Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 38.035-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por el recurrente, con costas.
2Revocar la resolución Nº 158/17 (AD CAMP), en cuanto condena al Sr. HUGO SALVADOR GALANTE, por la comisión de la infracción al art. 965, inc. b), del C.A., al pago de una multa, a la vez que lo intima por el pago de tributos, con costas a la DGA.
3Reencuadrar la conducta del aquí actor y condenarlo en los términos del art. 968, inciso a), del C.A., imponiendo al respecto una multa cuyo monto asciende a la suma de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.535,53).
4Declarar que la multa impuesta en autos por infracción al art. 968, inc. a) del C.A. se encuentra alcanzada por la condonación prevista por la ley 27.260 y su reglamentación, con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-105516741-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 7 de Septiembre de 2023 Tribunal Fiscal de la Nación En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “F”, Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, a fin de resolver en los autos caratulados: “GALANTE, HUGO SALVADOR c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, expediente n° 38.035-A.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 6/19 se presenta el Sr. HUGO SALVADOR GALANTE e interpone recurso de apelación contra la resolución Nro. 158/17 (AD CAMP), por la que se lo condena al pago de una multa por la infracción prevista y penada en el art. 965, inc. b), del C.A. y se lo intima al pago de tributos. Señala que en el año 2007 adquirió un rodado marco Audi A3, sportblack 1,6, bajo el régimen de la Ley 19.279, por su condición de discapacitado. Sostiene que el 9/11/2010, fue operado de una afección ocular, por lo que otorgó una autorización a su esposa, Ángeles Carmona Jiménez, para la conducción del vehículo, ya que iba a necesitar ayuda para trasladarse, como consecuencia de las limitaciones que le provocarían dicha operación.
Afirma que el 14/4/11, personal de la Sección Procedimientos Externos de la Aduana de Bahía Blanca, en la localidad de Balcarce, labró el acta de infracción nro 38/11 e instruyó el sumario respectivo, imputándome la infracción al art. 965, inc b), del C.A., por transgresión al art. 5° de la Ley 19.279. Manifiesta que no existe infracción en el caso, ya que no vendió, donó, permutó, cedió ni transfirió por título alguno el rodado en cuestión siendo además ello jurídicamente imposible, por la expresa prohibición de contratar entre cónyuges, conforme arts. 1218, 1358 y cc del Código Civil. Sostiene así que no ha realizado ninguno de los actos descriptos por la norma, por lo que no se ha cometido la infracción imputada.
Afirma que el fin de la Ley 19.279 es evitar la enajenación de un vehículo aprovechando el beneficio de la exención de tributos, debiendo analizarse el espíritu de la norma y los derechos que pretende amparar. Alega que la Aduana efectúa una interpretación forzada de la norma, lo que lleva al extremo de impedir que un hombre afectado por una discapacidad, pueda ser trasladado por su esposa en su propio auto, para ser sometido a una operación de cataratas. Opone excepciones de nulidad y prescripción. Afirma que la Aduana denegó la prueba sin dar una fundamentación adecuada, lo que constituye una violación de la garantía constitucional de la defensa en juicio, lo que vicia de nulidad dicho acto administrativo.
Manifiesta que tanto la acción del Fisco para imponer penas como para percibir tributos, se encuentran prescriptas. Respecto de la acción para imponer penas, afirma que se encuentra prescripta en atención a que el auto de apertura del sumario es de fecha 26/4/12, siendo que la si bien la resolución condenatoria es de fecha 21/4/17, fue notificada el 8/5/17, cuando ya había operado el plazo de prescripción para imponer la pena. En cuanto a la prescripción de la acción tributaria, sostiene que el auto de apertura del sumario no pudo suspender la prescripción, ya que no reúne los requisitos del art. 1094 del C.A. en cuanto a la liquidación de tributos que pudieren corresponder. Finalmente, en subsidio, alega que al no haberse configurado la infracción imputada, no ha nacido la obligación tributaria, por lo que, de todas formas, no resulta procedente.
Ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada con costas.
II. Que a fs. 42/44 vta. la representación fiscal contesta el traslado del recurso. Efectúa una negativa genérica de todos y cada uno de los hechos alegados por la contraria. En cuanto a la prescripción de la acción penal, afirma que se vio interrumpida por el dictado de la resolución condenatoria, por lo que no se encuentra prescripta. Alude al fallo de la CSJN “WONDERLAND” sosteniendo que resulta de aplicación obligatoria para los jueces y tribunales inferiores. Manifiesta que se configuró la infracción imputada en autos, ya que al momento de comprobarse el destino de la mercadería importada, arribó la esposa del actor al domicilio, conduciendo el vehículo en cuestión, el que no podía ser objeto de cesión alguna. Agrega que la cesión de la mercadería adquirida al ampro de la ley 19.279 debe contar con el consentimiento de la autoridad que expide el certificado de autorización y del servicio aduanero, lo que no ha ocurrido en el caso. Acompaña las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, efectúa reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que a fs. 45 se tienen por acompañadas las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, se resuelve tratar con el fondo las excepciones planteadas por el recurrente y se provee la prueba ofrecida. A fs. 52 se elevan los autos a esta Sala “F” y, a continuación, pasan a sentencia.
IV. La Actuación SIGEA n° 12574-689-2007 se inicia con la solicitud de retiro de automotores para personas con discapacidad Nro. 3162/07. A fs. 4/5 luce la disposición n° 1652/06 por la cual el Servicio Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Programas Sanitarios del Ministerio de Salud, otorga autorización al Sr. Hugo Salvador Galante, para adquirir un automotor modelo estándar 0 km, con el beneficio que establece la Ley 19.279, modificada por las Leyes Nros. 22.499 y 24.183. A fs. 6/8 obran las facturas de compra, a fs. 10 copia del DNI del Sr. Galante y a fs. 18 su constancia de CUIT/CUIL. A fs. 19, en fecha 29/8/07, se expide la Dirección Nacional de Industria autorizando el pedido formulado por el Sr. Galante. A fs. 24 figura la constancia de entrega del vehículo en trato. A fs. 26, el 12/7/10, se emite la orden de intervención Nro. 10003OA01001064C, para la comprobación de destino del automóvil importado. A fs. 51 se emite otra orden de intervención de comprobación de destino en fecha 31/3/11. A fs. 52 obra el acta de constatación Nro. 38/11. A continuación, con fecha 14/4/11, se emite el Informe N° 55/11, por el cual se concluye que el beneficiario incurre en infracción al art. 965, inc. b) del C.A., en atención a que mediante escribano público autorizó a su esposa para la conducción del rodado, siendo que es el único autorizado a conducir. A fs. 54/55 obran fotos del rodado, DNI del Sr. Galante, cédula verde y autorización notarial que resulta ilegible. A fs. 56 luce el acta de denuncia. A fs. 60 obra liquidación de tributos y multa. A fs. 61, en fecha 26/4/12, se instruye sumario y se corre vista de lo actuado al Sr. Hugo Galante, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 965, inc. b), del C.A., que resulta notificado el 21/5/12, conforme constancia de fs. 77. A fs. 65/68 el imputado formula su descargo. A fs. 69/72 obra documentación acompañada por el Sr. Galante. A fs. 81/81 vta. se emite el dictamen nro. 92/17. A fs. 83/84 se dicta la resolución N° 158/17 (AD CAMP), aquí apelada.
V. Que, en primer lugar, corresponde tratar la excepción de nulidad opuesta por el recurrente. Sostiene que el auto por el cual se denegaron las pruebas por él ofrecidas, sin fundamentación alguna, es nulo ya que es contrario a su garantía constitucional de defensa en juicio.
Que cabe mencionar que atento a la posibilidad del actor, en esta instancia, de ofrecer y producir prueba con toda amplitud, oponer defensas que hagan a su derecho y exponer todos los argumentos que estime convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables. Que reiterada doctrina y jurisprudencia tiene resuelto que no es necesario que se analicen la totalidad de los argumentos de las partes, bastando con considerar aquellas que entiende el juzgador que son relevantes a los fines de alcanzar la solución de la causa. Por su parte, el hecho de que en esta instancia resulta posible merituar tanto la prueba obrante en las actuaciones administrativas como la aquí ofrecida por la recurrente, corresponde rechazar la alegada violación del derecho de defensa, ya que los alegados vicios del procedimiento no les causan indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado mediante la intervención de este Tribunal.
Resulta así de aplicación al caso la doctrina de la C.S.J.N., que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior (entre otros, Fallos: 205;549 y 267;393). Que, por ende corresponde rechazar la excepción de nulidad opuesta por el recurrente, con costas.
VI. Que, en segundo lugar, corresponde tratar la excepción de prescripción opuesta por el actor, de la acción del Fisco para imponer penas y percibir tributos.
Que respecto a la prescripción del Fisco para imponer penas el art. 934 del C.A expresa "La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años", comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación.
Que el art. 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934 y, específicamente, determina que "La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; b) la comisión de otra infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero, d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera".
Que, de este modo, el plazo del curso de la prescripción para imponer penas, comenzó a correr el 07/04/11 (fecha en que se constató la presunta infracción imputada en autos, según surge del acta de constatación obrante a fs. 52 de las act. adm.) y vencía el 07/04/16. No obstante, el dictado del auto de apertura de sumario en fecha 26/04/12 interrumpió el plazo de la prescripción (de conformidad a lo dispuesto por el antes referido art. 934 inc. a) del C.A.) y, por ende, el nuevo plazo comenzó a correr el 27/04/12 y el nuevo vencimiento ocurrió el 27/04/17.
Que, según resulta de las actuaciones administrativas, no mediaron en autos las causales de interrupción previstas por el art. 937, inc. b) y c), del C.A.
Finalmente, la resolución condenatoria en sede aduanera se dictó el 21/4/17, por lo que interrumpió nuevamente el curso de la prescripción.
El recurrente plantea que la resolución condenatoria se notificó una vez vencido el plazo prescriptivo, ya que se notificó el 8/5/17, cuando la acción ya estaba prescripta (prescribía el 27/4/17).
No obstante, dicho agravio no puede prosperar, ya que la resolución condenatoria se dictó antes del vencimiento del plazo prescriptivo, esto es el 21/4/17, por lo que se interpreta que el nuevo plazo de prescripción comenzó a correr a partir del día siguiente al de su dictado. Nótese que –conforme surge de la cédula de notificación obrante a fs. 85 de las act. adm. la misma es de fecha 24/4/17 –es decir del siguiente día hábil al del dictado de la resolución condenatoria- habiéndose notificado unos pocos días después, esto es el 8/5/17 y, por ende, siguiendo el criterio que se viene sosteniendo, dentro del nuevo plazo prescriptivo.
Que con igual criterio me expedí en mi voto, en la causa “EF SA c/ DGA s/ apelación”, expte 27.222-A, de fecha 7/3/22, en trámite ante la Sala “G”, que corresponde aplicar “mutatis mutandis”, al caso en cuestión.
Que, en consecuencia, corresponde rechazar la excepción de prescripción del Fisco para imponer penas opuesta por el aquí actor, con costas.
VII. Que, a continuación, corresponde tratar la prescripción de la acción tributaria del Fisco. Que el Código Aduanero regula el instituto de la prescripción -relativo a la acción que ejerce el fisco para el cobro de los tributos- en los arts. 803 y concordantes.
Que el art 803 del C.A. dispone que el plazo de prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera es de cinco años, el que comienza a correr –en los términos del art. 804 del C.A.- a partir del primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado. En el caso, resulta de aplicación el inciso b) de dicha norma, que establece: “b) cuando se tratare de tributos que debieren exigirse como consecuencia del incumplimiento de una obligación impuesta como condición del otorgamiento de un beneficio tributario, la prescripción comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha de dicho incumplimiento o, en caso de no poder precisársela, al de la fecha de su constatación”.
Que el recurrente sostiene que operó la prescripción de la acción tributaria en el caso, toda vez que al no cumplir el auto de apertura de sumario con los requisitos previstos en el art. 1094, inc d, del C.A., carece de virtualidad para suspender el plazo. Dicha circunstancia no se advierte en el caso, ya que de las actuaciones administrativas resulta que la apertura del sumario se efectuó conjuntamente con la corrida de vista y se determinaron los tributos exigidos por el servicio aduanero, por lo que no le asiste razón en su planteo.
Que tratando puntualmente la prescripción de la acción tributaria conforme lo dispuesto por el Código Aduanero, cabe señalar que habiéndose constatado el supuesto incumplimiento el 7/4/11, el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción data del día 01/01/12 y vencía el 31/12/17.
Que dicho plazo, se suspende -en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a)- desde la apertura del sumario, que se dictó el 26/4/12 (ver fs. 61 act. adm.), siendo que hasta ese momento habían transcurrido 3 meses y 26 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 4 años, 8 meses y 4 días, los que deben computarse una vez que cesara la aludida suspensión. Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se da desde el dictado del auto de apertura de sumario "... hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión”.
Que, no cabe duda de que la decisión a la que la norma hace referencia no puede ser otra que la resolución definitiva que se dicte en el sumario (art. 1112 del C.A.) cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la exigencia tributaria correspondiente.
Que, en el caso de autos, esa "decisión" -la prevista en el referido art. 805 inc. a) del C.A.- ha sido, pues, la resolución definitiva recaída en el sumario del que aquí se trata, esto es, la resolución AD CAMP N° 158/17 dictada el 21/4/17.
Que, en ese orden de ideas, la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se ha dado entre el 26/4/12 (fecha del dictado del auto de apertura del sumario) y el 24/4/17 (fecha del dictado de la resolución definitiva).
Siendo esta última fecha el límite de la suspensión de la que se trata, correspondiendo tomar la misma en el sentido dispuesto por la última parte del inciso a) del art. 805, que refiere textualmente al momento en que "recayere" la "decisión", sin que el texto aluda a su notificación.
Que entonces, el curso de la prescripción de la acción tributaria "continuó" desde el 25/4/17, es decir, que desde allí comenzaron a correr los 4 años, 8 meses y 4 días que restaban para completar el plazo prescriptivo, notificándose la resolución definitiva a la actora el 8/5/17 e interponiéndose recurso de apelación a este Tribunal el 29/5/17 (ver F4), de lo que se deduce que claramente la acción del Fisco para percibir tributos no se encuentra prescripta, ya que se notificó e incluso se interpuso recurso de apelación, dentro del plazo prescriptivo. Es más, dicha notificación interrumpió el plazo (art. 806, inc a, del CA) y la apelación ante este Tribunal volvió a suspenderlo (art. 805, inc c, del C.A.).
Que, por lo expuesto, corresponde también rechazar la excepción de prescripción opuesta por el actor de la acción tributaria del Fisco, con costas.
VIII. Que, sentado todo lo anterior, corresponde ahora resolver en autos si el Sr. Galante incurrió en la infracción tipificada por el art. 965, inc. b), del C.A. respecto de la mercadería importada en los términos de la Ley 19.279, modificada por las Leyes Nros 22.499 y 24.183.
Que el art. 965 del C.A establece que: “El que no cumpliere con la obligación que hubiere condicionado el otorgamiento de: … b) una exención total o parcial de tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe actualizado de los tributos dispensados;…”.
Que corresponde analizar si la obligación incumplida por el Sr. Galante condiciona el otorgamiento de la exención tributaria.
Conforme resulta de la disposición N° 1652 del 16/11/06 del Servicio Nacional de Rehabilitación del Ministerio, se concedió al Sr. Hugo Salvador Galante el beneficio que establece la Ley 19279 y modificatorias, para adquirir un automotor modelo estándar 0 km, con exención de tributos, debido a su condición de discapacitado. Específicamente, se autorizó la importación de un rodado AUDI A3 SPORTBLACK 1.6 MANUAL SEDAN 5 PUERTAS, EQUIPAMIENTO STD VIN N° WAUHA38P8.
También se dejó constancia que el vehículo debía ser conducido por el beneficiario, según dictamen de la Junta Médica. Corresponde señalar que los antecedentes de dicha autorización no obran agregados en las actuaciones administrativas.
Habiéndose cumplido los pasos respectivos con la intervención de los organismos pertinentes, el 21 de agosto de 2007 el Sr. Galante solicitó a la Aduana el retiro del automotor, conforme surge de fs. 1 de las act. adm., lo que se hizo efectivo el 31/8/07.
Con posterioridad, la Aduana emite la orden de intervención respectiva con el fin de comprobar el destino de vehículos importados bajo los beneficios de la Ley 19.279 y modificatorias.
Es por ello que, el 7/4/11, personal perteneciente a la Sección Procedimientos Externos de la Dirección Regional Aduanera de Bahía Blanca, se constituyen en el domicilio del Sr. Galante –ubicado en la localidad de Balcarce- a los efectos de cumplir con la tarea encomendada, conforme resulta del Acta de Constatación N° 38/11 (ver fs. 52 act. adm.
Según resulta de la misma, el personal aduanero fue atendido por el Sr. Galante permitiendo el acceso a su domicilio, quién exhibió la documentación que le fuera exigida. Casi cuarenta y cinco minutos después –según resulta del Acta- arriba su esposa con el rodado cuyo destino fueran a comprobar. Se deja constancia que el vehículo se guarda en el mismo domicilio, que no posee el adhesivo identificatorio correspondiente, que se toman fotografías digitales de la documentación aportada, entre ella una autorización notarial para conducir el rodado a nombre de Ángeles Carmona Giménez, esposa del beneficiario. Luego, el personal aduanero se retira del domicilio. A fs. 53 obra el Informe N° 55/11 efectuado por el personal aduanero en el que manifiestan que al llegar al domicilio el rodado no se encontraba allí, siendo que el Sr. Galante les informa que su esposa había salido con el mismo. Un rato más tarde –según informan- llega la señora con el vehículo y se procede a su verificación. Concluyen que “De las tareas realizadas, surge que el beneficiario incurre en infracción según art. 965 inc b) de la ley 22.415, atento a que mediante Escribano Público, autorizó a su esposa para la conducción del rodado, siendo que es el único autorizado a conducir”.
Es decir, el servicio aduanero entendió que la esposa del Sr. Galante no podía conducir el vehículo en cuestión, ya que él era el único autorizado para hacerlo, por lo que incumplió la obligación que condicionó el otorgamiento del beneficio tributario conforme lo dispuesto por el art. 5° de la Ley 19.279 y encuadró dicha conducta en el inc. b) del art. 965 del C.A., antes citado.
IX. La Ley 19.279 y modificatorias establece la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan adquirir automotores para uso personal, para realizar una profesión o estudios y/o cualquier otra actividad que les permita desarrollar una vida normal con el fin de su integral habilitación dentro de la sociedad (art. 1°). Permite la adquisición de automotores nacionales (art. 3 inc. a. y b.) como extranjeros (art. 3°, inc. c.) y, en este último caso, prevé que las importaciones estarán exentas del pago de derecho de importación, tasas de estadística y por servicio portuario y de los impuestos internos y al valor agregado. Cabe resaltar el art. 5° -en que se basa el servicio aduanero para imputar la infracción en análisis-, que establece “Los automotores adquiridos conforme a la presente ley y/o regímenes anteriores, serán inembargables por el término de Cuatro (4) años de la fecha de su habilitación final, no podrán ser vendidos, donados, permutados, cedidos, ni transferidos a título gratuito u oneroso…”.
Finalmente, el art. 6° refiere al caso en que el beneficiario infrinja la ley en comentario, en cuyo caso deberá restituir el total de los gravámenes dispensados a su adquisición.
Que la Ley 19.279, modificada por las Leyes 22.499 y 24.183, fue reglamentada por el Decreto 1313/93. Según la reglamentación, se considera persona discapacitada a la comprendida en los términos del Artículo 2º de la Ley Nº 22.431, que padezca en forma permanente alteraciones considerables que reduzcan su movilidad de manera que le impida o dificulte el uso del transporte colectivo de pasajeros, y que para su integración laboral, educacional, social o de salud y recreativa requiera la utilización de un automotor propio.
Cuando la naturaleza y grado de la discapacidad impidan a la persona conducir el automotor por sus propios medios, siempre que reúna los requisitos señalados en el párrafo anterior, la autoridad de aplicación autorizará el manejo del automotor por un tercero (el subrayado me pertenece).
La reglamentación también establece que a los efectos de gestionar el beneficio, se debe presentar una solicitud declarando varios datos, entre ellos, el cónyuge e hijos y demás personas con las que conviva el beneficiario. También establece en su art. 3° “Con carácter previo la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA deberá expedirse…mediante acto fundado estableciendo si el futuro beneficiario y/o su grupo familiar reúne capacidad económica suficiente como para adquirir el automóvil que pretende y para mantenerlo; asimismo, deberá aclarar si el interesado y/o grupo familiar posee una capacidad económica tal que le imposibilite acceder al beneficio.
X. El servicio aduanero –como ya se dijo- imputa la infracción en trato, sobre la base del incumplimiento de lo dispuesto por el art. 5° de la Ley 19.279 y modificatorias, al entender que el automóvil sólo podía ser conducido por el Sr. Galante.
Que tal como se desprende del análisis de la normativa citada, no se advierte cuál ha sido la conducta contraria a la obligación prevista por el citado art. 5°. En efecto, el automóvil continuaba siendo propiedad del Sr. Galante, se encontraba en su domicilio, no fue vendido, permutado, cedido, ni transferido a título oneroso o gratuito. El hecho de que su esposa lo condujera, no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por la norma.
En consecuencia, corresponde revocar la resolución apelada en cuanto imputa al aquí actor la comisión de la infracción al artículo 965, inciso b), del C.A.
Por su parte, la Ley 19.279 establece como sanción a quién infrinja la misma, la restitución de los tributos dispensados. En el caso, como se ha dicho, no se ha vulnerado lo previsto por la referida norma, por lo que tampoco se ajusta a derecho el reclamo tributario efectuado al recurrente, debiendo revocar la resolución apelada asimismo en este aspecto.
XI. Ahora bien, según surge de la disposición 1652/06, emitida por el Servicio Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud, por la cual se concede al Sr. Galante el beneficio de importar un automóvil en los términos de la Ley 19.279 y mod., se deja constancia en su art. 3° que el vehículo allí involucrado debía ser conducido por el beneficiario, según dictamen de la Junta Médica, que no obra agregado en las actuaciones administrativas. Ello también fue declarado por el recurrente al solicitar el retiro del automotor de la Aduana, al marcar el casillero “MANEJO PERSONAL”.
Que se advierte del análisis de la reglamentación, que el hecho de que el vehículo pueda ser manejado por el propio discapacitado o por un tercero, depende de la naturaleza y grado de la discapacidad, siendo que en el caso se determinó que el Sr. Galante podía conducir el automóvil por sí mismo.
Que no obstante, no puede dejar de mencionarse que en el caso, quién conducía el rodado era la cónyuge del beneficiario, que convivía con él y no un tercero ajeno. Por su parte, la reglamentación refiere en varias oportunidades, a que el análisis de la concesión del beneficio incluye al grupo familiar, por lo que no resulta contrario al sentido común, considerar que los convivientes con el beneficiario del régimen, en el caso, la esposa, puedan conducir el automotor en cuestión. No está de más mencionar que la reglamentación no lo prohíbe de forma expresa en su articulado.
Sin perjuicio de ello, conforme los términos de la disposición 1652/06 del Ministerio de Salud y la propia declaración efectuada por el recurrente, la suscripta entiende que el Sr. Galante debió solicitar autorización –o al menos informar- al servicio aduanero que su esposa conduciría el rodado, en atención a sus limitaciones médicas por la operación a la que fuera sometido, conforme surge de la certificación médica obrante a fs. 72 de las act. adm. y autorización notarial (en parte ilegible obrante a fs. 55 de las mismas. Es por ello que considero que corresponde reencuadrar la conducta del aquí actor en el art. 968, inciso a), del C.A. que establece: “Cuando el incumplimiento de la obligación que hubiese condicionado el beneficio no afectare la finalidad que motivara su otorgamiento: a) el responsable de la trasgresión prevista en el inciso a) o b), del artículo 965, será sancionado con una multa del UNO (1%) al DIEZ (10%) por ciento del valor en aduana de la mercadería en infracción...”.
Que debe tenerse presente que “también se prevé una infracción para los incumplimientos que no afectan la finalidad que motivó el otorgamiento del beneficio, que consiste en una transgresión formal”, que por lo tanto tiene una pena atenuada (Alsina Mario A, Barreira Enrique C., Basaldúa Ricardo X., Cotter Moine Juan P. y Vidal Albarracín Hector G., “Código Aduanero comentado”, completado y actualizado por Barreira Enrique C., Basaldúa Ricardo X., Vidal Albarracín Hector G, Cotter Moine Juan P., Sumcheski Ana L. y Vidal Albarracín (h) Guillermo. Abeledo Perrot, Buenos Aires 2011, T II, p. 304). Que en tal sentido y, teniendo en cuenta las circunstancias del caso en trato, considero que la multa debe graduarse en un cinco por ciento (5%) del valor en aduana de la mercadería en infracción, la que asciende a la suma de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 2535,53).
XII. Que no obstante lo dispuesto en el considerando precedente, corresponde aplicar en el caso lo dispuesto por la Ley 27.260.
Cabe aclarar que a pesar de que se considera cometida la infracción al art. 968, inc a) del C.A. (por su reencuadre) a la fecha del dictado de la presente, lo cierto es que la conducta que lleva a la suscripta a efectuar dicho reencuadre se realizó el 7/4/11, motivo por el cual corresponde de todas formas aplicar al caso lo dispuesto por la ley mencionada.
Que la Ley 27.260 de Régimen de Regularización Excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras, en su art. 56 dispuso, en lo que aquí interesa, que “El beneficio de liberación de multa y demás sanciones correspondientes a infracciones formales cometidas hasta el 31 de mayo de 2016, que no se encuentren firmes ni abonadas, operará cuando con anterioridad a la fecha en que finalice el plazo para el acogimiento al presente régimen, se haya cumplido o se cumpla con la respectiva obligación formal…Cuando el deber formal transgredido no fuese, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio, siempre que la falta haya sido cometida con anterioridad al 31 de mayo de 2016, inclusive…”.
Que, la Resolución General 3920/16 (AFIP), reglamentó la ley 27.260 y previó, entre otras cuestiones, el procedimiento para la adhesión al Régimen de Regularización en cuestión.
Que, por su parte, la Resolución General 4007/17 (AFIP), en su art. 5, estableció que la condonación de sanciones formales que no se encuentren firmes ni abonadas al 31 de mayo de 2016, operará cuando se haya cumplido o se cumpla con la respectiva obligación formal hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive. Cuando el deber formal transgredido no sea, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio. Cabe resaltar que en el último párrafo del mencionado artículo se incluye entre las sanciones formales la tipificada en el art. 968 del C.A.
Que, en consecuencia, del análisis de la normativa transcripta ut-supra resulta que concurren en el caso las condiciones previstas en la normativa aplicable que torna procedente la condonación de oficio, por cuanto se trata de una multa que según la norma mencionada la propia AFIP ha considerado formal, configurada con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.260 –es decir en el año 2011-.
Que, por lo demás, la citada reglamentación fue dictada en ejercicio de las facultades conferidas a dicho efecto por el art. 93 de la ley 27.260.
Que atento a lo expuesto no corresponde a este Tribunal un mayor abundamiento exegético al respecto y, conforme a la interpretación efectuada por la AFIP, procede considerar que la multa aquí apelada se encuentra alcanzada por el régimen de condonación dispuesta por la ley 27.260 y su reglamentación. Que, por ello voto por:
1. Rechazar las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por el recurrente, con costas.
2. Revocar la resolución Nº 158/17 (AD CAMP), en cuanto condena al Sr. HUGO SALVADOR GALANTE, por la comisión de la infracción al art. 965, inc. b), del C.A., al pago de una multa, a la vez que lo intima por el pago de tributos, con costas a la DGA.
3. Reencuadrar la conducta del aquí actor y condenarlo en los términos del art. 968, inciso a), del C.A., imponiendo al respecto una multa cuyo monto asciende a la suma de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.535,53).
4. Declarar que la multa impuesta en autos por infracción al art. 968, inc. a) del C.A. se encuentra alcanzada por la condonación prevista por la ley 27.260 y su reglamentación, con costas por su orden. El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Que adhiero, en lo sustancial, al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Rechazar las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por el recurrente, con costas.
2. Revocar la resolución Nº 158/17 (AD CAMP), en cuanto condena al Sr. HUGO SALVADOR GALANTE, por la comisión de la infracción al art. 965, inc. b), del C.A., al pago de una multa, a la vez que lo intima por el pago de tributos, con costas a la DGA.
3. Reencuadrar la conducta del aquí actor y condenarlo en los términos del art. 968, inciso a), del C.A., imponiendo al respecto una multa cuyo monto asciende a la suma de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.535,53).
4. Declarar que la multa impuesta en autos por infracción al art. 968, inc. a) del C.A. se encuentra alcanzada por la condonación prevista por la ley 27.260 y su reglamentación, con costas por su orden.
Regístrese y notifíquese. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente la Dra. Claudia B. Sarquis (Vocal subrogante de la Vocalía 18ª Nominación) y los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2023.09.07 16:30:12 -03:00 Date: 2023.09.07 18:38:11 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.09.07 20:09:55 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.09.07 20:09:56 -03:00
Fin de la sentencia