tenido la oportunidad de fijar los límites de confiscatoriedad en materia de impuesto a las ganancias -vide considerando XII-, señalando en este sentido que “...si bien el mero cotejo entre la liquidación de la ganancia neta sujeta al tributo efectuada sin el ajuste por inflación y el importe que resulta de aplicar a tal fin el referido mecanismo no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad (cfr. causa citada Santiago Dugan Trocello) ello no debe entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configure un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar” (vide considerando XIV).
Bajo tales pautas, debe interpretarse que la confiscatoriedad de un tributo no puede ser establecida sino a consecuencia del análisis detenido de las circunstancias de hecho que condicionan su aplicación, en definitiva, la violación al derecho constitucional de propiedad no puede resultar sino de la prueba de absorción por el Estado de una parte sustancial de la renta o del capital gravado.
Así ello, corresponde analizar si las constancias de autos y la prueba pericial contable aportada por la recurrente, resultan determinantes para esclarecer de forma razonable si la utilización del instituto de ajuste por inflación procede o no en el caso particular para evitar la confiscatoriedad del patrimonio de la actora, toda vez que del precedente citado del Máximo Tribunal no surge un porcentaje concreto de “confiscatoriedad” como límite aplicable.
V. Que, previo a adentrarnos en la prueba pericial producida en estas actuaciones, corresponde destacar que en autos obra sentencia del Máximo Tribunal conforme lo expuesto en el Considerando II, por la que analiza el caso a la luz del precedente "Candy S.A." y solicita a la Cámara Federal de la Plata que efectúe un nuevo pronunciamiento teniendo en miras que la Corte en ningún momento en dicho pronunciamiento señaló que “la afectación pudiera determinarse a partir de la comparación de la gabela que debía abonarse con el patrimonio neto del contribuyente”.
Ello así, la Excma. Cámara de la Plata dispuso admitir la demanda de la aquí actora y por ende, la aplicación del ajuste impositivo por inflación para el ejercicio fiscal 2002, para ello señaló que “se encuentra suficientemente probado que la liquidación del impuesto a las ganancias por el ejercicio 2002 con aplicación del ajuste por inflación arroja pérdidas (…)” Asimismo, concluyó que “la exigencia del tributo excede cualquier límite razonable de imposición, configurándose un costo de confiscatoriedad. Ello, toda vez que no estaría gravado una renta efectivamente obtenida por la actora en el ejercicio 2002, pues de aplicarse el ajuste por inflación, el resultado del período arroja pérdidas”.
Sin perjuicio de ello, en la presente instancia se ha producido una nueva pericial contable de la cual este juzgador deben efectuar un minucioso análisis.
Ello así, cabe resaltar que los expertos a partir del análisis de los papeles de trabajo suministrados por la empresa informaron en el período fiscal 2002 una pérdida neta por inflación de $1.267.518,83; en el punto 2 se determina que el impuesto a las ganancias por el período fiscal 2002 sin aplicar el ajuste por inflación es de $266.116,12. Por otro lado, en el punto 3 se establece para dicho período fiscal como resultado impositivo ajustado por inflación un quebranto de $507.187,05 (que surge de la declaración jurada presentada por la empresa), del punto 4 se observa que el resultado impositivo sobre base histórica para el período fiscal 2003, sin computar el traslado de quebranto sería de $61.597,67 y un impuesto determinado sobre base histórica de $21.559,18. En el caso del 2004, sin computar el quebranto el resultado impositivo sobre base histórica es de $122.040,04 y el impuesto determinado sobre esa misma base $43.714,01. Por su lado, cabe destacar como ya se describió que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recientemente, en la causa “Gaetano de Maio SA c/PEN (ME) y otro s/acción meramente declarativa de inconstitucionalidad” de fecha 10/07/2018, contribuyente de autos, descartó la posibilidad de determinar la afectación al derecho de propiedad a partir de la comparación de la gabela que debía abonarse con el patrimonio neto de la contribuyente -comparación que intenta realizar el perito del Fisco Nacional para evidenciar que no resulta aplicable al caso el mecanismo de ajuste por inflación-. Por último, en virtud de que en la especie se halla discutido el período 2002, es decir, el mismo en el cual el Alto Tribunal reconoció como circunstancia determinante de su modo de resolver el “grave estado de perturbación económica, social y política” que dio lugar a una de las crisis más graves de la historia contemporánea de nuestro país.
Por lo expuesto y al no existir en las presentes actuaciones fundamentos válidos que permitan al suscripto alejarse de lo resuelto por la Excma. Cámara corresponde tener por demostrada la existencia del supuesto de confiscatoriedad según el criterio establecido, entre otros, in re “Banco Bradesco Argentina SA c/ Estado Nacional – AFIP-DGI- Res. 48/07 s/DGI” sentencia del 12 de junio de 2012, y en los considerandos 7° y siguientes del precedente “Candy SA” (fallos: 332:1571), correspondiendo revocar la resolución venida en recurso por el año 2002, con costas.
VI. Que, con relación a los ajustes efectuados por el Fisco Nacional como consecuencia del traslado del quebranto impositivo originado en el año 2002 a los años 2003 y 2004 cabe traer a colación el fallo del Máximo Tribunal en autos “Consolidar Administradora de Riesgos del Trabajo ART S.A.”, de fecha 11/08/2015 donde, en un caso de aristas similares a la situación planteada en este caso, se le hizo lugar al planteo respecto del cómputo del ajuste por inflación en el año 2002, pero se rechazó que se determine un quebranto impositivo y que se lo aplique, en consecuencia, para compensar con las ganancias en los períodos fiscales subsiguientes.
Al respecto la Corte señaló que: “la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación en los términos del precedente “Candy”, lo es al solo efecto de evitar “…una absorción por parte del Estado de una proporción sustancial de la renta o el capital (confr. Considerando 7°, cuarto párrafo del fallo “Candy”, lo que en las circunstancias del caso de autos, y en lo referente al ejercicio 2002, se traduce en admitir que el pago del impuesto fue hecho sin causa –y que procede su repetición- pero no se deriva de ello el reconocimiento de un quebranto que pueda ser utilizado por el contribuyente en otros ejercicios fiscales (confr., en igual sentido, causa CSJ 612/2013 (49-A) /CS1 “Alubia S.A. c/AFIP – Dirección General Impositiva s/repetición”, fallada el 4 de noviembre de 2014). En consecuencia, corresponde revocar la sentencia en el aspecto examinado, toda vez que resulta improcedente la demanda de repetición en lo relativo a los ejercicios fiscales 2003 y 2004 pues la pretensión tiene como sustento el menor tributo que se hubiera abonado a causa del cómputo del quebranto del ejercicio del año 2002”. Criterio que fuera reiterado por el Máximo Tribunal en sendos precedentes, entre ellos, recientemente en la causa “Orbis Merting San Luis SA c/EN -AFIP- dgi p/ordinario” de fecha 29/05/18.
En el presente caso, no se ha demostrado que, en cada uno de los años 2003 y 2004, la aplicación del ajuste por inflación impositivo hubiera evitado que el Estado absorbiera una porción sustancial de la renta o el capital, dado que la única variable considerada respecto de estos años es el traslado del quebranto originado en el año 2002 como consecuencia del cómputo del ajuste por inflación.
En definitiva, no acreditó la recurrente que de no considerarse el quebranto correspondiente al período 2002, el tributo ajustado por los demás períodos resulte confiscatorio por lo que corresponde confirmar las resoluciones apeladas, capital e intereses, respecto de los períodos 2003 y 2004, con costas.
X. Que, respecto a las multas impuestas por los períodos 2003 y 2004, en los términos del artículo 45 de la ley 11.683 corresponde analizar si las mismas se ajustan o no a derecho.
Al respecto, cabe señalar que dicho artículo tipifica la infracción requiriendo la concurrencia de la omisión de pago del impuesto mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o la presentación de declaraciones juradas inexactas; se trata de un ilícito culposo que protege como bien jurídico la renta fiscal. Asimismo, la norma establece expresamente que no procederá la sanción en los casos en que exista “error excusable”.
En otras palabras, para que la conducta en análisis pueda ser reprimida, se deben verificar concurrentemente los aspectos objetivo y subjetivo configuradores del ilícito de marras.
En autos, la conducta que se le reprocha a la apelante es haber trasladado el quebranto supuestamente originado en el período 2002 para compensarlo con las ganancias generadas en los períodos subsiguientes. De este modo, cabe considerar que ha quedado acreditado en autos la configuración del elemento objetivo del ilícito que nos ocupa.
Ahora bien, en relación con el elemento subjetivo, el tipo infraccional contemplado en el artículo 45 de la ley procedimental requiere para su configuración el elemento culposo, traducido en una conducta negligente desplegada por el contribuyente respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, como lo fue declarar datos en las declaraciones juradas que no representaban la verdadera situación fiscal de la contribuyente.
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dispuesto en el fallo Casa Elen-Valmi de Claret y Garello, de fecha 31/03/1999 que “esta Corte ha reconocido en numerosas oportunidades que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos - T. 271 - pág. 297; T. 303 - pág. 1548; T. 312 - pág. 149). Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Fallos - T. 316 - pág. 1313; causa L.269.XXXII "Lambruschi, Pedro Jorge s/L. 23771", fallada el 31/10/1997)”.
En efecto, en las presentes actuaciones, la actora ha cometido una conducta que se subsume en el concepto de culpa que sólo podrá desvirtuarse probando la existencia de un error excusable. La jurisprudencia ha señalado que “para su viabilidad se requiere que el error sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser analizados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria. En todos los casos, el contribuyente debe demostrar que ha actuado con un comportamiento normal y razonable frente al evento en que se halló, procediendo con la prudencia que exigía la situación” (CSJN, “Morixe Hnos. S.A.C.I”, pronunciamiento del 20/08/1996, Fallos: 319:1524; CNCAF, Sala III, Causa N° 36.571/12, in re “Argentino Foot Ball Club (TF 28506-I) c. DGI”, del 13/02/2013; Sala V, “Athuel Electrónica S.A. (TF 20.688-I) c. D.G.I.”, expte. 22.846/06, 11/05/2006 y recientemente, Sala III “Arauca Bit A.F.J.P. S.A.”(TF 36903-I) c. D.G.I. s/ recurso directo de organismo externo, del 16/02/2017).
En el caso de autos, no se encuentra acreditado el error excusable, toda vez que el contribuyente aplicó un método de ajuste por inflación que se encontraba derogado por una ley del congreso, apartándose del derecho vigente, lo que impactó en los períodos en discusión.
En efecto, cabe destacar lo señalado por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, en un caso de aristas similares, donde incluso pese a tener el contribuyente una medida cautelar a su favor se interpretó que no existía error excusable. A saber, “Frutos de Cuyo SA c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, Sala V, 05/04/2016 “en el sub lite no se advierte la configuración de un error excusable, esto es, la existencia de una causal exculpatoria válida que permita a la contribuyente eximirse de la responsabilidad endilgada. En efecto, el pago defectuoso del impuesto a las ganancias fue consecuencia de la medida cautelar dictada por el Juez Federal de San Juan, tutela de carácter esencialmente provisional que crea un estado susceptible de revisión y modificación en cualquier etapa del juicio al variar los presupuestos determinantes de la traba o al aportarse nuevos elementos de juicios que señalen la improcedencia del mantenimiento de la medida (conf. art. 202 del CPCCN; y Sala II, in re “Pedro Moscuzza e Hijos S.A y otros c/ EN- Res. 526/03 s/ proceso de conocimiento” y sus citas, del 27/02/2014). El carácter provisional de dicha tutela no podía ser desconocido por la actora, quien la obtuvo bajo su responsabilidad (arg. arts. 199 y 208 del CPCCN), lo que implica hacerse cargo de las consecuencias derivadas de la eventual revocación, o de la desestimación del planteo de fondo.
Asimismo, cabe advertir que el sumario impositivo se refiere a la declaración inexacta presentada por la contribuyente respecto del período fiscal 2003, lo cual no guarda vinculación con la acción de amparo, ya que en ésta no solicitó la compensación en el siguiente ejercicio fiscal de los quebrantos originados por la aplicación del ajuste por inflación en el ejercicio 2002.
Aun si en la acción de amparo se hubiese confirmado la aplicación del ajuste por inflación en el ejercicio 2002 y, como alega la contribuyente, de la declaración surgiera un quebranto, éste no podría ser compensado en el período fiscal 2003. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos: 335:1923, con remisión al dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal, sostuvo que los quebrantos no podían ser encuadrados en los lineamientos del precedente “Candy” por la sencilla razón de que no había tributo a pagar que pudiera ser cotejado con el capital o la renta gravados para verificar si existió una absorción inadmisible de éstos”.
En virtud de lo expuesto corresponde confirmar las multas aplicadas, con costas. Ello no obstante, se estima que la graduación de la pena en un 70% del impuesto omitido aparece excesiva, atento que de las actuaciones ninguna constancia indica que el encartado contara con antecedentes en materia sancionatoria ni que hubiera obstaculizado o entorpecido la actividad de los inspectores actuantes. Estas circunstancias ameritan reducir el quantum de la pena a su mínimo legal.
Por ello, se resuelve revocar el acto apelado en lo que hace al período fiscal 2002 y confirmar en relación a los ajustes correspondientes a los períodos fiscales 2003 y 2004, reduciendo las multas al mínimo legal, costas conforme los respectivos vencimientos y por su orden por la parte que se reducen las multas.
Los Dres. Pérez y Magallón dijeron:
Que adherimos al relato de los hechos de la causa que realiza el Dr. Porporatto, así como también adherimos a la solución propuesta para la misma, votando en el mismo sentido a la luz de los reiterados precedentes de la Corte Suprema de Justicia -de los que da cuenta el máximo Tribunal en el precedente “Giorno S.A.” del 24/06/2021. ASI VOTAMOS.
Por ello, SE RESUELVE:
Revocar el acto apelado en lo que hace al período fiscal 2002 y confirmar en relación a los ajustes correspondientes a los períodos fiscales 2003 y 2004, reduciendo las multas al mínimo legal, costas conforme los respectivos vencimientos y por su orden por la parte que se reducen las multas.
Regístrese, notifiquese a las partes, resérvese para su posterior impresión e incorporación al expediente y oportunamente archívese.
Date: 2022.08.11 15:05:05 ART Date: 2022.08.11 15:34:33 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.11 17:57:22 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.11 17:57:34 -03:00
Fin de la sentencia