Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 14 de San Isidro · Causa SI-39262-2019
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la demanda entablada por Yamila Soledad Gaillard contra LA CENTRAL DE ESCOBAR S.A ., por daños y perjuicios.
2Condenar a esta última a abonarle a la primera la suma de $ 21.690.000 (veintiún millones seiscientos noventa mil pesos) , en el plazo de diez días de quedar firme esta sentencia, con más los intereses dispuestos en el CONSIDERANDO VIII de la presente, hasta su efectivo pago.
3Hacer extensiva la presente condena contra PROTECCION MUTUAL DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS , con el alcance establecido en el CONSIDERANDO VI.
4Imponer las costas a la parte accionada en su condición de vencida (arts. 68 y concordantes del C.P.C.).
5Diferir la regulación de honorarios hasta la oportunidad prevista por el art. 51 de la ley 14.967.
San Isidro, 19 de noviembre de 2026.
Estos autos caratulados "GAILLARD, Yamila Soledad C/ CENTURION, Eber Santiago y otros S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", expediente número 39262, en estado de dictar sentencia definitiva; teniendo a la vista las constancias digitales de la causa penal n° 14-02-007944-19/00, "CENTURION, Eber Santiago S/ LESIONES CULPOSAS"; y de los cuales,
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Promueve el Dr. Cristian Adrián Bencich, en carácter de apoderado de Yamila Soledad Gaillard, demanda por daños y perjuicios contra Eber Santiago Centurión y LA CENTRAL DE ESCOBAR S.A. Pide se cite en garantía a PROTECCION MUTUAL DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS.
Manifiesta que el 12 de junio de 2019, alrededor de las 13:30 horas, ascendió al colectivo de la línea 276 y se sentó en la última fila de asientos, del lado izquierdo. Refiere que la unidad se detuvo en una parada ubicada en Arroyo y Piñero, Zelaya, Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, para ascenso y descenso de pasajeros, ocasión en que fue embestida en su parte trasera por el colectivo de la línea 520, interno 132, conducido por el codemandado Centurión.
Agrega que, a raíz del impacto, cayó al piso y sufrió lesiones, y que fue trasladada en ambulancia al Hospital Municipal de Pilar.
Atribuye responsabilidad a los accionados, determina los rubros y montos reclamados, ofrece prueba y solicita que se haga lugar a la demanda, con costas.
- II -
Corrido el traslado de ley, conforme con la presentación del 31/08/2021, se presenta la Dra. Zaira Fernanda León Soria, en representación de PROTECCIÓN MUTUAL DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS.
Reconoce cobertura de responsabilidad civil para el dominio JOH-590 mediante póliza 155248, con franquicia de $ 120.000 a cargo de la asegurada LA CENTRAL ESCOBAR S.A., cuya oponibilidad solicita.
Formula negativas generales y particulares sobre la existencia y mecánica del siniestro, la condición de pasajera y los daños reclamados. Cuestiona los rubros y solicita el rechazo de la demanda, con costas.
- III -
Conforme con la presentación del 27/09/2021, se presenta el Dr. Patricio Hernán Sierra en carácter de apoderado de LA CENTRAL DE ESCOBAR S.A.
Niega el accidente en los términos de la demanda, la calidad de pasajera de la actora, la responsabilidad de su representada y las lesiones y secuelas invocadas. Señala la ausencia de documentación médica contemporánea y de constancia SUBE.
Subsidiariamente alega que la actora pudo haber estado deambulando sin sujetarse dentro del colectivo, planteando la eximente del art. 1729 del Código Civil y Comercial.
Impugna los rubros indemnizatorios, ofrece prueba y pide el rechazo de la demanda, con costas.
- IV -
El 09/08/2023 la parte actora desiste de la presente acción contra Eber Santiago Centurión.
La causa fue abierta a prueba (v. providencia del 14/02/2024) y la producida consta en el certificado electrónico del 06/12/2024.
Encontrándose consentido el llamamiento del 27/10/2026, corresponde proceder al dictado de la sentencia de mérito (art. 487 del C.P.C.), y
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Causa penal .
De las constancias digitales de la causa penal n° 14-02-007944-19/00, "CENTURION, Eber Santiago S/ LESIONES CULPOSAS", se desprende que el fiscal interviniente resolvió su archivo en los términos del art. 268 del C.P.P.) (v. resolución de fs. 68). Ello no resulta óbice para que en sede civil se analice la eventual responsabilidad que le cabría a la parte demandada en la producción del evento dañoso de autos (arts. 1775 y cc., del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ley 26.994).
- II -
Ocurrencia del hecho .
En razón de la negativa formulada tanto por la aseguradora como por la empresa de transporte demandada, corresponde determinar si el hecho en que basó la actora el presente reclamo efectivamente ocurrió.
En este sentido, cabe recordar que, conforme lo dispuesto por el art. 375 del C.P.C., incumbe a cada una de las partes la carga de probar los presupuestos de hecho de las normas que invocan como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. Asimismo, la prueba producida debe ser apreciada en su conjunto, de conformidad con las reglas de la sana crítica (art. 384 del C.P.C.C.).
Sentado ello, de las constancias de la causa penal citada, surgen las declaraciones de Raúl Alfredo Carballo, Margarita Susana Machuca, Yamila Soledad Gaillard (la actora) y Viviana Alejandra Romero, quienes se encontraban a bordo del colectivo de la línea 276 al momento del accidente.
Los nombrados resultaron contestes en señalar que la unidad en la que viajaban se encontraba detenida cuando fue embestida en su parte trasera por otro colectivo, perteneciente a la línea 520, interno nº 132, dominio JOH-590, de la empresa LA CENTRAL DE ESCOBAR S.A., conducido en la oportunidad por Eber Santiago Centurión.
Dichas declaraciones guardan correspondencia con el relato efectuado en la demanda, en cuanto a que el día 12 de junio de 2019, aproximadamente a las 13:30 horas, el colectivo de la línea 276 se encontraba detenido en una parada ubicada en la intersección de las calles Arroyo y Piñero, de la localidad de Zelaya, Partido de Pilar, cuando se produjo la colisión con la unidad de la línea 520.
A ello se suma la denuncia de siniestro efectuada ante la aseguradora del vehículo de la línea 520, en la que se consignó que su conductor circulaba por la calle Vicente Arroyo en dirección a la cabecera Zelaya y que, al aproximarse a una parada, advirtió la presencia de un colectivo de la línea 276. Asimismo, se dejó constancia de que, luego de distraerse para responder a una pasajera que le solicitaba descender por la puerta delantera, volvió su atención al frente y, al encontrar todavía detenida a la otra unidad, accionó los frenos sin lograr evitar la colisión.
De esta manera, las declaraciones obrantes en las actuaciones penales, consideradas conjuntamente con la denuncia de siniestro, constituyen elementos probatorios concordantes acerca de la existencia del accidente y de la intervención de los vehículos mencionados.
Por otra parte, la presencia de Yamila Soledad Gaillard a bordo del colectivo de la línea 276 encuentra respaldo en las declaraciones de los restantes pasajeros. En este aspecto, la ausencia de una constancia de utilización de la tarjeta SUBE, invocada por la empresa demandada, no resulta suficiente, por sí sola, para desvirtuar los elementos probatorios referidos, toda vez que la acreditación de la calidad de pasajera no se encuentra supeditada exclusivamente a la presentación de dicho comprobante.
En tales condiciones, considero que las constancias examinadas permiten tener por acreditada la ocurrencia del accidente denunciado el día 12 de junio de 2019, en el que intervinieron el colectivo de la línea 276, en el cual viajaba la actora, y el colectivo de la línea 520, interno nº 132, dominio JOH-590, perteneciente a LA CENTRAL DE ESCOBAR S.A.
En consecuencia, corresponde analizar la mecánica del siniestro y la responsabilidad que le cupo a la parte demandada en su producción.
- III -
Ley aplicable .
Cabe ahora determinar cuál resulta ser la ley aplicable a los fines de sentenciar el presente trámite.
En función de la fecha en que ocurrió el siniestro que aquí se investiga - 19 de junio de 2019 - y de la sanción de la ley 26.994, con vigencia a partir del 1° de agosto de 2015 (nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, normativa que derogó el anterior Código Civil aprobado por la ley 340), es que corresponde que el accidente en cuestión sea analizado y resuelto conforme con las reglas de la nueva normativa (art. 7).
- IV -
Encuadre jurídico.
En cuanto al encuadre legal y jurídico, el art. 1286 del Código Civil y Comercial sienta que la responsabilidad del transportista por daños a las personas transportadas (art. 184 del derogado Código de Comercio) está sujeta a lo dispuesto en los artículos 1757 y siguientes del nuevo código.
Este último afirma que el daño puede ser causado por el riesgo o vicio de las cosas, o bien por actividades que sean riesgosas o peligrosas. El riesgo o vicio de la actividad deriva: a) de su naturaleza; b) de los medios empleados; o c) de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes: a) la autorización administrativa para el uso de la cosa; b) la autorización administrativa para la realización de la actividad; ni c) el cumplimiento de las técnicas de prevención (CLUSELLAS, Eduardo Gabriel (Coordinador), CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL, COMENTADO, ANOTADO Y CONCORDADO, T. 6, pág. 243, Editoriales ASTREA y FEN).
Asimismo, en la determinación del sujeto responsable del daño, el art. 1758 del mismo cuerpo legal mantiene la distinción del art. 1757 entre las causas del evento dañoso. Así, frente al riesgo o vicio de las cosas, su dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño; y ante actividades que sean riesgosas o peligrosas responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella, por sí o por terceros. Son causales de eximición, en la responsabilidad por cosas, que el dueño o el guardián prueben que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta y, en caso de actividad riesgosa o peligrosa, lo dispuesto por la legislación especial (obra citada, pág. 247).
Cabe añadir también que el cuerpo normativo, al referirse a los factores de atribución, detalla que resulta ser objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad; y explica que, en tales casos, el responsable se libera demostrando la culpa ajena, excepto disposición legal en contrario (art. 1722 del Código Civil y Comercial).
Corresponde adicionar que la relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño configura un elemento indispensable de la responsabilidad civil (arts. 1726, 1727 y 1728 del Código Civil y Comercial), por ende, el accionado podrá liberarse total o parcialmente del deber de resarcir si acredita la interrupción del nexo causal. En este aspecto, la causa ajena a la que alude la norma descripta puede radicar en el hecho del damnificado, de un tercero por el que el accionado no debe responder, o ante caso fortuito o fuerza mayor (arts. 1729, 1730 y 1731 del Código Civil y Comercial).
Resulta atinado agregar que nuestro más alto tribunal provincial ha señalado reiteradamente que para establecer la causa de un daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquél se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea, que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión jurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas. Vale decir que el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal) entre una acción u omisión y el daño; éste deber haber sido causado y ocasionado por aquélla (S.C.B.A., causa L. 88.330, 31/08/2007).
Por último, resulta atinado señalar que la carga de la prueba de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes corresponde a quien las alega (arts. 1734 y 1736 del Código Civil y Comercial).
- V -
Responsabilidad de las partes .
Corresponde determinar la responsabilidad que a las partes les cupo en la ocurrencia del presente siniestro.
La actora sostuvo que viajaba sentada en la última fila de un colectivo de la línea 276, detenido en una parada para el ascenso y descenso de pasajeros, cuando fue embestido por detrás por el colectivo línea 520, interno 132, conducido por Eber Santiago Centurión.
La parte demandada y la aseguradora negaron el hecho.
Cabe analizar la prueba producida.
Corresponde nuevamente analizar los testimonios producidos en sede penal.
En efecto, Raúl Alfredo Carballo, Margarita Susana Machuca y Viviana Alejandra Romero fueron contestes en que el colectivo en el que viajaban estaba detenido y fue embestido por un segundo colectivo (v. fs. 34, 38 y 43 de la causa penal citada).
La versión coincidente de los declarantes ratifica, en lo sustancial, la mecánica del siniestro esgrimida por la actora.
A ello se suma el relato contenido en la denuncia de siniestro suministrada, que expresa: "el asegurado circula por Vicente Arroyo en dirección a Cabecera Zelaya, llegando a unos 30 metros de la parada divisa un interno de la línea 276, en ese momento una pasajera se acerca al conductor para pedirle bajar por la puerta delantera, se distrae para contestarle y cuando vuelve la vista al frente se encuentra con el colectivo antes mencionado, el cual sigue detenido, acciona los frenos pero estos no lograron detener la unidad y lo embiste en la parte trasera, causando graves daños en ambos vehículos y pasajeros lesionados" (v. denuncia de siniestro conforme con el archivo digital del 18/03/2024).
Esta narración resulta sustancialmente concordante con las declaraciones de los pasajeros del primer colectivo sobre la detención de la línea 276 y la embestida trasera. En particular, aporta una explicación de la falta de detención oportuna de la unidad embistente.
Por su parte, la demandada no ha acreditado la existencia de una causa ajena que permita interrumpir total o parcialmente el nexo causal, en los términos de los arts. 1729, 1730 y 1731 del Código Civil y Comercial.
En consecuencia, corresponde atribuir responsabilidad por el accidente a LA CENTRAL DE ESCOBAR S.A . , en su condición de titular registral del colectivo MERCEDES BENZ, DOMINIO JOH-590, Línea 520, interno 132 (arts. 1722, 1726, 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial de la Nación).
- VI -
Franquicia opuesta por la aseguradora. Extensión de la condena a la citada en garantía. Límite de cobertura.
Consideración aparte merece el tratamiento de la intervención en autos de la aseguradora.
Al contestar la citación en garantía, PROTECCIÓN MUTUAL DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS reconoció la existencia de cobertura asegurativa respecto del colectivo de la línea 520, interno nº 132, dominio JOH-590, perteneciente a LA CENTRAL DE ESCOBAR S.A., mediante la póliza nº 155248, con vigencia a partir del 28 de mayo de 2019, y opuso una franquicia de responsabilidad civil de $120.000 a cargo de su asegurada.
Por su parte, la actora, al responder el traslado conferido, reconoció expresamente la autenticidad de la póliza acompañada, aunque desconoció el límite de cobertura correspondiente a la responsabilidad civil frente a terceros, solicitando su actualización en la oportunidad procesal pertinente. Asimismo, sostuvo que la franquicia opuesta resultaba inoponible a la víctima, por ser ajena a las estipulaciones convenidas entre la citada en garantía y su asegurada (v. presentación del 01/02/2024).
A los fines de resolver el citado planteo, resulta de importancia la documentación contractual incorporada a las actuaciones.
Al respecto, cabe señalar que la citada en garantía fue declarada negligente en la producción de la prueba pericial contable (v. providencia del 18/06/2025), motivo por el cual no se cuenta con un dictamen de dicha especialidad que permita efectuar mayores precisiones acerca de las condiciones particulares de la contratación. Sin embargo, dicha circunstancia no puede ser valorada aisladamente, pues la existencia y autenticidad de la póliza nº 155248 no fueron controvertidas por la actora , quien limitó su oposición a los alcances de la cobertura y a la posibilidad de hacer valer la franquicia frente a su reclamo.
Sentado ello, corresponde analizar la oponibilidad de la franquicia pactada frente al tercero damnificado .
Sobre el particular, cabe recordar que el art. 109 de la ley 17.418 establece que el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato, a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido. A su vez, el art. 118 del mismo cuerpo normativo dispone que la sentencia que se dicte será ejecutable contra el asegurador "en la medida del seguro". De ello se desprende que la obligación de la compañía aseguradora encuentra su fuente y extensión en el contrato celebrado, y que su responsabilidad frente al tercero no puede, en principio, exceder el riesgo asumido en los términos de la póliza.
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que, en materia de seguro de responsabilidad civil, las cláusulas que delimitan el riesgo asumido por la aseguradora resultan oponibles al tercero damnificado.
Así, en "Nieto, Nicolasa del Valle c/ La Cabaña S.A. y otros" (CSJN, 08/08/2006, Fallos: 329:3054), el Máximo Tribunal se pronunció sobre la franquicia prevista en el seguro de responsabilidad civil correspondiente al transporte público de pasajeros, criterio que posteriormente fue reiterado en "Villarreal, Daniel Alberto c/ Fernández, Andrés Alejandro" (Fallos: 329:3488). Esta doctrina fue reafirmada en "Cuello, Patricia Dorotea c/ Lucena, Pedro Antonio" (CSJN, 07/08/2007, Fallos: 330:3483), en el que la Corte volvió a considerar la naturaleza y efectos de la franquicia pactada en el contrato de seguro de responsabilidad civil. Posteriormente, en "Obarrio, María Pía c/ Microómnibus Norte S.A. y otros" y "Gauna, Agustín y su acumulado c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro", ambos resueltos el 4 de marzo de 2008, la Corte consolidó aquella doctrina al admitir que la franquicia prevista en el contrato de seguro resulta oponible al tercero damnificado y que la sentencia no puede ser ejecutada contra la aseguradora, sino dentro de los límites de la contratación.
Tal solución encuentra fundamento en que la citación en garantía no altera la naturaleza contractual de la obligación asumida por el asegurador ni permite extender su responsabilidad más allá del riesgo cubierto. En consecuencia, si bien el tercero damnificado puede hacer valer la sentencia contra la aseguradora, dicha ejecución queda necesariamente sujeta a las condiciones y límites de la cobertura contratada, conforme lo establecido por los arts. 109 y 118 de la Ley 17.418.
En el caso, la citada en garantía opuso una franquicia de $ 120.000 a cargo de LA CENTRAL DE ESCOBAR S.A., estipulada en la póliza nº 155248, cuya autenticidad fue reconocida por la actora. La oposición de esta última, fundada en su condición de tercera ajena al contrato, no resulta suficiente para apartarse del criterio jurisprudencial antes señalado.
Por consiguiente, corresponde admitir la oponibilidad de la franquicia de $ 120.000 a la actora, de conformidad con lo dispuesto por los arts. 109 y 118 de la Ley 17.418 y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación anteriormente citada.
En cuanto al límite de cobertura , la citada en garantía opuso el previsto en las condiciones particulares de la póliza, a saber: responsabilidad civil dentro del rubro automotores, $ 30.000.000.
Al respecto debo señalar que conforme el art. 109 de la ley 17.418, el asegurador debe mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero "en razón de la responsabilidad prevista en el contrato". En concordancia con esa norma, el art. 118 del mismo ordenamiento informa que la sentencia hará cosa juzgada respecto del asegurador y será ejecutable contra él "en la medida del seguro".
En función de ello, en principio, las limitaciones del aseguramiento son oponibles a la actora, por tratarse de una defensa anterior al siniestro, planteada por la interesada en la etapa procesal oportuna (doctrina de los arts. 354 inc. 1.º y concordantes del C.P.C.C.).
Sin embargo, atinente a los límites de cobertura expresados en la póliza vigente al momento del accidente de autos -28 de mayo de 2019-, cabe señalar que han transcurrido más de siete años y la realidad económica actual es muy distinta a la de aquel entonces.
En este sentido, la Suprema Corte ha expresado, en un caso similar y teniendo en cuenta el límite del seguro contratado, así como el tiempo transcurrido desde el siniestro hasta la sentencia de la Cámara que fijó la indemnización a valores contemporáneos a su pronunciamiento (causa C. 119.088, "Martínez, Emir contra Boito, Alfredo Alberto. Daños y perjuicios", del 21/02/2018), que la condena a la aseguradora debía incluir la cobertura básica vigente al momento de la valuación judicial del daño contenida en la sentencia definitiva, en sustitución de su valor histórico.
En cuyo caso, el Cimero Tribunal de la Provincia destacó entre otros fundamentos que la cláusula de delimitación cuantitativa del riesgo contenida en la póliza de seguro, convenida en concordancia con la normativa vigente al momento del hecho -cobertura básica obligatoria-, no puede ser oponible al asegurado y a la víctima cuando la magnitud de los daños padecidos por esta última fue estimada en un tiempo actual, en el que también debe ser ejecutada la garantía, pues ante los disímiles contextos habidos en tales fechas, su pretendida aplicación literal se muestra ostensiblemente irrazonable, al resultar abusiva, desnaturalizar el vínculo asegurativo por el sobreviniente carácter irrisorio de la cuantía de la cobertura finalmente resultante, afectar significativamente la ecuación económica del contrato y la equivalencia de sus prestaciones, destruir el interés asegurado, provocar en los hechos un infraseguro, contrariar el principio de buena fe y patentizar un enriquecimiento indebido en beneficio de la aseguradora.
A la vez, deviene asimismo frustratoria de la finalidad económico-social del seguro obligatorio, de su función preventiva, de su sentido solidarista y de su criterio cooperativista a la luz del principio de mutualidad. Así como implica una mayor desprotección del asegurado, situación que repercute en la violación del principio de reparación integral del damnificado, colocándolo en un sitial de mayor vulnerabilidad.
Al respecto, la Suprema Corte sostuvo que la evolución del monto mínimo del seguro obligatorio a lo largo de los años, junto a una valuación actualizada de los perjuicios derivados del siniestro, vuelve evidente la modificación en la extensión de las prestaciones oportunamente acordadas (conf. art. 163, inc. 6.º, segundo párrafo, del C.P.C.C.).
El temperamento expuesto por la Suprema Corte, a su vez, ha sido receptado por nuestro Superior (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Isidro, Sala II, en las causas n.º SI-41965-2011, fallada el 26/05/2020; n.º 22.678, del 30/06/2019, reg. 44/2019; y n.º SI-28374-2018, del 10/06/2024, RS-101-2024), donde se decidió que la condena a la aseguradora debía incluir la cobertura básica vigente en la actualidad, y no la pactada originariamente y devenida insuficiente.
Por lo tanto, siguiendo la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (arts. 161 inc. 3.º, apartado a, de la Constitución provincial y 278 del C.P.C.C.), corresponde hacer extensiva la condena dictada en autos contra PROTECCIÓN MUTUAL DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS , en los términos de la contratación y con aplicación de la franquicia de $ 120.000 a cargo de LA CENTRAL DE ESCOBAR S.A. , conforme lo dispuesto por el art. 118 de la Ley 17.418. Ello, con la salvedad de que el límite cuantitativo de cobertura de $ 30.000.000 , si bien resulta en principio oponible a la víctima, deberá adecuarse hasta alcanzar la suma correspondiente a la cobertura básica obligatoria vigente al momento de la valuación judicial del daño, conforme a la normativa aplicable de la Superintendencia de Seguros de la Nación y a la doctrina jurisprudencial anteriormente citada (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Isidro, Sala II, causa n.º SI-8420-2010, del 04/06/2019, RSD 51/19, y causa n.º SI-41965-2011, sent. del 26/05/2020).
- VII -
Indemnización .
Determinada la responsabilidad, sólo cabe en este momento precisar el alcance de la indemnización reclamada, la que analizaré partiendo del principio de la reparación integral de los daños que acuerda la ley (arts. 1737, 1740 y concordantes del Código Civil y Comercial).
1. Incapacidad sobreviniente. Daño físico. Tratamiento kinésico .
Sostuvo la actora que con motivo del accidente sufrió un cuadro de politraumatismos, en su columna cervical, dorsal, en su brazo y hombro izquierdo, en su pierna y rodilla izquierda, hematomas múltiples graves lesiones.
Es del caso recordar que el Máximo Tribunal Provincial ha definido la incapacidad sobreviniente como "la secuela o disminución física o psíquica que pudiera quedar luego de completado el período de recuperación o restablecimiento" (S.C.B.A., Ac. 42.528 del 19/6/90, en A. y S. 1990-II-539).
La incapacidad implica cualquier disminución de las aptitudes psicofísicas que afecte la capacidad productiva o se traduzca en un menoscabo de su plenitud, provocando la imposibilidad o dificultad en las actividades (productivas o no) que el sujeto solía realizar con amplitud y libertad (arts. 1737 y cc. del CCyC; Belluscio-Zannoni, "Código Civil", Ed. Astrea, T° 5, pág. 219 y conf. causas SI-8652-2010 del 28-5-2015, rsd. 57/2015; 1850-0 del 9-6-2015, rsd. 64/2015 de CASan Isidro, Sala IIª).
Lo que se indemniza en este ítem es el daño económico ocasionado como consecuencia de las secuelas que dejó la lesión traumática, una vez completado el plazo de recuperación o restablecimiento, que se traduce en una merma de la capacidad de la víctima en sentido amplio, no sólo en su aptitud laboral, sino también en la relacionada con la actividad social, cultural y deportiva (S.C.B.A., Ac. 79.922, sent. 29/10/2003; Sala II citada, causas D-4478, sent. 12/11/13, reg. 128/2013 y 10.459, sent. 24/6/14, reg. 91/2014, entre otras).
Pericialmente comprobada, la incapacidad sobreviniente conforma un antecedente que tiene aptitud para configurar un daño resarcible, ya que las lesiones de carácter permanente, aunque no ocasionen un inmediato daño respecto de los ingresos, deben ser indemnizadas como potencial valor del que la víctima se ve privada, puesto que la indemnización no se circunscribe al aspecto laborativo, sino también a todas las consecuencias que afectan la personalidad y que tienen aptitud para inferir un menoscabo material (conf. Llambías, J. J., "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", T. IV-A, n° 2373, p. 119/120, nota 217 y jurisprudencia allí citada).
Surge con claridad de dicha doctrina y de los arts. 1737, 1746 y cc. del Código Civil y Comercial que, para el progreso del resarcimiento por incapacidad, basta la existencia de una minusvalía psicofísica irreversible vinculada causalmente con el accidente. Esa disfunción actúa como hecho indiciario, haciendo inferir una consecuente repercusión desfavorable en el nivel de ingresos del sujeto agraviado, ya que dificultará su desempeño en todos los aspectos de la vida plena (arts. 1740, 1746 y cc. del Código Civil y Comercial; 163 inc. 5°, 384 y cc. del C.P.C.).
Adoptados estos principios, deben ponderarse los elementos de prueba aportados para evaluar el monto correspondiente al rubro en análisis.
El perito médico designado en autos, Dr. Eduardo Andrés Fiore, luego de examinar a la actora y considerar los estudios complementarios, concluyó que presenta secuelas físicas consistentes en cervicalgia con contractura muscular dolorosa persistente, pérdida de la lordosis y reducción de la movilidad cervical; limitaciones funcionales en la muñeca derecha, el hombro izquierdo y la rodilla izquierda. El experto consideró que dichas afecciones guardarían relación causal con el accidente denunciado y les asignó, respectivamente, incapacidades del 6%, 3%, 6% y 3%, de acuerdo con el Baremo para el Fuero Civil de Altube-Rinaldi. No aconsejó tratamiento kinésico alguno (v. presentación electrónica del 01/09/2024).
Estas conclusiones fueron cuestionadas por la citada en garantía mediante presentación electrónica del 09/09/2024 y por la empresa de transporte demandada el 10/09/2024. Las observaciones se centraron, fundamentalmente, en la ausencia de documentación médica contemporánea al siniestro, la falta de individualización de historias clínicas y constancias de atención posteriores al accidente, así como en el prolongado tiempo transcurrido entre el hecho, ocurrido el 12/06/2019, y el examen pericial practicado el 10/04/2024. Se objetó, asimismo, que las limitaciones constatadas no permitían establecer, por sí solas, que las afecciones reconocieran como causa exclusiva el episodio denunciado.
Al responder las impugnaciones el 16/09/2024, el experto ratificó las conclusiones de su informe y explicó que su evaluación se había sustentado en el interrogatorio, el examen físico clínico, la semiología y los estudios complementarios agregados a la causa. Reconoció, sin embargo, que no contaba con otros elementos referidos al período transcurrido entre el accidente y la examinación, manifestando que, de aportarse nuevos antecedentes, no tendría inconveniente en reconsiderar los porcentajes o adjudicar una eventual concausa.
Al respecto se ha dicho que la fuerza probatoria del dictamen pericial es un precepto que fija al juzgador las pautas a las que se debe ceñir su apreciación. Se trata de una prueba ligada a la sana crítica, como regla del correcto entendimiento humano (S.C.B.A., 20/5/80, DJBA, 119-457), que no sólo excluye un razonamiento discrecional y arbitrario, sino que implica un armónico lazo entre lo lógico y lo empírico (S.C.B.A., 9/11/82, DJBA, 124-290)
Entiendo que el dictamen del experto se encuentra debidamente fundado y que las explicaciones que brindó no hicieron más que ratificarlo (art. 474 del C.P.C.).
En consecuencia, estaré a su validez (JZ0000 SL 4126 S 23-12-96, "Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del C.A.C. Gral. c/ Colombi, Aldo s/ ejecutivo").
A los fines de cuantificar la indemnización, corresponde aplicar los lineamientos que establece el art. 1746 del Código Civil y Comercial, norma que sienta el mecanismo que mejor garantiza el resarcimiento integral que se persigue.
Tengo en cuenta las condiciones personales del damnificado, una mujer de 36 años al momento del accidente, el lapso razonable que le resta de vida productiva o económicamente valorable. Pero al no haber acreditado ingresos, tomaré en consideración el salario mínimo, vital y móvil.
Atendiendo a las circunstancias del caso, a las pautas que surgen del art. 1746 del Código Civil y Comercial, a las secuelas físicas que resulten acreditadas y a las restantes particularidades examinadas, entiendo que el importe de $ 12.700.000 (doce millones setecientos mil pesos) resarce este aspecto del reclamo (arts. 1737, 1738, 1739, 1740, 1746 y concordantes del Código Civil y Comercial; arts. 165, 384 y 474 del C.P.C.).
2. Daño psíquico. Tratamiento psicológico.
En lo que al daño psíquico concierne, el perito médico designado en autos, Dr. Eduardo Andrés Fiore, sostuvo que la actora presenta un cuadro de trastorno por estrés postraumático crónico leve, que le acarrea una incapacidad psicológica del 7%, en relación con los hechos denunciados. Para arribar a dicha conclusión, el experto tuvo en consideración el examen clínico-psiquiátrico practicado y el psicodiagnóstico realizado por la Lic. Judith Bellizzia, quien informó la presencia de estados de ansiedad, depresión y estrés postraumático, determinó una incapacidad psicológica del 10% y recomendó la realización de un tratamiento psicoterapéutico de frecuencia semanal durante un año (v. presentación electrónica del 01/09/2024).
Estas conclusiones fueron cuestionadas por la citada en garantía mediante presentación electrónica del 09/09/2024, en la que se solicitó que el experto precisara los criterios diagnósticos utilizados, el baremo aplicado para determinar la incapacidad y los fundamentos que permitían establecer la relación causal entre el cuadro psicológico y el accidente. Asimismo, se objetó la falta de un análisis diferencial que permitiera descartar otras causas de la sintomatología y se requirieron explicaciones acerca de la recomendación del tratamiento psicoterapéutico contenida en el psicodiagnóstico.
Al responder las observaciones el 16/09/2024, el perito ratificó las conclusiones de su informe y aclaró que había utilizado el Baremo para el Fuero Civil de Altube-Rinaldi. Explicó que su evaluación se había sustentado en el examen clínico-psiquiátrico y en el psicodiagnóstico solicitado como estudio complementario. En cuanto al tratamiento, sostuvo que no existía contradicción entre la referencia a una terapia breve, de aproximadamente seis meses, y la recomendación de extenderla hasta un año, por tratarse de plazos susceptibles de variar conforme a la evolución de la paciente.
No encontrando en las observaciones formuladas elementos suficientes para descartar la necesidad del tratamiento psicoterapéutico recomendado, y teniendo en cuenta las explicaciones brindadas por el experto, corresponde valorar dicha indicación conforme a las reglas de la sana crítica (arts. 384 y 474 del C.P.C.).
Al respecto, se ha dicho que las secuelas de orden psíquico son indemnizables sólo en cuanto constituyen una secuela en términos de incapacidad, es decir, cuando dichos trastornos son irreversibles y permanentes (CASan Isidro, Sala II, causas 71.580 del 28/08/1997 y 77.277 del 08/09/1998).
En el caso, si bien el experto determinó una incapacidad psicológica del 7%, también contempló la realización de un tratamiento psicoterapéutico, recomendado en el psicodiagnóstico efectuado por la Lic. Judith Bellizzia, destinado a mejorar la sintomatología que presenta la actora. En tales condiciones, y no encontrándose suficientemente acreditado el carácter irreversible y permanente de las alteraciones psíquicas informadas, considero adecuado reconocer el costo del tratamiento aconsejado, sin adicionar una indemnización autónoma por incapacidad psicológica.
En lo que al tratamiento respecta, se ha dicho también que cuando la pericia determina que el damnificado debe efectuar un tratamiento específico en tiempo, sesiones y valor de cada una de ellas, lo aconsejable es que la suma de dinero reconocida por el rubro equivalga al monto necesario para afrontar dicha terapia, pues constituye ésta un daño futuro y cierto (CASan Isidro, Sala I, 03/03/1998, "Acevedo c/ La Primera de Martínez s/ ds. y ps.").
Visto lo expuesto, teniendo en cuenta el tratamiento aconsejado en el psicodiagnóstico, su duración de doce meses a razón de una sesión semanal y las explicaciones brindadas por el perito médico, entiendo que la suma de $ 2.340.000 (dos millones trescientos cuarenta mil pesos) repara adecuadamente este aspecto del reclamo (arts. 165 y 474 del C.P.C.; arts. 1737, 1738, 1739 y concordantes del Código Civil y Comercial).
3. Daño moral .
La actora solicitó un monto que indemnice el cúmulo de padecimientos tanto físicos como espirituales sufridos con motivo del accidente.
Este tipo de daño se configura cuando se produce "la lesión de los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio para enjugar, de un modo imperfecto, pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir..." (CASAn Isidro, Sala 2º, 29- 12-98, Nadal c/Argentino s/ds. y ps.).
En cuanto a la manera de justificarlo, tiene dicho la jurisprudencia que "no requiere prueba física alguna en cuanto ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica y la titularidad del accionante (S.C.B.A., Ac. 27.280 del 13/5/80, en A. y S. 1970-II-56), y es al responsable del hecho dañoso a quien incumbe invocar y acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de su existencia (S.C.B.A., l. 38.931 del 10/5/88, A. y S. 1988-II-115), circunstancia que no aconteció en autos.
Relativo al monto, cabe recordar que "la fijación de sumas indemnizatorias por este concepto no está sujeta a reglas fijas. Su reconocimiento y cuantía depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido sin que sea necesaria otra precisión" (S.C.B.A., Ac. 51.179, del 2/11/93).
En razón de tales premisas, las circunstancias en que ocurrió el accidente, las lesiones sufridas por la actora, las dolencias físicas constatadas, las alteraciones en su esfera emocional y las consecuencias personales que razonablemente se derivan del hecho, entiendo que la suma de $ 6.500.000 (seis millones quinientos mil pesos) repara adecuadamente el agravio moral sufrido (arts. 1738, 1740, 1741 y concordantes del Código Civil y Comercial).
4. Daño emergente y futuro.
Reclamó además la fijación de una suma prudencial como compensación de los gastos farmacéuticos, de traslados, propinas, atenciones, pago de aranceles, reposición de la indumentaria, radiografías, análisis, consultas, y demás originados en la curación y la convalecencia del damnificado (art. 1746 del Cód. Civil) del nuevo código y en analogía con el 1086 del Cód. Civil anterior).
Al respecto se ha dicho que "el criterio predominante establece que los gastos efectuados y a efectuarse como consecuencia de las lesiones padecidas se presumen inevitables, y no necesitan ser objeto de comprobación directa, bastando al efecto que se traigan al proceso referencias o indicios que hagan formar convicción acerca de la razonabilidad del reclamo"(CCiv. y Com. San Isidro, Sala I, 15-12-98, "Lobato c/Transp. B. Ader s/ds. y ps.").
En razón de las lesiones sufridas por la actora, entiendo que la suma de $ 100.000 (cien mil pesos) , resarce dichas erogaciones. Asimismo, corresponde concederle el importe de $ 50.000 (cincuenta mil pesos ) en concepto de traslados (art. 165 del C.P.C.).
- VIII -
Intereses .
En lo que a los intereses concierne, dicen Márquez y Viramonte que "los intereses de la obligación indemnizatoria, tienen carácter resarcitorio y no moratorio, por lo que el problema en torno al inicio de su cómputo no debe resolverse a la luz del régimen de la mora. Independientemente del origen contractual o extracontractual, la obligación de reparar el daño causado es exigible desde que se produce el menoscabo, sin necesidad de interpelar al sindicado como responsable para constituirlo en mora. Ergo, la mora se produce en forma automática desde la producción del daño, y desde allí deben correr los intereses" (Márquez, José Fernando - Viramonte, Carlos citado; ver Galdós, Jorge Mario -con la colaboración de Gustavo H. Blanco- "Diferencias entre la responsabilidad civil contractual y extracontractual en el Nuevo Código Civil y Comercial", Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2015-Número Extraordinario- Claves del Código Civil y Comercial, pág. 267).
Idéntica solución brinda el nuevo Código Civil y Comercial, cuyo art. 1748 dispone: "Curso de los intereses. El curso de los intereses comienza desde que se produce cada perjuicio". Se sigue así el criterio de que los intereses de la obligación indemnizatoria, sin diferenciar si son de fuente contractual o extracontractual, tienen carácter resarcitorio, no requieren interpelación porque la mora es automática, y se computan desde que se produjo cada daño.
Ahora, en lo que a la tasa de interés concierne la doctrina legal de la Suprema Corte ha variado de manera novedosa.
El criterio que venía sosteniendo sobre montos indemnizatorios de diversa índole era aplicar la tasa pasiva más alta, siguiendo la doctrina del fallo "Cabrera", aplicando intereses desde la fecha del hecho o el inicio de la obligación de indemnizar y hasta el efectivo pago. Ello obedecía a una perspectiva que tendía a respetar la reparación integral del daño (art. 1740 del CCCN).
No obstante, ello, los recientes antecedentes del Supremo Tribunal Provincial (C. 120.536 "Vera" y C. 121.134, "Nidera S.A.") han delineado una nueva doctrina al respecto. En el primer antecedente, con voto del doctor Soria, se decidió que "cuando sea pertinente el ajuste por índices o bien cuando se fije un quantum a valor actual, tal cual se ha decidido por la Cámara en la especie, en principio debe emplearse el denominado interés puro a fin de evitar distorsiones en el cálculo y determinación del crédito". El referido capital puro, supone una alícuota del 6% anual, ello a partir de lo resuelto en B.48.864 ("Fernández Graffigna", sent. de 1-X-1983, Ac. y Sent. 1983-111-227) donde la Corte provincial se plegó al citado porcentaje que fijó la Corte Suprema de Justicia de la Nación (L.49.590, "Zuñiga", sent. de 1-VI-1993; L.53.443, "Fernández", sent. de 6-IX-1994; L. 60.913, "Amaya", sent. de 14-X-1997; L. 73.452, "Ramírez", sent., de 19-11-2002; Ac. 85.796, "Banco de la Miguel", sent. de 11-VIII-2004; C. 95.723, sent. de 15-IX-2010; C. 99.066, "Blanco sent., de 11-V-2011; e.o.).
Bajo esta hipótesis, llevando a cabo un cambio de criterio del adoptado en fallos anteriores y siguiendo doctrina de la Suprema Corte bonaerense, es que la totalidad de los rubros determinados en el CONSIDERANDO que antecede, fijados a valores actuales, devengaran intereses al 6% anual desde la mora (en este caso con la ocurrencia del hecho, el 12/06/2019 ) hasta la presente sentencia. Luego regirá de interés, la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires hasta la fecha del efectivo pago.
- IX -
Costas .
Las costas del presente deberán ser soportadas por la parte demandada como vencida (arts. 68 y cc. del C.P.C.).
En mérito a lo expuesto,
1. Hacer lugar a la demanda entablada por Yamila Soledad Gaillard contra LA CENTRAL DE ESCOBAR S.A ., por daños y perjuicios.
2. Condenar a esta última a abonarle a la primera la suma de $ 21.690.000 (veintiún millones seiscientos noventa mil pesos) , en el plazo de diez días de quedar firme esta sentencia, con más los intereses dispuestos en el CONSIDERANDO VIII de la presente, hasta su efectivo pago.
3. Hacer extensiva la presente condena contra PROTECCION MUTUAL DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS , con el alcance establecido en el CONSIDERANDO VI.
4. Imponer las costas a la parte accionada en su condición de vencida (arts. 68 y concordantes del C.P.C.).
5. Diferir la regulación de honorarios hasta la oportunidad prevista por el art. 51 de la ley 14.967.
Regístrese y notifíquese.
Dr. Pablo L. García Pazos
Juez
Firmas
Funcionario firmante: GARCIA PAZOS Pablo Lautaro - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 75-2026
Fin de la sentencia