Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial ( Sala Ii) de Azul
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., revócase la sentencia apelada y admítese el incidente de verificación tardía promovido por Marta Velia Gaitón y Eleuterio Gaitón y declárase VERIFICADO, como quirografario, el capital e intereses hasta la fecha solicitada de apertura del concurso (21/3/2002, fs. 3 vta. punto III), conforme lo acordado (fs. cit. punto III “in fine”) en la suma de $ 42.069,24 (arts. 19, 32, 33, 34, 248 y concs. L.C.). IMPÓNGANSE las costas en ambas instancias a la concursada vencida (art. 68 C.P.C.). Oportunamente, GLÓSESE a estos autos principales el cuadernillo de prueba y DEVUÉLVANSE los expedientes requeridos a la instancia de origen. DIFIÉRASE la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77).
Causa nº 51.433 “Gaitón, María Velia y Otro. Incidente Verif. de Crédito.
Autos: ‘Cantero y Fontanillo. Concurso’”.
Juzg. Civ. y Com. Nº 3 – Azul.
Reg.....14.....Sent. Civil.
En la ciudad de Azul, a los 27 días del mes de Febrero del año Dos Mil Catorce, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Jorge Mario Galdós y Víctor Mario Peralta Reyes, para dictar sentencia en los autos caratulados: “GAITÓN, MARÍA VELIA Y OTRO. INCIDENTE VERIF. DE CRÉDITO. AUTOS: ‘CANTERO Y FONTANILLO.
Concurso’” (Causa Nº 51.433), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós - Dr. Peralta Reyes - Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
- C U E S T I O N E S -
1ª.- ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 43/43 vta.?.
2ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
- V O T A C I Ó N -
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor GALDÓS, dijo:
I. En el marco del proceso caratulado “Cantero, Lía Florencia – Fontanillo, Abel Francisco s/ concurso preventivo” (causa 53.460), los Sres. Marta Velia Gaitón y Eleuterio Gaitón dedujeron incidente de verificación tardía de un crédito por $ 42.069,24 que se compone de $ 36.897 de capital y $ 5.172,24 de intereses. Sostienen que esa suma es adeudada en concepto de capital e intereses impagos y derivados del incumplimiento del convenio extrajudicial de pago celebrado por los actores con los ahora concursados (Lía Florencia Cantero y Abel Francisco Fontanillo).
Sustanciado el proceso incidental, la sentencia de Primera Instancia desestimó la pretensión e impuso las costas a la actora en base al principio objetivo de la derrota en juicio. Para así decidir sostuvo que al contestar la demanda los concursados negaron la autenticidad de las firmas insertas en el convenio y que en el cuaderno de prueba se acreditó pericialmente que corresponden al patrimonio gráfico de los concursados. Empero, y compartiendo la opinión de la sindicatura, decidió que no se había acreditado la causa de la obligación del mutuo dinerario ni su fecha cierta. Por consiguiente rechazó la demanda ya que el convenio de refinanciación o convenio extrajudicial de pago se funda en el incumplimiento del referido acuerdo y la actora no lo acompañó en este proceso ni en el juicio ejecutivo. Por ello declaró inadmisible el crédito insinuado y difirió la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes para su oportunidad.
Contra ese pronunciamiento la actora dedujo recurso de apelación a fs. 43, el que fue concedido a fs. 44.
A fs. 48/50 se glosó el memorial que, luego de ser intimado, fue contestado por el Síndico a fs. 78 y vta. La impugnación se sustenta en que se rechazó la pretensión porque: 1) se tuvo por no acreditada la causa de la obligación; 2) la actora no acompañó ni probó el contrato de mutuo;
3. la documentación glosada carecía de fecha cierta; 4) se prescindió de ponderar las constancias agregadas en el juicio ejecutivo acollarado y caratulado “Gaitón, Marta Velia y otro c/ Cantero, Lía Florencia y otro s/ cobro ejecutivo” (causa 53.668). En el desarrollo de los agravios señala que el convenio que se pretende verificar es un acuerdo extrajudicial de pago que produjo una suerte de novación de la deuda originaria, consistente en un mutuo dinerario que preveía el pago de cuatro cheques. Explica que la causa de la obligación radica en el incumplimiento del convenio extrajudicial, cuyo análisis omitió el fallo recurrido, el que contiene las firmas de la concursada, y cuya autenticidad negó de manera maliciosa.
En efecto la prueba pericial caligráfica practicada en el cuadernillo respectivo acredita la autenticidad de las firmas atribuidas por lo que –insiste- el convenio de pago incumplido constituye la causa de la obligación cuya verificación se pretende. Luego critica el argumento del fallo de que el convenio carece de fecha cierta, lo que afirma que no resulta atendible toda vez que esa fecha cierta se alcanza con su agregación, sin controversia, en el juicio ejecutivo mencionado. Finalmente se detiene en el argumento de la ausencia de “concilium fraudis” entre esa parte y el concursado. En tal sentido señala que no se puede exigir una prueba acabada e incontrastable de la relación fundamental cuando se trata de títulos abstractos sino que lo que se debe acreditar es la inexistencia de acuerdo fraudulento entre el concursado y el acreedor.
En autos esa situación es muy clara toda vez que el convenio extrajudicial de pago acredita suficientemente la causa de la obligación. Reitera que ese acuerdo se celebró ante el incumplimiento de la concursada de un mutuo dinerario instrumentado para pagar cuatro cheques, los que fueron restituidos en ese acto. Agrega que intimó el pago a los deudores por carta documento y que además promovió el cobro ejecutivo que debió suspenderse ante la existencia del concurso preventivo. Más adelante abunda en otras consideraciones y destaca que la sentencia recurrida desconoce el crédito de esa parte, asumido con anterioridad al concurso preventivo, y cuya autenticidad fuera acreditada mediante prueba pericial caligráfica.
Finalmente pone de relieve que cualquiera sea el nombre dado al convenio de refinanciación dicho instrumento contiene en sí mismo la causa de la obligación. Luego de otras consideraciones solicita se revoque la sentencia recurrida, con costas, y que se verifique el crédito pretendido. A fs. 78, previas intimaciones, contestó la sindicatura. En su lacónico escrito sostiene que la sentencia debe ser confirmada.
Habiéndose dispuesto que la cuestión debe ser resuelta con las formalidades del Acuerdo, y practicado el sorteo del orden de la votación, el expediente se encuentra en condiciones de ser resuelto (fs. 82 y vta.).
II.- 1.- Anticipo mi opinión en el sentido que la sentencia debe ser revocada y admitirse la pretensión de los actores Marta Velia Gaitón y Eleuterio Gaitón.
Antes que nada destaco que, según se desprende de las constancias glosadas a fs. 83, se requirió oficiosamente al juzgado de origen, se remitieran las causas que se agregaron, necesarias a fines de resolver las cuestiones planteadas. Las causas mencionadas son las siguientes: “Cantero, Lía Florencia – Fontanillo, Abel Francisco s/ concurso preventivo” (causa 53.460); “Gaitón, Marta Velia y Otro c/ Cantero, Lía Florencia y Otro. Cobro Ejecutivo” (causa 53.668); y el cuaderno de prueba de la parte Incidentista – Incidentada “Gaitón, Marta Velia y otro s/ Inc. Verif. de Crédito, en: ‘Cantero y Fontanillo – Concurso’” el que no se encontraba agregado a estos autos incidentales.
2. La incidentista pretende ejecutar la suma total de $ 42.069,24 comprensiva de capital e intereses derivados del incumplimiento del convenio extrajudicial de pago glosado a fs. 8/9 de los autos caratulados “Gaitón, Marta Velia y Otro c/ Cantero, Lía Florencia y Otro. Cobro Ejecutivo” (causa 53.668). En dicho expediente se encuentra agregado el referido acuerdo, que constituye la acreditación de la causa de la obligación en disputa y mediante el cual los cónyuges Lía Florencia Cantero y Abel Narciso Fontanillo, en su carácter de deudores, reconocen adeudar a los Sres. Gaitón la suma de $ 36.897 (arts. 499, 505, 1137, 1138, 1144, 1167, 1197, 1198 y concs. Cód. Civil). En él se especifican el origen inicial de la deuda derivado de la falta de pago “... de cuatro (4) cheques del Banco Provincia de Buenos Aires, sucursal Bolívar, pertenecientes a la Cuenta Corriente número 8914/2 que se detallan a continuación: a) Cheque nº 98174780 de pesos tres mil trescientos veinticinco ($ 3.325.-); b) Cheque nº 98174776 de pesos siete mil doscientos ($ 7.200.-); c) Cheque nº 98174777 de pesos siete mil seiscientos ($ 7.600.-); d) Cheque nº 989174778 de pesos dieciocho mil setecientos setenta y dos ($ 18.772); los cuales no fueron presentados para su cobro bancario, en virtud de haberlo solicitado la parte deudora ...” (sic. cf. fs. 8/8 vta.). Otra cláusula del referido convenio determina la forma de pago de los intereses adeudados. Ese instrumento fue el promotor del cobro ejecutivo en el que los aquí incidentistas, allí demandados, se presentaron y a fs. 15 negaron formalmente la autenticidad de sus firmas puestas en el acuerdo precitado. Durante la sustanciación, y ante el pedido de los demandados, se suspendió la tramitación de ese proceso y se remitieron los antecedentes al proceso concursal de los cónyuges Cantero Fontanillo, conforme lo prevén los arts. 21 inc. 3 y concordantes ley 24.522.
La existencia de la obligación que se ejecuta resulta de los siguientes elementos de prueba:
- El convenio de pago (fechado el 04 de julio del año 2000), que se glosó a fs. 8/9 del proceso ejecutivo, y que fue promovido el 26 de febrero del año 2002, fecha que devino cierta al haber sido agregado a ese expediente judicial en los términos de los arts. 1034 y 1035 inc. 1º y concordantes Cód. Civil. Es decir, entonces, el convenio extrajudicial de pago que instrumenta la obligación incumplida por la demandada se celebró en el año 2000 y se presentó a juicio el 26 de febrero de 2002 (fs. 11/12 expte. cit.) es decir con antelación a la promoción del concurso preventivo que data del 15 de marzo de 2002 (fs. 59 vta. “Cantero, Lía Florencia – Fontanillo, Abel Francisco s/ concurso preventivo” (causa 53.460).
- Antes de la ejecución, con fecha 30 de enero de 2002, la actora cursó carta documento a la accionada emplazándole el cumplimiento de la deuda contraída, sin obtener respuesta de los deudores (cf. fs. 7, expte. Nº 53.668).
- La concursada, el 20 de marzo de 2002, desconoció la autenticidad de sus firmas (fs. 15 expte. cit.) y con fecha 22 de mayo de 2002 ese proceso individual quedó radicado ante el juzgado de la quiebra en base al fuero de atracción (art. 21 inc. 1º ley 24.522, fs. 26). - Pese a la conducta procesal asumida en aquél cobro ejecutivo en el proceso concursal efectuó un reconocimiento de deuda aquí en ejeución. En efecto, a fs. 47 la concursada, en cumplimiento de la denuncia de la nómina de acreedores que prescribe el art. 11 inc. 5 ley 24.522, consignó que adeudaba a Marta Velia Gaitón la suma de $ 20.000.- por “capital, a lo que deberá adicionarse los intereses, costas y costos” (sic., fs. 47 expte. 53.460). Aún cuando ese detalle no es totalmente coincidente con el monto del crédito, el número de expediente y el titular de la acreencia (conf. fs. 47 cit.), lo cierto es que revela el reconocimiento por la concursada de la existencia de una previa relación jurídica con la Sra. Gaitón y la condición de deudora (arts. 718, 720 y concs. Cód. Civil).
- Cabe añadir que ese reconocimiento de deuda se concretó al solicitarse la apertura del concurso preventivo (15/3/2002, fs. 59 vta. expte. cit.), con posterioridad a la firma del convenio extrajudicial de pago (fs. 8/9 expte. 53.668, del 4/7/2000), a la interpelación por carta documento que no respondió (30/1/2002, fs. 7 expte. cit.), a la promoción del cobro ejecutivo (26/2/2002, fs. 11 vta.). Con posterioridad, el 20 de Marzo de 2002 los esposos concursados negaron –en el cobro ejecutivo- la autenticidad de sus firmas (fs. 15), reprochable conducta que repitieron en estos autos, el 23 de Octubre de 2002 (fs. 8/10 de estos autos), lo que se demostró que era falso, conforme el resultado firme y no impugnado de la prueba pericial caligráfica (arts. 384, 474 y concs. C.P.C.; fs. 36/52 del cuaderno de prueba de la parte incidentista).
- Enfatizo que en estos autos, promovidos el 30 de agosto de 2002 (fs. 4), los concursados se oponen y reiteran expresamente la postura procesal asumida en el cobro ejecutivo (en el que se negó la autenticidad de la firma del convenio extrajudicial de pago), desconoció la existencia de un contrato de “mutuo dinerario” en base al cual se suscribió aquél otro convenio, y “que las firmas que se nos atribuyen respecto de la documentación agregada en las actuaciones expresadas en el párrafo precedente, nos pertenezcan” (sic. fs. 9 tercer párrafo).
- En el cuadernillo de prueba requerido para mejor proveer y que el Tribunal tiene a la vista, se encuentra acreditada –como anticipé- mediante la prueba pericial glosada a fs. 36/52 la autenticidad de las firmas de los esposos Cantero – Fontanillo, lo que desarticula categóricamente, la criticable postura procesal asumida al contestar el presente incidente y anteriormente el cobro ejecutivo, en contraposición al reconocimiento de lo actuado en el proceso concursal en el que, como dije, reconocieron un crédito a favor de los actores. Todos los precitados indicios constituyen prueba suficiente clara y contundente (arts. 163 inc. 5º, 384 y 474 C.P.C.) y son demostrativos de la existencia del crédito que se procura ejecutar, con entidad suficiente para obtener su reconocimiento en autos (arts. 1, 11 incs. 3 y 5, 32, 33, 36, 37 y concs. ley 24.522).
3. Del precitado sustento fáctico es fácilmente colegible la procedencia de la pretensión verificatoria, a mérito de lo decidido anteriormente por este Tribunal, en otros precedentes, con relación a la prueba de la causa de la obligación en los títulos de crédito, trasladable al caso de autos conforme la naturaleza del convenio extrajudicial de pago. En efecto, en otro incidente sustanciado entre los aquí demandados en el mismo proceso concursal, se decidió que la aplicación dogmática de la doctrina plenaria sentada por la Cámara Nacional Comercial en los casos "Translínea" y "Difry", conducía a verdaderos despropósitos, observándose situaciones claramente injustas que provocaban una virtual licuación de los pasivos reales, generando un evidente enriquecimiento ilícito del concursado (conf.
Rouillón y Figueroa Casas, en Código de Comercio comentado y anotado, Rouillón director, Alonso coordinador, tomo IV-A, págs.425 y 426; Di Tullio, Teoría y Práctica de la verificación de créditos, págs.276, 277 y 278)”. “Es por ello que –como se decidió en el antecedente que transcribí- corresponde reiterar el criterio interpretativo de esta Cámara, en sus dos Salas, al adherir al denominado criterio amplio imperante en la jurisprudencia, que se sustenta en los siguientes pilares argumentales: La "ratio legis" de la prueba de la causa de la obligación de los títulos cambiarios en la verificación concursal atiende a la finalidad de evitar el "concilium fraudis" entre el presunto acreedor y el concursado y para ello sólo es menester una adecuada justificación del crédito; descartada la posibilidad de connivencia dolosa no hay razón para extremar los recaudos hasta el límite de exigir una prueba puntual y definitiva del negocio fundamental, pues a los fines de la verificación basta una justificación mínima adecuada a las circunstancias; el acto cambiario es, sustancialmente, el título de verificación, por lo que es suficiente el material indiciario que justifique el libramiento de los pagarés o cheques; exigir una prueba acabada y contundente de la relación fundamental del título esterilizaría toda pretensión verificatoria fundada en títulos abstractos.
Sólo es menester una adecuada justificación del crédito; la télesis de los referidos fallos plenarios en los casos "Translínea" y "Difry" procura evitar el abultamiento ficticio del pasivo, impidiendo que el deudor se coloque en una posición más ventajosa ante el resto de los acreedores; finalmente, e interpretando los mencionados precedentes plenarios se enfatiza que su télesis está dirigida a evitar el concilio fraudulento, no exige una prueba acabada y contundente de la causa (lo que agravaría el criterio interpretativo de la ley), pidiéndose, en cambio, un relato plausible de las circunstancias en que se desarrolló la adquisición y el aporte de elementos indiciarios que sustenten la versión de los hechos (esta Sala, causas nº 55.751, 12/04/12, “Marmouget...” y n° 51.126 del 6-11-07, "Castellani").
El precedente que vengo siguiendo es aplicable a este proceso no sólo porque son trasladables las consideraciones sobre los títulos abstractos (en cierta medida lo es, aunque en parte, el convenio extrajudicial de pago –fs. 8/9 expte. 53.668-) sino porque pone de manifiesto la repetida conducta procesal de la concursada. En efecto –y retomo la cita- “se desprende claramente de las constancias de la causa que en el caso de autos no ha mediado un concilio fraudulento entre el acreedor y el concursado, tendiente a concretar un abultamiento ficticio del pasivo concursal en perjuicio de los verdaderos acreedores. Se sostuvo en un fallo judicial que la aludida doctrina no puede ser invocada en forma simplista para excluir de la verificación a todo portador de un cheque o pagaré, invocando la falta de acreditación de la causa, sino que para que tal circunstancia se produzca es necesaria la existencia de una maniobra fraudulenta por parte del deudor, que justifique la oposición a la verificación (Cámara Civil y Comercial 2da., La Plata, Sala 1, causa n° 110866 RSD-39-9, sentencia del 26-3-09, "Depresbiteris", voto de la Dra. Ferrer, sumario JUBA B257066; cf. esta Sala, causa nº 55.751, 12/04/12, “Marmouget...”). En este proceso resultan total e idénticamente repetibles los similares elementos probatorios ponderados en el precedente citado (esta Sala, causa nº 55.751 del 12/04/12, “Marmouget...” con primer voto del Dr. Peralta Reyes), en el que se añadió “se está ante una postura contradictoria de los concursados que, desde el inicio, la debilita de un modo concluyente (arts. 34 inciso 5 d, 163 inciso 6, 266, 272 y ccs. del Cód. Proc., expte. cit.)”. Igualmente resultan válidas las referencias hechas por el Dr. Peralta Reyes en su primer voto cuanto manifestó “precisamente, en el sub caso resulta completamente injustificada la oposición de los concursados a la verificación del crédito, quienes, por lo demás, han evidenciado una postura contradictoria y reprochable ...“.
A lo expuesto debe agregarse, como argumento medular, que la concursada, en el juicio ejecutivo, negó la autenticidad de las firmas estampadas en el convenio (fs. 15, expte. cit.) “pero sin haber desconocido la deuda, conforme lo exige la doctrina y jurisprudencia aplicable en la especie” (esta Sala, causa n°51030 del 9/8/07, “Promotora...”). A ello se agrega, como dato decisivo, que dicha aseveración “experimentó un categórico fracaso en el trámite del presente incidente, puesto que la pericia caligráfica aquí producida concluyó en que dicha firma se corresponde con el patrimonio escriturario de la deudora ... O sea que, también desde este ángulo, se muestra reprochable la actitud procesal esgrimida por los concursados” (fallo cit., causa nº 55.751 del 12/04/12, “Marmouget...” con primer voto del Dr.
Peralta Reyes). Cabe concluir trascribiendo lo argumentado -de modo coincidente- en aquel antecedente que: “la oposición de los concursados a la verificación del crédito careció de todo sustento, habiéndose basado exclusivamente en la negativa de autenticidad de la firma (en el caso del convenio extrajudicial de pago, en el precedente citado de un cheque), en un planteo que se desmoronó de un modo categórico. Como puede apreciarse, se trata de una postura obstruccionista y reprochable que, como tal, no puede merecer la recepción judicial (arts.542 inciso 4, 549 y ccs. del Cód. Proc.). Es dable destacar que en la nueva tendencia jurisprudencial sentada en la materia, se limita, o directamente se prohíbe, que el concursado o fallido sean quienes aleguen la deficiencia de acreditación causal cuando, a la vez, no invocasen la falsedad del título o algún vicio de la voluntad que invalide su rúbrica (CNCom., sala D, 9-6-89, J.A. 1990-II-330; ídem, 29-6-90, J.A. 1991-I-449; Cám.
Apel. Civ. y Com. Rosario, Sala I, 13-10-92, citados por Rouillón y Figueroa Casas, ob. cit. pág.426; CNCom., sala D, 30-3-90, ED 148-147, mencionado por Di Tullio, ob. cit. pág.279 nota 25; ver también Junyent Bas y Molina Sandoval, Ley de concursos y quiebras comentada, tomo I, págs.207 y 208). En conclusión la pretensión verificatoria debe ser acogida. Bien puntualiza Di Tullio que "la acreditación de la causa de la obligación documentada en títulos de crédito recoge de la jurisprudencia actual la conocida atenuación de la carga probatoria. Por tanto, frente a la versión suministrada por el acreedor, con el sustento de cheques, corresponde a quien resistió la verificación acreditar de manera incontrastable las circunstancias obstativas al reclamo.
El derecho cambiario subsiste como tal aun frente al concurso que tramita. La posesión calificada de esa clase de documentos confiere derechos y no existe regla que justifique excepción para el concursamiento del deudor" (ob. cit. pág.283, expte. cit., causa 55.751, 12/4/12, “Marmouget...”).
4. Por todo lo expuesto corresponde revocar la sentencia apelada y admitir el incidente de verificación tardía promovido por Marta Velia Gaitón y Eleuterio Gaitón y declarar verificado, como quirografario, el capital e intereses hasta la fecha solicitada de apertura del concurso (21/3/2002, fs. 3 vta. punto III), conforme lo acordado (fs. cit. punto III “in fine”) en la suma de $ 42.069,24 (arts. 19, 32, 33, 34, 248 y concs. L.C.). Las costas en ambas instancias serán soportadas por la concursada vencida (art. 68 C.P.C.). Oportunamente, glósese a estos autos principales el cuadernillo de prueba y devuélvanse los expedientes requeridos a la instancia de origen. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores PERALTA REYES y LONGOBARDI, por los mismos argumentos, votaron en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor GALDÓS, dijo:
Atento lo acordado al tratar la cuestión anterior, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., corresponde revocar la sentencia apelada y admitir el incidente de verificación tardía promovido por Marta Velia Gaitón y Eleuterio Gaitón y declarar verificado, como quirografario, el capital e intereses hasta la fecha solicitada de apertura del concurso (21/3/2002, fs. 3 vta. punto III), conforme lo acordado (fs. cit. punto III “in fine”) en la suma de $ 42.069,24 (arts. 19, 32, 33, 34, 248 y concs. L.C.). Las costas en ambas instancias serán soportadas por la concursada vencida (art. 68 C.P.C.). Oportunamente, glósese a estos autos principales el cuadernillo de prueba y devuélvanse los expedientes requeridos a la instancia de origen. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Señores Jueces Doctores PERALTA REYES y LONGOBARDI, por los mismos argumentos, votaron en igual sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
- S E N T E N C I A -
Azul, 27 de Febrero de 2014. -
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266 y 267 y concs. del C.P.C.C., REVÓCASE la sentencia apelada y ADMÍTESE el incidente de verificación tardía promovido por Marta Velia Gaitón y Eleuterio Gaitón y DECLÁRASE VERIFICADO, como quirografario, el capital e intereses hasta la fecha solicitada de apertura del concurso (21/3/2002, fs. 3 vta. punto III), conforme lo acordado (fs. cit. punto III “in fine”) en la suma de $ 42.069,24 (arts. 19, 32, 33, 34, 248 y concs. L.C.). IMPÓNGANSE las costas en ambas instancias a la concursada vencida (art. 68 C.P.C.). Oportunamente, GLÓSESE a estos autos principales el cuadernillo de prueba y DEVUÉLVANSE los expedientes requeridos a la instancia de origen. DIFIÉRASE la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 del Dec./Ley 8904/77). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría y DEVUÉLVASE. Firmado: María Inés Longobardi - Presidente - Cám. Civ. y Com. Sala II – Jorge Mario Galdós – Juez – Cám. Civ. y Com. Sala II – Víctor Mario Peralta Reyes – Juez – Cám. Civ. y Com. Sala II. Ante mí: Pedro Eugenio Ribet – Auxiliar Letrado – Cám. Civ. y Com. Sala II.---------------------------------------------------------------------
Fin de la sentencia