Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 38035-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar el pronunciamiento del TFN de fecha 7/09/2023, con costas (art. 68, 1° parte del CPCCN).
Galante Hugo Salvador (TF 3805-A) c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo Buenos Aires, 2 de julio de 2024.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 7/09/2023 el Tribunal Fiscal de la Nación rechazó las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por el recurrente, con costas. Revocó la resolución N° 158/17 (AD CAMP), en cuanto condenó al Sr. HUGO SALVADOR GALANTE, por la comisión de la infracción al art. 965, inc. b), del C.A., al pago de una multa, a la vez que lo intimó por el pago de tributos, con costas a la DGA. Reencuadró la conducta del aquí actor y lo condenó, en los términos del art. 968, inciso a), del C.A., imponiendo al respecto una multa cuyo monto asciende a la suma de $ 2.535,53. Declaró que la multa impuesta en autos por infracción al art. 968, inc. a) del C.A. se encontraba alcanzada por la condonación prevista por la ley 27.260 y su reglamentación, con costas por su orden.
Para así resolver, en cuanto aquí interesa, sostuvo que, correspondía resolver en autos si el Sr. Galante incurrió en la infracción tipificada por el art. 965, inc. b), del C.A. respecto de la mercadería importada en los términos de la Ley 19.279, modificada por las Leyes Nros 22.499 y 24.183.
Al respecto, precisó que el art. 965 del C.A establecía que: “El que no cumpliere con la obligación que hubiere condicionado el otorgamiento de: ... b) una exención total o parcial de tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe actualizado de los tributos dispensados...” En tales términos, indicó que, correspondía analizar si la obligación incumplida por el Sr. Galante condicionaba el otorgamiento de la exención tributaria.
En tales condiciones, ponderó que, conforme resultaba de la disposición N° 1652 del 16/11/06 del Servicio Nacional de Rehabilitación del Ministerio, se concedió al Sr. Hugo Salvador Galante el beneficio que establece la Ley 19279 y modificatorias, para adquirir un automotor modelo estándar 0 km, con exención de tributos, debido a su condición de discapacitado. Específicamente, se autorizó la importación de un rodado AUDI A3 SPORTBLACK. 1.6 MANUAL SEDAN 5 PUERTAS, EQUIPAMIENTO STD VIN N° WAUHA38P8. También se dejó constancia que el vehículo debía ser conducido por el beneficiario, según dictamen de la Junta Médica.
Señaló que los antecedentes de dicha autorización no obraban agregados en las actuaciones administrativas y que, habiéndose cumplido los pasos respectivos con la intervención de los organismos pertinentes, el 21 de agosto de 2007 el Sr. Galante solicitó a la Aduana el retiro del automotor, conforme surge de fs. 1 de las act. adm., lo que se hizo efectivo el 31/8/07. Adujo que, con posterioridad, la Aduana emitió la orden de intervención respectiva con el fin de comprobar el destino de vehículos importados bajo los beneficios de la Ley 19.279 y modificatorias.
Puntualizó que, por ello, el 7/4/11, personal perteneciente a la Sección Procedimientos Externos de la Dirección Regional Aduanera de Bahía Blanca, se constituyeron en el domicilio del Sr. Galante -ubicado en la localidad de Balcarce- a los efectos de cumplir con la tarea encomendada, conforme resulta del Acta de Constatación N° 38/11 (ver fs. 52 act. adm.)
Indicó que, según resultaba de la misma, el personal aduanero fue atendido por el Sr. Galante permitiendo el acceso a su domicilio, quién exhibió la documentación que le fuera exigida. Casi cuarenta y cinco minutos después - según resulta del Acta- arribó su esposa con el rodado cuyo destino fueran a comprobar. Se dejó constancia que el vehículo se guardaba en el mismo domicilio, que no poseía el adhesivo identificatorio correspondiente, que se tomaron fotografías digitales de la documentación aportada, entre ella una autorización notarial para conducir el rodado a nombre de Ángeles Carmona Giménez, esposa del beneficiario. Luego, el personal aduanero se retiró del domicilio. Adujo que, a fs. 53 obraba el Informe N° 55/11 efectuado por el personal aduanero en el que manifestaron que al llegar al domicilio el rodado no se encontraba allí, siendo que el Sr. Galante les informó que su esposa había salido con el mismo. Un rato más tarde -según informaron- llegó la señora con el vehículo y se procedió a su verificación. Concluyeron que “De las tareas realizadas, surge que el beneficiario incurre en infracción según art. 965 inc b) de la ley 22.415, atento a que mediante Escribano Público, autorizó a su esposa para la conducción del rodado siendo que es el único autorizado a conducir".
Es decir, el servicio aduanero entendió que la esposa del Sr. Galante no podía conducir el vehículo en cuestión, ya que él era el único autorizado para hacerlo, por lo que incumplió la obligación que condicionó el otorgamiento del beneficio tributario conforme lo dispuesto por el art. 5º de la Ley 19.279 y encuadró dicha conducta en el inc. b) del art. 965 del C.A.
Puntualizó que, la Ley 19.279 y modificatorias establecía la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan adquirir automotores para uso personal, para realizar una profesión o estudios y/o cualquier otra actividad que les permita desarrollar una vida normal con el fin de su integral habilitación dentro de la sociedad (art. 1º). Permite la adquisición de automotores nacionales (art. 3º inc. a. y b.) como extranjeros (art. 3º, inc. c.) y, en este último caso, prevé que las importaciones estarán exentas del pago de derecho de importación, tasas de estadística y por servicio portuario y de los impuestos internos y al valor agregado.
Resaltó que, el art. 5º -en que se basa el servicio aduanero para imputar la infracción en análisis-, establece "Los automotores adquiridos conforme a la presente ley y/o regímenes anteriores, serán inembargables por el término de Cuatro (4) años de la fecha de su habilitación final, no podrán ser vendidos, donados, permutados, cedidos, ni transferidos a título gratuito u oneroso... ”. Finalmente, el art. 6o refiere al caso en que el beneficiario infrinja la ley en comentario, en cuyo caso deberá restituir el total de los gravámenes dispensados a su adquisición.
Manifestó que la Ley 19.279, modificada por las Leyes 22.499 y 24.183, fue reglamentada por el Decreto 1313/93. Refirió que, según la reglamentación, se considera persona discapacitada a la comprendida en los términos del Artículo 2º de la Ley N° 22.431, que padezca en forma permanente alteraciones considerables que reduzcan su movilidad de manera que le impida o dificulte el uso del transporte colectivo de pasajeros, y que para su integración laboral, educacional, social o de salud y recreativa requiera la utilización de un automotor propio. Cuando la naturaleza y grado de la discapacidad impidan a la persona conducir el automotor por sus propios medios, siempre que reúna los requisitos señalados en el párrafo anterior, la autoridad de aplicación autorizará el manejo del automotor por un tercero.
Observó que, la reglamentación también establece que a los efectos de gestionar el beneficio, se debe presentar una solicitud declarando varios datos, entre ellos, el cónyuge e hijos y demás personas con las que conviva el beneficiario. También establece en su art. 3º: “Con carácter previo la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA deberá expedirse… mediante acto fundado estableciendo si el futuro beneficiario y/o su grupo familiar reúne capacidad económica suficiente como para adquirir el automóvil que pretende y para mantenerlo; asimismo, deberá aclarar si el interesado y/o grupo familiar posee una capacidad económica tal que le imposibilite acceder al beneficio”.
Sentado ello, ponderó que, el servicio aduanero -como ya se dijoimputaba la infracción en trato, sobre la base del incumplimiento de lo dispuesto por el art. 5º de la Ley 19.279 y modificatorias, al entender que el automóvil sólo podía ser conducido por el Sr. Galante.
Con relación a ello, consideró que, tal como se desprendía del análisis de la normativa citada, no se advertía cuál había sido la conducta contraria a la obligación prevista por el citado art. 5º. En efecto, el automóvil continuaba siendo propiedad del Sr. Galante, se encontraba en su domicilio, no fue vendido, permutado, cedido, ni transferido a título oneroso o gratuito. El hecho de que su esposa lo condujera, no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por la norma.
En consecuencia, correspondía revocar la resolución apelada en cuanto imputa al aquí actor la comisión de la infracción al artículo 965, inciso b) del C.A.
Añadió que, por su parte, la Ley 19.279 establece como sanción a quién infrinja la misma, la restitución de los tributos dispensados. En el caso, como se ha dicho, no se ha vulnerado lo previsto por la referida norma, por lo que tampoco se ajusta a derecho el reclamo tributario efectuado al recurrente, debiendo revocar la resolución apelada asimismo en este aspecto.
Aclarado ello, alegó que, según surgía de la disposición 1652/06, emitida por el Servicio Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud, por la cual se concedía al Sr. Galante el beneficio de importar un automóvil en los términos de la Ley 19.279 y mcd., se dejaba constancia en su art. 3º que el vehículo allí involucrado debía ser conducido por el beneficiario, según dictamen de la Junta Médica, que no obraba agregado en las actuaciones administrativas. Ello también fue declarado por el recurrente al solicitar el retiro del automotor de la Aduana, al marcar el casillero “MANEJO PERSONAL”.
Advirtió del análisis de la reglamentación, que el hecho de que el vehículo pueda ser manejado por el propio discapacitado o por un tercero, dependía de la naturaleza y grado de la discapacidad, siendo que en el caso se determinó que el Sr. Galante podía conducir el automóvil por sí mismo. No obstante, no podía dejar de mencionarse que en el caso, quien conducía el rodado era la cónyuge del beneficiario, que convivía con él y no un tercero ajeno. Agregó que, por su parte, la reglamentación refería en varias oportunidades, a que el análisis de la concesión del beneficio incluía al grupo familiar, por lo que no resultaba contrario al sentido común, considerar que los convivientes con el beneficiario del régimen, en el caso, la esposa, puedan conducir el automotor en cuestión. Mencionó que la reglamentación no lo prohíbe de forma expresa en su articulado.
Expresó que, sin perjuicio de ello, conforme los términos de la disposición 1652/06 del Ministerio de Salud y la propia declaración efectuada por el recurrente, el Sr. Galante debió solicitar autorización -o al menos informar- al servicio aduanero que su esposa conduciría el rodado, en atención a sus limitaciones médicas por la operación a la que fuera sometido, conforme surgía de la certificación médica obrante a fs. 72 de las act. adm. y autorización notarial (en parte ilegible obrante a fs. 55 de las mismas).
En dicho contexto, consideró que correspondía reencuadrar la conducta del actor en el art. 968. inciso a), del C.A. que establece: "Cuando el incumplimiento de la obligación que hubiese condicionado el beneficio no afectare la finalidad que motivara su otorgamiento: a) el responsable de la trasgresión prevista en el inciso a) o b), del artículo 965, será sancionado con una multa del UNO (1 %) al DIEZ (10%) por ciento del valor en aduana de la mercadería en infracción...”
Agregó que, asimismo, debía tenerse presente que "también se prevé una infracción para los incumplimientos que no afectan la finalidad que motivó el otorgamiento del beneficio, que consiste en una transgresión formal”, que por lo tanto tiene una pena atenuada.
En tal sentido y, teniendo en cuenta las circunstancias del caso en trato, consideró que la multa debía graduarse en un cinco por ciento (5%) del valor en aduana de la mercadería en infracción, la que ascendía a la suma $ 2535,53. Por último, apuntó que, no obstante lo dispuesto precedentemente, correspondía aplicar en el caso lo dispuesto por la Ley 27.260. Aclaró que, a pesar de que se consideraba cometida la infracción al art. 968, inc a) del C.A. (por su reencuadre) a la fecha del dictado de la presente, lo cierto era que la conducta que llevaba a efectuar dicho reencuadre se realizó el 7/4/11, motivo por el cual correspondía de todas formas aplicar al caso lo dispuesto por la ley mencionada. Alegó que, la Ley 27.260 de Régimen de Regularización Excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras, en su art. 56 dispuso, en lo que aquí interesa, que “El beneficio de liberación de multa y demás sanciones correspondientes a infracciones formales cometidas hasta el 31 de mayo de 2016, que no se encuentren firmes ni abonadas, operará cuando con anterioridad a la fecha en que finalice el plazo para el acogimiento al presente régimen, se haya cumplido o se cumpla con la respectiva obligación formal... Cuando el deber formal transgredido no fuese, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio, siempre que la falta haya sido cometida con anterioridad al 31 de mayo de 2016, inclusive... ”.
Asimismo, la Resolución General 3920/16 (AFIP), reglamentó la ley 27.260 y previó, entre otras cuestiones, el procedimiento para la adhesión al Régimen de Regularización en cuestión. Por su parte, la Resolución General 4007/17 (AFIP), en su art. 5, estableció que la condonación de sanciones formales que no se encuentren firmes ni abonadas al 31 de mayo de 2016, operará cuando se haya cumplido o se cumpla con la respectiva obligación formal hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive. Cuando el deber formal transgredido no sea, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la sanción quedará condonada de oficio. Resaltó que en el último párrafo del mencionado artículo se incluía entre las sanciones formales la tipificada en el art. 968 del C.A.
En consecuencia, consideró que, del análisis de la normativa transcripta ut supra resultaba que concurrían en el caso las condiciones previstas en la normativa aplicable que tornaba procedente la condonación de oficio, por cuanto se trataba de una multa que según la norma mencionada la propia AFIP había considerado formal, configurada con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.260 -es decir, en el año 2011-.
Por lo demás, precisó que, la citada reglamentación fue dictada en ejercicio de las facultades conferidas a dicho efecto por el art. 93 de la ley 27.260. Por lo tanto, procedía considerar que la multa apelada se encontraba alcanzada por el régimen de condonación dispuesta por la ley 27.260 y su reglamentación.
II. Que contra dicho pronunciamiento el con fecha 26/10/2023 interpuso recurso de apelación y expresó agravios la demandada, los que fueron replicados por la contraria el 25/11/2023.
Se agravia la recurrente por cuanto la sentencia recurrida dispone revocar la resolución N° 158/17 (AD CAMP), en cuanto condena al Sr. HUGO SALVADOR GALANTE por la comisión de la infracción al art. 965, inc. b), del C.A., al pago de una multa, a la vez que lo intima por el pago de tributos, con costas a la DGA.
Al respecto, destaca que el TFN ha incurrido en un grave error al momento de interpretar de manera arbitraria la normativa aduanera aplicable al caso concreto.
En primer lugar, señala que no se encuentra controvertido en autos que se le ha permitido a la actora la adquisición de un automotor con los beneficios que establece la Ley 19.279, modificada por las leyes 22.499 y 24.183. Indica que, así las cosas, al efectuarse la correspondiente comprobación de destino de dicho vehículo, su parte detectó que no poseía el adhesivo identificatorio de traslado de personas con discapacidad, conforme lo dispone el artículo 12 de la Ley 19.279, y que, además, se habría autorizado mediante escribano público a la esposa del beneficiado del régimen a conducir el rodado, siendo la parte actora la única calificada para hacerlo.
Manifiesta que, dicha conducta encuadraría en el inc. b) del artículo 965 del C.A., el cual dispone: "El que no cumpliere con la obligación que hubiera condicionado el otorgamiento de: (...) b) una exención total o parcial de tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe actualizado de los tributos dispensados (...)".
Alega que, en cuanto al régimen de importación de automóviles para personas con discapacidad, la mencionada ley 19.279 -y sus modificatoriasautorizan la importación de un automotor estándar, sin accesorios opcionales y con los mecanismos de adaptación requeridos para cada caso particular, sin la exigencia de abonar derechos de importación, tasas de estadística e impuestos internos. Tal beneficio, sin embargo, resulta condicionado a que el vehículo fuera destinado al uso exclusivo del discapacitado por un lapso no menor de cuatro años.
Destaca que, uno de los elementos esenciales para el cumplimiento del régimen que estamos analizando es el uso exclusivo del rodado importado por parte del beneficiario del mismo. Sobre este aspecto, hace especial mención a la información recabada en el Acta de Constatación N.° 38/11 de fs. 52, en la cual se dispuso que no solo al llegar al domicilio de la actora el rodado no se encontraba allí, sino que además el mismo estaba siendo conducido por su esposa. En este punto, considera que, el TFN adoptó una posición unilateral al momento de analizar el tema en cuestión alegando que "(...) El hecho de que su esposa lo condujera, no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por la norma”. Expone que, sin embargo, dicha apreciación resulta contraria a lo especificado por la normativa aplicable, e incluso a lo declarado por la propia actora al momento de requerir la solicitud de adquisición del automóvil, por cuanto, tal como se aprecia, al disponer el Servicio Nacional de Rehabilitación la autorización de importación del vehículo en los términos de la ley 19.279 se especificó que el mismo debía ser conducido por el beneficiario. Asimismo, y tal como lo destaca el propio Tribunal Fiscal de la Nación en su decisorio, al solicitar el retiro del automotor de la Aduana, el recurrente declaró que el mismo se utilizaría para "manejo personal". Evidentemente, la utilización del vehículo en los términos de la ley 19.279 y su reglamentación estaba condicionada a la obligación de uso exclusivo por parte del contrario.
Pone de relieve que, esa condición debía ser demostrada por parte de la actora a la autoridad de aplicación, quien puede llevar a cabo "las verificaciones e Inspecciones que juzgue necesarias incluso en el domicilio de los beneficiarlos, sin aviso previo de ninguna naturaleza", conforme lo estipulado por el artículo 14 inc. 2) del Decreto 1313/1993.
Pondera que, en el caso de marras, reiteramos, su parte efectuó la correspondiente inspección de destino en el domicilio físico de la contraparte, verificando así el incumplimiento de las obligaciones impuestas como consecuencia del régimen del cual resultó beneficiada. Por otra parte, destaca que resultan arbitrarios los dichos del Vocal preopinante al considerar que "(...) no puede dejar de mencionarse que, en el caso, quién conducía el rodado era el cónyuge del beneficiario, que convivía con él y no un tercero ajeno. Por su parte, la reglamentación refiere en varias oportunidades, a que el análisis de la concesión del beneficio incluye al grupo familiar, por lo que no resulta contrario al sentido común, considerar que los convivientes con el beneficiario del régimen, en el caso, /a esposa, puedan conducir el automotor en cuestión. No está de más mencionar que la reglamentación no lo prohíbe en forma expresa en su articulado”.
Al respecto, entiende, corresponde realizar ciertas consideraciones: i) En primer lugar, el artículo 1º del Decreto 1313/1993 establece, en su segundo apartado, que "Cuando la naturaleza y grado de la discapacidad impidan a la persona conducir el automotor por sus propios medios, siempre que reúna los requisitos señalados en el párrafo anterior, la autoridad de aplicación autorizará el manejo del automotor por un tercero". En el caso de marras, se determinó que el actor podía conducir el rodado por sí mismo. Cabe señalar que este aspecto también fue afirmado por el propio Tribunal Fiscal de la Nación. ii) Por otro lado, si bien la reglamentación efectivamente hace alusión al "grupo familiar", no lo hace en relación a la posibilidad de utilización del rodado por parte de aquél. Por el contrario, el Decreto 1313 menciona al beneficiario y a su grupo familiar en relación a la capacidad económica que deben reunir a los fines de adquirir y mantener el rodado pretendido. Esta circunstancia resulta plenamente verificable de la simple lectura del Decreto mencionado. iii) Por último, de tener la actora la necesidad imperiosa de que otra persona conduzca el vehículo adquirido -en el caso de marras, por haberse sometido a una operación de cataratas, precisando la misma asistencia para su traslado- no basta únicamente con una autorización por escribano público para pretender su ilimitada utilización, sino que dicha circunstancia debió ser comunicada a la autoridad de aplicación para así evaluar el caso concreto y definir si correspondía -o no- autorizar a su conducción por parte de otra persona, con las limitaciones temporales correspondientes, propias del tiempo de recuperación de la intervención médica a la que esta parte ha hecho alusión.
Por último, manifiesta que, su parte no entiende cómo la Sala F pudo haber considerado que no se encontraba afectada la finalidad que motivó el otorgamiento de la autorización para importar un vehículo en los términos de la mentada ley 19.279 y sus modificatorias, pretendiendo reencuadrar la conducta de la contraria en la estipulada en el artículo 968 del C.A. e incluso condonar la multa aplicable al incumplimiento de las obligaciones del régimen, toda vez que la finalidad del régimen de importación de automóviles para personas con discapacidad ha sido violentada, por cuanto se ha demostrado que el vehículo adquirido no fue utilizado únicamente por el beneficiario del régimen, sino también por su esposa, contrariando así los principios básicos de la normativa aplicable al caso concreto, no correspondiendo entonces su reencuadre, y mucho menos su condonación.
En conclusión, no cabe duda que la parte actora no ha podido probar que el régimen de importación de automotores, en los términos de la ley 19.279 fue cumplido en su totalidad. Además, surge de las propias actuaciones que el automotor en objeto se encontraba siendo utilizado indiscriminadamente por parte de otro miembro del grupo familiar del beneficiario.
Resalta que, la parte actora a lo largo del procedimiento y del presente proceso no ha podido probar de ninguna manera que no ha incurrido en la infracción prevista y penada en el Art. 965 inc. b) del C.A. Asimismo, el TFN en su sentencia desconoce de forma absoluta las constancias del procedimiento llevado a cabo por el Servicio Aduanero. Cuestión que no guarda ninguna lógica ya que dicho procedimiento resulta absolutamente relevante para la configuración de la infracción en cuestión y que aquí nos encontramos discutiendo.
III. Que el art. 265 del C.P.C.C.N. establece, en lo pertinente, que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.
Sobre este punto, se ha dicho que la expresión de agravios es un acto de petición destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal y su forma le impone claridad expositiva, para facilitar su estudio (conf., Fenochietto-Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, T.1, Astrea, Buenos Aires, 1987, pp. 834/836).
Al efecto, corresponde recordar que la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada y autosuficiente del pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio de los razonamientos de aquél, demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.
IV. Que en el sub examine, el núcleo de la decisión del Tribunal a quo para revocar, se sustentó en que no se advertía la comisión de la infracción al artículo 965, inciso b) del C.A., sobre la base del incumplimiento de la obligación prevista por el citado art. 5° de la ley 19.279, toda vez que el automóvil continuaba siendo propiedad del Sr. Galante, se encontraba en su domicilio, no había sido vendido, permutado, cedido, ni transferido a título oneroso o gratuito y asimismo, que el hecho de que su esposa lo condujera, no encuadraba en ninguno de los supuestos previstos por la norma; frente a lo cual, la recurrente, se extiende en la invocación de circunstancias de hecho ajenas a la materia resuelta así como a los fundamentos tenidos en cuenta para arribar a la decisión, limitándose a manifestar su disconformidad con lo decidido sin controvertir el argumento central del pronunciamiento impugnado.
En tales condiciones, corresponde rechazar el recurso intentado.
V. Que sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que, el art. 965 del C.A establece que: “El que no cumpliere con la obligación que hubiere condicionado el otorgamiento de: ... b) una exención total o parcial de tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe actualizado de los tributos dispensados (...)”.
Por su parte la ley 19.279, establece: “Art. 5°. Los automotores adquiridos conforme a la presente ley y/o regímenes anteriores, serán inembargables por el término de Cuatro (4) años de la fecha de su habilitación final, no podrán ser vendidos, donados, permutados, cedidos, ni transferidos a título gratuito u oneroso (…)”.
“Art. 6°. El beneficiario que infringiera el régimen de esta ley o las disposiciones que en su consecuencia se dicten, deberá restituir el total de los gravámenes dispensados a su adquisición o la contribución otorgada por el Estado, según corresponda (…)”.
VI. Que de la Actuación SIGLA n° 12574-689-2007 surge que:
(i) se inicia con la solicitud de retiro de automotores para personas con discapacidad Nro. 3162/07 (fs.1).
(ii) A fs. 4/5 luce la disposición n° 1652/06 de fecha 16/11/2006 por la cual el Servicio Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Programas Sanitarios del Ministerio de Salud, otorga autorización al Sr. Hugo Salvador Galante, para adquirir un automotor modelo estándar 0 km, con el beneficio que establece la Ley 19.279, modificada por las Leyes Nros. 22.499 y 24.183, dejándose constancia que el vehículo debe ser conducido por el beneficiario. (iii) A fs. 6/8 obran las facturas de compra, a fs. 10 copia del DNI del Sr. Galante y a fs. 18 su constancia de CUIT/CUIL.
(iv) A fs. 19, en fecha 29/8/07, se expide la Dirección Nacional de Industria, mediante Nota 2266/07, autorizando el pedido formulado por el Sr. Galante.
(v) A fs. 24 figura la constancia de entrega del vehículo en trato.
(vi) A fs. 26, el 12/7/10, se emite la orden de intervención Nro. 100030A01001064C, para la comprobación de destino del automóvil importado. A fs. 51 se emite otra orden de intervención de comprobación de destino 11003OC06001016H en fecha 31/3/1 I.
(vii) A fs. 52 obra el Acta de Constatación N° 38/11 de la cual resulta que, el personal aduanero fue atendido por el Sr. Galante permitiendo el acceso a su domicilio, quién exhibió la documentación que le fuera exigida. Casi cuarenta y cinco minutos después -según resulta del Acta- arriba su esposa con el rodado cuyo destino fueran a comprobar. Se deja constancia que el vehículo se guarda en el mismo domicilio, que no posee el adhesivo identificatorio correspondiente, que se toman fotografías digitales de la documentación aportada, entre ella una autorización notarial para conducir el rodado a nombre de Ángeles Carmona Giménez, esposa del beneficiario. Luego, el personal aduanero se retira del domicilio.
(viii) con fecha 14/4/11, se emite el Informe N° 55/11, mediante el cual, el personal aduanero manifiesta que al llegar al domicilio el rodado no se encontraba allí, siendo que el Sr. Galante les informa que su esposa había salido con el mismo. Un rato más tarde -según informan- llega la señora con el vehículo y se procede a su verificación. Concluyen que “De las tareas realizadas, surge que el beneficiario incurre en infracción según art. 965 inc b) de la ley 22.415, atento a que mediante Escribano Público, autorizó a su esposa para la conducción del rodado siendo que es el único autorizado a conducir ".
Es decir, el servicio aduanero entendió que la esposa del Sr. Galante no podía conducir el vehículo en cuestión, ya que él era el único autorizado para hacerlo, por lo que incumplió la obligación que condicionó el otorgamiento del beneficio tributario conforme lo dispuesto por el art. 5° de la Ley 19.279 y encuadró dicha conducta en el inc. b) del art. 965 del C.A., antes citado. (ix) A fs. 54/55 obran fotos del rodado. DNI del Sr. Galante, cédula verde y autorización notarial que resulta ilegible.
(x) A fs. 56 luce el acta de denuncia.
(xi) A fs. 60 obra liquidación de tributos y multa.
(xii) A fs. 61, en fecha 26/4/12, se instruye sumario y se corre vista de lo actuado al Sr. Hugo Galante, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 965, inc. b), del C.A., que resulta notificado el 21/5/12, conforme constancia de fs. 77.
(xiii) A fs. 65/68 el imputado formula su descargo. A fs. 69/72 obra documentación acompañada por el Sr. Galante.
(xiv) A fs. 81/81 vta. se emite el dictamen nro. 92/17.
(xv) A fs. 83/84 se dicta la resolución N° 158/17 (AD CAMP), aquí apelada.
VII. Que de lo expuesto se desprende con toda claridad que el automóvil adquirido por el señor Galante, al amparo del régimen previsto en la ley 19.279, no fue vendido, donado, permutado, cedido, ni transferido a título gratuito u oneroso.
Por lo tanto, no puede tenerse por configurada la infracción al art. 965 del C.A., con sustento en lo previsto en el art. 5 de la ley 19.279. La sola circunstancia de que su esposa haya conducido el vehículo, ante la limitación de visión que padeció el Sr. Galante (extremo no cuestionado por la autoridad aduanera), no viola la norma invocada por el fisco, máxime teniendo en cuenta que la autorización notarial fue efectuada con fecha 2/11/2010 (fs. 55 act. adm.) y el certificado médico acompañado por el actor acredita que aquél fue operado de catarata del ojo derecho con fecha 9/11/2010 (fs. 72 act. adm), lo que demuestra que la conducción del vehículo por la señora Jiménez se debió a una circunstancia puntual y debidamente acreditada, que justifica -razonable y verosímilmente- el uso del automotor en tales condiciones.
Es decir, no se advierte cuál ha sido la conducta contraria a la obligación prevista por la normativa antes referida en que hubiere incurrido el accionante. En efecto, el automóvil continuaba siendo propiedad del Sr. Galante, se encontraba en su domicilio, no fue vendido, permutado, cedido, ni transferido a título oneroso o gratuito.
En tales condiciones, se desprende que la demandada solicita la revocación del fallo, alegando error y arbitrariedad por parte del TFN al evaluar “la normativa aduanera aplicable al caso concreto”, sin demostrar, en modo suficiente, el yerro del Tribunal a quo en la valoración de los hechos, la prueba y el derecho.
La recurrente, en su escrito recursivo, no logra rebatir apropiadamente los fundamentos de la sentencia, ni desacreditar las probanzas que la sostienen. Pues, sólo plantea una mera discrepancia sobre la apreciación de los hechos y el derecho aplicable, pero la misma no llega a conformar una crítica concreta y razonada del pronunciamiento apelado.
En tales condiciones, corresponde rechazar el recurso intentado por el Fisco Nacional.
VIII. Que, por análogos fundamentos se impone desestimar los agravios vertidos en torno de la invocada afectación de la finalidad que motivó el otorgamiento de la autorización para importar un vehículo en los términos de la ley 19.279, desde que, como se viera y ha sido puesto de manifiesto en la reseña fáctica desarrollada, no se verifica circunstancia alguna que implique una afectación de dicho régimen, debiendo quedar perfectamente aclarado que en función de los extremos verificados, la conducción del vehículo -bajo las condiciones indicadas- en modo alguno desvirtúa ni contraviene los objetivos bajo los cuales ha sido otorgado el beneficio en cuestión.
IX. Que las costas se imponen a la demandada vencida, de conformidad con el principio de la derrota, del que no existen motivos que justifiquen apartarse (art. 68, 1° parte del CPCCN).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar el pronunciamiento del TFN de fecha 7/09/2023, con costas (art. 68, 1° parte del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia