Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado en autos, con costas.
2Intimar al incidentista para que en el término de cinco (5) días ingrese la suma de $ 12.033,95 (pesos doce mil treinta y tres con 95/100) en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda, la que incluirá los intereses resarcitorios devengados en los términos del artículo 7° de la Ley N° 25.964, a fin de que la AFIP inicie el procedimiento de ejecución fiscal.
3Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 662 (Pesos seiscientos sesenta y dos) por el patrocinio letrado y de $ 265 (Pesos doscientos sesenta y cinco) por la representación procesal, las que quedan a cargo de la incidentista, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en la etapa cumplida, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe firma conjunta Número: IF-2021-93443608-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 1 de Octubre de 2021 En Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expediente N°47.785 caratulado “GAGO CARLOS ALBERTO s/ incidente de beneficio de litigar sin gastos”, conforme a lo dispuesto en el Acta Acuerdo del 16/03/2020, la Res. 2020-13-APN-TFN#MEC, prorrogada por las Res. 2020-17-APN-TFN#MEC y 2020-23-APN-TFN#MEC, lo establecido por el art. 12 de la Acordada de fecha 8/9/20 que obra como Anexo en la Res. 2020-44-APN-TFN#MEC y lo resuelto mediante el Acta Acuerdo Plenario de fecha 16/3/2021 que obra como Anexo en la Res. 2021-13-APN-TFN#MEC.
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 26/30 CARLOS ALBERTO GAGO, en nombre propio, solicita se le conceda el beneficio de litigar sin gastos, argumentando que se encuentra materialmente imposibilitado a la fecha de afrontar financiera y económicamente la tasa de actuación prevista para los presentes autos, originada en el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° 140/2016 (DV MRR2) por la que se determinó de oficio la responsabilidad solidaria por deudas fiscales contraídas por la empresa VIGILANCE S.A. en el Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales 09/2012, 11/2012, 12/2012 y 04/2013, con más los intereses resarcitorios correspondientes. Manifiesta que, conforme lo autorizan los arts. 78 y sss del C.P.C.C.N, solicita eximición de pago de la tasa de actuación y demás gastos judiciales por considerar que no ostenta bienes para cubrir el exorbitante monto de la tasa de actuación, equivalente a $ 12.033,95 Lo sustenta en que no poseía a la fecha de interposición de la solicitud un trabajo estable que le asegure un ingreso mensual mínimo, encontrándose así imposibilitado de generar recursos económicos necesarios a fin de afrontar la tasa de actuación que se le requiere. Se respalda además en la delicada situación económica de público y notorio conocimiento, tanto macroeconómica como microeconómica que atraviesa nuestro país, que provocaría que las empresas reduzcan aquellos costos que consideran no esenciales, entre los cuales se destaca la seguridad privada. Esa merma en la demanda del servicio que prestaría desde hace 20 años le impiden obtener recursos en el corto plazo. Con el fin de clarificar su verdadera situación expone que se encuentra habitando una vivienda facilitada por sus hijos, quienes permanentemente le brindan diversos bienes a fin de cubrir sus necesidades básicas.
Agrega que la inexistencia de bienes registrables -los cuales le podrían generar una mínima solvencia-, exterioriza aún más la delicada situación por la que atraviesa. Manifiesta que no puede acceder a créditos para afrontar los gastos del recurso. Plantea que la exigencia de la tasa afectaría su derecho de defensa pleno ante el Tribunal. Cita jurisprudencia que hacen a su derecho, ofrece prueba documental, e informativa dirigida a los Registros de la Propiedad Inmueble (CABA) y del Automotor como así también al ANSES, en este último caso para que informe si posee empleados registrado bajo relación de dependencia y si percibe algún beneficio de dicho organismo. Hace reserva del caso federal para el supuesto que se rechace el pedido de litigar sin gastos.
II. Que a fs. 39 tomó intervención la representante fiscal en los términos del artículo 80 del CPCCN y solicita que oportunamente se le otorgue el traslado que prevé el artículo 81 del citado código.
III. Que a fs. 40 se abre a prueba por el término de 60 días, se tiene por agregada la prueba documental, haciéndose lugar a la informativa propuesta. A fs 46 se acredita el diligenciamiento de los oficios. De fs 47 a 64 lucen las respuestas de los organismos consultados. A fs 67 se declara cerrado el período de instrucción y se da vista a las partes de la prueba producida. A fs 68/72 lucen las contestaciones de los traslados.
IV. A fs. 76 se elevan las actuaciones a la consideración de la Sala “D” .
V. Que la ley N° 25.964 en su art. 9° establece la exención del pago de la tasa de actuación a las “personas que actuaren con beneficio de litigar sin gastos” y que este instituto se ve plasmado en el art. 78 del C.P.C.C.N., donde se ampara a quienes “carecieren de recursos” esto es, los que se encuentran en una situación de pobreza tal que de no poder afrontar el pago de la tasa, afectaría su derecho a estar en juicio.
Que para analizar el sustento del citado instituto, debemos remitirnos a los dos preceptos de raigambre constitucional como son; la garantía de defensa en juicio y la igualdad ante la ley (arts. 18 y 16 de la Constitución Nacional), como pilares que vienen a asegurar la prestación de los servicios de justicia que se ajusta a la situación económica de quienes no pueden afrontar un litigio.
En este orden de ideas, en tanto constituye un privilegio de carácter excepcional, su concesión ha de valorarse en forma restrictiva, lo que determina que la ausencia de recursos económicos que imposibiliten el pago de los costos causídicos deba ser demostrada en forma fehaciente, carga que le incumbe al peticionante (conf. art. 79, ap. 2°. C.P.C.C.N.)
Que asimismo corresponde aclarar que la concesión de este beneficio "...queda librada a la prudente apreciación judicial, en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas "(CSJN, "Siderman José y otros c/Nación Argentina y Provincia de Tucumán s/daños y perjuicios" ED - T. 132 - pág 142), por lo que es el Tribunal quien debe efectuar en cada situación concreta, un examen particularizado de las pruebas aportadas a fin de determinar la carencia de recursos, o la imposibilidad de obtenerlos, de quien invoque el beneficio para afrontar las erogaciones que demande el proceso en cuestión.
VI. Otro aspecto a tener en cuenta es que, a pesar de que la ley de procedimiento tributario prevé que “En la instancia ante el Tribunal Fiscal de la Nación los interesados podrán actuar personalmente, por medio de sus representantes legales, o por mandatario especial...” (art. 160 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.), el incidentista ha optado por actuar con letrado patrocinante, lo que es un argumento más para tener en cuenta al momento de valorar la real “carencia de fondos”, toda vez que deberá afrontar el pago de los honorarios correspondientes a la actuación del profesional interviniente. Que así como corresponde prever los honorarios del profesional - patrocinante- con motivo del recurso incoado, también debe considerarse el arancel correspondiente a la tasa de actuación que establece la ley Nº 25.964, puesto que ninguno de esos gastos surge en forma intempestiva, sino que son consecuencia de la decisión que adopta el propio apelante en el momento de acudir ante esta instancia jurisdiccional.
VII. Que en las presentes actuaciones la incidentista, lo único que ha aportado patrimonialmente son informes parciales (Registro Automotor y Registro de la Propiedad Inmueble) respecto de la diversidad de bienes que podría ostentar (en general, cuentas bancarias, títulos valores, títulos públicos, dinero en efectivo, entre otros; y en particular haber aclarado respecto de la existencia o no de un vínculo patrimonial que lo ligaba con la empresa VIGILANCE -accionista-) . Para ello hubiera sido necesario como punto de partida la exhibición de una declaración jurada que incluyera la totalidad de los bienes que posee. Aún así, ello debió estar acompañado con un flujo de fondos de las actividades que desarrolla y los gastos a los que debía hacer frente. En su escrito de presentación hace afirmaciones dogmáticas, como el aporte por parte de los hijos a los fines de la subsistencia o la actividad irregular que presta, sin dejar de afirmar que la empresa VIGILANCE también se vio afectada por la disminución de sus ingresos. El informe de la ANSES tampoco permite clarificar su situación patrimonial ni sus ingresos totales, ya que la única aseveración que hizo el organismo informante es que no percibe beneficio alguno, inclusive no contestó el punto solicitado en la probanza ofrecida vinculada a si tenía empleados en relación de dependencia o no, derivando dicha respuesta a la Administración Federal de Ingresos Púbicos, que de todas formas no hubiera convalidado su imposibilidad de pagar la tasa de actuación ante el Tribunal. Todo lo expuesto, de ninguna manera permite merituar la situación económico-financiera del Sr. Gago, no habiendo acercado información patrimonial ni flujo de fondos que indujeran mínimamente a transparentar la situación de pobreza esgrimida. Tampoco ha incorporado elementos referentes a hechos posteriores que pudieren confirmar sus dichos, en especial lo manifestado en cuanto a que no podía hacer frente a la exorbitante suma de $ 12.033,95. Que a juzgar por la ausencia total de evidencias, que permitan corroborar la supuesta falta de medios para poder afrontar el pago de la tasa de actuación ante este Tribunal, corresponde denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado en autos, con costas, bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda la que incluirá los intereses resarcitorios devengados en los términos del artículo 7º de la Ley N° 25.964.
Por último corresponde intimar a la incidentista para que en el término de cinco (5) días ingrese la suma de $ 12.033,95 (pesos doce mil treinta y tres con 95/100) en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda, la que incluirá los intereses resarcitorios devengados en los términos del artículo 7° de la Ley N° 25.964, a fin de que la AFIP inicie el procedimiento de ejecución fiscal. La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere en lo sustancial a los argumentos del Dr. Martin, en cuanto a que el incidentista no acredito en autos de manera fehaciente la hipótesis de pobreza por su parte argumentada.
Que por ello, corresponde denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado en autos, con costas e intimar la tasa de actuación debida, bajo apercibimiento de librar boleta de deuda (conf. ley N° 25.964)
La Dra. O'Donnell dijo:
Que adhiero al voto del Vocal Instructor.
Del resultado de la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado en autos, con costas.
2. Intimar al incidentista para que en el término de cinco (5) días ingrese la suma de $ 12.033,95 (pesos doce mil treinta y tres con 95/100) en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librarse la correspondiente boleta de deuda, la que incluirá los intereses resarcitorios devengados en los términos del artículo 7° de la Ley N° 25.964, a fin de que la AFIP inicie el procedimiento de ejecución fiscal.
3. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 662 (Pesos seiscientos sesenta y dos) por el patrocinio letrado y de $ 265 (Pesos doscientos sesenta y cinco) por la representación procesal, las que quedan a cargo de la incidentista, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en la etapa cumplida, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
4. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos, en la suma de $1.324 (Pesos mil trescientos veinticuatro), equivalente a 0.32 (cero con 32/100) UMA, y de $529 (Pesos quinientos veintinueve) equivalente a 0.13 (cero con 13/100) UMA por la representación procesal teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada, la etapa procesal cumplida y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423 y la Acordada N° 12/21 (13/07/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto 1077/2017. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Date: 2021.09.30 17:32:12 -03:00 Date: 2021.10.01 11:22:54 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.10.01 11:53:25 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.10.01 11:53:26 -03:00
Fin de la sentencia