Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 47.785-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada con costas.
2Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 17.650 (Pesos diecisiete mil seiscientos cincuenta) por el patrocinio letrado y $ 7.060 (Pesos siete mil sesenta) por la representación procesal los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada por los profesionales intervinientes en autos en la etapa cursada, en conformidad con las pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-83087238-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 10 de Agosto de 2022 En la fecha, se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el EXPTE Nº47.785-I caratulado "GAGO CARLOS ALBERTO S/ Recurso de apelación-. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO".
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 26/45 el Sr. Carlos Alberto Gago, interpone recurso de apelación contra la resolución N° 140/2016, de fecha 29 de diciembre de 2016, dictada por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Microcentro de la Dirección General Impositiva- A.F.I.P mediante la cual se estableció en conjunto con los intereses resarcitorios su responsabilidad personal y solidaria respecto del gravamen dejado de ingresar por Vigilance S.A correspondiente al Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales septiembre, noviembre y diciembre 2012 y abril 2013.
Manifiesta que el 9 de noviembre de 2012 renunció al cargo de presidente de la sociedad, siendo dicha renuncia aceptada por el Directorio el 14 de noviembre del mismo año; por lo que al momento de la imputación de los tributos no se encontraba a cargo de la firma, no concurriendo de esta forma los elementos objetivos y subjetivos del cargo que se le imputa. En virtud de ello, destaca que el obligado principal a realizar el procedimiento de inscripción de los nuevos directores recae en cabeza del ente societario, atento que posee todas las prerrogativas, medios y documentación exigida por el órgano de contralor para este tipo de procedimiento; por lo que se desliga de dicha responsabilidad y de los cargos que se le pueden establecer.
Explica que luego de su renuncia, no tuvo más contacto con la firma, por lo que los datos que aporta el Fisco Nacional para acreditar su vinculación son improcedentes. En este sentido señala que la cuenta bancaria del Banco Credicop dejó de operar en abril de 2012; es decir con anterioridad a los períodos fiscalizados; y es por dicha razón que no se denunció en su oportunidad la renuncia de su cargo.
De igual manera, sucede con el Formulario Nº 460, el cual data de fecha 17 de mayo de 2012 y con los movimientos que surgen de los extractos del Banco Macro, los cuales sólo son para costear el mantenimiento de la cuenta.
Finalmente informa que Vigilance S.A dejó de prestar servicios en diciembre 2012.
Por los motivos expuestos, solicita que se revoque la resolución apelada, con costas. Ofrece prueba documental e informativa. Cita jurisprudencia y hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 56/67 se presenta el Fisco Nacional contestando el traslado deducido en autos.
Manifiesta que la responsabilidad solidaria y personal del Sr. Carlos Alberto Gago se efectuó de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 8 de la ley Nº 11.683 (t.o en 1998 y sus modificaciones), los cuales establecen que los directores de la sociedad responden como responsables por deuda ajena; es decir que primero se le reclama al deudor principal, Vigilance S.A y luego a los que responden subsidiariamente. Por consiguiente, al no haber cancelado la deudora principal el saldo del impuesto intimado y toda vez que de las actuaciones administrativas surge el carácter de presidente del Directorio que posee dicho contribuyente frente a la sociedad, considera procedente la responsabilidad solidaria que se le imputa. En este sentido, explica que en el caso de autos, aplica la “inversión de la carga de la prueba”, por lo que es el responsable quien debe probar suficiente y fehacientemente la veracidad de los argumentos que sostiene.
Señala que no es necesario el procedimiento de determinación de oficio a la deudora principal, toda vez que aquí lo que se discute es la no cancelación de los saldos de las declaraciones juradas en el Impuesto al Valor Agregado y no la impugnación de las mismas. En consecuencia, atento a lo normado en la citada ley, la inspección actuante trasladó dicha responsabilidad al presidente de la firma.
A los fines de corroborar el cargo que se le imputa, menciona que de las publicaciones efectuadas en el Boletín Oficial surge el carácter del presidente del Sr. Gago, constatándose dicho cargo también en el acta Nº 28 del 11 de octubre de 2012 que figura en la Inspección General de Justicia.
En referencia a las respuestas de las circularizaciones bancarias, expone que tanto en las cuentas del Banco Credicop como el Banco Macro, el Sr. Carlos Alberto Gago figura como titular de la cuenta; operando desde septiembre 2012 a abril 2013 y desde septiembre 2012 a enero del 2013, respectivamente; por tanto, a la fecha de los actos imputados, la recurrente ocupaba el cargo de presidente.
Explica que también se encuentra acreditada la disposición de fondos del contribuyente, toda vez que de la base informática surge que el Sr. Gago en su calidad de presidente suscribió varios plan de facilidad de pago y consignó una cuenta de su titularidad; no habiendo la actora aportado prueba suficiente para desvirtuar estos dichos.
En consecuencia, al no probar la recurrente el cese de su función como presidente y ya que continuó con la disposición de los fondos y no cumplió a su vez con el requisito legal de registrar las modificaciones de la índole a los efectos de lograr su publicidad y oponibilidad a terceros, esta parte solicita que se confirme la resolución apelada, con costas. Ofrece antecedentes administrativos. Se opone a la prueba ofrecida por la actora. Cita jurisprudencia y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 78 se hizo lugar a la oposición planteada por el Fisco Nacional con relación a la prueba ofrecida por la recurrente a fs. 41, toda vez que la misma resulta dilatoria al ser idéntica a la acompañada en sede administrativa.
IV. Que a fs. 82 se le requirió al Fisco Nacional que informe si el Sr. Carlos Alberto Gago o Vigilance S.A se adhirió al régimen de regularización establecido por la ley Nº 27.541 y sus modificaciones. Dicha intimación fue contestada a fs. 105 señalando que las obligaciones principales no fueron canceladas por la sociedad ni por el contribuyente de referencia. En consecuencia a fs. 106 se dejó constancia que continuaban las actuaciones, según su estado.
V. Que por medio de la PV-2022-53922944-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D”; encontrándose en condiciones de dictar sentencia a fs. 114.
VI. Que corresponde resolver si la resolución 140/2016 se ajusta a derecho, analizando la procedencia de la extensión de responsabilidad del Sr. Gago Carlos Alberto por el incumplimiento de Vigilance S.A. en el pago de su deuda tributaria en el Impuesto al Valor Agregado.
Que el artículo 8° en su inciso a) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.) establece -en su parte pertinente- que: “Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo, y si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los primeros cinco (5) incisos del art. 6º cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del artículo 17. No existirá sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales.”
A lo que cabe agregar que el art. 17 de la ley de procedimiento fiscal dispone que en todos los casos en que pretenda hacerse efectiva la responsabilidad solidaria, deberá sustanciarse el procedimiento de determinación de oficio reglado en dicho artículo.
Que la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal señala en el fallo Citroni, René Nerio (TF 28.112-I) c/DGI de fecha 16/04/2013, que la responsabilidad del solidario nace solo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago cursada por el Organismo Recaudador; es decir que la falta de cumplimiento por parte del deudor principal a la intimación es el hecho que habilita al Fisco Nacional a extender la responsabilidad al solidario. La determinación de oficio cumplida respecto de aquel a quien se quiere hacer efectiva la responsabilidad solidaria solo se puede dictar una vez vencido el plazo de la intimación de pago cursada al deudor principal: solamente a su expiración se podrá tener por configurado el incumplimiento del deudor principal que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad al responsable por deuda ajena, sin que se advierta obstáculo legal alguno para que el Fisco comience el procedimiento de determinación de oficio con el objeto de verificar la eventual responsabilidad solidaria, aun antes de intimar de pago al deudor principal.
Que ello así, cabe resaltar que el recaudo necesario para extender la responsabilidad solidaria se encuentra cumplido en el caso en examen, toda vez que la vista al proceso de determinación de oficio fue iniciada el 1 de agosto de 2016 y notificada el 8 de agosto del mismo año; siendo las declaraciones juradas impagas correspondientes a los períodos 09/2012, 11/2012, 12/2012 y 04/2012; por lo que encontrándose incumplidas las intimaciones de pago y emitidas las correspondientes boletas de deuda, resulta procedente que el ente fiscal inicie el procedimiento de determinación de oficio con relación al responsable solidario, dictándose el 29 de diciembre de 2016 la determinación respecto de éste último.
VII. Que en consecuencia, corresponde analizar los presupuestos fácticos y jurídicos que habilitan la responsabilidad solidaria del recurrente.
Que dicha responsabilidad concurren dos obligaciones distintas, una es la obligación principal a cargo del contribuyente y otra accesoria y de carácter subsidiario, que es la que garantiza el responsable, que ello es así porque su responsabilidad tiene por causa el incumplimiento de los deberes tributarios impuestos a los directores, gerentes, administradores o representantes de la sociedad, responsabilidad que surge con posterioridad a la verificación del hecho imponible y a raíz de la conducta del responsable del impuesto; se basa en el principio jurídico de la culpa, requiriéndose para ser hecha efectiva que el deudor (la sociedad) no cumpla la intimación de pago (Conf. CNACAF, Sala IV, “Club Atlético Adelante Asoc. Civil y Deportiva (TF 15.567-I) c/DGI”, sentencia del 15/7/1999).
Que en el caso bajo análisis, conforme surge del Informe Final de Inspección (fs.28/30, Cpo. N°1, act. adm.) y demás constancias agregadas en las actuaciones administrativas, la sociedad Vigilance S.A. tiene como objeto la prestación de servicios de seguridad y vigilancia, habiendo estado la administración y representación a cargo del Sr. Carlos Alberto Gago, en su carácter de presidente de Directorio en los periodos fiscales efectuados (fs.55/61 Actuación Nº 10742-31-2016.).
Que si bien la recurrente se agravia manifestando que renunció a su cargo el 9 de noviembre del 2012, y su renuncia aceptada por el Directorio el 14 de noviembre del mismo año, cabe resaltar que el artículo 60 de la Ley de Sociedades Comerciales (Ley Nº 19.550 y sus mod) dispone que toda designación o cesación de administradores debe ser inscripta en los registros correspondientes e incorporada al respectivo legajo de la sociedad. También debe publicarse cuando se tratare de sociedad de responsabilidad limitada o sociedad por acciones. La falta de inscripción hará aplicable el artículo 12 de dicho cuerpo legal.
Que en el caso de autos, conforme surge a fs. 25 y 68 de los antecedentes administrativos (Cpo. Principal de Actuaciones- Responsabilidad Solidaria) el 15 de abril de 2014 se publicó en el Boletín Oficial la Asamblea del 11 de octubre de 2012 la cual renovó el Directorio. Allí se designó como presidente al Sr. Carlos Alberto Gago y como directora suplente a la Sra. Laura Beatriz Belli.; por lo que en abril 2014 se tenía conocimiento de la renuncia mencionada por la actora y sin embargo dicho acto no fue publicado. En este orden de ideas, cabe destacar que fs. 45/48 de los antecedentes administrativos obra el detalle de los accionistas de Vigilance S.A- Base de datos del organismo fiscal-, de donde surge que al 26 de noviembre de 2013 el Sr. Carlos Alberto Gago era el presidente de la sociedad. En efecto, corresponde no hacer lugar al planteo esgrimido por la recurrente. Asimismo, debe desestimarse el agravio de la actora al indicar que el procedimiento de inscripción de los nuevos directores recae en cabeza del ente societario; toda vez que el artículo 12 de la Ley de Sociedades establece que las modificaciones no inscriptas regularmente obligan a los socios otorgantes. Son inoponibles a los terceros, no obstante, estos pueden alegarlas contra la sociedad y los socios, salvo en las sociedades por acciones y en las sociedades de responsabilidad limitada.
Que en relación a la presunta designación como presidente de la firma del Sr. Carlos Guillermo Facenti, cabe señalar que a fs. 170 de los antecedentes administrativos se desprende que el mismo no posee CUIT; siendo éste uno de los requisitos mínimos que se deberían haber probado para ocupar dicho cargo. Tampoco se informó dicho cambio en las cuentas bancarias, toda vez que las respuestas de las circularizaciones informan que el titular de la cuenta era el Sr. Carlos Alberto Gago (fs. 26 de los antecedentes administrativos). Por consiguiente, no existe vínculo alguno entre el Sr. Facenti y la firma Vigilance S.A, atento a que el mismo no fue accionista ni director como sostiene la recurrente en su escrito recursivo.
Que ello así, corresponde al responsable aportar la prueba irrefutable y concluyente, apta y necesaria para desvirtuar el principio de responsabilidad e incumbencia que viene dado por la posesión del cargo y, de esa forma, permitir desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde la óptica de su actuación concreta y específica en el seno de la sociedad, es decir, desde el plano de la imputación subjetiva. En efecto, la carga probatoria de los aspectos o circunstancias en las cuales el presunto responsable solidario pretende hacer recaer las causales exonerativas de dicha responsabilidad recae en el propio contribuyente, debido a que “así resulta también de la clara letra de la ley cuando ... se establece que no existirá, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a quienes demuestren debidamente a la Dirección General que sus representados, mandantes, etc. los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales; esto es, que el onus probandi se coloca en cabeza de quien pretende eximirse de responsabilidad”. (conf Bertinetti, Daniel Edgardo s/apelación - Trib. Fiscal Nac. - Sala B - 12/09/2017). Que por lo tanto, son los responsables solidarios quienes deben aportar la prueba irrebatible y concluyente para desvirtuar la responsabilidad atribuida desde el punto de vista subjetivo, la que recae sobre aquellos que administren o dispongan de los bienes sociales, encontrándose obligados a cumplir con los deberes tributarios a su cargo y a ellos les alcanza la responsabilidad por los hechos u omisiones en que incurrieren, derivando de su conducta la solidaridad con los deudores de gravámenes que establece la ley. Que en virtud de ello, es el responsable quien debe desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde su actuación en la sociedad, lo que no ha sucedido en autos.
Que en consecuencia, el Sr. Carlos Alberto Gago, resulta responsable solidario por los montos que el Fisco Nacional oportunamente reclamados a la sociedad Vigilance S.A. en concepto de Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales septiembre, noviembre y diciembre de 2012 y abril 2013.
VIII. Que finalmente, respecto a los intereses resarcitorios reclamados, debe resaltarse que éstos se ajustan a lo dispuesto en el art. 37 de la ley de rito fiscal, por lo que debido a que la recurrente no formuló agravios sobre los mismos, corresponde su confirmación.
IX. Por los argumentos desarrollados en los considerandos VI a VIII, corresponde confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere al voto del Vocal Instructor.
La Dra. O`Donnel dijo:
Que adhiere a la decisión adoptada por el Vocal Instructor.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución apelada con costas.
2. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 17.650 (Pesos diecisiete mil seiscientos cincuenta) por el patrocinio letrado y $ 7.060 (Pesos siete mil sesenta) por la representación procesal los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin el monto del litigio, el resultado obtenido y la tarea desarrollada por los profesionales intervinientes en autos en la etapa cursada, en conformidad con las pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.08.10 10:04:06 -03:00 Date: 2022.08.10 12:48:28 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.10 13:45:49 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.10 13:45:50 -03:00
Fin de la sentencia